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Etiqueta: narcotráfico

El Imperio exige sangre

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la UCR.

Más de 64 mil muertos en Gaza, mucho antes de promover su “plan” de paz para “blanquear” sus crímenes, es lo que importa. Si hubo niños, mujeres y ancianos aterrados bajo los escombros producidos por sus bombas de media y tonelada y media, es mejor. Los muertos no hablarán.

Pero sí, quienes necesitan esta clase de productos informativo tienen “in sitio” y a todo color la demostración de soberbia y espanto en directo sobre la perfección de sus explosivos en cuanto a su funcionamiento destructivo.

Mensaje encriptado, algo así como decir, todos ustedes están propensos a pasar por la misma experiencia sí se salen de la fila, porque ese será el mundo y el futuro que impondremos.

Por otra parte, esta industria de sangre y muerte tiene opciones para ampliar el número de compradores en todos los rincones del orbe controlado por el imperio, mientras todos los gobiernos titiriteros, bajo la órbita de aquel arbitrario, están advertidos sobre la suerte que correrán si enarbolan la bandera de la paz y obedecen a sus pueblos.

Un informe divulgado el pasado 7 de octubre por la agencia de noticias española Efe da cuenta como Estados Unidos destinó más de 21.700 millones de dólares en ayuda militar para la guerra en Medio Oriente. Y esto no parece parar.

Citando como fuente a la Universidad de Brown, indica que este monto destinado a la guerra es todo un “récord” alcanzado, tanto por la anterior gestión de Joe Biden como la actual de Donald Trump.

A los montos anteriores deben sumarse 9.650 millones de dólares para acciones encubiertas y otras no tan encubiertas contra el pueblo de Yemen y otros 12.070 millones más de apoyo a bandas pro estadounidenses en otras naciones de la región.

¿A cuáles gobiernos genuflexos de la zona importa que el imperio siga asesinando y robando en todos los continentes? Sin contar los periodistas asesinados en el Líbano, Siria, Yemen o Irán, solo en Gaza el Emperador debe haberse sentido vivo y rejuvenecido: en solo dos años de conflicto ha matado más “mensajeros” que las dos guerras de Vietnam, Corea, Afganistán y los Balcanes juntas.

No he visto que un gobierno de esos que sufren por sus rodillas chimadas en nuestro continente divulgara una línea sobre estos crímenes contra quienes se ganaban la vida con esta noble profesión. Menos, me temo, lo harán organizaciones que se dicen independientes, cuando gritan a todo pulmón por la “libertad de prensa”, los grandes diarios, los monopolios televisivos, colegios de periodistas, reporteros sin fronteras y, mucho menos, la SIP.

Situación similar a los comunicadores sufren los médicos y personal sanitario, sin que ello sirva de consuelo o excusa a los padres, esposas, hijos u otros familiares que perdieron a un médico, enfermera o asistente, en dicho conflicto. Se estima que más de 146 galenos de distintas nacionalidades perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes, en dos años de beligerancia.

Quien niegue que el imperio exige sangre para sentirse vivo y aparentar “buena salud”, es igualmente bipolar o sus genes entraron en un proceso degenerativo imparable. Ahora resulta que el declive de la sociedad imperial se debe al llamado “Cartel” de los Soles y a un presidente colombiano (Gustavo Petro),” aliado -óigase bien – con el narcotráfico de su país”, a pesar de que durante más de 10 años Estados Unidos llenó de bases militares a Colombia, con la excusa de la guerra contra el tráfico de drogas.

Sin embargo, la leyenda urbana de los Carteles de los soles va tomando cuerpo, a fin de conseguir el consenso de los “intelectos referentes” de nuestra región y de los “gobiernos democráticos” continentales, pues la buena reserva de sangre venezolana y colombiana se necesita, tras estar agotada desde hace años las existencias dejadas en 1989, cuando la rimbómbate “Operación causa justa” sirvió para invadir y seguir saqueando a Panamá.

Manuel Antonio Noriega llegó a gobernar a Panamá gracias a su intachable paso por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante casi 15 años, pero cuando creyó que de verdad mandaba, terminó como un peligroso narcotraficante. Así paga el diablo, cargándose a sus serviles.

Noriega, fiel a los manuales de la CIA y a la Administración de control antidrogas (DEA), había aprendido de memoria dos viejas premisas acuñadas durante la “guerra fría” y practicadas por su “jefes” en la vieja escuela las “Américas” del Comando Sur, en cuanto a dar violentos golpes de Estado, reprimir y desaparecer gente: Anticomunismo, como sinónimo de democracia al servicio de los ricos, desarticulando cualquier intento de organización del pueblo.

De esta manera, muchos de los graduados de esta academia gobernaron un sin número de nuestros países, bajo la modalidad de “democracias ejemplares “en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia etc., según Washington, aunque lo practicado al interior de esas naciones eran sangrientas dictaduras contra nuestros pueblos.

Una “institucionalidad democrática” enviada desde la Casa Blanca y defendida con fiereza por nuestras oligarquías, con prohibición expresa de apartarse del pensamiento oficial, y menos pedir cuenta a estas élites [sobre qué hacían con el dinero producido por el trabajo de millones de los campesinos, los obreros, los empleados públicos, los vendedores ambulantes etc.

Represión en Chile tras el golpe de Estado del presidente constitucional de Salvador Allende (F. BBC News Mundo)

De aquella academia, quienes no pasaban por la metamorfosis de humano a gorila consolidado, salían entonces capacitados por si había una oportunidad. Eran duchos, en todo caso, para combatir la contrainsurgencia, expertos en tiro y explosivos, navegación, lectura de planos, detección de discursos reformistas. Además, eran conocedores y practicantes acreditados en técnicas de defensa personal, “extracción” de hechos verídicos sin dejar indicios (tortura física), maltrato psicológico, infiltración de partidos políticos peligrosos para la sociedad, intromisión de agrupaciones campesinas, sindicatos, universidades, entre otras especialidades.

Y Noriega cumplió a pie juntillas con este currículo: desapareció oficiales, eliminó líderes estudiantiles, infiltró sindicatos que él llamaba “rojos”, se alió con el movimiento sindical reformista, mientras sus patronos no dejaban de animarlo para que siguiera por esa línea, pues sabían que cumplida la tarea lo desecharían como ocurría en estos casos; por eso resultó imposible la defensa de la soberanía panameña a la hora llegada.

El exmandatario estadounidense de entonces, George H. W. Bush, pudo así encerrar a Noriega en una cárcel de máxima seguridad para que su cipayo no hablara ni con su sombra. Respiró aliviado: la principal fuente de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos estaba entre barrotes y la juventud norteamericana salvo de esa desgracia, según él.

Seguramente este optimismo de Bush, en torno a que había salvado a la juventud estadounidense, quedó tan perfectamente grabado en el subconsciente de aquellos que entonces eran adolescentes, para sin mayor empacho y asombrosa naturalidad ahora, en puestos de mando, defiendan la creencia que con cárceles de máxima seguridad, levantamiento de garantías constitucionales en barriadas del populacho, allanamientos a toda hora o generalizando el llamado “derecho de autor” para que todos “sean culpables hasta que demuestren lo contrario”, ya estamos libres del negocio de las drogas y sus industrias “colaterales” como el sicariato, el secuestro, el cobro de peajes, los préstamos “gota a gota”, la lotería clandestina, entre otros.

Por informaciones de la prensa local y extranjera sabemos que en estas barriadas del populacho, constituidas por enormes contingentes de obreros y obreras, empleados públicos, vendedores ambulantes, desempleados, estudiantes expulsados del sistema educativo etc., ninguno de esos grupos aparecen enredados con grandes exportaciones de frutas, tubérculos y drogas; ni algunos de ellos aparecen vestidos de saco y corbata hablando en la Asamblea Legislativa con presuntos narcotraficantes, ni los han ligado con bancos bajo sospechas por el negocio del lavado de dinero.

Así, el enfoque estadounidense de la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”, seguido obedientemente por nuestro país, tiene un alto componente clasista, nos guste o no, más allá de sus causas sociales, históricas y económicas dentro de un verdadero problema, y a raíz del cual, se matiza con una nueva forma de colonialismo, racismo, militarismo y otros elementos propios del moderno fascismo y el nazismo.

El llamado “Tren de Aragua” y los llamados “criminales” llegados desde Suramérica, por ejemplo, sirvieron a Trump para militarizar varios Estados, haciendo creer a la sociedad estadounidense – la gran prensa norteamericana “domesticada” ya desde aquella invasión a Irak, esta vez no dijo esta boca es mía – que así terminaría, a su juicio, con todos los “criminales” extranjeros. ¡Limpieza étnica, se llama eso, según el manual del nazismo y el sionismo!

Pero de esta manera Trump y los acólitos en nuestro país defenderían luego, cada uno en su respectivo idioma, a su modo y según el puesto alcanzado dentro de la esfera estatal, la versión actualizada de la ya famosa leyenda urbana del “cartel de los soles”, mientras el consumo y la demanda de este tipo de drogas no merma en Estados Unidos ni en Europa. Las mafias internas, en tanto, hacen su agosto con la distribución de toda clase de estos estupefacientes ilegales, el lavado de dinero ayudando a mantener a flote la economía de muchos estados norteamericanos y europeos, la violencia armada como un floreciente oficio, como si se tratara ya de la cotidianidad que va desde Miami, Florida, hasta Alaska.

Para que tengamos una remota idea del problema, los datos de acceso público demuestran como los estadounidenses de 12 años o más, 47,7 millones de ellos, eran consumidores de drogas ilegales en 2023. El 16,8% de los estadounidenses de 12 años o más consumieron drogas en el último mes, registrándose un aumento del 1,9% año tras año. (Ver: https://www.google.com/search?q=que+porcentaje+de+cocaina+consumen+los+estadounidense+anual.&sca_esv=d029728c4f6818).

Paralelo a la actividad de la droga en Estados Unidos, tenemos la industria de las armas de fuego, que no solo emplea a millones de norteamericanos, sino genera a estos mercaderes más de 90 000 millones de dólares anuales, de los cuales Texas aporta 6 500 millones y Tennessee 3 400 millones en 2024, según datos de National Shooting Sports Foundation, 2025.

¡Yankis fuera ya! Así, Trump sostiene que va ganando la guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” en las aguas del Caribe y ahora se apresta a atacar por tierra a Venezuela, tras tomar como base de operaciones la isla de Trinidad y Tobago, bajo la promesa de Mario Rubio y María Corina, que los isleños tendrán gratis todo el petróleo necesario, una vez sacados del “gobierno a los chavistas” y “terminada para siempre la dictadura de Maduro”.

Por sí había alguna duda entre la gente de “izquierda”, pusilánimes y algún otro burócrata, a la espera que se produzca la invasión para llamarnos a ser solidarios, sí creen estar a salvo a mediano y largo plazo se equivocan, porque la agresión contra el pueblo de Venezuela forma parte de un proyecto más amplio y ambicioso que incluye luego a Nicaragua y Cuba, según los términos semánticos dejados escapar por Rubio, que obedece a sus patronos de Miami, y María Corina, indiscutible representante de las más rancias y decrépitas oligarquías de la zona.

En el último “operativo” contra “un barco” del Tren de Aragua, dijo Trump, terminamos con los seis terroristas. No hubo sobrevivientes, añadió. Para lograr el éxito de este “operativo” anunciado por el gobernante estadunidense utilizaron los más modernos radares geolocalizadores, movilizaron un barco de la Marina dotado de toda clase de cañones y un misil muy parecido a los que utilizarán contra puntos estratégicos para la economía venezolana. Solamente- a manera de aclaración – que el tal barco resultó ser un bote con motor fuera de borda,

Según las autoridades antidrogas venezolanas y colombianas que combaten conjuntamente las bandas fronterizas de narcotraficante y minería clandestina, el 80 % de la droga suramericana que se comercia en Estados Unidos, gracias a una filial en Miami que tiene la llamada “Junta del Narcotráfico”,      se moviliza por el Pacífico y no por el Atlántico.

Durante una conferencia de presa, el presidente Gustavo Petro, dijo que luego de 10 años de lucha contra el narcotráfico en Colombia había fracasado y urgía otro enfoque distinto, realista y más humano a las fumigaciones masivas sobre la hoja de coca, el envenenamiento del suelo y el despojo de las tierras a los campesinos. El gobernante ha señalado que en Ecuador está la otra “filial” de la Junta del narcotráfico, cuya sede central, está en Qatar, dijo.

“Barco” destruido por un misilazo por estar cargado de drogas en el Atlántico caribeño, según dijo Trump en conferencia de prensa, convocada exclusivamente para divulgar tan importante noticia. (F. BBC News Mundo).

En todo caso, sea por el Atlántico o por el Pacífico, estos grupos identificados por Trump como narcotraficantes, no utilizan “barcos” ni fragatas como quiere hacernos creer el mandatario estadounidense, sino que navegan en botes rápidos acondicionados con motores fuera de borda.

En el primer “operativo” con misiles sobre el Pacifico sobrevivieron dos supuestos narcos que pretendían envenenar a nuestra gente, según Trump, pero resultaron ser pescadores, según narró uno de los dos sobrevivientes.

Como si no hubiera en los últimos 100 años de excusas para ingresar sus tropas en la nación que ellos quieran, al menos 20 sangrientas invasiones militares de Estados Unidos contra nuestros pacíficos pueblos de Nuestra América parecen insuficientes, pues ahora como ayer, nos traen la coartada del narcotráfico y el terrorismo, como en el pasado, lo hicieron con el cuento de la libertad y la democracia.

¿Habrá alguien con un mínimo de honestidad, en pleno inicio del siglo de la Inteligencia Artificial, la industria de los datos etc., que crea en la” libertad” y la “democracia” con que nos quieren atorar, cuando quien nos obliga a seguirlo ha sido incapaz de dar casa digna, a pesar de los desplantes de su industria de la guerra, a aproximadamente 771,480 personas sin hogar, hasta enero de 2024, mientras la gente padece de desnutrición y literalmente muere de hambre, botan sin el más mínimo remordimiento entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen, lo que equivale a aproximadamente 60 millones de toneladas (54.9 millones de kilos) de comida al año. Esta cifra incluye alimentos de hogares, supermercados y restaurantes, donde la principal fuente de desperdicio son los hogares privados, según un estudio de ReFED. ¿?

Siempre que un imperio siente que va en declive, se necesita recordar, de paso, a esos tibios que desde hacen años perdieron las calles, ya no les creen los campesinos, ni los obreros, ni las amas de casa, ni los estudiantes, porque sus reformas y promesas, resultaron un engaño, exige sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes. Es cuestión de revisar, con ayuda de la Inteligencia Artificial la caída, de los cuatro grandes imperios del pasado

De esta manera, con la excusa de capturar los “sediciosos” de Pancho Villa en 1917 – en 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum fue amenazado con enviarle militares para “extraer” a jefe narcotraficantes – la llamada Expedición Punitiva asesinó a más de 150 mexicanos y dejaron 115 heridos, según distintas fuentes consultadas,

En la presente centuria, por ejemplo, el Imperio no ha escatimado gente y recursos contra Cuba Socialista. Le estorba que desde 1959 el pueblo cubano levantara la frente y rechazase para siempre a quienes doblan la cerviz como modo de vida,

Trataron de matar – perdí la cuenta- al comandante Fidel Castro no sé ya cuántas veces, reclutaron mujeres para envenenarlo, financiaron franco tiradores, cometieron actos de terrorismo contra aviones cargados de civiles, pusieron bombas en hoteles, usaron la guerra bacteriológica contra la agricultura de la isla e invadieron el país caribeño en 1961, dejando una estela de destrucción y al menos 157 muertos. Todo un manual para seguir de “democracia” y “libertad” al que Al Capone jamás agregaría ni quitaría una coma.

Un total, en cambio, irrespeto completo por la vida humana y el Derecho Internacional que se mantiene y se refleja en el criminal bloqueo financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos durante 63 año, pero que es, en el fondo, además, una guerra sostenida declarada contra todo asomo de socialismo en América Latina y el Caribe. El dirigente popular, estudiantil, político, académico o profesional, que no lo entienda así, no está en nada

En este sentido, el analista local y dirigente del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López, Oscar Barrantes, consideró que sin bloqueo “Cuba sería una potencia plena en desarrollo en todos los ámbitos económicos, materiales, científicos, tecnológicos, de iniciativas de convivencia con la madre tierra, de bienestar social, espirituales y culturales”.

Precisó que esta integrante de las Antillas Mayores ya es una potencia en desarrollo humano, derechos universales, es solidaria con todos los pueblos del mundo, pese a la maldita guerra del bloqueo.

Llamó a los costarricenses a ayudar a “tumbar” el bloqueo y a poner un alto a la guerra multidimensional contra Cuba y los proyectos soberanos de las naciones libres.

En esta misma línea de acción contra el bloqueo y respeto a la autodeterminación de Cuba, el IX Encuentro Continental de Solidaridad, celebrado recientemente en México llamó a redoblar esfuerzos y organizarse para acabar con esta agresión comercial y financiera, así como para excluir a la isla de una lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. En serio: ¡el cinismo de la Casa Blanca no tiene límite!

Para quienes no tienen dimensión alguna sobre qué significa para un país latinoamericano una guerra estadounidense en forma de bloqueo comercial y financiero, este representa, según datos oficiales, una afectación aproximada de más de 629 millones 675 mil dólares mensuales, equivalente a más de 20 millones701mildólares diarios, y 862 mil 568 dólares en daños por cada hora de bloqueo.

Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, este cerco comercial y financiero ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

Por eso, en 33 ocasiones anteriores, la mayoría de las naciones integrantes de la Organización de Naciones Unidas, condenaron el bloqueo como acto contrario al Derecho Internacional y los Derechos Humanos. El 29 de octubre de este año las naciones del orbe en Asamblea General conocerán de nuevo sobre esta agresión contra el pueblo cubano.

Desde esta perspectiva, la intervención militar contra Venezuela, (ningún país de la región está a salvo de los Marines y los aviones F-16) se inscribe dentro de los esfuerzos desesperados del Imperio por salvar el control de su patio trasero, frente a un mundo multilateral que surge ante sus barbas con nuevas formas de convivencia y abierto a los pueblos y gobiernos que buscan independencia, más libertad y justicia social.

Sin embargo, es un hecho ineludible que el Emperador sigue sin saciar su sed de sangre inocente. No le bastó la de los yemeníes, iranies, palestinos, iraquíes ni libanés. Siente la boca seca, pero es también la primera vez que los pueblos latinoamericanos y caribeños, junto a los trabajadores estadounidenses, tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo contra yugos viejos.

¡No se equivoquen el Caribe es el Caribe!

Frente Amplio desaprueba permiso de atraque a buque de guerra estadounidense

Comunicado

La Fracción del Frente Amplio anuncia que votará en contra de dar el permiso de permanencia en puerto y desembarque de su tripulación al buque estadounidense USS Wichita.

El arribo del navío militar norteamericano, clase crucero pesado, está previsto para martes 21 de octubre, con salida el 26 del mismo mes, aunque la solicitud incluye una prórroga hasta el 3 de noviembre en caso de retrasos.

La bancada frenteamplista votará en contra al considerar que un barco de tales condiciones —armado y con capacidad para albergar hasta 929 tripulantes— puede acrecentar las tensiones en el Caribe, donde el ejército estadounidense realiza acciones militares cuestionadas internacionalmente.

Utilizando el argumento de lucha contra el narcotráfico, y sin aportar prueba alguna de su relación con esa actividad ilícita, el ejército de ese país ha hundido cinco embarcaciones y asesinado extrajudicialmente a 27 personas, el último de ellos un ciudadano de Trinidad y Tobago.

El despliegue militar norteamericano ha provocado fuertes protestas en países latinoamericanos y también en Estados Unidos, donde senadores de ese país intentaron detener la campaña militar de Trump en el Caribe, iniciada el 2 de setiembre.

En este contexto, el permiso solicitado para el USS Wichita incluye la posibilidad de desembarco de su personal y la solicitud expresa de que cuenten con “todas las inmunidades y privilegios que les confiere la Convención de Viena”.

El Frente Amplio señala que, en respeto a la declaración de neutralidad perpetua de Costa Rica, el país no debe prestar sus puertos para operaciones que acrecientan tensiones bélicas y que además no se relacionan con convenios de cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico.

El apagón de las torres de control de tráfico aéreo

Vladimir de la Cruz

Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.

Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.

Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.

Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.

Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.

Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.

Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.

Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.

En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.

Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.

Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.

En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.

Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.

Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.

Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?

La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.

Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.

Compartido con SURCOS por el autor.

Míster Donald: ¡Acá no todos somos Cipayos!

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.

Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.

No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.

Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.

De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.

Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.

Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.

Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.

Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.

Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)

Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.

Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.

Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.

La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.

Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.

Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.

En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.

El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.

Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.

Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.

Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.

Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.

Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.

Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.

La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)

Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio

Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron la incautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

Según estas fuentes, el barco Cool Emerald había zarpado desde la República de Ecuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedor cargado con bananos, se descubrieron 1.500 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.

En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).

Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.

Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!

Que te quede claro.

Narcotráfico y política: una alianza que erosiona la democracia

Gerardo Castillo Hernández

El narcotráfico dejó de ser solo un negocio criminal para convertirse en un actor que penetra las estructuras políticas, económicas y sociales de América. Su poder financiero, sustentado en miles de millones de dólares en circulación, se ha transformado en un factor necesario para economías debilitadas y en un combustible oscuro de campañas políticas.

En Argentina, los informes judiciales y periodísticos han señalado cómo las bandas del narco se infiltran en los barrios populares, no solo controlando territorios sino tejiendo complicidades con autoridades locales y fuerzas policiales. El financiamiento ilícito encuentra rendijas en campañas políticas, lo que convierte al voto en un botín disputado por intereses ilegales.

En Estados Unidos, país que concentra el mayor consumo mundial de drogas, el narcotráfico ha generado una doble paradoja: mientras se promueve la “guerra contra las drogas”, al mismo tiempo la economía bancaria y financiera se ha beneficiado del lavado de capitales. La propia DEA y congresistas han advertido sobre la infiltración del narco en niveles estatales y municipales, especialmente en la frontera con México.

En Ecuador, la situación se volvió explosiva. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023 evidenció que el narcotráfico dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la democracia. El país se ha convertido en un enclave estratégico del crimen organizado, con cárteles que imponen su ley en puertos, cárceles y hasta en las calles de las principales ciudades.

Más allá de fronteras, lo común es el poder económico del narcotráfico: flujos de dinero que se insertan en sistemas financieros, campañas electorales y proyectos de infraestructura, debilitando las bases de los Estados. El narco no solo compra armas o voluntades: compra legitimidad y espacio político.

En Costa Rica, a las puertas de nuevas elecciones, la advertencia se repite en la prensa y en los informes policiales: el narcotráfico no es un fantasma lejano, sino un peligro inminente. Los asesinatos ligados a ajustes de cuentas, el aumento del lavado de dinero y la corrupción en instituciones locales son síntomas de un mal que puede capturar la democracia desde dentro.

El desafío es claro: o se frena esta simbiosis entre política y crimen organizado, o el narcotráfico terminará escribiendo las reglas del juego democrático en la región.

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

Los desafíos de una democracia en crisis

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora, profesora catedrática jubilada
Universidad de Costa Rica

Costa Rica frente a la amenaza populista neoconservadora – algunas reflexiones

Costa Rica, una de las democracias liberales más longevas del continente, no logró escapar a la marejada populista neoliberal y hoy ve amenazadas las conquistas sociales que aún sobreviven, con la llegada al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, un advenedizo de la política, que regresó al país después de 30 años de ausencia. ¿Cómo llegó el país a este punto?

La brecha social abierta por los ajustes estructurales y la austeridad fiscal dejó a miles de jóvenes al margen de la educación y del empleo formal. Esa misma generación resultó ser la más afectada por la pandemia, que, por así decirlo, le dio el tiro de gracia a esos jóvenes que hoy forman parte de los grupos sociales a los les dejó de importar la suerte de una democracia que no les atiende sus necesidades educativas ni les resuelve sus problemas de empleo.

La crisis socioeconómica que padece Costa Rica se ha visto agravada recientemente por las vinculaciones de figuras de la administración Chaves Robles con narcotraficantes cuya extradición reclama la DEA.

Las elecciones del año 2022. Fin de una época.

La convocatoria electoral de febrero del 2022 fue recibida en medio de una gran apatía ciudadana. Las frustraciones heredadas de la anterior administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) fueron la gota que derramó el vaso de agua. El presidente saliente, Carlos Alvarado Quesada, con su estilo elitista y excluyente y, más aún, habiendo dejado sin resolver problemas esenciales como el aumento de las desigualdades sociales y la creciente inseguridad ciudadana, terminó debilitando aún más al sistema democrático costarricense. No obstante, la peor herencia de esa administración podemos resumirla en la aprobación de tres leyes francamente nefastas:

a) La llamada Regla Fiscal, una ley aprobada en el 2018 que contrajo drásticamente las inversiones del Estado, con las consiguientes repercusiones en la baja calidad de los servicios públicos y, especialmente, en las condiciones laborales de los empleados del Estado. La aprobación de esa ley provocó una larga huelga de los empleados públicos que desgastó notablemente tanto al gobierno de Alvarado como a los sindicatos del sector estatal.

b) En respuesta a aquella importante huelga, la administración de Alvarado promovió otra ley que denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, popularmente conocida como la ley anti- huelgas. Esa ley contenía una reforma al Código de Trabajo para limitar el derecho a la huelga del personal del Estado.

c) En el año 2022 se aprobó una tercera ley, también en contra de los empleados del Estado, denominada Ley Marco de Empleo Público, con el objetivo de crear lo que se denominó el salario global. Con esta ley se eliminó para los nuevos empleados públicos, todas las conquistas obtenidas previamente, a través de la negociación de convenciones colectivas en las diferentes dependencias del Estado.

Esas leyes contaron con el apoyo legislativo de la fracción oficialista del PAC, con la del PLN y con la del PUSC. Así, el amargo sabor de la derrota vino a profundizar el escepticismo y el resentimiento ciudadano. El bipartidismo terminaba así de cavar su propia tumba.

En febrero de 2022, en un ambiente tan tenebroso y desalentador, la ciudadanía costarricense llegó a las urnas con una larga lista de candidatos presidenciales, veinticinco en total (PEN, 2022). Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para elegir al siguiente mandatario, dado el alto abstencionismo y la dispersión de la voluntad de los votantes que asistieron a las urnas. Los partidos finalistas fueron el PLN con un 27,36% y el PSSD con un 16,67% (TSE, 2022).

En la segunda ronda, el ganador fue el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) un partido de reciente fundación, prácticamente desconocido. Su candidato fue Rodrigo Chaves Robles, quien resultó ganador con un 52,84% de la votación, frente al desprestigiado candidato liberacionista, José María Figueres Olsen, que pretendía reelegirse pues ya había ocupado la silla presidencial entre 1994 y 1998.

Chaves Robles había regresado a nuestro país en el año 2019 para desempeñarse como ministro de Hacienda del gobierno saliente. Por entonces, tenía más de treinta años de vivir fuera de Costa Rica, se había ido a estudiar a una universidad estadounidense y luego se desempeñó internacionalmente como un funcionario del Banco Mundial, lo cual le había impedido darle un seguimiento cercano al desarrollo de nuestro país durante más de tres décadas. Al parecer, aún no había podido calibrar con detalle los profundos cambios políticos y culturales que el neoliberalismo había provocado en nuestra sociedad. Su dominio de las cifras macroeconómicas no le resultó suficiente para tener un panorama claro de la nueva coyuntura política costarricense.

Existe otro elemento de carácter coyuntural que ha tenido grandes repercusiones en el estilo del gobierno actual. A su regreso a Costa Rica, Chaves se asoció con una persona muy conocida y polifacética a nivel nacional, la periodista Pilar Cisneros Gallo, de origen peruano pero naturalizada costarricense. Desde muy joven, ella ha hecho su vida en nuestro país, estudió Ciencias de la Comunicación en la UCR y se radicó aquí, definitivamente, lo cual le ha permitido tener un gran conocimiento del ser costarricense. Su rostro ha sido uno de los más conocidos de la pantalla chica, pues fue presentadora por largos años del noticiero del Canal 7, el más antiguo del país. De esta manera, su rostro quedó grabado en las pupilas de toda la nación.

Diversos desencuentros acumulados durante su paso por los medios costarricenses, al parecer, habían dejado en Cisneros algunos resentimientos no resueltos y, desde entonces, la han convertido en una clara adversaria de la mayoría de los medios de la prensa nacional. Curiosamente, ese ha sido el aporte más singular que ella le ha dado al desempeño y, sobre todo, al discurso oficial del presidente. Con un estilo verbal muy similar al de Cisneros, muy pronto Chaves Robles también le declaró una guerra sin tregua a los grandes medios del país, guerra que se plasma cada día con su descalificación verbal, al llamarla reiteradamente prensa canalla. Sin obviar los intereses más o menos oscuros que representan esas empresas, lo cierto es que el discurso tan agresivo del presidente ha generado otras fuentes de polarización social, cuyos motivos no siempre están claros para la ciudadanía.

El triunfo electoral de Chaves en el año 2022 no lo pudo acompañar de una fracción legislativa robusta que le facilitara sus aspiraciones autócratas. Al contrario, sus resultados fueron muy pobres, pues conquistó solamente 10 de las 57 curules que componen la Asamblea Legislativa. Precisamente, ha sido Pilar Cisneros la diputada que ha manejado esa fracción y, a menudo, es ella quien también le ha creado un ambiente de gran agitación e irrespeto a las sesiones legislativas, secundando a su presidente.

Aún más, ese discurso irrespetuoso y polarizante, tanto de parte del presidente Rodrigo Chaves como de su asesora número uno, Pilar Cisneros, lo han hecho extensivo contra los partidos políticos que los adversan, en especial contra el Frente Amplio, el único representante de la izquierda costarricense en la Asamblea Legislativa. Algo parecido hace con los diputados de los otros partidos tradicionales, a quienes acusa de ser representantes de las viejas élites compuestas por quienes él denomina ticos con corona. Con ese lenguaje populista, el objetivo permanente de la presidencia es polarizar a la ciudadanía frente a los partidos tradicionales y otras organizaciones sociales, especialmente contra los sindicatos del sector público.

A todo lo anterior se suman las redes sociales controladas por el presidente y manejadas con la asesoría de la diputada Pilar Cisneros, lo cual ha convertido el ambiente nacional en un entorno muy tóxico y poco estimulante, lo cual mantiene a ciertos sectores en alerta constante o, peor aún, con un desinterés crónico respecto a los grandes retos que amenazan a la sociedad costarricense.

Las actitudes obsesivas del presidente Chaves, al pretender concentrar todo el poder en sus manos, ha sido el aspecto más desestabilizador del equilibrio de poderes en el seno del Estado. Ya son tres años de reiterados desencuentros con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Además, mantiene confrontaciones sistemáticas con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, instituciones indispensables para que el sistema de pesos y contrapesos garantice la estabilidad política.

Todo lo anterior permite asumir que, en Costa Rica como en otros países latinoamericanos, asistimos al asentamiento de un régimen populista de derecha, cuyo objetivo principal es tratar de marginar a la histórica burguesía empresarial -las viejas élites las denomina Rodrigo Chaves- para constituir su propia élite, rodeado de algunos hombres y mujeres con gran poder, no siempre acumulado con el trabajo honrado, como veremos más adelante.

La grave amenaza del narcotráfico y sus repercusiones sociales y políticas

Hoy día, a menos de un año de terminar la administración de Rodrigo Chaves, el problema más alarmante es el incremento del tráfico de drogas. Aunque este no es un fenómeno nuevo, pues desde los años ochenta ya Costa Rica era un sitio de paso de la cocaína y otros estupefacientes rumbo a Estados Unidos, en la actualidad el problema se ha agravado porque nuestro país se ha convertido en un sitio de almacenaje de diversas drogas, cuyo destino final no solamente es América del Norte sino también Europa.

En torno a la administración actual, giran ciertas dudas sobre la efectividad de su intervención para detener este enorme flagelo. Algunas cifras despiertan grandes interrogantes. Por ejemplo, según los datos reportados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), a mayo de este año los decomisos de cocaína han caído un 28%, cifra que representa el segundo nivel más bajo de decomisos en los últimos diez años (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.4).

Este fenómeno coincide con una serie de cambios y reacomodos en los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos en el Sistema Nacional de Guardacostas y en la Policía de Control de Drogas, (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.5), cambios que, en criterio de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente del izquierdista Frente Amplio, han facilitado el incremento tan marcado en el tráfico de estupefacientes.

A esto se suma la aparente vinculación de algunos miembros del gabinete presidencial con personas como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Seguridad y exfiscal en otras administraciones, el señor Celso Gamboa Sánchez, hoy acusado por la DEA de Estados Unidos de ser un vínculo importante en Centroamérica con el Cartel del Golfo de México. Actualmente, el señor Gamboa guarda prisión en Costa Rica, en espera de su extradición para ser juzgado por narcotráfico en un Tribunal de Texas en Estados Unidos (La Nación, 27/7/2025, p.4).

Al mismo tiempo, se está produciendo un notable incremento de la pobreza y la marginalidad en el país. A menos de un año de que termine el gobierno de Chaves Robles, el balance que puede hacerse de esta administración es claramente desfavorable. La desigualdad social se ha profundizado seriamente, sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación públicas. Por ejemplo, datos recientes señalan que el 40% de la población costarricense carece de atención médica por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Paralelamente, la privatización de los servicios de la salud experimenta una expansión evidente.

Otro aspecto que ilustra nuestros señalamientos es el hecho de que en este momento el 20% de los jóvenes entre 15 y 25 años no logra estudiar ni trabajar (La Nación, 05/06/2025, p.p.4 y 5). Este dato es más contundente si tomamos en cuenta que en el año 2010, esa cifra alcanzaba al 10,6% de la juventud, la mitad de estos jóvenes costarricenses que hoy están expuestos a tantos riesgos (PEN,2023 P.74).

El rostro más tenebroso de todo esto se palpa a través de las crecientes cifras de ajusticiamientos y sicariato. En el año 2023, por ejemplo, se contabilizaron 340 organizaciones criminales y 200 personas plenamente identificadas dedicadas al sicariato. Según datos de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los años 2012 y 2022, en Costa Rica se incrementó la tasa de homicidios en un 66% (Diario El Observador, 15/11/23). Por otra parte, el año 2023, se convirtió en el más sangriento de los últimos tiempos, con 907 homicidios, en una población de alrededor de cinco millones de habitantes (El País, 26/2/24). Tómese en cuenta que la gran mayoría de esos homicidios han ocurrido dentro de la población más joven del país, aquellos que se ubican entre los 15 y los 25 años, lo cual deja claro que el sicariato es el oficio en el que se desempeña ese 20% de la población juvenil que no tiene oportunidad ni de estudiar ni de desempeñarse en un trabajo digno.

Como vemos, no son buenos tiempos para Costa Rica. El riesgo de convertirse en un narco estado es una amenaza latente y con una fragmentación tan acentuada entre los tres poderes de la República, el panorama resulta aún más complejo. Se suman a ello, como señalamos, las pésimas relaciones del presidente Chaves Robles con los principales medios de comunicación, lo cual ha provocado serias amenazas a la libertad de prensa, de lo cual ya ha tomado nota la organización de Reporteros sin Fronteras (DW.com. José Ospina, Valencia, 31/07/2023). Algo parecido ocurre con respecto a las universidades públicas, las cuales han venido sufriendo violaciones de diversa índole por parte del Poder Ejecutivo, en ámbitos como su financiamiento y su autonomía institucional.

Por si no fuera suficiente, la crisis del gobierno de Chaves Robles se ha profundizado de una manera preocupante en las últimas semanas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de 15 de sus 22 magistrados, acordó solicitarle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende, o no, la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión en el manejo de un préstamo bancario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Confidencial.digital, 6/7/225)

Esta situación implica una grave amenaza a la estabilidad nacional, nunca vivida en Costa Rica a lo largo del último siglo. Tómese en cuenta, además, las malas relaciones del presidente con la Asamblea Legislativa y que su fracción parlamentaria se ha reducido a solo ocho diputados, del total de los cincuenta y siete que la componen. ¡Una seria crisis parlamentaria parece estar muy cercana! Agréguese a ello el hecho de que el presidente Chaves aún conserva, según diversas encuestas, el apoyo de más de la mitad de la población.

Será a mediados del próximo mes de setiembre cuando la Asamblea Legislativa decida al respecto. Si llegara a aprobarse la petición de la Corte Suprema de Justicia, el panorama político y electoral que se avecina será muy incierto, sobre todo porque el delito de concusión debe pagarse con cárcel.

Quizá, el único aspecto positivo de esta crisis tan grave es que, ella misma, pueda convertirse en una prueba certera que obligue a la sociedad costarricense a repensar, seriamente, los cambios más urgentes que el modelo político costarricense requiere. Porque necesitamos superar esta dolorosa experiencia populista, este gobierno autocrático, neoconservador, irrespetuoso de los pesos y contrapesos que se necesitan para vivir en un país más justo. Asimismo, ha sido una experiencia que debería arrancarle la venda de los ojos a los sectores dominantes, esos que han manejado a los partidos políticos tradicionales al compás de los dictados de los organismos financieros internacionales. En fin, no solo estamos en una época de cambios profundos. También asistimos a un cambio de época en la vida de nuestro país.

Julio, 2025

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Costa Rica en el contexto geopolítico actual

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica, como democracia centenaria y país sin ejército, ocupa una posición única en América Latina. Su tradición pacifista, su neutralidad permanente y su histórico rol como mediador en conflictos regionales le otorgan un perfil estratégico diferenciado. Sin embargo, en un escenario global marcado por la competencia entre EE.UU. y China, la crisis climática, la inestabilidad en Centroamérica y la erosión democrática en la región, el país enfrenta el desafío de equilibrar sus principios con sus intereses económicos y de seguridad.

Neutralidad permanente y soft power: un activo estratégico

La neutralidad costarricense, declarada en 1983 por el expresidente y benemérito de la patria Luis Alberto Monge, ha sido un pilar de su política exterior. Esta postura le ha permitido actuar como mediador en conflictos regionales, como ocurrió con el Plan de Paz que le valió el Nobel a Óscar Arias en los años 80.

La neutralidad no solo refuerza la imagen internacional de Costa Rica como defensor de los derechos humanos, el desarme y la democracia, sino que también mitiga riesgos geopolíticos al evitar alineamientos explícitos con bloques antagónicos, especialmente en un contexto de tensiones entre EE.UU., China y Rusia.

El país debería institucionalizar su rol como facilitador de diálogos en crisis como las de Nicaragua, Venezuela o Haití, promoviendo foros multilaterales bajo el paraguas de la ONU o la OEA.

Relación con EE.UU.: dependencia comercial y presiones geopolíticas

Costa Rica depende económicamente de EE.UU., su principal socio comercial y fuente de inversión. Sin embargo, debe evitar un alineamiento automático con Washington en temas controvertidos, como las sanciones a Venezuela o Nicaragua, para no polarizar su política exterior y afectar sus relaciones con otros actores clave, como China o la Unión Europea.

Es crucial mantener el TLC con EE.UU., pero también aprovechar coyunturas —como la política arancelaria agresiva de Donald Trump— para renegociar términos que protejan al productor nacional y fomenten una economía más circular, sin depender exclusivamente de regímenes especiales como las Zonas Francas. Paralelamente, el país debe diversificar mercados, fortaleciendo lazos con la UE y Asia-Pacífico.

Además, Costa Rica debe buscar mayor asistencia estadounidense en seguridad cibernética y combate al narcotráfico, pero sin comprometer su neutralidad. También es clave exigir reciprocidad en temas migratorios y ambientales, como fondos para adaptación climática.

China: oportunidad económica vs. presión estadounidense

Preocupa que la actual administración evalúe retroceder en un tema ya superado: un posible restablecimiento de relaciones con Taiwán, seguramente por eventual presión del gobierno de Trump. Sería un error estratégico, pues implicaría darle la espalda a la mayor potencia económica emergente en un escenario geopolítico multipolar.

China es un socio comercial clave, con inversiones en infraestructura y tecnología, lo que hace inevitable la presión de EE.UU. para limitar su influencia en la región. Costa Rica ya rompió relaciones con Taiwán en 2007, y la lección aprendida debe ser evitar endeudamientos insostenibles y no caer en la trampa de deuda.

Mantener relaciones comerciales con China es deseable, pero con transparencia y evitando megaproyectos con altos costos o compromisos políticos. Además, es estratégico fortalecer alianzas con otros actores, como la UE, Corea del Sur o Japón, para equilibrar influencias.

La crisis centroamericana: migración, autoritarismos y narcotráfico

La inestabilidad en Nicaragua, El Salvador y Honduras amenaza la seguridad regional. Costa Rica debe fortalecer su diplomacia preventiva, promoviendo derechos humanos sin confrontación directa y evitando sanciones unilaterales que cierren espacios de diálogo.

Una agenda regional de desarrollo —como reactivar el SICA con enfoque en empleo y clima— es urgente. También es vital trabajar con EE.UU. y la UE para abordar las causas estructurales de la migración, no solo el control fronterizo.

Cambio climático y economía verde: liderazgo global

Costa Rica es un referente en sostenibilidad (carbono neutralidad, energías renovables). Por eso debe posicionarse como voz del Sur Global en financiamiento climático y atraer inversión verde (hidrógeno, ecoturismo, tecnología limpia).

Así como en el pasado, debe presionar a las potencias para que cumplan acuerdos ambientales, como el fondo de pérdidas y daños.

Hacia una «neutralidad activa»

Costa Rica debe adoptar una «neutralidad activa«, que incluya:

Ser un mediador confiable, aprovechando su prestigio pacifista.

Diversificar sus socios comerciales, sin depender excesivamente de EE.UU. o China.

Defender la democracia y el clima con diplomacia propositiva, no confrontativa.

Esto debe ir acompañado de políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana (no militar), mejorando la ciberdefensa, la policía fronteriza y la cooperación internacional contra el narcotráfico, un flagelo que ha dañado el prestigio del país como destino turístico en la era postpandemia.

Finalmente, es clave retomar la inversión en educación formal y técnica para cerrar brechas sociales y reducir la inequidad que empuja a muchos jóvenes hacia actividades delictivas y, al mismo tiempo, mantiene nuestra competitividad como destino de inversión.

Esta estrategia permitirá a Costa Rica proteger su soberanía, maximizar su influencia moral y asegurar su desarrollo en un mundo cada vez más inestable.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.