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Etiqueta: narcotráfico

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Tres razones contra el continuismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

La verdad fáctica sobre la elección del 1º de febrero

Vladimir de la Cruz

Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.

De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.

Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.

Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.

El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?

Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.

El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.

En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.

En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.

En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.

A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.

Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.

Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.

Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.

También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.

Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.

En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.

Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.

Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.

En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.

Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.

Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.

Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.

Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.

El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.

Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.

Plata nueva

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Recién en estos días de descanso termino de leer la novela “Era más grande el muerto” (Editorial Seix Barral, 2017) del escritor colombiano Luis Miguel Rivas. Con una pluma magistral en la que intercala humor negro, lenguaje coloquial y análisis crítico acerca de la dureza que produce la guerra del narcotráfico en su país, Rivas logra recrear un escenario en el que ternura, pobreza, poder, violencia se intercalan en una narrativa frenética, casi asfixiante, pero de la que se sale bien librado gracias a esos momentos hilarantes en los que la risa logra salvarnos del dolor y la tristeza por lo leído.

Ambientado en la ciudad de Villalinda, quizá en la Medellín de los años ochenta y noventa, la ficción toma de la realidad aquellos elementos que la vuelven certera: la lucha por el control del territorio entre dos enconados rivales en los negocios y el narcotráfico (Don Efrem y Moncada), antes amigos, que no cesan en su objetivo de acabar con el otro hasta que lo logran.

En medio de este trazo de realidad que flanquea hoy varios de nuestros pueblos latinoamericanos, ese realismo mágico que aún persiste como signo narrativo de los tiempos actuales aparece en la pluma de Rivas para dejarnos una joya de trama: el negocio que produce la ropa de aquellos que son asesinados en el conflicto, el estatus que ganan, por unos cuantos billetes, muchachos jóvenes que acuden al “distribuidor” de la mercancía ( si, en este caso el cuerpo inerte se convierte en valor de cambio en una sociedad que ha perdido la razón) y las consecuencias que derivan de la puesta en escena de un negocio inimaginable, imposible. Eso que hoy llaman outfit encargado a un cadáver.

Uno de los capítulos que me atraparon relata la transformación sociocultural y material que presentan varios de los pobladores de Villalinda, que son incorporados en los negocios del narcotráfico y asuntos comerciales conexos.

Es posible identificar quienes están en “la actividad” porque sus casas, su entorno, ellos mismos, experimentan cambios inmediatos que solo se explican con su participación en el ilícito negocio. Rivas llama a este cambio el producto de la entrada de “plata nueva” a la ciudad.

En un rápido intercambio con el autor a quien tuve el gusto de conocer este 2025 que ya se acaba en un Festival poético en Buenos Aires, Argentina ( Va Poesía 2025) le comentaba que era inevitable para mí no hacer la extrapolación al contexto costarricense, que ha visto transformaciones inmediatas en sus regiones más deprimidas: la disminución de la pobreza, el aumento de ingresos familiares y el rápido cambio del desempleo a ocupaciones “no declaradas” que solo se explican desde el funcionamiento de esa “plata nueva” , tan finamente construida como concepto por Luis Miguel.

Mientras escribo esta columna, por cierto, aparecen más detalles de la masacre en una cena navideña ocurrida en la localidad de Parrita, en el pacífico costarricense, en la que tres hombres fueron asesinados sin contemplaciones mientras disfrutaban con su familia el convivio de la fecha. Dos de ellos fueron víctimas colaterales.

Está claro: en los últimos años todo el aparataje logístico en la lucha contra el narcotráfico ha sido casualmente desmontado y de alguna manera mucho del aumento sin freno de los homicidios en lo que va de la presente administración en Costa Rica, es consecuencia de ajustes de cuentas, una figura literaria con la que Rivas explica la naturalización de la barbarie en esa ciudad paradójicamente llamada “Villalinda”.

Hemos entrado en una era sin retorno en Costa Rica. Tenemos ya muchas Villalindas en funcionamiento. A la vuelta de la esquina tendremos también líderes políticos empleados por estos poderes fácticos (si es que eso no está sucediendo ya) y serán ellos los que designen las políticas sociales y tomen las decisiones más importantes en el país.

¿Qué hacer? Les tengo una noticia para cerrar este 2025. Por primera vez en cinco años que llevo de compartir esta columna, me quedo sin palabras ante esta realidad que parece ficción. No es derrota: es sentido de lo obvio.

Por lo pronto tenemos como sociedad una oportunidad clara para intentar cambiar el rumbo de las cosas a partir de febrero. Que esa “plata nueva” no se nos convierta en ese nuevo contrato social que tanto buscamos recomponer.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

A los detractores de Chaves

Pensamientos Sueltos – Por JoseSo
José Solano-Saborío

Si me permiten una corrección a los detractores del presidente Chaves que se niegan a aceptar sus logros… claro que esta “histórica” administración superó los famosos 70 años de desastres de los gobiernos anteriores.

Comunicación inmejorable

El mayor —y para mí el único— logro innegable de este gobierno ha sido la programación neurolingüística (lavado de cerebro) de buena parte de la población. Convenció a muchos de que su hazaña fue “despertarlos” para ver la corrupción. Y yo, que desde chiquitillo creía que ya estaba bien despierto viendo las protestas por ALCOA, los movimientos universitarias del Movimiento Estudiantil de los 80’s contra el Convenio Atunero, el proyecto EARTH-Kellogg’s, el Fondo de Emergencias, el Combo del ICE, los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel, Crucitas… ¿entonces todo eso fue un sueño colectivo?

Aumento de exportaciones (de droga)

Las acciones más notorias de esta administración incluyen el cierre de la Policía Naval en Drake y Sixaola, de la Academia en Quepos y de la PCD en aeropuertos y fronteras. Resultado: libre tránsito para los narcos y un aumento exponencial de las exportaciones de droga hacia Europa y Estados Unidos, por los puertos de APM Terminals con todo y escáners.

Innovación financiera, macroeconomía y economía “circular interna” (para los compas)

A sus donadores de campaña, vía el fideicomiso paralelo e ilegal “Costa Rica Próspera” —como los “ex” pericos Bernal Jiménez Chavarría y Calixto Chaves— los premió con más de 25 mil millones anuales en promedio por exenciones arancelarias gracias a la Ruta del Arroz.

Manipuló el tipo de cambio para sostener una inflación artificial y provocar una deflación ficticia que terminó por matar a pequeños agricultores y ganaderos, junto con nuestra seguridad y soberanía alimentaria. También golpeó a operadores turísticos, hoteles mipymes y exportadores de commodities agrícolas, mientras concentraba todo en la apuesta exportadora de las transnacionales en zona franca, que no pagan renta y cuyas utilidades no se quedan en Costa Rica.

Su mayor logro macroeconómico, dicen, fue bajar el desempleo. Pero lo hizo aumentando la informalidad, con trabajadores independientes que no cotizan pensiones ni cargas sociales. “Reducir” la pobreza a costa de aumentar la desigualdad, como señala la OCDE. Somos el país de la OCDE que más creció en términos macroeconómicos, pero el que menos invierte en educación (¿esa era la Ruta que no le dio la gana mostrar a la exministra?), programas sociales y salud. Y de paso, duplicó la deuda billonaria del Gobierno con la CCSS.

Seguridad ciudadana

El mayor incremento estadístico, ligado al “aumento de exportaciones” (de droga), ha sido la duplicación de los asesinatos porsicariato del narcotráfico y el crimen organizado.

Derechos humanos

Y como si fuera poco, también logramos bajar las estadísticas en las que Costa Rica solía liderar: derechos humanos, libertad de prensa y expresión, y transparencia.

Un gobierno histórico, sin duda. Y Laura Fernández nos pide “continuidad” para, ahora sí, hacer lo que no ‘les dio la gana’ en estos 4 años.

La Venezuela de Trump, ¿hoguera de su inmolación o la antesala de la III Guerra Mundial?

Vladimir de la Cruz

La movilización militarista y guerrerista del Presidente Donald Trump en el Caribe, intentando provocar un “cerco”, en aguas internacionales, frente a Colombia y Venezuela, con el pretexto de su lucha contra el narcotráfico, pero dirigido a eliminar en el ejercicio de la Presidencia, del gobierno de Venezuela, a Nicolas Maduro le ha resultado hasta ahora un fiasco, un fracaso político, y en cierta forma militar, humillante para su soberbia, su arrogancia, su orgullo y su excesivo sentimiento de gendarme internacional, de características mundiales. Como “cerco” no lo ha logrado. Esta situación no es como la crisis de Caribe, rodeando a Cuba, en 1961.

No es secreto que el presidente Trump trata de redefinir la geopolítica mundial, y restablecer en América Latina una versión modernizada, y actualizada a las condiciones del siglo XXI, de las doctrinas de política exterior de los Estados Unidos, que conocemos como las Doctrina Monroe, la del Destino Manifiesto, de las políticas anexionistas e invasivas con filibusteros, como lo fue en México, Centroamérica y en la guerra hispano norteamericana de finales del siglo XIX, con la intención de apropiarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la Doctrina del Gran Garrote, en la primera mitad del siglo XX, totalmente intervencionista en todo el Caribe, imponiendo dictaduras, tiranías, gobiernos autoritarios de facto y de control de aduanas, y apropiándose de pequeños territorios ocupados militarmente, como Guantánamo en Cuba.

Estas doctrinas justificaron. para los gobiernos de Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el control que trataron de establecer y asegurar su presencia en el continente, frente a otras naciones europeas, en sus expansiones especialmente económicas y de proyección e influencia geopolítica, como lo fue Inglaterra a principios del siglo XIX que se había hecho presente en el Cono Sur, las avanzadas francesas en la región, y la necesidad de controlar y dominar las construcciones de las rutas canaleras interoceánicas, en las regiones del Caribe, especialmente en Panamá y Nicaragua, la intervención de Estados Unidos en la región de Maracaibo, en Venezuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en Cuba con la llamada República Plattista, que de hecho le fue impuesta en los años 1899-1902, fortalecida con la imposición de la Enmienda Platt, como un apéndice a la Constitución Política de Cuba, de 1901.

Con el desarrollo de la revolución industrial de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando surge la etapa imperialista del capitalismo, con sus carteles, trusts, monopolios y oligopolios, como nuevas formas empresariales, que se volcaban al control de territorios, en todos los continentes, por sus materias primas estratégicas, por su mano de obra barata y por los mercados de venta de productos en esos territorios, los Estados Unidos, pasan a jugar un papel importante y dominante en el conjunto de las relaciones internacionales del continente. Al finalizar la I Guerra Mundial, resultado de esas contradicciones y reparticiones del mundo, Estados Unidos salió fortalecido en su inicial hegemonismo.

Entre los productos estratégicos para las nuevas áreas de producción de aquellos años, aún vigentes, estaban el cobre, para el desarrollo de la electricidad, el oro, la plata, el hierro, el zinc, el litio, la bauxita, especialmente significativo para la producción de aluminio, el plomo, el estaño, el carbón, y el petróleo que empieza a conocerse tempranamente en Venezuela, desde 1875, y en México, desde 1901.

Hoy se tiene en esta visión de control de minerales, por parte de las grandes potencias imperialistas, el molibdeno, el niobio, el grafito, la fluorita, los fosfatos y vetas de uranio; lo que se llaman “tierras raras”, que incluye arsénico, asbesto, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, mica natural en láminas, sienita nefelínica, niobio, rubidio, escandio, estroncio, tantalio, torio y vanadio. Además, el continente americano es una gran reserva de productos agrícolas, como café, caña de azúcar, maíz, cebada, arroz, soja, algodón, tabaco, banano y cacao.

En la América Central hay madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio, carbón, y en toda la región la pesca y la ganadería.

El trasfondo de la riqueza minera y natural de Venezuela, tras la amenaza de Trump con sus tropas de asalto y guerra frente a sus costas, es lo que realmente persigue el presidente estadounidense, y es lo que busca controlar.

Más que a Nicolás Maduro el objetivo principal de Trump en Venezuela es el control del cobre, del hierro, el oro de Venezuela, que tiene la cuarta mina más grande del mundo, considerada el 20% de la reserva mundial. También el petróleo venezolano, que está considerado como la mayor reserva del mundo, y sus minerales de las “tierras raras” como Níquel, Rodio, Titanio. A ello se agrega bauxita, carbón, Coltan. El gas de Venezuela hoy ocupa el octavo lugar con mayor reservas en el mundo.

El compromiso de Venezuela en el narcotráfico, la narco producción, el blanqueo de capitales, la existencia de organizaciones narco terroristas, como las define actualmente la administración estadounidense, son solo el pretexto de la intervención en la institucionalidad política y el control económico y de las riquezas naturales de ese país.

Nicolás Maduro inició su ejercicio presidencial el 19 de abril del 2013, siguiendo su segunda toma de gobierno el 10 de enero del 2019 y la tercera en enero del 2025.

Con Maduro dio inicio a una segunda época de la llamada V República, que se inició con el presidente Hugo Chávez Frías, en 1999, falleciendo en el 2013, cerrando de esa manera su ciclo presidencial. Para mí hoy no existe la República Chavista de la V República. Es la República Cabello Madurista, si así se le puede denominar, por el poder e influencia que ejercen en el desenvolvimiento de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón y Nicolás Maduro Moros.

Diosdado reúne sobre Maduro su condición de militar, originario del golpe de Chávez del 4 de febrero de 1992 y su condición de político, en distintas ramas de la institucionalidad venezolana, que lo hace, en cierta forma, más poderoso que Maduro.

Las tres presidencias de Maduro han sido cuestionadas en su origen, aun cuando en ellas haya habido procesos electorales. Las últimas dos, particularmente, han sido cuestionadas por fraudes electorales. La elección del 2019 originó que más de 50 países negaran su reconocimiento de presidente válidamente electo, aun cuando no rompieran relaciones diplomáticas con Venezuela.

Las elecciones del 2024 fueron más evidentes en el fraude que se le atribuye, por cuanto hasta hoy no ha podido demostrar Maduro su legítimo triunfo, con la presentación de las actas electorales, lo que mantiene ese desconocimiento internacional por parte de esos países.

Tampoco, con Maduro, Venezuela presenta un modelo político institucional revolucionario, que pueda contagiar a la región para seguirlo, aunque mantiene un discurso antiimperialista y antiestadounidense fuerte, con énfasis en un nacionalismo latinoamericanista.

Con Hugo Chávez, hasta el 2013 se mantuvo la idea de un Socialismo del Siglo XXI, concepto que en el discurso se mantuvo por Rafael Correa en Ecuador y por Evo Morales en Bolivia, como slogan, y en cierta forma como propuesta, en el continente por algunos movimientos políticos. Durante la era Chávez este concepto no se logró establecer como política continental de los gobiernos reformistas de la primera década, en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ni como alternativa en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Menos lo fue en la segunda década y todavía menor en esta tercera década.

Como concepto se dejó, en su contenido, desde el 2008, cuando Hans Dieterich Steffan, su creador, se desencantó de lo que sucedía en Venezuela, con su propuesta política, retirándose a sus domicilios en México y La Habana, con su compañera Marta Harnecker.

La única República Socialista del continente, Cuba, no acogió el concepto de Socialismo Siglo XXI como una bandera de su Revolución. No lo necesitaba.

A la muerte de Hugo Chávez, el presidente Maduro intentó mantener el concepto, sin éxito. Ya no se habla de ello ni se agita como proyecto político en Venezuela. En Ecuador como en Bolivia, el concepto de Socialismo siglo XXI se mantuvo, mientras Rafael Correa y Evo Morales, estuvieron vigentes y activos en política. Al morir Hugo Chávez, tanto Rafael Correa como Evo Morales volvieron en la política de sus países a recuperar los conceptos, que dieron origen a sus procesos políticos, la “Revolución Ciudadana”, con Rafael Correa, o el de la “Revolución Plurinacional, Democrática y Nacional”, con Evo Morales, conceptos que hoy están desaparecidos del escenario progresista continental y de esos países.

Venezuela no es un país socialista, política ni económicamente. Sigue siendo un país capitalista, gobernado por un grupo político que traza sus derroteros en el reformismo político avanzado, pero actualmente muy débil, tratando de continuar las reformas que impulsó con bastante éxito Hugo Chávez Frías.

Venezuela, en lo que se conoce, no es un país narco productor. Allí no se produce cocaína, que sí se produce en Bolivia, en Colombia y en una parte de Perú. Colombia produce el 60% de la producción mundial, Perú el 30% y Bolivia el 10%. El restante 10% se produce en otros países fuera del continente.

Los Estados Unidos en Sur América y el Caribe tiene 76 bases militares, coordinadas todas por el Comando Sur, SOUTHCOM, del Ejército de los Estados Unidos y de la estructura del actual Ministerio de Guerra, como lo ha redefinido Donald Trump, y no Ministerio de Defensa como antes se llamaba. De ellas, tiene ocho en Colombia, aún con el gobierno de Petro. En el mundo, en 100 países, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares, de distinto tamaño y magnitud.

La existencia de las bases militares de Estados Unidos obedece a la lógica intervencionista de su política, en los asuntos regionales y particulares donde operan, más que con objetivos de colaboración o seguridad regional. A ello suma su presencia en varios bloques y alianzas militares como la OTAN en Europa.

No hay de hecho una amenaza continental ni regional en América Latina que pueda justificar la existencia de esas 76 bases, ni se justifica ya la Fuerza Interamericana de Paz, establecida en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1948.

Ninguna actividad relacionada con la producción de droga puede poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. En los propios Estados Unidos en los siguientes Estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington se permite cultivar, producir y comercializar legalmente marihuana. Los últimos en sumarse a la legalización fueron Delaware, Minnesota y Ohio en 2023. La marihuana se vende libremente en los llamados Dispensary. La han legalizado bajo el concepto de marihuana recreativa y marihuana medicinal. El 20 de abril se ha establecido como el Día de celebración de la Marihuana o el Cannabis.

No se llega en lanchas ni en botes a las costas de los Estados Unidos desde Suramérica, llevando unos cuantos cientos de kilos de cocaína para poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entra por tierra, principalmente, desde México.

En la vida del ejército estadounidense se permite y tolera el uso de drogas, y de drogas fuertes, como la cocaína, las anfetaminas, el alcohol, ciertos opiáceos y morfina, para que sus soldados y militares puedan actuar en las operaciones de guerra, combatiendo su fatiga y reforzando su coraje de combate.

En Estados Unidos tienen un grave problema con las drogas ilegalizadas como el hachís, el crack, la heroína, los alucinógenos, la LSD, el hongo de psilocibina, los inhalantes.

El Ejército estadounidense ha desarrollado Hospitales especiales para desintoxicar sus soldados luego de prestar el servicio militar en guerras, o en ciertas actividades militares. Estos hospitales forman parte del Sistema de Salud Militar (MHS), como son el Centro Médico del Ejército Brooke (BAMC) en Texas y el Médico Militar Nacional Walter Reed. En total el MHS tiene 51 hospitales y 424 clínicas.

El negocio de las drogas le ha permitido a Estados Unidos mantener y alimentar guerras, y luchas de organizaciones que ellos emplean, para liquidar gobiernos o tratar de derrocarlos. En Centroamérica se dio el caso en la década de los 80s de llamado caso Irán-Contras, o Irangate, en 1985-1986, usando grupos de narcotraficantes para financiar grupos armados, creados y organizados por el Ejército de los Estados Unidos y sus agencias político-militares, especialmente para liquidar al gobierno sandinista en Nicaragua.

El peso de las bases militares estadounidenses en Sur América lo tienen Colombia, Ecuador y Perú. En Venezuela y en Bolivia no hay. En esos países las justificaron en la lucha contra las guerrillas y movimientos armados de izquierda que persistieron en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y en algunos de esos países en este siglo, todavía en una parte de Colombia, sin que constituyan en este momento fuerzas capaces de derribar gobiernos. La presencia militar estadounidense en Colombia no acabó con la narco producción ni con las organizaciones narco productoras, hoy llamadas narcoterroristas. Eso lo está haciendo el gobierno de Petro.

La democracia representativa política en el continente se ha fortalecido desde 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y el Bloque de países socialistas europeos.

En la redefinición de la geopolítica y geoestrategia de Trump se ha establecido que el ejército y las fuerzas armadas, de los Estados Unidos, deben atender la lucha contra el narcotráfico, como tarea militar, lo que se le encarga al Ejército, calificando a las organizaciones que se dedican a la producción, el comercio y el tráfico de drogas como organizaciones terroristas, que son de atención del Ministerio de la Guerra y del Ejército. Es una simple justificación para actuar militarmente contra gobiernos especialmente latinoamericanos, que no son de la simpatía política del actual gobierno de Estados Unidos, especialmente Venezuela, ampliado ahora a Colombia.

En esta dirección Trump amenazó a México de intervenir, con su Ejército, en la frontera y el territorio mexicano fronterizo, para actuar allí supuestamente, contra los carteles del Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco “nueva generación” (CJNG), el Cartel del Noreste (CDN), el de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cartel de Golfo (CDG) y los “Carteles Unidos” (CU) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

De estas son organizaciones transnacionales, la TdA que es una organización originaria de Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, y con informes de presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil. La MS-13 como organización transnacional se originó en Los Ángeles, pero se trasladó a América Central a medida que se deportaba desde Estados Unidos a personas de esa organización. El Cartel de Sinaloa es una organización transnacional con sede en Sinaloa (México). Es uno de los carteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

Otros carteles de droga en México son el de Los Viagras, de Santa Rosa de Lima, el Independiente de Acapulco, el de Guerreros Unidos, el Nueva Plaza, el de Tláhuac, y el de la Unión Tepito.

En Colombia operan los carteles del Clan del Golfo, conocido antes como Los Urabeños, compuesto por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el cartel de «Los Pelusos», con disidencias del EPL. Los carteles de Medellín y de Cali han sido desarticulados. También operan el Tren de Aragua, los Satanás, los Paisas, los Pereiranos, los Lucky, los Maras, los Camilos, los Bury, los Zetas, los Boyacos y los Maracuchos.

En Venezuela opera el Cartel de los Soles, que presuntamente como organización ilícita está fuertemente vinculada a altos mandos militares y políticos, dedicada principalmente al narcotráfico y la minería ilegal. Recientemente se informa que también opera el Cartel del Tren de Aragua. En esta rápida visión de distribución de organizaciones narcotraficantes, Venezuela es la que menos tiene en su territorio.

Lo que hace diferente a Venezuela de México, Colombia, Perú o Bolivia, es que al Cartel de los Soles se le vincula directamente a personajes de la política de gobierno como el mismo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, militar y político, y a Vladimir Padrino, Jefe del Ejército, que en la justificación que hace el Presidente Trump, lo lleva a sostener que Venezuela es un narco Estado, por el papel que tienen estos tres personajes en la estructura política, de gobierno en su Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en el Ejército. Esto, por cuanto han detenido internacionalmente altos personajes de Venezuela vinculados al narcotráfico y el lavado de dólares, como han sido los hijos-sobrinos del presidente Maduro y su esposa, Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, y Alex Saab, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Maduro, que fue detenido en Cabo Verde, como el lavador de dólares de ese gobierno. Los hijos-sobrinos de Maduro, y Saab, fueron indultados por el presidente Biden, que ya estaban condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico, por Cortes Judiciales de Estados Unidos, para intercambiarlos por 7 estadounidenses presos en Venezuela y para asegurar la presencia de la Chevron en el negocio petrolero de Venezuela.

Otros venezolanos buscados por narcotráfico y lavado de dólares, por los Estados Unidos, son las siguientes personas venezolanas: Tareck Zaidan El Aisami, que ha sido vicepresidente de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez, que ha sido presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Joselit Ramírez Camacho, Samark López Bello, los narcotraficantes venezolanos Walid Makled García, Hermagoras González Polanco, Arick Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, Clíver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar y diputado oficialista en la Asamblea Nacional. Algunos de estos capturados y presos en Estados Unidos han informado con detalle, y algunos de ellos han hecho publicaciones detalladas de los alcances de los compromisos de estos dirigentes políticos con el negocio y las organizaciones de la droga que usan el territorio venezolano para sus negocios y tráfico internacional.

El operativo militar montado desde hace varias semanas en el Caribe frente a Venezuela, amenazando intervenir para llevarse al presidente Maduro y unos cuantos personajes más de su gobierno, a los que les han puesto recompensas millonarias, no ha dado los resultados que Trump había deseado. Internamente en Venezuela ha fortalecido al gobierno, a sus dirigentes, al mismo Maduro, y permitido poner en acción y movilizar alrededor de un millón de personas en la preparación militar para defender a Venezuela de una posible invasión y enfrentamiento militar con Estados Unidos.

Tampoco ha logrado el presidente Trump el consenso político de los gobiernos suramericanos y latinoamericanos en general, que le permitan justificar su acción militar, para detener y llevarse, a Maduro como el cabecilla del Cartel de los Soles y del narco estado venezolano, como vende su proyecto.

En el continente, los gobiernos no están de acuerdo en llevarse a ningún presidente con esos pretextos. Tampoco en tumbarlos con intervención extranjera militar. Los problemas de legitimidad, de legalidad, de la presidencia de Venezuela es un problema de los venezolanos, que lo tienen que resolver ellos. No son fuerzas extranjeras las que tienen que resolverlos. Ni los organismos internacionales tienen hoy la fuerza para imponer o derrocar un gobernante. La lucha contra la droga no tiene a Estados Unidos en otros países o regiones del mundo, productoras de droga, de modo amenazante como está en Venezuela, o frente a China, a quien acusa de introducir el fentanilo en Estados Unidos. Es claro, entonces, el pretexto político contra Venezuela, que sirve de amenaza contra cualquier proyecto reformista en el continente que no sea del agrado de Estados Unidos.

El distanciamiento de Trump con el presidente Petro, de Colombia, obedeció a esa solicitud de apoyo intervencionista, de usar su territorio, con sus bases militares, como base de apoyo en su posible guerra contra Venezuela, que Colombia rechazó.

La diplomacia estadounidense se ha movido para justificar la captura no de un presidente, aunque haya sido mal electo, sino la de un delincuente narcotraficante que ha hecho de su gobierno un narco estado, que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, sin tener fronteras terrestres, ni marítimas ni aéreas comunes, como Estados Unidos las tiene con México o Canadá. Lo único que ha logrado Trump es el apoyo de una isla insignificante políticamente a pocos kilómetros de distancia de Venezuela, Trinidad y Tobago. Tampoco ha podido desarrollar sus nuevas bases militares en Panamá, que las está negociando.

La excusa de la guerra contra las drogas no le ha valido. Despedazar desde el aire unas cuantas lanchas, asesinando de esa manera a sus setenta tripulantes, que han muerto, no le ha permitido demostrar que esas lanchas llevaran toneladas o bastantes kilos de cocaína. Para todos los efectos esos ataques a esas lanchas han sido valorados internacionalmente como ejecuciones sin juicio alguno, sin pruebas materiales de transportación de drogas. Esos ataques son acciones sicariatas del Ejército de Estados Unidos contra pescadores, navegantes, personas que viajaban en lanchas sin que se haya podido demostrar que en esas naves llevaban drogas o cocaína, han sido condenadas incluso por las Naciones Unidas. Con todo el despliegue militar que allí tiene pudieron haberlas detenido con sus ocupantes y demostrar que iban cargadas de droga. Por las torturas que tiene autorizadas el Ejército de Estados Unidos a realizar legalmente, con un Manual de Torturas, pudieron haber interrogado y sacado información de esas personas pescadoras, presuntos narcotraficantes, de los vínculos de sus posibles organizaciones narcotraficantes y de los posibles compromisos de gobiernos con ellos. No han podido demostrar un solo caso de este tipo. En otro orden de cosas pareciera ser prácticas de tiro que realizan desde aviones o desde el portaviones Ford, el más grande de la marina de los Estados Unidos, contra lanchas que no llevan artillada ninguna arma. Simplemente ejecuciones, asesinatos a mansalva.

Cada día que pasa en que Trump se juega su pellejo, su figura, su presidencia, sin proceder a la captura de Maduro, le cuesta carísimo al pueblo de los Estados Unidos con el mantenimiento de esa movilización militar, de agua, aire y tierra que tienen preparada, para una guerra, frente a Venezuela. Más de 10.000 soldados listos para realizar la gran hazaña de Trump, en la que se van a llevar una gran sorpresa del pueblo venezolano.

Venezuela, en este asunto, de la intervención militar extranjera no está sola. Ya tiene aliados muy poderosos, Rusia y China, que le han facilitado recursos militares de defensa y de ataque, en posibilidad de hundir a su Portaviones Ford, y de mantener una resistencia defensiva por mucho tiempo. Venezuela se puede convertir en el Vietnam latinoamericano para los Estados Unidos, pero, también puede convertirse en la antesala de una III Guerra Mundial, donde en medio de este conflicto, se resolverá casi simultáneamente el conflicto de Ucrania, el del Medio Oriente, el del Mar de la China, el de Taiwán. La OEA por ahora, ni CELAC le darán apoyo a la aventura militar de Trump en Venezuela, por más aranceles que aplique y eleve.

Si la OTAN, por otro lado, se atreve a participar en una ofensiva contra Rusia, caerán bombas en toda la costa atlántica de los Estados Unidos, que es parte de la OTAN, país donde nunca ha caído ni un cachiflín, ni una bomba resultado de una guerra…y el pueblo estadounidense va a reaccionar más fuertemente de lo que hasta ahora se cree y estima políticamente.

Estados Unidos en su guerra y ofensiva contra Venezuela, y contra Colombia, si así se lo propusiera, lleva las de perder más que las de ganar.

Veo más a Trump retirándose humillado del Caribe frente a Venezuela, que entrando heroico a Caracas. En una intervención o en una guerra que se le puede extender en el tiempo se va a encontrar con el canto venezolano de 1816, ¡Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó!

¿Lo que suceda en Venezuela será la hoguera de la inmolación de Trump, o la antesala de la III Guerra Mundial?

(Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor).

Bombas, drogas y rock and roll: cómo EEUU utiliza la lucha contra el narco para forzar un cambio de régimen

La Semana Internacional
Javier Biosca de elDiario.es

Se cumplen dos meses del despliegue militar y de los ataques de EEUU contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela. Van más de 60 muertos y Trump no afloja. Es más, dentro de unos días llegará a la zona el buque de guerra más grande del mundo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado al USS Gerald R. Ford —un monstruo de 100.000 toneladas con capacidad para llevar 90 aeronaves— que abandone las aguas del Mediterráneo y se dirija al Caribe para participar en la supuesta lucha de EEUU contra las drogas.

Nosotros no tenemos portaaviones, pero tenemos socios. Y si nos apoyas, seremos mucho más fuertes que las 100.000 toneladas de acero de USSS Gerald Ford.

Lecciones de Panamá

La última vez que EEUU derrocó por la fuerza militar directa a un líder latinoamericano fue en 1989 en Panamá y también lo justificó con la lucha contra las drogas. Por si quedaban dudas, llamó a la operación ‘Causa Justa’. Manuel Noriega, bajo el conocimiento de EEUU, había formado la primera “narcocleptocracia” del mundo, pero permitía a Washington utilizar su país para llevar ayuda a sus aliados armados en El Salvador y Nicaragua, además de establecer puestos de escucha. De hecho, desde los 70, Noriega fue agente pagado de la CIA.

“La invasión de EEUU de Panamá es el equivalente más cercano a una operación de cambio de régimen en Venezuela”, me dice Michael Paarlberg, profesor, investigador y exasesor de Bernie Sanders para América Latina. “Como Trump hoy, EEUU no lo declaró como una guerra, sino una operación contra el narcotráfico. Derribaron a Noriega por sus vínculos con el tráfico de drogas que, irónicamente, EEUU ya conocía y que incluso fomentó como activo de la CIA”, añade Paarlberg, que vivió en Panamá en los años posteriores al golpe porque su padre trabajaba en el servicio exterior de EEUU.

Es demasiado evidente que lo de Trump en Venezuela no es un intento real de frenar el tráfico de drogas y que no hace falta llevar al buque de guerra más grande del mundo para hundir narcolanchas. Según los propios datos de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), el “corredor caribeño” que está atacando el presidente en Venezuela representa solo el 8% de toda la cocaína que llega al país norteamericano. Sin embargo, el 80% llega por aguas del Pacífico desde Ecuador y Colombia, según datos de 2022 del Ejército de EEUU. Pero ahí no están atacando.

Pese a las similitudes, “hay grandes diferencias” entre la operación en Panamá y en Venezuela, comenta Paarlberg. “En ese momento, EEUU tenía muchas bases militares en Panamá. De hecho era la sede del Comando Sur y ya había 13.000 soldados allí desplegados —a los que luego añadieron unos 15.000 más—”. Incluso con tantas tropas, “hubo muchas batallas feas”. Paarlberg recuerda un episodio en el que varios Navy Seals fueron capturados y asesinados en la pista de despegue del aeropuerto de la capital.

Trump ha dicho una cosa y la contraria, pero el próximo paso en la escalada serían ataques estadounidenses en tierra. Pase lo que pase, Paarlberg cree que el presidente “no quiere recrear ninguno de los problemas de la invasión de Panamá”. “Además, no tiene los recursos. Actualmente hay alrededor de 10.000 soldados, y realmente es una cifra mucho menor si hablamos de tropas de combate. Siendo generosos, la mitad. Eso deja 5.000 soldados, muchos menos de los movilizados para invadir Panamá, un país 20 veces más pequeño que Venezuela”.

Maestros de la guerra psicológica

Elliot Abrams, vieja y oscura figura en la política estadounidense y las injerencias en terceros países, ya lideró la estrategia (fracasada) de Trump en su primer mandato para forzar un cambio de régimen en Venezuela: autoproclamación de Juan Guaidó, operación de ayuda humanitaria, conato de alzamiento militar… “¿Cree que Trump está más cerca de lograrlo en esta nueva presidencia?”, le preguntaban el otro día en una entrevista con la BBC. “Eso espero. Y hay un par de razones para ser un poco más optimista […] El presidente Trump está presionando más. Entonces tuvimos sanciones, pero no tuvimos la campaña de presión, con un gran poderío militar incluido, que estamos viendo hoy”.

En una cosa coincide Abrams con lo que me decía Paarlberg: “Esa flota en el Caribe no es lo suficientemente grande como para invadir Venezuela, y no creo que Trump tenga ninguna intención de hacer eso, pero es mucho más grande de lo que se necesita para dispararle a pequeñas lanchas rápidas. El siguiente paso será probablemente algún ataque dentro de Venezuela”, decía el ex enviado especial de Trump para Venezuela.

“Todo esto es una especie de operación psicológica cuyo propósito es decirles a las personas alrededor de Maduro, a los militares y a los civiles en el régimen: ‘Él tiene que irse, pero ustedes no tienen que irse; hagan algo, sálvense», decía Abrams a la BBC.

La invasión de Panamá tuvo un final inesperado. Noriega estaba refugiado en la Nunciatura Apostólica, la embajada de facto de la Santa Sede en el país, y no quería salir. Los soldados vigilaban el perímetro 24 horas y recurrieron a la guerra psicológica reproduciendo en bucle y a todo volumen canciones de rock. Judas Priest, Kiss, Black Sabbath, Guns and Roses… En realidad, todo esto te lo cuento como excusa para dejarte por aquí la ‘Playlist Noriega’ llena de temazos. Tras 10 días escondido en la embajada, Noriega acabó entregándose a los gringos, pero parece que la música no tuvo mucho que ver.

Tienes que ver…

Hablando de guerra psicológica, hoy te traigo algo un poco diferente. Es un breve vídeo con el que se presenta el 4th Psychological Operations Group, una de las unidades de guerra psicológica del Ejército de EEUU.

El vídeo se llama Ghosts in the machine (fantasmas en la máquina) y el nombre no es casual. Hace referencia a una expresión acuñada por el filósofo Gilber Ryle y su crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y mente. Ryle argumentaba que la visión de Descartes era como decir que somos máquinas operadas por fantasmas independientes que viven en nuestro interior.

Así se ven ellos, los estadounidenses. Como los fantasmas que dirigen nuestras vidas.