¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir. #FloredcemosEnAutonomía #lLargaVidaUCR #SiempreUCR
La Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia de la educación superior y el libre pensamiento en la construcción de sociedades justas y democráticas, denuncia con vehemencia el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Este lamentable acto refleja el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que ha caracterizado a esta destacada institución a lo largo de su existencia. No es casualidad que con esta acción, la dictadura orteguista haya clausurado ya a más de 30 universidades.
La UCA, universidad jesuita fundada en 1960, ha sido un pilar en el desarrollo educativo, social, económico y cultural de Nicaragua. Concebida con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad, inspirada en valores solidarios y profundamente comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental, ha sobrepasado ampliamente ese propósito, convirtiéndose en un referente universitario en Centroamérica.
El legado académico de la UCA es indiscutible. Fue la primera universidad en Nicaragua que tuvo la visión de ofrecer carreras tan vitales para el desarrollo humano y social como psicología, sociología, comunicación social y economía. Pero no solo su oferta académica la hace destacable: la UCA también fue pionera en la creación de centros e institutos de investigación sobre asuntos cruciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la política y la educación.
La UCA ha sido siempre una voz crítica y constructiva frente a las diferentes realidades históricas de Nicaragua. Ortega y Murillo no deberían olvidar la posición de la UCA en la lucha contra la sombría dictadura somocista, que apoyó valientemente el movimiento popular que anhelaba el cambio social y la democracia.
Pero esta firmeza y compromiso con la verdad y la justicia no estuvieron exentos de riesgos. Recordamos con profundo dolor los atroces actos de violencia y represión que la UCA ha enfrentado. En 2018, en medio de protestas contra el régimen, grupos paramilitares armados de la dictadura atacaron a estudiantes inocentes que buscaban refugio dentro del campus.
Finalmente, el 13 de agosto de 2023, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos, el gobierno de Ortega y Murillo ha clausurado a la UCA. Esta medida es una flagrante violación a la autonomía universitaria y una violación más de los derechos humanos.
La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia, a condenar este acto atroz de represión y a unirse en solidaridad con el pueblo nicaragüense y su derecho a una educación libre, crítica y de calidad. La educación es un derecho inalienable.
Desde la Universidad de Costa Rica, levantamos nuestra voz en solidaridad, esperanza y resistencia, confiados en que la luz del conocimiento y la verdad siempre prevalecerán sobre las sombras de la opresión.
SURCOS recibió una denuncia que señala:
“POLICIA SE TOMA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN LA UCA. La policía se tomó la residencia Villa del Carmen, donde viven los sacerdotes jesuitas de la UCA, y los expulsó. Todos los jesuitas se vieron obligados a retirarse y se marcharon a la comunidad San Ignacio del CCA en Managua”.
En relación con este tema, Jesuitas de Centroamérica emitieron un comunicado en el cual expresan:
1. Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como «Centro de terrorismo», y se le imputa de haber «traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» y de «haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país». La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32).
2. La prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica.
Se puede leer el comunicado completo siguiendo este enlace.
San José, 25 julio 2023
En Vilnus, un mundo sin América Latina
Pocas reuniones recientes despertaron mayor expectativa internacional que la celebrada por la OTAN en la capital lituana, Vilnus, el 11 de julio pasado. Se discutían los nuevos pasos a dar en apoyo a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El resultado se resumió en un largo documento de 30 páginas y 90 párrafos, en los que no hay una sola referencia a América Latina.
Puede parecer normal. El Tratado de la OTAN define el Atlántico Norte como su área de operaciones y a sus 12 países fundadores se han ido sumando otros 19, de los cuales 15 son de Europa del este, luego de la disolución de la Unión Soviética.
Ningún país latinoamericano pertenece a la región, ni es miembro de la institución y, salvo Costa Rica, ninguno se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por los países de la OTAN y sus aliados.
Pero lo geográfico probablemente no agote la explicación. En las últimas décadas la OTAN ha extendido su membresía por Europa, hasta las fronteras rusas y el comunicado de Vilnus indica, en su primer párrafo, su aspiración a asegurar la defensa colectiva de sus miembros contra todas las amenazas, en una visión de 360 grados. O sea, de todo el mundo.
No se trata de discutir aquí afirmaciones del documento como el carácter defensivo de la organización, ni el reconocimiento de su dependencia de las fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos; ni su visión sobre el origen de la guerra en Ucrania, ni los acuerdos adoptados para apoyar el país en su guerra contra Rusia.
Se trata aquí de otro tema: de tratar de entender la reiterada ausencia de América Latina en documentos recientes de potencias y organizaciones internacionales, en los cuales la región, o no es mencionada, o lo es de forma secundaria. En el de la OTAN es completamente ignorada, como ya lo señalamos.
El documento cita diversos casos sensibles para la estabilidad de Europa, como el de los Balcanes Occidentales; cita la importancia de la paz entre Bosnia y Herzegovinia; las relaciones con Serbia, con Kosovo, con Georgia (a la que quieren incorporar a la alianza), con Moldavia, y reconoce que el papel de sus aliados no europeos es esencial para la defensa de Europa.
Señalan a la República Popular China como una amenaza a los intereses, la seguridad y los valores de la Alianza y que el desarrollo de los acontecimientos en la región Indo-Pacifico “pueden afectar directamente la seguridad Euro-Atlántica”. Celebra la contribución de sus aliados en la región, –Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur– y destaca la importancia de las relaciones de la OTAN con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana. Reiteran su determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares; condenan el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Se refieren a los vecinos del sur de la OTAN, particularmente el Medio Oriente, África del norte y el Sahel. Reafirman la intención de estabilizar la situación en Irak; la importancia geopolítica del Mar Negro, del Oriente Medio y África.
Pero América Latina no aparece ni siquiera en el párrafo 68, donde afirman que la seguridad energética juega un papel importante en la seguridad global, en los mismos días en que se confirmaba el descubrimiento en Bolivia de la mayor reserva de litio del mundo.
Ningún lugar para América Latina
Quizás deberíamos buscar un lugar para América Latina en otro sitio. En octubre del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un documento sobre su “National Security Strategy”. Si no deberíamos esperar, en un documento de la OTAN, referencias especiales a América Latina, parecería lógico encontrarla en las definiciones estratégicas de los Estados Unidos, cuya larga y estrecha relación con el hemisferio es parte de la historia.
En la introducción del documento, Biden promete seguir defendiendo la democracia alrededor del mundo y celebra la renovación de una formidable red de alianzas. Primero, con la Unión Europea; luego, con el Quad, en la región del Indo-Pacífico, con la que ha establecido también un marco de cooperación económica. Solo en cuarto lugar cita su iniciativa para la región, la “Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas”, lanzada en junio de 2022.
En las 48 páginas del documento se analiza los intereses estratégicos de los Estados Unidos, por regiones. En lo que se refiere a América Latina, en dos páginas, habla de la promoción de la democracia y de una supuesta “prosperidad compartida”. Entre los objetivos de la Alianza está “restaurar la fe en la democracia” en la región, para lo que promete crear buenos empleos y abordar la desigualdad económica.
No son objetivos menores, con países como el mismo Estados Unidos, o Brasil, aun conmocionados por los intentos por subvertir el orden político y promover protestas violentas para desconocer las elecciones, por los partidarios de los expresidentes Trump y Bolsonaro, para citar solo dos casos extremos de renovadas tensiones políticas, sustentadas en una creciente disparidad económica.
El 27 de enero de 2023 la Casa Blanca pretendió relanzar, en un evento ministerial con la participación de doce países de la región, la propuesta de la Alianza que, pese a todo, languidece sin ninguna perspectiva de desarrollo.
Sin embargo, los que derivan del hecho de que América Latina sea apenas mencionada en estos acuerdos la conclusión de que su papel es secundario en el orden internacional deberían leer las dos páginas en las que la National Security Strategy se refiere a la región.
Ahí se dice que “ninguna región impacta más directamente el país que el Hemisferio Occidental”. Con un comercio anual de 1,9 millones de millones de dólares (1.9 trillón en inglés), “con valores compartidos y tradiciones democráticas”, la región ha contribuido de manera decisiva para la prosperidad y la resiliencia de los Estados Unidos, cuya seguridad y prosperidad está vinculada a la de sus vecinos, reconoce el documento.
Entre sus objetivos están, además, los de “protegernos de interferencias externas, incluyendo las de la República Popular China, Rusia o Irán” y, aliados con la sociedad civil y con otros gobiernos, apoyar la autodeterminación democrática para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
Se reconoce así la intervención en el proceso político de nuestros países, la permanente desestabilización sustentada, en un pasado reciente, por golpes cívico-militares y, actualmente, por sanciones económicas unilaterales cuyos efectos devastadores, en el caso de Cuba, tienen ya más de 60 años. Sanciones condenadas todos los años prácticamente por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, sin que la Casa Blanca acate ninguna de esas resoluciones.
La Quinta Columna
Sometidos a drásticas sanciones, tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua, enfrentan enormes dificultades no solo para mantener su economía funcionando, sino para desarrollar su vida política con cierta normalidad, pues la oposición cuenta a su favor con el deterioro económico provocado por las sanciones de Washington y con el apoyo político de una vasta red de ONGs que financia a la oposición con recursos, publicidad y capacitación profesional.
Muy recientemente, el 20 de julio pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, pedía, en una entrevista en el diario conservador brasileño O Globo, que Brasil empleara su “liderazgo” y su habilidad diplomática para influir en las elecciones de Venezuela, para lograr un juego “libre y justo» en el que «todos los candidatos puedan postularse».
El presidente Nicolás Maduro ya se había referido a estas iniciativas norteamericanas exigiendo elecciones libres de las sanciones económicas impuestas al país por Washington, cuya intervención a favor de la oposición hace del todo imposible esas elecciones “libres y justas”.
Lo que quisiéramos sugerir en este artículo es que es precisamente esta “quinta columna”, financiada y organizada por Washington, la que hace innecesario, e inclusive inconveniente, hacer referencias detalladas a las políticas hacia América Latina, en un escenario en el que una intervención externa requiere más bien discreción.
De Vilnus a la CELAC
Pero han ocurrido cambios en el papel desempeñado por América Latina en el escenario internacional. La aparición de Lula, desde que asumió nuevamente la presidencia de Brasil, en enero pasado, es el factor más importante en esos cambios, facilitando el resurgimiento de UNASUR, agregando nuevas propuestas para el tratamiento del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN, redefiniendo los términos de las relaciones con la Unión Europea, o sumándose nuevamente a la actividad de los BRICS, que se reunirán en agosto en Sudáfrica.
El 30 de mayo Lula realizó, en Brasilia, una reunión con los jefes de Estado latinoamericanos (con la única ausencia de la del Perú), incluyendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo aislamiento es parte de la política promovida por Washington, con el apoyo de gobiernos conservadores y de aliados políticos regionales: de la “quinta columna”.
Una quinta columna que desvincula su proyecto de cualquier proyecto de desarrollo nacional y que hace recordar la “quinta frontera”, como la que representaba para Panamá –en palabras del general Omar Torrijos– la Zona del Canal, entonces en manos de los Estados Unidos.
Los factores que unen a la región «están por encima de las ideologías», dijo Lula, en referencia a una posible reactivación de la UNASUR. «Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales».
Una idea que reiteró en la reunión con el Foro Empresarial de la Unión Europea, el 19 de julio pasado: –Brasil solo crecerá de forma sustentable con la integración de nuestro entorno regional.
Ante esa realidad, y los cambios que la guerra en Europa significó para el escenario internacional, la corresponsal en Bruselas del diario catalán La Vanguardia, Beatriz Navarro, señaló que “después de años de olvido y desinterés que otros actores globales –léase China– han aprovechado a fondo para expandir su influencia en la región, la Unión Europea volverá hoy su mirada hacia América Latina y el Caribe con la celebración de la primera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de ambos bloques desde el lejano 2015”.
Ahí el presidente brasileño volvió a reiterar la necesidad de una alianza que ponga fin a una división internacional del trabajo que solo ha significado pobreza para la mayoría de la región y a nuestro papel de suministradores de materia prima y de mano de obra migratoria barata.
Recordó que en 2009 los países desarrollados acordaron destinar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo, compromiso “que nunca fue cumplido”.
La frase nos recuerda que esos cien mil millones de dólares fueron destinados más bien, en algunos meses, a suministrar armamentos a Ucrania, en una indicación de las prioridades de Occidente.
Para el director de la Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, la posición de los países latinoamericanos sobre la guerra en Ucrania expresada en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea se explicaba porque “no quieren enfrentarse diplomáticamente a Rusia y China, por razones económicas, aunque también políticas”.
A Juliana, como a los líderes europeos, les cuesta entender que, para Lula, es inaplazable reformar la gobernanza global, como expuso en Europa, y que “dividir el mundo en bloques antagónico es una insensatez”.
Con un mundo en transición, quizás valga la pena atender nuevamente a las palabras del académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, un personaje que hace falta oír en América Latina para tener una visión más equilibrada de esos cambios. En su libro más reciente, “The Asian 21st century” (de acceso abierto), reitera su idea de que el siglo de predominio norteamericano ha terminado y que los intentos de Washington de contener a China solo terminarán por aislar a los Estados Unidos del resto del mundo. Los editores de su libro esperaban unas 20 mil visitas al texto, dijo Mahbubani, que, sin embargo, superan ya los tres millones (el libro puede ser visto aquí: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-6811-1.pdf?pdf=button%20sticky).
La “quinta columna” no nos ayuda a pensar en ese mundo en el que América Latina no termina de encontrar su lugar, pese a iniciativas recientes por reforzar su unidad y jugar un papel en los esfuerzos de paz que renueven la gobernanza global y pongan fin a una visión del mundo cimentada en bloques antagónicos.
FIN
Este documental presenta el recorrido de la lucha del pueblo contra la dictadura somocista (1961-1979).
De Mónica Baltodano. Memorias de la Lucha Sandinista https://memoriasdelaluchasandinista.org/
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Es cierto colega Álvaro. El articulista Raúl Ramírez Tovar, que debe ser un abogado colombiano demócrata, tiene razón en su artículo «Lo que la prensa calló de La Haya».
Esos(sic) abogados, de pésimo desempeño jurídico exprimieron durante 30 años tal litigio. Sus honorarios fueron escandalosos en dólares. Cómodamente convinieron con equipos jurídicos de abogados internacionales jugosos contratos de servicios que sangraron al erario Nacional. Alegaban que requerían de la «asistencia técnica», internacional. Quedaron requetemal en el Foro Jurídico Académico Internacional. No lo sostengo yo solo.
Personalmente gasté «horas nalgas» «dándole seguimiento” a las Audiencias de Trámite y de Alegatos durante 20 años a ese litigio Nicaragua – Colombia. Lo conozco como el que más. No existen textos a consultar de los aportes técnicos de los tales calificados abogados internacionales. Y de los aportes, como doctrina jurídica internacional, de esos litigantes, no alcanzan para sustentar un curso universitario para estudiantes en cátedras de Derecho Internacional y vernáculo.
Los abogados colombianos de los tres gobiernos proclives a la geopolítica del imperio del año 2000 al año 2022, demostraron que, así como la Nación internamente pierde las demandas en su contra por falta de defensa, también se perdió (o perdieron ellos) la demanda de Nicaragua contra Colombia, que culminó con la sentencia de 2012 en la que luego de la desmembración de Panamá perdimos mar territorial por 75.000 Km2.
Pese a existir una Defensa Jurídica del Estado se multiplican en miles las demandas contra la Nación, convirtiéndose esa Oficina en perseguidora de los litigantes colombianos. Ni uno solo de esos abogados les calificaba, para si buscar Abogados y/o «técnicos» extranjeros muy bien requete pagos.
Eso constituye una bofetada a las escuelas de derecho nacionales. En mis escritos sobre análisis de esa sentencia condenatoria contra Colombia en el año 2012, resalto en el aspecto litigioso que el equipo de abogados nacionales confundió o pensaron que estaban litigando en estrados colombianos y con normativa procedimentales internas.
Al Acto Acusatorio y de Pretensiones nicaragüense, lo calificaron o denominaron «Demanda» y súpito observé que conforme al tecnicismo en derecho internacional que se denomina réplicas a lo pretendido por el Estado reclamante, los abogados criollos lo llamaron «Contestación de la Demanda» de Nicaragua. Es decir, como si estuvieran ante cualquier Juzgado del Circuito de Ocaña… Y peor aún: procedieron a contestar cada uno de los puntos del calificado acto de pretensiones nicaragüense, con el lánguido: «es cierto», «no es cierto», «no nos consta», «que se pruebe». Por favor, en el argot del litigio internacional no existe tal escenario.
Jamás, esa valiosa oportunidad procesal de defensa, además de compleja, era de enorme valor en el manejo, sobre todo de la oralidad. Implicaba algo creativo y fundamental. Por ello insisto en el criterio jurídico, visión sólida y formativa de un jurista. Tamaña ridiculez que dejó mal parado la otrora majestad de los jurisconsultos colombianos.
De igual manera redacté, en artículo anterior, mi experiencia cuando en mi desempeño en escenarios académicos internacionales, verifiqué – hacia finales de 1994 -luego de una visita a la Biblioteca de la Universidad de Managua-, que en el pensum académico de los estudios de Derecho incluían una materia denominada «Litigios fronterizos con la República de Colombia». Ello me alarmó como colombiano y me animé a escribir una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exponiendo esa situación y la inminencia de demandas contra Colombia. Resaltaba que era egresado de la Facultad Nacional de Derecho y que mi profesor de Derecho Internacional lo fue el Dr. Diego Uribe Vargas. Pues como corresponde a las peticiones civilizadas de un Pedro Pueblo colombiano en el exterior, mi información no fue acatada.
De tal manera – colega Álvaro – y por su intermedio a todo el cuerpo de abogados y abogadas colombianas, analicemos con beneficio de inventario la última sentencia del Tribunal de La Haya a favor de Colombia. Aportemos desde nuestras organizaciones sociales profesionales pues estamos en mora de contar con un Colegio Único Oficial de Colegiatura de Abogados y Abogadas en Colombia, para contribuir, en el escenario de la diplomacia internacional, en la búsqueda definitiva y de respeto a la auto determinación de los pueblos y que conlleve a la sana armonía y convivencia con el aguerrido y luchador pueblo nicaragüense y en aval a la autonomía e independencia del imperio, de ambos pueblos.
Carlos Meneses Reyes ¡Puro Abogado!
16-07-2.023.
Este 13 de julio, la Corte Internacional Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a las pretensiones de Nicaragua frente a Colombia en el Mar Caribe, al solicitar extender sus derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas (véase texto de la sentencia en francés y en inglés).
Se trata de la respuesta del juez internacional a la demanda planteada por Nicaragua en septiembre del 2013 (véase texto completo). Los 10 años que separan ambos textos se deben en gran parte a las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el 2014, intentado sustraer de la competencia de la CIJ la discusión sobre el fondo (véase decisión de la CIJ sobre excepciones preliminares de marzo del 2016, rechazando los alegatos sobre incompetencia de Colombia).
El contenido de la sentencia en breve
En la parte dispositiva (párrafo 104) de la sentencia escuchada este 13 de julio del 2023, se lee que la Corte:
«1) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que sa frontière maritime avec la République de Colombie, dans les zones du plateau continental qui, selon la République du Nicaragua, reviennent à chacune au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, suit des lignes géodésiques reliant les points 1 à 8 dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus ; /…/
2) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale et reliant les points A, C et B dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus; /…/
3) Par douze voix contre cinq,
Rejette la demande de la République du Nicaragua portant sur les droits à des espaces maritimes générés par Serranilla et Bajo Nuevo. /…/
…/…
(1) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the maritime boundary between the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia in the areas of the continental shelf which, according to the Republic of Nicaragua, appertain to each of them beyond the boundary determined by the Court in its Judgment of 19 November 2012 follows geodetic lines connecting the points 1 to 8, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(2) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the islands of San Andrés and Providencia are entitled to a continental shelf up to a line consisting of 200-nautical-mile arcs from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured connecting the points A, C and B, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(3) By twelve votes to five,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua with respect to the maritime entitlements of Serranilla and Bajo Nuevo» /…/
Dos preguntas resueltas por la negativa
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo (véase nuestra nota anterior), de manera inusual la CIJ ordenó en octubre del 2022 a los dos Estados dedicar sus alegatos a responderle dos preguntas muy precisas con relación a una pretendida costumbre internacional invocada por Nicaragua para exigir derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas..
Las audiencias finales se celebraron en diciembre del 2022 y ambos Estados concentraron sus alegatos en ambas.
En su decisión del 13 de julio del 2023, la CIJ responde por la negativa a la primera pregunta, al indicar en el párrafo 79 que:
«79. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, en droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État.»
../..
Por otra parte, con relación a la segunda pregunta, en el párrafo 82 leemos que:
«82. Il résulte de la réponse donnée par la Cour à la première question que, quels que soient les critères selon lesquels est établie la limite extérieure du plateau continental étendu auquel un État a droit, ce plateau continental étendu ne peut pas chevaucher la zone du plateau continental qui est située en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. En l’absence de droits concurrents sur les mêmes espaces maritimes, la Cour ne peut procéder à une délimitation maritime (voir le paragraphe 42 ci-dessus). Dès lors, point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde question.
../..
Es de notar que esta sentencia viene acompañada de varias opiniones individuales separadas (tres en total), opiniones disidentes (cuatro) y de una declaración, lo cual evidencia el intenso debate intra muros que se dio entre los integrantes de la CIJ. Tomando en cuenta el hecho que la sentencia de la CIJ como tal no sobrepasa las 35 páginas, resulta de interés la lectura de la extensa opinión disidente del juez eslovaco (véase texto) y la de la jueza australiana (disponible aquí), así como la opinión separada elaborada por la jueza china (véase texto).
Es de notar que en luego de la emitirse la ordenanza de la CIJ del 4 de octubre del 2022 (véase texto en francés y en inglés), Colombia procedió a cambiar a parte de su equipo legal (véase nota de prensa de Semana al respecto del 25/10/2022). Mientras que, en el equipo legal de Nicaragua, desde el mes de marzo del 2022, y después de muchos años como asesor de Nicaragua en La Haya, uno de los juristas más experimentados del equipo de abogados internacionales, el norteamericano Paul Reichler, presentó su renuncia (Nota 1).
Con relación a los costos exactos que le significan a cada Estado el acudir a una instancia como La Haya durante varios largos años de procedimiento, la nebulosa se mantiene, tal y como la analizamos en nuestra nota relativa a la sentencia de abril del 2022 entre ambos Estados (con algunos montos oficiales dados a conocer en Nota 4 de la misma precitada nota referenciada). En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya.
A modo de conclusión
Al verse frenadas las pretensiones de Nicaragua con relación a su plataforma continental, los dos Estados deberán ahora encontrar la forma de negociar de manera conjunta lo relativo a su frontera marítima a partir de todo lo indicado en el fallo de noviembre del 2012 (véase texto completo de dicha sentencia).
Algo que no permitió ni el tono desafiante de Colombia a partir de noviembre del 2012, con la denuncia del Pacto de Bogotá (Nota 2) y la declaratoria de «inaplicabilidad» del fallo del 2012 en el año 2013 (Nota 3), ni tampoco las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua ante el juez internacional en el año 2013.
Con respecto a la primera de ellas, habíamos tenido la oportunidad de analizar esta decisión en la que la CIJ condenó a Colombia (véase comunicado oficial de Naciones Unidas): remitimos sobre esta sentencia a nuestros estimables lectores a nuestra nota, precedida en los días previos a la sentencia del 2022 de otra más extensa publicada en el sitio jurídico especializado de Ius360 (Nota 4).
Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir de este 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales en estos próximos días serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan. En efecto, desde 1980, la contienda entre Nicaragua y Colombia ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe: un mar semi cerrado con una gran cantidad de zonas marítimas que se traslapan y que deben ser objeto de negociaciones entre Estados vecinos.
La incertidumbre generada por esta larga controversia que llegó a manos de la justicia internacional en el 2001, debería a partir de ahora considerarse como superada, en aras de lograr paulatinamente una gestión conjunta más armoniosa de estos espacios marinos.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «A propósito de la renuncia de uno de los artífices de los logros de Nicaragua ante la justicia internacional«, publicada en el medio Confidencial (Nicaragua), edición del 6/04/2022. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «La denuncia por Colombia del Pacto de Bogotá«, La Nación (Costa Rica), edición del 8/12/2012, disponible para suscriptores aquí. Y una versión más extensa pubicada en Francia, BOEGLIN N. «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie», publicado en el sitio Le Monde du Droit, edición del 7/12/2012. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «El anuncio de Colombia de no aplicar el fallo de la CIJ«, Alainet, edición del 23/09/2013, disponible aquí. Y una versión más extensa publicada en Francia, BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer l´arrêt de la CIJ «non applicable»: breves refléxions» Boletín Sentinelle (Société Francaise pour le Droit International – SFDI), edición del 23/09/2013. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua/Colombia: a propósito de la lectura de la sentenca de la CIJ«, Ius360, edición del 20/04/2022. Texto disponible aquí.
Dr. Freddy Pacheco León
NOS parecía una pretensión insólita, pero al final y después de tanto tiempo, privó la razón de los argumentos jurídicos, expresados por los representantes de Colombia. La pretensión del gobierno de Nicaragua, aparentemente se sustentó en un vacío legal que, precisamente, por tratarse de algo jurídicamente insustentable, quizá no parecía necesario cerrar. Pero bueno, los abogados nicaragüenses pensaron diferente, y decidieron tratar de ingresar por ese «conjunto vacío» no aritmético, sino legal. Y, como era de esperar, nuevamente les fue mal en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos.
En resumen, y en sencillo, los Estados ribereños que tienen bajo su zona contigua y zona económica exclusiva de hasta 200 millas de ancho, un lecho marino situado a una profundidad menor a los 200 metros, como prolongación natural del territorio continental, lo que constituye la PLATAFORMA CONTINENTAL.
Ahora bien, el derecho internacional del mar, reconoce la posibilidad, de que dicha plataforma continental, en caso de proyectarse más allá del límite exterior de 200 millas de la zona económica exclusiva, hacia la altamar, por ejemplo, el Estado ribereño pueda reivindicar su derecho a extenderse hasta donde se supere la profundidad de 200 metros, pero a una anchura no mayor a las 150 millas, medidas a partir, reiteramos, del borde exterior de la zona económica exclusiva. Es decir, sumados a los derechos de soberanía que el Estado ribereño tiene sobre todos los recursos vivos y no vivos, que se encuentran en las aguas suprayacentes al lecho, en el lecho mismo, y en el subsuelo del mar, en la plataforma continental también se tienen derechos de soberanía, sobre los importantes recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo.
Si consideramos que en la plataforma se localiza la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas metano, quizá entendemos mejor el por qué se trata de un territorio más que interesante. Y si se pudiera extender esa plataforma continental más allá del límite exterior de la zona económica exclusiva, pues bienvenido sea, como lo han previsto algunos Estados, incluyendo a Costa Rica en el océano Pacífico. Se trata de algo normal, formalizado por la ONU, y principalmente, sin entrar en conflicto con otros Estados.
Pero hay un «detallito» que provocó el reciente fallo contra Nicaragua en la Corte de La Haya.
Resulta que la plataforma continental que los nicaragüenses reivindican más allá de las 200 millas que marcan su zona económica exclusiva, ¡se localiza bajo la zona económica exclusiva de Colombia!, en la zona del archipiélago de San Andrés, declarado como colombiano en el año 2012.
En otras palabras, los nicaragüenses pretendían que los jueces del máximo tribunal de la ONU, les abriera el camino de poder explorar y explotar los recursos minerales del fondo marino, que se podrían encontrar bajo el mar colombiano. Más allá de una invitación a conflictos permanentes entre ambos países, un fallo favorable a Nicaragua, habría echado por la borda el merecido reconocimiento y prestigio que tiene la Corte Internacional de Justicia. Aunque se tardaron 10 años, lo bueno fue que lo resolvieron correctamente.
En concreto, el pasado 13 de julio, por 13 votos a 4, se rechazó la solicitud hecha por la República de Nicaragua en busca de que la Corte adjudicara y declarara, que la delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, en las áreas de la plataforma continental que pertenecen a cada una de ellas, habría de estar, según Nicaragua, más allá de la delimitación determinada en el año 2012, es decir, más allá de donde se traslapan las zonas económicas exclusivas de ambos Estados. Con ello, su plataforma continental habría penetrado, muchas millas por abajo del mar Caribe colombiano. ¿Se imaginan ustedes, una plataforma extractora de petróleo, perteneciente a Nicaragua, ubicada en el mar patrimonial colombiano? Pues, tal sinsentido habría sido posible, si los vecinos del norte no hubiesen salidos derrotados en La Haya.
15 de julio del 2023
A cinco años de la masacre en la iglesia Divina Misericordia, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda a las víctimas y acompaña a las familias que exigen justicia con la presentación en YouTube del documental 18 horas para el amanecer.
Esta producción, que contribuye con la memoria histórica de Nicaragua, muestra el contexto de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018 cuando estudiantes ocuparon el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, para exigir justicia y la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 13 de julio de 2018, durante la Operación Limpieza, ejecutada por grupos paramilitares y la Policía Nacional bajo órdenes del régimen Ortega Murillo, ejecutan la masacre contra los atrincherados de la Unan Managua. El documental recopila estos hechos hasta el exilio de los estudiantes a través de sus testimonios.
Información compartida con SURCOS por Gerardo Cerdas Vega.
Sea partícipe de la edición XVII del Congreso Centroamericano de Sociología “Resistencias y alternativas frentes a la erosión de los derechos humanos y de las democracias en el Itson Centroamericano” 2023, con la conferencia inaugural “Nicaragua: Revolución fallida, el colapso de la democracia y el ascenso de la dictadura”, a cargo de la conferencista Mónica Baltodano Mercenario.
Este evento se llevará a cabo en el Auditorio Cora Ferro Calabrese en el Campus Higuerón UNA en Heredia el día lunes 05 de junio a las 10:30 a.m, siendo también transmitido por el canal Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.
Convoca: Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).
Coordina: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Colegio de Profesionales en Sociología (CPSCR).
Colabora: Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).