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Etiqueta: narcotráfico

Ópera cotidiana: los cipayos y la genuflexión servil de sus rodillas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Tres propuestas

Por: Trino Barrantes Araya

Correo.e: camilosantamaria775@gmail.com

Primera Parte

Operación Cóndor 2.0 y la genuflexión de los cipayos

El adjetivo de cipayo resulta limitado para describir la posición de serviles, que dócilmente asumen los doce presidentes que suscriben ese instrumento, eufemísticamente llamado “Escudo de las Américas”. Así, de un vulgar plumazo, renuncian a la memoria histórica y, lo que es peor, a la soberanía del país. Pisotean a las emblemáticas figuras de Juanito Mora, del General Cañas, de Juan Santamaría y de Pancha Carrasco Jiménez.

A veces, en esas poses de genuflexión servil y sometimiento, doblan tanto su cerviz, para que el amo del norte les de su espaldarazo, que quedan en posiciones obscenas, para que el sable del imperialismo los penetre hasta donde más.

Pero su placer de lacayos es tan complaciente que, aun sabiendo la permanencia, dentro de ellos, del esclavista mayor del Norte y el servil sionista de Argentina, ellas y ellos respiran la fetidez de los últimos zarpazos del imperio yanqui y, complacientemente, ríen como estúpidas marionetas.

Su grado de alienación y alineación es tan pueril, que ninguno es capaz de defender nuestro idioma, sabiéndose el mismo como una de las lenguas universales más importantes, tanto por su riqueza cultural, por su valor identitario y como vehículo de comunicación universal y constructo de la resistencia histórica.

Así las cosas, ese remedo de un TIAR diarreico, cuya cabeza es un gobernante incapaz de reconocer la coyuntura actual y que pierde el horizonte de lo que debe ser hoy el nuevo orden mundial, miente, una vez más, con la complicidad de esos “doce mandatarios”, que no son capaces ni de manejar su propia voluntad política, mucho menos la responsabilidad histórica que les corresponde, en tanto garantes del poder ejecutivo de sus diferentes naciones.

Pero serán los respectivos pueblos, de cada uno de dichos países, que, desde la democracia de la calle, desde las comunas del poder popular y la organización de la resistencia, se verán obligados a enderezar nuestra memoria histórica por los cauces que corresponde al momento actual y que prístinamente fue dibujada por Bolívar, Morazán, Juanito Mora y Martí.

No existe un objetivo que demuestre la validez de que el “Escudo de las Américas” (Shield of de Americas Doral 2026), tenga como principio fundamental la lucha contra el narcotráfico.

¿Coalición antidrogas? La mentira ni siquiera es piadosa. Esta coalición es una alianza militar. No derivan políticas claras para erradicar el narcotráfico. El tráfico de cocaína y otras drogas, tiene dentro de esta nueva coalición a Daniel Nova y a Nasry “Tito” Asfura.

El primero denunciado porque desde sus empresas bananeras, se desplazan grandes cantidades de droga para Europa. “Tito”, como cariñosamente le dice Donald Trump, es el socio y testaferro del presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.

¡Entonces qué!, como decían nuestras abuelas, el diez con hueco, solo ellos pueden creérselo. Mientras que el pedófilo les obliga a inclinar sus débiles y sumisas rodillas.

En el caso del presidente Rodrigo Chaves y la actual presidenta electa, que va invitada para servir como testigo de excepción, ambos violan principios esenciales de nuestro marco jurídico.

Su sola presencia, en ese adefesio llamado “Escudo de las Américas”, contraviene el Artículo 12 de nuestra Carta Magna. Pero a la vez contravienen y se irrespetan cuatro documentos base que nuestros gobiernos han ratificado y sustentado.

En primer lugar, invocamos al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 14 de febrero de 1967), en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad (Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, sancionada por Luis Alberto Monge Álvarez en 1983. Se fundamenta en el Artículo 139, inciso 2º de nuestra Constitución Política); en tercera instancia el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014, que declara a América Latina como Zona de Paz.

Segunda Parte

¡Bases militares no!

“La paz, la democracia y la no violencia”, SÍ.

Denunciamos las dos propuestas de aventura suicida y militarista que devienen de las últimas posiciones del actual presidente y de la mandataria electa.

Solo el hecho de mencionar la instalación de bases militares extranjeras en Costa Rica, tal y como recientemente lo manifestó y propuso un asesor presidencial, es poner a nuestro país en el ojo del huracán; pero además, de una gran irresponsabilidad, esa actitud representa una amenaza directa a los pilares fundamentales de la democracia costarricense, de su memoria histórica y de su identidad nacional.

Históricamente, cuando esta ocurrencia suicida se ha manifestado en algún aventurero y guerrerista nacional, el pueblo de Costa Rica, ha sido contundente en rechazar ese exabrupto, pues la sola idea choca frontalmente con principios históricos, constitucionales, de libertad, autodeterminación y de soberanía que ha tenido el país, como pilares básico de su Estado Social y de su Estado de Derecho.

Si lo vemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los argumentos en contra de esa esquizoide idea, sus argumentos se tiran al suelo. Pero si buscan un argumento de tipo legal; la propuesta resulta aún más desproporcionada, pues atenta violentamente contra el Artículo 12 de la Constitución Política.

Cuando un gobierno pierde su capacidad de asombro y se divorcia de la idiosincrasia del soberano, nos damos cuenta de lo poco que le interesa la institucionalidad del país. Pero también dibuja abiertamente el desconocimiento que, una propuesta de esta envergadura, requeriría de una sustancial reforma constitucional.

Si tratáramos, como pueblo organizado, de argumentar nuestra posición del por qué estamos en contra de una base militar, nos sobrarían argumentos:

Los principales argumentos en contra, los resumimos de la siguiente forma:

  • En primer lugar el establecimiento de una base militar, es dejar invalidado el principio constitucional que sanciona, para tales efectos el Artículo 12 de nuestra Carta Magna.

  • Significaría que quedamos expuestos a la voluntad de ejércitos extranjeros y consecuentemente a una sostenida pérdida de nuestra soberanía. Se violaría, asimismo los principios de de autodeterminación e integridad territorial

  • Implicaría, dar paso abierto a la Guerra de Baja Intensidad, con la pérdida absoluta del control del territorio nacional

  • Entregar la seguridad nacional a una potencia extranjera, es simplemente renunciar al ser costarricense, a la idiosincrasia del soberano.

  • Tal y como ha sido señalado en sendos artículos anteriores, esta medida contraviene acuerdos nacionales e internacionales que el país ha suscrito.

Creemos, como patriotas y costarricenses, que no solamente es la Constitución Política la que nos blinda contra las bases militares, sino la misma historia de nuestro suelo patrio, que como semilla de maíz, todas y todos juntos hemos sembrado en nuestro imaginario colectivo.

Digamos NO, a las bases militares, no a las embarcaciones militares que asesinan en juicios sumarios a nuestros pescadores, fuera tropas extranjeras que vienen a violar nuestra soberanía nacional. Hay principios esenciales y Derechos Humanos fundamentales que son innegociables.

Volvemos a criticar profundamente la incursión de nuestro país al “Escudo de las Américas”, en tanto que esto no es una alianza contra el narcotráficos sino una alianza militar. Además, históricamente las bases han demostrado su ineficiencia para controlar el narcotráfico, contrario sensus, han sido parte de la sostenibilidad con algunos cárteles. En Colombia, el gobierno de Uribe y Santos, en Honduras, la base militar de Palmerola, se convirtió en el más grande corredor de cocaína de Centroamérica y sostuvo al narcotraficante de Juan Orlando Hernández. En Panamá, Noriega fue un aliado de la DEA y el canal se manchó de polvo blanco. Hoy en Ecuador, la empresa bananera de Daniel Novoa, adosa las cajas de banano con montañas de polvo blanco. Así, pues, las bases militares no son ninguna garantía contra los carteles del narcotráfico.

Cantemos ufanos y recuperemos nuestra identidad: “La paz, la democracia y la no violencia”, resultan ser consignas más auténticas que la miserable idea de las bases militares.

Tercera Parte

El Escudo de las Américas y la nueva aventura presidencial en la guerra de baja intensidad

Las y los diputados, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos no podemos guardan silencio ante el juicio sumario y asesinato de pescadores costarricense bajo los argumentos del necrófilo y pedófilo jefe actual de la Casa Blanca. ¡Señor presidente!, ya lo decía nuestro gigante de la Patria Grande: “Hay silencios que se guardan, parecidos a la estupidez”.

Frente a la participación del actual gobernante de la República Rodrigo Chaves Robles y la mandataria electa Laura Fernández Delgado, en la reunión convocada por Donald Trump, hacemos un llamado a la opinión nacional e internacional, de las verdaderas preocupaciones e implicaciones que ésta acción conlleva, contra el Estado Social, el Estado de Derecho y la Democracia.

Desde la mayor parte de los actores sociales honestos y patriotas, pensamos que es más responsable y respetuoso para nuestra democracia, seguir construyendo y hablando sobre la urgencia de unificar consignas en torno al pueblo costarricense a favor de: “La paz, la democracia y la no violencia.

Lo dijimos en un anterior artículo dirigido al primer magistrado de la República, en el cual, de manera sucinta llamábamos la atención en lo siguiente.

En primer lugar, invocamos el valor esencial del Artículo 12 de nuestra Constitución Política. Asimismo, en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad sancionada en el gobierno de Luis Alberto Monge, en tercera instancia hicimos referencia al valor histórico del Tratado de Tlatelolco, en un cuarto lugar al valor del uso del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) (https://g.co/gemini/share/1faebf1eabce ) , suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014.

Cada uno de estos instrumentos fortalece el derecho internacional y está en contraposición de la Guerra de Baja Intensidad que esconde el Escudo de las Américas que, por más sanamente que se le mire, no es una alianza para combatir el narcotráfico, sino por el contrario, crear un escudo militar para fortalecer la aventura pirata y de ladrón posmoderno del amo del norte.

Permítasenos tener aquí como ejemplo la amenaza militar e injerencista y los interés espurios de los EE:UU en Venezuela y el mar Caribe desde el momento en que Hugo Rafael Chávez Frías asumió el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, con Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo de Bolívar el despliegue inusitado de las fuerza militar del imperialismo yanqui, se vuelve algo obsceno contra la soberanía de los Estados de América Latina. Estos actos, concluyen con una operación militar, cuyo resultado fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero la aventura desmedida de esta nueva fase de la Doctrina DONROE, es inusitada. Sus pretensiones por dominar México, anexarse Groenlandia, intervenir Cuba y usurpar la soberanía del Canal de Panamá, son más que evidentes.

La responsabilidad de los socios menores que suscriben este adefesio de derecho internacional, los hace desde ahora responsables de violar la soberanía e independencia de cada una de sus repúblicas.

Es ya un lugar común, que el mayor cartel de la droga está en manos de la DEA y que el mayor consumo de drogas, tiene como epicentro la sociedad norteamericana. Dichosamente, medio de la creciente tensión, la solidaridad se ha hecho una consigna universal a favor de esta hermana República.

Pero, el pueblo soberano, nuestro pueblo costarricense, en una sola voz, ha jurado fidelidad a la Patria, la Nación y el Estado y ha tenido como consigna básica: “La paz, la democracia y la no violencia.

¿Se está aplicando la pena de muerte en la lucha contra el narco?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El asesinato realizado por militares, en barcos armados estadounidenses, que navegan en las aguas jurisdiccionales de Centroamérica, y de Costa Rica, en el mar Pacífico, bajo la bandera del patrullaje antinarco, y del acuerdo que les permite su navegación, se ha pasado de la raya. Se aplicó una pena de muerte sin juicio de ninguna clase, en donde la pena de muerte se aplicó sin existir en el ordenamiento penal y constitucional costarricense. Las reacciones que se han hecho públicas ha obligado a los asesinos a cambiar la narrativa de lo sucedido.

La primera noticia fue un ataque a un bote tripulado por tres personas, dos de las cuales murieron y una quedó malherida. Se desconocía la nacionalidad de los que iban en la lancha. Se dijo que navegaban por una de las supuestas y conocidas rutas que usan para llevar droga de Suramérica a Estados Unidos. No fueron detenidos, ni interrogados, ni se les incautó droga de ninguna clase. Sencillamente se les disparó con misil aéreo o desde el “barco de guerra” que navega bajo el amparo de la lucha antinarco, y no una embarcación autorizada por el Tratado o Acuerdo de colaboración que señala embarcaciones “guardacostas”.

La segunda noticia fue que atacada la nave, confirmados los muertos y el herido, de ese buque de guerra informaron a las autoridades policiales navieras de Costa Rica, cambiándoles la información original, para que fueran a recoger los cadáveres de los dos fallecidos y al herido, que fue trasladado al Hospital de Golfito, en la cercanía naviera de Golfito, como se hizo. Incluso, entiendo, se cambió en la información suministrada del escenario de guerra donde se produjo el asesinato de esas dos personas y se hirió al tercero, que curiosamente no lo mataron.

De los sucesos narrados queda claro que:

1.- Las autoridades policiales y navieras de Costa Rica tienen por disposición NO MATAR a navegantes que se supone trasladan drogas. Su orden es capturarlos vivos como se ha hecho. La experiencia de los policías de la naval es que cuando se acercan a esas naves transportadoras de drogas, con navegantes colombianos o suramericanos, estos navegantes “alzan los brazos y las manos”, para señalar que no están armados, y en señal de disposición de “entregarse” sin ofrecer oposición. Su experiencia es que los que a veces les disparan son ciudadanos costarricenses que trafican drogas, sabiendo ellos que no les pueden disparar a matar. Esto lo hacen los extranjeros para que las autoridades navieras costarricenses no les disparen, porque según los capturados, cuando eso sucede en mares patrimoniales de Ecuador, Colombia o Panamá las autoridades de esos países les disparan a matar. Saben que en Costa Rica no se hace eso, y por eso se entregan si ofrecer resistencia, porque se les respeta la vida.

2.- El operativo que se realizó, que provocó esas dos muertes y ese herido, no fue hecho por autoridades ni fuerzas policiales costarricenses. Se hizo en aguas jurisdiccionales costarricenses por naves de guerra extranjeras, estadounidenses, por militares extranjeros, que así operan en “territorio” marítimo costarricense.

3.- Las naves extranjeras, aviones, buques o navíos o terrestres, para entrar al territorio nacional requieren, necesitan, permiso legislativo para volar y aterrizar o cuando por alguna circunstancia va a llegar al país una nave aérea o marítima artillada. Así, por ejemplo, si es de los ejércitos o armada de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, comunica al Ministerio de Seguridad y la Cancillería, informando de la situación y pidiendo autorización, en la que se indica el tipo de nave y el tipo de armamento que trae, si lo trae, para que se haga la gestión ante la Asamblea Legislativa, del permiso correspondiente de llegada al puerto correspondiente, aéreo o marítimo, para su aterrizaje o su atraque.

El atraque de buques de armadas extranjeras en Costa Rica necesita esa autorización previa, solicitada a través de vías diplomáticas, cumpliendo con la visita oficial, cumpliendo además con controles sanitarios y estrictas normas de seguridad portuaria. Igualmente, deben cumplir con las regulaciones de la OMI, las normativas de la Capitanía de Puerto y contar con un representante local en la nave.

Estos permisos de atraque o aterrizaje se hacen para las misiones que se justifican de apoyo al fortalecimiento de las relaciones comunitarias de Estados Unidos en Costa Rica, cuando se brinda ayuda humanitaria, para atraque de Fragatas y buques navales escuela, buques patrulleros como el buque militar francés “La Combattante”.

Los requisitos de desembarque o atraque se les ha aplicado a buques y naves de Estados Unidos, Francia, Argentina, de Reino de los Países Bajos, de España, de, de Australia y de Uruguay, entre los permisos solicitados desde el 2022 hasta octubre del 2025. Entre ellos tuvo que pedir permiso un buque Guardacostas de los Estados Unidos el 29 de noviembre del 2022.

El trámite del permiso es por legalidad y por control político, como se realiza.

4.- Usualmente, los barcos o buques estadounidenses de guerra o de “colaboración” de la lucha antinarco en las aguas territoriales de Costa Rica, no se ha sentido. Excepcionalmente se ha informado que han colaborado en la captura de alguna nave transportadora de droga. Ahora se informa de las prácticas de disparos, de tiros al blanco, que realizan en aguas costarricenses.

El gobierno actual del presidente Trump ha puesto de relieve la lucha contra el narcotráfico. La ha colocado en una dimensión militar y no policial. La ha puesto en la perspectiva del llamado “narcoterrorismo” y, dentro de esta nueva apreciación, ha puesto todo lo que sea combatir el “terrorismo” en manos del ejército de los Estados Unidos. De esta forma, el narcoterrorismo, como categoría, es atendido por los ejércitos de los Estados Unidos, en lo que corresponda. Y el concepto se ha extendido para actuaciones contra políticos y contra países que así los califiquen.

En esta dimensión habría que discutir si lo jurídicamente establecido en Estados Unidos, como delitos, son de aplicación automática en cualquier país del mundo para a actuación de las autoridades militares y policiales de los estadounidenses. Porque lo que corresponde desde el respeto a las relaciones jurídicas y sus ordenamientos, es tramitar detenciones por la vía de juicios que conduzcan a la extradición de detenidos, como ya se está haciendo, entre Estados Unidos y Costa Rica.

5.- Desde finales del año pasado, frente a las costas de Venezuela, como parte de su política amedrentadora, y preparatoria de la acción militar del 3 de enero, para secuestrar el presidente Nicolás Maduro, las fuerzas militares de Estados Unidos se dedicaron, casi como por deporte, y para afinar el tiro al blanco, a eliminar embarcaciones que decían eran de “narcos”, que transportaban “drogas”. De esa manera asesinaron casi 150 personas, que no las recogieron del mar, no entregaron sus cadáveres ni a Colombia ni a Venezuela, ni indicaron o informaron de la droga decomisada, o eliminada. Es decir, mataron a diestra y siniestra, ejecutaron personas sin detenciones previas, sin someterlos a juicios, sin sentencias de culpabilidad, sin capturar droga. Sencillamente los ejecutaron, les aplicaron la pena de muerte porque les dio la gana matarlos… y para asustar a quienes estuvimos atentos al desenlace de este tipo de acontecimiento.

Así parece haber sucedido con esta embarcación que acaban de hundir y de “desaparecer” su supuesta “droga”, que no la decomisaron, ni la entregaron a las autoridades costarricenses. O se la fumaron en ese barco o no existía, o se la llevaron a Estados Unidos para su “comercialización” o trámites correspondientes, como se hace con la droga decomisada que de Costa Rica se lleva oficialmente a Estados Unidos, sin saberse si se regala, se vende o se cambia por otros servicios.

6.- Como evidentemente se cometió un crimen, una ejecución por sí misma, han cambiado la narrativa del evento, diciendo que pudo ser un accidente naval de esa embarcación.

7.- A las autoridades navales costarricenses solo las usaron para pedirles que se llevaran los cadáveres y al herido, porque no eran carga de su costal, y porque hubieran tenido que atenderlos en la propia nave estadounidense o llevarlos, bajo la bandera estadounidense del barco, a alguna base naval o de atraque autorizada para ello, lo que les hubiera causado otros problemas.

No se ha demostrado que el herido, el que se salvó, fuera un delincuente. Ni se capturó con droga. De esta forma, hay que considerarlo un hombre libre, sin acusación alguna de un delito cometido en Costa Rica.

En cuanto a los cadáveres que fueron traídos al país, sinceramente, hay que esperar que los análisis de las autopsias que se les practiquen no sean alterados para tratar de demostrar que no fueron brutalmente ejecutados por los militares que originalmente se dijo los habían matado.

8.- Lo sucedido ha puesto en evidencia que se ha violado la Soberanía Nacional, por el Ejército de los Estados Unidos, al haber actuado militarmente, en acción militar, contra una nave en aguas jurisdiccionales costarricenses, sin autorización legislativa, y por demostrar, de esa manera que buques armados, artillados, sin permiso legislativo navegan libremente en las aguas territoriales nacionales.

9.- Se ha puesto en evidencia que no hay coordinación de combate en la lucha contra el narco, con las autoridades nacionales, por parte de las embarcaciones estadounidenses autorizadas para ello.

10.- Se ha puesto en evidencia pública también que a las autoridades navales nacionales solo las usan para “recoger la basura que hacen” los soldados estadounidenses en esas embarcaciones, que no pueden “procesar” ellos mismos.

11.- Se ha puesto en evidencia que el mar costarricense está siendo navegado por navieras militares artilladas estadounidenses, sin los permisos legislativos.

12.- Se ha violado el principio constitucional de respeto a la vida, de su inviolabilidad.

La pena de muerte en Costa Rica fue abolida en 1882 y así se ha mantenido en el orden constitucional costarricense desde aquella fecha. Lo sucedido violentó esta tradición y esta disposición constitucional. Ni siquiera por la vía excepcional se ha mantenido la posibilidad de la pena de muerte.

13.- Respecto a los asesinados, por los militares del buque militar estadounidense, se ha actuado violando todos los principios jurídicos, locales, costarricenses, estadounidenses e internacionales, relacionados con el principio de inocencia, de considerar que toda persona se considera inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Se ha actuó contra ellos sin garantizar su vida, sin someterlos a una detención y un juicio justo, con posibilidad de garantizarles su defensa. De esa forma, se violó el principio de ser sometido a un juicio previo, con posibilidad de defensa del acusado a un juicio justo y de jueces imparciales.

14.- Se violó el principio de inviolabilidad de la vida al aplicarse la pena de muerte, por ejecución, sin juicio de ninguna clase, con tan solo la presunción de culpabilidad, sin demostrar que la droga, supuestamente existía.

Lo que se está aplicando por parte de esas prácticas de lucha contra la narco delincuencia es la ejecución extrajudicial de las personas, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo, y de pena de muerte establecida como sanción máxima en el derecho punitivo costarricense, pena que es inexistente. Si así es, y si así seguirá, lo que corresponde es discutir nacionalmente los alcances de estas políticas en la lucha contra el narco y los límites de las autoridades en la aplicación, que obligaría también a las autoridades extranjeras para que se sometan a ellas, a la legislación costarricense, para no realizar actos criminales, ni penas de muerte a diestra y siniestra en su lucha y captura contra las naves supuestamente vinculadas al narcotráfico.

15.- Debemos recordar que internacionalmente los países, que como Costa Rica, han abolido la pena de muerte, NO LA PUEDEN VOLVER A RETABLECER.

16.- Para que no se tenga dudas de lo que entiendo de la lucha contra personas, que están cometiendo un crimen, una actividad armada con la cual atacan a ciudadanos o las autoridades policiales costarricenses, a ciudadanos desarmados, que si es necesario actuar contra ellos, de manera armada, la policía está en la obligación y tiene el derecho de actuar, de manera defensiva usando sus armas oficiales, como a veces ha ocurrido.

Pero, no olvidemos tampoco, que en la lucha contra embarcaciones que supuestamente trafican o mueven drogas, los ciudadanos extranjeros que así lo hacen se entregan sin ofrecer resistencia militar, a las autoridades policiales de la naval costarricense, porque saben que en Costa Rica se les respeta la vida, aunque sean delincuentes.

Extradición de nacionales: renuncia del Estado a potestades indelegables de un país

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 21 de marzo del 2026

El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.

La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.

Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.

La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!

Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?

El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.

Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.

¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.

La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.

La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.

La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.

La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.

Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.

No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.

Las consecuencias políticas

¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?

Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.

Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados ​​por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.

Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.

FIN

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

La Coalición militar anti-carteles de las Américas de Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

1. Propósito oficial (lo que declara Washington)

El siguiente fue el objetivo oficial anunciado públicamente: “Combatir militarmente a los carteles del narcotráfico en América Latina.

Los puntos centrales de la iniciativa son:

-Coordinación militar entre 17 países del hemisferio (más o menos)

-Compartir inteligencia. Vigilancia y operaciones.

-Permitir que los Estados Unidos apoye operaciones contra carteles en distintos países.

-Posibilidad de usar fuerza militar directa contra organizaciones criminales.

Debe tenerse presente que Trump ha declarado que los carteles son “organizaciones terroristas” y que la coalición busca “destruirlas con fuerza letal”.

Expresemos sumariamente todo lo anteriormente escrito en un lenguaje sencillo: Lo que se ha pactado es la reedición de una especie de OTAN regional contra el narcotráfico.

2. Propósito estratégico de seguridad de EE. UU

Una buena cantidad de analistas han comentado que el verdadero objetivo va más allá del narcotráfico, ya que la iniciativa permite a los Estados Unidos obtener un alcance estratégico de mayor magnitud. En realidad, la nueva política de intervención de Trump pretende:

A. Militarizar la lucha contra el narcotráfico. Esto implica, cambiar el enfoque tradicional de carácter policial por otro militar y de guerra irregular.

Lo dicho abre la puerta a varios cometidos, tales como: ataques selectivos, operaciones especiales, despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. Esto no es otra cosa para los países latinoamericanos aliados de los EE. UU que ceder o dar la autorización al imperio del norte para que pueda violar la soberanía de los países signatarios. En el caso costarricense la firma estampada por parte del ministro de seguridad, Mario Zamora, que implica la entrada en violenta contradicción con la Constitución Política costarricense en varios de sus articulados.

B. Justificar operaciones extraterritoriales

Si los carteles se declaran organizaciones terroristas, quedaría inmediatamente habilitado Estados Unidos para aplicar la misma doctrina que contra Al-Qaeda o ISIS. Es decir, ataques contra cualquier país donde se encuentren los carteles, inclusive sin que exista una guerra formalmente declarada.

C. Reafirmar el liderazgo geopolítico en América Latina

De modo que la coalición viene a reforzar la influencia militar de Washington en el hemisferio, así como refuerza en el más amplio sentido de la palabra, la coordinación con gobiernos aliados. Algunos analistas han interpretado que eso significa la reconstrucción del sistema de seguridad hemisférica, pero, esta vez, bajo el liderazgo estadounidense.

D. Contener influencias externas

La presencia extraterritorial más incómoda para los Estados Unidos en el continente americano es a todas luces la de la República Popular China. No es únicamente por razones ideológicas, porque China cuenta hoy con un mercado donde se compran y venden bienes y servicios, productos industriales, en una proporción que, se lo deseara cualquier país capitalista. Por lo que Los Estados Unidos teme a China es por el grado de desarrollo que ha experimentado en las últimas tres décadas, que le permite competir idóneamente con cualquiera de los países capitalistas desarrollados. En muchos campos de la actividad mercantil o industrial ha comenzado a competir con ventaja. Entre los socios comerciales clave con los que China tiene actividad mercantil citamos a Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Todos estos países juntos concentran cerca del 90% de la totalidad del intercambio comercial de todo el subcontinente.

Por lo demás, la República Popular de China tiene relaciones comerciales casi con la totalidad de las naciones de América Latina y del Caribe; se ha convertido en un socio comercial que ha llegado a desplazar a los Estados Unidos en casi todos estos mercados a los que nos hemos referido. Además de los citados tiene relaciones importantes con Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana, Argentina y ahora de nuevo, Venezuela. Gran parte de la motivación del señor Trump para estar promoviendo la “Coalición militar anti-carteles de las Américas” radica en esta preocupación de tener que encontrarse con el gigante asiático en su colindancia trasera en mayor medida que lo que desea.

La otra gran influencia objeto de la inquietud de los Estados Unidos son las redes criminales y los carteles de la droga que, de acuerdo con sus interesadas investigaciones y la información obtenida, las supone vinculadas con actores políticos en el Irán. Claro que, la potencia neocolonial, ni siquiera menciona la presencia de los carteles de la droga y las poderosas redes del crimen que operan dentro del mismo territorio estadounidense.

De esta manera, desde la óptica geopolítica, la coalición tiene cuatro objetivos cruciales que son concomitantes y simultáneos entre sí, a saber: reorganizar la seguridad hemisférica bajo el liderazgo de los Estados Unidos; aumentar la capacidad de intervención militar en la región; combatir las redes criminales y ampliar sus intereses comerciales y mercantiles en las Américas.

3. Otras Doctrinas expansionistas de los Estados Unidos que provienen del pasado

En realidad, la actual doctrina de Trump está enlazada con viejas pretensiones de otros presidentes estadounidenses que fueron esbozadas tiempo atrás.

3.1. Vale la pena mencionar primero a la muy famosa Doctrina Monroe, la cual fue proclamada por el presidente James Monroe en 1823. Se hizo célebre mediante la frase “América para los americanos”, un juego de palabras muy a conveniencia del naciente imperio del norte, mediante el que Los Estados Unidos pasaron de ser un país más que acababa de alcanzar su independencia de la Gran Bretaña unos cincuenta años atrás, a considerarse a sí mismos los dueños del continente y por ello se apodaron de la expresión “somos los americanos” convirtiendo el gentilicio que se usa para denominar a cualquier habitante de todo el continente, en una metonimia o sinécdoque, mediante lo cual se emplea el nombre del país (EE. UU), para referirse todo el continente. De ahí que cuando Donald Trump lanza su “slogan” de campaña “Let´s make America Great again”, se está refiriendo exclusivamente al territorio de los Estados Unidos.

Políticamente, la sinécdoque que convierte por arte de “birlibirloque” en sinónimos a una parte con el todo, busca consolidar el pretendido derecho de Estados Unidos a intervenir en el hemisferio para “preservar su orden como único”, es decir para impedir nuevas colonizaciones europeas en el continente y pretender proteger así a los nuevos estados latinoamericanos. Esa lógica, buscaba fallidamente, darle un halo de legitimidad a numerosas intervenciones de USA en América Latina.

3.2. Luego, entre 1900-1930, bajo el liderazgo del presidente Theodore Roosevelt se esbozó el llamado corolario Roosevelt que, se agregó a la Doctrina Monroe.

El corolario decía que los Estados Unidos podía intervenir en cualquiera de los países latinoamericanos que tuviera una de estas dos condiciones: 1. Que tuviese inestabilidad política. 2. Que no pagase sus deudas externas.

Mediante esos mandatos auto otorgados fue que intervinieron en: Cuba, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Era una lógica policial y militar sobre todo el hemisferio.

3.3. Pero, al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, contando además y con el inicio de la guerra fría, cambió el objetivo, ya no se trataba de detener las intervenciones europeas, pues quedaban pocas posibilidades para que se produjeran; ahora de lo que se trataba era de detener el comunismo.

Para cumplimentar este nuevo objetivo se creó un sistema de seguridad hemisférica: 1.la Organización de Estados Americanos, que pronto excluyó a Cuba. 2. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No obstante, la historia continuó registrando intervenciones directas o indirectas de parte de Estados Unidos: *Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), *Golpe de Estado en Chile 1973, *Invasión de Panamá en 1989, entre las más connotadas. Se trataba de impedir la emergencia de gobiernos hostiles a Washington.

3.4. Desde los años 80, surge un nuevo énfasis por parte del gobierno de los Estados Unidos, “la Guerra contra las drogas”. Una nueva doctrina para combatir el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional.

Bajo el influjo de esta nueva doctrina, se produjeron: 1. El Plan Colombia y 2. La Iniciativa de Mérida en México.

Estas políticas implicaban:

-cooperación militar

-entrenamiento de fuerzas locales por parte del ejército estadounidense

-inteligencia compartida

-presencia de asesores estadounidenses

4. Conclusión

La nueva propuesta impulsada por Donald Trump.

Esta propuesta contine nuevos elementos:

4,1. Los Carteles de la droga como terrorismo. Como fue expresado supra, Si los carteles eran considerados terroristas, entonces EE. UU podría aplicar la misma doctrina utilizada contra Al Qaeda y El Estado Islámico.

Todo lo cual ha implicado, merced a la nueva tecnología: *ataques con drones, *operaciones especiales, *acciones extraterritoriales.

4.2. Una coalición militar hemisférica

Esta coalición ha implicado, en lugar de acuerdos bilaterales (como lo fue el caso del Plan Colombia), acuerdos multilaterales o una alianza regional de carácter permanente, como la que se ha propuesto. O sea, algo así como una OTAN hemisférica informal contra el crimen organizado.

Hipotéticamente, afirmo que se trata de Estados Unidos reconstruyendo una doctrina de seguridad hemisférica en pleno siglo XXI.

Trump en definitiva está buscando un renacer del imperialismo, apropiándose sobre todo del espacio en América Latina y desde ahí desplegar las alas del águila imperial por todo el orbe, para volver a consolidarse como una única potencia hegemónica política, militar, y económica.

Los datos incluidos en este texto fueron tomados de Wikipedia.

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

¿Daño colateral o el negocio de Wall Street? Nosotros ponemos los muertos, ellos lavan el dinero

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hagámonos una pregunta incómoda, de esas que la mayoría prefiere evadir: ¿Qué va a pasar cuando un familiar suyo se tenga que enlistar en una fuerza armada? Peor aún, ¿qué hará cuando alguien que usted ama se convierta en el “daño colateral” de una de sus operaciones militares? ¿Empezará por fin a oponerse y a alzar la voz, o seguirá guardando el mismo silencio de ahora?

El oficialismo fue a Mar-a-Lago, el Club Privado de Trump que, junto a su propietario, aparece mencionado no una, ni dos, sino cientos de veces, en los “Archivos de Epstein”; para firmar un acuerdo, supuestamente “Anti Carteles” de la droga, junto a otros 11 países latinoamericanos más, que tienen en común el tener en el poder a grupos y presidentes Populistas y vasallos de extrema derecha neo conservadora, pero que en realidad fue otra cesión más de la soberanía a la decadente potencia del Norte, como una extensión más de su Doctrina Monroe.

Hoy nos quieren vender la idea de que la militarización es la varita mágica contra el narcotráfico. Nos piden que cedamos nuestra paz a cambio de una supuesta seguridad. Pero seamos racionales y veamos a nuestro alrededor. Colombia y México tienen ejércitos inmensos, equipados hasta los dientes. Honduras tiene una base militar de los Estados Unidos instalada en su propio territorio. ¿Qué diferencia real ha hecho todo esto para evitar el narcotráfico? Ninguna. La sangre se sigue derramando en las calles latinoamericanas mientras el negocio sigue intacto.

La cruda realidad es que, mientras los Estados Unidos no dejen de financiar este mercado y de enviar ríos de armas a los carteles de la droga, la guerra está perdida. No hacemos absolutamente nada con discursos de “amarnos” y con permitir absurdos como que lancen misiles a nuestro territorio soberano, si no se ataca la raíz del problema.

Y esa raíz tiene código postal. ¿Cuándo hemos visto grandes operativos de la DEA y el FBI en su propio país? ¿Cuándo hemos visto que tumben las puertas en los suburbios ricos donde se distribuye la droga? Y lo más crítico: ¿Cuándo hemos visto políticas reales, persecución y sanciones a los enormes capitales ensangrentados que se lavan, a plena luz del día, en Wall Street?

En esta región nosotros ponemos los muertos, el “daño colateral” y las lágrimas, pero el dinero se cuenta en el norte. No nos engañemos más: el problema del narcotráfico nace, crece y se fortalece en Estados Unidos, el país que tiene la mayor demanda de drogas ilegales del mundo.

Ya es hora de dejar de comprar recetas fracasadas y de exigir que quienes consumen y lavan el dinero, asuman su verdadera responsabilidad.

¿Es necesaria una base militar estadounidense?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.

A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.

En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.

En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.

Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.

La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.

La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.

En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.

El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.

Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.

Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.

En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.

Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.

México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.

Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.

El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.

Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.

En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.

De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.

Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.

Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.

Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.

No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.

Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.

O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.

En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.

Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.

Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.

La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.

El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.

Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.

José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.

Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.

Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.

Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.

Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.

En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.

Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.

No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.

La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.

Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.

Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.

No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.

Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.

El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.

La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.

Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.