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Etiqueta: negociaciones

Conflicto Rusia-Ucrania: Señales de derrota y negociaciones secretas

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado un punto crítico, con la OTAN emitiendo señales contundentes sobre la situación militar de Ucrania y el fracaso de su contraofensiva. El secretario general de la organización militar atlantista pro-occidental, Jens Stoltenberg, ha declarado que el país se encuentra en una situación crítica y ha instado a prepararse para recibir malas noticias: «Tenemos que prepararnos para malas noticias. Los conflictos se desarrollan por etapas. Pero debemos apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos momentos». Este anuncio ha generado incertidumbre y preocupación en el bando ucraniano, ya que sugiere un cambio significativo y casi irreversible en el desarrollo de los acontecimientos.

El panorama actual remonta a hace aproximadamente un año, cuando la OTAN expresó de manera categórica que la incorporación de Ucrania a la organización era algo «impensable por el momento». Esta declaración fue un duro golpe para el presidente Zelenski y para aquellos que depositaban sus esperanzas en el apoyo incondicional de sus aliados occidentales. Esta situación dejó entrever las primeras alertas sobre la fiabilidad de los «padrinos» occidentales de este país. En un primer momento, se alentó a Ucrania, se le proporcionaron armas para enfrentarse a una potencia militar y se le hizo creer que tenía posibilidades de éxito en su resistencia. Sin embargo, las recientes declaraciones de Stoltenberg, instando a Ucrania a prepararse para recibir malas noticias, dejan al descubierto una realidad amarga para muchos: la incertidumbre y la desconfianza en las promesas occidentales.

Este giro de los acontecimientos genera preguntas fundamentales sobre la estrategia y la coherencia de las potencias occidentales en su respaldo a Ucrania. ¿Hasta qué punto se puede confiar en aliados que, en un momento, alientan la resistencia y, en otro, sugieren la posibilidad de concesiones territoriales en negociaciones secretas con el adversario? La desilusión en Ucrania es palpable. Las expectativas de una contraofensiva efectiva y de un respaldo incondicional se ven ahora empañadas por la realidad de una situación crítica y la aparente falta de apoyo firme por parte de la OTAN y EE. UU., país que ha pasado a darle prioridad a Israel, su aliado estratégico de Medio Oriente, en su actual conflicto contra Hamas. Este escenario refleja la complejidad de las relaciones geopolíticas y pone en tela de juicio la capacidad de los países occidentales para mantener una posición coherente y sólida frente a crisis internacionales.

A medida que la situación en Ucrania se vuelve más tensa, han surgido informes sobre posibles negociaciones secretas entre la OTAN y Rusia. Según algunos medios internacionales, se estaría discutiendo la posibilidad de que Rusia retenga los territorios liberados en su operación militar, incluyendo Crimea, a cambio de permitir que el resto de Ucrania ingrese a la OTAN. Estas supuestas conversaciones han generado controversia y especulación sobre los posibles términos del acuerdo y sus implicaciones para la región.

El hecho de que la OTAN, según afirman medios internacionales, esté considerando la posibilidad de negociar con Rusia los términos de la rendición ucraniana, ¿a sus espaldas?, y la declaración del secretario general de la organización indicando que Ucrania se encuentra en una situación crítica, sugieren que la balanza podría inclinarse hacia una derrota militar inminente de ese país. Esta situación plantea cuestionamientos serios sobre la efectividad de este tipo de alianzas internacionales en nuestros días, así como de la arquitectura actual del sistema internacional.

Desde el inicio de la operación militar rusa en febrero de 2022, diversos analistas y estudiosos del conflicto han estado realizando exhaustivos análisis sobre el terreno y las decisiones políticas tomadas por ambos bandos. La evolución de los acontecimientos ha llevado a algunos expertos de los propios EE. UU. a cuestionar la eficacia de la respuesta de la OTAN y a plantear interrogantes sobre la capacidad de Ucrania para resistir la presión militar rusa.

La posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN a cambio de concesiones territoriales a Rusia también levanta preguntas sobre los verdaderos intereses geopolíticos del bloque occidental, quienes al inicio dijeron defender hasta el final la integridad territorial de Ucrania, a la vez que deja entrever las dificultades y la complejidad de las relaciones geopolíticas en un mundo cada vez más inestable. Las implicaciones de esta crisis van más allá de las fronteras de Ucrania, afectando la confianza y cuestionando la eficacia de este tipo de organizaciones militares internacionales y su viabilidad en un mundo con rasgos de multipolaridad, en una realidad de nuevos equilibrios geopolíticos y actores con un importante peso global, los cuales no se pueden subestimar, ni mucho menos imponerles la voluntad de terceros en detrimento de sus intereses.

La situación actual en Ucrania refleja una compleja realidad, pero no es de asombrarse, pues es imposible que un país como éste pueda haber pensado en ganar un conflicto a una potencia nuclear como es Rusia. Tal como lo alertaron propios militares norteamericanos desde el inicio, ese conflicto lo perdería Ucrania si o si, pues más allá de las declaraciones pomposas hechas por países occidentales y sanciones morales que pudieron haber hecho contra Rusia, en el plano de lo real y lo técnico, la superioridad rusa siempre fue contundente.

En la actualidad, la lógica de las sanciones unilaterales y las imposiciones geopolíticas emerge como un camino que, lejos de fomentar la paz y la estabilidad, refleja una dinámica anacrónica propia de la Guerra Fría. El conflicto entre Rusia y Ucrania (OTAN) es un vivo y fiel reflejo de querer reducir a Rusia como actor geopolítico global a uno local y más parecido políticamente al de la Rusia post soviética de los noventa, hundida en una profunda crisis interna y sin ningún tipo de protagonismo internacional. En definitiva, eso no sucederá y más bien parece que a occidente una vez más le fallan los cálculos. Estas medidas, en lugar de propiciar una resolución pacífica de los conflictos, tienden a impulsar una política de bloques, alimentando la desconfianza y generando fragmentación en la arena internacional.

La imposición de sanciones de manera unilateral a menudo conduce a un aislamiento diplomático y económico, obstaculizando la construcción de puentes y entendimientos entre naciones. Esta vieja estrategia, heredada de épocas pasadas, subraya la necesidad imperante de explorar enfoques más colaborativos y multilaterales para abordar los desafíos geopolíticos contemporáneos, buscando construir un orden mundial basado en la cooperación y la comprensión mutua en el marco de una filosofía de ganar-ganar para todos, tal y como lo ha sabido promover con sabiduría países como China, con su política exterior basada en el respeto mutuo, el desarrollo pacífico y la cooperación internacional.

Posición Oficial de ANEP acerca del artículo del periódico El Universal, de México, sobre supuestas negociaciones entre el gobierno de Chaves y el narcotráfico

Con enorme preocupación, aunque carentes de sorpresa, hemos leído el artículo publicado en el diario mejicano El Universal, redactado por el periodista José Meléndez, que refiere a una supuesta negociación entre el gobierno de turno y estructuras narcotraficantes de corte internacional.

Desde ANEP, gracias a la honrosa representación que ostentamos del gremio policial, desde distintas instituciones, aunado a la preparación académica y experiencia en el campo de quienes conforman nuestro equipo de trabajo; y nuestras bases, tenemos la oportunidad de identificar y asociar circunstancias que, para gran parte de la ciudadanía, pasan desapercibidas, y que, al juntarlas nos llenan de sospechas.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

1) Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.

2) Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.

3) La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).

4) No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.

5) Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.

6) Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.

7) Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).

8) “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).

9) Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual).

10) Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.

11) Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.

12) Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales

13) La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.

14) Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.

15) Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…

16) Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
Entre otras…

Es decir, desde hace años en nuestro país se vienen presentando situaciones sospechosas, cuestionables y otras que, directamente, van debilitando el aparato estatal y empoderan a las mafias narcotraficantes. No es posible aseverar si la supuesta negociación entre el Estado y el narco, en el gobierno de turno sea cierta. Sin embargo, ante todos los antecedentes existentes, y las decisiones recientes del Poder Ejecutivo, tampoco podemos descartarla.

Desde ANEP esperamos que el Ministerio Publico entable las investigaciones pertinentes.

Debemos reiterar nuestra tesis: Una de dos; o el gobierno de Chaves está pésimamente mal asesorado en temas de seguridad; o están defendiendo los intereses del narcotráfico.

San José, miércoles 27 de septiembre de 2023

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

 

Publicado en: https://anep.cr/posicion-oficial-de-anep-acerca-del-articulo-del-periodico-el-universal-de-mexico-sobre-supuestas-negociaciones-entre-el-gobierno-de-chaves-y-el-narcotrafico/

Mensaje del Rector de la UCR sobre las negociaciones de la reforma fiscal

El doctor Henning Jensen Pennington llama a emplear los mejores esfuerzos para encontrar soluciones prontas. Recomienda iniciar percibiendo y reforzando los intereses comunes en aras del diálogo. Le invitamos a escuchar el llamado del rector de la Universidad de Costa Rica. En caso de reproducir el video en su celular, sugerimos colocarlo en posición horizontal.

 

Enviado por Rectoría UCR.

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CEPAL: tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992).

Breve puesta en contexto

Se trata de la culminación de esta iniciativa regional, iniciada en mayo del 2015 en Chile y auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL. A la cita concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de América Latina y del Caribe, con el objetivo de poner un punto final a la incorporación, en un instrumento regional obligatorio, de algunos de los principios jurídicos mencionados en el Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, así como de nuevos principios jurídicos existentes, desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. Remitimos a nuestro estimable lector al comunicado oficial de la CEPAL, al comunicado oficial de Naciones Unidas, así como al comunicado oficial de las autoridades costarricenses, saludando la adopción de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones.

La culminación de un arduo proceso negociador

Con ocasión de la octava ronda de negociaciones celebrada en Chile en noviembre/diciembre del 2017, se habían dejado entrever algunos puntos en discusión no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San José de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos habían urgido a las delegaciones a no posponer más en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin más preludios: remitimos al lector a nuestra nota publicada en Debate Global en diciembre del 2017 titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente«.

Como aportes a la discusión, cabe mencionar, entre muchos otros:

– el documento preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor que configurará posiblemente el artículo 9 del futuro texto (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones);

– la propuesta de Argentina y de Perú sobre la participación ciudadana en materia ambiental, configurando lo que será probablemente el futuro artículo 8 (véase texto de la propuesta), con fecha de julio del 2017;

– la propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los artículos 13 a 25 circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobación del texto en Costa Rica (véase texto de la propuesta).

De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos también referir a la reciente Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (véase nota nuestra publicada en Debate Global titulada «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).

Una luz esperanzadora para activistas y defensores del ambiente

Con relación al artículo 9 antes mencionado, su formulación antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufrió mayores revisiones):

«Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso.
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo«.

Como bien es sabido, son innumerables los casos en América Latina de defensores del ambiente que son objeto de actos de violencia y de asesinatos no dilucidados por las autoridades estatales, y que se mantienen en una indignante impunidad.

De igual forma, son incontables los casos de líderes comunitarios y ecologistas llevados en América Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamación, resistencia a la autoridad, violencia en la vía pública, amenaza al orden público u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos: en el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias señaladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamación a publicar un artículo titulado: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» en el periódico La Nación (y que al parecer surtió algún efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).

De alguna manera este artículo 9 viene también a plantear a los Estados la adopción de medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el término de «Slapp Actions» («Slapp» – que significa «bofetada» en inglés – correspondiendo a las siglas de la expresión «Strategic Legal Actions Against Public Participation«): véase, entre muchos, este análisis publicado en Australia en el 2009 titulado «Quantum of strategic litigation — quashing public participation«, así como este estudio al respecto publicado en el caso de Ontario, Canadá en el 2010, titulado «Breaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario» y volante publicado en el 2010 sobre la legislación «Anti-Slapp» adoptada en Filipinas en el 2010.

Una valiosa iniciativa en espera de ser ampliamente difundida

Para quiénes se interesan por la génesis de cada uno de los artículos de este nuevo instrumento regional, el texto finalmente adoptado del futuro tratado consensuado en San José deberá ser comparado con el texto no consensuado correspondiente a la octava ronda de negociaciones (véase borrador del texto con corchetes, propuestas de enmiendas y modificaciones, que lleva la fecha del 22 de enero del 2018). El progreso logrado en las discusiones se puede apreciar con relación al documento de trabajo de abril del 2017, de cara a la séptima ronda de negociaciones realizada en Buenos Aires en julio/agosto del 2017 (véase documento).

Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la región latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretación restrictiva por parte del aparato estatal: es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio insólito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participación pública (véase breve nota nuestra al respecto). De igual manera, la adopción de este instrumento regional coincide con una reflexión doctrinal tendiente a recordar al Estado de Derecho sus obligaciones en materia ambiental: sobre el particular, referimos al artículo del Profesor Mario Peña Chacón (Costa Rica) titulado «Los derechos humanos ambientales en un Estado de Derecho ambiental», publicado en el sitio jurídico de Derechoaldia, y cuya lectura se recomienda.

No hace falta mencionar que la poca cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.

A modo de conclusión: una amplia divulgación requerida

El pasado 2 de marzo del 2018, se conmemoraron dos años del asesinato de la lider indígena Berta Cáceres en Honduras, un hecho que conmocionó a toda Honduras y al movimiento ecologista en su conjunto. Desde noviembre del 2017, el informe GAIPE recopiló toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Elpais.cr).

No cabe duda que la coincidencia de fechas de esta conmemoración con la sesión final en San José de cara a la adopción de este instrumento regional puede ser leída como una poderosa señal.

Nótese que a más de una semana de haber sido aprobada en Costa Rica, no se ha aún podido tener acceso a alguna versión digital definitiva del documento adoptado por las 24 delegaciones presentes en Costa Rica en su versión en español. ¿Cómo explicar este vacío? No se tiene respuesta sobre este punto, que ameritaría una breve explicación por parte de las entidades convocantes a esta cita.

A penas esté disponible en el sitio oficial de la CEPAL, de Naciones Unidas o en el de alguna entidad oficial costarricense, se procederá a remitir al lector al enlace respectivo, no sin antes sugerir, en el marco de este breve comentario, que las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información también debieran de ser aprovechadas por las entidades concernidas para dar a conocer en tiempo real un texto adoptado después de tres años de largas negociaciones.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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La CGT abandona BUSSCO

Comunicado de prensa

 

La Junta Directiva Nacional de la Central General de Trabajadores aprobó no participar más en el espacio unitario denominado BUSSCO, solicitando a las organizaciones miembros de esa confederación que analizaran también la posibilidad de renunciar también.

Como resultado del silencio cómplice del Bussco ante el acto de deslealtad de excluir de las negociaciones con las autoridades de la CCSS a los sindicatos agremiados, como la exclusión del Apse de la Convención Colectiva, fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de la Central Sindical, que plantea como fundamento para la creación y participación en alianzas los principios de democracia obrera y lealtad, los cuales cada vez están más deteriorados en la dinámica del Bussco, señalo el Secretario General Carlos José Cabezas Mora.

Añadió el compañero Cabezas que “el distanciamiento con el Comité Político del Bussco inicia al anunciar públicamente el acercamiento con otros colectivos como Patria Justa y las Centrales Sindicales”, consideramos que el Bussco no es lo suficientemente fuerte para ser quien detenga el avanzar de las posiciones del Bloque Opositor de la Asamblea Legislativa, se requiere de una unidad más amplia, las pasadas huelgas y los resultados demuestran esas tesis, opinó el dirigente.

La salida de uno de los aliados más importantes del Bussco, de una organización combativa y que aporta muchísimo en los procesos de movilización como es Apse, fue valorada de manera despectiva por el plenario del Bussco, como un punto de varios en la agenda.

La CGT ha tenido puntos divergentes con las decisiones del Comité Político del espacio unitario informal que apostó fundamentalmente al debate de una agenda nacional, cuyos resultados son evidentemente nulos, además en lugar de promover el clima de protesta contra los proyectos en la Asamblea Legislativa la prioridad de ese colectivo es sentarse a conversar con la casa presidencial, una camino que parece apostar al supuesto carácter progresista de un gobierno en el cual más influencia tiene los empresarios que los sindicatos.

La Junta Directiva Nacional aprobó a pesar de las diferencias continuar la coordinación con todos los espacios sindicales unitarios existentes con la pretensión de lograr aunque sea coordinaciones mínimas que impidan el avance de los proyectos de empleo público.

Carlos J. Cabezas Mora

Secretario General

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Cabezas.

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Fundación Adenauer apoya a populistas colombianos de derecha

Harald Neuber

Rebelión

Negociaciones de paz en Colombia

Representantes de varios partidos en la cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, reaccionaron con cautela a una visita de representantes del partido colombiano Centro Democrático el expresidentes Álvaro Uribe.

Según medios alemanes, la gira fue organizada también por la fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal alemana, Angela Merkel.

El diputado del SPD y presidente del grupo parlamentario de amistad Alemania-Suramérica, Klaus Barthel, se mostró escéptico.

“El partido plantea exigencias al proceso de paz ideadas de tal modo que no pueden cumplirse”, le dijo Barthel al portal alemán amerika21. Sin embargo, el Centro Democrático representa una comunidad electora nada despreciable.

“Espero que asuma un papel más constructivo, orientado hacia el futuro, y no busque hacer fracasar el proceso de paz”, agregó el socialdemócrata. A la par, el miembro del SPD celebró que la Fundación Konrad Adenauer contribuya a intensificar el diálogo entre diputados colombianos y europeos. “En últimas, queda claro que en Europa y en Alemania no podría entenderse una política que no aprovechara, justo ahora, todas las oportunidades para conseguir una paz interna duradera”, afirmó.

Mientras, las declaraciones de la vocera para la cooperación económica de la bancada del partido de izquierda Die Linke, Heike Hänsel, fueron aún más críticas.

“Los representantes del Centro Democrático dejaron claro en Berlín sobre todo lo siguiente: que no tienen ningún interés serio en un acuerdo de paz con la guerrilla”, le manifestó Hänsel.

La diputada señaló que algunas veces plantearon la absurda tesis de que las negociaciones de paz tienen consecuencias negativas para la economía del país, porque los guerrilleros de las FARC exigen una regulación de la minería y una reforma agraria.

El vocero político para derechos humanos del partido de los verdes, Tom Koenigs, dijo: “Veo el proceso de paz como una oportunidad para Colombia. Entre más ciudadanas y ciudadanos se involucren, mucho mejor.”

Mientras, en Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, congresista del partido opositor Polo Democrático, se mostró preocupado por la gira promocional de los populistas de derecha.

El Centro Democrático ha manifestado públicamente su desacuerdo frente al proceso de paz, con la afirmación de que se está negociando la entrega del país al terrorismo y se está desprestigiando a las fuerzas militares al ponerlas al mismo nivel de los terroristas, dijo.

“Pero estos argumentos que no tienen ningún sustento ni jurídico ni político”, subrayó.

Según el también jurista, “su misión es buscar el apoyo que no han podido tener en nuestro país a las apuestas guerreristas que han acabado con miles de personas”.

 

Compartido con SURCOS Digital por Carlos Meneses Reyes. Fuente original: Rebelión.

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