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Etiqueta: movimientos sociales

Propuestas para los movimientos sociales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical Sector Salud
02 Mayo 2023

Creemos que se debe promover e impulsar desde los movimientos sociales (lo cual incluye al segmento sindical), una carta abierta y pública dirigida al Presidente de la República, a las Fracciones Legislativas, al Poder Judicial, a la Defensoría de los Habitantes, que promueva lo siguiente:

1- Descartar el posible contrato de una » auditoría forense» sobre la situación de la Caja al Banco Mundial ya que resulta de poca transparencia, ética y probidad que sea esta entidad, pues ese fue el último empleo del hoy Presidente de la República.

En su lugar, somos de idea de que la CCSS debe inclinarse por que sea la OIT la que elabore los estudios actuariales, pues no solo es la institución que lidera la experticia mundial en el tema actuarial, sino que es una entidad tripartita y neutra, convirtiéndose en la opción ideal para garantizar un trabajo objetivo y riguroso.

Mientras se realiza el estudio actuarial, pedimos a la CCSS que le proporcione toda la información necesaria a la misión técnica de la OIT próxima a venir a Costa Rica para finalizar la nota técnica sobre el trabajo actuarial en la CCSS.

Los resultados finales de dicha nota técnica son cruciales y urgentes para que la opinión pública conozca de primera mano por qué la Caja no está quebrada, como ya lo demostró la OIT en la versión preliminar de su opinión técnica.

Esta ruta que indicamos aspira por un lado que el Presidente actúe con transparencia de cara a la gente y por otro el alto ratificará el prestigio de la OIT en esta materia a nivel mundial.

2- Instar a Don Rodrigo Chaves Robles, valorar seriamente la destitución de Doña Marta Eugenia Esquivel y comerse la bronca para quedarle bien a la señora de Purral, pues parece que estamos en presencia de posibles delitos penales en razón del presunto maquillaje de cálculos que se derivan de la valuación actuarial y los posteriores documentos que son de son de dominio público y que además evidencian que la Junta Directiva en su conjunto se aparto del informe presentado por el Equipo técnico y avalo la suspensión del portafolio de inversiones sobre la base de cálculos posiblemente maquillados.

3- Separación inmediata de la Directora Actuarial de la CCSS, Licenciada Carolina González Gaitán y reapertura del proceso disciplinario en su contra por supuestos pagos indebidos (unos 42 millones de colones), cuyo expediente administrativo fue declarado prescrito por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, siendo este un acto que podría denotar posibles pagos de favores políticos.

4- Protección y cese inmediato y definitivo de cualquier tipo de hostigamiento laboral contra el Equipo Técnico de la CCSS, que presento propuesta técnica para el desarrollo del portafolio de Inversiones de la Caja, mismo que NO FUE utilizado para el acuerdo de suspensión de obras y en su defecto presenciamos un posible maquillaje financiero insostenible técnicamente que coloca a la Dirección Actuarial en un predicado altamente riesgoso y cuestionable desde varios puntos de vista.

Eje que se refuerza a partir de la reciente opinión técnica emitida por la OIT, organismo ante el cual el Gobierno según ha trascendido estableció una «protesta» cuyos elementos se desconocen, pero evidencian un desconocimiento adrede del funcionamiento de este organismo.

Esperamos ciertamente que Don Rodrigo Chaves Robles no opte por darle un manejo lento al tema para » argumentar y favorecer» un oneroso contrato con el Banco Mundial de una auditoria forense que sería un paso altamente en falso.

5- Instar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que convoque al Equipo Técnico que elaboró propuesta de desarrollo del portafolio de inversiones para que transparente su actuar en el actual escenario, ya que todo indica que existen posibles actuaciones oscuras por parte de la Presidenta Ejecutiva y su espuria Junta Directiva.

6- Ante la ya pública, notoria y evidente holgura financiera de la CCSS, instamos a la Auditoria de la Caja a desarrollar auditorajes de control moderno y transparente la información, ya que la atención de la problemática de las listas de espera de cara al derecho a la vida y a la salud imponen la toma de decisiones, pero las mismas no pueden seguir siendo un festín descontrolado de recursos ya que en los últimos 10 años al menos se han incumplido según parece los acuerdos de Junta Directiva en este tema y no existen documentos que certifiquen las DECLARATORIAS DE INVIABILIDAD previas antes de desarrollar programas o realizar contrataciones privadas, lo cual de antemano presupone un bajo o nulo control de la auditoría interna y coloca en situaciones legales muy complejas a todo funcionario que haya autorizado pagos sin el cumplimiento de la necesaria declaratoria de inviabilidad institucional.

Dicho lo anterior y siendo que le han asignado a la Unidad de listas de Espera ( UTLE); unos 30.000 millones de presupuesto en la actualidad ( lo cual es una de tantas pruebas de la holgura financiera actual), no podemos permitir que tal cantidad de recursos vuelvan a ir a parar a proveedores privados sin haber agotado previamente la utilización efectiva de la capacidad instalada institucional, cuyos datos de productividad deben revisarse y mejorarse antes de tercerizar (privatizar) para llenar bolsillos privados y pagar así posibles favores políticos.

Dossier de Le Monde Diplomatique en español: Reforma de las pensiones en Francia, la onda expansiva. Por Benoît Bréville

Escrito en . Publicado en Derechos.

De acuerdo a lo señalado por Bréville “la política de ordeno y mando del Ejecutivo y la brutalidad policial evidencian el nerviosismo de las autoridades francesas. Y con razón: la protesta contra la reforma de las pensiones lleva el germen de un rechazo al orden social que defiende el Gobierno francés”. 

En el documento adjunto, se expone el contexto actual sobre las reformas gestadas por el gobierno Francés, se le invita a revisar este documento.

«Es preciso juntar a los diferentes para derrotar a los antagónicos». Paulo Freire.

Dossier-Reforma-de-las-pensiones-en-FranciaDescarga

 

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa.

Los movimientos sociales rurales en el Perú: constructores de la política, la ciudadanía y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

La política en el lenguaje cotidiano, tanto mediático como social, está asociado generalmente con las determinaciones gubernamentales, de las declaraciones de parlamentarios y de magistrados judiciales o de quienes se les otorga tener influencia caciquil en el Estado. Nunca la política, desde el poder oligárquico, ha tenido una significación vinculada con una facultad ciudadana en la valoración, fiscalización, actuación y devenir estatal.

Esto es, se asume que la política es una facultad del poder estatal prevaleciente, como en tiempos previos a la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, o de la constitución moderna del Estado, la ciudadanía, el derecho y la política, para tener la significación de los autócratas en Estados atrasados o absolutos, caracterizados por la frase “el Estado soy yo” atribuida a Luis XIV en la Francia de 1655. 

En la historia del Estado peruano o las dictaduras del pasado y presente, no hemos conocido la conquista social de un Estado distinto al oligárquico, de terratenientes y empresarios, razón por la cual la significación del discurso del poder no ha cambiado, como no se ha modificado el ejercicio autocrático del poder estatal peruano.

El Estado Moderno, Nacional, Benefactor o del Estado Social de Derecho, como quiera ser denominado, solo ha sido una ilusión fantasmagórica, que se creía podía ser sustituido por el plagio de alguna normatividad jurídica, que sin conocimiento, participación, legitimidad social ni haber modificado las condiciones que viabilizaban el poder oligárquico, como el actual, solo han sido palabras vacías que sirven como adorno a discursos del poder y las demandas jurídicas.  Luego, los derechos formalmente concebidos como igualitarios, fueron de facto sustituidos por derechos desiguales y privativos, para la continuidad de la discriminación, la imposición racial y de clase, en correspondencia con el despótico poder oligárquico. El poder del ayer y hoy posee una Constitución y leyes y que los amparan, contra una inmensa mayoría a quienes se le niega incluso del derecho a la vida, como se privatiza el desarrollo y en bienestar, en favor de los pocos que parasitan de nuestro trabajo y los recursos y riquezas nacionales.

La política no es la administración del poder, tampoco es la voluntad decisoria gubernamental de lo que se hace en la sociedad, porque el Estado no es autónomo ni absoluto, pues la problemática nacional, las necesidades, perspectivas y anhelos ciudadanos son obligaciones que deben ser atendidas por las políticas y la institucionalidad gubernamental. La política es una hechura ciudadana de la ejecución gubernamental. Creer que la política es la acción autónoma del Estado sobre la sociedad, es una falsedad, como tampoco es la actuación gubernamental en razón de los intereses privados de gobernantes y de los grupos empresariales, que son evidencias tangibles de la negación de la política, por ser acciones ajenas, extrañas y antagónicas con los requerimientos ciudadanas y nacionales.

La política no es el ejercicio autocrático del poder, es la expresión y decisión ciudadana en el ejercicio del poder estatal. Los gobernados son parte constitutiva de los gobiernos, son carne y sangre de la legitimidad social y de la gobernabilidad estatal. Las dictaduras carecen de políticas, se sustentan en la violencia ante la crítica, oposición o con protestas y movilizaciones populares. Toda política gubernamental es publica, de lo que es común a todos, nunca privada de gobernantes ni de empresarios globales.

La emergencia identitaria de las poblaciones rurales, históricamente excluidas, muestran una extraordinaria madurez, que trasciende las demandas reivindicativas, para exigir y conquistar los derechos conculcados, así como poseen la capacidad y legitimidad social para construir un Estado dependiente de la participación decisoria para el bien común ciudadano y el progreso nacional.

Los gobernantes del pasado y del presente, aun creen ser los únicos determinadores del quehacer sobre la sociedad, independientemente de las necesidades y anhelos colectivos y comunes de la heterogeneidad social. Los derechos ciudadanos plasmados en la normatividad nacional y las suscritas internacionalmente por el Perú, han sido violentados unas y otras veces, sin un poder ni ente jurídico que los haga cumplir nacional ni internacionalmente. Un derecho sin poder es vacío.

Los derechos sociales en la historia peruana han sido negados o suspendidos con una regularidad extraordinaria, como lo muestra transparentemente la actual tirana, como por los gobiernos que hemos conocido indistintamente de sus posiciones partidarias, ideológicas, demagógicas o delincuenciales.

Hoy, la usurpadora de la presidencia gubernamental, asume con una natural ignorancia, que nuestras poblaciones rurales y sus movimientos sociales, carecen de todo derecho político al criticar, actuar y valorar la actuación estatal, cuando precisamente en nuestro país, son quienes han efectuado variados intentos por revolucionar las estructuras de explotación y dominación colonial-oligárquico, para construir una sociedad democrática y libre para el presente y futuro de todos los peruanos. Asimismo, la fantoche, en su estupidez supina, habla de paz haciendo la guerra y pregona democracia asesinando, cuando en paz y en democracia, la violencia y el terror son imposibles. Sin democracia, no existe ciudadanía.

La policía ni los militares tienen derecho alguno para reprimir y asesinar a la población y menos aún, cuando son justas y necesarias las demandas ciudadanas. La represión de policías y militares contra el pueblo, que nutren sus propias fuerzas, son convertidos en máquinas, que sin pensamiento ni decisión, asesinan vidas e ilusiones colectivas y nacionales. La posesión y uso de las armas de los órganos especializados ni la usurpación estatal, son patrimonios privados que permitan y determinen genocidios. La decisión y el ejercicio de la violencia no les pertenecen, es una facultad requerida por la ciudadanía, ante el riesgo dictatorial, el debilitamiento o liquidación de derechos, o la desaparición y muerte, física o jurídica, de la ciudadanía. El ejercicio de la violencia sin derecho, es ciego y sanguinario, como ha conocido y vivido en nuestra América Latina en diversos momentos, hoy reconocidos como experiencias insensatas y condenados sus autores por crímenes de lesa humanidad. El Perú no puede ni debe repetir la regresividad de la violencia dictatorial de autócratas y militares contra el pueblo.

Es inmoral e inhumano propiciar e incentivar el asesinato de nuestros hermanos que luchan contra los tiranos y codiciosos negociantes globales que pretenden condenarnos a la esclavitud, miseria y muerte. Las movilizaciones y luchas populares crean vidas en libertad y democracia para todos.

[1] Profesor e investigador Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Palabras prohibidas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Oscar Madrigal

El Presidente Chaves suspende a cuatro directivos de la Caja pasándose por encima la autonomía de esa Institución. En el fondo más que un golpe a la autonomía es un balón de ensayo en la línea de la privatización del Seguro Social. Sabemos que gente cercana al Presidente han andado en el exterior promoviendo la privatización de la salud; es un negociado de miles de millones de dólares.

Por supuesto que no se trata de vender la Caja a alguna aseguradora extranjera. Se trata de la privatización de determinados servicios, en especial de los más especializados o los servicios de apoyo, para ir minando los que presta la Caja. Esta quedaría para los más pobres y para inmigrantes.

El Presidente ha expresado al mundo entero que “La Caja está quebrada” y de aquí a vender o tercerizar las partes más rentables no hay más que un paso.

El Presidente en esta línea que claramente se ha impuesto, destituye a los miembros de la Junta Directiva que representan a los sindicatos, cooperativas, movimiento solidarista y hasta a un representante patronal.

La reacción del movimiento popular ha sido más que débil. Es innegable que los sindicatos y mucho más las cooperativas, han perdido poder de negociación; su debilidad los hace soportar los exabruptos presidenciales que se concretan en hechos que no obtienen respuesta apropiada.

Palabras como huelga, paro, manifestación, protesta, boicot, lucha de calles, son palabras prohibidas para los dirigentes del movimiento popular. Me decía Franklin que seguramente muchos dirigentes se han metido a estudiar Derecho porque sus discursos ahora eran recitando códigos y artículos de leyes y se limitaban a ello. Ya no amenazan ni tan siquiera con un discurso belicoso.

La realidad socioeconómica del país es muy grave y el malestar está creciendo. Pero no hay fuerza que genere o promueva la lucha. La Caja es la institución que el pueblo más aprecia. Quizás podría juntarse mucha gente en su defensa.

Pero hay organizaciones que actúan como agentes desmovilizadores con el discurso que manejan.

UCR: Voz experta: A los movimientos sociales en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Fotografía: María Peña Bonilla.

Por Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica

Palabras ofrecidas en el «Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales» del 28 de noviembre, 2022

La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.

Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.

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Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.

También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.

No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.

No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.

La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.

Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.

Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.

Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.

Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.

Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.

Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.

Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

UCR: El titánico compromiso de articularnos como movimiento social

Escrito en . Publicado en Derechos.

Encuentro de movimientos sociales en Costa Rica

En el año 2021, una serie de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de base agro, se acercaron a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y le solicitaron al rector que la Universidad asumiera el papel de motor articulador de muchos grupos sociales que andan dispersos y que requieren de un espacio y apoyo idóneos para sentarse a dialogar sobre sus preocupaciones en torno a, según dichos grupos, los peligros que están circundando a diferentes instituciones y campos de la sociedad que son clave en nuestro Estado social de derecho.

Ante tal solicitud, la UCR reflexiona y entiende que es su deber responder ante este llamado a la reflexión nacional, así como sumar para amalgamar inquietudes y propuestas que circulan casi siempre unilateralmente, que reúnen preocupaciones varias, pero que convergen con claridad en una gran interrogante: ¿qué está pasando con el Estado social de derecho y el contrato social que suponía y que distingue históricamente a la sociedad costarricense en nuestra región y en el mundo?

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El decano de la Facultad de Letras, el Dr. Francisco Guevara, explicó que el hecho de que los movimientos sociales busquen a la UCR para reflexionar sobre la realidad nacional provoca satisfacción y esperanza en el tanto los distintos actores sociales estén en busca del capital intelectual: conocimiento, datos y estadísticas que les permitan construir una visión integral de los problemas nacionales.

Combatir la dispersión social

A raíz de esa reflexión, el pasado octubre, tuvo lugar en la UCR un primer encuentro de organizaciones y movimientos sociales. Unas 40 agrupaciones acudieron a este primer encuentro: organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, de cultura, de mujeres, de la agricultura, sindicatos de varias instituciones que dan servicios públicos, entre otros.

En este intento de articulación, participan las universidades públicas en la figura del Consejo Nacional de Rectores (Conare). “Esta incorporación del resto de universidades públicas busca que seamos entonces el marco articulador de ese movimiento social que anda desde hace algunos años desamparado, agobiado”, detalló Marinela Córdoba, politóloga y asesora en la Rectoría de la UCR.

Un segundo encuentro de movimientos sociales se realizó este lunes 28 de noviembre, en el Aula Magna de la UCR. El espacio denominado Foro por el Futuro será la oportunidad para presentar a las diferentes organizaciones sociales una propuesta de mesas de trabajo para los próximos seis meses. “A estas mesas se invitará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para trabajar en once temas específicos que inquietan a los movimientos sociales. Se pretende construir algunos productos que se puedan retribuir a los tomadores de decisiones en el país, a través de propuestas, proyectos de ley, etc.”.

El espacio incluyó un conversatorio sobre las políticas actuales en torno al Estado social de derecho con intervenciones de representantes de las organizaciones allí reunidas. La Federación de Estudiantes de la UCR también presentó un manifiesto. Hassan Lobo, presidente de la FEUCR, señaló que lejos del discurso populista «… la presencia de los sectores sociales en el foro nos llena de esperanza de un porvenir más justo y democrático».

 “Es un momento de compartir, de reflexión y de diálogo, en el cual abordaremos la propuesta metodológica para el trabajo que iniciaremos a partir del 2023”, concretó Córdoba.

¿Por qué tocar las puertas de la UCR?

Para Marinela Córdoba, parte de la respuesta se encuentra en la legitimidad que la UCR también se ha ganado por su interlocución histórica con muy diversos grupos, temáticas y comunidades; por la capacidad y recursos intelectuales que las organizaciones sociales reconocen en la universidad pública. “La UCR es la llamada a cobijarnos, nos han dicho estas organizaciones, se sienten amparadas en la U, donde ven aún un poquito de ese Estado social de derecho que está en riesgo”.

Foro realizado este 28 de noviembre del 2022 en el Aula Magna de la Sede Universitaria Rodrigo Facio. Foto: María Peña Bonilla, UCR.

Por su parte, Pablo Morales, asesor de la Rectoría, considera que todos esos movimientos y organizaciones sociales buscaron a la UCR porque “sienten que están excluidos de la discusión política del modelo productivo que se está gestionando desde algunos espacios políticos, y también porque perciben políticas que debilitan a la institucionalidad pública y a la democracia. Entonces, frente a ese escenario, la UCR es un actor que puede aportar en el análisis y la reflexión sobre esas temáticas”.

Morales señala que es pertinente recordar las funciones constitucionales que se le han encomendado a la Universidad. “La Constitución Política nos manda hacer análisis y reflexión, y esto lo haremos en este foro del 28 de noviembre. Analizaremos y reflexionaremos sobre las situaciones que nos están planteando esos movimientos sociales, sobre esa coyuntura, se trata de generar acciones democráticas en defensa del Estado social de derecho, la democracia y la institucionalidad pública”.

Si bien cada una de estas organizaciones y movimientos tiene una agenda más propia, esta iniciativa en la que el marco articulador está conformado por las universidades públicas no va a gestionar un conjunto de agendas gremiales. “Nosotros, como universidades, vamos a gestionar las preocupaciones de fondo al respecto de la institucionalidad pública, la democracia y el debilitamiento del Estado social de derecho. Es otro plano de discusión en el cual todos estos sectores coinciden, pero que son excluyentes de sus agendas gremiales, están en otro ámbito”.

Aunque la tarea principal de este trabajo conjunto con las organizaciones y movimientos sociales es la reflexión, la idea es que la Universidad pueda también aportar cuando exista una movilización social y las personas tengan claro por qué se movilizan, “que no sea una movilización en abstracto, desinformada; a la Universidad le puede tocar el rol de problematizar los temas frente a los cuales la gente se moviliza”.

Finalmente, Morales enfatiza que la vida de la mayoría de la población costarricense, a diferencia de otros países, pasa muchísimo más por un entramado de institucionalidad pública que toca diferentes puntos de nuestra vida. “Porque nuestra institucionalidad pública no solo protege los derechos de primera generación (derechos individuales), sino que protege derechos humanos de segunda generación que son derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con jubilación, con sanidad pública, con educación, entre muchos otros; son derechos que se ejercen más colectivamente que individualmente”.

Es importante que los movimientos sociales tengan voz fuerte

El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que no se pude permanecer indiferente a los ataques al Estado social de derecho y pidió que, así como se deben dejar de lado las diferencias entre las universidades públicas, se deben dejar de lado las diferencias entre las distintas organizaciones, que no se trata de defender a las organizaciones ni sus privilegios, pero sí defender la institucionalidad.

La funcionaria Córdoba rescató que después del histórico confinamiento por la pandemia del COVID-19, después de una desmovilización es importante sentirnos unidos como sociedad civil, como movimiento. “También es importante el convivir y sentirse ciudadano, ciudadana, con empoderamiento, y eso lo va a permitir esta articulación que se va a hacer desde la UCR”.

Córdoba agrega que es importante entender que la sociedad civil, que los movimientos sociales, necesitan volver a tener voz, y a través de la Academia, de su metodología, de los datos, de la ciencia, se pueda educar y aterrizar de manera menos abstracta en estos temas de ciudadanía que son tan importantes. “Presentar propuestas claras, concretas, de calidad en forma y en fondo para el futuro del país y, sobre todo, para la defensa de nuestro Estado social de derecho”.

En referencia a ese modelo de Estado social de derecho, Morales también suma que la institucionalidad pública, tal como se definió en la Constitución Política y como se desarrolló en las principales leyes del país, tiene por objetivo “penetrar y conectarse directamente, cuando no es gestionar en forma directa, la productividad del país y, por eso, las instituciones públicas son un referente indispensable para entender el desarrollo del país en los últimos 70 años”.

Proceso de trabajo

Se crearán mesas temáticas de reflexión:
1. Reforma del Estado
2. Educación
3. Salud
4. Economía y modelo productivo
5. Equidad de género e inclusión social
6. Energía y telecomunicaciones
7. Agricultura
8. Derechos sociales y económicos
9. Arte, cultura y humanidades
10. Ciencia y tecnología
11. Medio ambiente
12. Innovación y transferencia de conocimiento
13. Justicia
En un periodo de tres meses se producirá:

  1. Un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan al sector o temática de análisis.
  2. Una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo, que serán trasladadas por el rector al Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los procesos podrán producir propuestas de ley específicas en las áreas temáticas debatidas.

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Foro por el futuro

Escrito en . Publicado en Derechos.

Se le invita al “Foro por el futuro, encuentro de movimientos sociales”, el próximo 28 de noviembre a las 2:00 p.m. en el aula Magna (Ciudad de la Investigación, Campus San Pedro); abierto para todos los sectores sociales con el objetivo de construir un gran movimiento social costarricense por la defensa del Estado Social de Derecho, las conquistas sociales y la democracia, hoy más qué nunca atacados y amenazados por las políticas neoliberales.

Pueden participar las organizaciones y personas con las delegaciones que puedan.

Confirmar asistencia al correo: forosocial.rectoria@ucr.ac.cr 

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Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

SURCOS 15 años hoy 7 de noviembre

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Héctor Ferlini-Salazar

El 7 de noviembre de 2007 nació SURCOS. Fue, simbólicamente, un mes después del referendo sobre el TLC con Estados Unidos de América.

Esa lucha acumuló de forma coyuntural fuerza social transformadora, pero esta no se sostuvo en el tiempo como era lo deseable. Se trató de una movilización que concurrió desde distintos lugares sociales e históricos; no se trató propiamente de un movimiento, entendido este concepto como la expresión de una visión estratégica articulada y con alguna permanencia.

Por esa lectura de lo que ocurría con los movimientos sociales diversos y con otras fuerzas concurrentes en el referendo en oposición al TLC, fue que propuse el surgimiento de SURCOS con el fin de aportar en la construcción de fuerza social transformadora para avanzar en el acercamiento a la democracia participativa. Por ello, desde su nacimiento, este medio utiliza en su logotipo la unidad conceptual siguiente: SURCOS… para la democracia participativa.

Se trata de eso: abrir surcos en los cuales germine ese sistema político superior, el cual, -como propongo en uno de mis textos-, no es un momento culminante o punto de llegada sino un proceso de acumulación con referencia comunitaria, es decir, no todos los colectivos o regiones avanzarán de la misma forma ni en el mismo momento, sino con base en la acción política de sus fuerzas actoras y las circunstancias históricas de cada espacio territorial.

Para ello, la tarea de SURCOS es dar a conocer lo que realizan las distintas organizaciones, movimientos y personas de la ciudadanía, a fin de colaborar en esa construcción de fuerza social transformadora que abra rutas hacia la vida digna, mediante el desarrollo de espacios de confluencia solidaria.

Al celebrar los 15 años de este esfuerzo solicitamos respetuosamente su apoyo al compartir las notas que estime oportuno, así como con el aporte económico que esté a su alcance para cubrir los costos operativos básicos.

Gracias por ser parte.

En su primera etapa SURCOS fue un medio impreso que llegó a tener 51 puntos de distribución en todo el país.
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