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Etiqueta: negociación colectiva

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

La lucha continúa…

Vladimir de la Cruz

La lucha social, de las movilizaciones de ciudadanos, de bloqueos de carreteras, en el interior del país especialmente, y en las arterias principales de circulación vehicular, no es casual. Es el resultado de una escuela de lucha social que se ha dado desde hace muchos años.

Las luchas y huelgas sindicales, de distintos sectores laborales, y estudiantiles, como las de las comunidades, cuando estas reaccionan de esa manera, como las de los sectores campesinos, son el resultado en primer lugar de organizaciones existentes que las dirigen, las organizan y preparan en todos sus alcances, o a la convocatoria de personalidades reconocidas. Raras veces responden a movilizaciones espontáneas de las gentes.

La importancia de los sindicatos para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones públicas, es que por medio de ellos se pueden realizar luchas concretas, desde las negociaciones internas, entre sindicatos y patronos, sin que terminen en huelgas o paros, hasta los paros, las huelgas, sean declaradas legales o ilegales, y las negociaciones colectivas, o en el pasado los arreglos directos, que se realizaron como alternativa de negociación hasta que los Tribunales los impidieron.

La importancia conexa de los sindicatos es que son válvulas de escape, y de estabilidad laboral y empresarial, a la presión social existente de las mismas condiciones de trabajo, de la seguridad social y laboral, y a la estabilidad democrática nacional. Sin sindicatos las luchas sociales podrían ser más dramáticas. Los sindicatos son factores y actores activos de la democracia.

Estas luchas siempre han sido dirigidas con objetivos y metas precisas, posibles de alcanzar, destacando en ellas, aspectos principales y aspectos secundarios, sabiendo, por parte de los dirigentes, que en una mesa de negociaciones se pueden sacrificar unos aspectos para lograr otros, que son los más importantes. No se pueden realizar luchas de esta naturaleza con objetivos imposibles de lograr. En una huelga de hambre no se puede poner un objetivo imposible porque no se trata de que muera en la huelga de hambre quien se dispone a ejecutarla.

La tradición de huelgas y de luchas populares en Costa Rica se inició en el seno mismo de los sectores laborales, desde el siglo XIX, sin partidos políticos que los orientaran. Esas huelgas tuvieron grados de organización y preparación. Antes de que existieran los Sindicatos y las Ligas de Obreros, desarrolladas entre 1900 y 1902, ya existían esas formas de lucha, de huelgas y de paros, y de resistencia a los organismos policiales o militares, cuando había Ejército, con represión o sin ella, y con cárcel para dirigentes y manifestantes, y en ocasiones con muertos que los ha habido en Costa Rica.

Desde principios del siglo XX con la organización sindical se mejoraron esas formas de lucha. Se iban educando los trabajadores en su organización y en su lucha. Contribuyeron con ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros intelectuales de la primera mitad del siglo XX.

En 1920, estamos en el centenario de esta fecha, desde finales de enero hasta diciembre, se realizaron una serie de movimientos huelguísticos que culminaron con el establecimiento de la Jornada de 8 horas de trabajo, para todo el país, jornada que se quiere eliminar actualmente.

Todo el movimiento sindical actual debería estar preparando actos relacionados con esta fecha, y hasta una gran manifestación, para el miércoles 9 de diciembre, en exaltación a esta conquista laboral, hoy amenazada por todos los costados.

A finales del siglo XIX el movimiento obrero y popular llegó a tener tres diputados, Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, y Víctor Gölcher, en una época en que se consideraba que los diputados representantes de los trabajadores podían proponer y hacer leyes que mejoraran las condiciones laborales, y de vida, de los trabajadores, pensando, de esa manera también, que así superarían las injustas condiciones de un sistema económico y político de organización social.

Hasta la llegada del Partido Reformista, en 1923, volvieron los diputados representantes de los trabajadores, entre ellos, el líder sindical Julio Padilla. De ese período fue la obtención de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925, ley que tenía 18 años de estarse peleando su aprobación en el Congreso.

Luego fue, a partir de 1934, con la existencia del Partido Comunista, 1931-1943, luego llamado Vanguardia Popular, a partir de 1943, que el movimiento sindical y las luchas de los trabajadores tuvieron una orientación política más clara.

Las luchas obreras y campesinas tuvieron una nueva dimensión con la presencia comunista organizándolas. A partir de la alianza de la Iglesia, el Partido Vanguardia Popular y el gobierno de Calderón Guardia, en 1943, la Iglesia impulsó su Central Sindical, la Rerum Novarum, que sobrevivió la Guerra Civil. Hacia 1958 se dividió dando origen a la central sindical socialdemócrata y originando sindicatos socialcristianos, junto a los de tradición comunista que se habían vuelto a organizar desde 1952, peleando, desde entonces, distintos grupos de trabajadores y a veces los mismos, como fueron en las Bananeras, las huelgas bananeras de la década de 1950-1960 expresión de ello.

Con los trabajadores estatales, especialmente en áreas estratégicas, muelles, ferrocarriles, electricidad, RECOPE y otras, los gobiernos, especialmente liberacionistas impulsaron la firma de convenciones colectivas de trabajo con sus sindicatos, para evitar la penetración de los sindicatos dirigidos por los comunistas.

El Partido Vanguardia Popular puso énfasis en las luchas agrarias, por la toma de tierras. Nunca esas luchas llegaron a paralizar el país, como lo hacen ahora los campesinos. Aquellas luchas fueron muy locales, intensas, dramáticas y altamente reprimidas. Solo en Guanacaste, entre 1930 y 1980 hubo más de 900 conflictos agrarios, y así eran otras provincias donde el problema de la tierra era explosivo. No casualmente Liberación Nacional impulsó el Instituto de Tierras y Colonización en la década de 1960.

A finales del siglo XX, Guido Vargas, quien llegó a ser diputado, en 1998, empezó a sobresalir como dirigente de los pequeños campesinos. El fue el que organizó, especialmente con UPANACIONAL, surgida en 1981, las grandes protestas campesinas que paralizaban el país en distintas partes del territorio, movilizando localmente a sus afiliados en las distintas provincias.

Esas enseñanzas fueron bien aprendidas y se siguen haciendo, como fue evidente en estas últimas protestas que ha habido, donde el país se ha paralizado, en carreteras, especialmente, por ese papel que juegan los micro, pequeños y medianos campesinos, casi imposibilitando que la Fuerza Pública pueda atender los distintos puntos de conflicto y de paralización de la circulación vehicular en carreteras.

En las luchas actuales, los cabecillas de Rescate Nacional rechazaron la presencia de Guido Vargas y hasta de “traidor” lo trataron, pero a él deben su capacidad organizativa y en cierta forma de lucha social.

El Partido Comunista, ni los otros partidos de la izquierda nacional, pudieron hacer este tipo de luchas en el sector campesino. Con obreros agrícolas, y de la caña, fueron muy exitosos, en Juan Viñas, en Coopevictoria o en CATSA.

En el momento actual, en los bloqueos de calles, siguen presentes estos sectores sociales y de trabajadores.

Los sindicatos se quedaron al margen o a la cola, hasta estos últimos días en que han empezado a movilizarse, con consignas muy débiles, cuando podrían estar haciendo énfasis en las luchas principales contra lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, debilitando más los beneficios laborales que gozan todos los trabajadores del país, especialmente del sector público.

En la lucha urbana, sea por manifestaciones estudiantiles o convocadas por sindicatos, se bloquean las calles por donde transitan las movilizaciones, pero eso no ha alcanzado para paralizar simultáneamente distintas partes del país y por varios días. Solo durante la lucha del Combo del ICE, en el 2000, y del TLC, en el 2006 y 2007, se vieron situaciones similares.

La suspensión de estas actividades, en las luchas recientes, sobrevino de su necesidad. Se había llegado a un tope. La salida de UCCAEP con el cabecilla principal de Rescate Nacional fue la válvula de escape que facilitó la suspensión de actividades junto con las tareas que había impulsado la Fuerza Pública, y las acusaciones ante los Tribunales que se estaban encauzando.

La mezcla de intereses, que se reunieron desde sectores empresariales, y de tipo popular, movilizados por el mismo paraguas, y quizá las mismas fuentes de financiamiento, en contra de los impuestos que se querían aprobar en la Asamblea Legislativa, no se habían dado antes en el país. De allí ese amorío público evidenciado por disputar la paternidad y la maternidad de haber suspendido los bloqueos. Si de eso se trata, allí estaban el padre y la madre de esa criatura, de la suspensión de los bloqueos, que gozaban de cierta simpatía popular pasiva, pero que ya era asfixiante, para la ciudadanía como para los distintos tipos de empresarios, productores y comerciantes.

Estas luchas, las actuales, no tuvieron ninguna presencia importante o significativa de ningún partido político, ni de partidos de izquierda, que son casi inexistentes en el país. Lo más que hicieron algunos de ellos fue declarar su simpatía con la lucha, como tal, e invitar a participar en las marchas, pero en la cola de la criatura.

Carecieron estas luchas de los elementos organizativos de las marchas, para evitar o controlar hasta donde se puede a provocadores e infiltrados, interesados en desprestigiar las protestas, como de los organismos represivos y de seguridad nacional.

Estas luchas no tuvieron palancas parlamentarias que hubieran podido influir para una mejor canalización de las luchas y de las marchas. Estando el Proyecto de Ley, de aprobación del préstamo del FMI, en la Asamblea Legislativa, se movilizaban a la Casa Presidencial, más con fines políticos, y preelectorales 2022.

El corolario de estas luchas se dio con el enfrentamiento de los pescadores artesanales de camarón, esta semana, que se movilizaban contra el proyecto de ley que autorizaría la pesca de arrastre, y los empleados, o personas pagadas por las empresas que promueven la pesca de arrastre, aprovechando la pobreza de Puntarenas, el desempleo local y las necesidades económicas.

Las mafias organizadas alrededor de este negocio de la pesca de arrastre enfrentaron a ciudadanos pobres con pescadores pobres… Qué triste, pero así son a veces algunas luchas, donde los grandes intereses, y grupos mafiosos, ponen a pelear a sectores laborales, trabajadores y pobres entre sí… por supuesto, a veces también con la complicidad, y quizá con buen pago, de algunos de sus dirigentes…

La lucha continúa, es lo que se sigue afirmando.

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Ricardo Araya Montero

 

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.

Memorando de OIT destruye Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

En atención a una consulta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que tramita el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza de OIT, rindió el correspondiente Memorándum Técnico.

I.- Contenido del memorando técnico

El informe de OIT contiene varias observaciones y recomendaciones generales, amén de estrictos señalamientos puntuales acerca de varios artículos de ese proyecto, sin dejar pasar inadvertidas las múltiples deficiencias de técnica legislativa que discurren a lo largo del sibilino texto.

Habrá oportunidad para comentar y discutir más profundamente este calificado informe del organismo internacional, pero por ahora, de manera preliminar, podríamos hacer una síntesis, muy acotada, de las contundentes observaciones generales de este memorial, sistematizándolas en cuatro categorías:

1.- En primer lugar, el informe advierte serias inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, relacionadas con la certeza jurídica de las situaciones amparadas y su aplicación en el tiempo, particularmente todas las normas concernientes a las remuneraciones, incluyendo el mecanismo de reajustes salariales.

Además, señala cuestionamientos en materia de derechos adquiridos o en curso de adquisición.

El memorando recomienda revisar las normas transitorias y las asociadas, con la finalidad de evitar controversias aplicativas y conflictos de respeto de los derechos adquiridos.

2.- En segundo lugar, el informe destaca que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Se recomienda, por mínimo, incluir una referencia de los derechos colectivos de las y los servidores y sus organizaciones sindicales, que podría ser un reenvío a las disposiciones normativas pertinentes, normas que efectivamente contiene el propio Código de Trabajo.

Sugiere que se aclare la articulación entre el nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones (la denominada “columna salarial global”) y los procesos de negociación colectiva actualmente aplicables en el sector público, de manera que se cumpla el Convenio N° 98 OIT.

3.- El memorando reconviene el esquema de gobernanza del régimen de empleo público, centralizado en MIDEPLAN, que tampoco contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su legítimo interés.

Recomienda, sin perjuicio de los procesos directos de negociación colectiva, que el proyecto comprenda mecanismos de consulta con estas organizaciones, o que se haga la remisión a las correspondientes fuentes normativas, de conformidad con los principios de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT (aun no ratificado).

Asimismo, tratándose de la desvinculación por reorganización forzosa de servicios, el informe insta revisar si la correspondiente norma del proyecto, configura una causal de desvinculación por motivos económicos, y en consecuencia, recomienda que se incluya un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretenda cesar personal por motivos económicos y estructurales.

4.- Por último, pero no por esto menos importante, el memorando subraya que el proyecto omitió aspectos sustantivos en materia de igualdad y no discriminación, tales como medidas a favor de las mujeres, por ejemplo, para corregir la brecha salarial, y servidores pertenecientes a pueblos originarios.

La OIT previene revisar la redacción del texto, con el propósito que se garantice, de manera plena y efectiva, el derecho de igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, conforme los convenios números 100, 111, 156 y 159 OIT, ratificados por CR.

Hasta aquí el condensado resumen de las observaciones generales que desarrolla el fundamentado memorando de OIT, del cual se puede desprender que no se tratan de señalamientos puntuales, peccata minuta, sino de cuestionamientos estructurales, que trastocan la propia identidad del proyecto, los cuales jamás podría subestimar el Gobierno y la Asamblea Legislativa, no sólo porque las rigurosas observaciones las realizó el organismo internacional especializado en la materia, ajustándose a su consolidada doctrina jurisprudencial, sino, además, porque las censuras están radicadas en la inobservancia de aquellos derechos fundamentales.

II.- Alcances e implicaciones del memorando técnico OIT

El informe de OIT viene así a confirmar la consistente posición de los sindicatos, que denunciaron el carácter autoritario, excluyente, discriminatorio y antisindical del Proyecto Marco de Empleo Público, redactado en los consistorios secretos de OCDE y el BANCO MUNDIAL, que dejó en estado de absoluta interdicción la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de consulta y participación de los sindicatos en las cuestiones que son de su legítimo interés.

Entonces, se trata de un proyecto que desconstitucionaliza la libertad sindical y la negociación colectiva en la función pública, que por un lado, colisiona frontalmente contra la legislación internacional del trabajo, como lo constata inobjetablemente el Memorando de OIT, y por otro lado, no se adecua a los estándares de los ordenamientos democráticos modernos.

Es pertinente recordar que en el texto original del proyecto se reconoció el principio de negociación colectiva:

“Artículo 3.- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

(…) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva corresponde a empleadores y sus organizaciones por una parte y las organizaciones de personas trabajadoras por otra (sindicatos, federaciones y confederaciones), de conformidad con el artículo 688 y siguientes del Código de Trabajo.”

Tan regresiva y fundamentalista es la nueva versión importada del proyecto (texto sustitutivo), acuñada por aquellos organismos internacionales, que intencionalmente se volaron esa mención expresa del principio de negociación colectiva, que remitió al artículo 688 y ss del Código de Trabajo.

Precisamente, el memorando de OIT destaca la carencia, por lo menos, de un principio que reconozca el derecho de negociación colectiva, mención que como ya se explicó, contenía el texto original, pero que en el sustitutivo fue suprimida de un solo teclazo.

No queda la menor duda que este informe de OIT propicia un severo golpe de martillo, en seco, al controvertido proyecto de ley, que lo manda, por la vía rápida, a alguna unidad especializada de cuidados muy intensivos.

En definitiva, el memorando técnico de OIT no deja piedra sobre piedra, y no le queda otra alternativa al Poder Ejecutivo, que no sea retirar, por segunda vez, ese desaguisado de la turbulenta corriente legislativa, y por tanto, en apego a los principios democráticos de diálogo social y consulta, discutir oportunamente con los legítimos actores sociales el impresentable proyecto, con el objetivo, por una parte, de modernizar y fortalecer la prestación de los servicios públicos y por otra parte, salvaguardar los derechos fundamentales de las y los servidores públicos, salvo que se prefiera que el periplo de esa accidentada iniciativa legislativa termine su infausta suerte en un contenedor frigorífico.

28/07/2020

Videos sobre Taller de Macroeconomía y derechos económicos y sociales

 

Videos sobre Taller de Macro economía y derechos económicos y sociales

El pasado 17 y 18 de noviembre, dentro del marco del Taller Nacional “Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la política macro-económica y la vigencia de los derechos económicos y sociales”, se desarrolló una sesión dedicada a la política laboral y se cerró con la idea de que hay intereses político-empresariales que pretenden reducir los derechos laborales al ámbito del derecho civil.

 

Las ideas principales desarrolladas durante el taller fueron:

-No hay democracia política sin respeto a los derechos laborales

-Los derechos son indivisibles.

-Los sindicatos son la organización natural para la promoción y defensa de los derechos laborales, así como en la incidencia en las políticas salariales.

Videos sobre Taller de Macro economía y derechos económicos y sociales2

En la organización de la actividad participaron los colegios profesionales de Sociología y Ciencias Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, el Centro de Estudios y Publicaciones CEP-ALFORJA, el Ministerio de Hacienda, la Primera Vicepresidencia de la República y la Oficina Regional de la CEPAL de México.

 

Videos del Taller

Gracias al valioso trabajo de edición realizado por don Adolfo Vega, profesional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, se puede acceder a los videos sobre este taller y ser usados para la discusión política sobre la macroeconomía y los derechos humanos y con fines educativos en nuestro país y región. Estos fueron subidos al sitio web de la Facultad y pueden ser vistos en el siguiente enlace:

http://videos.fcs.ucr.ac.cr/videos/25/Taller-Nacional-Pol%C3%ADtica-Macroecon%C3%B3mica-y-Derechos/most_recent/all_time/

 

Enviado a SURCOS Digital por Mariano Sáenz Vega.

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Peligra el derecho a la negociación colectiva en el sector público

Seccionales SEC
Imagen con fines ilustrativos.

La acción de inconstitucionalidad presentada a la Sala Constitucional por el diputado libertario, Otto Guevara Guth, pretende eliminar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras del sector público a la negociación colectiva.

Las libertades sindicales son derechos humanos fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger en todo momento. Estos se encuentran contenidos en protocolos y convenios internacionales que persiguen la protección del derecho de sindicalización y la negociación colectiva. Con esta intencionalidad del diputado libertario se violentan compromisos internacionales suscritos por el Gobierno de Costa Rica. El defensor de los millonarios de este país pretende que, mediante una resolución de la Sala, se eliminen libertades sindicales de los trabajadores y las trabajadoras, tales como el derecho a negociar las convenciones de trabajo.

Si la razón de ser de la Sala Constitucional es la de garantizar el respeto a lo normado en nuestra Constitución Política, instamos a los señores magistrados a tutelar y cumplir con su deber de hacer respetar las libertades sindicales, máxime cuando nuestro país ha ratificado instrumentos jurídicos de la ONU y la OIT, tendientes a garantizar las libertades y los derechos humanos.

Alertamos a todos los trabajadores del MEP, del Ministerio de Trabajo y al conjunto del sector público, cuya esfera jurídica individual se encuentra cubierta por el derecho a la negociación colectiva para que, mediante la movilización activa, defendamos las libertades sindicales, nuevamente amenazadas por esta acción de inconstitucionalidad del diputado Guevara Guth contra el derecho a negociar convenciones colectivas.

¡Llamamos al pueblo costarricense a defender la tradición de respeto a los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país!

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense.

 

Enviado a SURCOS Digital por SEC CR.

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Taller macro-economía y derechos económicos y sociales

En el mes de noviembre del 2014 se realizó el Taller Nacional “Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la política macro-económica y la vigencia de los derechos económicos y sociales”. Como parte de las múltiples sesiones, una se dedicó a la política laboral; entre otras ponencias, una expuso que hay intereses político-empresariales que pretenden reducir los derechos laborales al ámbito del derecho civil.

La actividad estuvo organizada por los colegios profesionales de Sociología y Ciencias Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, el Centro de Estudios y Publicaciones CEP-ALFORJA, el Ministerio de Hacienda, la Primera Vicepresidencia de la República y la Oficina Regional de la CEPAL, ubicada en México.

 

A continuación ofrecemos una muestra gráfica de la actividad.

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Enviado a SURCOS Digital por Mariano Sáenz.

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Debe retomarse perspectiva de Derechos Humanos en política laboral y salarial

Debe retomarse perspectiva de Derecho Humanos en política laboral y salarial3
El Taller Nacional Sobre el Diseño de Políticas Macro-económicas Desde el Enfoque de los Derechos Humanos se realizó en San José durante los días 17 y 18 de noviembre.

En el marco del Taller Nacional “Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la política macro-económica y la vigencia de los derechos económicos y sociales”, se desarrolló una sesión dedicada a la política laboral, una de cuyas conclusiones fue que hay intereses político-empresariales que pretenden reducir los derechos laborales al ámbito del derecho civil. “Estamos ante una competencia perversa por ver quién baja más los estándares laborales y quien valora más los activos financieros”, afirmó el especialista de Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Pablo Yanés.

De acuerdo con un estudio de CEPAL, hay tendencias muy negativas en la región que deben ser revertidas, entre ellas la creciente informalización del trabajo, la disparidad en los mecanismos para la fijación de los salarios mínimos y el incumplimiento del pago una vez fijado dicho salario.

Otras falencias identificadas por el estudio, señalan el deterioro del diálogo social y la inserción de los países en el mercado mundial basada en ventajas comparativas de los países, que consideran el salario como un costo de producción que debe reducirse, al tiempo que la política salarial y laboral está en función del déficit fiscal. Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, un país con bajos salarios y trabajo precario no es sostenible, prueba de ello es que la pobreza y la desigualdad han crecido en la región en los últimos 30 años.

 

No hay democracia política sin respeto a los derechos laborales

Comentando los resultados del informe de la CEPAL, el abogado laboralista Estaban Calvo, destacó que en Costa Rica todos los derechos existen en el ámbito jurídico formal: están ratificadas la mayoría de las convenciones internacionales, se cuenta con la institucionalidad pública para que se plasmen los derechos laborales pero en la realidad del mundo del trabajo, nada se cumple y existe un alto grado de impunidad.

Citando al Informe del Estado de la Nación, el licenciado Calvo afirmó que si en el país se pagara el salario mínimo, se reduciría la pobreza en un 3%. Contrario a eso, sólo el 38% de los trabajadores se les respetan todos sus derechos y al 6% no se le respeta ninguno.

 

Los derechos son indivisibles 

Por su parte, la activista de los derechos laborales Ariane Grau, subrayó que el cumplimiento de los derechos laborales básicos: libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga, son condiciones para el cumplimiento de otros derechos como el trabajo digno, la alimentación y la salud. Citó el ejemplo de derechos asociados de las mujeres trabajadoras como son la lactancia materna, que en ausencia de los otros derechos, no se hace efectivo, ante el riesgo de que la madre pierda su trabajo.

Para Grau, una política pública puede ser pertinente en materia fiscal, comercial o macro-económica pero restrictiva en materia de derechos laborales y eso es lo que está pasando en Costa Rica.

En el trabajo de CEPAL que sirvió para la reflexión, no se consideró la situación del mundo laboral rural, ni variables como el impacto que ha tenido en los salarios y en las condiciones laborales mundiales, la incorporación de 600 millones de chinos a la fuerza de trabajo internacional.

 

Un llamado a los sindicatos

Los sindicatos son la organización natural para la promoción y defensa de los derechos laborales, así como en la incidencia en las políticas salariales, sin embargo, para estar a la altura de esos desafíos, deben ser independientes, democratizarse y desburocratizarse, de manera que sean representantes legítimos de las y los trabajadores. Corresponde a las organizaciones sindicales “abandonar la zona de confort” en el sector público y organizar la fuerza laboral del sector privado, así como fortalecer los espacios de diálogo social.

En la organización de la actividad participaron los colegios profesionales de Sociología y Ciencias Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, el Centro de Estudios y Publicaciones CEP-ALFORJA, el Ministerio de Hacienda, la Primera Vicepresidencia de la República y la Oficina Regional de la CEPAL de México.

 

Juan Carlos Cruz-Barrientos

Comunicador social – docente