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Etiqueta: municipalidades

UCR, Voz experta: Los comicios más complejos hasta ahora

Elecciones municipales 2024

Desde la enorme variedad de papeletas por imprimir hasta el convencimiento para que la población se acerque a las urnas, los desafíos de las elecciones municipales son mayúsculos

La Constitución de Cádiz estableció, en su artículo 309, un “gobierno interior” conformado por alcalde, regidores y procurador síndico; esos cargos fueron de elección popular. Esa estructura política se denominó “ayuntamiento” y nuestros ancestros eligieron a sus autoridades a finales de 1812 (Sibaja, 2013). El retorno de Fernando VII al trono español (al derrotarse el imperio napoleónico) hizo que, entre 1814 y 1820, se disolvieran los ayuntamientos, los cuales se reestablecieron a inicios de la década del veinte del siglo XIX (Rodríguez, 2020).

Independientes de la Corona Española, los constituyentes costarricenses de 1825 rebautizaron los gobiernos locales llamándolos municipalidades y estas mantuvieron su condición de “electas popularmente”. La Ley de Bases y Garantías (1841), elaborada bajo la lógica de Braulio Carrillo de fortalecer el espíritu nacional, eliminó las municipalidades, pero pocos años después fueron restituidas.

Las elecciones municipales anteceden a la fundación del Estado y la República, han estado presentes en la historia patria por más de doscientos años; sin embargo, es poca la identificación que tiene la ciudadanía con esos comicios.

A menos de un mes de que concurramos a las urnas para decidir quiénes ocuparán los puestos de autoridad de las municipalidades, importa reflexionar acerca de por qué estas elecciones son las más complejas que nos ha tocado vivir.

Número de circunscripciones. Con los cantonatos de Monteverde (ley n.° 10019) y Puerto Jiménez (ley n.° 10195), el país llega a 84 gobiernos locales. El número de cantones más alto de nuestra historia.

Recordemos que cuatro años atrás Río Cuarto debutó como cantón, modificándose la histórica cifra de 81 municipalidades que se había mantenido invariable desde 1980.

Cantidad de puestos a elegir. En 2022, el país eligió 60 cargos del gobierno nacional: la fórmula presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57 diputaciones. En los comicios de este año, los puestos en disputa son 6 212, distribuidos en dos grandes grupos: cargos uninominales y cargos plurinominales.

En la primera categoría se encuentran las 84 alcaldías con sus vicealcaldías primeras y segundas (igualmente 84 de cada tipo), 491 sindicaturas propietarias (con igual número de suplencias) y 7 intendencias (con su respectiva viceintendencia). En los puestos plurinominales están las regidurías, las concejalías y las concejalías municipales de distrito.

Nuevas reglas. En el proceso municipal 2024, se estrenará la ley que limita la reelección de las autoridades locales (ley n.° 10.183), disposición que impide, a más de la mitad de las alcaldías del país, optar por un nuevo mandato.

Como consecuencia de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2023-002951, el TSE estableció que, en todos los tipos de papeletas, se debería aplicar la paridad horizontal. Cada agrupación política debía garantizar que, en su oferta política, hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres en los primeros lugares de las listas (salvo excepciones puntuales).

La definición de esos encabezamientos complicó el proceso de selección de candidaturas a lo interno de los partidos, los cuales, adicionalmente, debieron hacer una renovación de sus estructuras, como requisito de inscripción de sus nóminas. Esa intensa actividad partidaria implicó la supervisión de cerca de tres millares de asambleas por parte de la Dirección General del Registro Electoral.

Candidaturas. De las 161 agrupaciones políticas inscritas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió nóminas de 73 partidos políticos y de 4 coaliciones, listas que, en su conjunto, representan 39 734 candidaturas.

Los plazos de presentación, revisión y resolución final sobre las candidaturas son los mismos desde el nacimiento de la Segunda República, momento en el que el país tenía una cantidad mucho menor de partidos y los puestos por elegir también eran menos. Esas particularidades hacen que los tiempos, en la práctica, se hayan acortado sustancialmente, aunque la letra de las normas que los regulan no varíen.

Concluir con prontitud la revisión de las postulaciones es fundamental para el diseño y la producción de las papeletas. Además, la ciudadanía debe saber cuál es la oferta electoral definitiva para poder informarse.

Tipos e impresión de papeletas. Las elecciones municipales obligan a la confección de 666 diseños de papeletas, pues, para cada tipo de cargo y para cada circunscripción, hay que elaborar una boleta de votación distinta.

Deben diseñarse 84 diferentes papeletas tratándose de las alcaldías e igual número para las regidurías; se requieren 7 diseños para las intendencias y 491 para las sindicaturas y concejalías de distrito (estos dos tipos de cargo se eligen en la misma papeleta).

Esa documentación debe imprimirse en aproximadamente un mes, puesto que debe empacarse y su envío debe hacerse hacia finales de la segunda semana de enero: “por lo menos quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Registro Electoral tendrá que haber enviado el material y la documentación electorales a las juntas cantonales…” (artículo 158 del Código Electoral).

Financiamiento de las agrupaciones políticas. Una de las constantes observaciones de los organismos de veeduría internacional es que Costa Rica tiene un modelo de financiamiento altamente inequitativo. La inexistencia de formas de financiamiento indirecto llevan a que los partidos políticos, durante el período de campaña, deban buscar el dinero en fuentes privadas.

Esa dependencia de capitales privados aumenta la tentación de buscar recursos en fuentes lícitas, contexto riesgoso que se acrecienta en los comicios municipales en los que no aplican los certificados de cesión (llamados bonos de deuda) y no hay posibilidad de acceder a la contribución adelantada.

Desafección de la ciudadanía. El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en su Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública de setiembre de 2023, reportaba que el 78.6% de las personas consultadas no simpatizaban con ningún partido político. En el informe de noviembre de ese año, se hacía ver cómo solo la mitad de quienes participaron en el ejercicio de medición tenían mucho o algún interés de participar en los comicios municipales.

Esa falta de identificación de los electores con las agrupaciones políticas incide en la organización de las votaciones, ya que, por ejemplo, las juntas receptoras de votos -para tenerse por integradas- requieren de, al menos, 3 miembros de partidos políticos; sin embargo, según lo conoció el TSE en la sesión n.° 2-2024, 5 072 mesas (de las casi 6 500 que funcionarán el 4 de febrero próximo) solo tienen dos o menos representantes partidarios. El quórum de esos organismos electorales deberá suplementarse con auxiliares electorales designados por el Tribunal.

En el título se afirma que nos enfrentamos a la elección más compleja “hasta ahora”, señalamiento que no es casual. Las nuevas formas de hacer campaña, los cambios en el sistema de partidos y la evolución misma del electorado irán complejizando las dinámicas socioculturales vinculadas con los actos relativos al sufragio.

Debemos estar a la altura de los tiempos, debemos seguir apostando por la institucionalidad, debemos concurrir a las urnas. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana, “La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico” y los pueblos del hemisferio tenemos derecho a ella. La democracia es más que elecciones, es una forma de vida, pero las votaciones son parte de la savia que nutre esa manera de ser y de estar en el mundo.

Andrei Cambronero Torres

Coordinador de la Cátedra de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, UCR

Llamado a las personas luchadoras sociales y políticas progresistas y de izquierdas

El domingo 4 de febrero de 2024 son las elecciones municipales. Se eligen alcaldías, regidurías, sindicaturas y consejos de distrito.

Durante los últimos 30 años las Municipalidades han sido gobernadas por los partidos tradicionales. Los alcaldes diamante del PLN y PUSC han gobernado para beneficio personal y de esos partidos, favoreciendo unas pocas empresas y sus socios. Son los mismos de siempre. Huelen igual que las ciudades, feo, a corrupción, a negocios turbios y mal gobierno.

Tampoco son opción los partidos de alquiler, partidos taxi, partidos de rejuntados o partidos tureca. Esos buscan el mejor postor y no para beneficio de la ciudadanía. Llegan al poder local ya comprados.

En este panorama el Frente Amplio es la opción electoral para el electorado progresista, de izquierdas, que repudia la corrupción en las Municipalidades y que cree que los gobiernos locales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población y a resolver problemas urgentes como la falta de agua y de vivienda, las carreteras y aceras en mal estado y la inseguridad.

El Frente Amplio es un partido político con candidaturas honestas que proponen un cambio verdadero en la gestión municipal: gobernar sin robar, gobernar con la gente y gobernar eficientemente. Los programas de gobierno elaborados con participación de la comunidad son la mejor carta de presentación del Frente Amplio.

El Frente Amplio está participando con su propia bandera amarilla y negra, en los siguientes cantones: San José, Pérez Zeledón, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Vázquez de Coronado, Curridabat, Santa Ana, Aserrí, Acosta, Mora, Puriscal, León Cortés Castro, Alajuela, San Ramón, Palmares, Cartago, La Unión, Paraíso, Turrialba, Oreamuno, Heredia, Barva, San Rafael, San Pablo, San Isidro, Liberia, Cañas, Coto Brus, Montes de Oro, Limón y Siquirres. En coalición en los cantones de Montes de Oca y Belén.

El Frente Amplio agradece el apoyo electoral crítico a todas las candidaturas del Frente Amplio por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), así como las muestras de simpatía de personas luchadoras sociales por la vivienda y colectivas feministas. Nos parece una posición constructiva, en condiciones donde se valora la unidad en la acción para enfrentar la ofensiva neoliberal de la nueva casta que encabezan Chaves-Cisneros, articular luchas político-sociales y cuestionar el patriarcado.

Creemos también en la capacidad de análisis de la coyuntura y el entendimiento de las personas luchadoras de los movimientos sociales alternativos y de la intelectualidad progresista, por eso les llamamos a votar por las papeletas del Frente Amplio a las personas ambientalistas, feministas, LGTBIQ+, sindicalistas, comunalistas, agraristas, indigenistas, estudiantes y jóvenes, mujeres que luchan por vivienda digna, personas trabajadoras de la cultura, defensoras de los DDHH, organizadas por los derechos de las personas con discapacidad, con pequeñas empresas y emprendimientos o de la economía social-solidaria.

No podemos ofrecerles transporte por lo que les pedimos movilizarse por sus propios medios hasta las urnas el domingo 4 de febrero de 2024. Salgan a votar y no dejen en manos de otros las decisiones del poder local. Que los muevan sus conciencias y su deseo de mejorar los cantones donde viven, trabajan y luchan. A todas les decimos que las personas que resulten elegidas por el Frente Amplio quedarán comprometidas a luchar por todos los derechos para todas las personas y por el programa de gobierno local ofrecido al electorado.

Comisión Política del Partido Frente Amplio, enero de 2024.

Jóvenes proponen pacto por la ética y la integridad en la campaña electoral para las municipalidades

SURCOS comparte la siguiente publicación de la Fundación Friedrich Ebert América Central:

Jóvenes de todo el país y de distintos partidos se unieron para redactar un pacto por la ética y la integridad para la campaña de las elecciones municipales en febrero de 2024.

Es un compromiso conjunto por el respeto, el acceso a la información y la defensa de la democracia.

Felicidades a las juventudes que hicieron esto posible, a los partidos políticos que lo han firmado y a la organización Costa Rica Íntegra por liderar este proceso.

Las municipalidades deben asumir un rol más protagónico en el campo de la educación pública

José Luis Pacheco Murillo

Si en algo se diferenció Costa Rica en el siglo pasado fue en el tema de la educación. El dedicar tiempo y presupuesto para la educación fue vital para que el desarrollo económico y social se diera de la forma en que se dio. La educación pública, gratuita y obligatoria significó la posibilidad del desarrollo individual y colectivo.

Desgraciadamente a partir de los años 80s el interés de los dirigentes políticos por la educación decayó y eso ha significado un retroceso que de igual manera es individual y colectivo.

Eso ha significado también que las consecuencias de ese abandono educativo se vean reflejadas hoy en lo que es delincuencia, indigencia, drogadicción, sicariato, hogares destruidos, violencia a todo nivel y en todos los rincones. Una verdadera crisis desde todo punto de vista.

Creo importante que las municipalidades asuman un rol más protagónico en el campo de la educación pública, en el apoyo a las instituciones educativas y a los estudiantes, niños, jóvenes y adultos a través de becas. Es urgente que la educación tome su protagonismo para el desarrollo de los cantones y del país.

Es necesario que retomemos responsabilidad en los hogares en cuanto a darle estímulo a los niños y jóvenes para que la educación sea la prioridad y que a ella se sume la formación en valores éticos y morales.

Si es posible volver a sembrar esa semilla de la educación y la formación para que en el país tengamos asegurado un mejor futuro. También apoyar a los educadores para que puedan ejercer su vocación y profesión sin las presiones de leyes que les amenazan un día si y otro también con su destitución tan solo por querer disciplinar.

Dios quiera que entendamos que sin una educación y formación adecuadas nuestro futuro está comprometido y de igual forma el del país. Hagamos lo posible por recuperar lo perdido en el campo de la educación, será beneficioso para todos.

Inicio del camino hacia las elecciones municipales de febrero del 2024

José Luis Pacheco Murillo

El día de ayer participé en una reunión de carácter político y que catalogamos como el inicio del camino hacia las elecciones municipales de febrero del 2024. La decisión de hacerla fue tomada a sabiendas de los riesgos de un eventual fracaso por falta de asistencia de gente que se interesara en el tema político electoral. Sin embargo, la gente acudió al llamado y tuvimos una excelente reunión con una participación que no solamente por la cantidad de personas sino por la calidad de gente que acudió a la cita.

Se trató de un convivió político del Partido Renovemos Alajuela, fundado hace 12 años para participar solamente en elecciones municipales dado su carácter de partido cantonal, primero en la historia del cantón de Alajuela.

Es claro que el tema de la política ha venido a menos y que muchísimos ciudadanos han perdido el interés en ella y no desean participar. La desesperanza, la molestia, la indiferencia y la insensibilidad han alejado a mantente de la política. La mayoría de los jóvenes no están participar y los adultos han sido tantas veces engañados que no quieren oír nada de política.

Precisamente por eso es qué la política ha sido tomada, en muchísimos casos por corruptos que buscan nada más su beneficio y no cumplir con la misión y el objetivo de la política: ser el arte del servicio.

Precisamente, la misión y la visión de Renovemos Alajuela, como partido político es general la confianza en la ciudadanía para que retornen a la política y participen activamente en ella. Ayer fue un primer paso para lo que viene y fue un paso firme en la consecución del objetivo.

El llamado es a que no permitamos que la política siga en manos de quienes no buscan el bien común y que basan sus actuar en la corrupción y el beneficio personal.

Pusimos, a través de la oración, nuestro accionar y caminar en manos de Dios y aunque a alguno no le pareció esa decisión de tener a Dios como guía, creo que es necesario e importante que entendamos que si por algo está sociedad está cómo está es por la falta de Dios en nuestros ambientes y entornos. Independientemente de la fe que se profese o de la idea que puedan tener de Dios, hacerlo parte y hacer lo posible por cumplir con su plan de Amor es la mejor de las acciones políticas que podamos tener.

Un llamado a los alajuelenses a que se unan a esta alternativa trasparente y honesta para renovar a Alajuela con su aporte y con la ayuda de Dios.

Nadie se queda afuera

Manuel Hernández

Los Concejos Municipales, uno tras otro, en un aluvión de acuerdos, han declarado que todos y todas las empleadas municipales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes para el cumplimiento del cometido constitucional asignado a los gobiernos locales.

Por tanto, nadie quedará sometido a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN, que estableció la Ley Frankenstein.

De esta manera, los Consejos están forjando un poderoso dique, que contiene la intervención política del Poder Ejecutivo en el gobierno de los entes territoriales.

Los Concejos están honrando y siendo consecuentes con el pensamiento de los ilustres constituyentes que defendieron la autonomía municipal.

En un acalorado debate un diputado constituyente manifestó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos colegiados elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades autonomía plena deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

Aplausos, más que merecidos, para los concejos que no se doblegaron, resistieron someterse al tutelaje político de MIDEPLAN y cumplieron su deber salvaguardando la autonomía municipal.

¡Nadie se queda afuera!

Puntaleona y los dobles estándares ambientales*

Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.

El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?

Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.

*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.

Conocer los derechos para exigir transparencia y honestidad

José Luis Pacheco Murillo

Es sumamente lamentable cuando las personas en particular y los pueblos en general, guardan la esperanza de que sus problemas de solucionen, problemas que tienen que ver con la activación del servicio público por parte de municipalidades o del gobierno central y resulta que pasa una semana, un mes, un año y quizá hasta varios años sin que se dé tal solución.

Y lo peor es que tanto municipalidades como gobierno tienen la posibilidad de cumplir con el sueño y la ilusión de toda esa gente y simplemente no lo hace por desidia, por falta de voluntad, por impericia, por ineficiencia y en el peor de los casos porque no da réditos electorales.

También es sumamente reprochable cuando se cobran impuestos o tasas por servicios que no se brindan y a quienes más les afecta esto es a los que menos tienen y cuando se acercan a averiguar algo sobre si es factible solicitar un servicio les aparece una cuenta de muchos miles de colones que no pueden cancelar de buenas a primeras y eso sin que el servicio haya sido prestado o se ha dado en forma deficiente.

Los ciudadanos deben saber de sus derechos y toda institución dede buscar la forma de estar cercana a la ciudadanía y ayudarles a educarse sobre sus derechos. No se trata solo de ver cómo se les saca el dinero sino y especialmente cómo se brindan los servicios en forma oportuna y eficiente.

También es muy triste el ver cómo se administran los dineros públicos por parte de algunas autoridades que en muchos casos llevan a cabo contrataciones en las que no buscan el bienestar del pueblo sino su propio provecho y es cuando aparecen las famosas comisiones y pagos indebidos. Contrataciones cuyos montos se elevan considerablemente tan solo para que haya repartición. Ya hemos conocido de estos trueques y trucos y es por ello que debemos exigir transparencia y honestidad en el servicio público.

Que se dé un servicio justo y eficiente y además al costo debido.

Dios quiera que en este año electoral la ciudadanía sepa entender el poder que posee a la hora de definir a quienes les dará la confianza para administrar sus recursos y realizar las obras que se requieren. Es urgente que abran ojos y mentes y sepan elegir para su bien, de las comunidades y del país.

UCR: Costa Rica contará con un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (PIM-DUOT)

El proyecto PIN-DUOT comenzó a ejecutarse en junio del 2020, y en los próximos tres años se concretarán las obras y los planes piloto en los cantones participantes. Foto Laura Rodríguez, UCR.

El proyecto es desarrollado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS UCR), en conjunto con 15 municipios del Gran Área Metropolitana

Un trabajo interinstitucional promoverá el desarrollo urbano integral en el área más densamente poblada del país, y que se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 en el área de influencia del Tren Metropolitano.

Se trata del proyecto Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (DUOT), que busca crear espacios urbanos dinámicos, con usos mixtos en los que puedan desarrollarse actividades residenciales, comerciales, de servicios y para recreación.

La idea es que esas zonas reactiven la economía local, promoviendo y priorizando la utilización de transporte público, bicicletas y la movilidad sostenible, por encima del uso de vehículos particulares.

Este es un modelo de ordenamiento territorial que impulsa la consolidación del desarrollo urbano, en torno a medios de transporte público masivo. En este caso, para el Tren Metropolitano de Pasajeros del Gran Área Metropolitana (GAM).

De forma complementaria, se planea también que reactive la inversión privada en las zonas beneficiadas por los proyectos DUOT, pues los ambientes urbanos dinámicos favorecen la creación de empleos locales y el aprovechamiento sostenible de los territorios, para beneficio de las comunidades.

“Con el apoyo de ProDUS UCR (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR), se genera un instrumento para las municipalidades que les sirva para implementar los lineamientos de los DUOT en sus procesos de planificación y gestión municipal”, señaló Sofía Fallas Barquero, coordinadora del Proyecto mUEve.

¿Cuáles municipios participan?

Este proyecto impactará en 15 cantones que forman parte del derecho de vía del Tren Metropolitano de Pasajeros en el GAM. Las 15 municipalidades participantes son: Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén, y Alajuela.

“Esta experiencia de renovación urbana se mejoró sustancialmente con la capacitación que obtuvimos con la Unión de Gobiernos Locales y el municipio de San Sebastián, en España. No solo conocimos experiencias concretas de transporte urbano, sino que vimos experiencias reales de movilidad peatonal, ciclovías, ciudades compactas que se convierten ahora en ciudades inteligentes, donde la eficiencia energética y el manejo de residuos son una prioridad, indicó Roberto González Rodríguez, alcalde de Santo Domingo.

El PIN-DUOT es ejecutado por un equipo interdisciplinario de ProDUS UCR, programa que está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil, y con 31 años de experiencia en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y planificación urbana. Foto Laura Rodríguez, UCR.

El proyecto PIM-DUOT será un gran aporte al desarrollo de la planificación regional en Costa Rica, y es la primera vez que se aplica en el país.

Se propiciaría el desarrollo socioeconómico en la zona de influencia directa del Tren Metropolitano de Pasajeros, a lo largo de los corredores de transporte público y en los radios de influencia de los centros de intercambio de medios de transporte sostenible, como las estaciones multimodales, terminales, paradas express, entre otros. Lo anterior se suma al eje transversal de participación ciudadana, género y sostenibilidad”, acotó el Dr. Jonathan Agüero Valverde, coordinador general del proyecto PIM-DUOT y director de ProDUS UCR.

Por su parte, el M. Sc. Félix Zumbado Morales, gerente de este proyecto e investigador de ProDUS UCR, dijo que en cuanto al tema ambiental, el PIM-DUOT mejoraría la gestión ambiental dentro del GAM.

“Esta propuesta promueve el sistema de transporte público y la movilidad sostenible, versus el uso del vehículo individual. Por lo tanto, a mediano y largo plazo se espera que en el GAM se generen menos gases contaminantes para la salud, menos gases de efecto invernadero, y disminuya la contaminación sónica. Asimismo, se producirían más servicios ecosistémicos, asociados con la arborización urbana y la aplicación de elementos de Ciudad Verde dentro del proyecto”, comentó Zumbado.

Un cambio para la población de la GAM

La promoción de espacios urbanos más verdes y con mayor cantidad de parques y zonas de recreación es un componente que resalta en los DUOT, con la perspectiva de que las áreas urbanas cercanas a los centros de transporte masivo de pasajeros sean lugares con buena accesibilidad y llenos de áreas de recreación, que fomenten el reverdecimiento de las ciudades. Lo anterior se daría al crear espacios con mayor atractivo para el turismo urbano y el disfrute de la ciudadanía.

Además, las zonas bajo planes DUOT suelen aumentar el valor del terreno, por lo que los municipios tienen la oportunidad de generar herramientas de gestión de suelos como la captura de plusvalías. Lo anterior mejoraría las finanzas municipales y la posibilidad de contar con inversión pública.

El nacimiento de la iniciativa

El proyecto sombrilla del PIN-DUOT se llama mUEve (Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, Enverdecimiento y Equidad.

Esta iniciativa es financiada por la Unión Europea (EU) y ejecutada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) de Costa Rica. Además, participan la Asociación Municipalista de Países Bajos VNG Internacional, y Fomento San Sebastián, una empresa pública de la Municipalidad de San Sebastián, en España.

“El proyecto mUEve busca promover el desarrollo urbano integral en línea con la agenda 2030, en el área de influencia del Tren Metropolitano. Es financiado por la Unión Europea gracias al fondo Asociaciones por unas ciudades sostenibles, y con un aporte económico de 5 millones de euros”, concluyó Sofía Fallas.

 

Yadelis Montiel Masís
Asistente de comunicación en ProDUS UCR

UCR manifiesta preocupación por posible reforma al artículo 176 de la Constitución Política

La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.

La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.

Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.

Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.

Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.

Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.

Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.