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Etiqueta: movimientos sociales

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Democracia multidimensional, antídoto a la corrupción y germen de «Buen gobierno»

Javier Tolcachier / pressenza

Al hablar de “buen gobierno”, este tema suele ser enfocado, tanto desde la crítica como desde el apoyo, en sus aspectos más compositivos. Es decir, se juzga la cuestión poniendo la mira en aquellas personas que ocupan coyunturalmente espacios de decisión preeminentes en las instancias ejecutivas, legislativas o judiciales.

Nosotros queremos destacar los aspectos más estructurales que condicionan dicha actividad, siendo, en nuestra opinión, factores fundamentales en los desvíos que sufre el derecho humano a un “buen gobierno”. Entre estos factores, apuntamos los vicios de origen del actual modelo de “democracia meramente formal”, la morfología misma del Estado, y aquellos poderes corruptores que subvierten toda construcción positiva y no son suficientemente visibles para la opinión pública.

Ante todo, definamos mejor el concepto de “buen gobierno”.

El Buen gobierno

El buen desempeño de un gobierno – en un sentido humanista – debe ser evaluado a la luz del crecimiento de las posibilidades de desarrollo humano que genera al conjunto social. Con desarrollo humano nos referimos al mejoramiento del marco de condiciones para que la intencionalidad humana pueda expresarse con cada vez mayor libertad, superando límites, expandiendo los horizontes colectivos y aportando a la evolución de la especie.

En ese sentido, el Buen gobierno debe ayudar a garantizar la mejoría en las condiciones de vida de toda la población, liberando energías necesarias para que cada ser humano pueda elegir el tipo de existencia que prefiera y tener la posibilidad de explorar de manera integral, transformadora y creadora la realidad recibida en sus distintas facetas.

Al mismo tiempo, un buen gobierno tiene como misión esencial crear las condiciones para permitir que se exprese con cada vez mayor fuerza el propósito de la comunidad misma, reduciendo su propia incidencia en la gobernanza. De este modo, la participación del pueblo va creciendo y dotando de un nuevo sentido a la hoy decadente “democracia”.

Esto no excluye un componente de cooperación fedetada y de “protección” – no paternalista – ante las embestidas agresivas de poderes externos a la comunidad, que pretendan disminuir o condicionar su desarrollo humano.

El deterioro de la democracia formal

La Democracia formal afirma engañosamente que los pueblos eligen libremente concurriendo una vez cada cierto tiempo a votar, escogiendo a sus gobiernos y representantes por un período y modalidades determinadas por sus constituciones.

Pero he aquí que la realidad nos muestra algo muy distinto. La manipulación previa de las candidaturas, la coerción que imponen los esquemas de balotaje, el incumplimiento de lo prometido en los programas y las campañas, la disparidad de recursos con los que cuentan las distintas candidaturas, la fabricación de imaginarios ficticios por parte de publicistas y asesores, el vaciamiento militante, moderado apenas por el interés de acceder a algún ventajoso cargo público, las trabas del sistema burocrático, las exclusiones y otras trampas judiciales, la compra de voluntades, la venta de sellos de agrupaciones inexistentes y por supuesto, las campañas sucias, agresivas y llenas de falsedades a través de las plataformas digitales y medios de comunicación, son algunos de los muchos motivos por los que se debe hoy dudar de que esta democracia formal represente fehacientemente la voluntad popular.

Ante esta afrenta, los pueblos expresan frecuentemente su desconfianza y rebeldía mediante una alta abstención, hecho que se intenta combatir obligando en muchos casos al soberano a concurrir a las urnas, so pena de incurrir en desacato, poniendo en claro la imperiosa necesidad de renovar la organización política general.

El Estado como forma

Por otra parte, la morfología misma de los Estados centralizados conlleva, más allá de las buenas intenciones que puedan sostener agrupaciones políticas progresistas o revolucionarias, el alejamiento del gobierno de la base social y su burocratización. La gran paradoja es que los liderazgos que asumen en un primer momento la tarea de organizar y movilizar en la base social, en el caso de ser elegidos para ocupar cargos en el Estado, se convierten en funcionarios, cortando las poleas de conexión con la base, generando así desmovilización y decepción popular. Por sus características, el Estado absorbe, maniata y paraliza en número y calidad las energías transformadoras del activismo.

Por otro lado, esa progresiva desconexión de la base, aísla a los funcionarios públicos, facilitando la apropiación del Estado por parte del poder real, constituyéndose en el germen de la corrupción. Aquí es preciso destacar que la actual forma de organización política no se da en abstracto, sino que está sometida a la presión de condiciones de poder socioeconómico injustas y geopolíticamente dependientes.

Detrás de la escena pública y de la manipulación mediática, actúan las garras del poder real oligárquico, financiero, imperialista y transnacional, que pretenden congelar la evidencia del fracaso de un sistema anclado en el despojo, el robo y la apropiación del todo social por parte de minorías. Así es como el ideal de un Estado al servicio y bajo el gobierno del pueblo, se ha convertido en un instrumento insensible en manos del gran capital, un Estado paralelo o Para-Estado.

Descentralización del poder

Del mismo modo, ocurre que el Estado centralizado produce la discriminación de provincias y regiones enteras. Según señala el Documento fundacional del Movimiento Humanista esto deberá cesar cuando se impulse una organización federativa en la que el poder político real vuelva a manos de las entidades históricas y culturales que conforman el entramado político de cada país.

Es decir que, para desterrar la corrupción y avanzar hacia un buen gobierno es preciso construir modelos de democracia real que contemplen la descentralización del aparato estatal, encaminando la lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad, en la que anide la idea de que el progreso humano debe construirse entre todos y para todos.

Ha habido y hay numerosos ejemplos similares ya existentes en este sentido. En la India, el Partido Aam Aadmi fundado a finales de 2012 por Arvind Kejriwal y otros activistas del movimiento India contra la corrupción, tiene gran conexión con el concepto de Swaraj (o autogobierno) enunciado por Gandhi, quien decía «Es Swaraj cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos», refiriéndose no solo a un modelo político, sino también a una actitud personal.

Del mismo modo, la Revolución Bolivariana en Venezuela puso en marcha en su momento un fuerte proceso de descentralización con la formación de miles de comunas. Famosa es la frase de Hugo Chávez en 2010, quien exclamó “Comuna o Nada”.

También destacable en este sentido son los “Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno”, esquema adoptado por las comunidades zapatistas en Chiapas, México, cuyo lema es “mandar obedeciendo”. El sistema ha logrado importantes avances en la calidad de vida de los pobladores en el ámbito de la salud, la educación y la alimentación.

Asimismo, resaltamos el proceso de Rojava, en el Norte del Kurdistán sirio, que, a diferencia de otros movimientos en la región, no busca la creación de un Estado kurdo, sino la coexistencia pacífica entre los Estados-nación existentes​, guiados por la idea de un Confederalismo Democrático multiétnico y multireligioso construido desde el territorio.

Sin agotar en lo más mínimo los múltiples efectos demostración existentes, y volviendo al análisis conceptual, esta descentralización del poder, esta dirección de construcción social compartida desarticula el tropismo habitual hacia las cúpulas, el llamado “arribismo” y permite mantener una conexión permanente de posibles liderazgos con la base social. De igual manera, facilita la participación popular, ya que la vecina o el vecino de una comunidad tiene la posibilidad real de actuar y transformar desde su entorno inmediato, accediendo a los resultados de su acción. Al mismo tiempo, este molde político comunal permite una relación directa y la interpelación de quienes son designados por la misma comunidad para tomar decisiones.

Finalmente, este diseño coloca la responsabilidad en cada persona que conforma la comunidad, sin cuya participación, este modelo también sería vacío.

Pero la realización plena de este modelo dependerá en estructura de la recuperación del poder social en un sentido multidimensional, poder hoy arrebatado por una minoría destructiva.

Para avanzar en este sentido, se hará necesario cultivar un nuevo sentido de la vida en nosotros mismos y quienes nos rodean, potenciando el sentir colectivo y la humanización de nuestro entorno como objetivo primario de la existencia. En definitiva, trabajar en conjunto tanto en las condiciones externas como también en las internas que permitan liberarnos y avanzar con la mira puesta en esta utopía radical y revolucionaria: un ser humano solidario y no violento.

Esta ponencia fue expuesta en el conversatorio sobre Buen Gobierno organizado por la Agencia Internacional de Noticias Pressenza el 18/1/2026 y forma parte de la Campaña «Buen Gobierno es un derecho», lanzada por la agencia.

(Imagen de Visentico / Sento, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2026/01/democracia-multidimensional-antidoto-a-la-corrupcion-y-germen-de-buen-gobierno/?sfnsn=wa

Costa Rica – Cuba, y «las dos caras de la moneda»

Martin Rodríguez Espinoza

Una cara: la del gobierno

Típico de un gobierno servil y títere de los EEUU, en lugar de ayudar, colaborar con el pueblo cubano, ser solidarios y humanistas, enviar ayuda y colaborar con los cubanos, hacen lo contrario, ser sumisos y cómplices de genocidio, al igual que con Palestina, ahora con Cuba. El gobierno costarricense practicando el terrorismo internacional contra un pueblo que solo busca ser libre e independiente.

Las consecuencias de esta situación es producto del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra el pueblo cubano. Los EEUU, Estado terrorista #1 del mundo, quiere gobiernos y pueblos sumisos, que le teman, que abandonen su dignidad y respeto propios, que sean obedientes a ellos, aunque te roben, te saqueen, te esclavicen, te asesinen. Gobiernos como los de Costa Rica, y con más ganas el actual de Rodrigo Chaves.

Cuba, uno de los países más solidarios y humanistas del mundo, que ha llevado médicos por todo el mundo, incluso en Europa, para ayudar frente a pandemias, que ha llevado equipos de emergencias ante desastres naturales, que ha llevado maestros para ayudar a otros pueblos del mundo contra el analfabetismo, que ha desarrollado vacunas y medicamentos contra enfermedades que son universales, es permanentemente agredido por los EEUU.

El criminal bloqueo económico, comercial y financiero quiere decir que aunque Cuba tenga el dinero para comprar medicamentos, equipo médico, alimentos, maquinaria, tecnología, suministros para el desarrollo, como cualquier nación del mundo, no puede acceder a eso porque EEUU, sus bancos y armamento impiden que otras naciones comercien, vendan, compren, intercambien o negocien nada. Si alguna empresa comercia con Cuba, EEUU de inmediato sanciona a esa empresa, si algún país comercia con Cuba, de inmediato es amenazado por EEUU, eso es terrorismo económico que tiene que ver con el desarrollo y la vida de las personas, de un país, y eso se convierte en genocidio. Es lo mismo que hacen los fascistas sionistas de Israel contra el pueblo palestino. Así los fascistas, derrotados en 1945 por la Unión Soviética, reviven hoy, ya no como nazis alemanes, si no como gobiernos, los de EEUU e Israel.

¿Cuál es el «crimen» de Cuba?, ser un faro de dignidad en el mundo. Resistirse a ser saqueada, resistirse a ser el prostíbulo de las mafias estadounidenses como antes de 1960, decidir ser libre y decidir el camino que, como Nación independiente del yugo español, quiere seguir, desarrollar la salud y la educación públicas de su pueblo, superar los índices de salud, pobreza y analfabetismo, practicar la solidaridad internacional con todos los pueblos del mundo, sean ricos o pobres, solidaridad y humanismo. Esos son sus crímenes, para los terroristas de EEUU ese es un mal ejemplo para el mundo, por eso bloquea a Cuba, pero por eso mismo el pueblo cubano resiste.

Otra cara: la de la solidaridad

Quienes tenemos dignidad, amor, humanidad, debemos seguir luchando por nuestra patria, pero también por la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo que sufran los ataques del fascismo. Hoy Cuba y Palestina, como Haití y muchos otros pueblos requieren de nuestra solidaridad. Hablar y decir las cosas, pero también movilizarnos y enviar, lo que podamos, a nuestros hermanos, en este caso de Cuba.

Debemos corresponder el amor y la solidaridad cubana con lo mismo, amor y solidaridad.

Si puedes ayudar con algo, lo que sea, alimentos enlatados, dinero, leche en polvo, medicamentos, todo sin vencer y en buen estado, hazlo.

Diversas organizaciones, entre ellas el Partido Vanguardia Popular – PVP, la Juventud Vanguardista Costarricense – JVC y el Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba, entre otras, están recogiendo la ayuda que se tramita con honestidad y respeto para el pueblo cubano.

17 de febrero 2026

Solidaridad internacional con Cuba: ayuda humanitaria y flotilla contra bloqueo

Una serie de acciones de solidaridad internacional se ha organizado para llevar ayuda humanitaria a Cuba en medio de una profunda crisis socioeconómica y energética que afecta a la isla caribeña.

El pasado 12 de febrero de 2026 dos buques de la Armada de México arribaron al puerto de La Habana cargados con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, en una operación impulsada por el gobierno mexicano ante la aguda escasez de alimentos, productos básicos e insumos de higiene que enfrenta la población cubana.

Según reportes oficiales, la ayuda incluye alimentos como leche, arroz, frijoles, sardinas y aceite vegetal, así como productos de higiene, alimentos y otros bienes esenciales. La iniciativa se da en un contexto marcado por las políticas de Estados Unidos de América que impiden el suministro de petróleo a la isla, lo que ha provocado una crisis energética con cortes de electricidad y limitaciones en servicios públicos como salud y transporte.

A estas acciones estatales se suma una iniciativa de la sociedad civil internacional: una flotilla bautizada “Nuestra América” se está organizando para zarpar hacia Cuba durante el mes de marzo de 2026 con la intención de llevar alimentos, medicinas y suministros esenciales. La convocatoria, impulsada por una coalición de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones humanitarias, busca romper las restricciones y el bloqueo económico.

Las organizaciones señalan que la flotilla pretende ser un gesto de solidaridad con el pueblo cubano y enfrentar así el bloqueo que ha limitado el acceso de la población a productos básicos y servicios esenciales. La iniciativa se inspira en esfuerzos previos de ayuda internacional por vías marítimas en otros contextos y aspira a crear un movimiento de apoyo que trascienda fronteras regionales.

Estas acciones se desarrollan en un escenario en el que organizaciones multilaterales y gobiernos han advertido sobre el riesgo de una crisis humanitaria profunda si no se restablece el acceso a suministros básicos, incluyendo energía y alimentos. El marco global es el rechazo al bloqueo en la ONU e incluso dentro del mismo Congreso de Estados Unidos de América.

Línea de tiempo: ayuda humanitaria y contexto reciente en Cuba (2024–2026)

2024 – Intensificación de la crisis energética
Durante el segundo semestre de 2024 se agudizan los apagones y la escasez de combustible en Cuba, afectando transporte, producción de alimentos y servicios públicos.

2025 – Restricciones en el suministro de petróleo
Se profundizan las limitaciones en el acceso a petróleo y derivados, lo que impacta directamente la generación eléctrica y la distribución de bienes básicos.

Diciembre 2025 – Aumento de la escasez de alimentos y medicinas
Organizaciones sociales y medios internacionales reportan dificultades crecientes para acceder a productos básicos, incluyendo insumos médicos y alimentos esenciales.

Enero 2026 – Llamados internacionales de solidaridad
Movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de distintos países comienzan a articular iniciativas de apoyo directo al pueblo cubano.

12 de febrero de 2026 – Arribo de ayuda mexicana a La Habana
Dos buques de la Armada de México llegan a Cuba con más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene, como parte de una operación humanitaria oficial.

Febrero 2026 – Convocatoria a flotilla internacional “Nuestra América”
Organizaciones internacionales anuncian la preparación de una flotilla marítima con alimentos y suministros esenciales para zarpar hacia Cuba en marzo de 2026.

Monte Alto: casi diez años de lucha por la tierra y la vivienda

SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.

El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.

El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.

Una lucha que nació de la necesidad

Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.

Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.

Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.

De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda

Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.

Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.

Un logro histórico

Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:

  • Evitar el desalojo.

  • Garantizar seguridad sobre la tierra.

  • Abrir el camino hacia la titulación formal.

Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.

Aprendizajes para otras luchas

El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:

  1. La organización colectiva es la base del logro.

  2. Las luchas son procesos largos.

  3. Las mujeres sostienen la resistencia.

  4. La lucha debe adaptarse a la realidad.

  5. Las alianzas fortalecen.

  6. Defender la tierra es defender la dignidad.

  7. La memoria fortalece futuras luchas.

Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.

Carlos Coronado: memoria viva de la lucha

El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.

Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.

Una lucha que continúa

Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.

Como expresó una persona participante durante el acto:
“Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”


📥 Descargue el boletín completo desde SURCOS:
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Hay que reagruparse, pero con autocrítica

Alejandro Machado García
Gestor y promotor social

Consultor Internacional y Local en Desarrollo Humano, Género y Migraciones

No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Es válido sentirse mal, angustiados, enfadados, con miedo y derrotados en las urnas, pero no es un diagnóstico de pronóstico reservado. La rigidez emocional de quedarnos enganchados en pensamientos, sentimientos y comportamientos hay que superarla. Obviamente, esto fue producto de la estrategia del oficialismo, llena de bullying, amedrentamiento y odio, que nos pasó factura al validar la injusticia y la impunidad de un sector enfermo.

Puedo explicar esta derrota con una autocrítica en tres niveles: organizacional-dirigencial, la estrategia del oficialismo y en el uso de la religión como eje de control. Hemos sido incapaces de pactar y crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios, que se resuma en programas y proyectos alineados con una misión compartida de democracia e institucionalidad. Esta debilidad, visible a leguas y de carácter histórico, fue detectada por el adversario, que se nos adelantó aplicando la vieja táctica de «divide y vencerás». Aprovecharon el desgaste de figuras de diversos movimientos para incrustarles la batería de malestar, iniciada en conferencias de prensa que orientaron el odio, el desconocimiento y la frustración hacia esos sectores y el sistema republicano de contrapesos.

Entiendo que no es fácil, pues se ha acumulado un desgaste por malas prácticas: desde la desmovilización por la Ley Antihuelgas, el «desgaste de rodillas», el miedo a perder el salario, hasta vicios organizacionales como sesgos ideológicos, egos, mezquindad política y soberbia académica que nos llevan a defender lo indefendible. Así ocurrió con el informe del CIEP-UCR: algunos atacaron la metodología o los técnicos, mientras otros buscaron respuestas alternativas para apaciguar un incendio forestal con un extintor ABC. Era una crónica de una muerte anunciada.

Esto no empezó con el banderazo del TSE en octubre de 2025. Este gobierno lo inició al emular modelos de conferencias de prensa de países como Estados Unidos, El Salvador y México, con la excusa de la «transparencia» y el derecho a informar a la ciudadanía. ¿Pero a quién hablaban? ¿A los actores que fiscalizan el gobierno, o los usaban para desvirtuarlos? Durante casi cuatro años, prepararon el camino para otros cuatro —o cuidado, hasta doce—, pero nadie se preguntó: ¿a quién le hablaban, a qué audiencia y para qué? ¿Qué pasó con las métricas de las plataformas oficiales cada vez que había conferencia de prensa, quién las analizaba, para qué fines, como se usaban?

La fórmula no fue solo «miente que algo queda», sino convencer a la ciudadanía de que había un monstruo que derrotar. No buscaban votos aún —no había elecciones—, sino sembrar dudas, odio y agitación para cosechar después. Germinaron semillas que, con el pitazo electoral, brotaron como un «chavismo» espontáneo y temporal. Ponían en la guillotina a los controladores políticos, atribuyéndoles amantes (curiosamente, esa vara no aplica hoy para ellos), adjetivos como zurdos, burócratas o filibusteros colocados por partidos y exfiguras. Al iniciar la campaña, el «déjeme trabajar» desapareció: ahora resultó ser que eran los mejores, con indicadores impecables. ¡Cómo es posible esto, si no los dejaron trabajar!

Las organizaciones, coaliciones y partidos no supimos detectar ni contrarrestar estos movimientos a tiempo. Fuimos sumamente pasivos. Ni las instituciones, a través de sus esquemas de prensa y sitios web, mejoraron la información de forma accesible, fácil y creativa para balancear las mentiras; ni los partidos capitalizamos tempranamente, porque enfrentamos contradicciones internas, «vacas sagradas» y desafíos para integrar generaciones y clases sociales sin asustar a quienes tienen «derecho de piso», ni permear nuevas formas de pensamiento y organización. Aunque conozco un partido amplio, que ha sabido integrar esto.

Aunado a las fugaz de las alcaldías municipales, no logramos conectar con esa masa que ya no era racional, dado que fue toreada durante cuatro años. Además, nunca sacamos la batalla afuera: siempre fue interna, cuando somos reflejo de colas de movimientos geopolíticos mundiales, donde la coherencia es el peor valor en este reacomodo de piezas. Las soberanías están en el papel, y en el sometimiento por chantaje o por quién tiene más poder militar.

Entiendo los retos de los partidos, pero debimos iniciar antes y dimensionar el desafío completo. Lloramos sobre leche derramada llamando a las filas tras la pérdida, pero es entendible. Hay que reagruparse con memoria histórica —como dijo Ariel—, no para resentimientos, sino para evaluar técnicamente, controlar daños y extraer lecciones. Así nos conectamos mejor con nuestro país y entendemos al «chavista» no como irracional o bully, sino como disidente pedagógico, como decía Clodomir Santos de Morais: como sujetos pedagógicos, por lo que algo tendremos que aprender de este tipo de chavismo.

Mordimos el anzuelo porque, los ataques en la prensa a la política y la institucionalidad, era la punta del iceberg; lo valioso era la respuesta en las personas. Apelamos al moralismo ante lo grotesco, pero nos faltó mirar a otros presidentes en América y los cambios en masas, democracia y geopolítica. Esa detección emocional y política, con nuestro contexto cultural y geopolítico, daba pistas locales. El adversario detectó mejor nuestras debilidades; no pactamos antes para una coalición fuerte, ya sea para no perder espacio en la Asamblea, recibir deuda política o capitalizar, como sospecho que lo hizo Alvarado, que no votó por el levantamiento esperando favores electorales, sin percatarse de pactos a sus espaldas.

El chavismo usó la creencia de quitar pecadores para poner a los «nuestros», cuando el proyecto de Jesús no era jerárquico. Hablaron lo suficiente durante cuatro años para que la muchedumbre aceptara sacar a supuestos “corruptos” como el Fiscal o Doña Marta, e instalar a sus ungidos compatriotas. Esto pesa por nuestra herencia histórica de formas políticas imperiales: reino, soberanía, mando y súbditos.

No es buena señal adaptarse a una sociedad enferma. Hay que hacer autocrítica: incomodar con amor, paciencia, estrategia y voluntad para escuchar, resistir y proponer. El papel de la iglesia que yo no conocí no fue para el juicio, es el amor y desde ahí con cualquier creo que tengan, hay que acercarse con pragmatismo, amor y proyectos claros, que reúnan crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios y una visión país compartida.

Organización comunal: el reto del trabajo territorial – En Alternativas

El fortalecimiento de la organización comunal y su papel en el trabajo territorial será el eje del conversatorio “Organización comunal: el reto del trabajo territorial”, un espacio de reflexión y diálogo que reunirá a personas con amplia experiencia en procesos organizativos locales y comunitarios.

El conversatorio contará con la participación de Ileana Aguilar, técnica de Dinadeco a cargo de diez cantones de la Región Occidental; Darwin Mendoza, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Grecia; y Mauricio Álvarez, dirigente comunal e integrante de la Asociación de Desarrollo de Tacares Norte. Las personas panelistas abordarán los desafíos actuales del trabajo territorial, el papel de las asociaciones de desarrollo y la importancia de la articulación comunitaria para incidir en la construcción de bienestar colectivo.

Esta actividad forma parte del programa AlterNativas, un espacio de reflexión y acción orientado a pensar alternativas para la construcción de un país más justo, participativo y solidario. El conversatorio se realizará en vivo el 6 de febrero de 2026, a las 18:00 horas (-6 UTC), y será transmitido a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

El programa cuenta además con el acompañamiento de emisoras amigas como Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita Radio y 97.3 FM Voces Libertarias, que contribuyen a ampliar el alcance de estos espacios de análisis y debate público.

Ante la «Tercera República»: ciudadanía, movimiento social y el desafío para las mujeres universitarias

Nancy Piedra Guillén

La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.

Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.

A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.

Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.

Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.

Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.

Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.

Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.

Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.

La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.

Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral

La baja conversación política en hogares y comunidades, junto con la decisión tardía del voto y la reserva para declarar preferencias, ayuda a entender por qué denuncias éticas graves no tuvieron peso decisivo en una elección marcada por enojo social y prioridades inmediatas.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales —victoria presidencial del Partido Pueblo Soberano y la conformación de una bancada legislativa de 31 diputaciones— ha generado perplejidad en amplios sectores sociales, académicos y organizativos. Esto ocurre especialmente al contrastar el desenlace con elementos ampliamente documentados durante la campaña: un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo, denuncias éticas y legales contra candidaturas ahora electas, ausencia reiterada de la candidata presidencial en debates, y afectaciones visibles a instituciones clave como la CCSS, la educación pública y los cuerpos de seguridad e investigación.

Sin embargo, un análisis cuidadoso de los estudios de opinión pública elaborados por CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia muestra que el resultado no fue un hecho inexplicable, sino un desenlace coherente con tendencias estructurales que ya estaban presentes antes del día de la votación.

Alta indecisión y decisión tardía: el factor común

Los tres centros coinciden en un elemento central: una proporción muy alta del electorado decidió tarde.
En IDESPO, la indecisión superaba el 50 % en octubre de 2025 y se mantenía cercana al 40 % incluso en enero de 2026.
En Demoscopia (Oráculo IV, enero 2026), más de una quinta parte de las personas consultadas se declaraba aún indecisa, y entre ellas la razón principal era precisa: “me falta información sobre los candidatos”.

El CIEP-UCR, mediante su encuesta panel longitudinal, aporta una clave adicional: la indecisión no solo es alta, sino volátil. En su informe de diciembre de 2025, el CIEP señala que más del 60 % del electorado ha cambiado de partido respecto a elecciones anteriores, confirmando que las preferencias no son estables y que una parte importante del voto se define en las últimas etapas del proceso electoral.

Voto silencioso y reserva: límites de la medición

El informe de IDESPO enero 2026 introduce explícitamente el concepto de “reserva” o “voto silencioso”: personas que prefieren no declarar su opción, ya sea por desconfianza, cansancio o por el carácter secreto del voto.
El CIEP refuerza esta lectura al documentar una pérdida de participantes en el panel, particularmente entre quienes se habían declarado indecisos en rondas previas. Esto no invalida las encuestas, pero sí obliga a leer los resultados con cautela: conforme avanza la campaña, la muestra tiende a concentrar a personas con preferencias más definidas.

En contextos de polarización y confrontación, este fenómeno ayuda a explicar por qué controversias públicas, denuncias éticas o ausencias en debates no necesariamente se traducen en castigo electoral.


La ética no desapareció: dejó de circular

Uno de los interrogantes más reiterados tras la elección ha sido de carácter ético:
¿Cómo es posible que, con tantas denuncias públicas y cuestionamientos graves, determinadas candidaturas resultaran electas?

Los datos del CIEP-UCR permiten ofrecer una respuesta incómoda pero necesaria: la ética pública se conversa poco en la vida cotidiana. En su informe de diciembre de 2025, el CIEP muestra que una proporción significativa de la población afirma que en su hogar nunca o rara vez se conversa sobre política, y solo una minoría señala que estos temas se discuten con frecuencia.

La ética no opera únicamente como información, sino como conversación social. Las denuncias éticas requieren espacios donde puedan ser comprendidas, contrastadas y evaluadas colectivamente. Cuando esos espacios —familias, comunidades, centros de trabajo, organizaciones de base— están debilitados o ausentes, los cuestionamientos éticos no logran transformarse en criterios efectivos de decisión electoral.

En ese vacío conversacional, la información llega fragmentada, muchas veces reducida a titulares, mensajes breves o contenidos descontextualizados en redes sociales. Así, las denuncias pueden ser percibidas como “ruido”, “ataques entre bandos” o “parte del juego político”, especialmente cuando compiten con preocupaciones urgentes como la inseguridad, el empleo, el costo de la vida o el enojo acumulado frente al sistema.

No se trata, entonces, de que la ética haya dejado de importar, sino de que la ética dejó de circular socialmente como referencia compartida. Sin deliberación comunitaria, la ética se vuelve un valor abstracto, desplazado por decisiones rápidas, emocionales o defensivas.


Prioridades ciudadanas: seguridad y economía por encima de lo demás

El CIEP-UCR confirma además que, al preguntar qué temas deberían priorizar las candidaturas para ganar el voto, la seguridad ciudadana aparece muy por encima del resto, seguida por empleo y economía. Salud y educación, aunque relevantes, quedan en un segundo plano para una parte importante del electorado.

Este orden de prioridades ayuda a comprender por qué muchas personas votaron sin otorgar un peso decisivo a las denuncias éticas: no porque las consideren irrelevantes, sino porque no las perciben como el factor más urgente frente a un entorno que sienten inseguro, precario o deteriorado.

Arrastre y concentración del voto legislativo

Demoscopia muestra que, en el voto para diputaciones, el Partido Pueblo Soberano ya aparecía como la fuerza más consolidada mientras la oposición se encontraba fragmentada. En un escenario de indecisión alta y decisión tardía, esta combinación favorece el arrastre presidencial y la concentración del voto legislativo, explicando la conformación de una bancada amplia incluso con candidaturas individualmente cuestionadas.


Más que sorpresa: una advertencia ética y democrática

Lejos de ser una anomalía, el resultado electoral confirma un patrón preocupante: es una democracia donde amplios sectores deciden con información limitada, conversan poco sobre política y necesidades sociales en sus espacios cercanos y priorizan emociones sobre deliberación ética colectiva. Las encuestas no fallaron; advirtieron con suficiente antelación un terreno fértil para este desenlace.


¿Y ahora qué? Líneas de acción para movimientos sociales y ciudadanía

Desde la perspectiva de SURCOS Digital, que recoge y amplifica voces de organizaciones, movimientos y comunidades, el desafío es contundente:

  1. Reconstruir la conversación política en lo cotidiano: familias, barrios, centros de trabajo, iglesias, asociaciones y comunidades rurales.

  2. Escuchar antes de convencer: comprender el enojo, el miedo y las prioridades reales de las personas.

  3. Pedagogía cívica comunitaria: espacios presenciales para hablar de derechos, instituciones, ética pública y consecuencias de las decisiones políticas. No basta con la comunicación digital entre quienes ya piensan igual.

  4. Vocerías cercanas y confiables: liderazgos locales con arraigo comunitario.

  5. Una agenda ética ligada a la vida diaria: salud, educación, seguridad y derechos sociales como puntos de encuentro.

  6. Cuidar el tono y el vínculo: la confrontación permanente profundiza la ruptura y debilita la democracia. La confrontación permanente como estilo comunicativo abona a quienes necesitan ese ambiente árido.

La elección deja una lección fuerte: la ética pública no se defiende solo con denuncias, sino reconstruyendo conciencia y diálogo en las comunidades.

Foto: Encuentro de Confluencia Popular en Barva de Heredia. La conversación política en comunidades y espacios colectivos es clave para la construcción de conciencia ciudadana.

Le invitamos a leer la segunda parte de este análisis de SURCOS:
¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.