A raíz de la convocatoria lanzada hace dos meses por el Foro Confluencia Solidaria, sesenta y dos personas firmantes le invitan a participar en la elaboración de la:
Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales de cara al proceso electoral
SURCOS comparte la siguiente invitación:
Las personas firmantes de esta invitación proponemos construir una plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales, de cara al proceso electoral que ya inició, y como una forma de “hacer una valiosa contribución al presentar propuestas concretas sobre los aspectos más sustantivos” de la vida de las comunidades y los distintos sectores de lucha social. “Su voz debe levantarse hasta hacerse oír y ser tan fuerte como para minimizar la parafernalia que montarán algunos partidos y que, por demás, debilitan el pensamiento crítico y racional de la población”.
La plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales de cara al proceso electoral será un aporte de educación popular y ciudadana. Le invitamos a enviar las propuestas de su organización, colectivo, o bien, a título personal.
Para ello ofrecemos el siguiente formulario a fin de que, -si aún no lo ha hecho-, pueda hacer llegar sus propuestas a más tardar el domingo 5 de diciembre:
¡Nuestra voz debe escucharse! Le agradeceremos si comparte esta invitación.
Ana Cecilia Araya Cuadra
Comunidad – San Ramón de Alajuela
Rodrigo Arias López
Análisis actuarial
Guillermo Arroyo Muñoz
Organización comunitaria
Oscar Beita Quesada
Conservación de los recursos hídricos en zona sur de Costa Rica; Organización: MARBE S.A.
Flor Bellido Torres
Presidenta Asada de Pléyades, vicepresidenta Concejo de Desarrollo Territorial Talamanca – Valle la Estrella, Comité de Emergencia Local Valle de la Estrella, Junta de Salud de la Área de Salud Valle la Estrella.
Giovanny Blanco Mata
Asociación Internacional Mundo Sin Guerras y Sin Violencia
Carlos Brenes Castillo
Sociólogo y cooperativista. Cartago
Abelardo Brenes Castro
Representante Asociación Jubilados en Acción
Christoph Burkard
Protección de ríos y cuencas
Daniel Camacho Monge
Sociólogo, abogado, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Activista en Derechos Humanos.
Rodrigo Humberto Campos Hernández
Defensa y promoción de DDHH
Ana Chacón Mora
Periodista
Eric Chaves Ramírez
Consultor independiente
Asociación Comunidades
Promover el uso sano de la tierra, el agua y todo el entorno
Herbert E. Contreras Vásquez
Investigador jubilado
Enid Cruz Ramírez
Defensa de los derechos de las mujeres
Jaime Delgado Rojas
Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional
Manuel Delgado Cascante
Periodista y escritor
Isabel Ducca Durán
Confluencia Solidaria
Marcela Dumani Echandi
Docente universitaria.
Juan Carlos Durán Castro
Trabajador Sector salud (CCSS) y aspirante a dirigente sindical
Mujeres en Acción
Derechos de las mujeres
Italo Fera Fallas
Defensa y protección socio ecológica.
Héctor Ferlini-Salazar
Foro Confluencia Solidaria, Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital
Nora Garita Bonilla
A título personal
Gloria Gavioli
Puerto Viejo de Talamanca – Empresaria y presidente ATEC
José María Gutiérrez Gutiérrez
Foro Confluencia Solidaria
Mauricio Gutiérrez Arguedas
Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
Carlos Alberto Hernández Porras
Red Economía Solidaria /RedEss
Ivannia Gabriela Hernández Ramírez
Teatro La Cambusina
María Hernández
Comunal. Colectivo Agroecológico Zurquí
Marjorie Hernández Delgado
Alfabetización Ciudadana, defensa de derechos ciudadanos, derechos humanos fundamentales y constitucionales, cumplimiento y hacer cumplir la Constitución Política
Herberth Herra Castro
En este proceso electoral seré activista del abstencionismo pensado, «si votar cambiara algo ya estaría prohibido”.
Oscar Jara
Educación Popular
Madeline Kiser
Conservación de los recursos hídricos en zona sur de Costa Rica; Organización: MARBE S.A
Jorge Arturo Lobo Segura
Ambientalista
Rafael López Alfaro
Extensionista Universidad Estatal a Distancia / UNED PRO
Diana Marcela López
Promotoras de derechos por medio del proyecto de Defensoras Populares
Óscar Madrigal Jiménez
Jubilado
German Masís Morales
Profesor jubilado de la UNA, miembro de Alterdes
Rafael Ángel Méndez Castro
Pensionado
Mauricio Menjívar Ochoa
Docencia
Henry Mora Jiménez
Academia
Marlon Andrés Navarro Álvarez
Asociación de Desarrollo, ASADA, Concejo de Distrito, Cruz Roja
Lorea B Pino
Colectivo Agroecológico Zurquí
Elides Rivera Navas
Emprendedora en turismo, Movimiento de Mujeres Indígenas, pueblo de Térraba
Dylanna Rodríguez Muñoz
Docente UCR y CEAAL
Fernando Rodríguez Garro
Académico OES-UNA
Jiddu Rojas Jiménez
Docente de Filosofía / Coordinador del Encuentro Democrático.
Mariano Sáenz Vega
Junta directiva Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
Eugenia Salazar Aguilar
Activista Derechos Humanos
Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Docente
Casilda Sancho Barrantes
Jubilada y participó en organizaciones de mujeres y en Transición, mayores de 60 años.
Inti Segura Chacón
Gestión de cambio
Pablo Sivas Sivas
Defensor de los derechos indígenas
Adilia Solís Reyes
Docente UCR. También presidenta de organización CENDEROS, tema de migraciones y refugio
Carolina Somarribas Dormond
Universidad Estatal a Distancia, Programa de Gestión Local
Dayana Ureña Solís
Asambleas Patrióticas Populares (APP)
Edison Valverde Araya
Movimiento Buen Vivir Costa Rica
Álvaro Vega Sánchez
Foro Confluencia Solidaria
Raúl Venegas Castro
Dirigente Sindical (Undeca) y parte de la Comisión Popular de Occidente (San Ramon, Alajuela).
La Organización Interseccional pro-Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) se ha enterado por la prensa nacional que el juez Francis Giovanni Porras León se ha postulado para el puesto de Fiscal General de la República, quien obtuvo un 92 % de calificación, lo cual lo ubica con alta probabilidad de ser electo para el puesto, según lo informa el diario La Nación.
Para nuestra Organización, la simple posibilidad de que esa persona pueda llegar a ocupar semejante puesto en la Administración Pública es un contrasentido y un agravio para la garantía de los derechos humanos de las personas ciudadanas de este país, en especial, aunque no exclusivamente, para las minorías sexuales. Recordemos que en el pasado el juez Francis Porras León ha sido un acérrimo enemigo y detractor de las luchas y conquistas de la comunidad de la diversidad sexual, afectiva y de género.
No podemos permitir, de ninguna manera que se repita aquella nefasta historia de Justo Orozco como presidente de la comisión de derechos humanos en la Asamblea Legislativa, o de la actual defensora de los habitantes. Costa Rica ha apostado contundentemente por un enfoque jurídico y político de respeto a los derechos humanos de todas las personas ciudadanas que habitamos en este país y no puede ser posible que estos derechos se vean de alguna manera socavados por la presencia de un fiscal general de la República cuyo discurso y prácticas, lejos de ser independientes y objetivos, se basen en preceptos religiosos fundamentalistas como ha quedado claro en sus acciones como juez de la República.
La OIDH-CR hace un llamado a la comunidad nacional y a los movimientos sociales que en el pasado han mantenido un espíritu de lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los grupos sociales que históricamente hemos sido vulnerabilizados a unir esfuerzos y a manifestarse en contra de una posible designación de esa persona para el puesto de Fiscal General.
Costa Rica no puede, de ninguna manera, entregar a una persona que ha dado muestras fehacientes de ser un enemigo de las luchas por la justicia, la equidad, la inclusión y contra la estigmatización, por razones ideológicas asentadas en sus prejuicios religiosos, la tarea de impartir justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley. Pues, como bien ha afirmado la Fundación para el Debido Proceso:
“El Ministerio Público (MP) debe desarrollar sus funciones de manera imparcial, con total independencia, es decir, sin interferencias ya sea de los poderes estatales, fuerzas políticas, grupos económicos, sociales, incluso de presiones de grupos criminales involucrados en las investigaciones. La independencia del MP es indispensable para que todas las personas tengan la misma posibilidad de ser procesadas según el mérito de la causa, sin distinciones ni privilegios de ningún tipo” (https://dplfblog.com/2021/08/31/una-fiscalia-general-para-una-costa-rica-convulsa-reflexiones-en-torno-a-la-proxima-eleccion/).
(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Regresión de más de un siglo
¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.
La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).
Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.
Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.
Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.
“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar
El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.
Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).
Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).
Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:
Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”. Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW). Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.
Forzar la Constitución para desnacionalizar
La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.
Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.
Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.
Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.
El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.
Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.
Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.
El próximo miércoles 6 de octubre del 2021, a las 5:00 pm en el programa Voces y Política se conversará acerca de los “Movimientos sociales y las elecciones”, en el marco de #UCRElectoral. Se contará con la participación de:
Ana Carcedo Cabañas, activista feminista
José Oviedo Chaves dirigente campesino.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica. Teléfono: 2234-3233; 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM
Auguste Couder, Sesión inaugural de la Asamblea General, 5 de mayo de 1789
Con el socialismo utópico francés, particularmente, se constituyó una de las fuentes integrantes más importantes del socialismo científico, que influirá decididamente en el desarrollo del movimiento obrero europeo durante todo el siglo XIX y en la sociedad contemporánea del siglo XX. Tanto el utopismo de Saint Simón como el de Fourier nació de la propia Revolución francesa, de su observación durante los períodos de la Revolución, el Imperio y la Restauración Monárquica.
Durante este proceso la burguesía sustituyó la aristocracia feudal y las clases sociales a los estamentos del antiguo régimen, situación que se profundizó con el desarrollo industrial.
Para Saint Simón los regímenes sociales son una aplicación de un determinado sistema filosófico por lo que para implantar un sistema social nuevo debe establecerse el correspondiente sistema filosófico que lo justifique. Observó la división en clases de la sociedad y estableció el análisis de la misma por medio de leyes sociales y destacó la política como la ciencia de la producción.
Entre sus principales discípulos durante el siglo XIX están Bazard, Bucher, Bathélemy Prosper Enfantin, Benjamín Olinde Rodríguez, Chevalier, F. de Lesseps, quien construyó el Canal de Suez e intentó el de Panamá, Carnot y Leroux. Los sansimonianos criticaron fuertemente la propiedad y procuraron una evolución pacífica al nuevo orden social.
Fourier impulsó la idea que la sociedad que vivía era transitoria y que los valores de la Revolución francesa, «igualdad, libertad y fraternidad», solo tenían significado para un momento histórico determinado; también señaló que la sociedad humana se transformaba por los cambios que se sucedían en su economía y destacó que en las sociedades humanas había contradicciones insuperables pero posibles de armonizarse. Estableció incluso etapas de evolución de la sociedad humana en cuya última fase, la de la civilización, una de sus características era la de la «dominación del gobierno por los ricos y las rebeliones y revoluciones de los pobres».
Entre sus preocupaciones la mujer ocupó un lugar igual al hombre y vinculó su liberación e igualdad con la del hombre.
En Francia las ideas de Fourier trataron de plasmarse, con la escuela societaria, desde 1830 hasta 1850 y, en 1833, se había tratado de fundar un falansterio en Condé sur Vesgres.
Entre sus discípulos decimonónicos está Víctor Considérant. También a Emilio Zolá se le ha considerado como uno de sus más acérrimos seguidores. Algunas experiencias como esta trataron de desarrollarse en Estados Unidos, Bélgica, Argelia, Brasil. En Costa Rica en las primeras décadas del siglo XX, George Vidal, trató de impulsar una experiencia falansterial semejante, en la región de Puriscal, y, cuando se constituyó el Centro de Estudios Sociales Germinal, en 1909, en Costa Rica, tenían en su local una imagen de Zolá.
Los utopistas franceses junto con los ingleses constituyeron una fuerte corriente de opinión en el movimiento obrero y en los movimientos sociales europeos e internacionales, incluidos los movimientos cooperativistas y las vinculaciones que se impulsaron entre los intelectuales y el movimiento obrero, especialmente por la presencia de Roberto Owen en el movimiento utopista inglés.
Con el desarrollo de la Revolución industrial también surgieron las primeras organizaciones obreras y las primeras experiencias de lucha del proletariado y de los obreros fabriles.
Tuvieron como marco, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del XIX, a la Revolución francesa y el desarrollo de las distintas corrientes socialistas que, con ella, y resultado también del enciclopedismo, surgieron. Así, entre las primeras expresiones de luchas sucedieron las destrucciones de las máquinas, el ludismo, los incendios de fábricas, muy semejantes fueron los incendios de principios de siglo XX en el agro costarricense, el cartismo y la participación en movimientos políticos dirigidos por la burguesía.
El cartismo también promovió luchas políticas junto con las mejoras que solicitaban en las condiciones de trabajo. Entre las demandas políticas exigían el sufragio universal y secreto, igualdad de los distritos electorales, eliminación de los censos electorales y sueldo para los diputados. En esta lucha política incluso llegaron a plantear la lucha armada. Lograron algunas leyes importantes regulando el trabajo de niños y de mujeres.
A finales del siglo XIX en Costa Rica florecieron los Clubes Políticos de artesanos, trabajadores y obreros en los partidos oligárquicos, como una alternativa organizativa frente al Partido Independiente Demócrata de Félix Arcadio Montero, que en sus propósitos organizativos y lenguaje de tribuna evocaba planteamientos radicales y populistas, con hondo contenido clasista y muy cercano a los socialistas, llamando a organizarse en su partido a los «chaquetas, descalzos y descamisados», contra el «Olimpo y los levitas».
Los movimientos revolucionarios de principios de siglo XIX en los Balcanes; los de 1830 en Francia y el centro europeo, como los de 1848 son reflejo importante de las repercusiones de la Revolución francesa en Europa, en general, y del establecimiento de repúblicas burguesas.
En el caso concreto de Francia se evoca nuevamente el espíritu de 1789 y de 1793, que provocan la huida de Carlos X y el pronunciamiento de la Comisión Municipal de París, que reclama la abolición de la monarquía, un gobierno ejercido por mandatarios electos por la nación, la libertad de cultos, el establecimiento de una Guardia Nacional y que el Poder Ejecutivo lo ejerciera un presidente.
Estos movimientos en 1830 en Francia como en 1832 en Inglaterra enseñaron a los obreros la reivindicación de sus propias demandas.
En 1848 la Revolución Industrial se había desarrollado en Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, en diversas regiones de Alemania (en la Renania, Westfalia, Berlín, Silesia y Bohemia). En este período se plantea alternativo al Tercer Estado en el Parlamento, el Cuarto Estado, compuesto por los asalariados que se nutría de una rica experiencia de lucha economicista por salarios y algunas por jornadas y mejores condiciones de trabajo.
La Revolución de 1848 en Francia hizo surgir organizaciones secretas de obreros socialistas y de burgueses liberales. En estas luchas destacan dirigentes como Alphonse Lamartine, Louis Blanc, Auguste Blanqui, Vidal, Etienne Cabet, Pedro José Proudhon, Lamennais y escritores como Víctor Hugo, Charles Baudelaire, George Sand, Michelet y Eugenio Sue, todos ellos conocidos en Costa Rica a finales del siglo XIX.
El 25 de febrero de 1848, con presión del Cuarto Estado, se proclamó la Segunda República francesa, que dio origen a una nueva jornada revolucionaria, que estableció el derecho al trabajo.
En el resto de Europa se habían producido movimientos y niveles organizativos significativos. Las luchas de la Asociación Patriótica Alemana, transformada en 1834 en la Liga de los Proscritos y, en 1836, luego de una escisión, hace surgir la Liga de los Justos, que en 1847 se pasó a denominar Liga de los Comunistas, para diferenciarse de la gran cantidad de organizaciones socialistas existentes; esta dirigida entre otros por Carlos Marx y Federico Engels, quienes redactaron su manifiesto inicial, conocido como El Manifiesto Comunista.
A partir de 1840 se dieron importantes movimientos organizativos y de lucha de la clase obrera en España e Italia.
Los acontecimientos de 1848 repercutieron en toda Europa: sublevaciones en Italia, Viena, en Hungría y Praga. A pesar de las derrotas políticas la clase obrera, en estos acontecimientos, había ganado en conciencia y en su fuerza organizativa. También se fortaleció el sentimiento de nación y se liquidó el feudalismo en Europa. Además del socialismo científico se desarrollaron en Europa, y luego en el resto del mundo, corrientes como el anarquismo o el comunismo libertario y el llamado socialismo cristiano.
Las revoluciones de 1847-1848 permitieron, finalmente sintetizar la experiencia de lucha del movimiento obrero y confirmó la necesidad del desarrollo de la teoría del socialismo científico.
La nueva Revolución social se afirmó como inevitable y se elaboraron las premisas objetivas y subjetivas de la Revolución. Se afirmó la necesidad de resolver por la vía revolucionaria las contradicciones clasistas de la sociedad, y se puso en evidencia la necesidad de construir un partido revolucionario para la clase obrera. Su ausencia se valoró como una de las causas que influyeron en las derrotas sufridas.
Otro elemento que se desarrolló en la teoría revolucionaria fue el estudio de períodos revolucionarios, de la base económica de la sociedad y del arte militar.
Los procesos revolucionarios de 1848 permitieron visualizar la victoria histórica de la clase obrera en un solo período revolucionario, sobrevalorándose el grado de madurez de la sociedad capitalista y minusvalorándose la complejidad del proceso revolucionario, que dependía de la especificidad del mismo.
En esta lucha de 1848 el movimiento obrero inició la lucha por la legislación del trabajo que entre otras demandas pedía reconocimiento del derecho a trabajar, creación de un Ministerio que atendiera los asuntos laborales, apertura de los Talleres nacionales para garantizar el derecho al trabajo.
El 26 de febrero de 1848 se lograron estas demandas como resultado de la acción obrera y, se ordenó, el 28 de febrero integrar una comisión para redactar la legislación social. De ella nacieron los Conseils de Prud’hommes, embriones de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, la contratación directa, la jornada de diez horas en París y de once en las Provincias, el reconocimiento del derecho de coalición, la libertad de asociación y de huelga, y el sufragio universal.
La reacción a estas conquistas no se hizo esperar: se cancelaron los Talleres Nacionales y el gobierno dictatorial de Louis Eugene Cavignac preparó el ascenso de Luis Bonaparte el 10 de diciembre, de este año, 1848, y se suprimieron las conquistas obreras; se elevó la jornada, se prohibió el derecho a la organización profesional y en sustitución del derecho al trabajo se impulsó un programa de asistencia y previsión social.
Organizativamente surgió la Asociación Internacional de Trabajadores, impulsada por Carlos Marx, conocida como Primera Internacional, en 1864, y a partir de allí un notable impulso a la organización internacional y local de los trabajadores.
Entre 1847 y 1900 se celebraron dos Congresos de la Liga de los Justos; dos Conferencias preparatorias de la Primera Internacional y siete Congresos de esta; seis Congresos y dos Conferencias de la fracción escisionista de la Internacional; dos Congresos internacionales socialistas; cinco Congresos de la Segunda Internacional y cinco Congresos de obreros de tipo corporativo.
La Revolución francesa y algunas de sus repercusiones en el movimiento feminista y sufragista
La sociedad que emergió con la Revolución francesa y con la Revolución industrial repercutió de modo notable en las relaciones familiares existentes.
De hecho, redujo la familia a unidades de padres e hijos. En estas se acentuó la exclusión de la mujer del trabajo, se fortaleció su dependencia del marido, se sometió a un trabajo servil, invisible, no remunerado y se le fortaleció el papel de reproductora de la fuerza de trabajo y se le disolvió socialmente.
De este modo, la revolución industrial facilitó la asociación de la mujer a la lucha social y la Revolución francesa lo hizo en su toma de conciencia. En este último aspecto con la enseñanza pública masiva se incorporó la mujer a la educación. La preocupación de la educación de la mujer en Costa Rica, prácticamente, se dio desde los primeros días de la vida independiente, en los gobiernos de nuestro primer jefe de Estado, de paso, educador, Juan Mora Fernández.
Entre 1789 y 1794 se fortalecieron los clubes femeninos que actuaron en el movimiento revolucionario y, se llegó a afirmar, cuando se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que como la mujer tenía derecho al cadalso también tenía derecho a la tribuna.
En la toma de la familia real, en el asalto al Ayuntamiento de París, y en la marcha sobre Versalles, tuvieron significativa participación las mujeres. En los días inmediatos al 15 de septiembre de 1821, bajo la presión de la independencia declarada en Chiapas, Ciudad Real y Tuxtla hubo movilizaciones de mujeres presionando en Guatemala por la Independencia.
En 1789 en Inglaterra Mary Wallstonecraft publicó la Vindicación de los derechos de la mujer. En los Estados Unidos entre 1775 y 1781 se dieron movimientos sufragistas. En la misma Francia, en 1791, Olympe de Gouges, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que se presentó a la Asamblea Nacional el 28 de octubre de 1791.
Los movimientos revolucionarios de 1848 también revitalizaron el movimiento femenino. En julio de 1848, en Seneca Falls, en Estados Unidos, se logra la «declaración de sentimientos» en que las mujeres reclaman el derecho a administrar ganancias, tener bienes personales, el acceso a la enseñanza, el derecho al divorcio, la custodia de niños y el derecho al voto. En Costa Rica el derecho al divorcio se estableció en 1888, no como un resultado de luchas sociales, sino por iniciativa de los liberales que participaron en la Comisión Codificadora, que desde 1882 hasta 1888, revolucionaron y modernizaron la legislación nacional.
Por su parte, La Liga de los Justos resaltó el papel de la mujer y, en 1866, Carlos Marx pidió en el Congreso Internacional de Ginebra, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se abordara el problema de la mujer.
En 1869 en varios Estados de los Estados Unidos se logró el voto femenino. En Alemania la lucha de las mujeres había adquirido gran fuerza. En 1869 John Stuart Mills reclama el voto femenino y publica La subordinación de la mujer, al mismo tiempo que en Londres, Edimburgo y Manchester se creó la Unión Nacional y Social para el Sufragio Femenino.
Durante los días de la Comuna de París las mujeres jugaron relevante papel en las barricadas. En 1888 Auguste Bebel publica su libro La mujer y el socialismo, y en el II Congreso de la Internacional Clara Zetkin y Emma Iherer proclaman el derecho de la mujer a la igualdad en el trabajo.
La Comuna de París de 1871
La guerra franco prusiana de 1870 y la Comuna de París de 1871 marcan el inicio de un período histórico que se prolonga hasta la Revolución rusa de 1917.
Como resultado de la Batalla de Sedán, Luis Bonaparte, el emperador francés, fue hecho prisionero, y el 4 de septiembre de 1870 el pueblo parisino exigió la proclamación de la República.
El 17 de septiembre el ejército prusiano avanzó sobre París, por lo que el Gobierno Provisional integró batallones compuestos por obreros, artesanos y pequeños empleados.
El 26 de febrero de 1871 el gobierno de Thiers, por temor a los sectores populares y sus demandas firmó un tratado de paz con Alemania. Como resultado de este Tratado, Francia cedió la Alsacia y la Lorena a Alemania, además de pagarle 5 mil millones de francos. Esta situación provocó un gran malestar popular. Los problemas sociales se agudizaron y se fortalecieron ciertas políticas coercitivas que restringían derechos ciudadanos.
El 13 de marzo de 1871 se constituyó la Federación de la Guardia Nacional, muy ligada al movimiento obrero, y se eligió su Comité Central.
El 18 de marzo el gobierno de Louis Adolphe Thiers trató de desarmar la Guardia Nacional, lo cual provocó un estallido revolucionario en París, ciudad que rápidamente pasó a control del Comité Central, que hizo ondear la bandera roja en el Ayuntamiento. Así se constituyó el primer gobierno obrero en la historia y se intentó organizar un Estado de nuevo tipo.
El 26 de marzo se realizaron las elecciones universales al Consejo de la Comuna, la cual se proclamó el 28 de marzo. El 2 de abril la burguesía y los versalleses desataron la guerra civil.
La Comuna, entre las medidas más significativas que tomó, suprimió el Ejército regular y armó a los comuneros. El Consejo de la Comuna asumió tareas ejecutivas y legislativas, creó nuevas instituciones estatales entre ellas nuevos tribunales judiciales, sustituyó los representantes electos por sufragio universal y separó la Iglesia y el Estado.
Con la Comuna de París se proyecta al siglo XX una tradición de organización y lucha revolucionaria, heredada, fundamentalmente, en los partidos comunistas. El himno de los comuneros, conocido como «La Internacional», se asumió luego como himno del movimiento comunista internacional. El propio Vladimir Maiakovski, poeta y escritor ruso, en su largo poema a Lenin, recuerda a los comuneros como parte del proceso revolucionario ruso.
La Revolución francesa y el Primero de mayo
Como resultado de la lucha de los obreros norteamericanos de 1886, en la cual se paralizaron cerca de 5,000 establecimientos y entraron en huelga 340,000 trabajadores se logró la jornada de 8 horas, ese mismo día, para 125,000 huelguistas.
Este movimiento se realizó el 1º de mayo, día en que se discutían los contratos de trabajo. El 3 de mayo se produjo un acto terrorista por el cual culparon a varios dirigentes obreros y ocho de ellos fueron condenados a muerte. Su lucha y muerte no fue olvidada.
El propio movimiento obrero norteamericano reanudó la lucha por la jornada de ocho horas; así la Federación Americana del Trabajo en el Congreso de San Luis, de 1888, replanteó nuevamente la lucha por esta jornada y convocó a la preparación de nuevas huelgas para el día 1º de mayo de 1890.
En agosto de este mismo año, 1888, la Conferencia Internacional Corporativa de París exigió a los gobiernos firmar tratados y convenios sobre las condiciones de trabajo. También convocó a la realización de un Congreso Obrero Internacional en 1889, para lo cual se encargó al Partido Obrero Socialista Francés.
El Tercer Congreso de la Federación Nacional de Sindicatos y Grupos Corporativos, reunido en Bordeaux-Le Bouscat, el 28 de noviembre de 1888, también se sumó a la convocatoria de un Congreso Internacional en 1889.
Estas resoluciones se confirmaron en el Congreso de Troyes, en diciembre de 1888, lo cual se acompañó de manifestaciones en 60 ciudades de Francia.
La falta de entendimiento entre las organizaciones obreras hizo que se realizaran dos Congresos Obreros Internacionales en París: el primero, el de Burdeos, se llamó «allemanista» y se realizó en la calle Lancry del 15 al 20 de julio y; el segundo, se llevó a cabo en la Sala Petrelle, calle Rochechouart, el cual se llamó «marxista», con una representación internacional más amplia.
Ambos Congresos se pronunciaron sobre los mismos tópicos, pero el de la Sala Petrelle concretó la convocatoria y declaración de la huelga el 1º de mayo de 1890 para continuar la lucha por la jornada de ocho horas de trabajo; además estableció que debía declararse esta fecha perpetua, y celebrarse cada año, para lo cual la clase obrera internacional, en cada uno de los países, haría un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido y elaboraría un plan de luchas para el año venidero.
Así el 1º de mayo surgió como un día internacional de lucha de la clase obrera internacional. Además, se asoció en la memoria de esta celebración el recuerdo permanente de quienes cayeron en la lucha de 1886, los llamados Mártires de Chicago.
En el caso de Costa Rica cuando se inició en 1913 la celebración de esta jornada de lucha, por parte del movimiento obrero costarricense, se asoció no solo a ese espíritu internacionalista, de organización y lucha, sino que también se unió, tal celebración, a la fecha patriótica de la rendición de William Walker, jefe de los filibusteros norteamericanos durante la guerra de 1856-1857.
En este sentido habría que mencionar también a don Pedro Bariller, ilustre ciudadano francés que prestó valiosos servicios militares a la Patria durante esta guerra.
Algunas repercusiones de la Revolución francesa en la educación y la cultura, y en Costa Rica
Otro elemento por el cual debe valorarse la Revolución francesa es por la trascendencia del movimiento iluminista y sus repercusiones en América.
Juan Jacobo Rousseau era conocido por los grandes dirigentes de la Revolución americana. De manera particular, en México, Miguel Hidalgo y José María Morelos le conocían. Y, en Costa Rica, el Pacto Social fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de 1º de diciembre de 1821, nuestra primera Constitución, evoca el espíritu roussoniano del pacto social.
El iluminismo francés repercutió en nuestras primeras letras en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y en la propia Universidad de Santo Tomás. Dos de sus rectores el Dr. Nazario Toledo y el Lic. Nicolás Gallegos eran profundamente admiradores de este movimiento intelectual, así como del liberalismo y progresismo que ello produjo. Además, propulsaron el culto por la ilustración. Con ellos se estudió a René Descartes, Voltaire, Diderot, D’Alambert, Cabanis, Condillac, Desttut de Tracy, Montesquieu, Lacroix, Letronne, Constant, Tocqueville y muchos más. El inicio de los estudios filosóficos en Costa Rica, del empirismo y el racionalismo como el positivismo de Littré y Comte, en cierto modo a ellos se les debe. También se conoció a Ernest Renán y a Hipólito Taine, que procuraron fundir el pensamiento científico y filosófico. Así, la Universidad de Santo Tomás, afirmó Abelardo Bonilla, consolidó el civilismo sobre el militarismo.
No menos trascendente es el impulso a la educación popular que se nos trasmite desde la Asamblea Nacional de 1792, con la presencia de Condorcet, hasta Bayona; de esta a Cádiz y, de Cádiz a las Casas de Enseñanza en América, que como la de Santo Tomás en Costa Rica, impulsan el proceso de la educación del pueblo. Por ello en 1824 el Estado costarricense apoya decididamente esta institución y la educación de primeras letras se verá estimulada, así como los primeros pasos en la estructuración del proceso educativo.
El proyecto organizativo y educativo de Juan Antonio Condorcet proponía como una obligación del Estado la educación del pueblo, para todos sus ciudadanos. Señalaba que la educación debía ser general y gratuita en todos los niveles escolares, laica y para ambos sexos. Estableció la escuela primaria con 4 grados, obligados, las cuales debían construirse en poblaciones de 400 habitantes. En este nivel propició el aprendizaje de la escritura, la lectura, la gramática, la aritmética, la geometría; los oficios relacionados con la producción del país, nociones de cívica y de base moral y social del régimen. La escuela secundaria la concibió de tres grados orientada al estudio de matemáticas, ciencias naturales, comercio, ética y estudios sociales. En ellas señaló la necesidad de bibliotecas y las colecciones naturales como instrumentos artesanales y científicos del aprendizaje. También concibió los Institutos de enseñanza media en cinco grados especializados por profesiones como la mecánica, la agricultura, la milicia, la obstetricia y la veterinaria y los Liceos como centros de educación superior en lugar de las universidades escolásticas.
Más tarde repercutirán en el desarrollo de la educación las leyes francesas que en este campo responden, además de Condorcet, a los nombres de Guizot, Fortoul, Duruy, Simón y Ferry las cuales reencarnan en nuestros grandes educadores como Mauro Fernández y Miguel Obregón Lizano.
En el campo educativo la reforma de 1886 fue el resultado del impacto de Francia. Dijo don Luis Felipe González Flores, que como España fue Francia, de las naciones europeas, la que más influyó en la cultura nacional, llegando a afirmar que Francia realizó durante el siglo XIX, una verdadera conquista intelectual.
La presencia de franceses en el país como Adolfo Marie, durante la década que inició en 1850, con la presencia de científicos, como Lucien Platt, quien enseñó las ciencias físicas y, de Eugenio Durrewelle, físico y químico. También habría que considerar aquellos que iniciaron la enseñanza del idioma francés en nuestro medio como Antonino de Barruel, Esteban Huard, Annete Sicre.
Más tarde, también bajo influjo de la escuela francesa, se impulsaron, en Costa Rica, instituciones de apoyo material y social a los escolares, bajo el nombre de Instituciones Circunescolares, a las cuales pertenecieron «El Abrigo de los Niños», «La copa de leche», «El pedazo de pan» y las «Ligas de Bondad», como refiere González Flores.
También se llevó a cabo la fundación de bibliotecas escolares, por el impulso de don Miguel Obregón al estilo de las que en Francia llevó a cabo el ministro Rouland. Igual iniciativa impulsó don Miguel Obregón con el Museo Pedagógico y las Cajas de Ahorro Escolar, que más tarde, con la Escuela Normal también recibieron el apoyo de don Joaquín García Monge. Otra influencia educativa francesa fue la educación de adultos, las bibliotecas populares, la instrucción gratuita, obligatoria y laica, lo cual repercutió en la Ley General de Enseñanza de 1886.
También se nota su repercusión en la organización de los establecimientos de enseñanza secundaria: el Instituto Nacional, el Instituto Universitario, el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas.
La penetración de libros, en Costa Rica, inmediatamente después de la Independencia como El Contrato Social de Rousseau, El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, La Lógica de Condillac, El Libro del Pueblo de Lamennais, La Inteligencia y la filosofía del Arte, de Taine, El Porvenir de la Ciencia y Estudios de Historia Religiosa de Renan, Curso de Filosofía Positiva y Sistema de Política Positiva de Comte; más tarde otros como los de Fustel de Coulanges y Fouillé, muestran, el influjo libertario y republicano de los nuevos tiempos y los aires frescos de la Revolución francesa y el impacto de sus primeros embajadores ideológicos y culturales en el curso de la formación idiosincrática costarricense.
La Universidad de Santo Tomás fue adalid de este espíritu liberal. Máximo Jerez y Antonio Zambrana, fueron agitadores de estas nuevas ideas, en la formación de importantes generaciones de jóvenes y hombres que durante la segunda mitad del siglo pasado empezaron a destacar en el orden público costarricense, los cuales se formaron bajo su ala protectora y sus aulas.
Con la penetración de libros también habría que mencionar el desarrollo de las bibliotecas. Tampoco casualmente se asocia a este esfuerzo la distinguida figura del educador Miguel Obregón Lizano, a quien se le deben la Biblioteca Nacional, la de Alajuela, la de Cartago y la de Heredia, quien además fue el primer bibliotecario de la Universidad de Santo Tomás, inaugurada esta Biblioteca un quince de septiembre de 1884, día que se celebraba la Independencia de Centroamérica. Más aún, cuando fundó la Biblioteca de Alajuela lo hizo el 14 de julio de 1889, el día del centenario de la toma de la Bastilla.
La creación de la Universidad de Costa Rica, por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se hizo justamente un 26 de agosto, coincidente con la fecha de la Promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
La bandera nacional actual, nuestro símbolo patrio mayor, se hizo en 1848 tomando por referencia a la bandera de Francia, nosotros con los colores colocados en franjas horizontales y la de Francia en verticales.
Cuando se inauguró la Biblioteca de la Universidad de Santo Tomás, el entonces ministro de Instrucción Pública, el Benemérito Dr. José María Castro Madriz, lanzó «el grito que se arrancaba de su pecho de gran patriota: ‘Viva la Republica’».
Y, agregó: «Sí, la República iba a vivir en las universidades silenciosas que son las buenas bibliotecas, focos de luz y cultura, maestras de los hombres y de los pueblos» y, como agregó, don Miguel Obregón, «termómetros que miden el mayor o menor adelanto de los pueblos».
Por ello dos fechas para inaugurar bibliotecas, la de Independencia patria y la toma de la Bastilla.
Tampoco de modo casual el libro de don Miguel Obregón sobre Nociones de Geografía de Costa Rica, se editó en París en 1889 y se agregó luego a la Geografía de Henry Lemonier y Franz Schrader.
No menos significativa ha sido la repercusión del llamado Código Napoleónico, el Código Civil de 1804, en la formación del pensamiento jurídico y de las instituciones legales costarricenses, como en su mentalidad jurisprudencial.
Usualmente se piensa en la legislación civil napoleónica, sin embargo, hay que considerar también la legislación comercial y penal como la respectiva de procedimientos, tanto civiles como penales.
La codificación napoleónica unificó legislativamente y consolidó las conquistas de la Revolución y estableció las nuevas bases jurídicas de las relaciones privadas de la moderna sociedad capitalista.
La codificación napoleónica se proyectó a los países de la Europa central como a todos los países del continente americano, donde la llegaron casi a copiar textualmente, al Quebec canadiense y a la Luisiana estadounidense, donde hoy continúa teniendo vigencia.
Paralelismo histórico con Napoleón, en esta magna obra codificadora, la podemos encontrar en el jefe de Estado Braulio Carrillo Colina, con la promulgación, en 1841, de su Código General, que marcó no solo el sello de la definitiva independencia de España sino la estructuración del Estado costarricense.
La «dictadura» que procuró desarrollar cuando impulsó su continuidad en el poder no es menos comparable que con el bonapartismo que condujo al Imperio Napoleónico.
La influencia francesa en este Código de Carrillo quizá se aprecia mejor en la parte del Derecho Civil y no será sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando penetra con fuerza el influjo del Derecho Penal francés en nuestro medio y se fortalece más aún en el Derecho Civil.
Ya en el siglo XX será el Dr. Guillermo Padilla Castro quien marque este influjo en el derecho penal costarricense.
Finalmente, la Escuela de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, desde 1969 ha logrado la capacitación de gran cantidad de profesionales destacados en las diversas ramas del Derecho en Francia.
Cuando en 1943 se preparó la promulgación del Código de Trabajo, Enrique Benavides Chaverri, en una serie de artículos de comentarios sobre el Código de Trabajo, dedicó uno al «Derecho del Trabajo y la Revolución francesa». En él destacó que la Revolución francesa acabó con el trabajo de las ciudades medievales, las antiguas corporaciones y su minuciosa legislación. Destacó, también, que la Revolución «liberó» al trabajador para disponer sobre sí mismo como persona y estableció la libertad para fijar con el patrono las condiciones de su trabajo. Indicó, además, que el Estado en esta relación se abstuvo de intervenir limitándose a garantizar a cada individuo el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y las Leyes. Luego recordó la Ley de Chapelier, los artículos del Código Civil sobre el arrendamiento de mano de obra, la ley de policía y las prohibiciones penales relativas a la asociación como parte del derecho obrero francés.
Las libertades que, particularmente, desde la Constitución de 1824 se consagraron en los textos constitucionales fueron el acicate fundamental para desarrollar el país por los cauces de la reforma y el pensamiento liberal; del progreso material, cultural y social, así como para exaltar las virtudes ciudadanas y las libertades fundamentales del hombre costarricense, lo cual culminó con la obra de don Ricardo Jiménez, en 1888, llamada Curso de Instrucción Cívica para uso de las Escuelas de Costa Rica, así como con el despliegue de la República Liberal a partir de estos años y del movimiento codificador que acababa de cerrarse en 1888.
Con ánimo de fortalecer el espíritu cívico nacional propuso, don Miguel Obregón Lizano, en una ocasión, imitar la experiencia francesa de premiar a los niños escolares con estampas de nuestros prohombres públicos e «insignes patriotas centroamericanos».
También habría que decir que en otras manifestaciones de nuestra cultura se aprecia el influjo de la Revolución y la cultura francesa que ella generó.
En la literatura y el dramatismo literario de finales del siglo XIX, en las obras de Alejandro Alvarado Quirós, Rafael Ángel Troyo, José Fabio Garnier y Francisco Soler, se aprecia este influjo. No de modo tan casual en 1869, se reprodujo en la Imprenta Nacional la novela Dannae, de Adolfo Gramnier de Cassagnac, dedicada a Chateaubriand; se reprodujeron cuentos de Maupassant y del Grupo de Medan, por Baudrit y Alvarado Quirós.
En el caso de Alejandro Alvarado Quirós, Primer Rector de la Universidad de Costa Rica, destacado hombre público y antiimperialista, con su ensayo sobre La Democracia expone el sentido del progreso generado por el espíritu.
El caso extremo de nuestros literatos quizá lo fue Alfredo Castro quien sus obras dramáticas las escribía primero en francés y luego las traducía, por cuanto encontraba en el idioma francés mayor expresión y libertad literaria.
En el campo científico se encuentran, por citar dos destacados intelectuales costarricenses con profunda huella francesa, a Elías Jiménez Rojas y a nuestro gran sabio Clorito Picado; Jiménez Rojas con vínculo y simpatía importante con el socialismo francés de Jean Jaurez y también con el pensamiento anarquista de Kropotkin, con quien llegó a tener correspondencia.
Tampoco, casualmente, en Costa Rica, el Centro de Estudios Germinal, en los primeros años del siglo XX, alimentó el culto y admiración por los hermanos Eliseo y Elie Reclus, teniendo en su salón principal la foto de Eliseo, el gran geógrafo, del mismo modo que en las sociedades teosóficas y sectores cultos se leía a Camille Flammarión. También tenía el Centro Germinal una foto de Emilio Zolá, furierista connotado y cuya literatura pesaba en el mundo intelectual costarricense.
La propia denominación de Germinal evoca a la Revolución francesa, que asocia, dicho nombre, con las insurrecciones de la primavera de 1795, de Germinal y Pradial, las cuales se consideran las últimas acciones de las masas obreras de las barriadas populares de París, cuando carecían de apoyo de la burguesía e incluso de la pequeña burguesía, insurrecciones que se expresaron como un movimiento contra «los ricos», los comerciantes, los acaparadores, los especuladores y en cierto modo contra la misma Convención Nacional. Fue un esfuerzo final de la clase obrera por influir decididamente en el camino ulterior de la Revolución francesa, para acabar, además, con los termidorianos, tras la caída de Robespierre, desde el 28 de julio de 1794 hasta el 26 de octubre de 1795, y servir a los intereses de los montañeses, desde 1792 hasta 1795, cuando también fueron sacados de la Convención Nacional, por lo que tuvo un carácter de lucha de desposeídos contra poseedores.
En el Germinal francés tuvieron importante papel las mujeres y en el Germinal costarricense lo tuvo Carmen Lyra, quien también se nutrió de la educación francesa y se incorporaba decididamente a las luchas populares de esos años, a principios del siglo XX.
También se podría decir que la Revolución francesa repercutió en los primeros comunistas del país. En las primeras lecturas y estudios de quienes llegaron a fundar este Partido Comunista estaban los escritos de Babeuf y su Manifiesto de los Iguales, las enseñanzas de Germinal y Pradial del francés revolucionario de 1795, La Guerra Civil en Francia de Marx, sobre las jornadas revolucionarias de 1848, las experiencias de la Comuna de París. Llegaron a considerar, según ha contado Arnoldo Ferreto, uno de sus dirigentes históricos, que la dictadura jacobina, para ellos, fue el momento más importante de la Revolución francesa.
Finalmente hay un influjo significativo en nuestros símbolos patrios. Sobre los colores de nuestra bandera y pabellón nacional, cuando se elaboró, se refiere que expresamente se inspiraron en los colores de la bandera francesa.
La primera impresión de la música del himno nacional se realizó en Francia, dedicada esa primera edición al francés G. Lafond, quien también hizo estudios sobre diversas regiones de nuestro país con un marcado interés de realizar una obra canalera, especialmente en la región transístmica fronteriza de Costa rica y Panamá, a mediados del siglo XIX.
También hay influencia en la elaboración de los monumentos patrióticos de Juan Santamaría y el Monumento Nacional, conmemorativos de la Campaña de 1856 que se encargaron a artistas franceses, quienes vincularon en ellos parte de la tradición popular y libertaria francesa: el gorro frigio, símbolo de la libertad, el combatiente popular, las mujeres republicanas.
Reflexionar sobre la Revolución francesa es entonces pensar en nuestra realidad histórica, social y concreta, desde la lucha por la Independencia, no solo en lo que la Revolución se proyectó a nuestro medio sino también en cuanto a lo que aún falte por revolucionar.
Hacer un alto en el camino para retomar la gesta independentista, de hace 200 años, nos obliga a pensar en la revolución de hoy, en valorar si el proceso independentista está acabado o sigue inacabado, por las demandas de los pueblos del continente, con las cadenas del atraso social, de la marginación y exclusión, con la brecha social cada vez más amplia, con la acumulación de riqueza en cada vez menos manos y la de pobreza de manera más amplia, que coloca a las mayorías sociales bajo formas opresivas de dominación y alejadas de la democracia real y efectiva, alejadas de la felicidad del pueblo que se procuraba con los movimientos revolucionarios independentistas, por lo que aún es necesario seguir luchando por profundizar la verdadera independencia, la liberación nacional y el progreso social; por la más y mejor democracia, por el respeto, fortalecimiento y ampliación de los Derechos Humanos fundamentales y las Libertades del Hombre y el Ciudadano.
En cada una de estas luchas está presente lo mejor de la tradición revolucionaria francesa y el porvenir de la humanidad.
Si la Revolución francesa marcó el fin de la aristocracia feudal y el inicio del sistema burgués capitalista contemporáneo, también produjo los embriones de las nuevas exigencias sociales, por cuanto la Libertad por sí sola no restablece el equilibrio social.
Los fundamentos de la Revolución se asentaron en los principios educativos del nuevo orden, en la instrucción pública y en la difusión del conocimiento necesario para la formación de un espíritu cívico.
Hija de la Ilustración la Revolución francesa produce la igualdad, la libertad y la soberanía popular e «hija del entusiasmo popular, produce la fraternidad y la esperanza en la regeneración de la humanidad».
1789 fue un momento de la lucha por la liberación del hombre. Posibilitó la razón para continuar la emancipación de todos los hombres. Por ello siempre la Revolución está viva como lo es temida.
Siguen siendo válidas las palabras del revolucionario norteamericano Tomás Paine, cuando afirmó, con el triunfo de la Independencia de las colonias británicas: «Puesto que las Revoluciones han comenzado, han de continuar».
(Segunda parte de la conferencia dada el jueves 29 de julio del 2021 en el ciclo de actividades y conferencias «Camino a la Celebración de la Independencia de Centroamérica», organizadas por la Biblioteca Nacional, la Cátedra Enrique Macaya, de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y el Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones).
La Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en alianza con movimientos sociales, colectivos e instituciones, le invita a participar en el webinar: “Paulo Freire 100 años – Tu legado vive entre nosotros”.
El evento tendrá la presentación del Grupo de Sistematización de Experiencias de la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire, que organizó 10 experiencias diferentes de América Latina y el Caribe. También, un diálogo sobre el contexto de contradicciones, desmantelamiento, opresión y ataques a las pedagogías críticas y la liberación de los pueblos.
Como invitados a este webinar están:
Erivalda Torres – Centro de Estudios e Investigaciones Paulo Freire de Brasil
Huco Monteiro – Rector de la Universidad Colinas de Boé y ex ministro de Educación y Relaciones Exteriores de Guinea-Bissau
Joel Suárez – Centro Martin Luther King de Cuba
Vítor Barbosa – Asociación de Educación de Adultos de Angola
Sandra Gallo – Canoa Hábitat Popular (Argentina) mediará este momento
Finalmente, Óscar Jara (CEAAL) y Mariana Pasqual (CDHEP) hablarán sobre lo que ha sido la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire desde su lanzamiento en 2019 hasta este momento en que se celebra el 100 aniversario de Paulo Freire, además de la presentación y lanzamiento de la próxima fase de esta iniciativa.
La actividad es este sábado, 25 de setiembre en el siguiente horario: 1 p.m. – Centroamérica 2 p.m. – México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 3 p.m. – Bolivia, Caribe, Chile, Venezuela, Paraguay y Rep. Dominicana 4 p.m. – Argentina, Brasil y Uruguay 6 p.m. – Cabo Verde 7 p.m. – Guinea Bissau y Santo Tomé y Príncipe 8 p.m. – Angola y Portugal 9 p.m. – España y Mozambique
También puede seguirlo en las redes sociales de la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire y CEAAL en las siguientes páginas: PauloFreireVive en Facebook CEAALtv en Youtube CEAAL en Facebook
Información compartida con SURCOS por Óscar Jara Holliday.
El programa Oiga la Vara analizó los problemas intrínsecos del sistema político que nos gobierna. El espacio tuvo como base el lema “200 años de fantasía democrática”, donde se analizó el sistema político y las elecciones.
Además, se conversó sobre ¿quiénes gobiernan el país? y ¿Para qué sirve votar? Para los invitados del programa, la gobernanza del país suele ceder a presiones de grupos como medios de comunicación y cámaras empresariales, sin embargo, dejando claro que no se puede quedar bien a toda la población.
Igualmente, expusieron que en el país gobiernan quienes tienen dinero. Asimismo, se efectuó una crítica al sistema político y cómo modifica el quehacer de los movimientos sociales que intentan promover un cambio en los espacios donde está el poder.
Desde la perspectiva de los expositores, el problema proviene desde los espacios educativos y el desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana y la forma correcta de emplearlos.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) presenta el libro titulado transformar sistematizando: producción de conocimientos y luchas emancipatorias, este es producto de un esfuerzo colaborativo entre participantes del Seminario de Construcción Colectiva (SCC) organizado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), realizado entre octubre y noviembre del año 2019 en Sabanilla, San José de Costa Rica.
En ese se presentan las sistematizaciones de experiencias de diversos procesos de lucha, representando un aporte a la producción de conocimiento y a la acción política para las diversas organizaciones sociales en la región.
Les invitamos a descargar el material y a difundirlo, a continuación, adjuntamos el documento:
El pasado viernes 20 de agosto el Movimiento Magisterial por una Pensión DIGNA (MMPD) presentó una carta abierta la tarde del viernes en las oficinas de JUPEMA en Barrio Lahman, la cual fue leída de manera pública y presentada a los diferentes medios de comunicación.
El derecho a una pensión digna es un derecho humano fundamental y constitucional. Así como lo es la libre expresión y el derecho a la respuesta. «Los derechos no se negocian, los derechos se arrebatan, se defienden y se establecen»