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Etiqueta: neoliberalismo

El socialismo democrático frente a liberales y antiliberales

Adrián Velázquez Ramírez y Francesco Callegaro

Septiembre 10 del 2020

El socialismo democrático ha tenido relaciones conflictivas con autoproclamados liberales y diferencias fundamentales con quienes rechazan algunos de los fundamentos de la tradición liberal. Esta tensión puede ayudar a comprender los lineamientos ideológicos socialdemócratas, a la vez que alumbrar algunas de sus problemáticas posiciones actuales.

La reconstrucción de un lenguaje

El surgimiento de una derecha liberal con capacidad de movilización popular se nos presenta como un auténtico desafío político e intelectual. Dentro del amplio y heterogéneo espacio que es la izquierda, resulta indispensable reflexionar sobre cómo articular una oposición que, sin sacrificar los principios y objetivos que la identifican, también resulte efectiva para contrarrestar su avance. Un eje sobre el cual empieza a transitar este debate se relaciona con el lugar que tienen los valores liberales dentro de la propia izquierda.

La precipitación de esta discusión es entendible en la medida en que se percibe que parte de las llamadas «nuevas derechas» amenazan el propio marco de la democracia liberal con el que, por cierto, llegan al poder y cuyos recursos explotan. Las garantías que esta forma política parece ofrecer para mantener un espacio político son puestas en tensión por un discurso que no las considera esenciales para la vida en común. De ahí que lo que antes nos parecía un piso mínimo y hasta insuficiente se nos manifieste ahora como un objeto de deseo que nos convoca a emprender su defensa. Sin embargo, este acto-reflejo debe ser meditado y reflexionado. El peligro es que esta maniobra defensiva nos impida sostener el ímpetu de una crítica al liberalismo que ha sido sumamente productiva para el pensamiento democrático.

En tal sentido, es necesario revisar la relación histórica entre socialismo y liberalismo. Particularmente, es preciso hacer foco en la forma en que esa amplia tradición identificada como socialismo democrático produjo una crítica al liberalismo que funcionó como una plataforma desde la cual fue posible trazar principios y conceptos que han dejado una impronta en las democracias contemporáneas tan importante (o más) que el propio liberalismo. Con este objetivo, nos proponemos ofrecer un breve recorrido histórico-conceptual, focalizando en tres momentos de esta trayectoria. Intentaremos mostrar que, en la crítica dialéctica al liberalismo, el socialismo democrático fue generando un lenguaje político propio al cual es posible acudir para enfrentar el desafío actual, sin que ello signifique perder el rumbo.

Justicia social: el inicio de un camino

Luego de la Revolución Francesa, la invención del individuo como sujeto de derechos favoreció la disolución de la intrincada red de privilegios del Antiguo Régimen. La igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley permitió dar cauce a buena parte del impulso revolucionario. Sin embargo, y de forma un tanto paradójica, la luminosidad que prometía traer la figura del individuo emancipado fue acompañada por una densa sombra que envolvió inéditas relaciones de sujeción y coacción. La libertad de contratar o vender fuerza de trabajo, con la única condición de que esta transacción expresara el mutuo acuerdo entre las partes, contrastaba con la asimetría de los sujetos concretos que establecen este vínculo. Bajo la igualdad formal del discurso liberal yacía un mundo por descubrir y transformar. Dentro de este estado de cosas, el socialismo emerge durante el siglo XIX con el propósito de hacer inteligible ese ámbito de relaciones sociales.

Es precisamente del concepto de sociedad de donde el socialismo declinó su nombre. Y es aquí donde empiezan las diferencias –y también las confusiones– con la tradición liberal. Si el liberalismo decimonónico solo podía pensar lo social como una aglomeración de individuos cuya función coordinadora únicamente podía ser ejercida por el mercado en el marco jurídico definido por el Estado, para el socialismo la sociedad era un torrente complejo en donde coexisten grupos sociales, tradiciones culturales y lazos de interdependencia. Desde este parámetro, el individuo formal y abstracto no podía ser considerado como otra cosa que como una ficción. Esta crítica, sin embargo, no implicó una reacción antimoderna. Por el contrario, la idea del socialismo surge en las décadas de 1820 y 1930 para enfrentarse a la reacción contrarrevolucionaria, con el propósito explícito de salvar la revolución, desplazando y relanzando sus ideales.

Socializar la libertad significaba completar la tarea revolucionaria poniendo sus conquistas al alcance de todos, buscando establecer la solidaridad ahí donde se descubría subordinación. En este punto resulta central advertir la torsión socialista del concepto de libertad. La idea fundante del liberalismo solo podía ser preservada siendo alterada. A la concepción negativa de la libertad, pensada como ausencia de interferencia garantizada por las leyes, los socialistas opusieron una concepción positiva de la libertad, que buscaba englobar los derechos en un conjunto de obligaciones vinculantes, fruto de las relaciones sociales y su redefinición política y jurídica. Esta idea socialista de libertad puede resumirse con las palabras de Pierre-Joseph Proudhon (que expresan un núcleo de sentido compartido por todos los socialistas, desde Saint-Simon hasta Karl Marx y más allá): «El hombre más libre es aquel que guarda más relaciones con sus parecidos».

Es a partir de esta creación conceptual, en la cual se condensa la superación socialista del liberalismo, como se puede y se debe entender su aporte distintivo a la cultura política moderna. A partir de esta nueva manera de entender la libertad como libertad social, fruto de las relaciones sociales y de su dinámica antagónica, el socialismo llegó a la conclusión de que solo en la realización de la justicia social era posible sostener el proyecto moderno. Parido por esos seres extraños que fueron los saint-simonianos, la silueta de la justicia social iniciaba ahí donde el liberalismo acababa. A partir de este momento, el término se convirtió en un principio dinamizador que modificaría y daría sustancia al propio horizonte democrático.

Pluralismo social: el viraje institucional

El efecto dinamizador del principio de justicia social alcanzó un nuevo cénit en las primeras décadas del siglo XX. La progresiva organización de la sociedad fue dando origen a distintas asociaciones que lograron reinscribir al individuo en múltiples pertenencias más allá del Estado. El reconocimiento jurídico de estas asociaciones estuvo lejos de ser un camino montado en terciopelo. Para el liberalismo, los clubes, partidos, mutuales, cooperativas y sindicatos representaban un cuerpo extraño situado entre el Estado y el individuo, pues solo podía interpretarlas en el marco del derecho privado. Es decir, en tanto las consideraba como privadas de toda incidencia política efectiva. En este punto también se entiende la relación de tensión entre socialismo y liberalismo. Lo propio del socialismo no ha consistido, en efecto, en la reivindicación de la autonomía de la sociedad civil y de sus asociaciones: en este punto sería imposible distinguirlo del liberalismo. El socialismo ha defendido las asociaciones en su capacidad perturbadora del reparto liberal de lo sensible, caracterizado por la división entre lo público-estatal y lo privado. Por el contrario, es en el carácter excedente de lo social donde el socialismo ha encontrado un argumento para interpretar las asociaciones como una forma de organización capaz de fortalecer los lazos de solidaridad que al mismo tiempo condensaba las dinámicas políticas.

Esta trayectoria ascendente de organización social tuvo en la idea de derecho social uno de sus puntos culminantes. De talante socialista, el derecho social fue un proyecto que intentó sintetizar y formalizar la centralidad que había logrado este pluralismo de asociaciones reconociendo su capacidad para crear vínculos jurídicos, transformándolas con ello en instituciones indispensables para la organización de la solidaridad social. Se trataba de crear una nueva rama jurídica que descentraba la importancia del derecho emitido desde el Estado y le otorgaba al pluralismo social un lugar estrictamente político que nuevamente trastocaba el marco liberal. El derecho es entonces social porque procede de la sociedad y sus grupos organizados, no porque se ocupa de cuestiones «sociales» o «económicas». El énfasis está puesto en su modo de producción (social) y solo secundariamente en su objeto.

En efecto, este pluralismo excede por mucho la forma en que era interpretado este valor desde la tradición liberal, pues no se agotaba en la tolerancia a la diversidad de corrientes de opinión presentes en el espacio público ni a la discusión entablada ahí. Se trataba, por el contrario, de hacer de la pluralidad de asociaciones verdaderos puntos cardinales de la función de gobierno. La tensión con la distinción entre Estado y sociedad civil resultaba inevitable. Este pluralismo social no negó las instituciones tradicionales de representación basadas en el ciudadano individual (una persona, un voto) como el Parlamento, sino que buscó su complementariedad y ampliación a través de instancias de participación colectiva o gremial, como los Consejos Económicos y Sociales, que en algunos casos lograron un estatuto constitucional.

Tal fue la conmoción que provocó esta tendencia a la autoorganización democrática de la sociedad que intelectuales como el jurista León Duguit en Francia o el politólogo Harold Laski en Gran Bretaña dieron por superado el principio de soberanía estatal. Si en este entramado pluralista el Estado era solo una entre otras asociaciones, no cabía entonces pensar esta nueva realidad desde el prisma de un principio que se presumía indivisible. Ante esto, Duguit se propuso repensar la función del Estado desde la idea de «servicio público» y Laski ensayó una teoría pluralista del Estado retomando el federalismo social de Proudhon. En esta misma perspectiva, se sitúa la anticipación sociológica del Estado social como Estado de la sociedad, sensible en los trabajos de Émile Durkheim y Marcel Mauss, en tanto acentuaron la función de un centro de gobierno encargado de introducir y sostener las mediaciones necesarias a la producción democrática del derecho social, desde una visión renovada de la nación.

Estado social y democrático de derecho: la definición de un proyecto político

Esta tendencia a la democracia social llevó al pensamiento político de la época a proyectar nuevos dispositivos constitucionales que permitieran asegurar una instancia de gobierno capaz de coordinar este pluralismo social. Este es el problema que nos conduce a nuestra última parada. Fue el socialista democrático Herman Heller quien logró dar lugar a la formulación «Estado social de derecho» en la historia de los conceptos. Se trató de una formulación que, en la segunda mitad del siglo XX, permeó de manera profunda nuestra comprensión de la democracia y su diseño institucional.

En la invención de este concepto volvemos a encontrarnos con el mismo gesto dialéctico en relación con el liberalismo. El Estado social de derecho era, al mismo tiempo, una crítica al Estado de derecho liberal y burgués y una superación de este en la que se conservaban algunos de sus elementos principales. Es justamente en la selección retrospectiva de las libertades dignas de valor donde se puede medir el sentido de la superación socialista del liberalismo: para Heller, el liberalismo que merecía ser preservado era el de los derechos susceptibles de abrir un espacio político antagónico, condición de posibilidad de la puesta en cuestión de las relaciones de producción. En su justificación del Estado social de derecho, Heller aducía que la adhesión del proletariado a las instituciones y procedimientos de la democracia representativa había provocado una ampliación y una transformación tanto de los valores del liberalismo como de sus instituciones. No solo eso, sino que la falta de voluntad de una burguesía entorpecida y cínica para aceptar estos cambios y ser coherentes con sus propios principios había apartado definitivamente a las clases dominantes del sendero democrático y las había puesto en el camino de la dictadura, tal como lo evidenciaba el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania.

Heller nos ofrece así, al igual que otros sociólogos socialistas, una grilla de lectura que sigue vigente, en tanto nos permite entender que el liberalismo no contiene dentro de sí los propios antídotos de su deriva autoritaria. Paradójicamente, librado a su suerte, el liberalismo sienta las bases de su propia negación y solo se preserva en su superación socialista. Para Heller, solo en el marco de un Estado social de derecho el liberalismo podía conservar su vitalidad, siendo parte subordinada de una democracia ampliamente pensada y realizada como el aspecto definitorio de una nueva forma de vida. Esta democracia estaba caracterizada por la participación efectiva de los grupos en las decisiones del gobierno a partir de las mediaciones necesarias para hacer del antagonismo social un principio productivo y generador de orden. Las libertades que aseguraban la participación social y política representaban, en este sentido, una condición indispensable para que el Estado pudiese cumplir cabalmente su función social: la de organizar la cooperación social.

Detrás de la máscara neoliberal

La reconstrucción de la tradición del socialismo democrático nos permite comprender la génesis de nuestro presente y vislumbrar la salida del aparente laberinto en el que nos encontramos actualmente. En sus fuentes intelectuales, el neoliberalismo se perfiló como un contraataque frente al auge del socialismo democrático, tal y como pudo expresarse –parcial, pero de manera concreta– en los Estados sociales de Europa y América Latina. Friedrich Hayek estuvo entre los liberales más lúcidos al respecto, pues identificó las coordenadas principales del proyecto que había que desmantelar: la justicia social resultaba, ante sus ojos, un sinsentido que había llevado a la propia subversión del liberalismo. Al traer al centro de la escena el conflicto entre los grupos sociales, la justicia social condujo a un fatal punto de inflexión para el Estado que era necesario remediar. En este sentido, el neoliberalismo no surgió para agregar un complemento político y gubernamental al liberalismo económico del siglo XIX, sino más bien para reafirmar la misma tradición liberal, económica y política con el objetivo de frenar la tendencia al gobierno democrático de la sociedad.

El ataque neoliberal ha vaciado la democracia, reduciendo su sentido a la gestión administrativa de los costos del capitalismo a través de mecanismos mínimos de subsistencia y precarización. Sobre todo, ha acabado imponiendo una forma de pensar que hace ilegible la sociedad, al reducir cualquier relación social a un encuentro interesado entre individuos en el mercado. Sin embargo, no todo ha sido destruido. La tradición del socialismo democrático no solo está grabada en nuestra memoria, sino que también persiste en la letra de nuestras constituciones formales y en algunas de sus instituciones. Sobre todo, está presente como promesa en todas partes donde no se resigna al olvido la promesa de justicia social y los derechos y obligaciones comunes que este principio conlleva.

En un momento en el cual la crisis del neoliberalismo se agudiza y que de sus ruinas vemos emerger un nuevo «monstruo político» –al cual nos apresuramos a calificar de «populismo» o «neofascismo»–, lo que necesitamos no es defender el liberalismo tout court, sino más bien volver a recorrer la senda del socialismo democrático, en tanto engloba los valores liberales y sobrepasa sus instituciones. Se trata de una tarea que supone una alianza intelectual y política, pues requiere la capacidad de sostener una mirada a la vez histórica, sociológica y jurídica sobre las prácticas, capaz de resaltar la presencia activa de aquellas tendencias que, en respuesta a la deriva autoritaria del neoliberalismo en crisis, apuntan hoy a la definición de nuevos derechos sociales, como ya lo evidencia el debate actual, llevado adelante por movimientos y partidos, en Europa y América Latina, sobre la renta ciudadana y el salario social. En la comprensión de la radical diferencia entre una y de otra alternativa se juega toda la tensión que a la vez vincula y separa el liberalismo del socialismo democrático.

Fuente de información e imagen: nuso.org

Enviado a SURCOS por Isabel Ducca Durán.

Las mujeres trabajadoras y el COVID-19

La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.

En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.

En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.

En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.

Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.

El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.

Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.

Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.

El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.

Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.

En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:

  • Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
  • Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
  • Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
  • Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
  • Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
  • Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
  • Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
  • Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

Se trata de democracia

Óscar Madrigal

El día de ayer la editora de la sección de Opinión de La Nación, Guiselly Mora y el día de hoy el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dan una lección de lo que el neoliberalismo entiende por democracia.

La señora Mora manifiesta que no se puede gobernar con la participación de los sectores sociales, la sociedad civil que llaman algunos, los grillos que llama ella, porque básicamente para gobernar solo se necesita escuchar y dialogar con los empresarios que generan la riqueza (como si los obreros no produjeran plusvalía) y los diputados que son los únicos que generan el cambio.

Prieto, coincide en lo esencial con la señora de La Nación, cuando manifiesta que el Gobierno ya tiene la propuesta de ajuste económico para negociar con el FMI y que el foro virtual convocado por el Ejecutivo es solo para enriquecer el plan ya elaborado. Al final concluye: “El foro es un foro social, no enredemos las cosas. Estamos hablando del diálogo político permanente con las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa”. En otras palabras, no hay que enredar las cosas, lo importante no es el diálogo con las distintas organizaciones sociales (sindicatos, de mujeres, ecologistas, comunales, campesinas, etc.) sino con los diputados.

En las dos versiones la democracia se reduce solo a la elección y luego el mandato se independiza de los electores, del pueblo. Ya no es necesario ni conveniente volver a consultarlo.

El concepto de democracia participativa para el neoliberalismo es muy peligroso porque parten del principio de que hay que expulsar del espacio público a la mayoría de los ciudadanos, limitándoles su poder hasta donde sea posible. De esta manera la democracia tiende a limitarse solo a la decisión de los representantes del pueblo, en este caso los diputados. Pero se parte del principio de que los diputados tienen un mandato imperativo, sea que los vincula directamente con el representado y que cumple con lo que ofreció en campaña. Sin embargo, lo que predomina en nuestro sistema es el mandato representativo en el cual el diputado no tiene la obligación de respetar el vínculo programático que lo ligó con sus electores. No se le puede destituir cuando incumple con las “instrucciones” o propuestas de aquellos que lo eligieron. Esta es la democracia que interesa al neoliberalismo, la que solo se limita a que el pueblo ejerza su voto. Los electores eligen a los gobernantes, pero no cómo gobiernan.

Del mandato de las últimas elecciones no surgió un programa de privatizaciones o venta de activos, impuestos regresivos, empobrecimiento de las clases medias o reducción y prohibición de derechos laborales, por ejemplo. Sin embargo, eso es lo que se ha venido aplicando el gobierno de Alvarado. Es un claro ejemplo de que las promesas de campaña y los programas por los cuales votó el electorado fueron sustituidos por otros, los de la UCAEPP y los grandes empresarios.

Por eso en estas circunstancias es más importante el diálogo y la participación directa y con poder de decisión de la sociedad organizada. El diálogo con los grillos es fundamental en una democracia realmente participativa tal y como la define la Constitución Política. Pero no solo como adorno, para enriquecer, lo cual es una vulgar burla, sino como la fuerza más importante de todo régimen auténticamente democrático.

Como a la señora Mora le gusta hacer citas de Rousseau le recordamos lo que al respecto decía: “los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente”.

Don Marcelo parece haber asumido la democracia con tinte neoliberal, que aparta al pueblo de los destinos del país, tal vez para no molestar a La Nación.

El diálogo no es para adornar sino para decidir, de lo contrario es otra burla a la democracia.

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Pandemia y neoliberalismo: la factura ha llegado

El Covid-19 puso de relieve la importancia de contar con sólidos sistemas de salud pública en tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, las políticas de América Latina destinadas a este sector han evolucionado en sentido contrario.

Este vídeo, producido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presenta los discursos e intereses que han apoyado el agotamiento de la financiación de la salud en la región durante las últimas décadas y cómo las políticas neoliberales, especialmente las medidas de austeridad fiscal, perjudican la lucha contra la pandemia.

Mercantilización de la educación pública superior

Diversas organizaciones nacionales e internacionales intervienen en la búsqueda de la mercantilización de la educación superior, que busca adecuar la labor y oferta de las universidades públicas a la lógica neoliberal de mercado. Lo que provoca que se anteponga la creación de capital humano, antes de la formación de pensamiento crítico y humanista.

Este material del grupo de trabajo Articulación Sede de Occidente recoge las acciones de cuatro organismos como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Los vientos virulentos de la privatización

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.

 Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.

Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.

En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.

De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.

El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.

En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.

Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.

Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!

Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.

Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.

Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.

[1]https://web.archive.org/web/20070927210859/http://www.aporrealos.org/internacionales/a21196.html

El mensaje neoliberal: no hay plata, no hay plata…

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el capitalismo, especialmente en su versión neoliberal, predomina la acumulación creciente de la riqueza y no su distribución. No es casual que el 90% de la riqueza mundial esté en manos del 1% más rico. Y que nuestro pequeño país esté punteando en la lista de los más desiguales del mundo. Por eso, las arcas de los grandes empresarios, financistas y gobiernos neoliberales, según ellos, nunca están llenas; de ahí que el famoso rebalse para la prosperidad nunca se da.

Ello explica la preferencia, de estos sectores, por endeudarse e hipotecar el país a los organismos financieros internacionales. Es la forma de mantener a buen resguardo su alcancía o “buchaca”, no importa que se enmohezca.

Así, resulta contradictorio que mientras le recetan austeridad al pueblo en el uso de las tarjetas de crédito, y a cuenta gotas reducen los intereses de usura para proteger al sector financiero nacional, el Estado recurre al uso reiterado de su tarjeta de crédito, para favorecer al sector financiero internacional, con la complacencia de los interesados en que no toquen sus arcas, siempre “vacías”.

El mensaje retórico y altisonante de estos sectores se convirtió en un cotorreo que nos recuerda a la lorita del anuncio: no hay plata, no hay plata… Y, por supuesto, ha encontrado réplica en los principales medios de comunicación, que cada día elevan los decibeles de un discurso donde los culpables del déficit fiscal y casi de todos los males del país -solo falta que también incluyan a las víctimas de la pandemia-, son los empleados y pensionados del sector público, la clase media y los pobres que no aprenden a socarse la faja.

Asimismo, tenemos una Asamblea Legislativa que hace coro para pasar las leyes que eviten tocar las arcas de quienes sí pueden financiar el déficit fiscal y hasta atender, con generosidad, a la población más impactada por la crisis sanitaria. Una Asamblea, que ha venido vendiendo la idea de estar cohesionada para aprobar proyectos de interés nacional, algo que contrasta con la realidad de un país que está sacando la bandera blanca, para que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a salvarlo.

Lo peor de todo, es que se esté aprovechando la situación de pandemia, para impulsar proyectos de ley y medidas gubernamentales que obedecen a mandatos tácitos o manifiestos de esos organismos. Y, por supuesto, avalados por los sectores económicos dominantes.

Se constituye, así, un bloque de poder tripartito: la alianza ente el Poder Ejecutivo y Legislativo, los grandes empresarios y los medios de comunicación dominantes. Se han unido para proteger sus arcas intocables, y trasladar los costos del déficit fiscal, la deuda y las consecuencias socio-económicas de la pandemia, al pueblo de hoy y a las generaciones de mañana. Están dispuestos a vender el país, en subasta pública, con tal de no ceder en un ápice sus privilegios.

¿Dónde ha quedado la herencia de la gesta heroica de 1856, cuando nuestros compatriotas defendieron la soberanía y dignidad nacional, frente a una horda de forajidos invasores que querían convertir a nuestra patria en un feudo de esclavitud y sometimiento?

Causa perplejidad, por decir los menos, que se claudique sin sonrojo alguno, en esta hora pandémica que más bien debería elevar el espíritu de la patria digna y soberana, que nuestros próceres y mártires nos enseñaron a defender y cultivar.

El papel de limosneros es vergonzante. No hipotequemos el futuro de esta patria noble y sencilla, pero digna. Parafraseando a Pablo VI, “la dignidad es el nuevo nombre del desarrollo de los pueblos”.

Imagen: César Fernández.