Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica se prepara para participar activamente en las actividades del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha en la que se realizarán diversas movilizaciones y espacios de articulación social en San José.
Esta organizacion mantiene una labor constante de formación, análisis y acción en defensa de los derechos de las mujeres del campo, denunciando los impactos de políticas que han reducido becas, servicios de salud, apoyos alimentarios y programas comunitarios que beneficiaban a las mujeres, niñas y familias rurales.
“Seguimos promoviendo la organización y fomentando formas para incrementar la pequeña producción de alimentos que permitan una mejor calidad de vida, la organización local de las mujeres y el acompañamiento de las luchas locales”, señalaron representantes de la Red.
La Red de Mujeres Rurales desarrolla encuentros regionales y procesos de capacitación con muy pocos recursos económicos, movilizando a mujeres de diversas comunidades mediante el trabajo voluntario y la cooperación solidaria.
Con motivo de la movilización nacional del 25 de noviembre, la Red organiza la participación de una delegación de 25 mujeres rurales provenientes de distintas zonas del país, entre ellas Pérez Zeledón, Siquirres, Matina, Upala, Los Chiles y territorios indígenas.
“La movilización del 25N es tan necesaria en estos tiempos y permite abrir espacios de diálogo con compañeras de otras organizaciones y movimientos», expresó Orfa Dalila Condega Pérez, representante de la Red.
Las imágenes muestran los espacios de encuentro, formación y organización que la Red impulsa en distintas regiones del país.
El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 (Expediente 24.290) en Costa Rica, es nefasto para las personas trabajadoras, sus familias y para la sociedad costarricense. Propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, principalmente para sectores con operaciones continuas.
Su objetivo se centra en incrementar la producción en detrimento de la salud de las personas trabajadoras. Incluso, este argumento es un engaño; contrario a lo que afirman los promotores, la productividad individual disminuye con jornadas extendidas debido a la fatiga y el agotamiento.
Los recargos salariales propuestos (17-25.5%) son insuficientes para compensar el desgaste y la pérdida de tiempo personal. Todo lo contrario, estamos ante la perdida de la conquista histórica de las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras.
La “voluntariedad» que se les ofrece a las personas para someterse a estas jornadas y horarios es una mentira política ya que, en un contexto de desempleo y asimetría de poder, las personas trabajadoras se verían obligados a aceptar estas condiciones y con muchas más razón al encontrase Costa Rica entre los países con más desempleo en Centroamérica.
Los tiempos de traslado, las atenciones de las responsabilidades familiares (tiempo de calidad para la familia) y en general la conciliación vida – trabajo – familia, limitaría considerablemente el descanso adecuado y pueden llevar a fatiga crónica, estrés y agotamiento físico y mental, aumentando el riesgo de accidentes laborales y enfermedades graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en jornadas de 55 horas o más a la semana, según la OIT y la OMS.
Las desigualdades de las mujeres trabajadoras ya son, de por sí, muy considerables, con las jornada 4×3 se incrementarían esas desigualdades en mujeres jefas de hogar, al intensificar su «triple carga» de trabajo remunerado y no remunerado, y en jóvenes estudiantes que trabajan, comprometiendo su formación académica.
El trabajo respetuoso y digno es fundamental en toda sociedad democrática. Legalizar jornadas excesivas es un retroceso contundente de los avances históricos en la reducción de la jornada laboral a nivel internacional y las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el uso de la «vía rápida» limita el debate democrático y el análisis profundo, sin estudios que demuestren la creación de empleos «decentes».
La propuesta 4×3 intensifica las horas diarias sin reducir la jornada semanal total, Debemos mantener la jornada que tenemos e incluso cambiarla para que las personas trabajen menos y compartan más tiempo con sus familias y estudien. Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 es un retroceso que compromete los derechos laborales, la salud pública, la vida y el quehacer cultural social en Costa Rica, sin ofrecer garantías reales y demostrables de los beneficios prometidos.
Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU, hacemos un llamado para que todas las personas habitantes manifiesten su rechazo a este nefasto proyecto, contrario a los derechos humanos de las personas, y a que nos movilicemos para detenerlo.
Los derechos humanos son nuestros, no son del patrón, tampoco deben responder a los intereses de la producción.
Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.
Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.
Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.
Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.
Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.
Dedicado con respeto y honor merecido a quienes aún están con nosotros, como para aquellos que ya partieron. A ellos en estos 54 años de ALCOA, enseñándonos aciertos y también errores cometidos. Gracias por tanta dignidad para con nuestro pueblo.
Lic. Rafael A. Ugalde Q.*
a). Elites con larga vida: Sin querer distinguirse “política” de “politiquería”, a solo dos años de las elecciones presidenciales en 2026, no faltan quienes reducen con espantosa simpleza los graves problemas de los trabajadores nacionales a una cuestión de “bipartidismo”,” izquierdas democráticas” o a un “cambio de gobierno” de turno como táctica electoralista de “quítate porque sigo yo”. Este cruel relato ofende el coeficiente normal de todos los trabajadores, no importa la preferencia partidaria, porque mete bajo la alfombra la destrucción sostenida de los más elementales valores morales y éticos que alimentaron el tejido social para llegar a la sociedad reseñada en algún momento por Juan Rafael Mora, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Pepe Figueres, Rodrigo Facio, Juan Guillermo Ortiz Guier, entre una larga lista de patriotas promotores de los más nobles ideales.
Rescatándose el concepto general de “política”, como “oficio” o “acción” de participación directa de la colectividad en la profundización de la democracia y el resguardo de la “cosa pública”; y la “politiquería” como un despliegue propagandístico encaminado a defender, mantener o aumentar las prebendas o privilegios personales o de grupo, alcanzados alrededor del Estado, sus instituciones o el gobierno de turno, alejado de toda gobernanza “de”, “por” y “para” el pueblo, quedamos en uno o en otro bando.
Desde estas dos definiciones convencionales nuestro modelo de convivencia alcanzó en los últimos 40 años un innegable crecimiento macroeconómico, llegando incluso, a ser ya “Jaguar” en la región, según expresión dicha recientemente por el Jefe de Estado, Rodrigo Chaves, relegando, eso sí, relegando para otro momento, la justa distribución de riqueza entre los trabajadores.
Quiere decir lo anterior, por un lado, que desafiando todas las leyes de la economía son otros los creadores de riqueza y no los trabajadores, y por otra parte, mientras la concentración de la riqueza en pequeños grupos, con tentáculos profundos en todos lados, no tiene reversa. Así, sí perteneces aquellos con salarios de hambre y sin patrimonio familiar para pagar una intervención quirúrgica en un hospital privado, salado porque no supiste aprovechar las oportunidades dadas por esta democracia tan particular y economía en pleno auge.
Es innegable en el fondo de la contradicción apuntada que quienes están al frente de los poderes fácticos tienen sus propios relatos, cada cierto tiempo actualizados y modernizados por universidades como Oxford, Chicago o escribidores de oficio, para evadir las responsabilidades históricas en cuanto a la desaparición paulatina del “bien común”, la distribución de la riqueza entre los trabajadores y la imposición del “interés particular” como religión estatal.
La contradicción dicha está presente además en miles de expedientes judiciales esperando “justicia pronta y cumplida” – el fiscalismo impuesto por los organismos financieros y “bendecido” desde la Asamblea Legislativa en todas las últimas administraciones – tocó las bases del Poder Judicial y empuja cada vez más para que la gente tome la justicia en sus manos.
Así también la “seguridad ciudadana” pasó de ser un derecho de la ciudadanía a cargo del Estado, a un negocio privado para quienes tienen recursos. Vino después como obvia consecuencia el narcotráfico y el sicariato como empresas necesarias, metiéndonos como colectividad en una verdadera mafiacracia.
Asimismo el combate de la corrupción es cada vez más una especie de “saludo a la bandera”, ya que aprobadas los compendios de leyes para enfrentar este mal, nos encontramos una mayoría de ellas vigentes, brillantemente redactadas, pero sin colmillos y las molares con caríes, sin adecuado financiamiento para tener jueces, fiscales e investigadores especializados en el complejo fenómeno, que va más allá del lobby, la división de grupos empresariales para reportar cero renta, alcaldes que venden tierra en la milla marítima, camiones cargados de cajas de cigarrillos, licores, repuestos, electrodomésticos etc., sin pago de impuestos.
Lo cierto del caso es que mientras alguien le pone dientes a una nueva ley anticorrupción, contra el tráfico de influencia o el mismo nepotismo innegable en municipalidades y Asamblea Legislativa, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional siempre “descubren” gastos excesivos sobre los ingresos recibidos, repitiéndose un malévolo ciclo para que todos los trabajadores y empresarios privados honestos, pagadores de sus obligaciones como corresponde a una sociedad civilizada y solidaria, subsidien a los evasores, a los contrabandistas, a los “astutos” muchachos especialistas en desfalcos y entrega de concesiones etc.
La llamada crisis del agua – solo a manera de ejemplo -nos reventó en la cara por años de improvisaciones y negligencia de esta clase minoritaria a cargo de Acueductos y Alcantarillados, quizá pensando que sería un buen negocio dejar que la entidad se cayera en pedazos y, luego, vender la institución o justificar su tercerización de servicios.
La “burocracia dorada” instalada en lo más alto de AyA permitió en los últimos años (con la sagaz o sin mayor fiscalización de la Contraloría) elevados gastos de representación, salarios de lujo, y hasta viajes al extranjero en primera clase con novias, por aquello de sí el clima del país de llegada estaba muy frio y la chimenea muy distante para el burócrata, mientras las inversiones del Estado en acueductos y alcantarillado llegaban a cuentagotas o no habían del todo.
La chambonada de una empresa excavadora en uno de los Hatillos – rompió una tubería cuando modificaba una alameda- evidenció el estado miserable de la tubería que abastece de agua a los miles de trabajadores de esas populosas ciudadelas; mientras al otro lado de la ciudad las mansiones o los edificios de varias plantas se garantizan agua para sus enormes tanques o piscinas. ¿Quién autoriza la captación de enormes volúmenes de ese líquido para esas construcciones exclusivas, en detrimento de las mayorías? ¿O ya normalizamos esta locura?
Con base en la población que el INEC señala con servicio de alcantarillado sanitario (1.179.528 habitantes) se estimó que su caudal potencial de agua residual para tratamiento corresponde a 2.730 litros (l/s). De éstos, 414,60 l/s son captados y tratados (15,19%), el resto simplemente es recolectado en el sistema de alcantarillado sanitario y descargado en cuerpos de agua (84,81%). Este caudal captado mediante alcantarillado sanitario y tratado representa solo el 4,16% del total de aguas residuales y excretas a nivel nacional. Ver Plan de Inversión de AyA 2021-2025.
Este plan de inversiones, conociendo cómo terminan estos negocios, ya debería ser tema de discusión seria por parte de amas de casa, líderes comunales, sindicatos etc., por encima de “comunicados de prensa” y apoyos morales y obtener, en cambio, proyectos alternativos a la “solución” neoliberal de la falta de agua, sobre la justa distribución del líquido, saneamiento de ríos aledaños a la ciudad y potabilización de sus aguas etc. De lo contrario, las justas demandas de miles de mujeres y varones amenazan sean desnaturalizadas por la tradicional politiquería que no quiere educación política entre el pueblo, a fin de cuidar su chamba cada cuatro años.
A la anterior crisis del agua en todo el país se suma la creciente tendencia de convertir el preciado líquido en dólares y euros, gracias a fincas de todo tamaño dedicadas a la producción y exportación de melones, sandía, naranjas, y cuanta mercancía aparezca y sea convertible en dinero contante y sonante. La deforestación es enorme para su cometido y en algún momento la naturaleza nos pasará la factura.
Además, el crecimiento de la demanda de agua entre la población no se detiene, aparejada con la entrega de importantes fuentes a grandes empresas embotelladoras. La contaminación de los principales ríos cercanos a importantes urbes hace aún más incierto el futuro del agua en nuestro país. Por lo menos mientras no encontremos la forma de convertir un billete de cualquier denominación en ese líquido, sin el cual no vivimos.
b.) Empezamos a asustarnos con la mortaja: Un acertado “diagnóstico país” de ayer, aunque parezca paradójico, tiene hoy gran repercusión y, fue, el llamado programa “Volvamos a la tierra” (Monge Álvarez 1982- 1986). Sin duda alguna sentó las bases, para bien o para mal, del denominado “desarrollo” del país que ha inspirado a todos los gobiernos hasta el 2022, a partir del cual el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves, pareciera apostó definitivamente por el gobierno de las grandes corporaciones occidentales. Al estarse cayendo el viejo orden económico mundial, donde emergen los llamados BRICS para sacudirse de la dictadura del dólar y ejercer el comercio sin sanciones, un número considerable de oligarquías en la región cierran fila en tecnología, económica y el campo de las ciencias con la metrópoli a la que han pertenecido de corazón.
Las cifras que alcanzan los llamados países BRICS como bloque son astronómicas: en conjunto representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.
De allí que las visitas a muchos de nuestros países de la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, como del secretario de Estado, Antony Blinken, serán más seguidas, al mismo tiempo que los monaguillos de Milei en la zona comienzan a ganar notoriedad en parlamentos, la academia y la mediática.
De hecho, ya hay voceros en la zona que claman por “revoluciones de colores” en la región, especialmente en Brasil y Colombia, dada su importancia estratégica y vínculos con la OTAN, mientras aprietan más fuerte el cuello a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en espera de alzamientos sociales, en vista que estos escribidores o vocerías tienen el poder de definir cuando una elección es democrática, ésta o aquella sociedad tiene derechos humanos e irradia libertad de prensa.
El programa “Volvamos a la Tierra” con suma claridad declaraba las intenciones de lo que debía hacerse en Costa Rica para los siguientes gobiernos, fueran éstos liberacionistas, socialcristianos o de Acción Ciudadana surgido después- unos más que otros adaptaron postulados de ese plan- pues cuatro años resultaban pocos para resolver los miles de kilómetros de vías en mal estado, los problemas de la producción, qué hacer con la banca, la educación, la sanidad, los salarios, cooperativas, las empresas como CODESA etc.
Estado de un tubo mediante el cual abastecen de agua a trabajadores y trabajadoras de Hatillo.
Los gobiernos posteriores a 1986 “ablandaron” la conciencia de sus electores para convencerlos sobre los supuestos beneficios para el pueblo de privatizar empresas públicas, leyes sobre empleo, movilizar “voluntariamente” a miles de empleados públicos para debilitar así el Estado y fortalecer los negocios del nuevo emprendedurismo, girando éste siempre parasitariamente alrededor de los pocos bienes estatales al margen de la embestida “modernizadora” o los pocos servicios aún conservados por una debilucha y enredada administración pública.
Así, en pocos años, emerge una burguesía ligada al libre comercio, ONGS, bancos, fundaciones, centros para inversiones foráneas, servicios profesionales etc., atrincherada en el bipartidarismo, libertarios, “izquierdas democráticas” o pentecostales, entre otros, encargados a lo largo de estos 40 años de disponer a su antojo de la “res pública” y moldear las instituciones existentes a sus intereses; mientras la oligarquía tradicional, ante estas contradicciones de intereses no quiere correr ningún riesgo frente al panorama geopolítico mundial. Apuesta por el llamado “gobierno gerencial” aliado incondicional de unas cuántas multinacionales recomendadas desde la metrópoli.
Las distintas administraciones fortalecieron a los nuevos dueños de las concesiones de playas, normaron la entrega del agua con fines comerciales, dieron a sus amigos el espectro electromagnético, quebraron y compraron bancos, controlaron absolutamente el transporte remunerado de personas, descubrieron que el negocio del siglo era para unos, importar granos, mientras los otros empacaban el arroz y los frijoles, aunque ello significaba mandar al carajo la soberanía alimentaria y a los agricultores locales etc. Un número importantes de empresas del Estado estaba dentro de una enorme firma denominada Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA) y sus filiales, que no resistieron el apetito de la nueva clase que se abría camino. (ver “Volvamos a la Tierra”; Págs. 48 “restructuración de CODESA” y 63, inciso ch “trabajadores propietarios”).
En las páginas 66 y 67 el programa se propone “modernizar” el Ministerio de Trabajo para acometer sus fines (no hablaba de aumentar el número de inspectores para que prevalecieran los derechos de los trabajadores ante la voracidad que asomaba), fomentaría, en cambio, el “sindicalismo democrático” que, años más tarde, muchos de sus líderes, propician y defienden los famosos encuentros y foros para el “diálogo social”, en búsqueda de “ajustar” y seguir abrazado al “desarrollo sostenible”. Otros, con un léxico más refinado proveniente de los socialistas europeos, planteaban un “capitalismo del bienestar” para destacar que, es posible “ajustar” los problemas en la democracia, “focalizando” los desajustes y llevando la oportuna “acción social” webberiana. Al final, propietarios de los medios de producción y vendedores de la fuerza de trabajo se ayudan mutuamente y todos somos contentera.
Ya para 2020, el gobierno de turno, abogaba por reducir la planilla del Estado en 7.000 funcionarios, recurriendo a la “movilidad laboral”, como parte de la “agenda de estabilidad financiera”, y así, a fin, de acceder a un préstamo por $ 1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (Fuente: https://ameliarueda.com/nota/gobierno-movilidad-reducir-planilla-7000-funcionarios-noticias-costa-rica). Casi simultáneamente, se adiciona al Código Penal, el 2 de mayo de 2022, el artículo 256 bis, estableciendo: se impone pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes impidiere, destruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito o el movimiento de transeúntes.
A pesar de los profundos cambios legales, políticos y económicos habidos en las últimas décadas, seguimos sin ser el “primer país desarrollado de América Latina”, esperando ser la sociedad de “propietarios y no de proletarios” y sigue la duda de si somos, efectivamente, Jaguar o Tigrillo en la región y somos el país más feliz del mundo.
c) El gran duelo a machete
Cuando el periódico “La Teja”, el 4 de abril de 2022, nos contaba que Rodrigo Chaves Arguedas, un guardaespaldas del tres veces presidente, José Figueres Ferrer, fue el padre del gobernante Rodrigo Chaves Robles, las posibilidades de un futuro gobierno de riñón verdiblanco quedaba abierto; o por el contrario, entraría en confrontación directa con una parte de la burguesía local surgida gracias a los llamados PAEs e instalada en las esferas decisorias para cumplirle las exigencias de los organismos financieros internacionales.
El primer aviso ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando Chaves dijo que el convenio entre la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE), Comex y PROCOMER había llegado a su fin . La coalición privada, que recibía fondos públicos, estaba entre nosotros desde 1982, y por ella pasaron tecnócratas destacadísimos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina.
Durante 41 años, según datos dados a conocer por CINDE, hubo 181 mil empleos directos, es decir un promedio de 4.414 anuales, y unos 74 mil empleos indirectos, algo así de 1804 por año.
Casos que sacudieron a la sociedad costarricense y dados a conocer por la prensa en los últimos 30 años durante los gobiernos que se alternaron el PLN-PUSC-PAC.
Asimismo, el 20 de abril de 2023 el ministerio de educación anunció el fin del convenio Marco Cooperación MEP-FOD a partir del 6 de mayo del 2023. El poner fin a este convenio degeneró en furibundos ataques contra la Administración Chaves por diputados liberacionistas y socialcristianos en la Asamblea Legislativa.
Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Fundación Omar Dengo, defendió en todo momento lo que denominó el correcto uso de los fondos públicos por unos 235 mil millones de colones en los últimos años para el desarrollo del Programa Nacional de Informática Educativa en 4200 escuelas.
En este contexto, el “gobierno gerencial” de Chaves, no está contra la recolonización en que nos tienen el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino que, al priorizar definitivamente los intereses estadounidenses, en cuanto a la tecnología 5 G, ayudas en materia de seguridad cibernética, entre otras, impone como único patrón ideológico referencial a la sociedad y el gobierno norteamericano, en su marcha hacia la “singapurización “de Costa Rica.
La dimensión de este “pleito a machete”, producido por una burguesía que tuvo 40 años para blindar todos sus intereses con cientos de leyes, jurisprudencias, reformas y decretos, frente a la oligarquía alineada con el gobierno actual y el llamado “occidente colectivo”, que trata de salvar algo de sus 500 años de hegemonía absoluta, lo veremos en “directo” y a “todo color” cuando el Ejecutivo insista en su proyecto estrella de “Ciudad gobierno”, consistente en un complejo sistema de obras instaladas en terrenos del Estado y financiado a largo plazo por el Banco Centroamericano de Integración Económica para alojar ministerios y oficinas públicas, cuyos alquileres, según datos oficiales, dejan $600 millones (₡420.000.000.000) anuales a un reducido número de familiares dedicadas a este negocio y conectadas a la alta politiquería. No se conocen las familias beneficiadas con estos alquileres ni los partidos políticos a que están afiliados.
El otro agarrón de pelo está a la vuelta de la esquina con el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, cuyos sectores fortalecidos desde hace 40 años, no rechazan la privatización de este activo, con excelente salud financiera, sino que ellos quieren una porción importante del pastel y éste no sea entero para las empresas preferidas por la oligarquía.
Ojalá los trabajadores y trabajadoras, no importa el partido político por el cual han votado, comprendan que estos “pleitos” que a veces trascienden, son cara y escudo de una misma moneda. A ellos corresponde construir el tejido social con reflexión a fondo y movilización social desde las comunidades, con el fin claro que son ellos los dueños de la historia, en la medida, eso sí, entiendan la política como servicio a los demás; pero sí ella no se articula con otras comunidades y movimientos populares terminarán defendiendo feudos de todo tipo y en todas partes, corriendo el riesgo que la politiquería los reviente.
La educación, es la vía para el buen vivir; es la herramienta principal para lograr el desarrollo porque es el bien colectivo que más moviliza socialmente y que más ayuda a superar la pobreza. Lastimosamente, ésta no viaja sola, arrastra consigo un aumento de desigualdad de la cual, desde 1998 el ALC no logra recuperarse y es este un asunto de urgente trato de resolver ¿educamos para aliviar la pobreza o aliviamos la pobreza para poder educar? La urgencia toma valor relevante toda vez que la pobreza extrema adquiere el rostro de nuestra niñez, afectando a un 15% de niños entre los 0 y los 7 años, convirtiéndolos en la población más sub-desarrollada (OCDE 2020) y avanza peligrosamente alcanzando un 8% de niños entre los 7 los 13 años. La gran tarea aquí es eliminar el que llamo el círculo vicioso de la pobreza que se da cuando un niño nace pobre, vive en un barrio pobre, asiste a una escuela pobre… lo peor que le podría pasar (y pasa más por la desidia política que otra cosa) es recibir una educación pobre, pues sería como ser pobre varias veces”.
El problema no se resuelve con el seguir colocando parches y remiendos y esperar que el sistema funcione. Solo se resuelve con intervenciones directas sobre las condiciones estructurales que la generan y reproducen; debemos lograr democratizar la educación de calidad en todo el territorio nacional.
Ante una situación inédita, en un de repente; 1.200.000 estudiantes trasladan sus estudios a las casas. Ciertamente este hecho es único en la historia de la Educación Costarricense, más no así del todo sus resultados: el reconocimiento de que el vértice de la educación es la relación docente-alumno-recursos es insustituible, que la escuela pública es un elemento de apoyo en términos de lucha contra la desigualdad social y que la escuela improvisada en casa ha desnudado verdades añejas como el hecho de que las familias no se sienten en condiciones idóneas para apoyar a sus hijos en los estudios porque sus esfuerzos se estrellan contra la pared de la falta de estudio superior, los problemas de acceso y el deber asegurar el comer. Estos primeros elementos que identificamos dejan de ser “eventos nuevos, producto de pandemia” pues son tan viejos como la educación misma.
Una medida relevante, pero por demás urgente y por lo tanto impostergable es retomar la educación como derecho y no como solo un servicio.
Democratizar la educación en todo el territorio nacional
Si tomamos en cuenta que, del total de las 4080 escuelas nacionales, solo el 8% (326) ofrece a sus estudiantes programa de estudio completo, que la mayoría de las que no reciben educación completa están en zonas urbano-marginales y la ruralidad; cuando la población comprendida entre los 0 y 7 años representa el sector más sub-desarrollado de la educación costarricense y que la educación secundaria no logra que más del 50% de sus matriculados se gradúen; tenemos elementos de sobra para determinar que la pandemia, no ha venido a sumar problemas nuevos a la educación, solo los ha desnudado y nos ha restregado en el rostro la verdad de que, hace 30 años la desigualdad y la pobreza eran producto y resultado de la injusticia, por el reparto injusto “de los panes y los peces” mas hoy, son el resultado y justo castigo que la ineficiencia merece. Para romper con el círculo vicioso de la pobreza, se necesita no solo una “educación mejorada” si no la mejor educación. Hoy requerimos de reformas mayores; no solo puertas adentro de la escuela, sino en la sociedad. Declarar la educación como un asunto de interés público (desconozco cuando dejó de serlo) pasa por establecer las declaratorias políticas de fondo que sean necesarias y con la tipificación que se requiera para asegurar:
Asequibilidad(presupuesto suficiente, escuelas y maestros necesarios, infraestructura y dotaciones pertinentes).
Accesibilidad(gratuidad, posibilidad económica, accesibilidad geográfica, universalización de los apoyos educativos)
Adaptabilidad(pertinencia curricular, oferta educativa de acuerdo a contextos y poblaciones específicas)
Aceptabilidad(calidad de la educación de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas de las diversas comunidades, poblaciones y pueblos).
Remarco estos cuatro ejes generales que han sido tratados por mucho y hoy por varios sectores son tipificados como clichés mas los propongo como los pilares para la urgencia de promover un avivamiento educativo: nuestra educación debe ser repensada. Desarrollar acciones rápidas en tiempos extraordinarios como el presente, es urgente con el fin de evitar que los problemas temporales se exacerben.
El hecho de que, en Costa Rica, 418.000 estudiantes no tengan condiciones adecuadas para recibir una educación a distancia (casi la mitad) y que 324.000 (sigo dudando de estos números, pues temo que sean muy superiores) no hallan logrado “conectarse” indica que se requieren acciones concretas:
Conectar a los desconectados,urge el acuerdo para ejecutar, mediante una estrategia de “afuera hacia adentro”, los fondos cuyo espíritu han sido determinados para ello y lograr las alianzas estratégicas interinstitucionales mediante un Marco País, eliminando las duplicidades y los “sistemas de apoyo paralelo” cuyos resultados no cambiaron en los últimos años estos datos.
Eliminar la desidia política,tan marcada en los últimos años por la cosa educativa y garantizar la sostenibilidad financiera para nuestros futuros tecno-agricultores, ingenieros, médicos, enfermeros, economistas, directores, para esos que serán los sostenedores del futuro.
Universalizar la educación pre-escolar. Sistematizándola dentro del conglomerado educativo formal y mediante una currícula moderna. Dinámica y flexible que asegure egresados en el 2035, preparados para ese mundo tan distinto en comparación a cualquier cosa que las generaciones anteriores hayan experimentado.
Eliminar los contenidos de relleno, dejar de estar cargando a los estudiantes de más y más contenidos, aunque el aburrimiento se note. Permitir que nuestros egresados se incorporen a la sociedad activamente como ciudadanos para el mundo.
Uso de la alfabetización digitala favor de la educación, para promover capacidades de pensamiento complejo, resolución de problemas y conflictos en cooperación, competencias para la empleabilidad y habilidades del siglo XXI.
Desarrollo de una metodología flexible que permita la personalización de la educación en contexto. Esto es eliminar los grilletes a los maestros,aliviándolos del anacronismo abusivo de los programas de estudio actuales y devolviendo el protagonismo al estudiante como principal constructor de su educación para toda la vida.
Creaciónde un sistema de apoyo continuo para el docente.
Debemos devolver la autoridad didáctica, libertad metodológica (con estándares educativos definidos según necesidades de las personas y el país) y la dignidad maltratada. Ellos encarnan la currícula y la pedagogía: sus creencias, saberes, valores, competencias y actuaciones son más definitorias sobre qué y cómo se enseña (y aprende) en el aula, que la currícula prescrita (programa de estudio anacrónico). La situación actual que infiere en la problemática es simple: los hemos dejado solos.
Desarrollar la articulación necesaria para alcanzar una educación a lo largo de toda la vida… en nuestro siglo….
Erradicar el analfabetismo digital y lograr que todos los jóvenes y adultos se gradúen de la educación básica es un acto de justicia y un imperativo en nuestro tiempo, para avanzar a una educación superior para todos. Hoy, muchos jóvenes, sobre todo rurales, están terminando la secundaria, pero éste, es un éxito más aparente que real, ya que, en términos reales, produce resultados decepcionantes y también muchos egresados se sienten frustrados, por no decir engañados, pues no consiguen empleo y no están preparados para la vida. El abismo entre aquello que el sistema enseña y lo que los estudiantes necesitan aprender es sencillamente inaceptable.
Cuando los niños de preescolar de hoy se conviertan en los graduados del 2035, el mundo será muy distinto al de hoy. La manera en que las personas interactúan, socializan y trabajan, está cambiando rápidamente. Nos encontramos ante oportunidades sin precedentes, muy marcadas por la automatización que podrá reemplazar hasta el 50% de los empleos asociados a los niveles de logro educativo más bajo, necesidad de trabajadores con habilidades más completas, de más alto nivel en áreas como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, trabajo mediante plataformas de colaboración, la inteligencia artificial, la realidad mixta. La expectativa de que entre el 30 y 40% de empleos requerirán habilidades socioemocionales específicas determina que se requiere un mayor enfoque en los estudiantes y más protagonismo de su parte, de manera que se cree un ambiente de aprendizaje donde la creatividad se asocie con la construcción de relaciones, la autoconciencia y el auto reconocimiento, pues serán cada vez más importantes.
A medida que los avances tecnológicos permitan a los profesores dedicar menos tiempo a tareas rutinarias y brindar nuevas maneras de comprender e interactuar con los estudiantes, se verán más motivados para personalizar sus clases. Las herramientas que apoyan a los docentes para el desarrollo de un aprendizaje personalizado, incrementarán, en lugar de disminuir, la importancia de la función del profesor. Con el apoyo tecnológico, se considera que los profesores podrán reasignar del 20 al 30% de su tiempo para enfocarse en actividades centradas en los estudiantes como crear relaciones personales más profundas, planes de lección personalizados, gamificar sus clases y proporcionar a los estudiantes retroalimentación personalizada y en tiempo real. Para estos efectos, las plataformas de colaboración permiten a los estudiantes interactuar y trabajar juntos; utilizar la inteligencia artificial para comprender el progreso de los estudiantes y la selección de contenido altamente personalizado, oportuno y específico. La realidad mixta, nos permite crear experiencias de aprendizaje inmersivas para los estudiantes que fomentan un mayor crecimiento cognitivo y socioemocional.
Ciertamente la demanda de muchas ocupaciones de alta destreza seguirá en aumento, este nuevo mundo laboral requerirá que la generación 2035+ tome cursos de educación superior que aún no existen y que se desarrollen habilidades cuya importancia aun se desconocen. Incorporar las habilidades tecnológicas del mañana en las aulas de hoy, ayudará a cerrar la brecha de conocimiento para la futura empleabilidad.
Ante este panorama, que solo toma algunos elementos del mundo de ellos que se deben de analizar, la personalización de la educación nos lleva a establecer la posibilidad de hallar un camino correcto que permita a la educación salir del bache en el que se encuentra. La generación de ciudadanos para el mundo es un sistema que vienen utilizando los países más exitosos, con muchas de las acciones acá contempladas y que se orientan a un sistema simple, flexible y adaptativo, nuestro camino pudiere estar dirigido a la creación de ciudadanos para el resto del mundo, más sin embargo, sin dejar de lado el aprendizaje de estas acciones exitosas, en este momento, para evitar que los problemas temporales del momento se exacerben y posicionen, debemos crear, con acciones rápidas, un sistema que sacuda nuestro estatus quo, que genere cambios disruptivos e innovadores cuyos resultados sean en este momento, la generación de ciudadanos costarricenses.
“Porque somos consientes de que la educación por sí sola no cambia un país pero que ningún país cambia si no cambia su educación, conocemos que un mejor país, una mejor educación no solo es urgente si no posible…”
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios
Como ciudadano, como trabajador de la Caja, como aprendiz cotidiano de dirigente sindical, le envío una enorme felicitación al grupo humano de conducción política de la mesa de diálogo social y productiva por una Costa Rica inclusiva y solidaria, por ser en gran parte, el espacio político que lleva al menos más de dos años con la disciplina de realizar reuniones, encuentros, foros, virtuales y presenciales, que han mantenido junto a otros esfuerzos unitarios, la llama de la lucha social viva.
La marcha por el FEES del 2022, luego la marcha del agro en marzo 2023 y hoy este inolvidable 20 de junio 2023, por la defensa de la educación pública, evento acompañado por ciudadanos, sectores y organizaciones varias que se sintieron convocadas por un sentimiento patriótico que les movió a salir a la calle, nos llena de felicidad y es sencillamente edificante.
Una ruptura más contra el miedo, la mentira, el dogma y el evidente autoritarismo del Presidente Chaves Robles, elementos que sufren golpes ante la movilización social y popular.
Ejemplo de ello fue el triunfo elemental y para algunos y algunas, abstracto, que se arraigó en el sector salud el pasado 08 de junio 2023 y que hizo una ruptura contra el miedo aportando a un proceso que abre más las puertas y ventanas, para que entre más fácilmente en la conciencia popular la idea de movilizarse y luchar.
Esos tres eventos supra marcan la ruta calle, aran la tierra y colocan semilla que pronto germinará en multitudes valientes movilizaciones.
Este último es uno de los retos superiores y estratégicos de los liderazgos sociales para el futuro cercano.
En las últimas décadas, especialmente en América Latina, algunos regímenes conservadores o no, incorporaron como una de las armas contra el movimiento popular y los movimientos políticos, el uso de la justicia. Se alejaron un tanto de los escandalosos golpes de estado propiciados por los militares contra los regímenes que no les eran obsecuentes u obedientes; por el uso de la justicia, procesos judiciales amañados, procuraron alejar del poder a presidentes o cerrar el camino a potenciales candidatos que les disputaran el gobierno. La justicia se prestó para juicios políticos, se puso al servicio de los gobernantes de turno para impedir cambios de poder o silenciar a los líderes populares.
Costa Rica no ha sido la excepción. La conducta del Estado representado por el Ministerio Público y la Procuraduría General, no se diferencia mucho de lo hecho en otras latitudes. El juicio penal que se sigue en los Tribunales contra el dirigentes sindical Albino Vargas así lo comprueba. Albino está acusado por incitar a bloquear calles y llamar a la movilización social. Estas conductas fueron convertidas en delitos con el fin de impedir la protesta, pero sobre todo con el propósito de acallar a los dirigentes sociales; ahora llamar a bloquear una calle por un problema de agua en una comunidad o de un camino en un pueblo campesino o rural, podría llevar a la cárcel, sea a penar varios años de prisión a los líderes comunales o de grupos que participen en acciones de protesta como esas.
Es claro que el sistema político actual pretende acallar la protesta social, pretende acallar a un dirigente popular como Albino Vargas. Ya él, siendo muy joven, junto con Gloria Valerín y muchos otros, fueron enjuiciados penalmente por la Huelga de Adaptación Social de 1982; en ese tiempo existía el artículo 333 y 334 del Código Penal que tipificaba como delito el participar en una huelga, o sea que las huelgas eran delito. Esos artículos fueron derogados en los primeros años de 1990 porque se consideraba que atentaban contra las libertades democráticas. Hoy las huelgas están casi en la misma situación de antes del 90, o sea de ser un delito.
Albino Vargas es un dirigente controversial que puede no gustar a muchas personas, aunque nadie pueda decir que es un dirigente corrupto. Hoy se enfrenta a una nueva normativa anti-trabajadora, a un poder claramente al servicio de un sector muy reducido de la población, a una normativa jurídica más antidemocrática y autoritaria.
Esperemos que hoy como en 1982 Albino salga absuelto y libre, lo deseamos no solo por él sino por la democracia y las libertades públicas del país.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Departamento de Desarrollo Humano – Universidad de Caldas
1056 H3.6-TD-007 Manizales, 6 de mayo de 2021
La larga noche no cesa en nuestro país y nosotros como profesores y profesoras de la Universidad de Caldas del Departamento de Desarrollo Humano, el Programa de Trabajo Social, el CEDAT y la Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz, no nos podemos silenciar, por eso queremos manifestarnos conscientes de nuestra responsabilidad ética y política que asumimos no sólo con la formación de nuestros estudiantes, sino con realidad social en la que habitamos.
Expresamos nuestro respaldo a la movilización social y la protesta popular en defensa de los derechos humanos y el reclamo de justicia social. Sabemos y sentimos que nuestro país está cansado de las múltiples situaciones de inequidad, reformas injustas, corrupción al más alto nivel, asesinatos de líderes y lideresas sociales, políticas ajenas a la realidad, irrespeto a los acuerdos de paz, ampliación de brechas sociales y un gasto público centrado en la guerra y no en la salud y educación como derechos fundamentales.
Escribimos en medio de acontecimientos dolorosos que han sido vividos en las calles de Colombia: asesinatos, desapariciones, personas heridas, mutiladas y violentadas de distintas formas en el marco del Paro Nacional, muchos de ellos y ellas jóvenes, estudiantes incómodos e indignados por la realidad del país. En nuestro país se ha militarizado la vida, nuestras ciudades se han convertido en campos de combate, donde los jóvenes, la comunidad civil se ha visto afectados directamente por la fuerza pública, y se generan enfrentamientos donde la vida se pone en juego. Lamentamos profundamente que los manifestantes que han decidido salir a las calles para exigir un país diferente no tengan asegurada la vida y la integridad para ejercer un derecho constitucional.
Como docentes de la Universidad de Caldas no podemos permanecer indiferentes ante los complejos problemas sociales y políticos que se viven en la actualidad, rechazamos la estigmatización de la protesta social y la dura represión que se ha ejercido sobre ella. Reconocemos y apoyamos los motivos que movilizan la lucha y la necesidad de preservar la democracia y la humanidad en tiempos difíciles. La violencia no puede quebrantar las voluntades de quienes soñamos con un país diferente.
Rechazamos los actos de violencia, la represión policial, las extralimitaciones de la fuerza pública y la vulneración del derecho a la protesta, que en los últimos días ha cobrado más de 20 vidas, 107 desapariciones, y un gran número de heridos. Exigimos la defensa de la vida, el derecho a la movilización social y la escucha del pueblo colombiano desde sus exigencias.
Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional que orienten sus miradas, sus corazones, sus propuestas al pueblo colombiano, a que se reconozca las políticas avasallantes del modelo neoliberal que prioriza la propiedad privada, el gasto público para la guerra. Llamamos a la solidaridad a través de la difusión y de la comunicación de la grave situación de riesgo y vulneración de los derechos humanos que está viviendo la ciudadanía colombiana en estos momentos.
¡Por el respeto por la vida y dignas garantías para la protesta social en Colombia!
Departamento de Desarrollo Humano – Programa de Trabajo Social – Maestría en Justicia Social y Construcción de paz – Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia social- CEDAT Universidad de Caldas
El 10 de marzo a las 10:00am se estará llevando a cabo una movilización en colaboración con 26 organizaciones en función de generar una respuesta integral y sostenible al VIH. Esta se concentrará en la Defensoría de los Habitantes.
Se recuerda respetar y cumplir con los protocolos de salud, uso de mascarilla, desinfección de manos y distanciamiento social.
