Roberto Salom E.
Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.
No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.
Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:
La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.
No son la misma cosa.
El malestar social tiene razones
Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.
Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.
La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.
Son problemas acumulados durante décadas.
Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.
Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.
Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.
Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.
Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.
Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.
Pero comprender no es justificar.
Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.
Defender la democracia no es defender el statu quo
Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.
Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.
Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.
Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.
Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.
Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.
No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.
La democracia no es solo elecciones periódicas
Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.
Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.
Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.
Por eso, defensa y transformación no son opuestos.
No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.
La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente
La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.
La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.
Esa unidad es necesaria.
Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.
Pero hay un riesgo evidente.
Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.
La pregunta decisiva es otra:
¿Qué país queremos construir juntos?
Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.
Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.
Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.
No se trata de volver atrás
El chavismo no surgió en el vacío.
Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.
Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.
Tampoco basta con restaurar el orden anterior.
El desafío es mayor: construir algo mejor.
Necesitamos una nueva democracia
Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.
Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.
Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.
Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.
Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.
Una democracia que recupere la confianza ciudadana.
En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.
No convertir al ciudadano en enemigo
Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.
Eso sería un error histórico.
Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.
No para aceptar el autoritarismo.
No para renunciar a nuestras convicciones.
Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.
Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.
Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.
Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.
Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.
Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.
Esa es una tarea central del campo democrático.
La verdadera disputa
La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.
La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.
Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.
La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.
Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.
Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.
Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.
El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.
Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.
La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.
De mayor participación.
De mayor igualdad.
De mejores instituciones.
De mayor justicia social.
De más ciudadanía y menos concentración del poder.
Una decisión histórica
Costa Rica no está solo ante una elección.
Está ante una decisión histórica.
O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.
O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.
O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.
La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.
Debe ser un punto de partida.
Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.
Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:
defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.
Agosto de 2026.
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