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Etiqueta: Mujeres por Costa Rica

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Escrito en . Publicado en Educación.

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.

[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

Nuestras razones para oponernos al Proyecto No. 21.182

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).

La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.

Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos.  En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.

Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:

  1. Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”.  Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad.  El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
  2. Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
  3. Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc.  Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
  4. El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
  5. Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica

Dra. Nora Garita Bonilla
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República
Dra. Yamileth González García
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Vera Sancho Mora
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Periodista Erika Henchoz Castro

San José, 5 de junio de 2023

El uso engañoso de la evaluación para justificar el cierre del PRONIE (MEP-FOD)

Escrito en . Publicado en Educación.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica, y la Comisión Inter-institucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizados de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, manifiestan su profunda preocupación y rechazo ante el cese del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación (PRONIE-MEP), a la vez hacen un llamado de atención sobre las razones esgrimidas para ello.

El acuerdo, tomado por el Consejo Superior de Educación, y anunciado por la Sra. Ministra Katharina Müller en una conferencia de prensa, deja sin efecto del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), sin que se hayan propuesto medidas alternativas para continuar propiciando el alfabetismo computacional de nuestro estudiantado, causándole así un perjuicio en contra de sus intereses educativos, sobre todo considerando la importancia fundamental de las competencias en informática educativa para el desarrollo  de las personas en las sociedades actuales.

Las consecuencias nefastas de estas decisiones han sido ampliamente expresadas por diferentes grupos, y nuestro colectivo desea sumar una preocupación más, la del uso engañoso y malintencionado que hace el MEP, en la persona de su ministra, de los resultados de una evaluación, para justificar el cese del PRONIE.  Esta decisión, ha dicho la ministra, estuvo sustentada en los resultados negativos de evaluaciones realizadas por parte de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la Contraloría General de la República. Sin embargo, ambas entidades han aclarado públicamente que reconocen los logros del PRONIE y recomiendan medidas para su mejor desarrollo.  Es más, en la evaluación ejecutada por FLACSO, las personas estudiantes realizaron pruebas sobre los aprendizajes esperados, y con estos datos se generó evidencia, por medio de modelos estadísticos, para afirmar que, a más años de exposición a la temática de informática educativa, mejor es el desempeño en habilidades de resolución de problemas, y en comunicación de resultados. Aunque el anterior es uno de los hallazgos más relevantes de la evaluación, habiéndose documentado de manera rigurosa esos impactos positivos en los aprendizajes (cosa que es infrecuente en nuestro país), la ministra, en su justificación para el cierre del programa, solo se refiere a datos tangenciales, secundarios, de la evaluación, tales como el grado de conocimiento del PRONIE que expresan otros docentes del centro educativo. De ahí nuestra valoración en cuanto a una interpretación sesgada, malintencionada y engañosa, de los resultados de una evaluación.

A partir de los impactos positivos hallados por la evaluación de FLACSO, la conclusión es clara en cuanto a que es incorrecto eliminar de un plumazo un programa donde existe evidencia de efectividad, y fue precisamente esa evaluación la que permitió identificar los avances y también los asuntos por atender, sobre todo a nivel de gestión y administración del programa, aspecto que es fundamental para su mejora continua.

Siguiendo los mismos principios evaluativos, nos preocupa el abrupto cese del PRONIE, ante la ausencia de una propuesta alternativa concreta, operacionalizada, validada y aprobada debidamente para brindar esa valiosa formación en que han participado miles de estudiantes, y cuyos aprendizajes favorecerán su desarrollo a lo largo de sus vidas. Ciertamente cualquier propuesta alternativa debería haber mostrado previamente evidencia científica de su efectividad, por medio de la realización de estudios piloto, por ejemplo.

En respeto a nuestra tradición costarricense de más de 150 años de educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y en respeto a la evaluación educativa como disciplina científica, que utilizada adecuadamente nos permite corregir y mejorar, esperamos, entonces, por un lado, una respuesta clara, contundente y seria por parte de las autoridades gubernamentales sobre la atención que brindarán a nuestro estudiantado para salvaguardar su derecho constitucional a una educación de calidad, en el área de la informática educativa. A la vez, solicitamos a las autoridades del MEP mayor compromiso y transparencia para utilizar de manera válida los resultados de evaluaciones, que, como en este caso, se realizaron con la necesaria fundamentación a nivel científico y ético, y cuyos fines no son punitivos, sino de mejoramiento.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Eiliana Montero Rojas

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Máster Académica en Evaluación Educativa
Doctora en Educación
Docente universitaria

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Docente universitaria

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

Catalina Espinoza Sáenz
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dr. Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y M.A. en Tecnología Educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera
Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla
Docente universitaria
Máster en Evaluación Educativa

San José, 18 de mayo 2023.

Correos

Colectivo Mujeres por Costa Rica: mujeresporcr@gmail.com -Comisión Interinstitucional: GRACIELA.ORDONEZ@ucr.ac.cr
(Coordinadora)

Mujeres por Costa Rica en apoyo a sector agropecuario

Escrito en . Publicado en Derechos.

Desde el colectivo Mujeres por Costa Rica se comparte el apoyo a la próxima marcha nacional el 29 de marzo a las 9:00 a.m. saliendo desde el Parque de la Merced.

Por la seguridad y soberanía alimentaria, ¡NO a la Alianza del Pacífico!

La educación superior pública: valioso legado y un derecho de nuestro pueblo

Escrito en . Publicado en Derechos.

El colectivo Mujeres por Costa Rica se manifiesta en contra del proyecto 23.380 “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” (FEES)

El proyecto del Gobierno de Costa Rica de una “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” y las afirmaciones, que a menudo se escuchan por parte de sus funcionarios, sobre estas instituciones, constituyen una de las mayores agresiones de un Gobierno de la República y, evidencian un desconocimiento, impropio del Poder Ejecutivo, sobre su función fundamental.

El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor aún, equivocada de lo que son las universidades públicas; se desconocen profundamente sus características y la esencia de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, es claro que se omite que durante las décadas de 1980 y 1990, ese financiamiento se vio severamente disminuido. En esos años el FEES pasó del 1,15% del PIB al 0,79%, con las consecuencias negativas que muchas personas conocen. La educación no debe entenderse como un gasto, es una inversión: se invierte para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad costarricense.

Las universidades públicas no son simples casas de enseñanza, formadoras de profesionales, como se deduce del proyecto; son instituciones que generan la mayor parte de la investigación en ciencia, tecnología y las diversas ramas del conocimiento e invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines; en los campus universitarios se encuentra el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Ese aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios que generan las universidades mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La mayor parte de los proyectos se dirigen a sectores sociales productivos específicos, favoreciendo el desarrollo social. Además, es conocido que existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.

No es cierto, como equivocadamente se presenta en el proyecto 23.380, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente, a financiar generosas anualidades y privilegios. En general los salarios universitarios están acordes o por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a disposiciones o resoluciones de tribunales nacionales, como es el caso, de los profesionales del sector salud, en la UCR, en donde un fallo de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), obligó, al acatamiento de la Ley de Incentivo Médicos.

En cuanto a su estudiantado, los presupuestos universitarios han permitido ofrecer una educación de calidad a jóvenes provenientes de 81 cantones del país, un 79% de su totalidad son jóvenes que salieron de colegios públicos o subvencionados y un 21% de colegios privados. De esta forma, nadie que tenga las condiciones académicas ha dejado de estudiar por falta de recursos, debido al robusto sistema de becas que existe; se ha aprovechado el talento rural y urbano, lo que ha permitido que jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza tengan la posibilidad de estudiar.

Cuando, además, se señala que las universidades no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la necesaria pregunta: ¿qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales, principalmente, para la empresa privada y su interés mercantil?. La visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demanda la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto, tan necesario en tiempos presentes, de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, del arte y las humanidades?. Esas son, precisamente, las humanidades, las que desarrollan en sus graduados, las destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, la convivencia que tanto han influido en la idiosincrasia nacional, en fin, con una calidad superior para el servicio social.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades viven exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario, siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc.), de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente.

No es admisible, tampoco, una propuesta que irrespeta los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, en el proyecto 23.380, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), que quinquenalmente ha elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, con intereses politiqueros, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES.

Un planteamiento gubernamental, que viola la autonomía de las universidades es inadmisible. La Constitución de 1949, fue muy clara y es contundente en ese principio, al darle a la universidad, “independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio”. El Estado tiene un compromiso y una obligación con el desarrollo nacional y esto incluye, el respeto de la autonomía universitaria y el adecuado financiamiento de las universidades, como lo señala la Constitución Política.

Por todo lo anterior, la defensa frente a un proyecto que atenta contra los derechos de las universidades se impone, de manera necesaria y urgente; así como ante cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Hay que tomar decisiones sobre el rumbo del país, que estas decisiones conllevan, requerimos, pensar principalmente en caminar hacia la sociedad del conocimiento y la información y, en el papel vital de la educación superior pública para un desarrollo compatible con las riquezas naturales que tiene nuestro país. La discusión que se enfrenta en el presente no es solamente técnica o financiera, es política y debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible, equilibrado, equitativo e inclusivo; justo y acorde con los derechos de solidaridad.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica insta a la comunidad nacional a luchar, hoy más que nunca, por defender la perspectiva de que la educación superior sea de calidad, que sea una opción viable y acorde al desarrollo integral de las comunidades, las familias y las personas, y que mantenga su concepción de bien social y no se instrumentalice al servicio de intereses particulares, sino que signifique una oportunidad de movilidad social y una estrategia para lograr equidad y evitar las desigualdades, siendo generadora de identidad cultural.

Por el colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Nora Garita Bonilla
Bach. Erika Henchoz Castro
Dra. Virginia Ramírez Cascante
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Licda. Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Licda.Vera Victoria Sancho Mora
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Martha Lorena Moreno Herrera
Licda. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, jueves 16 de marzo del 2023

mujeresporcr@gmail.com

Mujeres por Costa Rica: hablemos de evaluación educativa

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su preocupación por los alcances de las modificaciones en la evaluación educativa, específicamente sobre las pruebas estandarizadas, recientemente anunciadas por el Ministerio de Educación Pública.  Nos unimos al interés y cuestionamientos manifestados al respecto por diversas entidades como el CONARE (específicamente la Universidad de Costa Rica y el CIDE de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación), las valoraciones técnicas de asesores curriculares del Ministerio de Educación (oficio DVM-AC-DDC-DTCED-030-2023), así como el señalamiento de los desaciertos e improvisaciones que al respecto mencionan asesores de  la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP (oficio del 7 de febrero 2023),  y las diversas preocupaciones externadas por especialistas en evaluación, por medio de artículos y entrevistas difundidas por la prensa escrita, televisión y  medios alternativos.

Aclaramos que nuestra posición también es a favor de realizar evaluaciones educativas, con fines de aprendizaje y mejoramiento continuo y para fortalecer la Educación, pero nos preocupan los vacíos teórico-conceptuales y la poca claridad metodológica de las medidas tomadas por la cúpula del MEP.  Como mujeres educadoras y especialistas en educación, nos mueve sobre todo la preocupación por proteger el interés principal de la persona menor, pues las medidas que tome el Ministerio de Educación Pública afectan directamente la vida y el porvenir de las personas estudiantes, en su gran mayoría menores de edad.

Nuestro colectivo se une al interés nacional de buscar soluciones viables, claras, contundentes y científicamente fundamentadas, para retomar el camino andado en educación.  Es lamentable que el bagaje construido por el país durante tantos años, no parece utilizarse ahora, cuando más lo necesitamos, para consensuar nuevas dinámicas que permitan superar, con acciones claras, el bache en el que nos encontramos. La tan esperada y prometida estrategia para relanzar la educación en nuestro país, denominada Ruta de la Educación, ha dejado importantes nebulosas que no se han aclarado debidamente, en cuanto a sus bases conceptuales, sus consideraciones iniciales de la situación, sus orientaciones y sus acciones directas. Al contrario, se demanda desde las cúpulas ministeriales, de manera apresurada, acciones en evaluación educativa, como son establecer dos pruebas diagnósticas para todo el estudiantado (una en abril y otra a fin de año) y dos rondas al año de pruebas nacionales estandarizadas para las personas estudiantes de último año de escuela y colegio, que definirán la situación de cada uno a futuro y su aprobación o reprobación del curso lectivo sin la evidencia de un debido proceso técnico-científico para formularlas y validarlas.

Estamos a favor de las pruebas estandarizadas pues reconocemos la incidencia directa y contundente que pueden tener para dilucidar el nivel de logro de los aprendizajes obtenidos por el estudiantado y definir las brechas y vacíos que se deben solventar.  Sin embargo, nos unimos al clamor nacional porque exista rigurosidad en los procesos de planeamiento y desarrollo de los instrumentos de evaluación, así como sustento teórico que permita la comparabilidad de las pruebas y una justa toma de las decisiones certeras, según los resultados obtenidos.

Además de expresar nuestra solidaridad con las inquietudes planteadas y ampliamente difundidas por diversos grupos con respecto a las decisiones tomadas sobre la evaluación educativa por las autoridades del Ministerio de Educación y por el Consejo Superior de Educación, nuestro colectivo desea llamar la atención de que existe en nuestro país, camino andado en evaluación. Tenemos experiencia en macroevaluación derivada de nuestra participación en pruebas internacionales, existen proyectos desarrollados con asesores del MEP y especialistas en evaluación educativa de las universidades públicas, como por ejemplo la Propuesta de Estándares Educativos y Niveles de Desempeño, que había venido trabajando una especialista en evaluación de la UCR con asesores del MEP desde el 2020, de la cual tanto la ministra como el Consejo Superior de Educación tienen conocimiento, y que se encuentra prácticamente terminada, sin embargo, dicho equipo no volvió a ser convocado y el proceso fue detenido por este gobierno a poco tiempo de su llegada al MEP.  Tenemos además convenios, investigaciones y estudios en las universidades del país, que permiten contar con conocimiento claro derivado de hallazgos sobre evaluación educativa, específicamente en cuanto al diseño riguroso de pruebas estandarizadas, sus análisis de validez, su interpretación y la adecuada toma de decisiones. Hay también vínculos académicos internacionales que se mueven en la frontera del conocimiento en evaluación educativa y que han mantenido capacitación continua por muchos años con asesores del MEP y vínculos con las universidades. Entonces nos preocupa mucho quién estará tomando las decisiones de lo que se hace en materia de evaluación hoy en el país, pues ese bagaje de conocimiento parece no estarse considerando al definir el rumbo de la evaluación educativa.

De parte de Mujeres por Costa Rica, continuaremos con el aporte en la divulgación de artículos dirigidos a diferentes audiencias, para fortalecer el desarrollo de una cultura evaluativa que sustente el valor social de la evaluación y el abordaje claro y la comprensión de aspectos como sus procedimientos, propósitos y usos esperados, así como las consecuencias que tienen los procesos de evaluación en la vida de las personas y los requisitos para contar con diseños rigurosos de pruebas estandarizadas, sus análisis de validez, su interpretación y toma de decisiones.

Reiteramos a la vez nuestro llamado a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación a que utilicen el amplio conocimiento acumulado en nuestro país para corregir el rumbo que conllevan las decisiones tomadas y replantear sólidamente las acciones en torno a la evaluación educativa.

Por el colectivo Mujeres por Costa Rica:
Dra. Eiliana Montero Rojas
Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Karla Salguero Moya
Dra. Nora Garita Bonilla
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2022
Máster Sandra Cartín Herrera
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Arq. Eugenia Solís Umaña
Lic. Erika Henchoz Castro

San José, 14 de marzo de 2023
mujeresxcr@gmail.com

Ninguna madre merece morir dando vida

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Mujeres por CR

Contar con una norma técnica que regulara la interrupción terapéutica del embarazo nos tomó casi cien años para que fuera realidad. Desde el principio del siglo XX, Costa Rica contemplaba la posibilidad de interrupción del embarazo, lo que se reafirma en el Código Penal de 1970, artículo 21, que establece la posibilidad de interrumpir un embarazo si se comprometía la vida o la salud de la madre, amparados a la excepción del delito de la pena de homicidio. Sin embargo, dicho artículo no fue reglamentado sino hasta diciembre del 2019, por lo que muchas mujeres fueron obligadas a llevar a término embarazos incompatibles con la vida extrauterina, calificado por quienes han experimentado este proceso, como una verdadera tortura psicológica.

El Colectivo de Mujeres por Costa Rica, ante las noticias que circulan de cambiar los términos de la norma, rechazamos cualquier retroceso en materia de salud reproductiva y la negación al derecho de la madre de decidir en casos en que su salud o su vida esté en peligro.

No permitiremos que esta conquista se convierta en una bandera política. No estamos dispuestas a que nuestras vidas, nuestra salud, ni nuestros cuerpos sean moneda de cambio para alcanzar acuerdos políticos.

¡Es un derecho y así lo defenderemos!

Mujeres por Costa Rica suscribe llamado para mantener en corriente legislativa el proyecto Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.

Lunes 30 de enero de 2023

Señoras/es diputadas/os

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.

Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.

Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.

Como es sabido por ustedes,

En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante   participación de la sociedad civil.

En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.

Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.

En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.

Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:

Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.

Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.

Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.

Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).

Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.

Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.

Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.

Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.

Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:

Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.

Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.

Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.

Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.

Mujeres por Costa Rica se pronuncia sobre elección de jerarca de la Defensoría

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Estimados señoras Diputadas
Estimados señores Diputados

El Colectivo Mujeres por Costa Rica es un grupo que vela por una Costa Rica democrática y respetuosa de los derechos de todas las personas mediante la construcción de una cultura de paz, justicia social y solidaridad. Por eso, en este momento queremos manifestar nuestro deseo de que se fortalezca una de las instituciones más emblemáticas de nuestro país: la Defensoría de los Habitantes, institución que fue creada, hace 30 años para aportar a la consolidación de la democracia costarricense mediante la defensa de los derechos humanos.

Tiene la Asamblea Legislativa en este momento una magnífica oportunidad al escoger a la mejor persona para ocupar el cargo de Defensor(a) de los Habitantes, en un momento crítico para la defensa de los derechos humanos de las personas, fundamento de nuestra democracia. Para ocupar este puesto se requiere de una persona comprometida, que se distinga por su madurez personal y profesional, por su ética, por su honestidad, que tenga la valentía de enfrentar las arbitrariedades que se cometen en detrimento de los derechos humanos de las personas en nuestro país.

Hemos analizado los atestados y la trayectoria de los candidatos a ocupar el cargo de Defensor(a) de los Habitantes para los próximos cuatro años y hemos concluido que la candidata que reúne las características que requiere un Defensor(a) de los Habitantes y para la cual solicitamos de manera respetuosa y vehemente su voto, es la señora Laura Cristina Arguedas Mejía. Las razones por las cuales apoyamos a la señora Arguedas para quien solicitamos su voto son las siguientes:

1. Es politóloga, especialista en derechos humanos y docente e investigadora universitaria en este tema y afines. Tiene una amplia formación académica lo cual le permite una comprensión de las condiciones que obstaculizan o facilitan el respeto a los derechos humanos de las personas.

2. Su experiencia laboral y académica ha estado siempre relacionada con la defensa de los derechos humanos. Ha trabajado en diferentes instituciones, públicas y privadas, incluida la Defensoría de los Habitantes.

3. Es una persona comprometida, con sensibilidad para comprender los derechos humanos de una forma integral y que pondera en su visión y propuesta de trabajo, la defensa de los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y los pueblos originarios.

4. Su propuesta se orienta al fortalecimiento del desarrollo humano, del progreso en ideas que potencien los derechos a un medio sano, a que las personas tengan educación de calidad, una adecuada atención en salud, oportunidades de trabajo, techo para vivir y otras necesidades básicas cubiertas para que puedan acceder a una vida plena, ejes esenciales de la dignidad humana como valor fundamental de los derechos humanos.

Consideramos que a partir de su visión amplia e integral y de su trayectoria doña Laura Arguedas es la persona idónea para conducir la Defensoría de los Habitantes hacia el logro de los objetivos que por ley debe cumplir.

Agradecemos su apoyo y voto por la señora Laura Cristina Arguedas Mejía.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica

Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Arq. Eugenia Solís Umaña
Dra. Lupita Chaves Salas
Licda. Vera Sancho Mora
Dra. Nora Garita Bonilla
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021