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Etiqueta: Ministerio Público guatemalteco

Una ficción en clausura

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.

Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.

A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.

Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:

“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”

El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.

En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.

Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.

Aguardemos.

Pronunciamiento por Guatemala

Viernes 17 de noviembre, 2023

La Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Centroamérica y el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos protagonizados por el Ministerio Público guatemalteco.

Este viernes 17 de noviembre, inició con una nueva persecución penal y captura de una treintena de personas académicas, políticas del Movimiento Semilla e integrantes de la sociedad civil, quienes han tenido roles protagónicos en el enfrentamiento de lo que se denomina “pacto de corruptos” y a favor de la democracia en su país.

En horas de la tarde, el proceso se extendió con solicitudes de antejuicio contra el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como contra diputados y diputadas electas.

Como comunidad universitaria denunciamos que el llamado caso “Toma de la USAC: botín político” pretende criminalizar acciones de protesta legítimas que, integrantes de la vida universitaria guatemalteca protagonizaron en defensa de la autonomía universitaria y contra de la corrupción en la elección de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Entre las personas detenidas se encuentran Marcela Blanco, la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y estudiante de la Universidad Rafael Landívar. También, el Dr. Eduardo Antonio Velázquez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y académico de la USAC, así como, el estudiante de la USAC Camilo García.

Nos unimos a las múltiples voces que denuncian este evidente acto de criminalización y amedrentamiento del pensamiento crítico y el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Además, alertamos del duro golpe que significan estas capturas para la autonomía universitaria en nuestra región centroamericana.

Por último, no podemos dejar de señalar el abuso de las potestades del Ministerio Público para intervenir en las decisiones tomadas en las urnas y legítimamente, por el pueblo guatemalteco.