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Etiqueta: Montes de Oro

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Introducción

El 30 de octubre del 2026, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso registrado bajo el numero ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia (… ¿será?) en los días posteriores al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con la presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros, con uno de ellos con además doble cartera, que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir personalmente en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo inédito?

A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses, que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual se sugiere colocar un: «Acto I» luego de la palabra «conversatorio» del título de nuestras reflexiones.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: de lo observado y escuchado el pasado 4 de noviembre, se trataría en efecto de un intercambio de proyectos sociales para el desarrollo de la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad. De lo inédito, pasamos a lo insólito.

Insólito también resulta el rechazo a una moción en la Asamblea Legislativa en la que pareciera que para 31 de sus actuales integrantes, no hay problema alguno en el antes aludido «chantaje» observado en Turrúcares (véase nota del 9 de noviembre de Delfino.cr).

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos así como los círculos corporativos y empresariales que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Podemos añadir a ello una reciente votación en Naciones Unidas con respecto a las obligaciones en materia ambiental de Israel con respecto al Líbano (véase nota del 11 de noviembre del 2026 publicada en Delfino.cr) y a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado (véase nota de Delfino.cr). Más allá de una cara verdaderamente desconocida y desconcertante que Costa Rica está externando ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posiciones, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a:

– algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años no tan lejanos con respecto a megaproyectos;

– la paulatina desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina;

– la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» (Acto I) con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas cuando nos referimos a la noción de conversatorio en este texto).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza del arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchado (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerdan ambos unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un Vice Presidente en Costa Rica, en tono grave: según él, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al Vice Presidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$: véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y este artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 – exigiendo explicaciones. Pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una muy buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta denominada «comisión de alto nivel» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica, que persiste con el pasar del tiempo.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense, confirmándose el carácter totalmente fantasioso de la millonaria cifra avanzada de manera bastante imprudente por el entonces Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010 (con base en un «análisis» de sus asesores de «alto nivel» cuya identidad permanece hasta el día de hoy sin conocerse).

No está de más recordar lo que habían señalado en noviembre del 2010 tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en su histórica sentencia (véase texto, párrafo XXX), ante los argumentos desplegados por los abogados de la empresa minera canadiense, invocando la falta de seguridad jurídica para inversionistas canadienses:

«No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá«.

Con una buena dosis de humor, el recordado documental «El Oro de los Tontos» realizado en el 2011 desde la misma UCR (véase enlace en YouTube) permitió tener una idea más completa del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero causó en Costa Rica a partir de octubre del 2008, en particular para quiénes, desde afuera, asociaban (y siguen asociando) a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus jueces nacionales detectaron tales anomalías desde las más altas esferas del poder, que las calificaron como parte de una verdadera «orquestación de voluntades» (Nota 1). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que jueces emplearon esta expresión para explicar la secuencia de ilegalidades observadas en el caso de la tramitación de aquel proyecto minero a partir de octubre del 2008.

En el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un ex jerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

No está de más traer a la memoria este artículo publicado en La Nación en el 2011, en el que se indica, a partir de los cables WikiLeaks, cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al Presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. En el 2014, un tribunal nacional rechazó la demanda de Harken que pasó de los fantasiosos 57.000 millones de US$ a 13 millones de US$ (véase nota del 17 de diciembre del 2014 del Programa Nuestra Voz).

El mismo efecto de lo que podríamos denominar «reducción sustancial significativa« se observó con la amenaza de demanda de la empresa minera canadiense Infinito Gold por un monto inicial anunciado en el 2013 de 1.092 millones de US$ (véase nota de La Nación de octubre del 2013) que se redujo drásticamente a menos de 94 millones (véase párrafo 110 de la demanda interpuesta ante el CIADI en febrero del 2014): estas diferencias más que notorias entre montos evidencia que no derivan de ningún tipo de estudio o de datos, sino del humor antojadizo de algunos y de círculos empresariales y corporativos que repiten cosas con una gran facilidad en Costa Rica.

Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista … pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta el 9 de febrero del 2012 ante el CIADI contra Costa Rica por una subsidiaria de la empresa RITEVE denominada «Supervisión y Control S.A» – véase texto del laudo arbitral del CIADI del 2017 -, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó también favorable para Costa Rica (véase texto completo del decisión).

Estas cuantas referencias a algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencian el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública, o presionar a decisores políticos. Los resultados obtenidos por la defensa legal de Costa Rica ante las pretensiones de algunas empresas frente a los árbitros del CIADI demuestran la poca solidez jurídica de los argumentos avanzados por los asesores legales de estos inversionistas extranjeros.

EL CIADI y la profunda desconfianza que genera

Resulta oportuno precisar que el sistema establecido por el CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. El sistema está pensado únicamente en un sentido: inversionista extranjero contra Estado. ¿Como así? Como se lee.

Algunas de estas demandas se basan en permisos y autorizaciones otorgados por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. En el caso de Costa Rica, los activistas en materia ambiental con cierta experiencia saben que las aprobaciones de la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) a partir de la segunda quincena de diciembre usualmente corresponden a proyectos sumamente cuestionables que terminan siendo declarados ilegales en los tribunales de justicia costarricenses (Nota 2): se trata de una fecha a partir de la cual, cada año, Costa Rica pareciera entrar en una suerte de «sopor» festivo navideño.

Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refieren a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones penales en Costa Rica contra sus autores. Por cierto, la precitada «orquestación de voluntades» detectada en el 2010 por la justicia costarricense… tampoco ha dado lugar a sentencias penales.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado entre una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros en el CIADI. Brasil comparte con la India una posición similar, pese a escritos esporádicos, como este artículo, que invitan a la India a cambiar de parecer.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 13 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Colombia (19), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

En el caso de Colombia, e de notar que durante muchos años estuvo resguardada de demandas ante el CIADI al contar con una legislación nacional que obligaba al inversionista extranjero a someterse únicamente a los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje (Nota 3). En las conclusiones este informe del 2025 sobre las demandas que le han «llovido» a Colombia a partir del 2016, se lee que:

«La única manera en que Colombia puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas».

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y el texto de demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). En el enlace oficial del caso en el CIADI tampoco aparece el texto de la demanda como tal (véase enlace). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores costarricense si alguno/a de ellos sabe donde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal presentada en julio del 2025 por la empresa EBI: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense sobre procesos de lesividad. Y en particular contraponer el texto de esta demanda con dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica. En efecto, el articulo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, el cual establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Es muy probable que ambas disposiciones no fueran mencionadas en la reuniones a las que alude este artículo del Semanario Universidad publicado el 11 de noviembre, en el que resulta notorio el intento de hacer creer que la demanda será ganada por EBI. Recordar que ambas fueron invocadas por Costa Rica en el CIADI ante una empresa minera canadiense hubiese tal vez resultado oportuno (Nota 4).

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitario de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares pocos días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Es de notar que, «as usual» cuando se trata de proyectos polémicos que atentan contra la legislación ambiental vigente, la SETENA optó por otorgar la viabilidad ambiental al relleno sanitario en Montes de Oro el 14 de diciembre del 2022.

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si el titular de COMEX que suscribió este oficio tenía claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anunció desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

Esta nota del 13 de noviembre de Teletica y esta otra nota del Semanario Universidad editada el 12 de noviembre del 2026 sobre el problema que podría causar un relleno sanitario cercano al principal aeropuerto de Costa Rica, señalan ambas que las autoridades parecieran haberse precipitado el pasado 4 de noviembre, sosteniendo una defensa del proyecto de EBI en Turrúcares sin valorar muchos otros aspectos, incluyendo los intereses nacionales.

El CIADI ante imperiosa necesidad de proteger el ambiente: demandas abusivas por doquier

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos (Nota 5) o bien cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera (Nota 6), u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones legítimas de de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI (usualmente declarada infundada años después)

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad).

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos y certificados:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en la precitada decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de celeridad municipal notoria, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

A modo de conclusión

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales costarricenses que siempre debería de interpelar a todo observador ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener: la experiencia de Costa Rica y de muchos otros Estados ante el CIADI enseña que los intentos de este tipo resultan en la mayoría de los casos vanos.

En el marco del procedimiento ante el CIADI interpuesto por EBI, es muy posible que las máximas autoridades costarricenses hagan creer que todo está perdido y que a cambio del retiro de la demanda, algo ventajoso se puede obtener para Costa Rica: de nuevo ahí, experiencias pasadas con la minería en Costa Rica demuestran que este tipo de «arreglos» no resuelve gran cosa.

Lo que sí cabe señalar es la forma bastante notoria de «informar» de las actuales autoridades sobre el trámite ante el CIADI interpuesto por la empresa EBI, dando a entender desde ya que está perdida la demanda. Notemos que en el 2025 asistimos a una manera igualmente bastante peculiar de «informar» sobre la decisión con respecto la demanda de la empresa minera canadiense. Considerando que si ambas partes (Costa Rica y la empresa minera canadiense) pidieron de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos (Costa Rica) omitió señalarlo en su comunicado oficial, es que es muy probable que algo se pactó y que resulta altamente insólito que oficialmente Costa Rica lo niegue (Nota 7).

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que a penas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, a penas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica, y tengamos programado un nuevo «conversatorio«.

– – – Notas – – –

Nota 1: Según los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia del 2010, se lee que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«

Nota 2: Son varios los proyectos polémicos en Costa Rica en los que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más, de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas; de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones; de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals; de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe; o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

Nota 3: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: «Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection». Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas en Colombia, véase STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective», Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el año 2016, Colombia acumula a la fecha (13/11/2026) un total de 29 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 19 están aún pendientes de resolución. No se ha escuchado de proyectos de ley para intentar volver a la situación anterior, en la que Colombia se veía bastante bien resguardada de demandas de inversionistas extranjeros ante el CIADI.

Nota 4: Se lee en la decisión sobre jurisdicción del 4 de diciembre del 2017 en el caso de la demanda de Infinito Gold contra Costa Rica (véase texto) que:

«343. La Demandada plantea dos objeciones fundadas en esta disposición: una basada en el Artículo XII(3)(c), y otra basada en el Artículo XII(3)(d). El Tribunal ha resuelto que se ha dado cumplimiento al requisito dispuesto en el Artículo XII(3)(d), por lo tanto, la determinación de si dicho requisito es de carácter jurisdiccional o de admisibilidad no tiene consecuencia alguna. Respecto de la excepción de la Demandada de que las reclamaciones están prescritas conforme al Artículo XII(3)(c), el Tribunal ha pospuesto la consideración de esta cuestión a la etapa de fondo. En consecuencia, el Tribunal analizará la cuestión de si el requisito es jurisdiccional o de admisibilidad durante la etapa de fondo en caso de que ello resultara relevante, a saber, si el Tribunal considerase que no se cumplió con el requisito y se acogiese la objeción planteada por Costa Rica».

Nota 5: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta muy peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas», edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán», 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority».

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«, 29 de noviembre del 2023. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., «Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro», 23 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

A propósito de una demanda internacional contra Costa Rica ante el CIADI que explica que … se organizara un «conversatorio» en Turrúcares: acto I

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Introducción

El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia, en la semana posterior al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que la empresa EBI pretende instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros (uno de ellos con doble cartera) que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo insólito? A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual el título de este artículo incluye un: «Acto I«.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: un intercambio de proyectos para la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad.

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos y los círculos corporativos que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Más allá de una cara verdaderamente desconocida que Costa Rica externa ante el mundo y ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posturas, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años pasados con respecto a megaproyectos, en torno a la desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina así como a la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas en la frase anterior).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza de un arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchados (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerda unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un vicepresidente en Costa Rica, según el cual, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al vicepresidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 exigiendo explicaciones): pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta «comisión» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense.

Siempre en el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un exjerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

En este artículo publicado en La Nación en el 2011, se indica a partir de los cables WikiLeaks cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (algo astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta contra Costa Rica por una subsidiaria de RITEVE ante el CIADI, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó favorable para Costa Rica (véase texto completo de la decisión).

Este breve recuento de algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencia el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública.

El CIADI y la profunda desconfianza que genera

El CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. Algunas de ellas se originan en permisos y autorizaciones otorgadas por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refiere a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones en Costa Rica contra sus autores.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado ante una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Woods Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención de Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que ni siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema de arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, estas demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Torys explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía » reasonably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 7 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además otras dos demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada unas semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y texto de demanda de empresa suiza en representación de Gas Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe dónde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense. Y en particular contraponer el texto de esta demanda a dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica, al precisar que:

El artículo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, que establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos días después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitarios de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Foto de manifestaciones en las principales arterias de San José contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si COMEX tiene claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anuncia desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

A modo de conclusión

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pie para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó. En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:

«Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro».

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de notable celeridad municipal, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales que siempre debería de interpelar, ¿qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que apenas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, apenas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica y un nuevo «conversatorio» sea nuevamente organizado.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

En Montes de Oro presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción del relleno sanitario Galagarza

El pasado 24 de setiembre, la Municipalidad de Montes de Oro otorgó a la empresa EBI de Costa Rica S.A. el permiso de construcción definitivo para el proyecto denominado Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, segundo relleno sanitario en ese cantón.

El hecho generó una reacción inmediata en la comunidad. El 30 de setiembre, un grupo de 111 habitantes de diferentes comunidades —en su mayoría de Zagala Vieja, señalada en el estudio de impacto ambiental como la población más cercana al proyecto— presentó ante el Departamento de Desarrollo Urbano un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución MMO-DDU-43-2025 que otorgó el permiso.

Las y los firmantes alegan que el permiso municipal fue otorgado sin cumplir con requisitos técnicos y legales esenciales, entre ellos:

  • La ausencia de autorización para el tanque de autoabastecimiento de combustibles.

  • La falta del permiso de vertidos para aguas residuales tratadas.

  • La inexistencia de alineamiento oficial del INVU sobre los cuerpos de agua presentes en la finca.

  • El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 metros cuadrados respecto a la realidad registral.

El documento subraya que estas omisiones constituyen vicios sustantivos que afectan la validez del acto administrativo, al vulnerar principios de legalidad, seguridad jurídica y derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Las y los vecinos también cuestionan que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, pese a tratarse de un asunto de alto interés local. Según explicaron, se enteraron del otorgamiento de manera informal dos días después de emitido. Esto obligó a que el recurso se elaborara y recolectara firmas en un plazo muy corto, con el esfuerzo de recorrer casa por casa.

De las 111 firmas, más de 60 pertenecen a personas de Zagala Vieja, comunidad directamente afectada.

Finalmente, las personas recurrentes denunciaron que, tras enviar el documento a la Municipalidad, un número anónimo comenzó a difundirlo en chats comunales con información tergiversada, buscando desacreditar la gestión vecinal.

Imagen: Los rellenos sanitarios son definidos por las comunidades como territorios de sacrificio y resistencia.

“Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia” en Voces y Política

Este miércoles 9 de abril tendremos el programa:
“Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia”.

Con la participación de:
Integrantes de la Asociación Civil Pro Natura de Miramar de Montes de Oro:

Vera Cecilia Ugalde Ávila, Psicóloga y lideresa comunal.
Dayana Rojas Venegas, Ing. en Biotecnología.
Siria Lorena Alán Gamboa, Abogada y Notaria.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.
Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Carta pública dirigida a Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica

Por la Viabilidad Ambiental dada a Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza

Expediente Administrativo N ° D1-0635-2021-SETENA

Montes de Oro, Puntarenas, Costa Rica. Mayo 2024

Señor Ministro:

Nos dirigimos a usted con todo el respeto que se merece, para manifestar nuestra indignación y rotunda oposición a la Viabilidad Ambiental dada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) al “Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, que Empresas Berthier EBI de Costa Rica pretende desarrollar en Montes de Oro.

Tal como lo manifestamos mediante un documento escrito con más de 1500 firmas de ciudadanos oromontanos y de comunidades vecinas que entregamos a la SETENA, y a viva voz los más de 700 asistentes a la Audiencia Pública efectuada el pasado 02 de setiembre 2023 en Miramar, gracias a que el Voto Constitucional Nº 2023011236 dio lugar al recurso de amparo presentado por una ciudadana, reiteramos por medio de la presente con nuestras calidades, que NO estamos de acuerdo con que la SETENA y el Ministerio de Ambiente y Energía, representado por su persona, permitan la apertura de un segundo relleno sanitario en nuestro cantón, sin antes haber evaluado los efectos acumulativos del proyecto como corresponde, ni haber atendido adecuadamente la catástrofe ambiental, crisis social y pérdidas económicas producidas por el colapso y fracaso rotundo de los rellenos sanitarios actuales y a lo largo de la historia de nuestro país; los rellenos sanitarios, ahora también mal llamados “parques tecnológicos ambientales” son ejemplos de impunidad, destrucción ambiental, perjuicio económico, engaño social y conflictos intracomunales entre otros, además evidencian la incapacidad de control y fiscalización del Estado costarricense para ese tipo de proyectos.

Lamentablemente como país no hemos unido esfuerzos para promover un sistema educativo que permita al ciudadano consumir y disponer de los desechos responsablemente, sino que ha sido mayor el afán de lucro de la industria utilizando la publicidad, el diseño de productos y empaques, así como la aplicación de la obsolescencia programada para promover un consumo irracional de mercancías. Cuando las instituciones públicas propusieron una “declaratoria de emergencia nacional ante la crisis de la basura” en 1991, copia exacta de tres crisis anteriores, y a pesar de tener legislación suficiente, se promulgó la Ley 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos, cuyo espíritu es atacar esta problemática desde la raíz evitando la generación de desechos, concienciando a la ciudadanía y haciéndola responsable del manejo desde la fuente mediante su clasificación para reducir las cantidades a disponer en rellenos sanitarios.

Tanto el MINSA como el MINAE a través de la SETENA han faltado al deber de probidad al no hacer cumplir la Ley 8839; al no obligar a las Municipalidades a colectar selectivamente y aprovechar los desechos, lejos de disminuir la cantidad de éstos ha aumentado y al permitir a las empresas rellenistas sobrepasar por mucho la cantidad de desechos a recibir, se ha ocasionado mal manejo de los rellenos por exceso de desechos con las consecuentes molestias para las comunidades adyacentes en su salud mental y física sumado al deterioro de su situación financiera. El incremento de camiones cargados de desechos ha congestionado aún más el tráfico, deteriorando el estado de las calles e impregnándolas con sus lixiviados, olores pestilentes y ruido a lo largo de los innumerables kilómetros de sus recorridos. Sin dejar de lado que el aumento exorbitante de las ganancias de las empresas aunado a la dependencia técnica de ellas, les ha dado un poder político y económico que las cobija para amedrentar a comunidades enteras mediante demandas a sus líderes, recusaciones a regidores municipales, e incluso pareciera marcarle el norte a más de una instancia pública, abriendo el portillo para normalizar y legitimar megarellenos con enormes impactos en las comunidades rurales.

No es posible que funcionarios del MINAE y otras dependencias, cargados de títulos académicos, sin haber podido atender, ni entender la crisis que viven las comunidades de Montes de Oro, Desamparados, Aserrí y La Uruca por ejemplo, sigan autorizando nuevos desastres; peor aún haciendo caso omiso al hecho de que la zona en donde se pretende desarrollar el proyecto PTA Galagarza es un Área Ambientalmente Frágil, pues a una distancia menor de 2 Km se encuentran los restos del antiguo Vertedero de Basura de Zagala, y otro relleno sanitario llamado Parque Ecoindustrial Miramar – Tecnoambiente, operado desde hace más de 12 años por el Grupo Empresarial RABSA, y que desde el año 2021 sobrepasa las 1100 toneladas diarias de desechos sólidos provenientes de diferentes municipalidades del país, entre ellas Montes de Oro, Esparza, Monteverde, Puntarenas, Lepanto, Abangares, Bagaces, Cañas, Nandayure, Colorado, Upala, Pérez Zeledón, Coto Brus y Golfito, así como los transportados por las empresas LUBERA y LUMAR (desechos provenientes de las municipalidades de Heredia, Poás, Grecia, Quepos, Palmares y Liberia), y entidades públicas y privadas, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Coca-Cola Femsa S.A., Fábrica Centroamericana de Harinas S.A., Corporación Pipasa SRL y Vidriera Centroamericana S.A., entre otros.

Desde que Tecnoambiente inició operaciones en nuestro cantón, se han producido constantes cuestionamientos hacia la empresa, la Municipalidad local y las autoridades estatales competentes en materia ambiental y sanitaria, por su falta de intervención ante el declarado descontento, malestar e inconformidad de las comunidades vecinas que sufrimos por la continua emisión de polvos alérgenos, olores pútridos y líquidos lixiviados así como la proliferación de microorganismos patógenos (principalmente bacterias y hongos) que quedan suspendidos en el aire y se dispersan sobre las comunidades por la acción del viento, moscas, mosquitos y otras plagas que son vectores de riesgo para la salud, así como el empobrecimiento escénico visible desde diversos puntos del cantón y que repercute directamente en el turismo.

Los estudios de impacto ambiental se han convertido en meros trámites con propuestas que legitiman la entrega de las riquezas naturales nacionales a cualquier costo. En el caso del proyecto PTA Galagarza, la propiedad prevista para el desarrollo del proyecto cuenta con presencia de los cuerpos de agua: depresión natural, quebrada Llano, afloramiento de agua (naciente) y la colindancia con el Río Seco, cuyo cauce desemboca en el Humedal Estero de Puntarenas y Manglares Asociados (lugar donde nace la vida marina que alimenta al resto de ecosistemas de la vertiente del Océano Pacífico de Costa Rica), y que ya se ha visto impactado negativa e irreversiblemente con el arrastre de desechos sólidos de todo tipo y sustancias lixiviadas provenientes del antiguo botadero y el actual relleno, afectando a su vez a los ecosistemas que habitan el río, el Humedal Estero de Puntarenas y Manglares Asociados y también la Cuenca del Golfo de Nicoya.

Adicionalmente, la finca se encuentra a una distancia menor de 5 Km del Santuario de Vida Silvestre Natuwa, único santuario que promueve la conservación de los emblemáticos guacamayos de Costa Rica, tanto de lapa roja (Ara macao), como de lapa verde (Ara ambiguus), figurando el último en peligro crítico según los criterios (A4abcd) de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Y donde se da albergue también a diversas especies de aves, reptiles y mamíferos, entre ellos el ahora simbólico jaguar que representa a Costa Rica y su economía proyectada al mundo desde la Presidencia de la República y los diferentes ministerios.

Empresas Berthier EBI de Costa Rica nos ha mentido descaradamente al afirmar que cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que le permite “garantizar que en comunidades tan cercanas como 1.0 Km no se presenten reportes por malos olores durante años”, pues existe material documentado con las quejas, denuncias, fotografías, videos y reportajes periodísticos en diferentes medios de comunicación que demuestran múltiples y constantes irregularidades en sus rellenos sanitarios, evidenciando que no existe tal garantía. Así mismo, condenas por sobornos a funcionarios públicos, por ejemplo en el año 2011, cuando la Sala III otorgó una pena de 5 años para el exalcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, por recibir dádivas por parte del exgerente de la empresa, Juan Carlos Obando Umaña; y por procesos fraudulentos como en el caso de la Sentencia N° 10417 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 5 de agosto de 2011, que dio lugar a un recurso de amparo por violación a los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 de nuestra Constitución Política), por sobrecarga en la recepción de desechos en el PTA Uruka, y más recientemente, la construcción de la “Celda Única” en el PTA Aczarri sin solicitar ni obtener la totalidad de los permisos requeridos, y que en julio de 2023 colapsó dejando toneladas de basura al aire libre, expuestas ante las lluvias, generando malos olores desproporcionados por la cantidad de biogás liberado a través de las grietas, además de terreno inestable con inminente riesgo a la integridad de los vecinos de la zona. Todo a vista y paciencia de las autoridades estatales.

Todas estas afectaciones se verían incrementadas de manera exponencial y serían acumulativas al instalarse un segundo relleno sanitario a una distancia no mayor de 2 Km del primero, algo sin precedentes en Costa Rica; resultando irracional y alejado de los principios de la ciencia y la técnica que el costo ambiental de más del 85% de los desechos sólidos del país, se recargue en el 0,25% de la población, que es el peso relativo de todo el país.

En síntesis, la presencia y funcionamiento del PTA Galagarza acarrea graves repercusiones directas sobre la economía de la región, principalmente a nivel de turismo, ecoturismo, pesca artesanal en el Golfo de Nicoya, actividades comerciales como hoteles, restaurantes, fincas recreativas y de conservación, por citar algunos. Sin dejar de lado que aún sin iniciar operaciones, ya se experimenta la estrepitosa caída en el valor de las propiedades y las dificultades inherentes para la obtención de créditos bancarios, así como la insuficiente generación de empleo digno en contraste con el daño ambiental irreversible que se generará.

La falta de recursos y capacidad del Estado no permite la apertura de más rellenos sanitarios. No existe control operacional efectivo, la fiscalización es escasa y poco eficiente de principio a fin, con mayor riesgo durante la fase de operación, porque mientras, un relleno sanitario opera los 365 días del año en horarios que van desde las 5 am hasta las 10 pm (e incluso horas de la madrugada), los controles estatales se dan mensualmente, con funcionarios que laboran solo de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Por consecuente, apelamos a su persona en legítima defensa del interés público y sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme a lo otorgado en el Artículo 50 de nuestra Constitución Política, para que no se siga viendo el PTA Galagarza como un proyecto aislado o individual, sino por el contrario, se realice la Evaluación Científico – Técnica de los Efectos Acumulativos (EEA) como corresponde y los mismos sean contemplados en el expediente de SETENA, para analizar y evaluar los cambios ambientales acumulativos, originados por la suma sistemática de los efectos de actividades, obras o proyectos desarrollados dentro del área geográfica definida. Así mismo se declare la nulidad de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA al desarrollador y se archive el Expediente Administrativo N ° D1-0635-2021-SETENA.

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”. (Principio 3 de la Declaración de Rio, 1992).

Respetuosamente, las y los ciudadanos oromontanos que no desean ver al cantón de Montes de Oro convertido en el basurero nacional.

Imagen con fines ilustrativos.

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Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia

Foto de manifestantes contra la expansión del monocultivo de la piña en Costa Rica extraída de artículo titulado «Nuevo gobiernos, viejos piñeros» (Revista AgroEcologa, edición del 7/05/2018).

Nicolas Boeglin,

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) / Contacto: nboeglin@gmail.com

En días pasados, fue dado a conocer el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto objeto de cuestionamientos, la SETENA optó por otorgar esta viabilidad un 14 de diciembre del 2022, recordándonos varias otras polémicas en Costa Rica en las que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más,

– de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas;

– de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones;

– de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals;

– de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe;

– o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

En cuanto a la participación ciudadana en materia ambiental, en el caso específico del relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro, la SETENA consideró haber cumplido con este requisito al conformarse con el estudio de un sociólogo contratado por la empresa (denominado “Estudio cuantitativo de percepción local”), sin necesidad de proceder a celebrar una audiencia pública con la comunidad de Miramar de Montes de Oro, realizada hace más de 10 años.

En su voto, la Sala considera que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la SETENA “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución” y por consiguiente, anula la viabilidad ambiental otorgada en las vísperas de las fiestas de fin del año 2022.

Un gran esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala Constitucional por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia, valentía y tenacidad de la recurrente que logró convencer a los integrantes de la Sala Constitucional, la lectura de este voto denota también una división interna en la Sala: en particular se hace muy evidente un sostenido esfuerzo semántico por parte de la mayoría de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”. Incluso entre las primeras referencias a su jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, relativo al polémico proyecto de acueducto Coco Ocotal en Sardinal, en el que la Sala, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante – e indecorosa – conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda, cuya lectura se recomienda): los cinco magistrados/a restantes en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 (Declaración de Río) para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un verdadero derecho, no ameritaba ninguna reflexión particular.

Esta “involución” jurisprudencial a la cual procedió el juez constitucional costarricense a la fecha no ha dado lugar a rectificación alguna, pese a numerosas ocasiones desaprovechadas desde el año 2017.

La participación ciudadana en materia ambiental puesta en contexto

De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense del mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el transcurso del año 2018 (véase texto completo) que precisa, y ello de manera muy clara, que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que:

«g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.

En total consonancia con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú adoptado en marzo del 2018, el Artículo 7 refiere a la participación del público como un “derecho”, al leerse que:

“Artículo 7. 1: Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.

De igual forma se indica en otro inciso que:

“Artículo 7.4. Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones” (el resaltado es nuestro).

Como era previsible, ni el Acuerdo de Escazú, ni tampoco el uso del término “derecho” para referirse a la participación ciudadana aparecen bajo la pluma del magistrado instructor en el párrafo IV de la sentencia en la que fundamenta su razonamiento.

Calificativos usados contra la recurrente y jurisprudencia interamericana sobre la obligación del Estado

Como punto de detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la SETENA al leerse que (Resultando, punto 3):

“Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma. La recurrente desconoce de todos los cambios internos en la metodología de trabajo que se han realizado dentro de la SETENA, /…/ ”

Debería poder fácilmente entenderse que, para cualquier vecino de Miramar de Montes de Oro u observador, una viabilidad ambiental aprobada por la SETENA en la segunda quincena de diciembre levanta usualmente dudas razonables y sospechas; y que, contrario a lo indicado, la decisión de la Sala Constitucional en este preciso caso confirma que la recurrente conoce perfectamente los métodos de la SETENA.

De igual manera, la apoderada general de la empresa a cargo del proyecto de relleno sanitario, consideró útil y oportuno expresarse en contra de la recurrente, al leerse unas páginas después (Resultando, punto 5) que:

“Lo así afirmado por quien recurre, no puede ser calificado de otra forma más que temerario, irrespetuoso y tendencioso, no solo para la SETENA sino para mi representada, quien siempre se ha caracterizado por transparencia y estricto apego a la legislación imperante en cada Proyecto que emprende”.

Más allá del efecto que pueda tener, en una discusión sobre argumentos jurídicos ante siete magistrados, el intento de descalificar a una recurrente preocupada por los efectos negativos de un determinado proyecto y que desconfía de sus autoridades, lo cierto es que ni los argumentos de la SETENA ni los de la empresa encontraron eco alguno en ninguno de los integrantes de la Sala Constitucional.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones que puede generar un proyecto y a la transparencia que toda persona puede exigir a sus autoridades nacionales, cabe indicar que en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24/11/2022) sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, el juez interamericano sentenció lo siguiente:

“96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales. Lo anterior, por cuanto el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”.

En el párrafo 100 de esta misma sentencia, el juez interamericano afirmó además que la garantía de la libertad de expresión se extiende a las personas que defienden el ambiente, al precisar que:

“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».

En el párrafo 114, el juez interamericano explicó las razones por las que la temática ambiental debe siempre considerarse como un asunto de interés público, al señalar que:

“Al respecto, esta Corte considera que las opiniones, manifestaciones, ideas e información relativas a la protección o gestión del medio ambiente, así como aquellas sobre los riesgos e impactos ambientales de actividades o proyectos, deben ser considerados asuntos de interés público en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión debido a que, como lo ha reconocido en su jurisprudencia, el respeto y garantía de los derechos humanos no puede escindirse de la protección del ambiente. Asimismo, cabe señalar que Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. En consecuencia, para este Tribunal no cabe duda de que los temas ambientales deben considerarse asuntos de interés público en una sociedad democrática y que corresponde a los Estados proteger la libertad de expresión y fomentar la participación por parte de los ciudadanos en estos asuntos”.

Cabe indicar que en esta importante sentencia que condenó a Chile en el 2022, el juez interamericano hace varias referencias al Acuerdo de Escazú, integrándolo de pleno al corpus juris interamericano. Ya tuvimos la ocasión de indicar al respecto en un artículo publicado en abril del 2023 que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014 del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las reiteradas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos juristas en Costa Rica, al punto de llevarlos a expresarse de manera tan peculiar como magistrados constitucionales.

En ese sentido, no está de más recordar otro hecho bastante insólito que pone en evidencia el profundo temor que provoca en algunos sectores la participación ciudadana: en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa objeto de un veto por parte del Poder Ejecutivo costarricense durante todo el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental” (véase texto completo acompañado del texto del veto presidencial del 24 de noviembre del 2008). En el informe de labores para el período 2008 de una influyente cámara empresarial, leemos que:

“Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (véase texto del informe de la UCCAEP titulado “Informe de Labores, Marzo 2009”, p. 36).

Podemos de igual manera remitir a la discusión provocada en Costa Rica con respecto al Acuerdo de Escazú en los últimos años, a raíz de comunicados oficiales de la misma agrupación y de varias otras, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora vuelta famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene). Cabe recordar que en primer debate, el Acuerdo de Escazú fue adoptado por una votación de 44 votos a favor y ninguno en contra en el mes de febrero del 2020.

A modo de conclusión

Más allá de la gran facilidad con la que algunos en Costa Rica logran frenar iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 del 12 de mayo del 2023 (cuya lectura completa se recomienda – párrafo VII – ) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda consideraron oportuno precisar (haciendo referencia a varios instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho ambiental, entre ellos el Acuerdo de Escazú, así como a la precitada jurisprudencia del juez interamericano) que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho que asiste a cualquier ciudadano costarricense. Una participación del público que, hasta el año 2017, así era calificada por la Sala Constitucional en innumerables votos (Nota 3).

Los tres magistrados antes mencionados expresaron además en su voto concurrente que:

“la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Leemos además por parte de estos tres integrantes de la Sala Constitucional, que:

“… es de relevancia constitucional que el Estado garantice la audiencia pública como un derecho, a través de las formas de participación directa de los ciudadanos en asuntos que pueden tener un impacto ambiental”.

Es de esperar que, inspirándose en esta valiosa opinión concurrente colegial, pronto el resto de la Sala Constitucional logre rectificar la deriva semántica a la que ha procedido desde el año 2017, la cual constituye a todas luces una verdadera regresión jurisprudencial.

Y con relación al Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento de vanguardia en la fundamentación de esta sentencia de mayo del 2023 (pese a poder hacerlo), recientemente, los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón indicaron en un artículo (cuya lectura completa recomendamos), que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

– – -Notas- – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en página 93), así como en este otro enlace, en el que la referida cita se puede leer en página 30.

Nota 3: Véase por ejemplo el voto 06922-2010 de abril del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas (párrafo XVII). O bien el voto 05593-2012 del 2 de mayo del 2012, en el que se lee (párrafo V titulado Sobre la participación ciudadana en asuntos ambientales) que: “En suma, el derecho de participación en materia ambiental, es un derecho fundamental y un principio, protegido constitucionalmente, y que como tal, impregna todo el resto del ordenamiento jurídico, en cuenta, toda la legislación, reglamentación y resto de normativa ambiental, aunque este no lo establezca expresamente. Derecho que se traduce en la obligación del Estado de facilitar, garantizar, permitir y brindar el acceso a la población en todas las instancias, incluso en los procedimientos administrativos y judiciales (en los términos del principio 10 de la Convención de Río), para que los miembros de la comunidad no sólo puedan ser testigos presenciales de un determinado procedimiento sino también para que puedan ser parte y así «reaccionar» frente a la violación a su derecho al ambiente y con ello buscar la reparación de los daños. Ello pues, conforme al más reciente concepto de legitimación en materia ambiental, su derecho de acceso, de intervenir, de participar y de ser parte, no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que, por tratarse de un interés difuso, tal derecho se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran”. También merece mención el voto 06322-2003 del 3 de julio del 2003 en el que se lee, con relación a la participación de las municipalidades (Párrafo IX, inciso 11) que: “Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza”.