Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En lo que llevamos de este convulso y complejo siglo XX hemos asistido en Costa Rica a procesos de reconfiguración social excluyentes, que han terminado por polarizar y profundizar las desigualdades en todas sus dimensiones.
En 2007 la decisión de una parte de la población en ingresar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos supuso una nueva dinámica trazada por la ausencia de acuerdos, la falta de diálogos y la entronización de una marcada visión empresarial y privada en la organización colectiva.
16 años después de la firma del mencionado tratado las bondades anunciadas no han aparecido y más bien se han profundizado las condiciones de deterioro en distintos territorios y poblaciones.
La ruralidad, las costas, los territorios fronterizos experimentan evidentes rezagos y un sistemático abandono por parte de la clase política, que en muchos casos ha sido sustituida por otros poderes en la administración y organización territorial.
Con la entrada en vigencia de la Ley de empleo público el pasado 10 de marzo se escribe un nuevo capítulo en una sociedad que ha mostrado serios problemas para alcanzar acuerdos incluyentes y favorables para todos y todas.
Resulta sintomático que esta ley de reforma del estado -porque finalmente ese es su espíritu y objetivo último- se empiece a aplicar en medio de uno de los contextos de violencia e inseguridad más agudos que recuerde la historia reciente.
Es muy evidente, además, porque la pauperización y destrucción del tejido social costarricense no serán resueltos por esta ley, que marca nuevos procesos socioculturales en la estructura colectiva.
La individualización, la pérdida de fuerza en los movimientos sociales alimentada por la clausura de las posibilidades de defensa de los derechos laborales con la aprobación de la ley antihuelgas, vuelven difícil un escenario de respuesta ante estas condiciones planteadas por los sectores dominantes en Costa Rica.
El peligro de no poder hablarnos y de recibir a golpe de tambor normativas sin mediar acuerdo alguno, es que luego sea demasiado tarde para aperturar un necesario contrato social que nos reoriente como proyecto comunitario ampliado.
