El resultado electoral dejó algunas cosas buenas a resaltar:
El anti-chavismo, los partidos opuestos a la continuidad, ganaron en el Gran Área Metropolitana (GAM), la región más urbanizada y que concentra a la gran mayoría de la clase media. En otras palabras, las políticas de Chaves y su gobierno fueron derrotadas en el centro del país, donde se ubica la mayoría de la población. Esto además de ser muy significativo, señala el rechazo a esa forma de gobernar despótica y vulgar del gobierno de Chaves.
Desde las bases mismas de la población, se constituyó una comunidad de lucha de los partidos Liberación Nacional, Acuerdo Ciudadano y Frente Amplio, que produjo la movilización de la población y el resurgimiento, fundamentalmente, del PLN. Desde abajo, desde los votantes, se logró aglutinar un bloque que ganó las calles al oficialísimo y forjó la imagen de que era posible revertir un resultado que parecía conducir inmediatamente al autoritarismo del chavismo. Fue el pueblo el que en los últimos días se movilizó y empoderó a muchos sectores sociales. A esta movilización debemos que en la GAM se haya impuesto el anti-chavismo.
Liberación Nacional se salvó del nocaut en las últimas dos semanas. Alvaro Ramos pasó de estar casi en la lona, de un 8% a un 33,5% debido a que sus bases, aunque no sus dirigentes, lograron sintonizar en las calles en defensa de los valores democráticos con los otros partidos. Ramos al final obtuvo más votos que Figueres en la primera vuelta de las elecciones pasadas; 825.000 votos es una cifra que probablemente no la obtenían hace bastante tiempo. El llamado voto útil hizo que mucha gente de la izquierda votara al final por Ramos y no por Ariel.
Sin lugar a dudas, el partido con mayor claridad política, que aportó los mejores argumentos en los debates, que desenmascaró claramente al chavismo fue el Frente Amplio. Se lanzó a las calles y con ello obligó a los otros a incorporarse, y de esa manera desplazar al chavismo de las principales ciudades. El trabajo de Ariel Robles fue sobresaliente y su madurez política, a pesar de su juventud, fue sumamente destacada en los debates y el que permitió que las fuerzas democráticas y el FRENTE AMPLIO hayan salido de las elecciones básicamente con la misma correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y la GAM, que antes del proceso electoral.
Claudia Dobles habló el domingo por la noche de conformar hacia futuro un Bloque Democrático. Así lo llamó ella. Me parece muy pertinente. Ese bloque democrático, ya surgió en las bases; nació de la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, desalmado, muy bien financiado, con ligámenes turbios y dudosos, que es un serio y grave peligro para el país.
El partido Liberación Nacional debería sacar las lecciones de este proceso electoral, darse cuenta de que aquellos que se alinean con el chavismo terminan destruidos y que los contubernios a cambio de granjerías son rechazados por el pueblo. Si como dijo Ramos, estamos ante un nuevo Liberación Nacional, renovado, sin los perniciosos personajes del pasado y no corrupto, deberían complementarlo con un programa político popular y más cerca de la socialdemocracia que del neoliberalismo. Para defender Costa Rica, como decía el lema de campaña de Liberación, sus diputados deberán tener la fuerza necesaria para no sucumbir a los halagos y prebendas del chavismo.
Fundamental también concluir que existe la fuerza, el potencial y la energía suficiente en las bases del centro del país para enfrentar las arremetidas del chavismo ahora más agresivo y empoderado. Las movilizaciones sociales, son en última instancia, el complemento y el sustento de la política.
Volver a fallarle al pueblo será el asesinato político de nuestro régimen de libertades públicas y democráticas.
Que el chavismo haga su política y que las fuerzas democráticas hagan la suya. Si hay coincidencias bienvenidas, pero nunca contra las libertades, los derechos de los trabajadores, el Estado de Derecho y de Bienestar.
Sobre la Costa Rica de las costas y la frontera. Habrá que analizar aparte y hacer frente a ese reto. O el estado de bienestar las rescata o serán definitivamente ganadas por el conservadurismo más obtuso financiado por capitales de dudosa procedencia.
Diversas organizaciones sociales convocan a una concentración en defensa de la democracia, con el llamado explícito a participar activamente en el proceso electoral y a ejercer el derecho al voto de manera masiva.
La actividad se realizará el jueves 29 de enero, a las 11:00 a.m., en el Parque Nacional, en San José, bajo la consigna “¡Salgamos a votar!”. La convocatoria invita a las personas asistentes a llevar chonete, vestirse de blanco y portar banderas de Costa Rica, como símbolo de unidad y defensa del sistema democrático.
El llamado subraya la importancia de unirse como país para defender la democracia y promover la participación electoral de cara a las elecciones del 1.º de febrero, destacando el voto como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la vida democrática.
La concentración es convocada por las siguientes organizaciones, cuyos logos aparecen en la imagen:
Mujeres en Lucha Social
MANA
Rescate Nacional
ISFODE
y otras agrupaciones de la lucha social
Las organizaciones convocantes hacen un llamado amplio a la ciudadanía a sumarse a esta acción colectiva en defensa de la democracia y del ejercicio responsable del voto.
Los y las invitamos a sumar su firma y a difundir este llamado:
En un momento de grave amenaza para la paz y la soberanía de nuestra América, nos hacemos eco del urgente Llamamiento por la Paz y la Unidad impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Frente al despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en el Caribe, las acciones que violan el derecho internacional y la intención de revivir una lógica colonial en la región, el llamado es claro: defender la autodeterminación de los pueblos, exigir el respeto a la Carta de la ONU y movilizarnos para que nuestra región siga siendo un territorio de paz.
La Coalición PalestinaCR anunció una Jornada de Solidaridad a nivel nacional, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Durante estos cuatro días, la organización convoca a registrar activaciones en todo el territorio nacional —acciones públicas o virtuales— como muestra de acompañamiento al pueblo palestino. La convocatoria está dirigida a colectivos, organizaciones sociales, grupos vecinales, artistas, liderazgos comunitarios, profesionales independientes, creadoras y creadores de contenido, federaciones, sindicatos, pymes, personas emprendedoras y ciudadanía en general que deseen proponer actividades de cualquier escala.
Las iniciativas podrán inscribirse a través del formulario disponible en los canales oficiales de la Coalición. Con esta información se elaborará un mapa nacional de acciones, que será compartido con organizaciones palestinas como gesto de solidaridad internacional.
La Coalición invita a que cada persona o grupo organice acciones propias, apoye propuestas ya planteadas o motive a otros espacios a sumarse desde sus comunidades.
Marcha del 29 de noviembre en San José
Dentro de esta jornada, la Coalición también se suma al llamado global a manifestarse el 29 de noviembre. En Costa Rica, convocan a una marcha en San José, que iniciará a las 2:00 p.m. desde la Casa Amarilla.
Para quienes se encuentren fuera del Gran Área Metropolitana, la invitación es a realizar expresiones locales de solidaridad en sus barrios o comunidades: caminatas, concentraciones, uso de banderas, carteles o símbolos de apoyo al pueblo palestino.
La organización señala que la conmemoración ocurre en un contexto internacional crítico y recuerda que, en el ámbito nacional, también se discute el Tratado de Libre Comercio con Israel, un tema que forma parte de las preocupaciones de diversos sectores sociales.
APSE, ANDE, Magisterio en Acción y otras organizaciones del sector educación y del movimiento sindical costarricense convocan a una manifestación nacional este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., con salida desde el Parque de la Merced y rumbo al Ministerio de Hacienda. (Ver al final la actualización al jueves 20 de noviembre de la organizaciones que convocan).
La convocatoria se realiza en un contexto marcado por el deterioro salarial, el congelamiento de pensiones del régimen transitorio de reparto, la ausencia de diálogo social y el incumplimiento de compromisos históricos de financiamiento para la educación pública.
Ejes de lucha:
Las organizaciones convocantes destacan cuatro demandas centrales:
✔️ 1. Convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público
Exigen restablecer el espacio formal de diálogo para definir ajustes salariales, suspendido por el Gobierno.
✔️ 2. Incremento salarial justo y digno
Señalan que el poder adquisitivo del salario público se ha deteriorado durante varios años consecutivos, afectando las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras.
✔️ 3. Cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública
Recuerdan que es un mandato legal y constitucional garantizar este financiamiento, cuya ejecución plena es fundamental para la calidad y equidad del sistema educativo.
✔️ 4. Convocatoria y aprobación del proyecto de ley 24.353
Esta iniciativa permitiría descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto (RTR, Ley 2248 y Ley 7268), que llevan cinco años sin ajustes por costo de vida.
🗓 Detalles de la manifestación
📅 Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025 ⏰ Hora: 9:00 a.m. 📍 Punto de partida: Parque de la Merced 📍 Destino: Ministerio de Hacienda
La acción colectiva busca defender derechos laborales, fortalecer la institucionalidad educativa y exigir condiciones dignas para el personal del sector público.
Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica se prepara para participar activamente en las actividades del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha en la que se realizarán diversas movilizaciones y espacios de articulación social en San José.
Esta organizacion mantiene una labor constante de formación, análisis y acción en defensa de los derechos de las mujeres del campo, denunciando los impactos de políticas que han reducido becas, servicios de salud, apoyos alimentarios y programas comunitarios que beneficiaban a las mujeres, niñas y familias rurales.
“Seguimos promoviendo la organización y fomentando formas para incrementar la pequeña producción de alimentos que permitan una mejor calidad de vida, la organización local de las mujeres y el acompañamiento de las luchas locales”, señalaron representantes de la Red.
La Red de Mujeres Rurales desarrolla encuentros regionales y procesos de capacitación con muy pocos recursos económicos, movilizando a mujeres de diversas comunidades mediante el trabajo voluntario y la cooperación solidaria.
Con motivo de la movilización nacional del 25 de noviembre, la Red organiza la participación de una delegación de 25 mujeres rurales provenientes de distintas zonas del país, entre ellas Pérez Zeledón, Siquirres, Matina, Upala, Los Chiles y territorios indígenas.
“La movilización del 25N es tan necesaria en estos tiempos y permite abrir espacios de diálogo con compañeras de otras organizaciones y movimientos», expresó Orfa Dalila Condega Pérez, representante de la Red.
Las imágenes muestran los espacios de encuentro, formación y organización que la Red impulsa en distintas regiones del país.
El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 (Expediente 24.290) en Costa Rica, es nefasto para las personas trabajadoras, sus familias y para la sociedad costarricense. Propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, principalmente para sectores con operaciones continuas.
Su objetivo se centra en incrementar la producción en detrimento de la salud de las personas trabajadoras. Incluso, este argumento es un engaño; contrario a lo que afirman los promotores, la productividad individual disminuye con jornadas extendidas debido a la fatiga y el agotamiento.
Los recargos salariales propuestos (17-25.5%) son insuficientes para compensar el desgaste y la pérdida de tiempo personal. Todo lo contrario, estamos ante la perdida de la conquista histórica de las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras.
La “voluntariedad» que se les ofrece a las personas para someterse a estas jornadas y horarios es una mentira política ya que, en un contexto de desempleo y asimetría de poder, las personas trabajadoras se verían obligados a aceptar estas condiciones y con muchas más razón al encontrase Costa Rica entre los países con más desempleo en Centroamérica.
Los tiempos de traslado, las atenciones de las responsabilidades familiares (tiempo de calidad para la familia) y en general la conciliación vida – trabajo – familia, limitaría considerablemente el descanso adecuado y pueden llevar a fatiga crónica, estrés y agotamiento físico y mental, aumentando el riesgo de accidentes laborales y enfermedades graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en jornadas de 55 horas o más a la semana, según la OIT y la OMS.
Las desigualdades de las mujeres trabajadoras ya son, de por sí, muy considerables, con las jornada 4×3 se incrementarían esas desigualdades en mujeres jefas de hogar, al intensificar su «triple carga» de trabajo remunerado y no remunerado, y en jóvenes estudiantes que trabajan, comprometiendo su formación académica.
El trabajo respetuoso y digno es fundamental en toda sociedad democrática. Legalizar jornadas excesivas es un retroceso contundente de los avances históricos en la reducción de la jornada laboral a nivel internacional y las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el uso de la «vía rápida» limita el debate democrático y el análisis profundo, sin estudios que demuestren la creación de empleos «decentes».
La propuesta 4×3 intensifica las horas diarias sin reducir la jornada semanal total, Debemos mantener la jornada que tenemos e incluso cambiarla para que las personas trabajen menos y compartan más tiempo con sus familias y estudien. Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 es un retroceso que compromete los derechos laborales, la salud pública, la vida y el quehacer cultural social en Costa Rica, sin ofrecer garantías reales y demostrables de los beneficios prometidos.
Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU, hacemos un llamado para que todas las personas habitantes manifiesten su rechazo a este nefasto proyecto, contrario a los derechos humanos de las personas, y a que nos movilicemos para detenerlo.
Los derechos humanos son nuestros, no son del patrón, tampoco deben responder a los intereses de la producción.
Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.
Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.
Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.
Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.
Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.
Dedicado con respeto y honor merecido a quienes aún están con nosotros, como para aquellos que ya partieron. A ellos en estos 54 años de ALCOA, enseñándonos aciertos y también errores cometidos. Gracias por tanta dignidad para con nuestro pueblo.
Lic. Rafael A. Ugalde Q.*
a). Elites con larga vida: Sin querer distinguirse “política” de “politiquería”, a solo dos años de las elecciones presidenciales en 2026, no faltan quienes reducen con espantosa simpleza los graves problemas de los trabajadores nacionales a una cuestión de “bipartidismo”,” izquierdas democráticas” o a un “cambio de gobierno” de turno como táctica electoralista de “quítate porque sigo yo”. Este cruel relato ofende el coeficiente normal de todos los trabajadores, no importa la preferencia partidaria, porque mete bajo la alfombra la destrucción sostenida de los más elementales valores morales y éticos que alimentaron el tejido social para llegar a la sociedad reseñada en algún momento por Juan Rafael Mora, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Pepe Figueres, Rodrigo Facio, Juan Guillermo Ortiz Guier, entre una larga lista de patriotas promotores de los más nobles ideales.
Rescatándose el concepto general de “política”, como “oficio” o “acción” de participación directa de la colectividad en la profundización de la democracia y el resguardo de la “cosa pública”; y la “politiquería” como un despliegue propagandístico encaminado a defender, mantener o aumentar las prebendas o privilegios personales o de grupo, alcanzados alrededor del Estado, sus instituciones o el gobierno de turno, alejado de toda gobernanza “de”, “por” y “para” el pueblo, quedamos en uno o en otro bando.
Desde estas dos definiciones convencionales nuestro modelo de convivencia alcanzó en los últimos 40 años un innegable crecimiento macroeconómico, llegando incluso, a ser ya “Jaguar” en la región, según expresión dicha recientemente por el Jefe de Estado, Rodrigo Chaves, relegando, eso sí, relegando para otro momento, la justa distribución de riqueza entre los trabajadores.
Quiere decir lo anterior, por un lado, que desafiando todas las leyes de la economía son otros los creadores de riqueza y no los trabajadores, y por otra parte, mientras la concentración de la riqueza en pequeños grupos, con tentáculos profundos en todos lados, no tiene reversa. Así, sí perteneces aquellos con salarios de hambre y sin patrimonio familiar para pagar una intervención quirúrgica en un hospital privado, salado porque no supiste aprovechar las oportunidades dadas por esta democracia tan particular y economía en pleno auge.
Es innegable en el fondo de la contradicción apuntada que quienes están al frente de los poderes fácticos tienen sus propios relatos, cada cierto tiempo actualizados y modernizados por universidades como Oxford, Chicago o escribidores de oficio, para evadir las responsabilidades históricas en cuanto a la desaparición paulatina del “bien común”, la distribución de la riqueza entre los trabajadores y la imposición del “interés particular” como religión estatal.
La contradicción dicha está presente además en miles de expedientes judiciales esperando “justicia pronta y cumplida” – el fiscalismo impuesto por los organismos financieros y “bendecido” desde la Asamblea Legislativa en todas las últimas administraciones – tocó las bases del Poder Judicial y empuja cada vez más para que la gente tome la justicia en sus manos.
Así también la “seguridad ciudadana” pasó de ser un derecho de la ciudadanía a cargo del Estado, a un negocio privado para quienes tienen recursos. Vino después como obvia consecuencia el narcotráfico y el sicariato como empresas necesarias, metiéndonos como colectividad en una verdadera mafiacracia.
Asimismo el combate de la corrupción es cada vez más una especie de “saludo a la bandera”, ya que aprobadas los compendios de leyes para enfrentar este mal, nos encontramos una mayoría de ellas vigentes, brillantemente redactadas, pero sin colmillos y las molares con caríes, sin adecuado financiamiento para tener jueces, fiscales e investigadores especializados en el complejo fenómeno, que va más allá del lobby, la división de grupos empresariales para reportar cero renta, alcaldes que venden tierra en la milla marítima, camiones cargados de cajas de cigarrillos, licores, repuestos, electrodomésticos etc., sin pago de impuestos.
Lo cierto del caso es que mientras alguien le pone dientes a una nueva ley anticorrupción, contra el tráfico de influencia o el mismo nepotismo innegable en municipalidades y Asamblea Legislativa, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional siempre “descubren” gastos excesivos sobre los ingresos recibidos, repitiéndose un malévolo ciclo para que todos los trabajadores y empresarios privados honestos, pagadores de sus obligaciones como corresponde a una sociedad civilizada y solidaria, subsidien a los evasores, a los contrabandistas, a los “astutos” muchachos especialistas en desfalcos y entrega de concesiones etc.
La llamada crisis del agua – solo a manera de ejemplo -nos reventó en la cara por años de improvisaciones y negligencia de esta clase minoritaria a cargo de Acueductos y Alcantarillados, quizá pensando que sería un buen negocio dejar que la entidad se cayera en pedazos y, luego, vender la institución o justificar su tercerización de servicios.
La “burocracia dorada” instalada en lo más alto de AyA permitió en los últimos años (con la sagaz o sin mayor fiscalización de la Contraloría) elevados gastos de representación, salarios de lujo, y hasta viajes al extranjero en primera clase con novias, por aquello de sí el clima del país de llegada estaba muy frio y la chimenea muy distante para el burócrata, mientras las inversiones del Estado en acueductos y alcantarillado llegaban a cuentagotas o no habían del todo.
La chambonada de una empresa excavadora en uno de los Hatillos – rompió una tubería cuando modificaba una alameda- evidenció el estado miserable de la tubería que abastece de agua a los miles de trabajadores de esas populosas ciudadelas; mientras al otro lado de la ciudad las mansiones o los edificios de varias plantas se garantizan agua para sus enormes tanques o piscinas. ¿Quién autoriza la captación de enormes volúmenes de ese líquido para esas construcciones exclusivas, en detrimento de las mayorías? ¿O ya normalizamos esta locura?
Con base en la población que el INEC señala con servicio de alcantarillado sanitario (1.179.528 habitantes) se estimó que su caudal potencial de agua residual para tratamiento corresponde a 2.730 litros (l/s). De éstos, 414,60 l/s son captados y tratados (15,19%), el resto simplemente es recolectado en el sistema de alcantarillado sanitario y descargado en cuerpos de agua (84,81%). Este caudal captado mediante alcantarillado sanitario y tratado representa solo el 4,16% del total de aguas residuales y excretas a nivel nacional. Ver Plan de Inversión de AyA 2021-2025.
Este plan de inversiones, conociendo cómo terminan estos negocios, ya debería ser tema de discusión seria por parte de amas de casa, líderes comunales, sindicatos etc., por encima de “comunicados de prensa” y apoyos morales y obtener, en cambio, proyectos alternativos a la “solución” neoliberal de la falta de agua, sobre la justa distribución del líquido, saneamiento de ríos aledaños a la ciudad y potabilización de sus aguas etc. De lo contrario, las justas demandas de miles de mujeres y varones amenazan sean desnaturalizadas por la tradicional politiquería que no quiere educación política entre el pueblo, a fin de cuidar su chamba cada cuatro años.
A la anterior crisis del agua en todo el país se suma la creciente tendencia de convertir el preciado líquido en dólares y euros, gracias a fincas de todo tamaño dedicadas a la producción y exportación de melones, sandía, naranjas, y cuanta mercancía aparezca y sea convertible en dinero contante y sonante. La deforestación es enorme para su cometido y en algún momento la naturaleza nos pasará la factura.
Además, el crecimiento de la demanda de agua entre la población no se detiene, aparejada con la entrega de importantes fuentes a grandes empresas embotelladoras. La contaminación de los principales ríos cercanos a importantes urbes hace aún más incierto el futuro del agua en nuestro país. Por lo menos mientras no encontremos la forma de convertir un billete de cualquier denominación en ese líquido, sin el cual no vivimos.
b.) Empezamos a asustarnos con la mortaja: Un acertado “diagnóstico país” de ayer, aunque parezca paradójico, tiene hoy gran repercusión y, fue, el llamado programa “Volvamos a la tierra” (Monge Álvarez 1982- 1986). Sin duda alguna sentó las bases, para bien o para mal, del denominado “desarrollo” del país que ha inspirado a todos los gobiernos hasta el 2022, a partir del cual el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves, pareciera apostó definitivamente por el gobierno de las grandes corporaciones occidentales. Al estarse cayendo el viejo orden económico mundial, donde emergen los llamados BRICS para sacudirse de la dictadura del dólar y ejercer el comercio sin sanciones, un número considerable de oligarquías en la región cierran fila en tecnología, económica y el campo de las ciencias con la metrópoli a la que han pertenecido de corazón.
Las cifras que alcanzan los llamados países BRICS como bloque son astronómicas: en conjunto representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.
De allí que las visitas a muchos de nuestros países de la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, como del secretario de Estado, Antony Blinken, serán más seguidas, al mismo tiempo que los monaguillos de Milei en la zona comienzan a ganar notoriedad en parlamentos, la academia y la mediática.
De hecho, ya hay voceros en la zona que claman por “revoluciones de colores” en la región, especialmente en Brasil y Colombia, dada su importancia estratégica y vínculos con la OTAN, mientras aprietan más fuerte el cuello a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en espera de alzamientos sociales, en vista que estos escribidores o vocerías tienen el poder de definir cuando una elección es democrática, ésta o aquella sociedad tiene derechos humanos e irradia libertad de prensa.
El programa “Volvamos a la Tierra” con suma claridad declaraba las intenciones de lo que debía hacerse en Costa Rica para los siguientes gobiernos, fueran éstos liberacionistas, socialcristianos o de Acción Ciudadana surgido después- unos más que otros adaptaron postulados de ese plan- pues cuatro años resultaban pocos para resolver los miles de kilómetros de vías en mal estado, los problemas de la producción, qué hacer con la banca, la educación, la sanidad, los salarios, cooperativas, las empresas como CODESA etc.
Estado de un tubo mediante el cual abastecen de agua a trabajadores y trabajadoras de Hatillo.
Los gobiernos posteriores a 1986 “ablandaron” la conciencia de sus electores para convencerlos sobre los supuestos beneficios para el pueblo de privatizar empresas públicas, leyes sobre empleo, movilizar “voluntariamente” a miles de empleados públicos para debilitar así el Estado y fortalecer los negocios del nuevo emprendedurismo, girando éste siempre parasitariamente alrededor de los pocos bienes estatales al margen de la embestida “modernizadora” o los pocos servicios aún conservados por una debilucha y enredada administración pública.
Así, en pocos años, emerge una burguesía ligada al libre comercio, ONGS, bancos, fundaciones, centros para inversiones foráneas, servicios profesionales etc., atrincherada en el bipartidarismo, libertarios, “izquierdas democráticas” o pentecostales, entre otros, encargados a lo largo de estos 40 años de disponer a su antojo de la “res pública” y moldear las instituciones existentes a sus intereses; mientras la oligarquía tradicional, ante estas contradicciones de intereses no quiere correr ningún riesgo frente al panorama geopolítico mundial. Apuesta por el llamado “gobierno gerencial” aliado incondicional de unas cuántas multinacionales recomendadas desde la metrópoli.
Las distintas administraciones fortalecieron a los nuevos dueños de las concesiones de playas, normaron la entrega del agua con fines comerciales, dieron a sus amigos el espectro electromagnético, quebraron y compraron bancos, controlaron absolutamente el transporte remunerado de personas, descubrieron que el negocio del siglo era para unos, importar granos, mientras los otros empacaban el arroz y los frijoles, aunque ello significaba mandar al carajo la soberanía alimentaria y a los agricultores locales etc. Un número importantes de empresas del Estado estaba dentro de una enorme firma denominada Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA) y sus filiales, que no resistieron el apetito de la nueva clase que se abría camino. (ver “Volvamos a la Tierra”; Págs. 48 “restructuración de CODESA” y 63, inciso ch “trabajadores propietarios”).
En las páginas 66 y 67 el programa se propone “modernizar” el Ministerio de Trabajo para acometer sus fines (no hablaba de aumentar el número de inspectores para que prevalecieran los derechos de los trabajadores ante la voracidad que asomaba), fomentaría, en cambio, el “sindicalismo democrático” que, años más tarde, muchos de sus líderes, propician y defienden los famosos encuentros y foros para el “diálogo social”, en búsqueda de “ajustar” y seguir abrazado al “desarrollo sostenible”. Otros, con un léxico más refinado proveniente de los socialistas europeos, planteaban un “capitalismo del bienestar” para destacar que, es posible “ajustar” los problemas en la democracia, “focalizando” los desajustes y llevando la oportuna “acción social” webberiana. Al final, propietarios de los medios de producción y vendedores de la fuerza de trabajo se ayudan mutuamente y todos somos contentera.
Ya para 2020, el gobierno de turno, abogaba por reducir la planilla del Estado en 7.000 funcionarios, recurriendo a la “movilidad laboral”, como parte de la “agenda de estabilidad financiera”, y así, a fin, de acceder a un préstamo por $ 1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (Fuente: https://ameliarueda.com/nota/gobierno-movilidad-reducir-planilla-7000-funcionarios-noticias-costa-rica). Casi simultáneamente, se adiciona al Código Penal, el 2 de mayo de 2022, el artículo 256 bis, estableciendo: se impone pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes impidiere, destruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito o el movimiento de transeúntes.
A pesar de los profundos cambios legales, políticos y económicos habidos en las últimas décadas, seguimos sin ser el “primer país desarrollado de América Latina”, esperando ser la sociedad de “propietarios y no de proletarios” y sigue la duda de si somos, efectivamente, Jaguar o Tigrillo en la región y somos el país más feliz del mundo.
c) El gran duelo a machete
Cuando el periódico “La Teja”, el 4 de abril de 2022, nos contaba que Rodrigo Chaves Arguedas, un guardaespaldas del tres veces presidente, José Figueres Ferrer, fue el padre del gobernante Rodrigo Chaves Robles, las posibilidades de un futuro gobierno de riñón verdiblanco quedaba abierto; o por el contrario, entraría en confrontación directa con una parte de la burguesía local surgida gracias a los llamados PAEs e instalada en las esferas decisorias para cumplirle las exigencias de los organismos financieros internacionales.
El primer aviso ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando Chaves dijo que el convenio entre la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE), Comex y PROCOMER había llegado a su fin . La coalición privada, que recibía fondos públicos, estaba entre nosotros desde 1982, y por ella pasaron tecnócratas destacadísimos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina.
Durante 41 años, según datos dados a conocer por CINDE, hubo 181 mil empleos directos, es decir un promedio de 4.414 anuales, y unos 74 mil empleos indirectos, algo así de 1804 por año.
Casos que sacudieron a la sociedad costarricense y dados a conocer por la prensa en los últimos 30 años durante los gobiernos que se alternaron el PLN-PUSC-PAC.
Asimismo, el 20 de abril de 2023 el ministerio de educación anunció el fin del convenio Marco Cooperación MEP-FOD a partir del 6 de mayo del 2023. El poner fin a este convenio degeneró en furibundos ataques contra la Administración Chaves por diputados liberacionistas y socialcristianos en la Asamblea Legislativa.
Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Fundación Omar Dengo, defendió en todo momento lo que denominó el correcto uso de los fondos públicos por unos 235 mil millones de colones en los últimos años para el desarrollo del Programa Nacional de Informática Educativa en 4200 escuelas.
En este contexto, el “gobierno gerencial” de Chaves, no está contra la recolonización en que nos tienen el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino que, al priorizar definitivamente los intereses estadounidenses, en cuanto a la tecnología 5 G, ayudas en materia de seguridad cibernética, entre otras, impone como único patrón ideológico referencial a la sociedad y el gobierno norteamericano, en su marcha hacia la “singapurización “de Costa Rica.
La dimensión de este “pleito a machete”, producido por una burguesía que tuvo 40 años para blindar todos sus intereses con cientos de leyes, jurisprudencias, reformas y decretos, frente a la oligarquía alineada con el gobierno actual y el llamado “occidente colectivo”, que trata de salvar algo de sus 500 años de hegemonía absoluta, lo veremos en “directo” y a “todo color” cuando el Ejecutivo insista en su proyecto estrella de “Ciudad gobierno”, consistente en un complejo sistema de obras instaladas en terrenos del Estado y financiado a largo plazo por el Banco Centroamericano de Integración Económica para alojar ministerios y oficinas públicas, cuyos alquileres, según datos oficiales, dejan $600 millones (₡420.000.000.000) anuales a un reducido número de familiares dedicadas a este negocio y conectadas a la alta politiquería. No se conocen las familias beneficiadas con estos alquileres ni los partidos políticos a que están afiliados.
El otro agarrón de pelo está a la vuelta de la esquina con el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, cuyos sectores fortalecidos desde hace 40 años, no rechazan la privatización de este activo, con excelente salud financiera, sino que ellos quieren una porción importante del pastel y éste no sea entero para las empresas preferidas por la oligarquía.
Ojalá los trabajadores y trabajadoras, no importa el partido político por el cual han votado, comprendan que estos “pleitos” que a veces trascienden, son cara y escudo de una misma moneda. A ellos corresponde construir el tejido social con reflexión a fondo y movilización social desde las comunidades, con el fin claro que son ellos los dueños de la historia, en la medida, eso sí, entiendan la política como servicio a los demás; pero sí ella no se articula con otras comunidades y movimientos populares terminarán defendiendo feudos de todo tipo y en todas partes, corriendo el riesgo que la politiquería los reviente.
