“¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?” Con esa pregunta, el Hogar de la Esperanza y el movimiento La Caja es Nuestra invitan a un conversatorio sobre la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La actividad será el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.
“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria, que lleva como lema “La Caja es nuestra”.
Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.
Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.
La calle como lugar de encuentro
Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?
La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.
Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.
Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.
La solidaridad también viaja en sentido inverso
Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.
Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.
Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.
El arte transforma la experiencia de protestar
La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.
Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.
Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.
Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.
La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.
La alegría y el cuidado construyen comunidad
Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.
En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.
También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.
La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.
Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.
Una memoria que se canta, se baila y se escribe
Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.
Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.
Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.
Los afectos también tienen política
La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.
La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.
Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.
En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.
La sociedad que comienza a practicarse
La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.
Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.
Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.
La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?
Defender la protesta es defender la democracia
Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.
Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.
El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.
Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.
La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.
Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.
Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.
La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.
Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.
La Red Nacional por la Democracia convoca a una marcha “en defensa de la CCSS y la democracia” para el domingo 8 de noviembre, a las 9 a. m., bajo la consigna “Páguele a la Caja”.
En San José, el recorrido saldrá del parque de La Merced y llegará al edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La convocatoria tiene alcance nacional. Para las regiones fuera del Valle Central, la organización preparó una segunda versión del afiche, sin punto de reunión definido. La idea es que las organizaciones y las personas de cada localidad definan su propio punto de encuentro y su recorrido, y lo anoten en el afiche para difundir la convocatoria en su comunidad.
El afiche plantea una pregunta sobre el costo de la atención privada: “Un parto normal en promedio cuesta alrededor de 2,5 millones de colones en una clínica privada, ¿tendremos que endeudarnos para tener hijos si no evitamos que privaticen la Caja?”.
El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.
7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política
Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.
Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.
Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.
8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»
Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.
Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.
El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.
Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.
9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas
La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.
Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.
Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.
Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:
Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).
Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.
Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).
Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.
El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.
El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.
10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!
A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.
Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.
El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.
El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.
Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.
Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.
NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:
«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …
«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.
«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..
Por: Lenin Chacón Vargas Exsecretario general de la Juventud Vanguardista 1974-1980 Exsecretario general del Partido del Pueblo Costarricense hasta 1991
A las nuevas generaciones les han contado una historia a medias. Dicen que el país está mal por culpa de «los mismos de siempre» o de «los partidos tradicionales» como el PLN, el PUSC y el PAC. Sin embargo, hay una trampa en ese discurso. Detrás de las peleas que vemos a diario en la televisión, la prensa digital y las redes sociales, existe un mismo plan económico que lleva 40 años aplicándose sin interrupción.
Desde 1986 hasta el actual 2026, Costa Rica pasó de ser un país que invertía en su gente a transformarse en una empresa que beneficia a unos pocos. Esta es la historia de cómo el modelo neoliberal —o capitalismo salvaje— nos viene quitando, pedazo a pedazo, nuestra calidad de vida.
1. De la Costa Rica solidaria a la Costa Rica neoliberal
Todo comenzó a mediados de los años 80 con la llegada del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, enemistado con los viejos líderes socialdemócratas: José Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, llamándoles “muletas que no necesitaba”. Con la llegada del gobierno de Arias en 1986, y dando continuidad profunda a los Programas de Ajuste Estructural que habían iniciado tímidamente en el gobierno de Monge tras la crisis de 1981, se consolidó un giro de timón radical. El énfasis dejó de ser el fortalecimiento de la producción interna y el mercado local. Ahora se priorizaba la inserción de Costa Rica en la economía global, las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera.
2. Los programas de ajuste estructural (PAE)
Los Programas de Ajuste Estructural fueron los instrumentos financieros y políticos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirvieron como motor de esa transición. Tras la devastadora crisis económica de 1981, el país estaba quebrado. La respuesta de los organismos internacionales fue clara: para recibir préstamos de estabilización, Costa Rica debía desmantelar el modelo del Estado Social de Derecho y abrir su economía. El agro nacional, que había sido el corazón de la soberanía alimentaria y la estabilidad social campesina durante décadas, fue el sector que pagó el costo más alto.
El PAE I, negociado bajo Monge en 1985, y el PAE II, aprobado y ejecutado con fuerza en el gobierno de Arias, actuaron sobre tres ejes destructivos que transformaron para siempre la estructura social y agraria del país.
El primero fue la asfixia deliberada del Consejo Nacional de Producción y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de los PAE, el CNP era una institución clave de la Costa Rica socialdemócrata. Le compraba a los pequeños agricultores sus cosechas de granos básicos, arroz, frijoles y maíz, a precios de sustentación, precios mínimos garantizados para que el campesino no perdiera dinero. Y vendía esos alimentos a la población a precios accesibles a través de los estancos. Los PAE catalogaron este sistema como un gasto ineficiente y una distorsión del libre mercado. Bajo las directrices del PAE II, se eliminaron los precios de sustentación y se cerraron paulatinamente los estancos. El CNP fue despojado de su capacidad de compra. Al obligar al país a eliminar los aranceles de importación, el mercado nacional se inundó de granos básicos extranjeros, fuertemente subsidiados en sus países de origen, como el maíz y arroz estadounidense. El productor local simplemente no pudo competir y el CNP quedó reducido a una entidad mínima.
El segundo eje fue la política de la “agricultura de cambio» y el fin del grano básico. Con el PAE II se consolidó una consigna oficial que sepultó la agricultura tradicional. El argumento neoliberal dictaba que Costa Rica no debía gastar recursos en producir su propia comida si era más barato importarla. En su lugar, los campesinos debían reconvertirse en productores de exportaciones no tradicionales: flores, mini-vegetales, plantas ornamentales, piña y melón, tubérculos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los bancos del Estado cambiaron radicalmente sus prioridades. Se cortó el crédito barato, la asistencia técnica y los seguros agrícolas para los productores de maíz, arroz y frijoles. Si un campesino quería crédito, el banco se lo otorgaba únicamente si sembraba los productos destinados al mercado internacional. Los pequeños agricultores, que no tenían los recursos, la tecnología ni los contactos internacionales para exportar flores o piña, cayeron en la ruina. Esto provocó una masiva quiebra en el campo, el abandono de las tierras y el inicio de la gran migración campesina hacia los precarios de las periferias urbanas.
El tercer eje fue la privatización del crédito agrícola. El sistema bancario nacionalizado había sido diseñado por el primer liberacionismo para democratizar el crédito. Existían las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que financiaban al pequeño productor con tasas de interés bajísimas y plazos sumamente flexibles porque el fin no era el lucro sino el desarrollo social. Los programas exigieron la desregulación financiera, abriendo el portillo para la banca privada y obligando a los bancos del Estado a operar bajo criterios estrictos de rentabilidad comercial y libre mercado. Las Juntas Rurales de Crédito perdieron su razón de ser. El pequeño agricultor se convirtió en un cliente de alto riesgo para los ojos de una banca ahora corporativizada. Al no poder acceder a financiamiento, la producción agrícola familiar quedó prácticamente liquidada, dejando el campo libre para el auge de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores como la piña, melón, sandía y el banano.
Aquella idea de que el suelo costarricense debe alimentar a sus hijos fue sustituida por la lógica neoliberal de que el mercado global proveería todo. Y así transformaron la estructura social y agraria del país para siempre.
Los discursos del arismo sonaban bonito tanto en la primera gestión 1986-1990, como en la segundo 2006-2010 incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC.) prometían «modernizar el país» y «abrirnos al mundo» “la tecnocracia al poder” y sus consignas ilusorias como «en vez de un Hyundai, tendrán un Mercedes Benz».
La realidad, no obstante, fue otra. Se cambió por completo la lógica del Estado. Las instituciones públicas* que nacieron para garantizar derechos fundamentales —la salud, la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los seguros, el agua, el transporte ferroviario y el agro, — empezaron a ser vistas como simples «negocios» que debían generar ganancias financieras o, de lo contrario, recortarse. Así comenzó el desmantelamiento del EstadoSocial de Derecho, la eliminación del cultivo de granos básicos: arroz, frijoles, maíz.
3. La precarización del trabajo: adiós a la estabilidad laboral
Para los jóvenes de hoy, conseguir un empleo con plenas garantías laborales parece un mito del pasado. El neoliberalismo trajo consigo la flexibilización laboral, sustituyendo la conquista histórica de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, por propuestas extenuantes como la jornada 4×3 (cuatro días laborando 12 horas continuas a cambio de tres días de descanso).
Bajo la falsa promesa de «atraer inversión», se mutilan las jornadas laborales humanamente justas. Hoy se ha normalizado el trabajo informal, el empleo precarizado por aplicaciones digitales o las dinámicas de zonas francas donde los derechos sindicales y el pago de horas extra son prácticamente inexistentes. Nos vendieron la idea de ser «nuestros propios jefes» a través del emprendedurismo para ocultar que el Estado ya no garantiza salarios dignos ni estabilidad. Esto destruye la posibilidad de construir un proyecto de vida, comprar una casa
o aspirar a una vejez digna, mientras la Banca para el Desarrollo se utiliza como una herramienta de clientelismo político para los gobiernos de turno.
4. La asfixia de la educación y la salud pública
El daño más grave de estas cuatro décadas ha sido el ataque directo contra los pilares de la democracia costarricense: la educación pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Educación en quiebra: El presupuesto educativo se ha recortado a niveles históricos, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8%. Hoy tenemos escuelas con órdenes sanitarias y universidades públicas bajo constante amenaza presupuestaria y cierres de centros regionales.
Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular.
Salud debilitada: La CCSS ha sido ahogada financieramente por los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, mediante la corrupción, el derroche y una sistemática asfixia de sus finanzas. Al colapsar los servicios y extenderse las listas de espera, se obliga a la gente sencilla a pagar clínicas privadas o a morir esperando una cita. De esta forma, convierten la salud en un lujo de consumo; una mercancía con diferentes precios según la capacidad de pago y la calidad de los especialistas.
5. El gobierno actual: El heredero neoliberal con disfraz de rebelde
La administración de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado han sabido explotar el enojo legítimo de la población hacia las cúpulas del PLN, el PUSC y el PAC. Su estrategia en redes sociales es efectiva: ataca violentamente a los actores políticos y funcionarios del pasado para proyectar una imagen de «rebelde» o reformador. Pero no es ni más ni menos que un político neoliberal, populista y autoritario.
Pero observemos las acciones y no los gritos.
En materia económica, este gobierno es un alumno excelente de Óscar Arias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Su receta es la misma de siempre: recortes profundos a los programas sociales, debilitamiento de la institucionalidad, ataques a la libertad de prensa y un favorecimiento descarado a los grandes grupos financieros. No hay ruptura; hay una profundización del capitalismo salvaje mediante un estilo autoritario de gritería e insultos.
A esto se suma el ataque sistemático al Poder Judicial, la Sala Constitucional (Sala IV) y la Fiscalía General, motivado por las centenas de denuncias judiciales que pesan sobre diputados, ministros, exministros y el propio exmandatario y el debilitamiento de los recursos para combatir eficazmente el crimen organizado.
6. Para recuperar el futuro: Urge la organización y la movilización nacional
Nos están dejando una Costa Rica sin memoria y con una «vida útil» muy corta para las mayorías. La corrupción y la pérdida de libertades no son casualidad; son el resultado directo de este modelo neoliberal que cumple 40 años en este 2026.
La juventud no puede quedarse como espectadora en las redes sociales mientras le desmantelan el país que se construyó con tanto esfuerzo en el siglo XX. La única forma de frenar este régimen neoliberal y autoritario es la organización popular. Necesitamos rescatar la democracia social, la que pone al ser humano por encima del mercado. Es hora de despertar, recordar de dónde venimos y reclamar el futuro que nos quieren robar.
Es un deber ineludible de las juventudes de hoy, defender los derechos, las garantías sociales, las garantías individuales y el Estado social y democrático de derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos.
¡A luchar! La democracia de la calle es el camino.
*Nota: Instituciones Públicas desmanteladas o en proceso: C.C.S.S., universidades públicas, ICE, INS, AyA, Ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico, C.N.P., todas, patrimonio del pueblo de Costa Rica.
La asamblea será el viernes 23 de octubre en el salón de eventos de JUPEMA. Cada sector presentará tres problemas, tres soluciones concretas y la forma de impulsarlas.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) convoca a sus organizaciones a la III Asamblea Nacional, que se realizará el viernes 23 de octubre de 2026, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., en el salón de eventos de JUPEMA, contiguo a Pensiones de la CCSS. La convocatoria se anuncia con nueva fecha y sede.
“Después de dos asambleas de diálogo, construcción de propuestas y articulación entre sectores, ha llegado el momento de la movilización”, señala RENASES en su comunicado oficial, en el que describe la asamblea como “un espacio decisivo para nuestra red”.
Bajo el lema “De los problemas a las soluciones”, cada sector deberá llevar tres problemas, tres soluciones concretas y la forma de impulsarlas.
Programa
8:30 a. m.: inscripción y café.
9:00 a. m.: bienvenida, a cargo del Equipo Timón y las diputaciones invitadas.
9:20 a. m.: informe de avances en incidencia, articulación y movilización.
10:00 a. m.: trabajo por sectores para preparar el encuentro en la Asamblea Legislativa.
12:00 m.: almuerzo.
1:00 p. m.: plenaria, con las propuestas de los sectores (siete minutos por sector).
2:20 p. m.: “Lo que viene”: la actividad del 1.º de noviembre en Cartago, por los 85 años de la CCSS, y el encuentro con diputaciones del 19 de noviembre.
3:00 p. m.: acuerdos y cierre. Cada acuerdo tendrá una persona responsable y una fecha.
RENASES pide compartir la convocatoria con las bases y las personas integrantes de cada organización: “Su presencia es fundamental para definir juntas y juntos los próximos pasos”. La red advierte además que solo las personas que asistan a la III Asamblea podrán participar en el encuentro en la Asamblea Legislativa del 19 de noviembre.
RENASES – Red Nacional de Sectores Sociales Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia
Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos, compartió con SURCOS estos apuntes sobre la coyuntura, en la víspera de las marchas del 20 de octubre.
Juan Carlos Durán Castro
“Este lunes 19 de octubre, la Corte Plena reeligió a Carlo Díaz como fiscal general de la República, y en la Asamblea Legislativa se archivó el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), al que el Frente Amplio ha llamado “ley del apagón”. Para Juan Carlos Durán Castro, son dos derrotas del oficialismo: “Al continuismo fascista le duele perder batallas”, afirma, y califica la reelección de Díaz de “abrumadora”.
Para Durán Castro, vienen marchas y protestas de calle que “deben ser y verse unitarias”. Propone que se organicen bajo seis líneas de acción:
Contra la corrupción y el narcotráfico, que considera enquistados en el país, y frente a la respuesta del gobierno de Laura Fernández Delgado, a quien califica de “presidenta formal, no real”.
Presupuesto para las universidades y respeto al derecho a la educación por medio del FEES.
Entierro definitivo del proyecto de armonización eléctrica.
Pago real de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. De lo contrario, el autor anticipa protestas de las personas trabajadoras de la institución, en coordinación con otros sectores de lo que llama “la resistencia patriótica”.
Rechazo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), para asegurar la seguridad alimentaria del país y el empleo de miles de familias del agro nacional.
Presupuesto para el Poder Judicial y respeto irrestricto a la división de poderes, para impedir que el Gobierno continúe con más rupturas del orden constitucional.
Estas líneas coinciden con las causas de las convocatorias para este martes 20 de octubre: la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE, la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, y las movilizaciones en defensa del ICE, la CCSS, la cultura y el Poder Judicial.
El Colectivo Causa Sur organiza una marcha local desde la Sede Brunca de la UNA y una buseta hacia el encuentro nacional en la Plaza de la Democracia.
“¡Costa Rica se levanta!”. Con esa consigna, el Colectivo Causa Sur anunció que la Zona Sur se suma a la Gran Marcha Nacional convocada para este martes 20 de octubre, “a todos los sectores de este país para manifestarnos por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales”.
El colectivo propone dos formas de participar.
Marcha en Pérez Zeledón
Fecha: martes 20 de octubre.
Hora: 9:00 a. m.
Salida: Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA).
Destino y plantón: parque de Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.
Transporte a la marcha en San José
Para quienes deseen sumarse al encuentro nacional en la capital, Causa Sur dispone de una buseta:
Salida: 5:30 a. m., frente al Banco Nacional, en San Isidro de Pérez Zeledón.
Encuentro nacional: 11:00 a. m., en la Plaza de la Democracia, San José.
Regreso: 6:30 p. m., desde la Plaza de la Democracia.
Los espacios son limitados. Las personas interesadas pueden reservar escribiendo al colectivo por mensaje directo en sus redes sociales.
El colectivo invita a llevar carteles y banderas.
Contexto
La Gran Marcha Nacional, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”, es una jornada multisectorial que reúne demandas de educación y universidades, agro y producción nacional, cultura, salud pública, trabajo digno, ambiente, pueblos indígenas y desarrollo de las regiones, entre otras. También coincide con la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE. Ese mismo día vence el plazo de la Comisión de Asuntos Hacendarios para votar las mociones de recorte, entre ellas las que afectan a las sedes regionales de las universidades públicas.
La convocatoria incluye la presencia en las barras del Plenario este lunes 19, la marcha del martes 20 desde la Fuente de la Hispanidad y una vigilia frente a la Asamblea Legislativa.
La Liga Cívica Nacional, por medio de su campaña “Defendamos el ICE”, convocó a una serie de actividades en la Asamblea Legislativa y en las calles de San José para estos días en que se discuten los recortes presupuestarios y el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Hoy lunes 19: a las barras del Plenario
La primera convocatoria fue para este lunes 19 de octubre a las 3:00 p. m., en las barras del Plenario de la Asamblea Legislativa, para seguir de cerca la sesión legislativa en una semana decisiva para el presupuesto y para la discusión del proyecto eléctrico.
Martes 20: marcha y vigilia
La actividad principal será mañana, martes 20 de octubre:
9:00 a. m., marcha: salida desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa.
2:00 p. m., vigilia: frente a la Asamblea Legislativa.
La marcha coincide con la convocada por el CONARE y las universidades públicas en defensa de la educación universitaria, y con la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, a la que se han sumado organizaciones como RENASES y FESITRAES.
Las causas de la convocatoria
La Liga Cívica Nacional agrupa bajo una misma convocatoria varias defensas:
El ICE y su modelo solidario: “¡No al Proyecto de Armonización (23.414)!”. La organización rechaza el expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, que según los movimientos que se le oponen debilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad y abriría el sistema eléctrico a intereses privados.
La educación superior: “En defensa de una educación superior pública, gratuita, inclusiva, justa y de calidad”, frente a los recortes propuestos al presupuesto de las universidades públicas.
La CCSS y la seguridad social: “En defensa de la CCSS y de nuestra seguridad social”.
La cultura: “Defendamos el presupuesto del sector cultura… ¡La cultura se cuida, no se recorta!”.
El Poder Judicial: “En defensa del presupuesto del Poder Judicial y del respeto a la división de poderes”.
Con estas consignas, la Liga Cívica Nacional se suma a las voces que en los últimos días han llamado a unir las distintas luchas en una movilización común frente a los recortes presupuestarios y en defensa de las instituciones públicas.
Hay una contradicción que debería interpelarnos: vivimos una época de extraordinarias capacidades científicas y tecnológicas, mientras una vida digna sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas. Las guerras destruyen comunidades; la incertidumbre atraviesa los hogares; trabajar no siempre permite vivir con seguridad. La pregunta por el futuro se ha convertido, para demasiada gente, en una pregunta por cómo sobrevivir al presente.
Las protestas que recorren distintos países tienen historias y demandas propias. Sería un error atribuirles una misma conciencia o un destino común. Sin embargo, muchas expresan un límite: el rechazo a seguir pagando con precariedad, endeudamiento y agotamiento decisiones sobre las cuales las mayorías tienen escasa influencia. Ese malestar cuestiona la promesa neoliberal de que la expansión del mercado terminaría asegurando el bienestar colectivo.
En Costa Rica, necesitamos discutir qué proyecto de sociedad se construye cuando la educación y la protección social se presentan como gastos que deben contenerse, mientras el castigo adquiere protagonismo como respuesta política. La seguridad es una necesidad real. Precisamente por eso, debe incluir prevención, investigación eficaz, justicia independiente y condiciones materiales para vivir. Su evaluación no puede reducirse al número de celdas ni a la dureza de los discursos.
También debemos exigir que las transformaciones de los servicios públicos se discutan abiertamente, con evidencia sobre sus consecuencias. Recuperar recursos para una institución no debería convertirse en moneda de cambio para aprobar reformas de otra sin suficiente deliberación. La ciudadanía merece conocer qué se negocia, quiénes se benefician y qué compromisos se adquieren en su nombre.
La controversia sobre el Acuerdo Transpacífico plantea una pregunta igualmente seria. La presidenta manifestó que no había revisado su borrador, mientras la ministra de Comercio Exterior sostuvo que las condiciones negociadas ya no podían renegociarse. Aunque la adhesión todavía requiere decisiones pendientes, esa tensión obliga a preguntar qué capacidad efectiva tienen los sectores convocados al diálogo para influir en el resultado. Escuchar sus preocupaciones exige explicar cuáles pueden atenderse, mediante qué instrumentos y con qué recursos. Contabilizar reuniones no demuestra, por sí solo, que sus planteamientos hayan incidido en lo negociado.
Exigimos información suficiente para evaluar los compromisos, sus beneficios y sus costos por sector, así como respuestas verificables para quienes podrían resultar perjudicados. Las oportunidades comerciales deben discutirse junto con sus efectos sobre el empleo, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Concluir una negociación no elimina la obligación de justificarla ante la ciudadanía. La participación democrática pierde sustancia cuando se invita a hablar, pero se presenta lo fundamental como fuera de discusión.
Esa exigencia alcanza a la oposición. Denunciar al gobierno no constituye, por sí solo, una alternativa. Hacen falta propuestas, coherencia y capacidad de sostener acuerdos. Si cada sector defiende su espacio de manera aislada, podemos agotar nuestras fuerzas mientras se debilitan las condiciones que todos necesitamos.
Por eso hacen falta diálogos más exigentes y una comunicación más compartida. Espacios donde podamos contrastar diagnósticos, reconocer diferencias y acordar acciones sin exigir unanimidad. Espacios que escuchen también a quienes no participan en nuestros círculos y cuyas preocupaciones no siempre encuentran lugar en nuestros análisis.
Movilizarnos forma parte de esa tarea. Una protesta puede incomodar, interrumpir la rutina y ejercer presión sin agredir a las personas. Su fuerza crece cuando tiene continuidad, objetivos reconocibles y vínculos entre sectores. Salir a la calle permite afirmar una presencia; organizarnos permite sostenerla.
No hay garantía de victoria. El deterioro puede profundizarse y el hartazgo puede ser aprovechado por proyectos autoritarios. Una esperanza responsable debe reconocer esos riesgos y construir razones para actuar: compromisos concretos, responsabilidades distribuidas y formas de participación que no consuman hasta el agotamiento a quienes las sostienen.
Este es un llamado a encontrarnos. A pasar de las voces dispersas a una conversación capaz de producir acuerdos y acción colectiva. Podemos comenzar por aquello que estamos dispuestos a defender juntos y por una primera tarea que podamos cumplir.
Esta discusión tiene también una dimensión jurídica. El poder público está sujeto a obligaciones que ninguna mayoría electoral puede dispensar. Los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución establecen un gobierno participativo y responsable, sometido a la legalidad y a la rendición de cuentas. Los derechos de petición y acceso a la información, reconocidos en los artículos 27 y 30, permiten exigir respuestas y conocer los fundamentos de las decisiones públicas. Cuando esas garantías se vulneran, existen mecanismos para reclamar su protección.
El financiamiento universitario tampoco queda a la libre disposición de los acuerdos partidarios: debe respetar la autonomía y las garantías de los artículos 84 y 85. De igual manera, concluir la negociación de un tratado comercial no reemplaza su aprobación legislativa ni el control previo de constitucionalidad exigido por el ordenamiento. Una decisión anunciada como políticamente concluida puede tener todavía controles jurídicos pendientes.
La política de seguridad encuentra límites igualmente precisos. El debido proceso, la prohibición de tratos crueles o degradantes y la independencia judicial obligan también cuando el miedo impulsa demandas de mayor castigo. A su vez, organizarse, expresarse y reunirse pacíficamente son derechos constitucionales, no concesiones del gobierno. Su ejercicio y su protección forman parte de la vida democrática.
No toda decisión que rechazamos es ilegal. La crítica adquiere fuerza jurídica cuando identifica la actuación cuestionada, la obligación incumplida y las pruebas que permiten exigir su revisión. Ese rigor debe acompañar la movilización: documentar, solicitar información, fiscalizar y acudir a los mecanismos de protección correspondientes. Defender el futuro común exige también hacer efectivas las garantías que el ordenamiento reconoce.
Seguimos de pie, aunque estemos cansados. Que ese cansancio encuentre solidaridad, organización y relevo. El futuro común merece algo más que nuestra resignación.
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