Quieren robarles a los trabajadores lo que ganan en las horas extras. En las horas difíciles, cuando aumenta la pobreza y la desocupación, atentan contra los derechos legítimos de los trabajadores. El pueblo está amenazado por una hambruna.
Humberto Vargas Carbonell
Los sindicatos han publicado no pocas declaraciones, y han reunido diversos y racionales argumentos para oponerse al proyecto de ley que pretende modificar la regulación de la jornada laboral.
La pretensión de posibilitar que los patronos modifiquen la jornada laboral con el propósito de escamotear el pago de las llamadas “horas extras” es, en esencia, un intento de robarle al trabajador parte de su salario. Esto es lo principal, eliminar el salario extraordinario que debe pagarse cuando entrega a la empresa un esfuerzo que sobrepase la jornada de 8 horas, que es, medida en tiempo, lo que el trabajador ordinariamente entrega a su patrono.
La jornada de las 8 horas se estableció gracias a la lucha de trabajadores y como una conclusión científica médica.
Las jornadas extenuantes conspiran no solamente contra la vida y el bienestar de los trabajadores, conspira también contra la vida normal de las familias y contra el desarrollo profesional de los trabajadores y contra la recreación imprescindible para su estabilidad psíquica.
Las reglas impuestas por el modelo neoliberal a los asalariados son realmente avasallantes y destructivas. Así es en la “empresa” y en las supuestas horas de descanso.
El aumento del tiempo en el trabajo que se resta al descanso, terminará siendo un tiempo robado a los productores directos para engrosar la riqueza de los explotadores.
En fin, convertir este agravamiento de la explotación en una ley de la República, no es más que una vileza contra la clase trabajadora. No es posible aceptar como norma legal lo que es, además, contrario a lo que establece la Constitución Política.
¡Veamos!
El artículo 58 de la Constitución establece que “La jornada diaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana…”
Esto significa, como es evidente, que la “jornada laboral” en nuestra legislación es una institución constitucional. Y con tal categoría, en nuestro régimen de derecho, para cambiarla se requiere una norma del mismo rango, es decir una reforma a la propia Constitución Política.
Sigo copiando el texto constitucional del mismo artículo 58: “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados.”
Esto significa que la retribución que debe pagarse por las “horas extras” es también un instituto de rango constitucional y ninguna ley o reglamento puede modificarlo y, mucho menos, suprimir el pago adicional que establece el texto transcrito.
Más adelante el artículo constitucional copiado establece lo siguiente: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Para “legitimar” la no aplicación del artículo 58, se hacen necesarios dos elementos: que una ley defina cuál es la naturaleza del asunto y por qué se trata de un “caso de excepción muy calificado” y que esa ley esté vigente antes de declarar la inaplicabilidad del texto constitucional transcrito.
Hasta donde estoy enterado nadie ha intentado diseñar un “caso de excepción muy calificado”, porque es imposible hacerlo, ya que requeriría establecer “como un caso de excepción muy calificado” hacer que los ricos sean más ricos haciendo que los pobres sean más pobres.
Esto ocurre en la realidad del capitalismo neoliberal, pero no es “una excepción muy calificada”, al contrario, es la dolorosa realidad de todos los días.
Para modificar lo que manda el artículo 58 con el propósito de reducir la jornada normal, durante el Gobierno de Alvarado, apelaron a la Comisión Nacional de Emergencias; ahora no lo intentaron para no quedar en ridículo. Pero de todas maneras continuarán intentándolo…
Así es la tozudez de los capitalistas cuando se trata de defender sus intereses. Eso debe aprender el pueblo pobre cuando se trata de defender sus propios intereses.
Agradecimientos: Este informe fue escrito por Flora Sonkin con Frédéric Mousseau, Anuradha Mittal y Elizabeth Fraser. Estamos profundamente agradecidos a los muchos donantes individuales y de fundaciones que hacen posible nuestro trabajo. Gracias.
Publisher: The Oakland Institute es un grupo de expertos en políticas independiente que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más apremiantes.
El texto puede usarse de forma gratuita con fines de promoción, campañas, educación e investigación, siempre que la fuente se reconozca en su totalidad. El titular de los derechos de autor solicita que todos estos usos se registren en ellos a efectos de evaluación de impacto. Para copiar en cualquier otra circunstancia, reutilizar en otras publicaciones, o traducción o adaptación, se debe obtener el permiso.
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SOBRE ESTA TRADUCCIÓN
Traducido por el Dr. Fernando Zúñiga Umaña, César Olivares y Manuel Delgado, en San José, Costa Rica, en abril del 2022.
Esta traducción es un trabajo hecho con fines exclusivamente de promoción y campaña. No tiene fines comerciales.
El único texto oficial para citas es la versión en inglés del Oakland Institute.
INTRODUCCIÓN
Indonesia, sede de las reuniones anuales de 2018 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 1[i]ha sido durante mucho tiempo el «campo de pruebas” 2 para sus planes de desarrollo y reformas de políticas. Este año, las dos instituciones de Bretton Woods, responsables de políticas de reestructuración económica ampliamente criticadas,3 tienen la intención de mostrar a Indonesia como un ejemplo exitoso de sus reformas neoliberales. 4
La asociación entre el Banco Mundial e Indonesia ha sido fuerte durante más de cinco décadas con un apoyo inquebrantable a través de cambios políticos, desde la dictadura de Suharto (1967-1998) hasta la reforma democrática en 1998. Entre 1969 y 2017, los compromisos del Banco ascendieron a aproximadamente US$58.700 millones.5
Sin embargo, décadas de intervención política del Banco han convertido a los ciudadanos indonesios y los bosques en víctimas de las prescripciones de política del Banco basadas en el mercado y favorables al sector privado.6 La agenda del Banco Mundial para el mundo en desarrollo, centrada en la liberalización radical de las economías y la inversión extranjera directa (IED), se ha llevado a cabo en Indonesia a través de diversos medios. Estos incluyen asistencia técnica, condicionalidad de la ayuda, programas de ajuste estructural (PAE), servicios de asesoramiento, préstamos para políticas de desarrollo y, más recientemente, los Informes Doing Business (DBR) del Banco.7
El último informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs del Banco Mundial elogia Indonesia como uno de los diez principales reformadores del mundo, con 39 cambios de política relacionados con los indicadores adoptados por el DBR en 15 años de clasificación por países.8 Más de la mitad de estas reformas orientadas a «mejorar el clima de negocios» y atraer inversión privada se implementaron entre 2015 y 2018, bajo el liderazgo del presidente Joko «Jokowi» Widodo. Pero, a pesar del objetivo declarado del Banco de poner fin a la pobreza e impulsar una prosperidad compartida, sus reformas que recomienda responden a los intereses de los inversionistas corporativos a expensas de la mayoría de la población. Los recientes cambios de política apoyados por el Banco incluyen recortes en los beneficios sociales de los trabajadores, como el seguro de salud, al tiempo que ofrecen reducciones de impuestos para las ganancias de capital de las empresas privadas y reducen los costos de transferencia de propiedad.9
En Indonesia, donde el desarrollo ha dependido en gran medida de la explotación de su riqueza natural (madera, petróleo, minerales, suelos fértiles, etc.),10 y donde más de 40 millones de indígenas administran tierras boscosas bajo tenencia consuetudinaria, 11 las reformas de las políticas de inversión recomendadas por el Banco Mundial han sido particularmente destructivas. En la carrera por reformar y atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques gestionados consuetudinariamente han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, posicionando a Indonesia como el tercer país más buscado en el mundo para los acuerdos transnacionales de tierras a gran escala.12 Especialmente en el contexto del acaparamiento mundial de tierras,13 la ambición de Indonesia de escalar en la clasificación DBR ha tenido un grave impacto en la población y el medio ambiente. Las regulaciones laxas para que las empresas desarrollen grandes extensiones de tierra han alimentado los conflictos sociales en torno a los recursos naturales14 y la deforestación generalizada con la expansión de las industrias de la palma aceitera, la minería y la tala.15 Mientras las corporaciones continúan talando bosques para expandir las plantaciones y las actividades extractivas, la creciente desigualdad y destrucción ambiental de Indonesia provocan preguntas importantes sobre los verdaderos costos del modelo de «desarrollo», guiado implacablemente por el Banco Mundial.
UNA HISTORIA DE DESARROLLO CONTAMINADA CON DÉCADAS DE INTERVENCIÓN EXTRANJERA
La supervisión del Banco Mundial sobre la ruta de desarrollo de Indonesia comenzó en 1967, cuando los préstamos y la asistencia técnica alimentaron la dictadura de Suharto. Después de un golpe militar organizado, el nuevo régimen recibió un apoyo inquebrantable del Banco Mundial, con más de US$23,1 mil millones desembolsados durante treinta años de dictadura.16
Durante el gobierno militar de Suharto, las reformas de política económica apoyadas por el Banco, incluida la liberalización del comercio y la inversión extranjera directa,17 fueron acompañadas por nuevas regulaciones para explotar los recursos naturales. La Ley Forestal de 1967 afirmó el control del gobierno central sobre todas las áreas forestales, legalizando así el derecho exclusivo de Yakarta a explotar 143 millones de hectáreas de los exuberantes bosques del país, aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la nación.18 La Ley sobre las Disposiciones Básicas de Minería, también aprobada el mismo año, legitimó el control del estado sobre todos los recursos minerales y permitió concesiones extranjeras.19
En detrimento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que dependían de los recursos forestales comunes para su sustento, una serie de concesiones cedieron el control de una de las tres áreas más grandes del mundo de bosques tropicales a conglomerados forestales privados con estrechos vínculos con el gobierno.20 Durante la década de 1970, Indonesia se convirtió en el mayor exportador mundial de maderas tropicales.21 Pero tanto la riqueza natural como las ganancias económicas fueron saqueadas del país dado que las corporaciones multinacionales dominaban fuertemente la industria maderera.22 Esta explotación masiva y la mercantilización de los recursos naturales tuvo lugar en nombre del «desarrollo», muy en línea con la visión del Banco: «un rápido crecimiento de las exportaciones mediante el fomento de un entorno favorable a través de la estabilidad macroeconómica»,23 independientemente de los costos sociales y ambientales involucrados. Según el Banco, el Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia creció exponencialmente de US$7,5 mil millones en 1968 a US$242 mil millones en 1996.24 A su vez, el Banco Mundial consideró el entorno favorable al crecimiento y «políticamente estable» de Indonesia como un bastión de sus políticas neoliberales, convirtiéndolo en un «milagro económico de Asia Oriental». 25
Pero el «milagro» no sirvió a todos los indonesios por igual. Según los informes, al menos 500 mil indonesios fueron asesinados durante el baño de sangre anticomunista de Suharto, mientras que los países occidentales no solo permanecieron en silencio, sino que también apoyaron financieramente al régimen dictatorial a través de las instituciones financieras internacionales.26 Uno de los proyectos más escandalosos que hizo posible el financiamiento del Banco Mundial fue el Programa de Transmigración. Consistió en el reasentamiento de millones de personas desde las populosas «islas interiores» de Java, Bali y Madura, a las llamadas «islas exteriores» subutilizadas, con el objetivo de proporcionar mano de obra para plantaciones y minas e impulsar el desarrollo económico.27 Pero los supuestos beneficios económicos asociados con este proyecto de larga duración ocultaron la dolorosa realidad de que muchos grupos indígenas, con sus tierras expropiadas, se vieron obligados a abandonar sus estrategias tradicionales y medios de vida resilientes, como el cultivo itinerante.28 Mientras Indonesia continuaba con su agenda de crecimiento, las administraciones que siguieron el régimen de Suharto adoptaron, con pocas variaciones, el mismo modelo de desarrollo económico intensivo en recursos naturales y favorable a la inversión extranjera.
UN EJEMPLO CLÁSICO DE LAS POLÍTICAS DE REFORMAS PROMOVIDAS POR EL BANCO MUNDIAL
La nación del sudeste asiático fue uno de los muchos países en desarrollo que adoptaron los SAP perjudiciales del Banco en la década de 1990. Durante la Reformasi (período de reforma), que procedió al final del gobierno militar y la devastadora crisis económica asiática de 1997, el gobierno indonesio aceptó préstamos condicionados del FMI destinados a hacer que el país fuera más atractivo para los inversores extranjeros.
La crisis financiera asiática de 1997, una secuencia de devaluaciones de la moneda y crisis bancaria que se extendió por los países de Asia oriental, incluida Indonesia, expuso la vulnerabilidad de las economías elogiadas por el Banco Mundial por su rápido crecimiento.29 Pero, una vez más, las instituciones financieras internacionales trataron de resolver problemas económicos profundamente arraigados con las mismas medidas que los crearon: más reformas y desregulación económica y una mayor dependencia de los inversores privados extranjeros. Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras firmado en 1998, a cambio del apoyo financiero del FMI, Indonesia tuvo que implementar una estrategia «para liberalizar aún más el comercio exterior y la inversión, desregular aún más las actividades internas y se acelerara el programa de privatización».30 Esta fue otra oportunidad para expandir el control corporativo sobre la riqueza natural de Indonesia. El acuerdo requería que el gobierno llevara a cabo una serie de reformas políticas y regulatorias, incluida la abolición de la prohibición de inversiones extranjeras en plantaciones de palma aceitera,31 la liberalización del comercio en el sector agrícola, la reducción de los impuestos a la exportación de madera y minerales, y la aceleración de la privatización de las empresas públicas.32 Las reformas políticas de Indonesia garantizaron otro período de afluencia de fondos extranjeros. Después de 1998, los proyectos y préstamos de asistencia técnica del Banco Mundial se dispararon, alcanzando aproximadamente US$4,5 mil millones en 2003. 33
Tras una ola de resistencia mundial contra las instituciones financieras internacionales y las crecientes críticas de que las políticas neoliberales aumentaban la pobreza, la deuda y la dependencia de los países ricos, las protestas contra la interferencia del Banco Mundial barrieron el país en 2003.34 Ese mismo año, el gobierno indonesio declaró que quería liberarse de las dolorosas medidas de austeridad y los compromisos contra los pobres del FMI.35
Sin embargo, el gobierno indonesio y las instituciones financieras internacionales no aprendieron la lección. Incluso con el fin de los PAE, el Banco Mundial siguió desempeñando un papel importante en el impulso de las reformas favorables a las empresas de Indonesia para atraer a los inversores privados. Entre 2009 y 2017, el Banco comprometió más de US$20,6 mil millones en préstamos y garantías para Indonesia,36 de los cuales más del 22 por ciento fueron préstamos destinados a mejorar el clima de inversión a través de reformas normativas y de política, como la reducción de las cargas fiscales, la facilitación de procedimientos de concesión de licencias, las reformas de la administración de tierras, el financiamiento para proyectos de infraestructura comercial, etc.37
Los esfuerzos de Indonesia para hacerse atractiva para los inversionistas han sido elogiados continuamente por el Banco, como se refleja en sus calificaciones del Doing Business. Indonesia subió 34 posiciones en el DBR en solo dos años, de 106 en 2016 a 72, en 2018.38 Como consecuencia lógica de sus reformas proempresariales, Indonesia ha visto aumentar fuertemente las inversiones extranjeras directas en los últimos años. De perder US$ 4,5 mil millones en 2000 a una entrada neta de más de US$ 22 mil millones en 2017.39 Pero la pendiente resbaladiza de las reformas de política favorables a las empresas promovidas por el Banco Mundial está tomando una radical y peligroso giro para alcanzar el ambicioso objetivo del presidente Widodo de llegar al puesto 40 40, a medida que se pone en marcha la eliminación de miles de regulaciones comerciales.45
Las reformas políticas promovidas por el Banco Mundial ganaron más impulso con el fetiche del presidente Widodo por las clasificaciones de Doing Business. Desde que asumió el cargo, en octubre de 2014, ha lanzado 16 paquetes de reformas económicas para acelerar el proceso de hacer negocios en diversos sectores. Además, se han aplicado otras reformas destinadas a mejorar el entorno empresarial, incluida una mayor liberalización del régimen de IED en materia de logística, turismo y agricultura42 y se facilitó la adquisición de tierras.43 Para implementar las medidas de desregulación, el Presidente Widodo creó un Grupo de Trabajo especial en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, en 2016.44
Operando bajo la lógica del Banco, que presume que los procesos administrativos más rápidos y una reducción de las regulaciones mejorarán el entorno empresarial, el gobierno actual anunció la eliminación de 3.000 regulaciones regionales para acelerar los procesos de concesión de licencias.45
A partir de 2018, el rico archipiélago, hogar de más de 300 grupos étnicos, se erige como la economía más grande del sudeste asiático y la décima economía más grande del mundo en términos de poder adquisitivo.46 En la carrera desesperada para desregular y adoptar las prescripciones políticas del Banco Mundial, las nuevas reformas de Widodo para aumentar el comercio y la inversión podrían promover el crecimiento económico. Pero, como es evidente en las últimas décadas, esto se produce a expensas de los trabajadores indonesios, las comunidades indígenas y el medio ambiente.
CRECIMIENTO DESTRUCTIVO: ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS Y DESCUIDO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS A LA TIERRA
A lo largo de las cinco décadas de asociación, Indonesia ha sido alabada por seguir al pie de la letra las recomendaciones políticas del Banco.47 El último Marco de Asociación con el País del Banco Mundial en Indonesia –el documento más importante en la definición de las orientaciones de políticas y proyectos de desarrollo del Banco para 2016-2020, renueva el papel del Banco en la definición de las políticas económicas de Indonesia. El marco se centra en «reformas consistentes de política pública para apuntalar los fundamentos económicos de Indonesia, ayudando a crear un entorno más propicio para el sector privado que es la principal fuente de crecimiento y creación de nuevos empleos, y haciendo que el crecimiento sea sostenible y compartido más ampliamente».48 Si bien el Banco afirma que las «políticas macroeconómicas sólidas» y el aumento de las inversiones privadas están detrás del crecimiento del PIB de Indonesia49, la suposición de que las inversiones del sector privado generan prosperidad «sostenible» y «compartida» pasa por alto algunas realidades claves.
Detrás de las prósperas inversiones privadas está la biodiversidad de las selvas tropicales de Indonesia, las comunidades locales, cuyos medios de vida dependen de ellas y el medio ambiente.50 Sin embargo, el cambio acelerado de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos para obtener ganancias corporativas ha llevado al desplazamiento de un número masivo de pequeños agricultores y pueblos indígenas.51 Esto ha sucedido especialmente a través de concesiones de tierras consuetudinarias –tierras administradas por pueblos indígenas de acuerdo con su derecho consuetudinario a la tierra (Adat ley) – a las corporaciones, ya que todas las tierras han sido reclamadas durante mucho tiempo por el estado indonesio bajo la ley constitucional.52
Un estudio histórico del 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) llamó la atención sobre la violación sistemática de los derechos a la tierra comunal de las comunidades indígenas (Masyarakat Hukum Adat). En el informe se llegó a la conclusión de que la falta de reconocimiento oficial por parte del Estado de las comunidades indígenas y sus tierras consuetudinarias sigue siendo una de las causas fundamentales de las controversias sobre la tierra. En la práctica, como el conocimiento de los pueblos indígenas con respecto a la ubicación de los límites de sus bosques comunales se basa en la tradición oral, que no es reconocida por el gobierno, el estado indonesio trata arbitrariamente cualquier «bosque» como «bosque estatal». 53 Otra cuestión clave identificada fue que «la política de desarrollo [de Indonesia] para promover el crecimiento económico ha dado prioridad a la concesión de permisos de explotación a empresas económicas a gran escala sobre territorios indígenas, con el aparato estatal y/o las fuerzas de seguridad proporcionando protección a los intereses corporativos». 54
Recuadro 1: Campo de batalla mortal: Resistencia de los pueblos, abusos contra los derechos humanos y asesinato por violencia corporativa
Cada año, el Departamento de Quejas e Investigación de los Komnas HAM se ocupa de al menos 1.000 violaciones de derechos humanos atribuidas a abusos corporativos.55 Como era de esperar, la resistencia y la oposición de los agricultores a las plantaciones privadas, las compañías mineras y los desarrolladores se ha extendido por toda Indonesia en los últimos años, ya que a las empresas locales y multinacionales se les permite apoderar y deforestar tierras consuetudinarias.56
Lamentablemente, las personas que defienden sus tierras, bosques y los ríos contra las industrias destructivas se enfrentan con demasiada frecuencia a una violencia extrema. Abundan los ejemplos recientes de defensores de la tierra asesinados por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas estatales. En 2015, Indra Pelani, una activista ambiental y agricultora de 22 años, fue severamente golpeada y asesinada por las fuerzas de seguridad privadas que trabajaban en nombre de una subsidiaria de Asia Pulp and Paper (APP).57 El mismo año, Jopi Peranginangin, un activista que se oponía a la expansión de las plantaciones de palma aceitera, también fue asesinado.58 Nuevamente, en 2015, Salim, un agricultor local y activista contra la minería, fue golpeado hasta la muerte tres días después de organizar una manifestación para protestar contra las actividades de extracción de arena en la playa de Watu Pecak.59 En 2018, los activistas ambientales y los defensores de la tierra continúan siendo atacados y criminalizados.60
Pasando por alto esta situación compleja y profundamente problemática, el gobierno indonesio fue recompensado en 2010 por el DBR por hacer más fácil el registro de la propiedad mediante la introducción de plazos para los procedimientos en el registro de la propiedad, y en 2018, por reducir el impuesto sobre la transferencia de la propiedad.61 Las regulaciones revisadas permiten la revocación de los derechos sobre la tierra «en interés público» y permiten a las empresas adquirir tierras en nombre de las autoridades y ser reembolsadas más tarde.62 Además, se estableció una Agencia Estatal de Gestión de Activos (LMAN) para facilitar la financiación de las adquisiciones de tierras.63 Pero en el contexto de las reclamaciones concurrentes por los derechos sobre la tierra y la falta de reconocimiento estatal de los usos consuetudinarios de la tierra, existe un alto riesgo de que el marco de DBR socave aún más la capacidad de Indonesia para mantener normas sociales y ambientales adecuadas en la administración de la tierra. Al enfocarse en acelerar y reducir los costos de los procedimientos en el registro de tierras, las reformas hechas en el marco de la DB ignoran los problemas de tenencia de la tierra de larga data en Indonesia y, en última instancia, sirven a los intereses corporativos al acelerar el proceso de transferencia de tierras.
Más de 600 conflictos por la tierra registrados en 2011, con 22 muertes y cientos de heridos, evidencian los problemas involucrados en la «racionalización» del entorno regulatorio para hacer negocios y transferir tierras.64 Especialmente en los casos en que se considera necesaria la implementación de procesos largos y sensibles, como los estudios de impacto social y ambiental o el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas, los plazos dificultan la capacidad de verificación del registro de la propiedad antes del desarrollo de proyectos a gran escala en tierras consuetudinarias.
Otro proceso clave orientado a facilitar la inversión en tierras, pero que potencialmente puede obstaculizar los derechos indígenas a la tierra, es el Programa para Acelerar la Reforma Agraria de Indonesia, financiado por el Banco, aprobado en julio de 2018.65 Los documentos del Banco sobre el proyecto atribuye la larga historia de convulsiones y explotación de los territorio indígenas a “una débil gobernanza y administración”, ocultando la herencia de los intereses corporativos sobre la madera, el suelo, aceite y gas y el mercado de consumidores indonesios. Basados en esa visión parcializada, proveen el uso de mapas y registro formal de títulos sobre las tierras como una solución regulatoria adecuada, ignorando el hecho de que la sola oferta de títulos sobre la tierra no resuelve el problema del acaparamiento de tierras. Por el contrario, el programa podría proveer una estrategia legal para la adquisición de tierras a gran escala. Las consecuencias concretas del programa están todavía por verse, pero un primer acercamiento permite predecir grandes riesgos sociales y ambientales, incluyendo el reasentamiento involuntario y la posibilidad de mapear erróneamente áreas de alto valor para la conservación, como humedales y manglares.67 A pesar de asegurar que adopta métodos participatorios para mapear los derechos de tierra, la emisión de títulos formales individuales para demarcar las tierra apoyada por el Banco está fundamentalmente en contradicción con la forma como los pueblos indígenas definen los derechos a la tierra (adat law).68 Esto puede ser explicado por el hecho de que la adat law y el uso de la tierra se basa en la capacidad de los grupos en compartir la tierra para actividades diversas y superpuestas, como forrajeo, pesca y agricultura, etc., incompatibles con el enfoque del Banco de incrementar las inversiones privadas y el crecimiento económico.
Al ignorar el papel de las comunidades indígenas para garantizar la conservación, la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales,69 el camino de desarrollo reclamado por el Banco Mundial de Indonesia socava sistemáticamente sus derechos a la tierra en favor de los intereses corporativos.
EXPANSIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA Y APOYO AL ABUSO DE LAS CORPORACIONES
En el contexto de los complejos y diversos sistemas de tenencia de la tierra de Indonesia y su larga historia de corrupción, los esfuerzos para fomentar el desarrollo de la industria del aceite de palma, regalando tierras boscosas y ofreciendo exenciones fiscales a los inversores privados, no han logrado los resultados deseados.70 En cambio, la expansión de las plantaciones de palma aceitera a gran escala, especialmente por parte de empresas privadas, ha impulsado la deforestación, ha llevado a la pérdida de tierras indígenas y ha avivado el conflicto.71
El auge de la producción de aceite de palma en Indonesia – de 6,9 millones de toneladas en 2000 a 32 millones de toneladas en 2016 72 (véase la Figura 1) – puede atribuirse a las reformas de políticas y a la desregulación de la inversión extranjera y el comercio.73 Las instituciones de Bretton Woods han desempeñado un papel importante en el fomento de la expansión de la agroindustria del aceite de palma mediante la inversión en toda la cadena de suministro.74 Más del 50 por ciento de todos los compromisos del Banco Mundial relacionados con el aceite de palma se destinaron a financiar una serie de proyectos en Indonesia.75 Sin embargo, esto ha tenido un costo muy alto para las personas y el medio ambiente, con la destrucción de hábitats naturales y conflictos con las comunidades locales, que se ven obligadas a abandonar sus tierras para dar paso a las plantaciones.
Una gran parte del crecimiento económico de Indonesia se ha atribuido al «éxito» de sus exportaciones de biocombustibles a base de aceite de palma y aceite de palma.76 Pero mientras los países de altos ingresos, como los miembros de la UE, han instituido políticas para aumentar el uso de biocombustibles, los países en desarrollo, como Indonesia y Malasia, que representan alrededor del 85 al 90 por ciento del suministro mundial de aceite de palma,77 han pagado el peaje.78
La selva tropical de Indonesia, superada en superficie solo por la de Brasil y la República Democrática del Congo,79 alberga entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas, mamíferos y aves conocidas en el mundo.80 Pero un aumento de la IED y un mejor «clima de negocios» también han significado que solo entre 1995 y 2015, un promedio de 117 mil hectáreas de bosque, un área más grande que Hong Kong, fueron taladas cada año para dar paso a las plantaciones de palma aceitera.81 Según datos de la Agencia de Estadísticas de Indonesia, el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia fue de alrededor de 14 millones de hectáreas en 201782, un área más grande que el tamaño de Grecia. Y a pesar de las promesas del gobierno de detener los nuevos permisos de palma aceitera,83 se espera que el área de plantación continúe aumentando a medida que el país planea aumentar su producción para 2020.84
La expansión de las plantaciones de palma aceitera y la deforestación y la degradación asociadas a ella han convertido Indonesia en uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo (véase la Figura 2).86 La investigación muestra que las empresas privadas de plantaciones de palma aceitera son las culpables de la mayor parte de los impactos ambientales en el país, siendo responsables de aproximadamente el 90 por ciento de las emisiones totales de CO2 de Indonesia entre 2000 y 2010, en comparación con el 10 por ciento de las emisiones de los pequeños agricultores.87
Como el principal productor y exportador de aceite de palma del mundo, Indonesia depende de casi US$20 mil millones de ingresos anuales de las exportaciones de productos básicos.88 A su vez, las inversiones privadas en plantaciones de palma aceitera son presentadas por empresas y funcionarios gubernamentales como un medio para crear empleo y construir carreteras, escuelas y vivienda. Pero la expansión de las plantaciones a gran escala también amenaza la supervivencia de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos forestales menores de Indonesia para su sustento.89
Una serie de estudios y quejas de la comunidad han documentado el alcance de los impactos perjudiciales de las plantaciones de monocultivos a gran escala en las personas y el medio ambiente en el país.90 Un estudio reciente en profundidad de las plantaciones en Kalimantan Occidental descubrió la violencia cotidiana y la devastación de las vidas de los pequeños agricultores por las fincas corporativas de palma aceitera.91 La investigación reveló un sistema depredador de adquisición de tierras para plantaciones, que limitaba el acceso de las personas a los recursos naturales y reducía la capacidad de los trabajadores para organizarse. Comienza con la demolición o, a veces, el incendio para eliminar toda la cubierta arbórea para transformar permanentemente el paisaje en un campo abierto, una pizarra en blanco lista para plantar palma aceitera.92 Luego, las estrategias utilizadas por los operadores de plantaciones incluyen la destrucción de pequeñas aldeas, campos de arroz y tumbas, que se encuentran dentro de los límites de su concesión, así como la contratación de trabajadores de otras regiones que carecen de vínculos de parentesco con la población circundante.93 En resumen, la producción industrial de palma aceitera implica detener la capacidad de las personas para proveer para su propia subsistencia, utilizando coerción, amenazas y destrucción material para mantener el control sobre los recursos de subsistencia (tierras de cultivo, bosques, espacios habitables, fuentes de agua, oportunidades de ingresos).94 Como era de esperar, solo en 2017 se registraron más de 200 conflictos de tierras directamente relacionados con las plantaciones.95
A pesar de la amplia evidencia que desacredita la creencia de que las inversiones privadas en agronegocios a gran escala conducen a beneficios compartidos para las comunidades locales, el Banco Mundial ha apoyado sistemáticamente este modelo de desarrollo perjudicial (véase el recuadro 2).96
Recuadro 2: Las malas inversiones de la CFI en aceite de palma
La CFI, el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, se ha involucrado ampliamente en el sector del aceite de palma, con inversiones en plantaciones (Indonesia, Tailandia, Ghana, Nicaragua), refinación de aceite de palma (Indonesia y Ucrania) y comercio de aceite de palma (Indonesia y Singapur).97 Desde 2003, el Grupo Wilmar, uno de los conglomerados agroindustriales más grandes del mundo especializado en la producción y el comercio de aceite de palma, ha recibido apoyo financiero de la CFI para la producción en Indonesia con una garantía de US$33,3 millones y un préstamo de US$17,5 millones.
Entre 2007 y 2011, las quejas de las comunidades de tres regiones diferentes –Kalimantan Occidental,98 Sumatra,99 y Jambi100– se presentaron ante el Ombudsman Asesor de Cumplimiento (CAO) de la CFI, un mecanismo de recurso independiente del Banco Mundial. Todas las quejas contra el Grupo Wilmar y sus subsidiarias de propiedad total (otras plantaciones de aceite de palma) plantean preocupaciones similares en torno a los impactos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades locales, que incluyen:
1. Limpieza de tierras sin la aprobación apropiada de la comunidad o la finalización de los procesos de Análisis de Impacto Ambiental (EIA);
2. Violación de las regulaciones y leyes nacionales, así como de los protocolos de certificación de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible;
3. Cumplimiento inadecuado de los procedimientos operativos y los requisitos de diligencia debida de la CFI; y,
4. Uso de medidas coercitivas por parte de las fuerzas gubernamentales y el personal de la compañía para desalojar a las familias y destruir viviendas en tierras en disputa.101
Estas quejas condujeron a dos auditorías que encontraron un incumplimiento importante de la política de la CFI,102 y posteriormente del marco del Grupo Banco Mundial para invertir en aceite de palma.103 A pesar de estas revelaciones, en el Marco de Asociación de País 2016-2020 con Indonesia, el Banco se refiere a los servicios de asesoramiento de la CFI en el negocio del aceite de palma como una práctica óptima, que debe continuar. También reafirma las inversiones de la CFI en las principales empresas forestales y de plantaciones de aceite de palma como su principal estrategia del sector privado.104 Mientras tanto, una investigación de Greenpeace International de 2018 reveló que Wilmar International todavía está vinculada a la destrucción de bosques para el aceite de palma casi cinco años después de comprometerse a poner fin a la deforestación.105
Las organizaciones indonesias se han movilizado para denunciar las violaciones de derechos humanos de larga data, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente generadas por la industria del aceite de palma. En mayo de 2018, más de 230 grupos, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, sindicatos de agricultores, agricultores, trabajadores, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales, se unieron para instar al gobierno indonesio a tomar medidas y llamar la atención internacional sobre los impactos devastadores de las plantaciones de palma aceitera.106 Describieron este impacto en una carta abierta al presidente de Indonesia, el presidente del Consejo de la UE, y líderes de los Estados miembros de la UE: «Hemos […] perdido nuestras tierras de la aldea (porque nuestros derechos de gestión de la tierra han sido ocupados por plantaciones de palma aceitera), nuestras fuentes de alimentos, medios de vida, fuentes de medicina herbal, vegetación rara y plasma germinal, así como nuestras formas de vida colectivas basadas en nuestra sabiduría local y conexiones con nuestros lugares ancestrales que forman parte integral de nuestra identidad y patrimonio cultural. […] Nuestros territorios consuetudinarios ahora sufren desastres ecológicos a largo plazo, como sequías, incendios forestales, contaminación del agua y la disminución de las poblaciones de peces, pérdida de seguridad alimentaria». 107 Los grupos denuncian además el aumento de los conflictos por la tierra, el acoso, la criminalización y la negación de los derechos laborales asociados con la expansión de estas plantaciones.108
Estos relatos de las luchas cotidianas de las comunidades indonesias contrastan con el barniz positivo de «desarrollo económico» y «oportunidad de empleo» utilizado por el Banco para describir el negocio de las plantaciones.109 Un discurso similar es utilizado por el Banco para retratar el sector minero, 110 otro importante impulsor de la deforestación y los daños sociales y ambientales en Indonesia.
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: EXPLOTACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL Y OBSTACULIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Banco Mundial desempeña un papel clave en el apoyo a las actividades mineras en Indonesia, especialmente a través de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Según el Banco, «los ingresos de las industrias extractivas pueden tener un impacto en la reducción de la pobreza y en el impulso de la prosperidad compartida, respetando al mismo tiempo las necesidades de la comunidad y el medio ambiente». 111 En la práctica, si bien la minería contribuye financieramente a la economía a corto plazo a través de los ingresos fiscales, también tiene repercusiones irreversibles en los medios de subsistencia y el medio ambiente a través de la deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de las comunidades locales.
En la provincia de Maluku del Norte, el proyecto PT Weda Bay Nickel, garantizado por MIGA,112 cubre una proporción significativa de la isla de Halmahera y alrededor del 21 por ciento del área minera de la compañía se encuentra dentro de áreas forestales protegidas.113 Para dar paso al proyecto minero, las comunidades étnicas Sawai quedaron sin acceso a los bosques y las tierras agrícolas que han cultivado durante generaciones, perdiendo así su principal fuente de sustento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia concluyó que las comunidades afectadas no dieron su consentimiento libre, previo e informado antes de que comenzaran las actividades de la empresa y que los miembros del brazo paramilitar de la policía indonesia participaron en la intimidación de los miembros de la comunidad para que firmaran acuerdos.114
En Papúa Occidental, una región ocupada por Indonesia desde el final del dominio colonial holandés en 1963,115 las fuerzas de seguridad indonesias han asegurado el control corporativo sobre los recursos naturales a través de abusos generalizados de los derechos humanos y degradación ambiental. Desde que el ejército indonesio tomó el control de la región, el pueblo de Papúa Occidental ha sufrido violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición, detención arbitraria, violación y otras formas de lesiones mentales y corporales graves.116 El gobierno indonesio ha obligado sistemáticamente a los papúes occidentales a abandonar sus tierras (incluidos los desplazamientos resultantes del plan de transmigración), ha explotado sus recursos y socavado las prácticas tradicionales de subsistencia. Estas acciones han llevado directamente a enfermedades generalizadas, desnutrición y muerte entre los papúes occidentales.117
Es en Papúa Occidental donde Suharto entregó una montaña entera, el depósito de oro más grande del mundo y el tercero más grande de cobre, a inversores extranjeros.118 La mina Grasberg es operada por PT Freeport Indonesia, una subsidiaria del gigante minero estadounidense Freeport McMoRan. Como parte de la ola inicial de inversión extranjera que siguió después de que Indonesia liberalizó sus regulaciones de inversión en 1967, las operaciones de la mina Grasberg se encuentran en tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas. Específicamente, los Amungme en las tierras altas y los Kamoro en las tierras bajas costeras se consideran propietarios tradicionales de la zona, junto con Dani, Damal, Moni, Mee y Nduga.119
La mina a cielo abierto se hizo tan grande que cambió los límites del adyacente Parque Nacional Lorenz, un área catalogada por la UNESCO en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Sus impactos sociales y ambientales generalizados son de gran preocupación, aunque difíciles de cuantificar debido a la falta de monitoreo independiente. La mina descarga hasta 200 mil toneladas de desechos todos los días en los ríos circundantes, que han contaminado completamente las tierras que alguna vez fueron fértiles y las aguas claras río abajo hasta las áreas costeras.120 Lo que una vez fue una fuente de seguridad alimentaria para la población local se convirtió en tierras baldías por la minería.121 Aunque los métodos fluviales de eliminación de desechos están prohibidos en todos los países desarrollados, Freeport y Rio Tinto, las dos partes interesadas mayoritarias actuales en las operaciones mineras de Grasberg, sostienen que la eliminación de relaves fluviales es la mejor solución.122
A pesar de la resistencia de las comunidades locales contra las operaciones mineras explotadoras, que planean continuar al menos hasta 2041, el Banco Mundial sigue siendo uno de sus partidarios. En 2006, la CFI adquirió una participación accionaria del cinco por ciento en otra de las operaciones mineras de Rio Tinto,123 mientras que el Banco elogia a Freeport por «compartir beneficios» con las comunidades locales alrededor de la mina Grasberg a través de sus fondos fiduciarios establecidos para el desarrollo comunitario.124
Para una institución con el mandato de combatir la pobreza, el apoyo del Banco Mundial a las industrias extractivas plantea serias preocupaciones. Los ingresos de la industria minera apenas han beneficiado a la población local de las regiones donde las minas han prosperado. En cambio, obstaculizan drásticamente la capacidad de las comunidades para satisfacer sus propias necesidades. Esta sombría situación corre el riesgo de un mayor deterioro con la continua desregulación para atraer a los inversores extranjeros mediante la reforma de las políticas de acuerdo con los indicadores Doing Business del Banco.
Mientras las instituciones de Bretton Woods se preparan para reunirse en Bali en las Reuniones Anuales de 2018, la estrategia del Banco para el crecimiento económico de Indonesia sigue dependiendo de las inversiones extranjeras para la explotación de los ricos recursos naturales del país.125 En 2018, se aprobó un nuevo proyecto del Banco Mundial por valor de US$300 millones para el desarrollo del turismo «con el fin de mejorar la calidad y el acceso a la infraestructura relevante de turismo y a los servicios, fortalecer los vínculos de la economía local con el turismo y atraer inversiones privadas en determinados destinos turísticos de Indonesia.»126
UNA NUEVA FRONTERA PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: ABRIR TIERRAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y LA EXPANSIÓN DEL TURISMO
Dos propuestas centrales del Banco Mundial en su marco de asociación actual con Indonesia consisten en desarrollar infraestructura y aprovechar el «potencial turístico no realizado». 127 Aunque alejarse de la economía de exportación de productos básicos puede sonar como una buena idea, confiar en la construcción de nuevos aeropuertos y la expansión del turismo de lujo para «compartir la prosperidad» con las comunidades locales es probable que sea otra falsa promesa. Guiado por el Banco Mundial, el gobierno del presidente Widodo cuenta con la entrega de megaproyectos rentables de mega infraestructura a inversores privados extranjeros para acelerar el crecimiento económico de Indonesia.128
Para mejorar su clasificación en el DBR del Banco y alcanzar los ambiciosos objetivos de infraestructura, las reformas de política emprendidas por el gobierno para atraer nuevos inversores han sido drásticas. En 2017, el gobierno central de Indonesia prometió crear grupos de trabajo regionales para mejorar la «facilidad de hacer negocios». Para agilizar los procesos para iniciar un negocio, el presidente amenazó con castigar a las administraciones regionales que no aceleraran los procedimientos de concesión de licencias.129 Otras reformas favorables a las empresas incluyen una política de amnistía fiscal y la reducción de las restricciones para la propiedad extranjera en los nuevos proyectos de infraestructura, incluida la expansión de la red nacional, 1.000 kilómetros de nuevas carreteras de peaje, 3.258 kilómetros de nuevos ferrocarriles, 15 nuevos aeropuertos, diez mejoras aeroportuarias y 24 nuevos puertos marítimos.130
De acuerdo con esta estrategia, la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia (BKPM) y el Ministerio de Turismo asignaron destinos paradisíacos en la costa para nuevos inversores privados.131 Los lugares turísticos prioritarios se ofrecieron como proyectos altamente lucrativos y «fáciles» de desarrollar, con BKPM llevando a cabo una rápida autorización para garantizar la adquisición de tierras, el proceso de obtención de permisos y las regulaciones locales no son obstáculos para los inversionistas extranjeros.132
Mientras tanto, los megaproyectos de infraestructura para el desarrollo turístico llevados a cabo por el gobierno con el apoyo del Banco133 ya han tenido consecuencias problemáticas. El proyecto de construcción de la carretera Batang-Semarang, en Java Central, condujo al acaparamiento de tierras y al desplazamiento de comunidades de las nueve aldeas de Ngawensari, Galih, Sumbersari, Rejosar, Tunggulsari, Kertomulyo, Penjalin, Magelung y Nolokerto en abril de 2018.134 Una declaración de La Vía Campesina confirmó que el proyecto de construcción de la carretera, parte de los ambiciosos objetivos de infraestructura del gobierno del presidente Widodo, ha traído miseria a cientos de familias campesinas.135
El consejo del Banco de desplegar la alfombra roja para los inversionistas extranjeros en los sectores de infraestructura y turismo se basa en una mayor explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia.136 Pero el fanatismo de atraer inversionistas para la nueva frontera del desarrollo pasa por alto los graves impactos en los medios de vida de la población local y el medio ambiente (véase el recuadro 3).137
Recuadro 3: resistiendo el turismo extractivo. El caso de Benoa Bay
Durante varias décadas, el Banco Mundial ha financiado proyectos de desarrollo de infraestructura, que transformaron Bali en el principal destino turístico de Indonesia.138 Ahora, el anfitrión de las Reuniones Anuales 2018 del Banco Mundial y el FMI está a punto de liberar alrededor de 800 hectáreas para la creación de islas artificiales en las aguas de la Bahía de Benoa , anteriormente un área de conservación.139 Benoa Bay es una de las últimas zonas que quedan en Bali donde todavía se practican métodos de pesca tradicionales, pero esta estrategia de medios de vida sostenibles ahora está amenazada por un complejo turístico de lujo.140
El proyecto, con investigación y asesoramiento del Banco Mundial,141 tiene inversiones prometidas por un gran consorcio dirigido por un desarrollador PT Tirta Wahana Bali Internacional (TWBI). TWBI planea construir un resort de lujo de US$3.000 millones, que incluye villas, apartamentos, hoteles, un parque temático e incluso un circuito de carreras de Fórmula Uno, todo en un terreno que se recuperará para «revitalizar» la Bahia de Benoa.142
No es de extrañar que la propuesta haya estimulado uno de los movimientos ambientales más grandes en la historia de Indonesia: Bali Tolak Reklamasi (Bali Rechaza la Recuperación, conocido como ForBALI).143
Las manifestaciones masivas han traído a miles de manifestantes de diferentes partes de Bali desde que se hizo público el proyecto de recuperación. Sus principales preocupaciones son que el proyecto inundará y destruirá más de 60 sitios naturales y 24 templos que son sagrados para la población predominantemente hindú de la isla, así como obstaculizará los medios de vida de cientos de pescadores que se reúnen en alta mar durante la marea baja para recolectar peces, camarones, cangrejos y algas marinas.144 Hasta que se derogue el Proyecto, el movimiento se ha comprometido a mantener su fuerte Resistencia para defender al pueblo de Bali y al medio ambiente de este absurdo plan de Desarrollo.
CONCLUSIONES
La elección de Bali para las Reuniones Anuales afirma la perspectiva positiva del Banco Mundial hacia Indonesia. Pero la trayectoria de desarrollo de la nación del sudeste asiático es un excelente ejemplo de cómo la orientación del Banco sobre reformas regulatorias genera consecuencias desastrosas para las comunidades locales, los medios de vida de las personas y la seguridad alimentaria, y el medio ambiente.
Mientras el Banco trata de convencer al mundo de que el modelo económico de Indonesia ha llevado a un crecimiento milagroso y a la reducción de la pobreza, el país enfrenta enormes desafíos sociales y ambientales en medio de una creciente desigualdad.145
Las plantaciones de palma aceitera y la minería continúan expandiéndose bajo concesiones a gran escala, empeorando la contribución de Indonesia a la crisis climática mundial e impactando negativamente los medios de vida de millones de pueblos indígenas y pequeños agricultores.
Con su impulso por un crecimiento sin fin y ganancias para las élites, la carrera de Indonesia para reformar de acuerdo con el DBR del Banco facilita el camino para los inversores, al tiempo que permite un mayor saqueo de los recursos naturales del país. En lugar de invertir en proyectos y orientar políticas que contribuyan a su misión declarada de «poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida»,146 las reformas apoyadas por el Banco Mundial, como las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas, las normas laborales socavadas y los procesos de transferencia de tierras más rápidos, han llevado a la erosión de los derechos de las comunidades cuyos medios de vida dependen de las tierras y los recursos naturales codiciados por los inversores ricos.
Las prescripciones políticas del Banco Mundial y los planes de desarrollo vacíos para Indonesia lo han convertido en un milagro fallido de Asia Oriental. Por lo tanto, ya es hora de que las políticas centradas en las personas, en lugar de centradas en las empresas, guíen el camino del desarrollo de Indonesia.
Notas
1República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. http://www.am2018bali.go.id/ (consultado el 28 de junio de 2018).
2Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. http://documents.worldbank.org/curated/en/195141467986374707/ Indonesia-Country-partnership-framework-for-the-period-FY16-20 (consultado el 8 de junio de 2018).
3Véase, por ejemplo: Thomson, M., Kentikelenis, A. y T. Stubbs. «Los programas de ajuste estructural afectan negativamente a las poblaciones vulnerables: una revisión sistemática-narrativa de su efecto en la salud infantil y materna». Revisiones de salud pública Vol 38, 13 (2017). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ artículos/PMC5810102/ (consultado el 22 de agosto de 2018); Rodwan Abouharb, M., y D.L. Cingranelli. «The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981–2000». International Studies Quarterly Vol. 50, Número 2 (junio de 2006): 233–262. https://www.ucl.ac.uk/political-science/people/ academic/rodwan-abouharb/A_CISQ2006.pdf (consultado el 22 de agosto de 2018).
4República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. Op. Cit. monto aproximado alcanzado al sumar todos los compromisos en las operaciones del Banco Mundial por año fiscal, recuperado en: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm =&countrycode_exact=- ID (consultado el 28 de junio de 2018). 5 5Incremento de los compromisos del Banco Mundial
6Uno de los primeros proyectos del Banco Mundial en Indonesia, consistente en asistencia técnica para el desarrollo económico del país, fue aprobado en 1968. Véase: Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Proyectos y Operaciones. http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countryco de_exact=ID (consultado el 8 de junio de 2018). Esto incluye proyectos que apoyaron la explotación de los recursos naturales de Indonesia. Véase, por ejemplo, la asistencia técnica del Banco Mundial para el desarrollo de la industria de la celulosa y el papel a gran escala de Indonesia: http://documents.worldbank.org/curated/ en/831331468044129136/pdf/multi0page.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
7 El Informe Doing Business del Banco Mundial, la publicación emblemática del Banco, se lanzó en 2002 para «alentar a las economías a competir hacia una regulación más eficiente» y «mejorar el clima de inversión» para las empresas. Véase: Banco Mundial. Haciendo negocios. http://www.doingbusiness.org (consultado el 21 de junio de 2018); Ver también: Martin-Prével, A. Ceguera deliberada: cómo las clasificaciones de países del Banco Mundial empobrecen a los pequeños agricultores. El Instituto Oakland, 2014. https://www.oaklandinstitute.org/willful-blindness-howworld-banks-doing-business-rankings-impoverish-smallholder-farmers (consultado el 13 de septiembre de 2018). Para estudios de casos de países sobre los impactos perjudiciales de las reformas de Doing Business del Banco, véase: Our Land Our Business. Hojas informativas por países. https://ourlandourbusiness.org/reports-and-info/ country-reports/ (consultado el 6 de agosto de 2018).
8 Banco Mundial. «Indonesia continúa con un fuerte ritmo de reformas para mejorar el clima de negocios: Doing Business». 31 de octubre de 2017. https://www. worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/indonesia-continuesstrong-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-doing-business (consultado el 6 de agosto de 2018).
9Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Haciendo negocios. http://www. doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/ indonesia (consultado el 20 de julio de 2018).
Véanse los cinco principales productos de exportación de Indonesia: World Integrated Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https://wits.worldbank. org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/Summary (consultado el 28 de junio de 2018).
11 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. FAO, 1997. http://www.fao. org/docrep/w7732e/w7732e04.htm (consultado el 25 de julio de 2018).
13. Daniel, S. y A. Mittal. El gran acaparamiento de tierras: la prisa por las tierras agrícolas del mundo amenaza la seguridad alimentaria de los pobres. El Instituto Oakland, 2009. https:// www.oaklandinstitute.org/great-land-grab-rush-world’s-farmland-threatensfood-security-poor (consultado el 30 de abril de 2018); Daniel, S. y A. Mittal. (Mis) Inversión en agricultura: el papel de la institución financiera internacional en el acaparamiento de tierras. El Instituto Oakland, 2010. http://www.oaklandinstitute.org/ sites/oaklandinstitute.org/files/misinvestment_web.pdf (consultado el 30 de abril de 2018).
14 Wenda, B. «Todos se benefician de Papúa Occidental, excepto los papúes». The Guardian, 12 de octubre de 2011. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2011/oct/12/west-papua-striking-miners-indonesia (consultado el 10 de julio de 2018); Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». The Guardian, 25 de mayo de 2013. https://www.theguardian.com/world/2013/ may/25/indonesia-new-corporate-colonialism (consultado el 10 de julio de 2018). Para otros estudios de casos de países, informes e informes de políticas sobre los impactos generalizados de las reformas de políticas guiadas por las clasificaciones Doing Business del Banco Mundial, véase: The Oakland Institute. Nuestra campaña Tierra Nuestro Negocio. https://www.oaklandinstitute.org/our-land-our-business (consultado el 24 de julio de 2018).
15 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. «Carta abierta: El aceite de palma para biocombustibles aumenta los conflictos sociales y socava la reforma agraria en Indonesia». 26 de enero de 2007. https://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-palm-oil-for-biofuelsincreases-social-conflicts-and-undermines-land-reform-in-indonesia/ (consultado el 28 de junio de 2018); Siniwi, R.M. y M. Al Azhari. «El daño ambiental y los conflictos sociales eclipsan el futuro del sector del aceite de palma de Indonesia». Jakarta Globe, 21 de marzo de 2017. http://jakartaglobe.id/business/ environmental-damage-social-conflicts-overshadow-future-indonesias-palmoil-sector/ (consultado el 28 de junio de 2018); Biblioteca de la plataforma ECC. Protestas contra el aceite de palma en Indonesia. https://library.ecc-platform.org/conflicts/palm-oilindonesia (consultado el 28 de junio de 2018).
16 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos del Banco Mundial con Indonesia entre 1969 y 1997. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
17 Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Banco Mundial, 2004. http://documents.worldbank.org/curated/ pt/576941468774895009/pdf/307800IND0country01see0also0307591.pdf (consultado el 19 de julio de 2018); Thee, K.W. «Política industrial y de inversión extranjera en Indonesia desde 1967». Estudios del Sudeste Asiático, Vol. 25. Nº 3 (1987): 383-396. https://kyoto-seas.org/pdf/25/3/250305.pdf (consultado el 24 de julio de 2018).
18 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. CIFOR y WWF, 2001. http://www.cifor.org/ publications/pdf_files/Books/cbarr/Banking.pdf (consultado el 10 de julio de 2018), p. 20.
19 Ministerio de Minas y Energía. Ley 11/1967 de Disposiciones Básicas de Minería. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/77114/81602/ F847614695/IDN.77114.pdf (consultado el 20 de julio de 2018); Zulfan Tadjoeddin, M. Una futura maldición de los recursos en Indonesia: la economía política de los recursos naturales, el conflicto y el desarrollo. Centro de Investigación sobre Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad, Universidad de Oxford, 2007. https://assets.publishing.service. gov.uk/media/57a08c05ed915d3cfd001100/wp35.pdf (consultado el 20 de julio de 2018).
20 Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia afectan al medio ambiente». The Jakarta Post, 4 de mayo de 2018. http://www.thejakartapost. com/news/2018/05/04/indonesias-regional-elections-take-toll-onenvironment.html (consultado el 15 de junio de 2018); Okamoto, S. «El movimiento y las actividades de las ONG ambientales en Indonesia». Policy Trend Report, 2001: págs. 13 y 23.
21 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. Op. Cit.
22 Jakfar, F. e Y. Murashima. «Desarrollo de la industria maderera y el comercio en Indonesia». Journal of Forest Economics, Vol. 45 No. 3 (1999): 9-15. https:// www.jstage.jst.go.jp/article/jfe/45/3/45_KJ00004956857/_pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
23 Birdsall, N.M. et al. 1993. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Nueva York: Oxford University Press.
http://documents.worldbank. org/curated/en/975081468244550798/pdf/multi-page.pdf (consultado el 25 de julio de 2018); Ver también: Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.; Dang, G. y L. Sui Pheng. 2016. «Teorías del Desarrollo Económico». En Inversiones en Infraestructura en Economías en Desarrollo. Singapur: Springer.
24 Soetjipto, T. «Indonesia: 20 años después de la caída del General Muhammad Soeharto.» Al Jazeera, 21 de mayo de 2018. https://www.aljazeera.com/ indepth/features/indonesia-20-years-downfall-general-muhammadsuharto-180519141225082.html (consultado el 15 de junio de 2018); World Integrated www.oaklandinstitute.org 17 Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https:// wits.worldbank.org/ CountrySnapshot/en/IDN/textview (consultado el 28 de junio de 2018).
25 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.; Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.
26 Beech, H. «Estados Unidos se mantuvo al margen mientras Indonesia mataba a medio millón de personas, según muestran los periódicos». The New York Times, 21 de mayo de 2018. https://www.nytimes. com/2017/10/18/world/asia/indonesia-cables-communist-massacres.html (consultado el 15 de junio de 2018).
27 Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Con los pies en la tierra, 2001. http://www.downtoearth-indonesia.org/story/ indonesia-s-transmigration-programme-update (consultado el 10 de julio de 2018); Sobre cómo el papel del Programa de Transmigración ayudó al inicio y la difusión de las plantaciones de palma aceitera, ver: Gatto, M., Wayne, M. y M. Qaim. Auge de la palma aceitera y dinámica del uso de la tierra en Indonesia: el papel de las políticas y los factores socioeconómicos. Georg-August-Universität, 2014. http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/ mon/sfb990/dp-6.pdf (consultado el 26 de agosto de 2018).
28 El desplazamiento de millones de personas de las islas de Java y Sumatra a las islas exteriores del archipiélago se originó durante el dominio colonial holandés, cuando se llamó el programa de «colonización». Después de la independencia, el gobierno indonesio mantuvo esta política como una herramienta para promover el «desarrollo regional» y la «construcción de la nación». Véase Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Abdoellah, O.S. «Transmigration Policies in Indonesia: Government Aims and Popular Response». Centro de Estudios Migratorios, 1987, pp. 180-196. Sobre los impactos en los pueblos indígenas, ver: Departamento de Evaluación de Operaciones. Transmigración en Indonesia. Banco Mundial, septiembre de 1994. http://documents. worldbank.org/curated/ en/187401468042260249/pdf/28489.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
29 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.
30 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm (consultado el 21 de junio de 2018),
31 La palma aceitera se refiere a la palmera de la que se extrae el aceite de palma.
32 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. Op. Cit.; Fondo Monetario Internacional. Apéndices I a VII. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/041098.pdf (consultado el 21 de junio de 2018).
34 Francis, S. «La batalla de voluntad de Indonesia con el FMI». Foro Mundial de Políticas, 25 de febrero de 2003. https://www.globalpolicy.org/component/content/ article/209/43040.html (consultado el 15 de junio de 2018).
35 Ibíd.
36 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos contraídos por el Banco Mundial en sus operaciones entre los ejercicios fiscales 09 y 17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
37 La suma en miles de millones se alcanzó al agregar todos los costos del proyecto DPL entre FY09 y FY17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
38 Banco Mundial. Facilidad para hacer negocios en Indonesia. 2018. http://www. doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/indonesia (consultado el 21 de junio de 2018).
39 Banco Mundial. Inversión extranjera directa, entradas netas (en millones, US$ corrientes). https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID (consultado el 20 de julio de 2018).
40 Sundaryani, F.S. «Jokowi quiere a Indonesia en el puesto 40 en el índice doing business». The Jakarta Post, 15 de marzo de 2017. http://www.thejakartapost.com/ news/2017/03/15/jokowi-wants-indonesia-in-40th-place-on-doing-businessindex.html (consultado el 1 de julio de 2018)
41 Ribka, S. «BKPM to standardize investment procedures, forms». The Jakarta Post, 25 de febrero de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/25/ bkpm-to-standardize-investment-procedures-forms.html (consultado el 1 de agosto de 2018).
42 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Fondo Monetario Internacional, 2018. https:// www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/02/06/Indonesia-SelectedIssues-45615 (consultado el 30 de agosto de 2018), p. 21
43 US – ASEAN Business Council. «Las empresas estadounidenses involucran al gobierno indonesio para impulsar la cooperación en torno al comercio y la inversión». 15 de marzo de 2018. https://www.usasean.org/press-release/2018/03/15/us-businessesengage-indonesian-government-boosting-cooperation-around (consultado el 11 de julio de 2018).
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47 Unidjaja, F.D. y Z.P. Hakim. «El gobierno de Indonesia despliega una alfombra roja para los inversores». The Jakarta Post. https://www.oaklandinstitute.org/indonesiagovernment-rolls-out-red-carpet-investors (consultado el 8 de junio de 2018).
48 Para implementar estas reformas, el Banco se comprometió a continuar brindando asesoramiento técnico, así como otros US$2 mil millones en préstamos para 2020. Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit.
49 Banco Mundial. Indonesia sigue construyendo sobre un sólido crecimiento económico. 27 de marzo de 2018. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/27/ indonesia-continues-to-build-on-solid-economic-growth (consultado el 14 de agosto de 2018).
50 Indonesia, como muchos otros países tropicales, ha experimentado un rápido agotamiento de sus recursos forestales en favor de un sector agrario en expansión orientado a la exportación. La mayor parte de la deforestación es causada por las empresas de plantaciones y minería, aproximadamente el 88 por ciento del área total deforestada en el país. Ver: Krishna et al. «Mercados de tierras, derechos de propiedad y deforestación: Perspectivas de Indonesia». Desarrollo Mundial, Volumen 99 (2017): 335-349. https://www.sciencedirect.com/science/ artículo/pii/S0305750X17301808 (consultado el 25 de julio de 2018); Sobre los vínculos recientes entre la corrupción, la política, las inversiones en agronegocios y la destrucción del medio ambiente, véase: Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia tienen un costo para el medio ambiente». Op. Cit.
51 Aunque no hay datos completos sobre el número reciente de personas desplazadas en todo el país, se puede hacer una estimación aproximada al observar el número de personas desplazadas durante el Programa de Transmigración, que tenía como objetivo expandir el desarrollo de la agroindustria en todo el país. En noviembre de 2000, había 240.333 familias de refugiados, o 1 millón de personas desplazadas, que huían de sus hogares debido a conflictos relacionados con el programa. Ver: Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Ver también: Wildes, S. «Las comunidades forestales de Indonesia son víctimas de ‘acaparamiento legal de tierras'». Inter Press Service, 15 de noviembre de 2013. http://www.ipsnews. net/2013/11/indonesias-forest-communities-victims-of-legal-land-grabs/ (consultado el 25 de julio de 2018).
52 Gellert, P. «Expansión del aceite de palma en Indonesia: acaparamiento de tierras como acumulación por desposesión». Acomodación, facilitación y resistencia a las perspectivas actuales de la globalización en la teoría social Volumen 34, (2015): 65-99; Menon, M., Kapoor, M. y V. Viswanathan. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para los conflictos de recursos naturales en Indonesia. Center for Policy Research – Namati Environmental Justice Programs, 2018. https://namati.org/resources/midcourse-manoeuvres-community-strategiesremedies-natural-resource-conflicts-indonesia/ (consultado el 25 de julio de 2018), pp. 6-14.
53 Salim, T. y M.S. Aritonang. «El gobierno aún no ha otorgado derechos a las comunidades indígenas». The Jakarta Post, 17 de marzo de 2016. http://www.thejakartapost. com/news/2016/03/17/govt-yet-grant-rights-indigenous-communities. html#sthash.gzhlOSvw.TcIKjVrt.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/ AxjeiN39Ed (consultado el 10 de agosto de 2018).
54 Komnas HAM. Investigación Nacional sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas en sus Territorios en las Zonas Forestales. 2016. http://rightsandresources.org/wp- www.oaklandinstitute.org 18 content/uploads/2016/04/Komnas-HAM-National-Inquiry-on-the-Rightsof-Customary-Law-Abiding-Communities-Over-Their-Land-in-Forest-Areas_ abril-2016.pdf (consultado el 23 de julio de 2018).
55 Rinwigati Waagstein, P. Empresas y derechos humanos en Indonesia: de los principios a la práctica. Centro de Recursos de Derechos Humanos, 2015. http://hrrca.org/ wp-content/uploads/2015/05/BHR-in-Indonesia.pdf (consultado el 24 de julio de 2018), p. 8. 56 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit.; Para un resumen del complejo marco de tenencia de la tierra de Indonesia, véase: Kapoor, M., Menon, M. y V. Viswanatham. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para el conflicto de recursos naturales en Indonesia. Op. Cit. 57 Amigos de la Tierra Internacional. «Activista ambiental asesinado en Indonesia». Febrero 2015. https://www.foei.org/news/environmentalactivist-killed-indonesia (consultado el 21 de agosto de 2018). 58 Jacobson, P. «Activista del aceite de palma asesinado en Yakarta». Mongabay, 23 de mayo de 2018. https://news.mongabay.com/2015/05/palm-oil-activist-murdered-injakarta/ (consultado el 21 de agosto de 2018). 59 Boediwardhana, W. «Activista antiminería golpeado hasta la muerte en Java Oriental». The Jakarta Post, 28 de septiembre de 2015. http://www.thejakartapost.com/ news/2015/09/28/antimining-activist-beaten-death-east-java.html (consultado el 21 de agosto de 2018). 60 Harsono, A. «La ley ‘anticomunista’ de Indonesia utilizada contra activistas ambientales». Human Rights Watch, 12 de enero de 2018. https://www. hrw.org/news/2018/01/12/indonesias-anti-communism-law-used-againstenvironmental-activist (consultado el 26 de agosto de 2018). 61 Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Op. Cit. 62 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Op. Cit. 63 Ibíd. 64 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit. 65 Banco Mundial. Indonesia – Programa de Aceleración de la Reforma Agraria (Proyecto Un Mapa). http://documents.worldbank.org/curated/en/393931532143851037/ Indonesia-Program-to-Accelerate-Agrarian-Reform-One-Map-Project (consultado el 13 de agosto de 2018). 66 Ibíd., págs. 9 y 67 Ibíd., págs. 22 y 25. 68 Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de administración de tierras. http://documents. worldbank.org/curated/en/791061468266180238/Indonesia-LandAdministration-Project (consultado el 25 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de gestión de tierras y desarrollo de políticas. http://documents. worldbank.org/curated/en/407951468278683358/Indonesia-LandManagement-and-Policy-Development-Project (consultado el 26 de julio de 2018). 69 Garnett, S.T. et al. «A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation.» Nature Sustainability, julio de 2018, pp. 369-374. https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6.epdf?author_access_to ken=ZAToIUuNYxVkZk7d3hQ7M9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nlxfg9aDwpfTJ NvkjtOhlOfFlXDVJWZFueKjrvz_ddjYPdyZUDeslOuUlLw0kxM40S57aYeeIfxx5OnZm1_hkRRK99bTVuwMuTfscdzwTwg%3D%3D (consultado el 10 de agosto de 2018). 70 Arezki, R. et al. ¿Qué impulsa la «fiebre de la tierra» global? Banco Mundial, 2011.
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Cit. 75 Entre 1965 y 2014, el Banco Mundial comprometió casi US$1.000 millones en 35 proyectos en el sector del aceite de palma, en 12 países de África, América Latina y el sudeste asiático – US$500,6 millones se destinaron a proyectos en Indonesia. Véase Teoh, C. Cuestiones clave de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. Op. Cit. p. 11 76 Rusmana, Y. y E. Listiyorini. «Las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a la India se ven en un récord de demanda». Bloomberg, 4 de febrero de 2018. https://www.bloomberg. com/news/articles/2018-07-20/ripple-effect-of-fifa-world-cup-eggs-getcostlier-in-indonesia (consultado el 18 de julio de 2018). Si bien la evidencia científica muestra que el uso a gran escala de aceite de palma importado en la producción de diesel en la UE no puede justificarse por menores costos de emisión de gases de efecto invernadero, las políticas reales de biocombustibles en la UE fomentan la producción de diesel a base de aceite de palma . Véase Saikkonen, L., Ollikainen, M. y J. Lankoski. «Aceite de palma importado para biocombustibles en la UE: rentabilidad, emisiones de gases de efecto invernadero y efectos en el bienestar social». Biomasa y Bioenergía 68 (2014): 7-23. https://www. sciencedirect.com/science/article/ pii/S0961953414003018 (consultado el 25 de junio de 2018). En el marco de la Estrategia de 2006 sobre biocombustibles de la Unión Europea (UE) y la Directiva de Energía Renovable (RED) de la UE de 2009 y otros sistemas reconocidos por la UE, se ha fomentado el uso de biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles. Desde entonces, el consumo de aceite de palma de la UE para alimentar el transporte ha aumentado significativamente en los últimos años. Véase Transporte y medio ambiente para más datos y cifras sobre la UE y el aceite de palma para el combustible: https://www. transportenvironment.org/what-we-do/biofuels/10-facts (consultado el 1 de julio de 2018). 77 Indonesia Inversiones. Aceite de palma. Op. Cit. 78 Desde la introducción de una ley de la UE para promover los biocombustibles en 2009, el aceite de palma utilizado para fabricar biocombustibles ha aumentado constantemente de 825.000 toneladas en 2008 a 3,9 millones de toneladas en 2017. Ver: Transporte y Medio Ambiente. «Los automovilistas obligados a quemar más selva tropical para cumplir con los objetivos de energía verde de la UE: cifras de 2017». 6 de junio de 2018. https://www.transportenvironment.org/press/motorists-forced-burnmore-rainforest-meet-eu-green-energy-targets-2017-figures (consultado el 28 de junio de 2018). 79 Rainforest Action Network. Las selvas tropicales de Indonesia: biodiversidad y especies en peligro de extinción. https://www.ran.org/indonesia_s_rainforests_biodiversity_and_ endangered_species/ (consultado el 10 de agosto de 2018); Banco Mundial. 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Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit. 87 Lee, J.S.H., et al. «Los impactos ambientales de las empresas de palma aceitera a gran escala exceden los de las pequeñas propiedades en Indonesia». Op. Cit. www.oaklandinstitute.org 19 88 Indonesia Investments. Aceite de palma. Op. Cit.; Bovarnick, A. y S. Newport. «Las multinacionales no pueden prevenir la deforestación del aceite de palma por sí solas». The Guardian, 13 de mayo de 2015. https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2015/may/13/palm-oil-indonesia-collaboration-smallholdersmultinationals-government-ispo (consultado el 10 de agosto de 2018). 89 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. Op. Cit. 90 Li, T.M. «Después del acaparamiento de tierras: violencia de infraestructura y el «sistema mafioso» en las zonas de plantaciones de palma aceitera de Indonesia». Geoforum, 2017; Sirait, M.T. 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MIGA. «Resumen del proyecto. PT Weda Bay Nickel (Indonesia).» https://www.miga.org/pages/ projects/project.aspx?pid=828 (consultado el 20 de julio de 2018). 113 Balaton-Chrimes, S., Macdonald, K. y S. Marshall. Estudio de caso del enfoque de la CAO a la queja de pt Weda Nickel Mine: Barreras a la mediación en un clima de miedo. Investigación de Responsabilidad Corporativa, 2016. 114 Ibíd. 115 Woodman, C. «Papúa Occidental: Cinco hechos sobre la ocupación de Indonesia». Campaña Papúa Occidental Libre, 20 de septiembre de 2017. https://www.freewestpapua. org/2017/09/20/west-papua-five-facts-about-indonesias-occupation/ (consultado el 18 de julio de 2018). 116 Brundige, E. et al. Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control. Allard K. 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126 Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects. worldbank.org/P157599?lang=es (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. «Casi tres millones de indonesios se beneficiarán del proyecto turístico». Op. Cit.
127 Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. Op. Cit.; Véase también: Sheany. «El Banco Mundial estudia ayudar a Indonesia a impulsar el turismo y abordar la pobreza en las zonas costeras». Jakarta Globe, 10 de noviembre de 2017. http://jakartaglobe.id/news/world-bank-studies-help-indonesiaboost-tourism-tackle-poverty-coastal-areas/ (consultado el 18 de julio de 2018).
128 «Indonesia busca cerrar la brecha de US$157 mil millones en el plan de construcción de la nación». The Straits Times, 26 de enero de 2018. https://www.straitstimes.com/asia/ se-asia/indonesia-seeks-to-plug-us157-billion-gap-in-nation-building-plan (consultado el 23 de julio de 2018); Banco Mundial. «La inversión privada en infraestructura en los países en desarrollo mostró signos de recuperación en 2017». 17 de abril de 2018. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/17/privateinvestment-in-infrastructure-in-developing-countries-showed-signs-ofrecovery-in-2017 (consultado el 18 de julio de 2018).
129 «Indonesia prepara grupos de trabajo sobre la facilidad para hacer negocios». The Jakarta Post, 3 de noviembre de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/03/ indonesia-prepares-ease-of-doing-business-task-forces.html (consultado el 18 de julio de 2018).
130 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Jakarta Globe, 2 de mayo de 2017. http://jakartaglobe.id/news/jokowipromotes-ten-new-balis-to-investors-in-hong-kong/ (consultado el 8 de junio de 2018); Rahadiana, R., Kutty Abraham, T., y R. Mathieson. «Indonesia busca inversores para proyectos por valor de cientos de miles de millones». Bloomberg, 16 de octubre de 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-16/ jokowi-roots-for-private-investment-as-freeport-dispute-lingers (consultado el 18 de julio de 2018); Personal de Reuters. «Indonesia promete una mayor flexibilización de las reglas para atraer a los inversores extranjeros». Reuters, 20 de junio de 2017. https://www.reuters. com/article/indonesia-investment-regulation/update-1-indonesiapromises-more-easing-of-rules-to-attract-foreign-investors-idUSL3N1JH3H5 (consultado el 18 de julio de 2018).
131 Indonesia Investments. «Alfombra roja para inversores privados en el sector hotelero de Indonesia». 17 de octubre de 2017. https://www.indonesia-investments. com/news/todays-headlines/red-carpet-for-private-investors-in-indonesias-hospitality-sector/item8289 (consultado el 19 de julio de 2018).
132 Ibíd.
133 Banco Mundial. «El Banco Mundial aprueba un nuevo financiamiento para apoyar el desarrollo de infraestructura en Indonesia». 13 de marzo de 2017. http:// www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/03/13/world-bankapproves-new-financing-to-support-infrastructure-development-acrossindonesia (consultado el 19 de julio de 2018); Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects.worldbank.org/P157599?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018).
134 La Vía Campesina. «La Ley de Adquisición de Tierras y Construcción de Carreteras está dando como resultado el acaparamiento forzoso de casas y tierras campesinas: SPI, Indonesia». 28 de abril de 2018. https://viacampesina.org/en/law-on-landprocurement-highway-construction-is-resulting-in-peasant-houses-andlands-being-forcefully-grabbed-spi-indonesia/ (consultado el 19 de julio de 2018). El Banco Mundial prestó 208 millones a Indonesia para el desarrollo de la infraestructura vial entre 2006 y 2014. Véase: Grupo de Evaluación Independiente. Proyecto estratégico de infraestructura vial. 2015.
135 Ibíd.
136 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Op. Cit.; Salna, K. «¿Como Bali? Indonesia quiere crear 10 de ellos para atraer a turistas chinos». Bloomberg, 19 de octubre de 2017. https:// www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-19/creating-10-new-balisindonesian-tourism-plan-starts-with-china (consultado el 19 de julio de 2018).
137 Geddie, J. y A.S. Lefevre. «Las idílicas islas del sudeste asiático se doblegan bajo la presión del turismo». Reuters, 6 de abril de 2018. https://www.reuters.com/article/usasia-environment-beaches-analysis/southeast-asias-idyllic-islands-buckleunder-tourism-strain-idUSKCN1HD0KL (consultado el 19 de julio de 2018).
138 Banco Mundial. Indonesia – Bali Tourism Project (Inglés). 1974. http:// documents.worldbank.org/curated/en/705041468040578881/IndonesiaBali-Tourism-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali. 1997. http://projects.worldbank.org/P036047/ bali-urban-infrastructure-project?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali (inglés). 2005. http:// documents.worldbank.org/curated/en/625231468258305456/IndonesiaBali-Urban-Infrastructure-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Segundo Proyecto de Desarrollo Urbano de Java Oriental, Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali y Proyecto de Innovaciones Municipales (inglés). 2006. http://documents.worldbank.org/curated/en/794301468283544395/ Indonesia-Second-East-Java-Urban-Development-Project-Bali-UrbanInfrastructure-Project-and-Municipal-Innovations-Project (consultado el 18 de julio de 2018).
139 Benoa Bay, cerca del aeropuerto internacional de Depansar , fue designada como zona de conservación en 2011. Sin embargo , una regulación presidencial, firmada por el ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono justo antes de dejar el cargo en 2014, cambió su estatus. Sobre el proceso de definición de la Bahía de Benoa como un sitio de conservación, ver: De Suryiani, L. «Bahía de Benoa propuesta como Sitio de Conservación del Agua». The Jakarta Post, 5 de septiembre de 2013. http:// www.thejakartapost.com/news/2013/09/05/benoa-bay-proposed-waterconservation-site.html (consultado el 20 de julio de 2018). Sobre el estado cambiante de la bahía y la resistencia de la sociedad civil contra el proyecto de recuperación, ver: Langenheim, J. «Mounting Opposition to Bali Mass Tourism Project». The Guardian, 22 de marzo de 2016. https://www.theguardian.com/environment/ the-coral-triangle/2016/mar/22/mounting-opposition-to-bali-masstourism-project (consultado el 20 de julio de 2018).
140 Fitria, P. «Trouble Brewing in Paradise Over Fate of Bali’s Benoa Bay.» Jakarta Globe, 19 de enero de 2014. http://jakartaglobe.id/news/troublebrewing-in-paradise-over-fate-of-balis-benoa-bay/ (consultado el 26 de julio de 2018).
141 Juniarta, I.W. «El gobierno ordena otro estudio sobre el proyecto de recuperación de la bahía de Benoa «. The Jakarta Post, 23 de febrero de 2017. http://www. thejakartapost.com/news/2017/02/23/government-orders-another-studyinto-benoa-bay-reclamation-project.html; Motoki, C. «Indonesia: la resistencia de lo sagrado en Bali a la «revolución verde» y la industria del turismo». Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales [blog], 29 de abril de 2018. https://wrm. org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/indonesia-the-resistanceof-the-sacred-in-bali-to-the-green-revolution-and-the-tourism-industry/ (consultado el 26 de julio de 2018).
142 Langenheim, J. «Creciente oposición al proyecto de turismo masivo de Bali». Op. Cit.
143 ForBALI. http://www.forbali.org/en/ (consultado el 20 de julio de 2018).
144 Ibíd.; Topsfield, J. y A. Rosa. «El proyecto de islas de $ 3 mil millones para la bahía de Benoa en Bali tiene a los lugareños en armas». The Sidney Morning Herald, 29 de febrero de 2016. https://www.smh.com.au/world/3-billion-islands-project-for-balis-benoabay-has-locals-up-in-arms-20160228-gn5m1p.html (consultado el 26 de julio de 2018).
145 Wicaksono, E., Amir, H., y A. Nugroho. Las fuentes de desigualdad de ingresos en Indonesia: una descomposición de la desigualdad basada en la regresión. Instituto del Banco Asiático de Desarrollo, 2017. https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/229411/adbi-wp667.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
146 Banco Mundial. Poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. 19 de abril de 2013. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity (consultado el 6 de agosto de 2018).
Desconocido del público en Costa Rica hasta su aparición en el equipo de Carlos Alvarado, su breve incursión en el ministerio de Hacienda le dio el impulso que lo llevó a la presidencia de la República.
Como en el caso de Alvarado, una serie de circunstancias –más que el peso mismo del candidato o lo atractivo de sus propuestas– hicieron posible el resultado electoral. El presidente electo no tenía antecedentes políticos conocidos en el país y esto –en las circunstancias actuales– terminó favoreciéndolo.
Pero su historia política no era del todo desconocida. Durante seis años –entre 2013 y 2019– fue el director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Si no me equivoco, la mayor oficina del banco fuera de Washington. Desde allí implementó políticas que podrían ser también impulsadas aquí. No solo eso: esas políticas son parte de una visión del mundo, de una concepción de desarrollo que no fue discutida en campaña.
En las páginas del Banco se puede encontrar estimaciones positivas de esas políticas. En otras páginas hay evaluaciones críticas, aportes a un debate que no deberíamos rehuir.
Traté de buscar antecedentes cuando Chaves apareció en el ministerio de Alvarado. Algo escribí cuando fue designado en Hacienda. Durante la campaña no quise escribir nada. No me sentía representado por ninguna de las candidaturas en la segunda vuelta y expuse mi posición sobre eso en un artículo “En defensa del abstencionismo”.
Pero no dejó de sorprenderme que la candidatura de José María Figueres no hiciera ninguna alusión a las políticas promovidas por su adversario al frente del Banco Mundial en Indonesia. Hay algunos aspectos devastadores, como veremos.
Pensé, al principio, que era resultado de la dirección de una campaña mediocre. Pero después me pareció que no se podía descartar una cercanía a políticas privatizadoras, de promoción de mejores “ambientes de negocios”, cosas así, en las que ambas candidaturas se diferenciaban poco y que me hacían imposible inclinarme por alguna.
Lo cierto es que los grandes temas de campaña fueron el acoso o la corrupción, naturalmente relevantes pero insuficientes para ilustrar un debate entre aspirantes a la presidencia del país.
Escenario electoral
El resultado final es conocido: poco más de 43% de ciudadanos prefirió no participar. Si se les suman los votos blancos y nulos tenemos alrededor de 46% de los electores.
Me parece imposible disociar el crecimiento de ese porcentaje de una cierta desilusión con la política a partir del desarrollo del modelo neoliberal que, desde principios de los años 80, fue demoliendo las bases de un estado social cuya piedra angular –desde mi punto de vista– fue el decreto de nacionalización de los depósitos bancarios de junio de 1948.
Considerando que “las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado”, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca. Una lógica impecable, de la que se derivó la resolución de que “Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público”.
No es casualidad que el primer paso en el camino de las políticas neoliberales haya sido el de la privatización del negocio bancario, con plata de la AID norteamericana. El proceso siguió luego, implacable: la educación, la salud, las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etc… Lo público al servicio de los privados. El país transformado en una enorme alcancía donde los costarricenses echan sus monedas para engordar el chanchito de otros. Esas políticas fueron desdibujando el llamado “bipartidismo”. Uno y otro venían y avanzaban en la misma dirección, con las consecuencias conocidas para la forma de desarrollo del país y para el nivel de vida de las mayorías.
Para los que les gusta poner fecha a las cosas, permítanme sugerir una para el fin del bipartidismo en Costa Rica: el día en que Guido Fernández pasó a integrar el gobierno de Oscar Arias. El triunfo total de ANFE no puede haber pasado desapercibido por Figueres, en su tumba.
No es posible entrar aquí en detalles de ese proceso. El pasado 3 de abril los electores tenían dos opciones: votar por un candidato que no solo había sido parte de ese proceso de descomposición política, sino que se había ido del país para evitar ser preso por acusaciones de cohecho; y otro, del que el gran público desconocía todo…
… Pero no todo era desconocido
Sin antecedentes políticos en el país, volvamos la mirada al mundo político de Rodrigo Chaves: el del Banco Mundial en Indonesia, la oficina a su cargo.
Para dar seguimiento a esto nos parece útil un trabajo bien documentado –Indonesia: the World Bank failed East Asia miracle–, realizado por una fundación norteamericana orientada especialmente a temas ambientales: The Oakland Institute (el texto original, en inglés, puede ser visto aquí: https://www.oaklandinstitute.org/indonesia-world-bank-failed-east-asian-miracle).
No nos vamos a referir a las políticas promovidas por el Banco en Indonesia en los 31 años de la dictadura del general Suharto (1967-1998). Aunque sus consecuencias se extienden hasta hoy, trataremos de referirnos a lo más reciente, relacionado con el período en que Rodrigo Chaves estuvo al frente a la oficina, o a lo que, desde años anteriores, se proyectó sobre ese período.
Lo que sigue son referencias sacadas del texto del Oakland Institute. Ahí se menciona el “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report” donde el Banco destaca el papel de Indonesia como uno de los diez casos más exitosos de reformas económicas orientadas a “mejorar el clima de negocios” y atraer inversiones privadas.
Es el punto de vista optimista del Banco, para quien la aplicación de las políticas neoliberales hicieron de Indonesia un ejemplo de milagro económico en el lejano oriente. Pero el estudio analiza luego las diversas consecuencias de esa política. En la carrera por las reformas y por atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques hasta entonces manejados por la población local, han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, provocando inevitables conflictos sociales, deforestación, desigualdad y pobreza para la vasta población afectada.
Como Costa Rica, Indonesia adoptó las políticas de ajuste estructural en los años 90’s. En 1998 firmó un memorando con el FMI en el que, a cambio de apoyo financiero, debía promover una política de privatizaciones acelerada, de liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras y desregularización de las actividades locales. En 2003, los resultados de esas reformas, promovidas por el BM, desataron protestas en el país. Las imágenes que ilustran el texto son sobrecogedoras.
Entre 2009 y 2017 el Banco prestó o respaldó préstamos por 20,6 mil millones de dólares a Indonesia, 22% de los cuales se destinaron a promover medidas de desregularización en las más diversas áreas, como reducción de impuestos, facilitación de procedimientos administrativos, reformas en la administración de tierras o proyectos de infraestructura comercial, entre otros.
Todo esto puede presentarse como grandes avances modernizadores del país. Algo parecido a lo que ha hecho el actual ministro de Hacienda de la administración Alvarado, que presume de haber puesto “orden” en las finanzas de Costa Rica, como si eso reflejara el resultado exitoso de una administración.
Como consecuencia de estas reformas, Indonesia se adelantó rápidamente en el índice de negocios del Banco Mundial, pasando de la posición 106, en 2016, a la 72, en 2018, transformándose en la mayor economía del sudeste asiático. Supongo que el resultado fue considerado como un gran éxito de las políticas del Banco, precisamente en los años en que Chaves encabezaba la oficina. Un proceso del que es también gran entusiasta el presidente Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014. Widodo creó una Fuerza de Tarea coordinada por el ministro de Economía para promover las reformas. En Costa Rica un proyecto de reforma del Estado podrá estar en manos de una comisión legislativa que el diputado electo Rodrigo Arias ya anunció su interés en presidir, además de promover proyectos de cooperación público-privado mediante el cual avanzar en las privatizaciones.
Pero es evidente –dice el documento del Oakland Institute– que estos “logros” se alcanzaron a expensas de los trabajadores indonesios, de las comunidades indígenas y del ambiente. Un crecimiento destructivo mediante la atracción de inversión extranjera, que descuidó los derechos de los indígenas a la tierra.
En un documento sobre el marco de la cooperación con el país entre 2016 al 2020, el Banco reafirma su papel orientador en la política económica de Indonesia. La transferencia acelerada de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos a manos de empresas que buscan los beneficios corporativos “provocó el masivo desplazamiento de pequeños propietarios y de pueblos indígenas”. En muchos casos eso no se pudo hacer sin el uso de violencia extrema (nuevamente, las fotos que lo exhiben son estremecedoras). Solo en 2011 se registraron más de 600 conflictos por la tierra en Indonesia, con 22 muertos y centenares de heridos. Este proceso fue acelerado por el programa de reforma agraria aprobado en julio del 2018 y financiado por el Banco que, desconociendo el papel de las comunidades indígenas, sistemáticamente minó sus derechos en favor de las corporaciones.
Palma aceitera
Gracias a ese proceso, Indonesia se convirtió en el principal productor de palma aceitera del mundo. Las 6,9 millones de toneladas de aceite de palma que producía en 2000 se convirtieron en 32 millones en 2016. Más de 50% de los recursos dedicados por el Banco para la producción de palma se destinaron a Indonesia. “Solo entre 1995 y 2015 (Chaves asumió la dirección de la oficina en Indonesia en 2013), un promedio de 117 mil hectáreas anuales de bosques –un área mayor que Hong Kong– fue devastada todos los años para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el total del área de las plantaciones de palma aceitera en el país eran de cerca de 14 millones de hectáreas, en 2017. Un área mayor que la de Grecia.
“Las inversiones privadas en palma aceitera son presentadas por las compañías y los funcionarios gubernamentales como una forma de crear empleo y construir carreteras, escuelas y casas. Pero la expansión de grandes plantaciones también amenaza la supervivencia de cerca de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos del bosque para su sustento”. Los responsables de las plantaciones destruyen pequeñas aldeas, campos de arroz, cementerios ubicados en los bordes de sus concesiones, mientras contratan a obreros en zonas lejanas, sin contacto con la población local, para el trabajo en las plantaciones.
Minas
Pero no se trata solo de la palma aceitera. El Banco desempeña también un papel clave en el apoyo de actividades mineras en Indonesia, principalmente mediante operaciones de su International Finance Corporation (IFC) y la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Una actividad que, según el Banco, puede tener un impacto en la reducción de la pobreza.
Las enormes reservas de oro y de cobre son operadas por subsidiarias del gigante minero norteamericano Freeport McMoRan Inc, según el documento del Oakland Institute. Explotaciones que descargan diariamente 200 mil toneladas de productos contaminantes en los ríos. El resultado es que lejos de beneficiar a la población local, lo que fue alguna vez una fuente de alimentos para ellos se transformó en una tierra devastada por la minería. Como ocurre en todas partes y que también en Costa Rica ha provocado un intenso debate.
Turismo
En 2018, cuando preparaban su reunión anual en Bali, el Banco aprobó 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura y el servicio y atraer inversión privada en el sector del turismo.
Pero construir nuevos aeropuertos y expandir el turismo de lujo para compartir la prosperidad con las comunidades locales es otra “falsa promesa”, dice el documento que hemos venido analizando.
Las políticas gubernamentales incluían una amnistía impositiva y eliminación de restricciones para nuevos proyectos de inversionistas extranjeros, incluyendo la expansión de la red nacional de carreteras, mil km de carreteras concesionadas; 3.258 km de nuevas líneas férreas; 15 nuevos aeropuertos (mejorías en otros 10) y 24 puertos marítimos (Indonesia es un archipiélago con más de diez mil islas, de las cuales 922 están habitadas).
La costa fue entregada a inversionistas extranjeros. El Banco apoyó los megaproyectos de desarrollo turístico, provocando nuevos problemas. La construcción de la autopista Batang-Semarang, en Java central, por ejemplo, provocó el apoderamiento de tierras de la población local y el desplazamiento de la comunidad de nueve ciudades, en abril del 2018. Vía Campesina, una organización local, denunció que el ambicioso proyecto de infraestructura del presidente Widodo “había traído miseria para miles de familias campesinas”.
El documento concluye afirmando que la asesoría del Banco para favorecer la inversión extranjera en infraestructura y turismo se basa en la explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia. Pero “el fanatismo de la atracción de inversionistas para la nueva frontera de desarrollo pasa por alto los severos impactos en los medios de vida de los habitantes locales y del ambiente”.
El escenario político
Este es precisamente el debate, en vísperas de que Chaves asuma ahora, no la jefatura de una oficina del BM, sino la presidencia de Costa Rica.
Es razonable pensar que traerá las mismas recetas al país. Si es así (y conociendo los resultados de su aplicación en Indonesia y en el mundo, donde los años del neoliberalismo han llevado las tensiones y las desigualdades a niveles nunca vistos), también es razonable que sectores importantes de la sociedad se opongan a su aplicación.
Chaves no ganó las elecciones con este proyecto de gobierno. Como sabemos, los programas presentados en las elecciones no solo pecan de vaguedades, sino que son, en gran medida, una formalidad para cumplir con los requisitos electorales.
Pero el futuro gobierno cuenta con amplio apoyo en la asamblea para este tipo de políticas. Con Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea tendría una palanca importante para avanzar sobre la institucionalidad y las empresas públicas que todavía resisten los intentos privatizadores. Una persistente y abusiva campaña sobre abusos del sector público (que deben ser corregidos) ha sido orientada a minar todo apoyo a esa institucionalidad , sin que sectores importantes de la población alcancen a ver el objetivo de esa campaña. Y que los sectores que la adversamos no hemos sido capaces de explicarlo claramente.
Este será el escenario de los próximos cuatro años y la debida discusión de esas políticas es indispensable para que podamos enfrentar los esfuerzos privatizadores que la alianza Arias-Chaves (a la que se sumarán otras fracciones) impulsará en los próximos cuatro años.
Publicado por Edison Valverde el 4 de abril, 2022 / caminantedelsur.com
ABYA YALA-CR-Buen Vivir
Estamos sintonizados en el buen vivir de América Latina.
Carlos Manuel Muñoz. Buen Vivir Costa Rica
Con la participación de los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México y el estado de Oregón de EUA, se llevó a cabo el primer Encuentro Virtual Latinoamericano Alternativas al Desarrollo Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil, Inti Watana, el pasado 2 de abril. La gran pregunta a responder fue, ¿qué hacer ante el modelo neoliberal?, donde entre otras cosas éste representa: a) un desafío para América Latina, b) el hecho de que no hemos podido aún construir un sistema político diferente, c) es necesario encontrar modelos alternativos en la educación, d) Titulitis, los títulos universitarios también deben de servir a los pueblos y e) gran parte de la humanidad no sabe cómo llegar al Desarrollo, solo somos guiados por la gran campaña mediática, en realidad la ruta es desconocida. Palabras de los países participantes. Argentina, por su parte, expuso sus observaciones acerca de las personas que viven en la calle, donde dejan ver que una de las formas de lograr esto es conseguir un trabajo decente, no obstante, a su vez, hacen la observación de que las decisiones políticas tomadas desde el psicoanálisis, desde los profesionales en psicoanálisis, tomadas desde un lugar burgués, son muy cómodas y no representan la realidad del día a día. Recomiendan ver el documental “Sueños en Cine.ar”. También el espacio fue aprovechado para conmemorar los 40 años de la invasión a Las Malvinas., donde recuerdan que Las Malvinas están colonizadas por Inglaterra, pero son Argentinas. Relataron como antes de la invasión en las Malvinas existían pueblos originarios, pobladores de esta tierra desde tiempos ancestrales. Invitaron a su vez, a redescubrir en Latinoamérica nuestras raíces africanas. Por otra parte, explicaron la necesidad de hablar de diversidad de los pueblos, como por ejemplo: Pueblo Aymara, Pueblo Maya, etc., la necesidad de identificar a cada pueblo por su nombre, fomentando así la diversidad de los pueblos latinoamericanos. A su vez, hicieron homenaje a los jóvenes argentinos caídos en Las Malvinas. Bolivia, hizo énfasis en que la comunicación en nuestros pueblos ha sido tradicionalmente con instrumentos, con música, dialogando con la naturaleza. La flauta Sicu, por ejemplo, tiene su alma, tiene su ajay. Hoy, -explicaban-, hay egoísmo, ambición, en las comunidades antes no existía el pensamiento de acumular, no era necesario el dinero. Comentaron que, en los procesos de construcción comunitaria bolivianos, muchos de los espacios como resultado de estos procesos, han sido ocupados por mujeres. Lo que significa que se puede construir unidad en la diversidad, lograr una integración natural. El teatro y la música son herramientas para utilizarlas en la educación, recomendaron. Un proyecto, situado en las orillas del Lago Titicaca se fundamenta en las temáticas de: agua, soberanía alimentaria, saberes ancestrales, cambio climático, denominado también Casa Cultural, expone resultados de cómo integrar estas áreas, ejemplo que se puede aplicar a nivel latinoamericano. Bolivia, a su vez, expuso que las organizaciones de la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil deberían entre otras cosas:
a) Afianzar los lazos de unidad en todo el continente. Fortalecer la Escuela Latinoamericana. Seguir llevando a cabo encuentros.
b) Compartir visiones y experiencias. Compartir investigaciones que se realizan en los diferentes países.
c) Practicar alternativas en común. Relacionamiento con la Madre Tierra. Seguir hablando de lo que es el Vivir Bien. Llevar a cabo conversatorios en la línea de las prácticas emancipadoras.
d) En Bolivia la alternativa al desarrollo es Vivir Bien/Suma Qamaña.
e) Invitan a escuchar la canción desde el medio YouTube,”Suma Qamaña”.
Colombia, por su parte, invitó a utilizar la expresión “Ubuntu”, expresión africana que significa “soy cuando somos”. Expuso que una gran alternativa al desarrollo es la comunicación comunitaria a partir del liderazgo juvenil, que logre amor por la comunidad. Invitan a ver el video elaborado por jóvenes “Juicio al Desarrollo”, que se encuentra en YouTube. Presentaron el proyecto “Voz y sabor”, proyecto de café que además de producir café introduce la historia del café, de modo que se cuenta la historia del campesino, llevando a cabo así una producción con identidad. También invitaron a la acción de una pedagogía emancipadora, que se inicia en el momento en que se pasa de ser espectadores a ser participantes activos de nuestras comunidades. Donde entre otras cosas, una muy importante es reconocer que toda persona tiene algo que contar y narrar. Comentaron también el hecho de que hoy en Colombia existe la esperanza de que el pueblo organizado desde sus comunidades pueda llegar al poder. Costa Rica, hizo su introducción recordando el próximo encuentro de poetas a realizarse el 10 de abril, en el cantón de Mora, encuentro que organiza la Sociedad Juglar Pacacua. Comentó que en Costa Rica el Buen Vivir está trabajando en la construcción del sentido de comunidad, de comunidades, en la defensa de la Madre Tierra y en la organización nacional de Buen Vivir Costa Rica. Hizo hincapié en que todos los países latinoamericanos nos podemos unir en dos temas prácticos: agua y agricultura. Además, hizo la observación de que es muy importante el proceso de construcción latinoamericana, “es muy importante que se visibilice lo que se está haciendo”. México, por su parte, presentó que la alimentación desde y con la comunidad. Es una de las grandes alternativas: la Alimentación Comunitaria. Dejó en claro que la globalización, posee entre otras cuestiones negativas:
a) Patrones insostenibles de producción y de consumo.
b) Patrones patriarcales.
c) Sistemas de dependencia de la producción de alimentos que administran y poseen unos cuantos.
Hizo hincapié en la necesidad de cambiar el término de basura, deshecho, de residuo, por reutilización, debido a que el concepto de basura justifica seguir produciéndola dentro de un sistema dedicado a la explotación y uso sin medida. México, de tal forma, hizo énfasis en que “la Alimentación es reivindicatoria”. Se presentó el ejemplo de la Comunidad de Soxasché, en México, donde desde un proceso comunitario elaboraron un Recetario de Comidas Tradicionales, lo que implica una defensa y avance para su cultura. Brasil, inició su exposición con la pregunta ¿Desarrollo para quién?, dentro de las alternativas al desarrollo neoliberal plantearon:
a) Una gestión creativa y respetuosa del agua.
b) Agroecología, producción local y nativa.
c) Soberanía alimentaria. Ejemplo, el Movimiento sin tierra en Brasil, donde hacen énfasis en que no podemos ser aculturados de los alimentos.
d) Los comestibles ultra-procesados de azúcar y grasas, son grandes negocios donde se negocia la salud.
e) Un cambio profundo en la educación (no solo la popularización del acceso a la educación, como lo hecho en Brasil), sino una educación de valores. Como explicaba Pablo Freire, desde su pedagogía crítica, agregar algo más fuerte, una construcción de una cultura de valores latinoamericana.
f) Libertar oprimidos de opresores, y así libertar los opresores. Valores para la vida, porque si no continuaríamos promoviendo el individualismo.
Oregón / EUA, expusieron cómo desde la tecnología se construyen máquinas de guerra ideológica para controlar la comunicación y la información. Recomiendan, ante esto, la necesidad de organizar grupos para hacer fábricas de contenidos latinoamericanos con discursos emancipadores. Recomiendan la lectura de los escritos del escritor latinoamericano Fernando Buen Abad. Cierre Finalmente, como cierre del Encuentro, se llegó al sentimiento de que estamos unidos en nuestro continente, de Ubuntu en nuestra América, de que en lo que sentimos y hacemos somos una sola acción esperanzadora. Elaborado por Rosario de Naranjo, 4 de abril de 2022.
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)
Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.
En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.
Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.
Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.
Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.
Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.
No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.
En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.
La palabra “progre” se ha desvirtuado en los últimos 8 años, en parte gracias a un gobierno que ha demostrado ser uno que utiliza el poder para servir a ciertos intereses particulares y que olvida o ignora en la práctica la verdadera interpretación del progresismo. No solo con las propuestas absolutamente inconstitucionales y regresivas que promueve, como el Plan Fiscal y la ley anti-huelgas, sino también colocando a personas cuestionables en su gabinete, como André Garnier y Rodrigo Chaves. También desoyendo a los sectores que a gritos piden auxilio; líderes indígenas asesinados, cada vez más mujeres víctimas de violencia de género, etc. Este gobierno particularmente ha sido nefasto y regresivo en lo que concierne a la institucionalidad costarricense, sin embargo, se hacen llamar progresistas, y orgullosamente ponen una vez al año la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial.
El “progresismo” que se ha acuñado en el país en los últimos 8 años es un progresismo burgués, y no de clase. No representa en muchas medida una propuesta disruptiva al sistema imperante, al contrario, se acomoda con los grandes intereses de quienes dirigen al país, dueños de una que otra empresa, y de uno que otro medio de comunicación.
Los últimos 2 gobiernos han evidenciado el decaimiento de un proyecto alternativo (para la derecha), en el cual se ha ido desenmascarando quienes manejan los hilos del poder, las mismas personas que lo tomaron hace más o menos 40 años, por allá del primer gobierno de Oscar Arias. Como persona joven creo en la institucionalidad de este país, estoy convencido de que hay que defenderla y que es rescatable. Es por lo anterior que en las siguientes líneas expreso algunas opiniones e ideas que pienso ayudar a defender un progresismo real, que tan desvirtuado y desfigurado ha quedado luego de la carnicería con que ha hecho en PAC con ese término por 8 dolorosos años para este país.
Creo que es importante trascender la discusión del posicionamiento ideológico, que es a veces trasnochada, al igual que los resentimientos, bien fundados o no, que restan a la discusión del por quién votar este 6 de febrero. Con respecto a esa discusión trasnochada, el Frente Amplio no es un partido comunista y no pienso que deba haber discusión al respecto, ya que es algo muy evidente. Sin embargo, considero que el FA representa en gran medida un progresismo disruptivo contra el conservadurismo moralista que ejerce una violencia leonina, no solo sobre la juventud, sino también sobre las personas sexualmente diversas y las mujeres. La imposición de una clase sobre otra, de quienes tienen derecho y quienes no tienen tanto o no tienen ninguno siempre es violenta. Encontrar un espacio que unifique las luchas de quienes no tienen derecho, con una agenda que a su vez sea progresista y realista es un reto grande en estas elecciones. Hay muchos (25) que dicen tener la respuesta, analizando no sólo las principales propuestas, sino también la historia reciente de esas 25 figuras y lo que han aportado (o no) al país, es muy evidente que el FA destaca como una opción que en sus inicios estaba al frente de las demandas justas de la mayoría y en defensa de la institucionalidad. Conforme ha crecido ese partido y ha perdido claridad ideológica se ha separado, si bien no de todas esas luchas, de quienes hacen esas demandas, de la gente. Hoy en FA se presenta como una opción moderada de centro izquierda en lo económico, más a la derecha que cuando inició, pero con la bandera del progresismo como norte fijo.
Pienso que el “progresismo” puede estar jugando el mismo papel que jugó la socialdemocracia en el desmantelamiento de la propuesta socialista durante la Guerra Fría, un amortiguador que encauce dentro del sistema capitalista burgués las necesidades de quienes a él protestan. Sin embargo, existe en el progresismo una fuerza disruptiva contra el moralismo y el conservadurismo imperante, lo cual es indiscutible, al menos en un verdadero progresismo. Esta última idea me da cuerda para la siguiente, un partido de izquierda no es necesariamente progresista, y el progresismo no es necesariamente de izquierda cuando se lleva junto con una agenda compartida con un modelo económico que atenta contra el derecho, y los derechos, de la mayoría. La frase mal usada de “vivimos en un Estado social de derecho” pierde su significado cuando en la práctica sólo algunas personas tienen derecho, y estas viven en el mismo territorio, pero en un Estado sin derecho.
Como persona joven, resulta muy seductora la idea del progresismo como oposición a ese conservadurismo moralista, o incluso la marginalidad de la izquierda “tradicional” y sus luchas del siglo pasado, las cuales fueron y son justas. Al mismo fin se puede llegar por varios medios, sin embargo, no todos son los correctos, es por esto que considero importante preguntarse si es efectivamente el progresismo una propuesta alternativa al modelo neoliberal.
Hace algún tiempo me preguntaron políticamente cómo me identifico, no supe dar una respuesta clara en el momento. Quisiera encontrar la respuesta a esa pregunta en una frase de José Martí que escuché en una reunión familiar y luego leí en un libro de sus poemas: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Efectivamente, el progresismo real debe buscar devolverle los derechos a quienes los han perdido, y a quienes nunca los han tenido en el contexto del modelo explotador que ha reinado en Costa Rica desde hace 40 años. Paradójicamente el progresismo debe reconquistar las luchas que se dieron en otro tiempo y adaptarlas a los tiempos actuales, además claro, de ser la vanguardia en los nuevos espacios de lucha que abran. Cada derrota abre un nuevo espacio de lucha.
Una izquierda progresista debe necesariamente entender que existe una realidad en la cual no es justo equiparar los “problemas” pequeños burgueses con las contradicciones de clase. Ejemplifico, darles una vida digna a las mascotas otorgándoles derechos es una excelente propuesta, muy bonita, y a la cual es imposible oponerse, no obstante, se vuelve intrascendente cuando se compara con que hay realidades de personas que tienen una vida precaria, niños que no pueden comer más de una vez al día por ejemplo. Una agenda realmente progresista entiende que, el que existan perros callejeros pierde relevancia cuando se equipara con que hay niños en condición de calle, sin acceso a educación y comiendo una vez al día. A la hora de asignar recursos a una problemática, es claro que no debe haber discusión, ahora, proponer dar una vida digna a todas las personas del país suena comunista, legislar sobre los derechos de los animales suena progresista. Ambas propuestas están en el Plan de Gobierno del FA, son dos de los 25 ejes de trabajo que se desarrollan.
Los problemas que atiende una agenda realmente progresista son angulares en el juego de fuerzas que debe existir en el sano desarrollo de la democracia de un país. El Frente Amplio ha sido en la primera década de este siglo quien ha defendido, al menos en la AL, esta agenda realmente progresista. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, y en las grandes luchas y conquistas sociales, quien ha llevado la batuta de ser una fuerza antagónica a los intereses de la oligarquía nacional (y lobby extranjero), en pro de las grandes masas ha sido el Partido Comunista. Un verdadero salvavidas en el mar de los intereses personales y transnacionales que amenazan con ahogar al país, como ha ocurrido en otras latitudes. Tan trascendental fue el Partido Comunista que luego de la firma de La Paz, se ilegalizó por 25 años la existencia de una formación electoral comunista, y se ordenó la ejecución de cualquier dirigente comunista que se postule en cualquier puesto de elección, obligando a muchos a esconderse por la persecución y a otros, como María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Manuel Mora V. a vivir en el exilio. El autor de tan deshonorable y sangrienta traición es hoy conmemorado como un “héroe de la paz”. Tan hondo ha calado la herida a la democracia sobre la que se constituyó la Segunda República que todavía hoy, 47 años después de que se le permitirá a los comunistas inscribirse otra vez en las elecciones, hay una campaña de acoso permanente a cualquier agrupación que se haga llamar de izquierda. En el 2014 fue tan masiva esa campaña que se logró desplazar del primer lugar en las encuestas a José M. Villalta al tercero, llegando a una segunda ronda entre un falso progresismo y un fanático religioso, cuya única propuesta era limitar aún mas los derechos de las personas homosexuales.
Quienes financian estas campañas anticomunistas, de partidos que no son comunistas como el FA, son los mismos que desarrollaron el referéndum del miedo en el TLC, que propusieron y aprobaron el COMBO ICE y que en esta administración aprobaron el inconstitucional y desastroso COMBO Fiscal, si no las mismas personas, al menos los mismos intereses. El Frente Amplio resalta en el radar de esos grupos de poder, y se ven amenazados hasta el punto en el cual se ven obligados a desplegar sus artilugios mediáticos y comenzar con el bombardeo de desinformación que los caracteriza. Cuba y Venezuela es lo que siempre suena rimbombante, comunistas y vividores del Estado también dicen. FA rechaza verse ligado a cualquier país de izquierda y se aleja de ser llamados comunistas, más allá de una traición a los principios de la izquierda tradicional, de los cuales los jóvenes no estamos tan anuentes, esta parece ser una estrategia electorera. En el contexto de las elecciones esto puede ser entendible, hasta que no se puede tomar una postura clara en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo hotelero en Guanacaste, donde al menos para mí, defender una postura correcta y concreta, por más incómoda que parezca, es lo esperable. Aun cuando no se hace, llueven los ataques por todos frentes, y se extienden el tiempo que el dinero pueda comprar.
Trascendiendo esa discusión, que más que incómoda es cansada, el FA tiene sin lugar a dudas un plan de gobierno más completo y realmente progresista. Esto demuestra seriedad y capacidad, al menos discursiva, para gobernar y legislar. Es esperable de una agrupación que se auto percibe de izquierda, que realice un trabajo de acompañamiento permanente a quienes encuentra en esa agrupación un espacio para atrincherarse contra quienes hace 4 décadas pretenden hacer del Estado y de la institucionalidad una piedra en el zapato del “desarrollo”. El FA ha perdido gran parte de esa vocación, y es justo esperar que la retomen y la fortalezcan en los próximos meses y años.
En el contexto electoral en el que estamos, pienso que las personas jóvenes debemos apostarle a un proyecto verdaderamente progresista, y no dejarnos seducir por falsos progresismos ni idealismos. El FA se ha alejado mucho de las comunidades, y eso es percibible de lejos, quisiera achacar esto a la falta de experiencia, y no de voluntad o de lectura dialéctica. Espero que la curva de aprendizaje que han tenido como partido les permita volver a acercarse a esas sensibilidades que su fundador, José Merino, supo leer muy bien. Yo personalmente encuentro en el Frente Amplio un espacio con una gran capacidad de mejora, con personas muy capaces y muy bien intencionadas, lo cual se evidencia en el trabajo de único legislador y en las propuestas plasmadas en su plan de gobierno. Del FA es esperable que le haga honor a su nombre y se constituya como un verdadero Frente que tenga la amplitud para aglutinar a diferentes sectores y sensibilidades, con un progresismo real no como único norte, sino también una lectura dialéctica de la realidad y la lucha permanente de clase, que no sea una continuación del engaño PAC, sino una verdadera alternativa disruptiva al modelo neoliberal despojador de derechos.
Se dice que la fuerza hace el derecho, sin embargo, considero que en el tema del progresismo real, es prudente darle la vuelta a esta afirmación y decir que el derecho debe hacer la fuerza. En esta última premisa se condensa muy bien el tipo de progresismo que la izquierda debe promulgar y defender.
Mi esperanza, y espero que también la de una juventud analítica y crítica, cansada de los políticos tradicionales y de los discursos camuflados de progresismo falso, está en que alguna fuerza social atienda los intereses de quienes viven en este Estado sin derecho. También pongo mi esperanza en que de nuevo, una agrupación política pueda frenar las embestidas que tanto han desangrado al movimiento social y a quienes lo integran, personas trabajadoras. En un progresismo que sea congruente con las luchas de clase, y que esté de lado de quienes menos tienen. Espero que pronto exista de nuevo una agrupación sensible no solo cada 4 años, sino permanentemente todos los días del año y a todas las luchas justas.
En estas fiestas de fin de año no seguí el consejo de la película “No mirar arriba” cuando dice que hay que dejar de leer y ver “noticias de mierda” (el lenguaje es de la película).
El diario La Nación publica en esos días dos artículos (iba a escribir informaciones, pero luego me arrepentí porque podría ser un atrevimiento). La primera es acerca de un estudio que realiza el economista Andrés Fernández, del grupo la Academia sobre la desigualdad en Costa Rica y el segundo una respuesta de la Caja al ministro de Hacienda. Ambos llaman la atención.
Sobre la desigualdad se recuerda que, según datos del Banco Mundial de 99 naciones, Costa Rica está entre los primeros 10 más desiguales y ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos de los países de la OCDE. No son informaciones que nos enorgullezca como país; es una vergüenza que señala el fracaso del modelo neoliberal.
El estudio del señor Fernández se reduce a estudiar la desigualdad únicamente entre los salarios de los trabajadores y concluye que la pandemia ha aumentado esa desigualdad, o sea, hizo más amplia la brecha salarial entre trabajadores. Pero lo interesante, dice el investigador, es que no fue porque los que ganaban más se hicieron más ricos y los que reciben salarios más bajos más pobres, sino que TODOS los trabajadores recibieron MENOS SALARIOS medios, sea todos se empobrecieron un poco; es decir, todos perdieron, solo que los más pobres perdieron más.
El estudio concluye, como era de esperar, que se debe reducir más los salarios de los empleados públicos, aprobar la ley de empleo público y reducir las cargas sociales. Por supuesto, no habla de un fuerte aumento salarial para todos los trabajadores y con mayor monto para los trabajadores más pobres, sino que la receta es nivelar para abajo, empobrecer más a las capas medias y con ello aumentar, de manera general, la desigualdad social. La medicina que sugieren es peor que la enfermedad porque las cargas sociales proponen quitarlas a los empresarios y fijar un impuesto general sobre toda la población, especialmente -con toda probabilidad- sobre los trabajadores.
El ingreso por el trabajo, los salarios, son solo una parte de todo el problema de la desigualdad social que aqueja a nuestra sociedad de manera crítica. Pero como se observa, también en el campo salarial estamos retrocediendo en cuanto a disminuir la brecha. Si esta tendencia la ubicamos con relación a TODOS los ingresos (salarios, beneficios, ganancias de capital, renta, etc.), se llega a la conclusión de que el país camina a ser un país cada vez más desigualdad de que ya es y no hacia su reducción o acortamiento.
La lucha contra la desigualdad es muy diversa porque abarca desde la reforma de un sistema tributario regresivo, cerrar portillos legales a la evasión y elusión, reducir el papel monopólico de nuestra economía, eliminar subvenciones ocultas y exenciones odiosas, aumentar salarios y apoyar fuertemente a los sectores más desposeídos. Como se ve hay que tocar algunos puntales del actual régimen para redistribuir la riqueza. Y eso requiere voluntad política y decisión, difícil de encontrar en esta campaña electoral.
La otra noticia recoge la respuesta de la Caja al ministro de Hacienda, quien tiene una campaña para desmantelarla aduciendo cifras equivocadas. De la información se desprende que durante esta administración Alvarado, el Gobierno de lo que ha presupuestado como trasferencias corrientes a la Caja, solo ha cumplido con el 50%, es decir que la deuda del Gobierno con la Caja aumenta cada año en ¢250.000 millones. El menos indicado para criticar las finanzas de la Caja es Villegas porque no honra sus compromisos. Primero páguele a la Caja y después critíquela.
Pero La Nación como está en lo suyo, en no descansar ni en las fiestas de fin y principio de año en atacar a los empleados públicos titula: “Gobierno gasta más en pensiones de funcionarios públicos que en IVM…”, ignorando que esas pensiones salen del presupuesto nacional porque no crearon el fondo de pensiones que correspondía y como si los funcionarios públicos fueren los responsables de los impagos del Gobierno. La Caja simplemente le contesta a Villegas que el gobierno paga ¢900.000 millones en pensiones, pero ¢2,2 billones en intereses de la deuda.
Efectivamente dos noticias realmente de mierda: crece la desigualdad de los trabajadores porque todos se han hecho más pobres durante la pandemia y el Gobierno se escuda en los empleados públicos para no pagarle a la Caja.
El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.
En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.
El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.
El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.
Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.
La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.
Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.
El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.
Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.
Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.
El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).
El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.
La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.
Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.
Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:
Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.
Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.
Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.
Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.
Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.
Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.
Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.
Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.
Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.
La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.
Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.
Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.
Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.
Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.
En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.
Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.
El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.
