Este documental presenta el recorrido de la lucha del pueblo contra la dictadura somocista (1961-1979).
De Mónica Baltodano. Memorias de la Lucha Sandinista https://memoriasdelaluchasandinista.org/
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Es cierto colega Álvaro. El articulista Raúl Ramírez Tovar, que debe ser un abogado colombiano demócrata, tiene razón en su artículo «Lo que la prensa calló de La Haya».
Esos(sic) abogados, de pésimo desempeño jurídico exprimieron durante 30 años tal litigio. Sus honorarios fueron escandalosos en dólares. Cómodamente convinieron con equipos jurídicos de abogados internacionales jugosos contratos de servicios que sangraron al erario Nacional. Alegaban que requerían de la «asistencia técnica», internacional. Quedaron requetemal en el Foro Jurídico Académico Internacional. No lo sostengo yo solo.
Personalmente gasté «horas nalgas» «dándole seguimiento” a las Audiencias de Trámite y de Alegatos durante 20 años a ese litigio Nicaragua – Colombia. Lo conozco como el que más. No existen textos a consultar de los aportes técnicos de los tales calificados abogados internacionales. Y de los aportes, como doctrina jurídica internacional, de esos litigantes, no alcanzan para sustentar un curso universitario para estudiantes en cátedras de Derecho Internacional y vernáculo.
Los abogados colombianos de los tres gobiernos proclives a la geopolítica del imperio del año 2000 al año 2022, demostraron que, así como la Nación internamente pierde las demandas en su contra por falta de defensa, también se perdió (o perdieron ellos) la demanda de Nicaragua contra Colombia, que culminó con la sentencia de 2012 en la que luego de la desmembración de Panamá perdimos mar territorial por 75.000 Km2.
Pese a existir una Defensa Jurídica del Estado se multiplican en miles las demandas contra la Nación, convirtiéndose esa Oficina en perseguidora de los litigantes colombianos. Ni uno solo de esos abogados les calificaba, para si buscar Abogados y/o «técnicos» extranjeros muy bien requete pagos.
Eso constituye una bofetada a las escuelas de derecho nacionales. En mis escritos sobre análisis de esa sentencia condenatoria contra Colombia en el año 2012, resalto en el aspecto litigioso que el equipo de abogados nacionales confundió o pensaron que estaban litigando en estrados colombianos y con normativa procedimentales internas.
Al Acto Acusatorio y de Pretensiones nicaragüense, lo calificaron o denominaron «Demanda» y súpito observé que conforme al tecnicismo en derecho internacional que se denomina réplicas a lo pretendido por el Estado reclamante, los abogados criollos lo llamaron «Contestación de la Demanda» de Nicaragua. Es decir, como si estuvieran ante cualquier Juzgado del Circuito de Ocaña… Y peor aún: procedieron a contestar cada uno de los puntos del calificado acto de pretensiones nicaragüense, con el lánguido: «es cierto», «no es cierto», «no nos consta», «que se pruebe». Por favor, en el argot del litigio internacional no existe tal escenario.
Jamás, esa valiosa oportunidad procesal de defensa, además de compleja, era de enorme valor en el manejo, sobre todo de la oralidad. Implicaba algo creativo y fundamental. Por ello insisto en el criterio jurídico, visión sólida y formativa de un jurista. Tamaña ridiculez que dejó mal parado la otrora majestad de los jurisconsultos colombianos.
De igual manera redacté, en artículo anterior, mi experiencia cuando en mi desempeño en escenarios académicos internacionales, verifiqué – hacia finales de 1994 -luego de una visita a la Biblioteca de la Universidad de Managua-, que en el pensum académico de los estudios de Derecho incluían una materia denominada «Litigios fronterizos con la República de Colombia». Ello me alarmó como colombiano y me animé a escribir una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exponiendo esa situación y la inminencia de demandas contra Colombia. Resaltaba que era egresado de la Facultad Nacional de Derecho y que mi profesor de Derecho Internacional lo fue el Dr. Diego Uribe Vargas. Pues como corresponde a las peticiones civilizadas de un Pedro Pueblo colombiano en el exterior, mi información no fue acatada.
De tal manera – colega Álvaro – y por su intermedio a todo el cuerpo de abogados y abogadas colombianas, analicemos con beneficio de inventario la última sentencia del Tribunal de La Haya a favor de Colombia. Aportemos desde nuestras organizaciones sociales profesionales pues estamos en mora de contar con un Colegio Único Oficial de Colegiatura de Abogados y Abogadas en Colombia, para contribuir, en el escenario de la diplomacia internacional, en la búsqueda definitiva y de respeto a la auto determinación de los pueblos y que conlleve a la sana armonía y convivencia con el aguerrido y luchador pueblo nicaragüense y en aval a la autonomía e independencia del imperio, de ambos pueblos.
Carlos Meneses Reyes ¡Puro Abogado!
16-07-2.023.
Este 13 de julio, la Corte Internacional Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a las pretensiones de Nicaragua frente a Colombia en el Mar Caribe, al solicitar extender sus derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas (véase texto de la sentencia en francés y en inglés).
Se trata de la respuesta del juez internacional a la demanda planteada por Nicaragua en septiembre del 2013 (véase texto completo). Los 10 años que separan ambos textos se deben en gran parte a las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el 2014, intentado sustraer de la competencia de la CIJ la discusión sobre el fondo (véase decisión de la CIJ sobre excepciones preliminares de marzo del 2016, rechazando los alegatos sobre incompetencia de Colombia).
El contenido de la sentencia en breve
En la parte dispositiva (párrafo 104) de la sentencia escuchada este 13 de julio del 2023, se lee que la Corte:
«1) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que sa frontière maritime avec la République de Colombie, dans les zones du plateau continental qui, selon la République du Nicaragua, reviennent à chacune au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, suit des lignes géodésiques reliant les points 1 à 8 dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus ; /…/
2) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale et reliant les points A, C et B dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus; /…/
3) Par douze voix contre cinq,
Rejette la demande de la République du Nicaragua portant sur les droits à des espaces maritimes générés par Serranilla et Bajo Nuevo. /…/
…/…
(1) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the maritime boundary between the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia in the areas of the continental shelf which, according to the Republic of Nicaragua, appertain to each of them beyond the boundary determined by the Court in its Judgment of 19 November 2012 follows geodetic lines connecting the points 1 to 8, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(2) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the islands of San Andrés and Providencia are entitled to a continental shelf up to a line consisting of 200-nautical-mile arcs from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured connecting the points A, C and B, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(3) By twelve votes to five,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua with respect to the maritime entitlements of Serranilla and Bajo Nuevo» /…/
Dos preguntas resueltas por la negativa
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo (véase nuestra nota anterior), de manera inusual la CIJ ordenó en octubre del 2022 a los dos Estados dedicar sus alegatos a responderle dos preguntas muy precisas con relación a una pretendida costumbre internacional invocada por Nicaragua para exigir derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas..
Las audiencias finales se celebraron en diciembre del 2022 y ambos Estados concentraron sus alegatos en ambas.
En su decisión del 13 de julio del 2023, la CIJ responde por la negativa a la primera pregunta, al indicar en el párrafo 79 que:
«79. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, en droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État.»
../..
Por otra parte, con relación a la segunda pregunta, en el párrafo 82 leemos que:
«82. Il résulte de la réponse donnée par la Cour à la première question que, quels que soient les critères selon lesquels est établie la limite extérieure du plateau continental étendu auquel un État a droit, ce plateau continental étendu ne peut pas chevaucher la zone du plateau continental qui est située en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. En l’absence de droits concurrents sur les mêmes espaces maritimes, la Cour ne peut procéder à une délimitation maritime (voir le paragraphe 42 ci-dessus). Dès lors, point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde question.
../..
Es de notar que esta sentencia viene acompañada de varias opiniones individuales separadas (tres en total), opiniones disidentes (cuatro) y de una declaración, lo cual evidencia el intenso debate intra muros que se dio entre los integrantes de la CIJ. Tomando en cuenta el hecho que la sentencia de la CIJ como tal no sobrepasa las 35 páginas, resulta de interés la lectura de la extensa opinión disidente del juez eslovaco (véase texto) y la de la jueza australiana (disponible aquí), así como la opinión separada elaborada por la jueza china (véase texto).
Es de notar que en luego de la emitirse la ordenanza de la CIJ del 4 de octubre del 2022 (véase texto en francés y en inglés), Colombia procedió a cambiar a parte de su equipo legal (véase nota de prensa de Semana al respecto del 25/10/2022). Mientras que, en el equipo legal de Nicaragua, desde el mes de marzo del 2022, y después de muchos años como asesor de Nicaragua en La Haya, uno de los juristas más experimentados del equipo de abogados internacionales, el norteamericano Paul Reichler, presentó su renuncia (Nota 1).
Con relación a los costos exactos que le significan a cada Estado el acudir a una instancia como La Haya durante varios largos años de procedimiento, la nebulosa se mantiene, tal y como la analizamos en nuestra nota relativa a la sentencia de abril del 2022 entre ambos Estados (con algunos montos oficiales dados a conocer en Nota 4 de la misma precitada nota referenciada). En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya.
A modo de conclusión
Al verse frenadas las pretensiones de Nicaragua con relación a su plataforma continental, los dos Estados deberán ahora encontrar la forma de negociar de manera conjunta lo relativo a su frontera marítima a partir de todo lo indicado en el fallo de noviembre del 2012 (véase texto completo de dicha sentencia).
Algo que no permitió ni el tono desafiante de Colombia a partir de noviembre del 2012, con la denuncia del Pacto de Bogotá (Nota 2) y la declaratoria de «inaplicabilidad» del fallo del 2012 en el año 2013 (Nota 3), ni tampoco las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua ante el juez internacional en el año 2013.
Con respecto a la primera de ellas, habíamos tenido la oportunidad de analizar esta decisión en la que la CIJ condenó a Colombia (véase comunicado oficial de Naciones Unidas): remitimos sobre esta sentencia a nuestros estimables lectores a nuestra nota, precedida en los días previos a la sentencia del 2022 de otra más extensa publicada en el sitio jurídico especializado de Ius360 (Nota 4).
Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir de este 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales en estos próximos días serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan. En efecto, desde 1980, la contienda entre Nicaragua y Colombia ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe: un mar semi cerrado con una gran cantidad de zonas marítimas que se traslapan y que deben ser objeto de negociaciones entre Estados vecinos.
La incertidumbre generada por esta larga controversia que llegó a manos de la justicia internacional en el 2001, debería a partir de ahora considerarse como superada, en aras de lograr paulatinamente una gestión conjunta más armoniosa de estos espacios marinos.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «A propósito de la renuncia de uno de los artífices de los logros de Nicaragua ante la justicia internacional«, publicada en el medio Confidencial (Nicaragua), edición del 6/04/2022. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «La denuncia por Colombia del Pacto de Bogotá«, La Nación (Costa Rica), edición del 8/12/2012, disponible para suscriptores aquí. Y una versión más extensa pubicada en Francia, BOEGLIN N. «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie», publicado en el sitio Le Monde du Droit, edición del 7/12/2012. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «El anuncio de Colombia de no aplicar el fallo de la CIJ«, Alainet, edición del 23/09/2013, disponible aquí. Y una versión más extensa publicada en Francia, BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer l´arrêt de la CIJ «non applicable»: breves refléxions» Boletín Sentinelle (Société Francaise pour le Droit International – SFDI), edición del 23/09/2013. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua/Colombia: a propósito de la lectura de la sentenca de la CIJ«, Ius360, edición del 20/04/2022. Texto disponible aquí.
Dr. Freddy Pacheco León
NOS parecía una pretensión insólita, pero al final y después de tanto tiempo, privó la razón de los argumentos jurídicos, expresados por los representantes de Colombia. La pretensión del gobierno de Nicaragua, aparentemente se sustentó en un vacío legal que, precisamente, por tratarse de algo jurídicamente insustentable, quizá no parecía necesario cerrar. Pero bueno, los abogados nicaragüenses pensaron diferente, y decidieron tratar de ingresar por ese «conjunto vacío» no aritmético, sino legal. Y, como era de esperar, nuevamente les fue mal en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos.
En resumen, y en sencillo, los Estados ribereños que tienen bajo su zona contigua y zona económica exclusiva de hasta 200 millas de ancho, un lecho marino situado a una profundidad menor a los 200 metros, como prolongación natural del territorio continental, lo que constituye la PLATAFORMA CONTINENTAL.
Ahora bien, el derecho internacional del mar, reconoce la posibilidad, de que dicha plataforma continental, en caso de proyectarse más allá del límite exterior de 200 millas de la zona económica exclusiva, hacia la altamar, por ejemplo, el Estado ribereño pueda reivindicar su derecho a extenderse hasta donde se supere la profundidad de 200 metros, pero a una anchura no mayor a las 150 millas, medidas a partir, reiteramos, del borde exterior de la zona económica exclusiva. Es decir, sumados a los derechos de soberanía que el Estado ribereño tiene sobre todos los recursos vivos y no vivos, que se encuentran en las aguas suprayacentes al lecho, en el lecho mismo, y en el subsuelo del mar, en la plataforma continental también se tienen derechos de soberanía, sobre los importantes recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo.
Si consideramos que en la plataforma se localiza la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas metano, quizá entendemos mejor el por qué se trata de un territorio más que interesante. Y si se pudiera extender esa plataforma continental más allá del límite exterior de la zona económica exclusiva, pues bienvenido sea, como lo han previsto algunos Estados, incluyendo a Costa Rica en el océano Pacífico. Se trata de algo normal, formalizado por la ONU, y principalmente, sin entrar en conflicto con otros Estados.
Pero hay un «detallito» que provocó el reciente fallo contra Nicaragua en la Corte de La Haya.
Resulta que la plataforma continental que los nicaragüenses reivindican más allá de las 200 millas que marcan su zona económica exclusiva, ¡se localiza bajo la zona económica exclusiva de Colombia!, en la zona del archipiélago de San Andrés, declarado como colombiano en el año 2012.
En otras palabras, los nicaragüenses pretendían que los jueces del máximo tribunal de la ONU, les abriera el camino de poder explorar y explotar los recursos minerales del fondo marino, que se podrían encontrar bajo el mar colombiano. Más allá de una invitación a conflictos permanentes entre ambos países, un fallo favorable a Nicaragua, habría echado por la borda el merecido reconocimiento y prestigio que tiene la Corte Internacional de Justicia. Aunque se tardaron 10 años, lo bueno fue que lo resolvieron correctamente.
En concreto, el pasado 13 de julio, por 13 votos a 4, se rechazó la solicitud hecha por la República de Nicaragua en busca de que la Corte adjudicara y declarara, que la delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, en las áreas de la plataforma continental que pertenecen a cada una de ellas, habría de estar, según Nicaragua, más allá de la delimitación determinada en el año 2012, es decir, más allá de donde se traslapan las zonas económicas exclusivas de ambos Estados. Con ello, su plataforma continental habría penetrado, muchas millas por abajo del mar Caribe colombiano. ¿Se imaginan ustedes, una plataforma extractora de petróleo, perteneciente a Nicaragua, ubicada en el mar patrimonial colombiano? Pues, tal sinsentido habría sido posible, si los vecinos del norte no hubiesen salidos derrotados en La Haya.
15 de julio del 2023
A cinco años de la masacre en la iglesia Divina Misericordia, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda a las víctimas y acompaña a las familias que exigen justicia con la presentación en YouTube del documental 18 horas para el amanecer.
Esta producción, que contribuye con la memoria histórica de Nicaragua, muestra el contexto de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018 cuando estudiantes ocuparon el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, para exigir justicia y la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 13 de julio de 2018, durante la Operación Limpieza, ejecutada por grupos paramilitares y la Policía Nacional bajo órdenes del régimen Ortega Murillo, ejecutan la masacre contra los atrincherados de la Unan Managua. El documental recopila estos hechos hasta el exilio de los estudiantes a través de sus testimonios.
Información compartida con SURCOS por Gerardo Cerdas Vega.
Sea partícipe de la edición XVII del Congreso Centroamericano de Sociología “Resistencias y alternativas frentes a la erosión de los derechos humanos y de las democracias en el Itson Centroamericano” 2023, con la conferencia inaugural “Nicaragua: Revolución fallida, el colapso de la democracia y el ascenso de la dictadura”, a cargo de la conferencista Mónica Baltodano Mercenario.
Este evento se llevará a cabo en el Auditorio Cora Ferro Calabrese en el Campus Higuerón UNA en Heredia el día lunes 05 de junio a las 10:30 a.m, siendo también transmitido por el canal Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.
Convoca: Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).
Coordina: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Colegio de Profesionales en Sociología (CPSCR).
Colabora: Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).
La UNED le invita a las siguientes presentaciones de investigaciones internacionales:
Martes 9 de mayo a las 10 am.
Un informe del subcontratista Chemonics International Inc. para la USAID evalúa el resultado de diversos programas desarrollados en Nicaragua entre abril de 2013 y febrero del 2018 (el informe puede ser visto aquí: https://chemonics.com/wp-content/uploads/2018/10/FinalReport.pdf)
En sus 61 páginas se definen objetivos y resultados de los diversos programas de apoyo a 17 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
Entre los objetivos del programa estaba el fortalecimiento de la capacidad de esas organizaciones “para mejor defender las demandas de los ciudadanos mediante el proyecto de promoción de las capacidades de la sociedad civil”.
Se trataba de proporcionar a la USAID información útil para que organizaciones clave –que ya recibían recursos de la USAID para actividades que el proyecto llama de “democracia y gobernabilidad”–, pudieran lograr de mejor manera sus objetivos comunes.
Se pretendía incrementar la capacidad de las ONGs para concientizar y movilizar a los ciudadanos; “incrementar la capacidad de coordinación de las ONGs y de los individuos, del sector privado y de los medios para promover la concientización, la defensa y el activismo”.
El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de comunicación, creando especialmente para eso “herramientas de medios digitales”.
Ya veríamos después el contenido de esas campañas de concientización y de activismo. El documento especifica algunas organizaciones beneficiarias, la realización de talleres con periodistas y grupos de derechos humanos, particularmente importantes para lo que califica de “desafiante contexto político” nicaragüense.
Los participantes “aprendieron a encriptar información en sus teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para prevenir ataques cibernéticos y la manipulación de sus aparatos de comunicación o sitios web con información importante para los nicaragüenses”.
Los recursos del programa otorgaron también a las ONGs una mayor capacidad para “plantear reivindicaciones y desarrollar acciones específicas de reivindicaciones”.
Una interferencia multimillonaria
El documento al que hacemos referencia no es el único sobre las actividades de la AID en Nicaragua. En la página de la USAID (https://www.usaid.gov/nicaragua/history) se puede leer que “el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado cerca de 2,5 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo a Nicaragua, principalmente mediante la AID”, desde su establecimiento, en 1962.
De acuerdo con su estrategia actual –cuya definición puede ser vista en internet–, la USAID “provee entrenamiento y asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas para reivindicar efectivamente las prácticas democráticas y los derechos humanos”.
De los 2,5 mil millones de dólares que la agencia invirtió en Nicaragua, 507 millones fueron empleados en “esfuerzos de estabilización de la economía, para enfrentar la creciente inflación, y el pago de deudas con instituciones multilaterales”, además de 36,3 millones invertidos “en programas de generación de empleo” en los años 90.
Hay que recordar que el 25 de abril de 1990 asumió la presidente Violeta Barrios de Chamorro, electa después de años de guerra organizada y financiada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista.
Celebradas en medio del caos provocado por la intervención militar, con la economía afectada por las sanciones económicas, los sandinistas no tenían posibilidades de triunfo, si consideramos, además, que el gobierno norteamericano había prometido continuar con la guerra si eso ocurría.
En resumen, Estados Unidos dedicó millones de dólares para combatir la revolución sandinista en los años 80’s, para provocar el caos en su economía, incluyendo los recursos del escándalo conocido como “Irán-contras”, para aportar después otros millones para apoyar los planes de reconstrucción de sus aliados.
¿Cómo no reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el caos económico creado en Nicaragua, que luego pretendió resolver con los poco más de 540 millones de dólares, que se revelaron insuficientes para reordenar la economía del país, como ha quedado en evidencia si vemos los resultados 30 años después de esa intervención?
Los especiales intereses en un posible canal interoceánico por Nicaragua, en competencia con el de Panamá, hizo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua una política habitual. Como consecuencia, la resistencia a esa intervención adquirió particular relevancia con la rebelión del general Sandino, asesinado en febrero de 1934 por las fuerzas políticas y militares nicaragüenses instaladas en el poder por Washington.
Desde entonces, la política nicaragüense es incapaz de encontrar un escenario donde sandinistas y antisandinistas puedan enfrentarse, sin que la intervención norteamericana desequilibre lo que debería ser una “normal” disputa política sobre diferentes visiones del país.
La masiva intervención de los años 80’s dio origen a una nueva etapa política, en la que sandinismo y antisandinismo, desdibujados, han buscado reacomodarse y sobrevivir; haciendo que el sandinismo se dividiera; que Ortega asumiera el poder en sucesivas elecciones, con la oposición cada vez más acorralada; hasta desembocar en las protestas de 2018 y la represión que la siguió.
La división del sandinismo ocurrida en el período posterior a la derrota electoral de febrero de 1990 es uno de los acontecimientos que contribuyó al desarrollo del actual orden político en el país. La prisión, exilio, expropiación, retiro de la nacionalidad de destacados líderes de la revolución sandinista de los años 80 solo puede ser visto como el fracaso de un proceso que entonces logró aglutinar una voluntad mayoritaria en apoyo al proceso revolucionario.
Conociendo los programas y los recursos puestos a disposición de la oposición por la AID, revisando sus objetivos y el periodo de desarrollo de esos programas (2013-2018), pensar que las protestas de abril del 2018 fueron una rebelión espontánea es, por lo menos, una ingenuidad.
La oposición salió a derrocar el gobierno y el gobierno respondió matando y encarcelando a los opositores. Como en otros lugares del mundo, otro Maidán, otra revolución de colores, generó una confrontación que un desarrollo sin esas interferencias quizás pudiese haberse evitado.
El aire refrescante de América Latina
Es en ese contexto que la oposición nicaragüense desarrolla una intensa campaña para minar el apoyo de la “izquierda” latinoamericana a Ortega. Esa campaña –titulada “La izquierda latinoamericana de espaldas a la dictadura”– es organizada por medios digitales de la oposición nicaragüense.
Una campaña de esa naturaleza podría ofrecer a la izquierda latinoamericana una alternativa al gobierno de Ortega. Pero se limita a argumentar que el gobierno de Ortega no es “de izquierda”. Sería lógico pensar entonces que la “izquierda” está en la oposición. Pero no es así.
Dada la desarticulación de la oposición, a su imposibilidad de organizarse al interior del país debido a la represión del gobierno, esa oposición se define o se aglutina tras el objetivo de deponer el gobierno. Pero es prácticamente imposible encontrar una explícita visión de país que pretenden construir, el orden económico que pretenden organizar, desde su visión del escenario internacional.
En esas condiciones, una manera de vislumbrar el carácter político de esa oposición es revisar las posiciones de los candidatos presidenciales opositores en las pasadas elecciones, todos ellos encarcelados y luego extraditados y expropiados por Ortega. Un verdadero caos, aplicado con una crueldad inaceptable. En esa oposición no hay nada que se pueda calificar como de “izquierda”, como la campaña mediática pudiera sugerir.
La “izquierda” latinoamericana está atrapada en este juego. Entre los que apoyan a Ortega a rajatabla y los que consideran impensable cualquier apoyo a su gobierno, un casi desaparecido atajo ha ido quedando oculto por el bosque. Un atajo que nos lleva a la casa centroamericana, donde hace falta abrir dos ventanas: una para que salga el aire sofocante de Washington. Otra, para que entre el aire refrescante de América Latina.
Nuevas realidades
Hace 45 años era impensable que América Latina pudiera extender sus intereses a una región sometida desde hace más de un siglo a la influencia e intereses norteamericanos, nacidos no solo de la cercanía geográfica sino, principalmente, de una ubicación estratégica, capaz de facilitar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico.
Hoy, no solo la situación es distinta, sino que está en rápido y profundo cambio. En el nuevo orden mundial una mayor presencia política latinoamericana en la región parece posible y necesaria. Preguntado por la situación en Nicaragua, el presidente brasileño, Lula, dijo no estar muy informado. Ya no parece una respuesta razonable.
Es inaceptable la política norteamericana de sanciones unilaterales contra países latinoamericanos, cuya principal expresión es la impuesta por más de 60 años a Cuba, pese al rechazo prácticamente unánime, año tras año, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sería del todo inconveniente para América Latina ver un gobierno nicaragüense que, en caso de triunfo de la oposición, se sumase a esa política de sanciones de Washington contra países de la región. Pero la oposición nicaragüense no habla públicamente de esas cosas, aunque lo hace en privado.
Así como importantes sectores de la izquierda latinoamericana se sienten incómodos con la situación de Nicaragua, la oposición evita cuidadosamente definirse en el escenario político, que algunos de sus representantes prefieren explicar diciendo que ya no existe ni izquierda ni derecha. Naturalmente, los sectores más conservadores, que encabezan la oposición, se sienten cómodos en la derecha.
El caos centroamericano
Está claro que el siglo de intervención norteamericana no es ajeno a la incapacidad de organización política de los países centroamericanos. Tampoco es ajeno a su pobreza y desigualdad económica, fundamento de la riqueza de viejos magnates norteamericanos, bien descritos por el ensayista costarricense Vicente Sáenz en sus libros, ya en la primera mitad del siglo pasado.
Costa Rica es la excepción en ese caos. Pero eso tiene una explicación. Desde mi punto de vista se debió a la obra de un político notable, José Figueres, el mismo que, a fines de los años 40 abolió el ejército nacional (cosa constantemente recordada por políticos y académicos), pero que hizo algo todavía más importante: nacionalizó la banca. Eso fue la clave para que el país contara con recursos para atender la demanda de su población de mejor manera que otros países de la región y pudiera organizar un orden político y administrativo que respondiera de mejor forma a esas necesidades.
Es cierto, sin embargo, que desde principios de los años 80, cuando en el mundo se abría paso el modelo neoliberal y trataban de convencernos de que no había alternativa, un gobierno que se reivindicaba como de la misma línea de Figueres dio comienza a un proceso de privatizaciones que, con recursos de la AID, apuntó, en primer lugar, a la banca nacionalizada. En los 40 años siguientes, ese mismo partido (el socialdemócrata Liberación Nacional) consolidó el camino neoliberal, incluyendo una campaña para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos basada en una estrategia conocida como el “Memorando del miedo”. Hoy, el país también siente que ha perdido su rumbo, que un cierto orden, sustentado por un Estado preocupado por la vida de sus ciudadanos, ha ido, poco a poco, a mordiscos, siendo desarmado.
La deuda latinoamericana
Si el factor desequilibrante de la política en los países centroamericanos, en particular en Nicaragua, es la intervención norteamericana, es cierto que la ausencia latinoamericana no solo ha dejado a disposición de Washington todo el escenario, sino que ha privado de otras opciones a los sectores políticos nicaragüenses que no se sienten cómodos con el actual escenario.
El nuevo gobierno brasileño ha optado por no sumarse a condenas interesadas, al uso abusivo del tema de los “derechos humanos”, transformados en instrumento político gracias a disposiciones a las que Washington nunca adhirió, concebidas especialmente para poner a pelear a los latinoamericanos. El gobierno brasileño ha expresado su desacuerdo con medidas como la extradición, la expropiación y el retiro de la nacionalidad a líderes opositores, pero ha querido dejar abierta una puerta el diálogo. No es suficiente la propuesta de una política alternativa cuyos resultados solo se verán a mediano, o largo plazo. Hay una situación en desarrollo que requiere atención más urgente.
El cambio de gobierno en Brasil, en Colombia, la posición de López Obrador, en México, o de Alberto Fernández, en Argentina, son una base importante para la coordinación de esas políticas. Hace falta que los partidos políticos del Sur estén presentes en Centroamérica.
Una derecha muy conservadora, la de Piñera y Macri, de Calderón, y Fox, de Aznar y Rajoy se ha reunido para fortalecer “la libertad y la democracia” en la región.
Es inconcebible que políticos latinoamericanos puedan reunirse con colegas como el español Aznar, precisamente cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, que justificó jurando tener evidencias de las armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein (sus afirmaciones en la época pueden ser vistas aquí: https://www.facebook.com/watch/?v=1100473373617333). Con sus aliados, tiene la destrucción de un país y centenares de miles de muertos a su haber.
Es esa gente es la que se propone defender “la libertad y la democracia” en la región. Para enfrentarlos hay que proponer una visión distinta y organizar una alternativa que responda a los intereses latinoamericanos.
FIN
El lunes 6 de marzo el gobierno Ortega-Murillo a través del Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y también de todas sus cámaras agremiadas, en total, 18 organismos sin fines de lucro por incumplimiento, -según el Ministerio de Gobernación-, de las leyes que lo regulan.
Las cámaras canceladas fueron, Asociación Nicaragüense de la Industria Textil(ANITEC), Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), Cámara Nicaragüense de la Construcción, Asociación Cámara de la pesca de Nicaragua (CAPENIC), Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN), Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), Cámara de Microfinanzas (ASOMIF), Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Las cámaras mencionadas anteriormente y 8 más formaban parte del Consejo Superior de la Empresa Privada(COSEP).
Dichas acciones repercuten en el ámbito social, político y económico.
Vladimir de la Cruz quién es historiador se refirió al respecto en una entrevista con Sergio Marín Cornavaca, en donde menciona que, en Nicaragua y Costa Rica por el régimen económico que tienen, el sector privado es relevante y clave en el proceso de desarrollo y en el proceso de la economía por la gestación de fuentes de empleo, por lo que concluye que si la situación de Nicaragua continúa por esa ruta, Estados Unidos podría cerrar mercados, entre otras posibles consecuencias y la economía del país se vendría al suelo.
Imagen ilustrativa, Vladimir de la Cruz.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.