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Etiqueta: Ministerio de Salud

Frente Ecologista de Cipreses se manifiesta ante el Ministerio de Salud de Oreamuno y llama a la comunidad a denunciar cada vertido de Sigma

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El Frente Ecologista de Cipreses se presentó este día ante las oficinas del Ministerio de Salud de Oreamuno para denunciar los malos olores provocados por los vertidos nocturnos —principalmente durante madrugadas de fin de semana— provenientes del tubo de la empresa Sigma. La organización advirtió que responderá con una nueva protesta cada vez que se registre un vertido, y llamó a los vecinos y vecinas de Cartago a mantenerse unidos frente a lo que describen como contaminación reiterada del entorno y afectación a la salud comunitaria.

Según indicó la organización, el Frente Ecologista de Cipreses ya ha presentado ante las autoridades evidencia técnica que documentaría incumplimientos en los vertidos al cauce, y ante lo que considera inacción institucional, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, como medida legal para exigir el cese de estas prácticas.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la fiscalización, especialmente durante las noches y madrugadas, mediante dos acciones concretas:

  • Presentar la denuncia formal a través del sitio web oficial del Sistema de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA).

  • Llamar al 911 en el momento en que se perciba la molestia, ya que ese registro oficial en tiempo real constituye una prueba clave para que las autoridades puedan actuar de forma inmediata.

Antecedentes del caso

Este pronunciamiento se suma a una serie de denuncias y acciones del Frente Ecologista de Cipreses sobre la contaminación atribuida a la empresa Sigma en Oreamuno de Cartago, documentadas en las últimas semanas:

  • El Frente había denunciado previamente que un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026, del 5 de agosto de 2026) confirmó la detección de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, y que un peritaje del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR determinó que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites permitidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.

  • Días después, la organización convocó a una manifestación pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, realizada el 10 de septiembre, exigiendo la aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas contra la empresa.

  • Este tema conecta además con el eje más amplio de contaminación hídrica en la zona norte de Cartago ya cubierto por SURCOS, que incluye denuncias previas de organizaciones ecologistas por incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la contaminación por clorotalonil en la misma región.

Suicidio: 2.812 vidas perdidas en siete años y una crisis que Costa Rica no puede normalizar

Escrito en . Publicado en Salud.

BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales. Académico Universitario.
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina).
Escritor.
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay problemas que pueden medirse en colones, en porcentajes, en crecimiento económico o en desempleo. Pero hay otros cuya verdadera dimensión se mide en vidas.

El suicidio pertenece a esa categoría.

Entre 2019 y 2025, Costa Rica registró 2.812 muertes por suicidio. En promedio, son aproximadamente 402 vidas perdidas cada año, más de 33 cada mes y alrededor de 7,7 cada semana.

La evolución es contundente:

Año

Suicidios

2019

382

2020

378

2021

403

2022

429

2023

426

2024

398

2025

396

Total

2.812

La cifra no describe una epidemia que aparezca y desaparezca. Describe un problema persistente.

En 2022 se alcanzaron 429 casos y en 2023 fueron 426. En 2024, el dato definitivo del INEC contabilizó 398 suicidios, equivalentes al 1,3% de todas las defunciones registradas ese año. Para 2025 se reportaron 396 muertes, de las cuales 324 fueron hombres y 72 mujeres. Es decir, aproximadamente 82% de las víctimas fueron hombres.

Más de cuatro hombres por cada mujer

Este es uno de los datos que más debería preocuparnos.

En 2025 murieron por suicidio aproximadamente 4,5 hombres por cada mujer.

No podemos limitarnos a contabilizar la diferencia. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo con los hombres costarricenses.

¿Por qué tantos hombres llegan a una situación límite sin pedir ayuda?

¿Por qué persiste la idea de que hablar de depresión, angustia, fracaso económico, separación, soledad o desesperanza es una muestra de debilidad?

La estadística está diciendo algo que nuestra política pública todavía no parece escuchar suficientemente:

la prevención necesita una estrategia específica para los hombres.

El dato invisible: quienes sobreviven al intento

Las 396 muertes de 2025 no representan la totalidad del problema.

Durante 2023, los servicios de emergencias de la CCSS registraron 12.948 atenciones por intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas.

Y en 2025, al 16 de agosto, el Ministerio de Salud reportaba 2.493 intentos de suicidio notificados: 1.619 correspondían a mujeres y 874 a hombres.

Aquí aparece una paradoja que merece mucha más investigación:

los hombres representan la gran mayoría de las muertes, mientras las mujeres aparecen con mayor frecuencia en los registros de intentos.

No son datos contradictorios. Son señales diferentes de un mismo problema.

La política pública debe estudiar ambas realidades.

Costa Rica no está sola

El fenómeno adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos el mundo.

La OMS estima que 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. Eso equivale a aproximadamente:

1.990 muertes diarias.
83 cada hora.
Más de una por minuto.

El suicidio representó aproximadamente 1,1% de todas las muertes mundiales.

Además, 56% de las muertes ocurrió antes de los 50 años, y aproximadamente 73% ocurrió en países de ingresos bajos y medianos.

Y hay un dato especialmente grave para las nuevas generaciones: en 2021 el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en el mundo.

No estamos, entonces, ante un problema exclusivamente de adultos mayores.

Estamos hablando de jóvenes.

De estudiantes.

De trabajadores.

De padres y madres.

De personas que, estadísticamente, todavía tenían décadas de vida por delante.

América tampoco está al margen

La Organización Panamericana de la Salud estima que en las Américas hubo alrededor de 100.760 muertes por suicidio en 2021.

Y la desigualdad por sexo vuelve a aparecer: aproximadamente 3,7 hombres murieron por suicidio por cada mujer en la región.

La región presenta además una característica preocupante: mientras las tasas mundiales han mostrado una reducción en las últimas décadas, las Américas han experimentado una tendencia diferente, con aumento de las tasas de suicidio en el período analizado por la OPS.

Esto debería encender todas las alarmas.

La matemática de la tragedia

Si Costa Rica mantiene un promedio cercano a 400 suicidios anuales, significa que cada cinco años podríamos estar hablando de aproximadamente 2.000 vidas perdidas.

En una década serían alrededor de 4.000.

Pero una política nacional no puede esperar diez años para reaccionar.

Necesitamos prevención antes de la crisis.

Detección temprana.

Atención psicológica accesible.

Seguimiento después de una tentativa.

Programas específicos para hombres.

Atención para adolescentes y jóvenes.

Intervención en comunidades vulnerables.

Y, sobre todo, sistemas capaces de identificar a la persona que está sufriendo antes de que llegue a una emergencia.

La gran pregunta para el próximo Gobierno

El Gobierno de Costa Rica en 2026 debería recibir esta estadística como una obligación, no como una nota al margen.

El país necesita convertir la prevención del suicidio en una política nacional medible, con presupuesto, indicadores y evaluación anual.

No basta con campañas durante una semana al año.

No basta con recordar el problema cuando muere alguien conocido.

No basta con reaccionar después.

Necesitamos saber:

¿Cuántas personas están siendo atendidas?

¿Cuánto esperan para recibir atención psicológica?

¿Cuántos pacientes que han intentado suicidarse reciben seguimiento?

¿Cuántos adolescentes tienen acceso real a servicios de salud mental?

¿Cuántos hombres están siendo atendidos preventivamente?

¿Cuáles cantones presentan las mayores tasas?

¿Cuánto invierte Costa Rica en prevención?

Y la pregunta más importante:

¿Cuántas vidas estamos salvando?

Porque detrás de 2.812 hay 2.812 historias

La estadística nos permite dimensionar el problema.

Pero nunca debemos permitir que la estadística deshumanice la tragedia.

2.812 no son solamente 2.812 casos.

Son 2.812 personas.

Son familias.

Son hijos.

Son padres.

Son hermanos.

Son amigos.

Son compañeros de trabajo.

Son historias que terminaron demasiado pronto.

Y probablemente muchas de esas historias tuvieron señales anteriores.

Una conversación que nunca ocurrió.

Una llamada que no se hizo.

Un pedido de ayuda que nadie escuchó.

Una persona que dijo «estoy bien» cuando en realidad no lo estaba.

Por eso Costa Rica necesita cambiar la pregunta.

No debemos preguntarnos solamente:

¿Cuántas personas murieron?

Debemos preguntarnos:

¿Cuántas personas están sufriendo hoy en silencio y qué estamos haciendo para llegar a ellas?

Porque si podemos contar los muertos, también deberíamos ser capaces de contar las vidas que salvamos. Y esa debería ser la estadística que realmente nos importe. Una vida salvada no es solamente una estadística positiva. Es una familia que conserva a uno de los suyos.

Escuchar. Acompañar. Detectar. Atender. Llegar a tiempo. Ahí debería comenzar una verdadera política nacional de prevención del suicidio.

Frente Ecologista de Cipreses convoca a manifestación pacífica ante la inacción del Ministerio de Salud frente a vertidos contaminantes en Oreamuno

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Cartago, Costa Rica. El Frente Ecologista de Cipreses convoca a la ciudadanía, comunidades vecinas y medios de comunicación a una acción pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, ante la negligencia e inacción institucional respecto a los constantes vertidos nocturnos atribuidos a la empresa transnacional Sigma Alimentos.

Durante meses, los pobladores han enfrentado madrugadas marcadas por olores ofensivos que deterioran el paisaje y violentan el derecho a un ambiente sano y a la tranquilidad. Esta situación no responde a hechos aislados: el Frente Ecologista ha presentado y respaldado con documentos técnicos formales los graves incumplimientos normativos y ambientales de la compañía, los cuales guardan relación directa con los episodios de contaminación en la zona.

Detalles de la convocatoria:

Lugar: Oficinas del Ministerio de Salud, Oreamuno de Cartago.

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 3:15PM

Modalidad: Manifestación pacífica y cívica.

El Frente Ecologista advierte de forma categórica que no tolerará más pasividad de los entes reguladores: cada madrugada en que se registren malos olores y vertidos contaminantes, la comunidad responderá convocando a un mitin pacífico frente a las autoridades responsables.

La exigencia es clara e impostergable: aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas. La salud comunitaria y el derecho a un entorno ecológicamente equilibrado están garantizados por el artículo 50 de la Constitución Política y se defenderán de manera activa y continua.

Frente Ecologista de Cipreses denuncia emanaciones fétidas de Sigma Foods en Oreamuno y exige inspecciones nocturnas

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Comunicado

Denuncia pública, emplazamiento institucional y exigencia de acción inmediata a las autoridades del Estado costarricense

A:

  • Ministerio de Salud (Dirección de Regulación de la Salud y Área Rectora de Salud de Oreamuno)

  • Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) – Dirección de Agua y Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)

  • Municipalidad de Oreamuno

  • Defensoría de los Habitantes de la República

  • Medios de comunicación y opinión pública nacional

I. HECHOS Y SITUACIÓN CRÍTICA ACTUAL

Por medio de este medio, presentamos una formal y enérgica denuncia pública frente al grave problema socioambiental y sanitario provocado por las operaciones de la planta procesadora de lácteos y embutidos de la empresa Sigma Foods, ubicada en Oreamuno de Cartago.

  1. Emanaciones fétidas en horarios nocturnos y fines de semana: De manera reiterada y sistemática, durante los fines de semana y particularmente en horas de la madrugada, los vecinos reportamos olores ofensivos insoportables y asfixiantes que emanan de su ducto de descarga de SIGMA sobre la quebrada local.

  2. Crisis del 5 y 6 de septiembre de 2026: Durante el fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, múltiples familias y vecinos hemos tenido que soportar olores fétidos en horas de la madrugada.

II. ANTECEDENTES Y EVIDENCIA TÉCNICA RECOPILADA

Esta situación no es nueva ni fortuita;

  1. En el INFORME TÉCNICO: MS-DSA-UGSA-0751-2026, elaborado por: Ing. Nelson Artavia Vega y Licda. Catherine Arroyo Herrera de la Unidad de Gestión en Salud Ambiental, Ministerio de Salud.
    Fecha de elaboración (05-08-2026) dice textualmente en las conclusiones de la visita a la planta de tratamiento de SIGMA en atención a nuestras denuncias: «En las colindancias del establecimiento se detectaron olores ofensivos provenientes del sector donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales»

  2. Ya hemos presentado anteriormente la prueba técnica independiente (CICA-UCR): Para fundamentar el reclamo con rigor científico, la Red de Coordinación en Biodiversidad contrató al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. Dicho informe pericial determinó con claridad que:

    • Los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites máximos permisibles fijados por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N.° 33601-MINAE-S).

III. EMPLAZAMIENTO DIRECTO Y PREGUNTA AL MINISTERIO DE SALUD

Frente a la presunción técnica y comunitaria de que la empresa Sigma realiza vertidos en horas de la madrugada y fines de semana que no cumplen con la normativa —evidenciados por la asfixiante emanación de olores ofensivos en esos lapsos exactos—, EMPLAZAMOS PÚBLICAMENTE AL MINISTERIO DE SALUD Y AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OREAMUNO PARA QUE RESPONDAN A LA CIUDADANÍA:

¿Cuál es el mecanismo operativo, técnico y legal con el que cuenta el Ministerio de Salud para fiscalizar e intervenir de manera efectiva las posibles descargas clandestinas o vertidos irregulares en horarios nocturnos, de madrugada y fines de semana?

No es de recibo que el Estado continúe evaluando a la empresa únicamente en horario de oficina o a través de autocontroles programados por la propia industria mientras la ciudadanía soporta la contaminación durante la noche y el descanso de los fines de semana. Exigimos que se hagan monitoreos los fines de semana en las madrugadas que es cuando peor huele y suponemos que SIGMA hace sus descargas de lodos y líquidos sin el debido tratamiento

IV. PETITORIA PÚBLICA Y EXIGENCIAS URGENTES

  1. Protocolo y operativos nocturnos inmediatos: Que el Ministerio de Salud y el MINAE organicen de inmediato inspecciones técnicas y toma de muestras in situ, sorpresivas y sin previo aviso, en los días y horarios críticos denunciados (fines de semana entre las 00:00 y las 05:00 horas)

  2. Cese de la contaminación por parte de Sigma Foods: Que la corporación asuma su responsabilidad socioambiental y detenga el traslado de costos ambientales y de salud a los barrios de Oreamuno y Cartago.

El agua limpia y el aire puro son derechos innegociables de nuestras comunidades.

En Cartago, a los 7 días del mes de septiembre de 2026.

Frente Ecologista de Cipreses

Caso de contaminación de SIGMA Alimentos en Cartago escala a nivel nacional: Ministerio de Salud ordena inspección urgente y la Defensoría abre investigación

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Oreamuno de Cartago, Costa Rica, 4 de agosto de 2026

  • La Dirección General de Salud ordenó una inspección urgente en las instalaciones de SIGMA Alimentos para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m. y solicitó el expediente administrativo completo de la empresa correspondiente a 2025 y 2026.

  • La Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud para rendir un informe detallado sobre la atención brindada a las denuncias.

  • La Presidencia de la República trasladó formalmente la denuncia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía para su atención y seguimiento.

Frente Ecologista Eco Cipreses. Las denuncias presentadas por el Frente Ecologista Eco Cipreses sobre la presunta contaminación de la quebrada ubicada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, han provocado una respuesta de distintas instituciones del Estado y han escalado a un proceso de fiscalización de alcance nacional.

Ministerio de Salud ordena inspección urgente. El director general de Salud, Dr. Christian Valverde Alpízar, instruyó con carácter de urgencia a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Área Rectora de Salud de Oreamuno realizar una inspección de campo programada para hoy, martes 4 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana (oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026).

Además, ordenó remitir el expediente administrativo completo de SIGMA Alimentos correspondiente a los años 2025 y 2026, incluyendo los reportes operacionales de aguas residuales, las actas de inspección, los informes derivados de denuncias por contaminación y toda la documentación técnica relacionada con el caso.

Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Salud. Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y, mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad de Vida y Derechos del Trabajo (oficio 09928-2026-DHR), otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que el Ministerio de Salud informe, entre otros aspectos:

  • Las inspecciones, análisis y actuaciones realizadas desde que el Frente Ecologista Eco Cipreses presentó la denuncia el 15 de julio de 2026.

  • Los criterios técnicos utilizados para concluir previamente que la empresa cumplía con la normativa ambiental.

  • La valoración realizada sobre los análisis efectuados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, los cuales detectaron incumplimientos en parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).

  • Las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas ante las denuncias por fuertes olores que afectan a las comunidades vecinas y al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.

Presidencia también trasladó la denuncia. A estas actuaciones se suma el traslado oficial de la denuncia presentada por el Frente Ecologista Eco Cipreses al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía, para que ambas instituciones atiendan los hechos denunciados e informen las acciones correspondientes. El documento señala que, por tratarse de una posible contaminación de cuerpos de agua en el distrito de San Rafael de Oreamuno, corresponde a dichas instituciones realizar la valoración técnica y las acciones pertinentes (oficio MP-DM-OF-0147-2026).

Vigilancia ciudadana. El Frente Ecologista Eco Cipreses recuerda que este caso también se encuentra bajo conocimiento del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE y de la Sala Constitucional, donde fue admitido para estudio un recurso de amparo relacionado con estos hechos.

La organización dará seguimiento a la inspección realizada este martes y a las respuestas que deberán emitir las distintas instituciones públicas. Asimismo, reitera que la existencia de un permiso de vertido no exime a ninguna empresa del cumplimiento de la legislación ambiental ni libera a las autoridades de su obligación de fiscalizar, prevenir y sancionar cualquier afectación a los cuerpos de agua y a la salud pública.

Ante gestión ciudadana municipalidad pide verificar vida útil del relleno El Tomatal y activar medidas urgentes ante crisis de residuos

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La gestión de residuos en Limón vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la presentación de información técnica que cuestiona la proyección oficial sobre la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) El Tomatal. Un oficio de la Municipalidad del cantón central solicita al Ministerio de Salud verificar una certificación reciente que estima una vida útil significativamente menor a la previamente considerada, en un contexto que ya es calificado como crítico para la salud pública y el ambiente.

De acuerdo con la certificación emitida por la empresa operadora del sitio, la vida útil del PTA El Tomatal se proyecta en aproximadamente 10 años en promedio, muy por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 29 años. Ante una gestión ciudadana, esta diferencia motivó a la Municipalidad de Limón a solicitar una revisión técnica urgente, así como la adopción de medidas para mitigar los impactos derivados del creciente volumen de residuos, incluyendo aquellos trasladados desde otras regiones del país.

Diferencias técnicas y presión creciente sobre el sitio

El documento técnico señala que la vida útil de un relleno sanitario depende de múltiples variables como el diseño de las celdas, la topografía, la densidad de compactación, la composición de los residuos y los procesos de asentamiento y descomposición. Bajo estas condiciones, se advierte que no es posible establecer un plazo exacto, sino un rango que puede variar según el manejo operativo y el ingreso diario de residuos.

En el caso de El Tomatal, el ingreso promedio cercano a 250 toneladas diarias y las condiciones del sitio han llevado a estimar una proyección de vida útil de alrededor de una década, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de disposición final.

Solicitud de información y transparencia

Ante esta situación, el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó una comunicación dirigida a la alcaldía de Limón en la que solicita aclaraciones sobre la reducción de la vida útil, los factores que la explican y las medidas previstas para enfrentar la situación.

Entre los aspectos planteados destacan la necesidad de conocer los estudios técnicos que sustentaban las proyecciones anteriores, las acciones concretas para mitigar impactos sanitarios y ambientales, y la existencia de planes de contingencia o alternativas de gestión integral de residuos.

Un problema estructural en la gestión de residuos

Este caso se inscribe en una problemática más amplia que SURCOS ha documentado en diversas ocasiones: la presión creciente sobre rellenos sanitarios en el país, el traslado interregional de residuos y la ausencia de soluciones estructurales en materia de reducción, reciclaje y tratamiento.

El uso intensivo de rellenos como solución principal ha generado conflictos socioambientales en distintos territorios, donde comunidades denuncian impactos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.

En este contexto, la situación del PTA El Tomatal refleja tanto la urgencia de medidas inmediatas como la necesidad de avanzar hacia una política pública de gestión integral de residuos que reduzca la dependencia de estos sitios y garantice condiciones sostenibles a largo plazo con base en el criterio de calidad de vida para las comunidades.

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

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El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

“Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.