Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
La Universidad de Costa Rica y FRENASAPP le invitan a la presentación: “Luchas comunitarias en el Caribe frente a los monocultivos”; la misma se llevará a cabo el próximo sábado 13 de noviembre a las 9:30 a.m. Se realizará un recorrido por la historia de FRENASAPP y las personas defensoras del ecosistema.
La sesión se desarrollará de manera virtual vía Zoom y la transmisión se realizará por Facebook Live en la página TCU Dialogando el presente.
El pasado 04 de septiembre se realizó la: ¡Caravana por la tierra! Contra el extractivismo y la represión.
La actividad se organizó ante las amenazas de la explotación-exploración petrolera, la minería, apertura del mercado eléctrico que implicaría más represas hidroeléctricas en los ríos, pesca de arrastre, monocultivos-agrotóxicos, y tantas otras estrategias de despojo-saqueo de la tierra y los pueblos.
Articulados en el Plan Puebla-Panamá que busca facilitar la extracción de recursos para sostener la explotación-dominación en la región, así como la acumulación en pocas manos.
Por la constante represión a quienes defienden la tierra y luchan por una vida digna.
Jornada internacional contra el capitalismo extractivista y por la libertad.
El programa Kiosco Socio-ambientales de la Universidad de Costa Rica transmitió la conferencia inaugural del curso Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica.
La conferencia fue realizada por el Dr. Andrés León, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, quien abordó la temática “Perspectivas históricas de los monocultivos”.
Dentro de las temáticas presentadas está el fetichismo, la circulación y el control de los monocultivos.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Bajo el curso “Disputas Territoriales y socioambientales en Costa Rica: el caso de los monocultivos” del Programa Kioscos Socioambientales se desarrolló la Lección Inaugural 2021 del programa.
La conferencia abarcó el tema: Metabolismo social agrario en Costa Rica entre principios del siglo XX y la actualidad. El espacio fue desarrollado por el Dr. Goebel, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), del Programa de Investigación en Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Además, es director del Programa Posgrado en Historia y Profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.
Si desea observar esta conferencia puede visitar el siguiente enlace:
Área de Conservación Tortuguero; programa de educación ambiental
Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.
Los humedales:
Son ecosistemas muy heterogéneos y grandes reservorios de biodiversidad. Todos los humedales tienen un efecto de “esponja”, es decir, que proveen un servicio de mitigación de inundaciones al absorber el agua, lo que impide que se inunden las ciudades que están aguas abajo. Las modificaciones que estamos viendo, los incendios o los grandes monocultivos y la ganadería reducen esta capacidad de mitigación.
Los humedales son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
Estos ecosistemas son vitales para la supervivencia humana, ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias. Sin embargo, están amenazados por actividades como la ganadería, los monocultivos, los proyectos inmobiliarios y la minería.
Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.
En Costa Rica tenemos un marco legal muy endeble para su protección. Es urgente que una LEY DE HUMEDALES incluya un inventario a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan destruyendo y que agregue la figura penal del DELITO ECOLÓGICO para quienes cometan este crimen ambiental.
Compartimos la siguiente información de FECON, la cual fue publicada en la página de Facebook de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.
Piña, algodón, sorgo, palma y caña hacen uso excesivo del agua y han llegado a secar el río.
Extraen 1850 litros por segundo en concesiones de agua del puente de la interamericana hacia abajo
Sistemas de riego por aspersión en sorgo, Chomes.
Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas (11/2020). El proyecto Diagnóstico hidrocomunitario para la protección del ambiente en las cuencas bajas de los ríos Guacimal, Lagarto y Abangares, cantón Central de Puntarenas, que ha desarrollado el Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, ha analizado mediante el desarrollo de cartografías, el estado actual de los monocultivos circundantes a la comunidad de Chomes.
Entre las principales amenazas para el ambiente percibidas por miembros de las organizaciones comunales del distrito de Chomes en el 2019, se encontraron los monocultivos de piña, caña y palma, especialmente impactantes en cuanto al uso intensivo de agroquímicos.
Las piñeras
Entre los ríos Guacimal y Sardinal se cartografió una extensión de 583 hectáreas de cultivo de piña. La mayor área del sembradío tiene su vertiente hacia el río Guacimal, que desemboca en el estero de Chomes. Este cultivo se empezó a establecer desde el año 2008 (Brenes, 2008).
Cartografía por CICDE-UNED.
Palma africana
Hacia el sector de Orocú de Chomes se señaló el uso de fumigaciones aéreas en los cultivos de palma africana. Este sembradío reciente apareció en la zona hace unos siete años, abarcando 130 hectáreas actualmente, según muestra el estudio del CICDE.
Según los estudios agronómicos, la palma africana se caracteriza por necesitar suficiente consumo de agua para poder desarrollar una adecuada sexualidad para producir los racimos que se derivan en producción aceitera (Mejía, 2000).
Cartografía por CICDE-UNED.
El sorgo y el algodón
Ubicado entre Chomes y San Agustín, el área de sorgo se determinó en 492 hectáreas, sustituyendo al cultivo de piña, que fue abandonado por la Standard Fruit Company hace seis años en Chomes, según los testimonios locales. Cabe resaltar que el área de sorgo ha sido utilizada también para cultivo de algodón, en una especie de uso experimental por parte de la empresa D&PL-Monsanto.
Cartografía por CICDE-UNED.
Los cañales
Son el monocultivo más tradicional. El área cartografiada en las periferias del poblado de Chomes abarcó 1 128 hectáreas. Sin embargo, su presencia se extiende hasta Barranca por toda la Hacienda El Palmar. La comunidad de Chomes señaló en 2019 el impacto de las quemas de caña como una problemática para la salud pública y el bienestar local.
Consumo de agroquímicos
Si bien se carece de estudios públicos que expongan datos de consumo de agroquímicos en estos monocultivos establecidos en la zona, se puede extrapolar el dato suministrado por World Resources, que señaló a Costa Rica como el primer consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51 kg por hectárea (FAO, 2011).
En el área mapeada alrededor de Chomes hay un total de 2 333 hectáreas de monocultivos. Todo el volumen de estos agroquímicos que se utilizan en estas actividades discurre hacia el acuífero de Chomes o en los caudales superficiales que van a dar al manglar de Chomes, donde se reproduce la gran mayoría de especies habitantes del golfo de Nicoya. La afectación sobre los ecosistemas acuáticos y costeros es aún incalculada.
Sobre-explotación de agua
Todos los cultivos son abastecidos principalmente mediante de concesiones de agua superficial del río Guacimal. Según consta en la base de datos de la Dirección de Aguas (2020), al río Guacimal se le extraen 1850 litros por segundo (l/s) aguas abajo del puente sobre la carretera interamericana.
Dos concesiones de 350 l/s son directamente bombeadas al área de la piñera. Mientras que 800 l/s son trasvasados hacia las haciendas en la parte baja. En el sector de San Agustín, la Compañía Ganadera de Guacimal LTDA capta otros 350 l/s, en lo que corresponde ya a un sector de cultivos de sorgo y caña.
La concesión de 800 l/s abastece el sistema de canales para el cultivo de sorgo (y algodón), Además, con ese gran caudal concesionado se beneficia el área cultivada de palma africana.
Cabe destacar también, que el río Guacimal presentó su mínimo aforo histórico, 700 m aguas arriba del puente de Guacimal con 1010 litros por segundo en 2009, un año en que se registró el fenómeno del Niño, habiendo sido por mucho menor a los 1500 l/s concesionados poco más de un km aguas abajo del sitio.
En 2016, el río fue reportado seco a la altura de San Agustín (Villalobos, 2017), demostrándose que el volumen de las concesiones de agua sobre el río Guacimal es ambientalmente insostenible, pues cada año lo reducen al mínimo o lo llegan a secar, como se observa cada estación seca.
Dirección de Aguas (2020) Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos SINIGIRH. Revisado en línea, octubre del 2020.
FAO (2011). Costa Rica: Número uno del mundo en uso de agroquímicos. Revisado en Mejía, Julián. (2000). Consumo de agua por la palma de aceite y efectos del riego sobre la producción de racimos, una revisión de literatura. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). Revisado en línea: https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/download/726/726
Villalobos, Dany. (2017). Experiencias comunitarias en defensa del agua en distritos rurales de Puntarenas. Revista Rupturas 8 (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. ISSN 2215-2466.
SURCOS recibió el siguiente documento con la comparecencia de la Red de Mujeres Rurales ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa realizada el 10 de noviembre del 2020.
Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. La situación de pandemia nos obliga a comunicarnos de esta manera.
En primer lugar queremos decir para analizar el Proyecto de Ley y para emitir nuestro criterio, partimos de nuestra realidad, de la vivencia en los territorios, que nos permite como mujeres de diversas comunidades tener conocimiento, saberes ancestrales sobre la alimentación, el uso de plantas medicinales, el cultivo de nuestra semilla criolla, local, nativa o campesina, que tenemos una espiritualidad que se vincula a nuestra forma de vida, y que tenemos formas de expresión que definen nuestra identidad.
También tenemos consciencia que somos parte importante de este país, que mucho se sustenta en el trabajo que realizamos y el producto que obtenemos.
También somos conscientes que desde muchos lados se desprecia nuestro trabajo, y se invisibiliza nuestro aporte como mujeres indígenas y campesinas. Aporte que se da no solo en la producción de bienes materiales, sino en la preservación de saberes, con nuestras luchas cotidianas y en la dignidad de nuestras comunidades.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Queremos decir y recordar que la Naturaleza es diversa, pero esa diversidad se está perdiendo rápidamente, dejando al planeta en un gran desequilibrio que está causando desastre de muchos tipos.
La mayor y más fuerte explotación de la tierra, el desarrollo de una productividad que no es sostenible, con más monocultivos, con uso de más pesticidas y semillas alteradas, no naturales, intensifica este desequilibrio. Esto le debe preocupar a toda la población, pero sobre todo a ustedes que están tomando decisiones que van a afectar el futuro próximo de la producción de alimentos, y también el futuro lejano.
Quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder. Podemos decir que hacer leyes que provoquen la concentración de las semillas es al mismo tiempo quitar el acceso a las semillas de la mayoría y por lo tanto atenta contra la democracia.
El control de las simillas afectará la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida de las personas. La diversidad de semillas es fundamental en el equilibrio de la Naturaleza, en la diversidad de alimentos, en la resistencia a los cambios climáticos y es fundamental para prevenir el hambre.
Si las semillas campesinas son restringidas se pierden; si no se pueden vender no se van a sembrar igual y si no se siembran se extinguen. Nuestra responsabilidad, en este momento de tanta crisis y destrucción, la responsabilidad de nosotras es reproducir todo lo que se pueda las semillas, todo tipo de semillas y material que ha sido la base de la diversidad alimentaria. La responsabilidad de ustedes es no impedir que las comunidades campesinas fortalezcan su producción, reproducción, conservación, venta, intercambio, regalo, trueque.
No podemos ni debemos dejar que se pierda la diversidad de alimentos, no podemos permitir que se homogenice en unos pocos alimentos industriales nuestra dieta. Si de algo ha servido la pandemia, ha sido mostrarnos la necesidad de fortalecer la producción diversa, local y en pequeñas escalas. El cierre de fronteras nos mostró que no son los mercados globalizados los que resolverán la necesidad de alimentos ante las crisis crecientes. La pandemia y las crisis climáticas nos han mostrado la necesidad de producir para los mercados locales y diversificados. La alimentación está en juego. No podemos hacerla más vulnerable dejándola acaparada en unas pocas manos.
Las grandes empresas multinacionales, productoras de semillas quieren imponerse en el mundo. No crean que es una originalidad de aquí, el control de los sistemas de semillas, y lo que provocará es se reducirá a unas pocas variedades de semillas y de alimentos. Y atrás viene la intención de digitalizar la agricultura para hacernos aún más dependientes. Y eso suma más amenaza a la diversidad; ya que la digitalización de la agricultura es para monocultivos, de alto costo, por lo que además es inaccesible. Este es un proceso de mayor concentración de la agricultura en pocas manos y por lo tanto menos democrática.
El sector agrícola monopólico no tiene ningún interés en la producción ecológica, socialmente comprometida, porque no tiene a las personas en el centro. Si les importaran las personas no fumigarían de manera despiadada a las poblaciones de las distintas comunidades. Sino que más bien promueven el uso de más y más pesticidas sintéticos.
Los registros son una forma de control de nuestra labor de siempre. Son regulaciones que pretende sacarnos de la actividad como productoras de alimentos, nos destruye a nosotras y a nuestras semillas. Si nos obligan a registrar nuestras semillas solo unos cuantos podrán sacar provecho de las semillas.
Esta historia es larga, en el 2002, o sea hace 18 años empezaron a dar pasos aquí en la Asamblea Legislativa. Y luego ha habido intereses de unos pocos que han movido estos proyectos de Ley. Y luego otros intentos: 2010, 2015, 2018. Cambian los diputados, pero la intención se repite.
Y siempre hacen lo mismo. No nos consultan a las organizaciones indígenas y campesinas, que somos población afectada por estos proyectos de Ley. Y nosotras somos las guardianas de las semillas, las que hemos hecho posible que las semillas se hayan conservado.
No se ha cumplido con el Convenio 169. El Convenio dice que “cualquier cosa que vaya a afectar los derechos y la forma de vida de las comunidades indígenas tiene que consultarse con los pueblos indígenas. Y tiene que consultarse en un idioma que entiendan con mecanismos democráticos y por sus propias autoridades”.
Además, debemos decir que el derecho a la soberanía alimentaria, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, votado a favor por Costa Rica, se describe y entiende como el derecho a que se respeten las formas de producir, de transformar, de distribuir y consumir de las comunidades campesinas. Dice también “De manera que se garantizaría a los/ las campesino-a-s el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar al diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios”. Y nosotras no hemos sido ni consultadas.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Si la intención es controlar las semillas de grandes empresas semilleras comerciales, no tiene que incluirse nuestras semillas campesinas en el Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley además es inconsistente. Por una parte dice “excepción: las semillas criollas, locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro”, pero resulta que dice que si queremos vender semillas en Costa Rica, esas semillas tienen que estar inscritas en el registro. Esas contradicciones son engañosas y peligrosas, porque deja sin definir quién decide al final sobre qué hacer. No cuesta mucho pensar que somos las personas en las comunidades las que saldremos perdiendo.
Pronunciamos nuestro acuerdo para que la producción de semillas en variedades mejoradas, las semillas alteradas genéticamente, importadas o producidas en grandes cantidades sean registradas y controlada su calidad. Pero esto no es aplicable a las semillas campesinas, semillas originarias o semillas criollas. Y como tal debe quedar muy claro en el texto del Proyecto de Ley, que ninguno de sus términos afecta a las semillas campesinas.
La destrucción de la diversidad nos deja como país en condiciones de menor capacidad de adaptación a los cambios y a la crisis climática, y aún más vulnerables en términos sanitarios y alimentarios. Por ejemplo, nosotras en el campo usamos diversos tipos de frijoles, unos más resistentes a la humedad y otros más resistentes a períodos secos. Con las variedades estamos desarrollando capacidad de adaptación, de resistencia y resiliencia para enfrentar los cambios de clima que son tan difíciles de predecir. El control y la estandarización de las semillas iría exactamente en dirección contraria a lo que dice el proyecto de Ley para procurar el abastecimiento ante la vulnerabilidad climática, sanitaria y alimentaria.
La promoción de la conservación, para la protección y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación, debe considerar de manera explícita que no se refiere, ni considera, ni incluye a las semillas de producción campesina.
En el Artículo 2. Fines de la Ley, se propone: “Promover la producción y el control de calidad de semillas comerciales, dejando sin definición a qué se refiere con calidad de las semillas comerciales. Las semillas campesinas son de calidad y han sido desde siempre comerciales. Por tanto, debe definirse de manera directa y clara que esa característica de calidad se refiere a condiciones de homogenización, formas de producción exclusiva para semillas, y no a la dinámica equilibrada y diversa de la producción campesina.
Confunde y contradice el proyecto de ley el derecho a producir semillas, ya que las homogeniza y son actividades muy distintas la producción de las empresas semilleristas, de la producción campesina de semillas, y ambas son comerciales, pero en escalas y características diferentes. Tal y como está planteado en el texto del proyecto de ley lesiona nuestro derecho a producir.
Las semillas campesinas no deben ni pueden ser certificadas. Ya que nuestras unidades de producción son un todo que busca el equilibrio entre diversas especies y variedades. En la unidad de producción, se pueden encontrar con facilidad más de cien tipos y variedades vegetales, y algunas eventualmente se venderán. Pretender la certificación de cada una nos deja en una absoluta situación injusta e inequitativa para el proceso productivo de alimentos.
Las semillas campesinas, criollas y nativas, son el resultado de miles de años de trabajo de la humanidad, su valor reproductivo no es propiedad de una determinada persona. No es ese el derecho de resguardo, sino el derecho a producir, reproducir, vender, guardar, intercambiar, es que el que debe quedar resguardado.
Para que se pueda garantizar el abastecimiento nacional y el acceso, las semillas campesinas no deben sufrir restricciones.
La base genética se amplía fortaleciendo la producción diversificada de cultivos, salvaguardando la comercialización de las semillas campesinas, que son diversas y adaptables. Esto es lo que pueda garantizar la sostenibilidad. Pero aunque el proyecto lo anuncia como una intención, el cuerpo del proyecto de Ley lo contradice.
Por lo tanto, la Ley debe especificar que regula la actividad de semillas producidas específicamente para el comercio, y no aplicable a todo tipo de semillas.
La Declaración de interés público, del Artículo 4, plantea la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, pero las regulaciones que de seguido se incorporan exactamente lo contradice y lesiona los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, al no permitirse la libre comercialización de sus semillas.
En este sentido entra en contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas de zonas rurales, Declaración votada a favor por Costa Rica. En esta se consigna el derecho de la población campesina a “guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas”. Por lo tanto, no debe ni puede ser sometida a certificaciones.
De manera que, consideramos que el proyecto de ley entra en contradicción con la responsabilidad votada por Costa Rica, que como Estado debe adoptar las medidas para “respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales.
En el artículo 5. Se enuncia como Tutela del Derecho, pero contradice en el segundo párrafo lo anunciado en el primero. Tutelar el derecho de la producción campesina es negado al establecer la obligatoriedad de normas, procedimientos y especificaciones técnicas que riñen con la producción y prácticas culturales campesinas. Por lo tanto, no Tutela el Derecho de la población campesina en su producción local.
Este proyecto de Ley propone controles que amenazan la producción diversificada y camina hacia la privatización de las semillas. Planteamos nuestro desacuerdo y consideramos que debe quedar de manera claramente definida que las semillas campesinas no son objeto de las regulaciones de esta Ley.
La ley parece estar hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas y no sobre el derecho de la mayoría de la población. En el Artículo 9, se establece concentración de poder con representantes de este sector en la toma de decisiones, sin mayores regulaciones. En eso que ambiguamente se llama “sector semillerista”, sin incluir a los y las campesinas e indígenas, y sin incluir otras representaciones de la población vinculada con las semillas.
Y ese control perjudicial para la producción y conservación de las semillas se evidencia en los detalles en varios artículos.
La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas, y para estimular su reproducción debe poder venderlas. No puede ser que se nos persiga por la sagrada labor de sembrar, guardar y distribuir semillas.
Ustedes tienen la valiosa oportunidad de reivindicar el propósito de servir a las comunidades, a las personas, y no los intereses egoístas de unos pocos. Tienen la oportunidad de promover la agricultura diversificada para la soberanía alimentaria, y de dar pasos para el cumplimento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
Muchas gracias.
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 10 de noviembre de 2020
Imagen de cabecera: Fabiola Pomareda en Revista La Agroecóloga
Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.
Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.
Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.
El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)
La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?
Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).
Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.
Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.
