El impacto ambiental de la venta de la FANAL sería grave debido al aumento de los monocultivos
Comprador de FANAL tendría monopolio de un negocio que generaría ₡17 mil millones al año
Red de Coordinación en Biodiversidad y CoecoCeiba Amigos de la Tierra
La venta de la Fábrica Nacional de Licores sería un gran negocio para quien compre la única institución/empresa autorizada para producir el alcohol que podría ser usado como combustible. Ya que la FANAL es estrictamente quien ostenta el monopolio de vender etanol, así lo ha señalado la Procuraduría General de la República (1). Sumado a esto, la venta de FANAL sería un empujón irresponsable para la producción de agrocombustibles a nivel nacional.
Hay que recordar que el Gobierno de Carlos Alvarado en el 2019 planteó comprar 360 mil barriles de etanol (poco más de 57 millones de litros) que serían mezclados con la gasolina, un gran negocio sobre el que tendría monopolio total el futuro comprador de la FANAL. Claro está que esto se daría cuando se reactive nuevamente el proyecto y tenga viabilidad política. Pero es importante resaltar que ese negocio de vender etanol a RECOPE significaría nada más y nada menos que más de USD$29 millones al año, aproximadamente unos ₡17.442 millones.
Este proyecto ha sido tremendamente objetado por grandes intereses económicos que se oponen a que RECOPE y FANAL distribuyan gasolina mezclada con etanol.
Pero los estos sectores económicos y políticos opuestos, en 2019 a la propuesta del gobierno, no lo hacían porque estén preocupados por las consecuencias ambientales del incremento de los cultivos de caña (2) y mucho menos están preocupados por el encarecimiento de los combustibles. En realidad, estaban opuestos a que el negocio se lo adjudicaran a la FANAL y no a sus consorcios privados.
Estos mismos sectores poderosos que se opusieron en 2019 a la mezcla de etanol en la gasolina, ahora impulsan de forma desesperada la privatización de la FANAL en el contexto de la crisis sanitaria y fiscal que vive el país, con el pretexto del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es importante recalcar que la privatización de la FANAL no sólo representa un gran golpe para las finanzas públicas del país, sino una estafa energética y ambiental que debe ser discutida a nivel nacional de forma transparente y no inmersa en la campaña del miedo por la crisis fiscal como pretende el Gobierno de Carlos Alvarado.
Esta discusión es importante debido a que la venta de la FANAL tiene también una dimensión ambiental que está siendo invisibilizada complemente, ya que para producir ese 5% de etanol que necesitarían los automóviles anualmente se necesitaría incrementar en 10 mil hectáreas los monocultivos de caña azucarera que en la actualidad alcanzan más de 70 mil hectáreas en el país. Es decir, generar un crecimiento de la industria azucarera con todas sus externalidades ambientales y sociales, las cuales sufren las comunidades aledañas.
Es importante mencionar las 70 mil hectáreas de caña sembradas son un consumidor agresivo de agua en zonas con gran estrés hídrico, como Guanacaste. Lo cual genera un acaparamiento muy grave del líquido, afectando a las comunidades que no consiguen acceder al agua potable debido a la cercanía con estas megaplantaciones.
El agua es uno de los temas más agudos en esta discusión. Según la Liga Agrícola Industrial de la Caña de azúcar (LAICA): “los productores de caña en Costa Rica aplican entre 2 y 6 riegos complementarios durante el ciclo del cultivo, lo que significa aplicar un volumen de agua de entre 1200 y 3500 metros cúbicos” (3). Esto significa un promedio de 2.350 metros cúbicos de agua, que equivalen a 2.350.000 litros anuales por hectárea. Si tenemos en cuenta que el rendimiento del cultivo es de 6000 litros de etanol por hectárea de caña sembrada (3), se puede concluir que para producir un litro de etanol en Costa Rica se necesitan en promedio 400 litros de agua.
Además, la industria de la caña es altamente dependiente del uso de plaguicidas. Utilizan aproximadamente 10 kg ingrediente activo /ha/año. De los cuales en su gran mayoría son herbicidas e insecticidas entre los que están: glifosato, paraquat, 2,4-D, diuron, ametrina, y hexazinona, todos Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)(4). Muchos de los cuales se aplican tan solo 2 semanas antes de la cosecha y que posiblemente sean encontrados en forma de residuos en los productos finales como el azúcar de mesa.
De forma aledaña, estos monocultivos tienen prácticas tan nocivas como las quemas generalizadas de la plantación antes de la zafra. Pero antes de prenderle fuego las fumigan con herbicidas mediante aspersión aérea con avionetas. Lo cual impacta muy gravemente la salud respiratoria de muchas comunidades aledañas al cultivo, tanto por la fumigación de agrotóxicos como por las quemas, que dicho sea de paso sufren las poblaciones de animales silvestres que se encuentren entre los cañales.
Entre otros aspectos, el cultivo de la caña de azúcar tiene graves impactos ambientales y sociales. Por esta razón existe una dimensión ambiental importante en la discusión sobre la privatización de la FANAL y la posible entrada en vigencia de la venta de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. Dimensión que ha sido silenciada completamente en medio de la crisis sanitaria que genera el COVID-19.
Bibliografía:
Procuraduría General de la Reública. Dictamen: 063 del 06/04/2015 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&nDictamen=18774&strTipM=T
Ecologistas rechazan el etanol como alternativa a los hidrocarburos https://www.informa-tico.com/9-04-2019/ecologistas-rechazan-etanol-alternativa-hidrocarburos3. Laica, 2013.
Caracterización del riego en el cultivo caña de azúcar, De Costa Rica. https://www.laica.co.cr/
Sustancias biocidas en la producción de caña de azúcar en Costa Rica http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/252.pdf
El diagnóstico comunitario sobre territorios y poblaciones vulnerabilizadas en el marco de la pandemia, es una iniciativa del Decanato de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el Programa Kioscos Socioambientales y la Regional Chorotega del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Comunidades cercadas por monocultivos señalan abandono y vulnerabilidad en contexto de pandemia
Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde e iniciativas en temas de cambio climático y de protección del medio ambiente, incluso en 2019 obtuvo el galardón “Campeones de la Tierra” entregado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, muchos territorios y poblaciones viven diariamente fuertes afectaciones ambientales, sanitarias, laborales y comunitarias, vinculadas con los monocultivos, principalmente de piña, banano, caña de azúcar y palma africana.
Las empresas transnacionales del sector agroindustrial con una especie de empatía estatal, se han dedicado a contaminar mantos acuíferos, ríos, tierras, el aire, al tiempo que generan vínculos laborales violatorios de derechos, según han señalado durante años sectores ecologistas, comunitarios y académicos.
El Diagnóstico comunitario del COVID-19 en territorios y poblaciones vulnerabilizadas, impulsado por proyectos de Acción social de la UCR y el INA Región Chorotega, profundiza en la forma en la que estos conflictos históricos se manifiestan durante el contexto de la pandemia, “los problemas con las piñeras se han dado desde siempre. Están destruyendo el paisaje”– enfatiza Marta Mejía vecina de Medio Queso de Los Chiles, en la Zona Norte, reforzando que la transformación de los territorios y de las formas de vida, vienen sucediendo hace más de tres décadas con el impulso de este modelo de producción.
La contratación de mano de obra barata y deficientes regulaciones ambientales así como el seguimiento de las instituciones pertinentes en torno al uso de la tierra y de agroquímicos, hacen de Costa Rica un escenario atractivo para los monocultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estableció que el país es el número uno en el uso de estas sustancias por hectárea (FAO, 2020), es decir, Costa Rica es el país más fumigado con agrotóxicos en el mundo. Esta falta de regulaciones pero sobre todo la bondad gubernamental hacia el sector privado, no sólo pone en cuestionamiento el ideal de “país verde”, sino que además afecta a las personas trabajadoras, ya que los controles sobre el cumplimiento de derechos laborales y medidas sanitarias es ineficiente.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para estas comunidades empobrecidas cuya economía está supeditada a la agroindustria y sus cadenas de valor.
Mayor vulnerabilidad durante la pandemia
En tiempos de pandemia, las problemáticas se acrecientan, y el hecho de no tener condiciones laborales propicias, se suma al incumplimiento por parte de las empresas al acatamiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Según Evelia Pineda vecina de Los Chiles, “a las personas trabajadoras no se les provee con tapabocas, y no hay utensilios de limpieza e higiene en las plantaciones”, señala con preocupación.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para las familias, “he escuchado de problemas de pago a las personas trabajadores bajo la excusa de la pandemia”- señala Vicenta, vecina de Upala. Estos dos factores unidos resultan en una fórmula que condensa la desigualdad territorial de las regiones que históricamente han presentado mayores índices de empobrecimiento.
Algunas organizaciones comunitarias, han intentado ser vigilantes de estas empresas, no obstante, como señala Erlinda Quesada de la comunidad de Guácimo, “las empresas dicen que cumplen con los protocolos pero cuando se ha llegado a verificar si eso es verdad, el acceso no es permitido”, mientras continúan otras irregularidades usuales por parte de esas transnacionales, “las empresas esconden a los trabajadores porque no cumplen con las medidas sanitarias”, cuenta René Álvarez recuperador de tierra en Medio Queso, Los Chiles, situación que se presenta de forma similar en Upala, según indica Francisca Wilson “en los cultivos de naranja lo que hicieron fue regresar a las personas enfermas y no reportar los casos. La empresa no la cerraron.”
Según los datos recopilados por el proceso diagnóstico, muchas comunidades identifican una desatención por parte de las instituciones frente a la garantía de condiciones dignas y salubres de trabajo y de vida en general. Sobre esto, se señala que no se han vuelto a ver funcionarios públicos haciendo inspecciones, lo cual agrava las situaciones de irregularidad. En lo cotidiano, la falta de controles provocan que muchas personas trabajen en condiciones deficientes y estén expuestas, por ejemplo, a problemas respiratorios, lo cual puede convertirse en un agravante si se contagian de Covid-19. Sin embargo, no son solo los controles sobre la aplicación de las medidas específicas frente a la pandemia, también se hace hincapié en las afectaciones a la salud que estaban presentes antes de este contexto, relacionadas principalmente con el uso de agrotóxicos y limitación del acceso al agua para muchas comunidades.
Múltiples dimensiones de la problemática
En las plantaciones de monocultivos la mayoría de las personas trabajadoras son migrantes, indocumentadas que dependen del trabajo día a día para solventar mínimamente las necesidades básicas de sus familias, aunque el pago recibido no alcanza para una vida digna, así se trabaje de sol a sol.
Por otro lado, para las mujeres, el contexto pandémico ha profundizado las desigualdades y las violencias, pues les han tocado asumir dobles y triples jornadas laborales dentro del hogar, “al principio fue difícil, porque la mujer está acostumbrada hacer todo en la casa, y ahora tiene que también ver a los niños y a su compañero en casa, el cual no hace nada, es terrible”, cuenta Yamileth vecina de Upala, ama de casa y agricultora. Aunque también, se reconoce que las mujeres han sido resilientes, generando nuevas formas de intercambio y producción, más solidaridad y menos lucro.
Sin lugar a dudas, el panorama que nos arroja el diagnóstico nos desafía como sociedad y como universidad, a seguir construyendo alternativas para la transformación.
-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional -Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes
(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.
El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.
El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.
PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.
Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.
Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.
Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.
Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.
Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.
Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
-Grandes monocultivos serían eximidos de evaluación ambiental; -Nuevo reglamento sería regresivo;
La Federación Ecologista (FECON) ha comunicado formalmente al Ministro de Ambiente y a la Secretaria General de SETENA que rechaza la propuesta de reforma reglamentaria de SETENA denominada Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).
En la misiva enviada el lunes 22 de junio, FECON indica que los planteamientos del RECSA son regresivos ambientalmente. Que elimina o reduce cuestiones centrales de la EIA y que el texto planteado termina por contradecir u omitir los principios de la Ley Orgánica del Ambiente 7554.
No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en este apartado es superflua. Esto impide de entrada una adecuada gestión de los conflictos socioambientales, que representan costos indirectos en las EIA y que son efecto de vacíos o anticuados procedimientos que contradicen el espíritu del derecho ambiental.
Suprime el concepto de Efectos Acumulativos, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación. Las actividades humanas no se dan en condición de aislamiento y se requiere fijar medios de control de la capacidad de carga en un territorio. También elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dejando un vacío en evaluación con enfoque de ordenamiento territorial.
Otro elemento crítico son las Auditorías Ambientales, donde se pretende que el auditado pague los Consultores Ambientales que le evaluarían, excluyendo a instituciones y universidades como colaboradoras en auditorías actualmente.
Además, de forma inédita, excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como ganadería y agricultura. Cabe mencionar que en la primera versión que se conoció en comisión, los umbrales de ganadería y agricultura mostraban graves irregularidades.
Ahora es impensable excluirlas por su alto impacto ambiental.
El RECSA no se basa en criterios ambientales para definir los umbrales de impacto (bajo, medio, alto), clave para definir la ruta de evaluación de cada para cada tipo de actividad. En general, establece una escala dimensional de proyectos muy cuestionable, dejando fuera de obligación de cumplir la EIA a proyectos que podrían alto impacto potencial.
Un ejemplo sensible de la irracionalidad ambiental del RECSA es que plantea que las concesiones de agua están queriendo pasarse como de bajo impacto ambiental en todos los casos, cuando sabemos que es uno de los campos que genera mayor conflictividad. De esta forma, se está legitimando un sistema obsoleto de gestión hídrica que se debe mejorar para prevenir conflictos.
Más bien, los umbrales están diseñados para subregistrar múltiples actividades sin justificarlo. FECON considera que, por el contrario, con el registro completo de actividades desde la primera unidad dimensional, se incentivan las buenas prácticas ambientales y esa debería ser la política que defienda el MINAE, por responsabilidad ambiental y jurídica.
La FECON recomienda al Ministro de Ambiente y a la presidencia de la Comisión de SETENA, rechazar la propuesta del nuevo Reglamento, por sus múltiples regresiones e inconsistencias y por carecer de avances sustanciales en la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental en el país.
A mediados de junio San Carlos ingresó a la calificación de los cinco cantones con más diagnósticos de coronavirus en el país. La Región Norte, a la que pertenece el cantón junto con Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto, Upala, Sarapiquí, parte de San Ramón y Zarcero, concentra la mayor afectación del país. Lo anterior, qué duda cabe, obedece a la extensa zona fronteriza que posee; al otro lado, la dictadura familiar Ortega/Murillo, cual, si se tratase de una novela del realismo mágico o maravilloso con visos de terror, ha desdeñado la presencia del Covid-19, el cual ya es una pandemia de contagio comunitario en el hermano país. Muchos nicaragüenses que trasiegan por los nudos ciegos de esa amplia, lluviosa y compleja línea fronteriza, llegan contagiados y no guardan cuarentena. Pero ellos, según las cifras, están lejos de ser el mayor foco de contagio.
Cientos de sancarleños, alarmados, mejor dicho, asustados, han pegado el grito al cielo, incluido el sui generis alcalde. Varias comunidades se han “organizado” para protestar y no permitir la instalación de centros de atención sanitaria. Se ha desatado una ola de xenofobia que culpabiliza a los nicaragüenses, desconociendo o invisiblizando la triste historia de migrantes que han repoblado la región desde inicios del siglo XX, siempre huyendo de las patéticas condiciones políticas y socieconómicas de su país. Sobre ello volveré más adelante. Lo que me interesa señalar es que muchos habitantes del cantón más extenso de Costa Rica, y uno de los más prósperos, se parapetan en la supuesta exclusividad del mismo, reforzada por odas, ditirambos y canciones folclóricas que aluden a que “mi linda tierra” es única en el país y en el mundo, y que podría sobrevivir aislada del país (¿y de Nicaragua?) pues es poderosa y auto sustentable.
La mitología sancarleña que, con justa razón, critica el vallecentrismo sociocultural y político imperante, hace que también desde el centro se incube un imaginario que desvirtúa la realidad, tanto del cantón como de la región. Cuando se habla de sancarleños, en el valle central imaginan ganaderos o comerciantes, “polos con plata,” casi millonarios en un lugar donde llueve no solo agua, sino cántaros de leche y miel, durante trece meses al año. Si bien San Carlos concentra importantes polos de desarrollo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas Zarcas, Pital o Venecia, también posee amplios territorios con agudos problemas socioeconómicos. Las asimetrías, incluso al interior de esos mismos distritos, como en el resto del país, son extraordinarias.
Cutris, por ejemplo, es uno de los distritos más grandes de Costa Rica, el más extenso del cantón, junto a Pocosol; en conjunto suman 1504 km², lo que representa casi el 3% del territorio nacional. Pero incuban el drama y las contradicciones propias de un país sumido en la deriva neoliberal desde hace cuarenta años. Su nivel de infraestructura es pésimo, sus rutas de penetración desastrosas. Sí, han experimentado algunas mejoras por parte de la municipalidad (financiadas por la cooperación alemana); muchos kilómetros fueron reparados, aunque en lastre, así que, con los años y las lluvias, el deterioro se acrecienta. Y a malos caminos, peores puentes; la mayoría son viejos y construidos con tucas o tipo hamaca, o los ya tristemente célebres “Bailey”. Muchos son arrastrados por aguas crecidas en época lluviosa. Los comités de vecinos invierten esfuerzos y recursos propios para repararlos pero la burocracia poco ayuda; algunas estructuras de metal esperan a la orilla de ríos para su instalación. Son caminos restringidos por su condición de casi inaccesibilidad; grandes charcos y barriales impiden el paso de vehículos que no sean 4×4 y, en momentos extremos, de cualquier automotor. Eso provoca escasos y pésimos servicios de transporte público. El caballo sigue siendo el principal medio de transporte, o el sustituto posmoderno (para quienes pueden): la motocicleta.
En una zona altamente lluviosa, paradójicamente, el agua se convierte en otro grave problema. A pesar de ser una región casi devastada por madereros con los incentivos financieros que recibieron décadas atrás para talar grandes extensiones, aún sobreviven parches de bosques y hasta es posible encontrar nacientes de agua. Pero la atomización local y la falta de apoyo municipal, hace que en muchas comunidades no existan acueductos para llevar agua potable a sus pobladores. Es común encontrar pozos artesanales construidos a pico y pala sin más paredes que la misma tierra, lo que los convierte en depósitos de aguas lodosas, algunos cercanos a los escusados: bombas de tiempo en términos sanitarios. Pocas familias, por razones económicas, tienen pozos perforados con paredes de alcantarillas y desinfección rutinaria. En varios poblados, donde los hay, los puestos de salud presentan una infraestructura lamentable.
La electrificación es de reciente ingreso gracias a la condición solidaria de la cooperativa de electrificación (Coopelesca RL) y a los grupos locales que han servido de contraparte para el financiamiento de las obras. Largas distancias y malos caminos afectan también la atención de las emergencias. El Comité Auxiliar de Cruz Roja de Santa Rosa atiende a los dos extensos distritos. Es quizás el Comité Auxiliar que más territorio cubre en todo el país con los obstáculos agregados de caminos y puentes inexistentes o en mal estado. Sus funcionarios son auténticos héroes sancarleños. De tal modo que las asimetrías y carencias son enormes, no así las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la municipalidad. La organización local, por el escaso valor electoral para los partidos tradicionales, es débil y presa del clientelismo, en especial las Asociaciones de Desarrollo donde las hay. Por eso la presencia de proyectos como los de la minería a cielo abierto abrió el apetito de muchos dirigentes comunales, así como la utopía del “desarrollo” en comunidades dejadas, históricamente, a la mano de Dios. Este complejo tema requiere de un artículo aparte. Hasta el momento no se han producido iniciativas tangibles que permitan un mejor desarrollo social para Cutris donde, de nuevo, la minería ilegal propicia la reaparición de voces que exigen la actividad extractivista.
Por otra parte, el imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide con mayores calamidades como la contaminación con agroquímicos. Es el caso de comunidades como Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua. También causó indignación el incidente en agosto del año pasado en la comunidad de San Juan de Platanar, distrito de Florencia, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres de familia. De manera tal que San Carlos y la Región Norte son territorios con problemáticas muy complejas debido a una historia singular y al abandono del Estado, mismo que ha venido siendo desmontado por la contrarreforma neoliberal de la oligarquía criolla, empresas transnacionales y, sobre todo, organismos financieros internacionales, con la aviesa intención de convertir en negocio sus servicios estratégicos.
Recordemos que la región, en su parte norte, fue colonizada, en primera instancia, por nicaragüesnses. Huleros, raicilleros, cazadores y traficantes nicas esclavizaron y exterminaron a cientos de indígenas guatusos; los cazaban como venados. Hasta los años sesenta del siglo pasado la presencia del estado costarricense era casi nula; la moneda de curso en comunidades como Upala, Los Chiles, San Rafael de Guatuso o Boca de San Carlos, era el córdoba nicaragüense. Casi todos los pobladores de la linea fronteriza poseen vínculos familiares a ambos lados. Mientras tanto, la colonización del sur de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, expresamente San Carlos, se dio por habitantes del valle central o de cantones vecinos como Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, incluida la misma Alajuela. La herencia cultural entonces en Ciudad Quesada y los principales focos de desarrollo como La Fortuna, Aguas Zarcas, Venecia o Pital, es vallecentrista, es decir, individualista, desconfiada, católica y conservadora. Sin embargo, por lo rudo de dicha colonización, el sancarleño “sureño” también desarrolló un fuerte emprendedurismo, una vocación de ayuda mutua y una tendencia a la organización comunal (cooperativa) para enfrentar emergencias o edificar infraestructura comunitaria. De tal modo que un vecino de Ciudad Quesada, a pesar de sentirse sancarleño de “mi linda tierra”, en el fondo piensa parecido que un josefino respecto de sus congéneres en Cutris o Pocosol, por ejemplo. El vallecentrismo se replica de una manera obscena. Y ni se diga lo que se piensa acerca de los vecinos del norte.
En la década de los años noventa, con los inicios de la contrarreforma neoliberal (Paes), el país intenta incorporarse a los procesos de globalización de la economía mundial. La racionalidad económica del nuevo modelo hace que algunas actividades acudan a la contratación de población migrante. Los sectores de la agricultura de exportación como el banano, el café, la caña y los llamados productos no tradicionales (yuca, cítricos, macadamia, piña, melón, etc), basan su “fortaleza” en la utilización intensiva de fuerza de trabajo migrante contratada en precarias condiciones. El desarrollo turístico y la creciente informalización de la economía también abrieron espacios para la inserción de nicaragüenses en la construcción y otras actividades del sector servicios. Estas dinámicas ocurren en el marco de una modificación del mercado laboral costarricense caracterizada por la variación en la oferta laboral donde los trabajadores costarricenses gozan de salarios relativamente altos, puesto que la legislación laboral contempla un importante aporte del sector patronal a la seguridad social y se asegura una serie de prestaciones sociales. Por otra parte, los niveles educativos de la población costarricense le permiten desplazarse hacia sectores como el industrial y servicios, dejando un vacío en las labores menos calificadas, que son ocupadas por nicaragüenses.
Lo anterior permite comprender que ciertamente Nicaragua, por sus lamentables condiciones socieconómicas y políticas, es un país que expulsa mano de obra y a su población en general, pero que la nueva y asimétrica estructura productiva montada sobre un Estado Social de Derecho cada vez más fracturado y amenazado, propicia también la inmigración constante en busca de trabajo y sustento. San Carlos y la Región Norte son espacios donde, por la cantidad de empresas agroexportadoras instaladas, esta realidad es cotidiana y múltiple. En los últimos años, mucha mano de obra costarricense no calificada ha sido desplazada por la migrante, la cual no protesta ni exige las garantías sociales tal y como el costarricense suele hacerlo. Aunque la nueva y cada vez más anti trabajadora legislación, acorde con el estado galopante de la contrarreforma, ha empezado a cerrar derechos como el de sindicalización, de huelga o de salarios crecientes incluido. Hasta el seguro social quieren eliminar para favorecer grandes intereses que desean lucrar con la salud.
Así pues, las manifestaciones de muchos sancarleños oponiéndose a la instalación de centros de recuperación para el Covid-19 en sus comunidades, o en contra de los migrantes nicaragüenses, obedecen a un marco ideológico individualista y xenófobo, pero sobre todo chauvinista, potenciado por una falsa excepcionalidad. No dudo de que muchas de esas manifestaciones tóxicas estén siendo alentadas por intereses espurios y por predicadores de la mala fe, es decir, políticos de baja monta, esos que pululan en busca de curules o puestos gubernamentales. La incidencia de nuevos fundamentalismos religiosos es, probablemente, otro de los agentes que agitan la hoguera. Aterran esas expresiones por su aspereza filo racista, por la intolerancia y las falacias que esgrimen. Ojalá que la pandemia no produzca una hecatombe, pero que nos procure mayor humanidad, solidaridad, justicia y compasión, no sólo para combatir esas absurdas y peligrosas posiciones, sino para defender y profundizar el Estado Social de Derecho que permita el cierre de las grandes desigualdades que sufrimos; pero en especial la ignorancia, el chauvinismo, la xenofobia y la peligrosa intoxicación ideológica que padecemos.
El suplemento “Ojo al Clima”, vinculado al Semanario Universidad, se ha constituido en los últimos años como un espacio importante para informar y divulgar noticias
Alberto Gutiérrez Arguedas (Docente e Investigador UCR)
El suplemento “Ojo al Clima”, vinculado al Semanario Universidad, se ha constituido en los últimos años como un espacio importante para informar y divulgar noticias y contenidos relacionados con el cambio climático, en Costa Rica y el mundo. Dicha tarea es digna de reconocer, considerando la gravedad y complejidad de esta problemática, la cual representa uno de los grandes desafíos, no solo ambientales, sino civilizatorios, de nuestra época. No obstante, luego de un cuidadoso seguimiento de los contenidos divulgados por este suplemento, es posible detectar una serie de sesgos y omisiones en el tratamiento de los temas, lo cual ha motivado la redacción de este artículo.
El cambio climático es quizás la manifestación más extrema y dramática de una crisis ecológica global, que va más allá del clima. Esta grave crisis no es producto del azar, sino que es resultado de un modelo de desarrollo basado en una explotación sin límites de la naturaleza y de los seres humanos, es decir, del capitalismo. Abundante evidencia científica demuestra la relación entre la expansión global de este sistema y la destrucción de la base material de la vida.
Ahora bien, a pesar de tan contundentes evidencias, el sistema capitalista y sus poderosos aparatos ideológicos han logrado desviar la atención de las causas reales de la crisis ecológica/climática, para ofrecer como solución ¡más de lo mismo! Este esfuerzo por hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista de mercado tomó fuerza en los años 90, con el famoso “desarrollo sostenible”, y posteriormente se ha reciclado en conceptos como “crecimiento verde” o “economía verde”, hoy de moda.
Estas propuestas visualizan la crisis ecológica y climática como un problema meramente técnico. Como tal, la solución a estos problemas –sostienen sus adeptos– radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y en la incorporación de instrumentos de mercado para un “uso racional” de los recursos naturales. El “capitalismo verde” ha logrado, con rotundo éxito, despolitizar la cuestión ambiental e incorporarla al ámbito del mercado. El núcleo duro del modelo de desarrollo permanece inalterado.
Uno de los ejemplos más actuales de este paradigma es la llamada “descarbonización”, término que, cada día más, abunda en los medios de comunicación y en la opinión pública, nacional y mundial. La descarbonización se propone como mecanismo prioritario para enfrentar el cambio climático, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, dióxido de carbono. No obstante, por detrás de su aparente carácter neutral y “técnico”, la descarbonización está cargada de ideología y refleja una perspectiva reduccionista y mercantil del cambio climático. Reduce la inmensa complejidad de esta problemática a una única variable: carbono, de forma tal que este puede ser cuantificado y eventualmente ser objeto de compra y venta en el mercado. De ahí la obsesión por las métricas, los números, la contabilidad del carbono.
Costa Rica, por su parte, ocupa un lugar estratégico dentro de este ambientalismo de mercado global, cuya máxima expresión es la propuesta reciente de convertir al país en “laboratorio mundial de descarbonización”. El Plan Nacional de Descarbonización, lanzado en febrero de 2019, ha dado fuerte visibilidad internacional a Costa Rica al posicionarlo como una especie de “vanguardia” en la lucha contra el cambio climático.
Más allá de las buenas intenciones y de los aspectos rescatables (por ejemplo, esfuerzos por mejorar el transporte público), llama la atención la incapacidad (¿o la falta de voluntad?) de este Plan para enfrentar aspectos medulares del modelo de desarrollo costarricense, que contribuyen decisivamente al cambio climático. Poco o nada se habla de la necesidad de replantear el modelo agrario del país, volcado hacia monocultivos de exportación y altamente dependiente de insumos derivados de petróleo. Por ejemplo, ¿por qué no impulsar la agroecología, que produzca alimentos sin necesidad de transportarlos a largas distancias y al mismo tiempo proteja los bosques y garantice la soberanía alimentaria de la población?
La intención de este artículo ha sido visibilizar que la descarbonización es un asunto político y, como tal, debe ser sometido a un debate público riguroso, democrático y amplio, que hasta el momento no se ha dado. El Plan ha sido concebido, diseñado e implementado sin tomar en cuenta las opiniones y puntos de vista de sectores que mucho podrían aportar para encontrar soluciones, como por ejemplo, los pueblos indígenas y los campesinos.
En consonancia con la tradición crítica e independiente del Semanario Universidad, se esperaría por parte de “Ojo al Clima” un tratamiento más equilibrado de este y otros temas, no que reproduzca el discurso oficial del Gobierno y de los agentes del capitalismo verde mundial sin ofrecer algún contrapeso o visión alternativa. Contrario a las declaraciones de Andrea Meza, directora de Cambio Climático de MINAE, publicadas por este medio el pasado 18 de marzo, hay que politizar la descarbonización.
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
Encuesta agropecuaria del INEC no refleja el área sembrada de piña;
Expansión piñera sigue sin control ni mesura;
(FECON, 12-09-2019). La Encuesta Nacional Agropecuaria recién publicada esta semana por parte del Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC) omite ofrecer datos sobre la cantidad de piña sembrada en el país (1), la razón de esto es que las empresas piñeras, sobre todo las más grandes se niegan a dar información a los encuestadores desde al año 2017.
Según el INEC la Encuesta Nacional Agropecuaria tiene el “objetivo de obtener información estadística básica de la producción de las especies agrícolas, pecuarias, forestales y flores que apoyen la generación de indicadores económicos y de desarrollo actualizados, para fortalecer el sistema de información agropecuaria y la toma de decisiones vinculadas con la planificación del Sector agropecuario costarricense”.
Uno de sus resultados más importantes es que el 87% del área sembrada está ocupada por monocultivos café, palma aceitera, caña de azúcar y banano, pero no se incluyen los datos sobre la agroindustria piñera. Datos que si fueron publicados por el INEC mencionan que el monocultivo de palma alcanzó 84.000 hectáreas, la industria de la caña de azúcar poco más de 67.000; el cultivo del café 86.000 y el banano unas 53.000 hectáreas (2).
Al respecto la FECON consultó con el departamento de información del INEC sobre el faltante de información en la encuesta, la cual se atribuye a baja calidad de información brindada por el sector piñero. Según se dijo los datos recabados son insuficientes o del todo el sector se negó a dar información sobre cantidad de hectáreas sembradas y volúmenes de producción.
El año pasado el proyecto Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP), elaborado con imágenes satelitales por el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE, a 2017 existen 66.266 hectáreas de piña sembradas en el país (3).
La industria productora de piña ha venido siendo señalada por casos de deforestación, contaminación de agua con agroquímicos, fumigaciones de casas, Ebais, y escuelas. Recientemente la compañía piñera Cítricos Bellavista fue centro de la polémica por ser la responsable de la intoxicación de 21 estudiantes de la Escuela de San Juan de Florencia, en San Carlos (4).
Esta expansión descontrolada de la industria piñera ha tenido repercusiones muy graves en comunidades en la Zona Norte, Zona Sur y Caribe de Costa Rica, expansión que se encuentra envuelta en un contexto de muy poca transparencia.
