📍 Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, sexto piso, aula 609 Universidad de Costa Rica
Un espacio para conocer y contrastar las distintas perspectivas sobre la situación socioambiental relacionada con las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago, a partir de las voces de instituciones, empresa y comunidades.
Instancias invitadas: Municipalidad de Oreamuno, SINAC, Área de Salud, empresa, vecinas y vecinos afectados y Frente Ecocipreses
🎙️ Un espacio de diálogo sobre las preocupaciones, denuncias, gestiones institucionales y respuestas en torno a la situación del río Chinchilla y su entorno.
El Frente Ecologista de Cipreses se presentó este día ante las oficinas del Ministerio de Salud de Oreamuno para denunciar los malos olores provocados por los vertidos nocturnos —principalmente durante madrugadas de fin de semana— provenientes del tubo de la empresa Sigma. La organización advirtió que responderá con una nueva protesta cada vez que se registre un vertido, y llamó a los vecinos y vecinas de Cartago a mantenerse unidos frente a lo que describen como contaminación reiterada del entorno y afectación a la salud comunitaria.
Según indicó la organización, el Frente Ecologista de Cipreses ya ha presentado ante las autoridades evidencia técnica que documentaría incumplimientos en los vertidos al cauce, y ante lo que considera inacción institucional, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, como medida legal para exigir el cese de estas prácticas.
La organización hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la fiscalización, especialmente durante las noches y madrugadas, mediante dos acciones concretas:
Presentar la denuncia formal a través del sitio web oficial del Sistema de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA).
Llamar al 911 en el momento en que se perciba la molestia, ya que ese registro oficial en tiempo real constituye una prueba clave para que las autoridades puedan actuar de forma inmediata.
Antecedentes del caso
Este pronunciamiento se suma a una serie de denuncias y acciones del Frente Ecologista de Cipreses sobre la contaminación atribuida a la empresa Sigma en Oreamuno de Cartago, documentadas en las últimas semanas:
El Frente había denunciado previamente que un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026, del 5 de agosto de 2026) confirmó la detección de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, y que un peritaje del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR determinó que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites permitidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
Días después, la organización convocó a una manifestación pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, realizada el 10 de septiembre, exigiendo la aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas contra la empresa.
Este tema conecta además con el eje más amplio de contaminación hídrica en la zona norte de Cartago ya cubierto por SURCOS, que incluye denuncias previas de organizaciones ecologistas por incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la contaminación por clorotalonil en la misma región.
BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Académico Universitario. Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina). Escritor. luis.martinez.sandoval@gmail.com Cel. 62764133
Hay problemas que pueden medirse en colones, en porcentajes, en crecimiento económico o en desempleo. Pero hay otros cuya verdadera dimensión se mide en vidas.
El suicidio pertenece a esa categoría.
Entre 2019 y 2025, Costa Rica registró 2.812 muertes por suicidio. En promedio, son aproximadamente 402 vidas perdidas cada año, más de 33 cada mes y alrededor de 7,7 cada semana.
La evolución es contundente:
Año
Suicidios
2019
382
2020
378
2021
403
2022
429
2023
426
2024
398
2025
396
Total
2.812
La cifra no describe una epidemia que aparezca y desaparezca. Describe un problema persistente.
En 2022 se alcanzaron 429 casos y en 2023 fueron 426. En 2024, el dato definitivo del INEC contabilizó 398 suicidios, equivalentes al 1,3% de todas las defunciones registradas ese año. Para 2025 se reportaron 396 muertes, de las cuales 324 fueron hombres y 72 mujeres. Es decir, aproximadamente 82% de las víctimas fueron hombres.
Más de cuatro hombres por cada mujer
Este es uno de los datos que más debería preocuparnos.
En 2025 murieron por suicidio aproximadamente 4,5 hombres por cada mujer.
No podemos limitarnos a contabilizar la diferencia. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo con los hombres costarricenses.
¿Por qué tantos hombres llegan a una situación límite sin pedir ayuda?
¿Por qué persiste la idea de que hablar de depresión, angustia, fracaso económico, separación, soledad o desesperanza es una muestra de debilidad?
La estadística está diciendo algo que nuestra política pública todavía no parece escuchar suficientemente:
la prevención necesita una estrategia específica para los hombres.
El dato invisible: quienes sobreviven al intento
Las 396 muertes de 2025 no representan la totalidad del problema.
Durante 2023, los servicios de emergencias de la CCSS registraron 12.948 atenciones por intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas.
Y en 2025, al 16 de agosto, el Ministerio de Salud reportaba 2.493 intentos de suicidio notificados: 1.619 correspondían a mujeres y 874 a hombres.
Aquí aparece una paradoja que merece mucha más investigación:
los hombres representan la gran mayoría de las muertes, mientras las mujeres aparecen con mayor frecuencia en los registros de intentos.
No son datos contradictorios. Son señales diferentes de un mismo problema.
La política pública debe estudiar ambas realidades.
Costa Rica no está sola
El fenómeno adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos el mundo.
La OMS estima que 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. Eso equivale a aproximadamente:
1.990 muertes diarias. 83 cada hora. Más de una por minuto.
El suicidio representó aproximadamente 1,1% de todas las muertes mundiales.
Además, 56% de las muertes ocurrió antes de los 50 años, y aproximadamente 73% ocurrió en países de ingresos bajos y medianos.
Y hay un dato especialmente grave para las nuevas generaciones: en 2021 el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en el mundo.
No estamos, entonces, ante un problema exclusivamente de adultos mayores.
Estamos hablando de jóvenes.
De estudiantes.
De trabajadores.
De padres y madres.
De personas que, estadísticamente, todavía tenían décadas de vida por delante.
América tampoco está al margen
La Organización Panamericana de la Salud estima que en las Américas hubo alrededor de 100.760 muertes por suicidio en 2021.
Y la desigualdad por sexo vuelve a aparecer: aproximadamente 3,7 hombres murieron por suicidio por cada mujer en la región.
La región presenta además una característica preocupante: mientras las tasas mundiales han mostrado una reducción en las últimas décadas, las Américas han experimentado una tendencia diferente, con aumento de las tasas de suicidio en el período analizado por la OPS.
Esto debería encender todas las alarmas.
La matemática de la tragedia
Si Costa Rica mantiene un promedio cercano a 400 suicidios anuales, significa que cada cinco años podríamos estar hablando de aproximadamente 2.000 vidas perdidas.
En una década serían alrededor de 4.000.
Pero una política nacional no puede esperar diez años para reaccionar.
Necesitamos prevención antes de la crisis.
Detección temprana.
Atención psicológica accesible.
Seguimiento después de una tentativa.
Programas específicos para hombres.
Atención para adolescentes y jóvenes.
Intervención en comunidades vulnerables.
Y, sobre todo, sistemas capaces de identificar a la persona que está sufriendo antes de que llegue a una emergencia.
La gran pregunta para el próximo Gobierno
El Gobierno de Costa Rica en 2026 debería recibir esta estadística como una obligación, no como una nota al margen.
El país necesita convertir la prevención del suicidio en una política nacional medible, con presupuesto, indicadores y evaluación anual.
No basta con campañas durante una semana al año.
No basta con recordar el problema cuando muere alguien conocido.
No basta con reaccionar después.
Necesitamos saber:
¿Cuántas personas están siendo atendidas?
¿Cuánto esperan para recibir atención psicológica?
¿Cuántos pacientes que han intentado suicidarse reciben seguimiento?
¿Cuántos adolescentes tienen acceso real a servicios de salud mental?
¿Cuántos hombres están siendo atendidos preventivamente?
¿Cuáles cantones presentan las mayores tasas?
¿Cuánto invierte Costa Rica en prevención?
Y la pregunta más importante:
¿Cuántas vidas estamos salvando?
Porque detrás de 2.812 hay 2.812 historias
La estadística nos permite dimensionar el problema.
Pero nunca debemos permitir que la estadística deshumanice la tragedia.
2.812 no son solamente 2.812 casos.
Son 2.812 personas.
Son familias.
Son hijos.
Son padres.
Son hermanos.
Son amigos.
Son compañeros de trabajo.
Son historias que terminaron demasiado pronto.
Y probablemente muchas de esas historias tuvieron señales anteriores.
Una conversación que nunca ocurrió.
Una llamada que no se hizo.
Un pedido de ayuda que nadie escuchó.
Una persona que dijo «estoy bien» cuando en realidad no lo estaba.
Por eso Costa Rica necesita cambiar la pregunta.
No debemos preguntarnos solamente:
¿Cuántas personas murieron?
Debemos preguntarnos:
¿Cuántas personas están sufriendo hoy en silencio y qué estamos haciendo para llegar a ellas?
Porque si podemos contar los muertos, también deberíamos ser capaces de contar las vidas que salvamos. Y esa debería ser la estadística que realmente nos importe. Una vida salvada no es solamente una estadística positiva. Es una familia que conserva a uno de los suyos.
Escuchar. Acompañar. Detectar. Atender. Llegar a tiempo. Ahí debería comenzar una verdadera política nacional de prevención del suicidio.
Cartago, Costa Rica. El Frente Ecologista de Cipreses convoca a la ciudadanía, comunidades vecinas y medios de comunicación a una acción pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, ante la negligencia e inacción institucional respecto a los constantes vertidos nocturnos atribuidos a la empresa transnacional Sigma Alimentos.
Durante meses, los pobladores han enfrentado madrugadas marcadas por olores ofensivos que deterioran el paisaje y violentan el derecho a un ambiente sano y a la tranquilidad. Esta situación no responde a hechos aislados: el Frente Ecologista ha presentado y respaldado con documentos técnicos formales los graves incumplimientos normativos y ambientales de la compañía, los cuales guardan relación directa con los episodios de contaminación en la zona.
Detalles de la convocatoria:
Lugar: Oficinas del Ministerio de Salud, Oreamuno de Cartago.
Fecha: jueves 10 de septiembre
Hora: 3:15PM
Modalidad: Manifestación pacífica y cívica.
El Frente Ecologista advierte de forma categórica que no tolerará más pasividad de los entes reguladores: cada madrugada en que se registren malos olores y vertidos contaminantes, la comunidad responderá convocando a un mitin pacífico frente a las autoridades responsables.
La exigencia es clara e impostergable: aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas. La salud comunitaria y el derecho a un entorno ecológicamente equilibrado están garantizados por el artículo 50 de la Constitución Política y se defenderán de manera activa y continua.
Denuncia pública, emplazamiento institucional y exigencia de acción inmediata a las autoridades del Estado costarricense
A:
Ministerio de Salud (Dirección de Regulación de la Salud y Área Rectora de Salud de Oreamuno)
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) – Dirección de Agua y Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)
Municipalidad de Oreamuno
Defensoría de los Habitantes de la República
Medios de comunicación y opinión pública nacional
I. HECHOS Y SITUACIÓN CRÍTICA ACTUAL
Por medio de este medio, presentamos una formal y enérgica denuncia pública frente al grave problema socioambiental y sanitario provocado por las operaciones de la planta procesadora de lácteos y embutidos de la empresa Sigma Foods, ubicada en Oreamuno de Cartago.
Emanaciones fétidas en horarios nocturnos y fines de semana: De manera reiterada y sistemática, durante los fines de semana y particularmente en horas de la madrugada, los vecinos reportamos olores ofensivos insoportables y asfixiantes que emanan de su ducto de descarga de SIGMA sobre la quebrada local.
Crisis del 5 y 6 de septiembre de 2026: Durante el fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, múltiples familias y vecinos hemos tenido que soportar olores fétidos en horas de la madrugada.
II. ANTECEDENTES Y EVIDENCIA TÉCNICA RECOPILADA
Esta situación no es nueva ni fortuita;
En el INFORME TÉCNICO: MS-DSA-UGSA-0751-2026, elaborado por: Ing. Nelson Artavia Vega y Licda. Catherine Arroyo Herrera de la Unidad de Gestión en Salud Ambiental, Ministerio de Salud. Fecha de elaboración (05-08-2026) dice textualmente en las conclusiones de la visita a la planta de tratamiento de SIGMA en atención a nuestras denuncias: «En las colindancias del establecimiento se detectaron olores ofensivos provenientes del sector donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales»
Ya hemos presentado anteriormente la prueba técnica independiente (CICA-UCR): Para fundamentar el reclamo con rigor científico, la Red de Coordinación en Biodiversidad contrató al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. Dicho informe pericial determinó con claridad que:
Los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites máximos permisibles fijados por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N.° 33601-MINAE-S).
III. EMPLAZAMIENTO DIRECTO Y PREGUNTA AL MINISTERIO DE SALUD
Frente a la presunción técnica y comunitaria de que la empresa Sigma realiza vertidos en horas de la madrugada y fines de semana que no cumplen con la normativa —evidenciados por la asfixiante emanación de olores ofensivos en esos lapsos exactos—, EMPLAZAMOS PÚBLICAMENTE AL MINISTERIO DE SALUD Y AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OREAMUNO PARA QUE RESPONDAN A LA CIUDADANÍA:
¿Cuál es el mecanismo operativo, técnico y legal con el que cuenta el Ministerio de Salud para fiscalizar e intervenir de manera efectiva las posibles descargas clandestinas o vertidos irregulares en horarios nocturnos, de madrugada y fines de semana?
No es de recibo que el Estado continúe evaluando a la empresa únicamente en horario de oficina o a través de autocontroles programados por la propia industria mientras la ciudadanía soporta la contaminación durante la noche y el descanso de los fines de semana. Exigimos que se hagan monitoreos los fines de semana en las madrugadas que es cuando peor huele y suponemos que SIGMA hace sus descargas de lodos y líquidos sin el debido tratamiento
IV. PETITORIA PÚBLICA Y EXIGENCIAS URGENTES
Protocolo y operativos nocturnos inmediatos: Que el Ministerio de Salud y el MINAE organicen de inmediato inspecciones técnicas y toma de muestras in situ, sorpresivas y sin previo aviso, en los días y horarios críticos denunciados (fines de semana entre las 00:00 y las 05:00 horas)
Cese de la contaminación por parte de Sigma Foods: Que la corporación asuma su responsabilidad socioambiental y detenga el traslado de costos ambientales y de salud a los barrios de Oreamuno y Cartago.
El agua limpia y el aire puro son derechos innegociables de nuestras comunidades.
En Cartago, a los 7 días del mes de septiembre de 2026.
Oreamuno de Cartago, Costa Rica, 4 de agosto de 2026
La Dirección General de Salud ordenó una inspección urgente en las instalaciones de SIGMA Alimentos para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m. y solicitó el expediente administrativo completo de la empresa correspondiente a 2025 y 2026.
La Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud para rendir un informe detallado sobre la atención brindada a las denuncias.
La Presidencia de la República trasladó formalmente la denuncia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía para su atención y seguimiento.
Frente Ecologista Eco Cipreses. Las denuncias presentadas por el Frente Ecologista Eco Cipreses sobre la presunta contaminación de la quebrada ubicada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, han provocado una respuesta de distintas instituciones del Estado y han escalado a un proceso de fiscalización de alcance nacional.
Ministerio de Salud ordena inspección urgente. El director general de Salud, Dr. Christian Valverde Alpízar, instruyó con carácter de urgencia a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Área Rectora de Salud de Oreamuno realizar una inspección de campo programada para hoy, martes 4 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana (oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026).
Además, ordenó remitir el expediente administrativo completo de SIGMA Alimentos correspondiente a los años 2025 y 2026, incluyendo los reportes operacionales de aguas residuales, las actas de inspección, los informes derivados de denuncias por contaminación y toda la documentación técnica relacionada con el caso.
Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Salud. Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y, mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad de Vida y Derechos del Trabajo (oficio 09928-2026-DHR), otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que el Ministerio de Salud informe, entre otros aspectos:
Las inspecciones, análisis y actuaciones realizadas desde que el Frente Ecologista Eco Cipreses presentó la denuncia el 15 de julio de 2026.
Los criterios técnicos utilizados para concluir previamente que la empresa cumplía con la normativa ambiental.
La valoración realizada sobre los análisis efectuados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, los cuales detectaron incumplimientos en parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).
Las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas ante las denuncias por fuertes olores que afectan a las comunidades vecinas y al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.
Presidencia también trasladó la denuncia. A estas actuaciones se suma el traslado oficial de la denuncia presentada por el Frente Ecologista Eco Cipreses al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía, para que ambas instituciones atiendan los hechos denunciados e informen las acciones correspondientes. El documento señala que, por tratarse de una posible contaminación de cuerpos de agua en el distrito de San Rafael de Oreamuno, corresponde a dichas instituciones realizar la valoración técnica y las acciones pertinentes (oficio MP-DM-OF-0147-2026).
Vigilancia ciudadana. El Frente Ecologista Eco Cipreses recuerda que este caso también se encuentra bajo conocimiento del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE y de la Sala Constitucional, donde fue admitido para estudio un recurso de amparo relacionado con estos hechos.
La organización dará seguimiento a la inspección realizada este martes y a las respuestas que deberán emitir las distintas instituciones públicas. Asimismo, reitera que la existencia de un permiso de vertido no exime a ninguna empresa del cumplimiento de la legislación ambiental ni libera a las autoridades de su obligación de fiscalizar, prevenir y sancionar cualquier afectación a los cuerpos de agua y a la salud pública.
La gestión de residuos en Limón vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la presentación de información técnica que cuestiona la proyección oficial sobre la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) El Tomatal. Un oficio de la Municipalidad del cantón central solicita al Ministerio de Salud verificar una certificación reciente que estima una vida útil significativamente menor a la previamente considerada, en un contexto que ya es calificado como crítico para la salud pública y el ambiente.
De acuerdo con la certificación emitida por la empresa operadora del sitio, la vida útil del PTA El Tomatal se proyecta en aproximadamente 10 años en promedio, muy por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 29 años. Ante una gestión ciudadana, esta diferencia motivó a la Municipalidad de Limón a solicitar una revisión técnica urgente, así como la adopción de medidas para mitigar los impactos derivados del creciente volumen de residuos, incluyendo aquellos trasladados desde otras regiones del país.
Diferencias técnicas y presión creciente sobre el sitio
El documento técnico señala que la vida útil de un relleno sanitario depende de múltiples variables como el diseño de las celdas, la topografía, la densidad de compactación, la composición de los residuos y los procesos de asentamiento y descomposición. Bajo estas condiciones, se advierte que no es posible establecer un plazo exacto, sino un rango que puede variar según el manejo operativo y el ingreso diario de residuos.
En el caso de El Tomatal, el ingreso promedio cercano a 250 toneladas diarias y las condiciones del sitio han llevado a estimar una proyección de vida útil de alrededor de una década, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de disposición final.
Solicitud de información y transparencia
Ante esta situación, el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó una comunicación dirigida a la alcaldía de Limón en la que solicita aclaraciones sobre la reducción de la vida útil, los factores que la explican y las medidas previstas para enfrentar la situación.
Entre los aspectos planteados destacan la necesidad de conocer los estudios técnicos que sustentaban las proyecciones anteriores, las acciones concretas para mitigar impactos sanitarios y ambientales, y la existencia de planes de contingencia o alternativas de gestión integral de residuos.
Un problema estructural en la gestión de residuos
Este caso se inscribe en una problemática más amplia que SURCOS ha documentado en diversas ocasiones: la presión creciente sobre rellenos sanitarios en el país, el traslado interregional de residuos y la ausencia de soluciones estructurales en materia de reducción, reciclaje y tratamiento.
El uso intensivo de rellenos como solución principal ha generado conflictos socioambientales en distintos territorios, donde comunidades denuncian impactos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.
En este contexto, la situación del PTA El Tomatal refleja tanto la urgencia de medidas inmediatas como la necesidad de avanzar hacia una política pública de gestión integral de residuos que reduzca la dependencia de estos sitios y garantice condiciones sostenibles a largo plazo con base en el criterio de calidad de vida para las comunidades.
El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.
En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.
“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.
Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.
El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.
Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.
Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:
Colectivo Agroecológico Zurquí
Organización Regenerativa Matzu Insigne
Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
Finca Agroecológica La Amelia
Huerto del Colibrí
Red de Agroecología de Costa Rica
Finca Agroecológica La Plántula
Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
Puentes Comunes
Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.
La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.
La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.
Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.
El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.
Conozca el informe completo en el siguiente enlace:
Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria
San José, 7 de julio de 2025
El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.
La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.
Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.
Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.
Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.
Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.
El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.
Demandas clave del PCA:
Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S
Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.
Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.
Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.
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