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Etiqueta: Nicaragua

Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel

Foto extraída de nota de prensa del Times of Israel, en su edición del 12 de febrero del 2024, titulada «Court orders Netherlands to stop F-35 parts delivery to Israel over war on Hamas».

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com

El pasado 8 de febrero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer una solicitud formal de intervención presentada por parte de Nicaragua con relación a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre del 2023: el texto del comunicado oficial de la CIJ puede ser consultado en este enlace en francés y en inglés.

En cuanto al texto de la demanda sudafricana como tal, cuya lectura completa se recomienda (en particular el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de las máximas autoridades de Israel en los párrafos 101-107), se puede consultar de manera integral en francés y en inglés.

Es de notar que recientemente la jefa de la diplomacia sudafricana hizo ver que recibe amenazas veladas en redes sociales, apuntando sin tapujos hacia los servicios de inteligencia israelíes. En esta nota de prensa publicada el 8 de febrero, se puede leer que:

«I felt that [it would] be better if we had extra security. But what I’m more concerned about is my family, because in some of the social media messages my children are mentioned and so on, but this is par for the course. The Israeli agents, the intelligence services, [this] is how they behave, and they seek to intimidate you, so we must not be intimidated. There is a cause that is under way«.

Cabe recordar que Nicaragua, al igual que más de 150 Estados, externó en su momento su satisfacción y su apoyo a la demanda sudafricana presentada ante la justicia internacional (véase nota de prensa de Swiss Info del 10 de enero del 2024). En América Latina, el primer Estado en manifestar su respaldo a la demanda de Sudáfrica fue Bolivia en un comunicado oficial de su diplomacia, con fecha del 7 de enero (véase texto integral del comunicado).

Una breve puesta en contexto

Se trata de la primera solicitud de un Estado tercero de esta naturaleza registrada en La Haya, de otros muchas que posiblemente se observen a partir de ahora por parte de diversos Estados.

Un riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, confirmado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, y un Estado que, desde entonces, sigue desafiando con su accionar insensato en Gaza a la justicia internacional, interpelan a todos los integrantes de la comunidad internacional, y ello desde diversos planos, sea nacional, sea internacional.

A modo de ejemplo, en el plano nacional, este 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero).

En el plano internacional, la solicitud de Nicaragua es una de las muy diversas acciones que puede tomar un Estado: en este caso, la solicitud de Nicaragua se fundamenta en el artículo 62 del Estatuto de la CIJ que se lee de la siguiente manera:

«Artículo 62 1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición«.

Es de precisar, desde la perspectiva estrictamente jurídica, que en su ordenanza del pasado 26 de diciembre, la CIJ destacó el tipo de obligaciones que genera la Convención de 1948 contra el Genocidio y reafirmó el carácter de «obligaciones erga omnes«, las cuales se imponen a todos los Estados debido a su importancia fundamental (Nota 1).

Resulta oportuno indicar que Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde junio del 2010, en razón del ataque a una flotilla turca de carácter humanitario por parte del ejército de Israel (véase nota de El Tiempo / Colombia del 1 de junio del 2010); al tiempo que Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967.

Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El Pais /España). Al igual que Venezuela en el 2009, Bolivia también rompió sus relaciones diplomáticas con Israel, las reanudó oficialmente a finales del mes de noviembre del 2019 (véase nota de prensa del 2019 de la agencia turca de noticias TRT) para suspenderlas el pasado 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Bolivia de la misma fecha). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).

En Nicaragua, para la conmemoración de los 10 años de la muerte del líder palestino Yasser Arafat, se realizó un acto oficial en Managua (véase nota de prensa de noviembre del 2014). Recientemente – finales de enero del 2024 -, se informó sobre la muerte de una renombrada poetiza nicaragüense cuya familia era oriunda de Palestina, quien acompañó sentimentalmente a Yasser Arafat (véase foto de archivos contenida en esta nota de La Prensa de Nicaragua, y esta nota de prensa del 28 de enero del 2024).

También es de recordar que, con ocasión de la ofensiva militar israelí terrestre en Gaza en julio del 2014, varios Estados de América Latina habían reaccionado ante el carácter desproporcional e indiscriminado de los ataques de Israel contra la población civil de Gaza (véase nota de la BBC). En aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de escribir que:

«Un estudio pormenoriza las declaraciones y manifestaciones de los distintos jefes de Estados de América Latina a la violencia de la ofensiva militar desplegada por Israel, incluyendo el uso del calificativo de “genocidio” por parte del presidente del Uruguay, el de “masacre” por parte de la Presidenta de Brasil y las ambigüedades de la posición adoptada por las autoridades de Costa Rica. En un comunicado oficial, la cancillería del Uruguay, encabezada por Luis Almagro (hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos –OEA-), no dudó en calificar de “crimen de guerra” la matanza de civiles palestinos, en agosto del 2014» (Nota 2).

Una ordenanza de la CIJ que espera desde el 26 de enero ser acatada

En el último estado de situación disponible elaborado por Naciones Unidas (al 8 de febrero del 2024, véase informe) se lee que:

« Israeli bombardment and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups continue to be reported across much of the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. In remarks to the UN General Assembly on 7 February, UN Secretary-General António Guterres warned that the expansion of hostilities to Rafah, where hundreds of thousands of Palestinians have sought refuge, “would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences.”

Between the afternoons of 7 and 8 February, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 130 Palestinians were killed, and 170 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 8 February 2024, at least 27,840 Palestinians were killed in Gaza and 67,317 Palestinians were injured, according to the MoH.

Between the evenings of 7 and 8 February, no Israeli soldiers were reported killed in Gaza. As of 8 February, 225 soldiers were killed and 1,314 soldiers were injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military«.

En este mismo documento se advierte del inminente riesgo de hambruna, al precisar que:

«The risk of famine in Gaza is increasing by the day, particularly for hundreds of thousands of people in northern Gaza who have been predominantly cut off from assistance and where food security assessments show the greatest needs, with many reportedly grinding animal feed to make flour. Since the onset of the crisis, the World Food Programme (WFP) delivered a total of 1,940 trucks (19 per cent of all aid trucks) carrying over 32,413 metric tons of life-saving food supplies. The last time UNRWA was able to carry out a food distribution in the north of Wadi Gaza was 23 January«.

Con respecto a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre del 2023 ante la CIJ, tuvimos la oportunidad en una nota anterior titulada «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)» de analizar el alcance de la ordenanza de la CIJ dada a conocer por la CIJ el pasado 26 de enero (véase texto oficial en francés y en inglés ) y de vislumbrar las posibles reacciones en caso de desacato por parte de Israel.

En unas recientes reflexiones del Profesor Al Tamimi publicadas en el portal de EJIL-Talk (véase articulo titulado «Implications of the ICJ Order (South Africa v. Israel) for Third States«, cuya lectura completa se recomienda), el autor precisa en sus conclusiones la tarea que espera a los Estados ante el desafio que Israel plantea a la comunidad internacional, al no parecer dispuesto a acatar lo ordenado por la CIJ:

«Since the ICJ handed down its provisional measures Order on 26 January, Israeli forces have reportedly killed hundreds of Palestinians as per UNOCHA’s daily briefings, civilians waiting to receive humanitarian aid were shot and injured, hospital staff have been killed, and government ministers called for the displacement of Palestinians from Gaza at a far-right conference. These events underscore the real and imminent risk of irreparable damage facing rights plausibly protected under the Genocide Convention. At a time when the credibility of international law hangs in the balance, the ICJ demonstrated the enduring relevance of its guidance by issuing a firm ruling in front of an expectant legal and non-legal community. States are now called upon to ensure, beyond assurances and words, that they are ready to take action to ensure compliance».

Con relación a otra instancia internacional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), en otra nota anterior, titulada «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)» pudimos analizar los alcances de la remisión conjunta hecha por Chile y México ante el drama que se vive en Gaza.

Vigilia en memoria de las víctimas palestinas en Gaza, organizada frente al Ministerio de Relaciones Exteriores Culto de Costa Rica en la tarde/noche del 2 de noviembre del 2023. Foto obtenida gracias a la cortesía de la Red de Solidaridad con Palestina / Costa Rica.

La solicitud realizada por Nicaragua en breve

El texto de la solicitud hecha por Nicaragua se encuentra disponible en el sitio oficial de la CIJ en este enlace desde este 12 de febrero: se trata de un documento con varios anexos, con fecha del 22 de enero del 2024.

En la página 10 se incluyen por parte de Nicaragua referencias a declaraciones oficiales de Israel, al precisar que:

«23. As pointed out above, Nicaragua has repeatedly called on Israel to cease its activities in the Gaza Strip that amount to violations of the Genocide Convention. The response of Israel has been not only to Nicaragua, but to South Africa, the Court and the international community during the hearings in Court on 12 January 2024, in which the representatives of Israel justified all of the actions that have been submitted to the Court by South Africa as violations of the Genocide Convention and indicated that it has no intention of ceasing their execution. For example, the Agent indicated that Israel “has the right to defend itself” and that the request for provisional measures “cannot stand” as it denies Israel of its rights. Furthermore, the very next day after the hearings the Prime Minister of Israel gave a press conference warning that “nobody will stop us — not The Hague, not the axis of evil and not anybody else,” and went on to condemned “the hypocritical onslaught at The Hague against the state of the Jews…” vowing to continue Isrel’s war in Gaza “until total victory”. Thus, the dispute is clearly established. There is no possibility of diplomatic agreement of this issue«.

En las conclusiones (página 12) se lee que Nicaragua solicita que su iniciativa no genere a los jueces de La Haya mayores dilaciones para responder de manera prioritaria a la solicitud urgente de medidas provisionales, las cuales fueron ordenadas a Israel el 26 de enero:

«25. For the reasons set out in this Application, Nicaragua respectfully requests the Court to permit its intervention as a party in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) for the object and purpose specified above and to participate in those proceedings in accordance with Article 85 of the Rules of Court. Nicaragua reserves its rights to present supplementary arguments and observations as and when the Court would allow it to do so, as well as any other rights granted by international law and in particular by the Statute of the Court.

  1. Furthermore, given the urgency of the situation, Nicaragua wishes to clarify to the Court that it does not wish for its request for intervention to delay the proceedings and deliberations of the Court related to the urgent request for provisional measures. The timing of the intervention merely reflects Nicaragua’s deep concern over the situation and the need to alert the Court as early as possible of Nicaragua’s intention«.

A modo de conclusión

Más allá de los mecanismos jurisdiccionales que los Estados pueden usar para intentar frenar a Israel en Gaza, se puede decir que, como región, América Latina destaca en el mundo ante el drama inhumano al que Israel somete a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, desproporcionales e indiscriminados desde la tarde/noche del 7 de octubre.

En un comunicado conjunto dado a conocer el pasado 2 de febrero, varios expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos externaron que:

«With the ICJ alerting the international community to the risk of genocide in Gaza and ordering immediate and effective action to ensure the provision of humanitarian assistance to civilians, states must do more, including to avoid legal consequences for aiding and abetting, or possible complicity in acts of genocide,” they said. “Instead of castigating the agency that provides critical support for millions of Palestinians in Gaza, states must exhaust all efforts to avert serious violations of international law, including genocide—and this necessitates continued international support of UNRWA’s vital humanitarian services.

No está de más precisar que fueron varios los Estados latinoamericanos los que, tempranamente, alzaron la voz contra el accionar militar de Israel en Gaza. En una nota de finales del mes de octubre del 2023, tuvimos la posibilidad de detallar el conjunto de acciones de repudio contra Israel tomadas por varios Estados del continente americano en nuestras reflexiones tituladas: “Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras».

Se trata de acciones diversas tomadas por parte de Estados de América Latina en las que, cada uno a su manera, reafirman el apoyo de esos Estados al respeto del derecho internacional humanitario y a la justicia internacional, denunciando de paso el uso desproporcional de la fuerza por parte de un Estado contra civiles. Estas acciones, al menos a la fecha, no han encontrado eco alguno por parte de Estados en Europa ni en el norte del continente americano, sumidos en un mutismo e inacción colectiva que llaman ambos poderosamente la atención.

Este recurso, por parte de distintos Estados de América Latina, a los diversos mecanismos que ofrece el derecho internacional frente al accionar insensato del aparato militar israelí desde el pasado 7 de octubre se confirma con esta primera solicitud ante la CIJ presentada por Nicaragua. Es muy probable que sea seguida por otras solicitudes muy similares proviniendo de otras latitudes del planeta.

Finalmente, es menester indicar que la justicia internacional de La Haya iniciará este próximo 19 de febrero las audiencias orales con relación al procedimiento consultivo sobre la colonización israelí en territorio palestino: este 9 de febrero la CIJ comunicó el extenso programa de audiencias, cuyo detalle está disponible en francés y en inglés.

– – Notas – –

Nota 1: Se lee en efecto por parte de la CIJ (parrafo 33) en su ordenanza del 26 de enero del 2024 que:» The Court notes that the Respondent did not challenge the standing of the Applicant in the present proceedings. It recalls that, in the case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) where Article IX of the Genocide Convention was also invoked, it observed that all the States parties to the Convention have a common interest to ensure the prevention, suppression and punishment of genocide, by committing themselves to fulfilling the obligations contained in the Convention. Such a common interest implies that the obligations in question are owed by any State party to all the other States parties to the relevant convention; they are obligations erga omnes partes, in the sense that each State party has an interest in compliance with them in any given case. The common interest in compliance with the relevant obligations under the Genocide Convention entails that any State party, without distinction, is entitled to invoke the responsibility of another State party for an alleged breach of its obligations erga omnes partes» (el subrayado es nuestro).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «A un año del inicio de la operación “Margen Protector”: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional«, Estudios del CURI (Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales), Núm. 7/2015, p. 14. Texto integral disponible aquí . También remitimos a otro artículo BOEGLIN N., «Reacciones en América Latina a la operación «Margen Protector» del ejército israelí en la franja de Gaza«, CEMOAN, Universidad Nacional (UNA), Num. 15, agosto de 2014. Texto integral disponible aquí.

UCR: Un nuevo  juvenicidio está ocurriendo en la región centroamericana

Fotografía: archivo OCI, UCR.

Pronunciamiento

Comunicado de académicos y académicas

En ocasión de la realización del VI Simposio “La hora de la política: juventudes, transiciones y transformaciones actuales en América Latina” celebrado entre el 18 y 22 de septiembre de 2023 en San José Costa Rica, académicas y académicos de Latinoamérica, hacemos pública nuestra preocupación y alarma ante las graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes, que se están cometiendo en algunos países centroamericanos.

En El Salvador durante los últimos 18 meses el Estado ha implementado como política de seguridad, un régimen de excepción que ha suspendido derechos fundamentales e impulsado una estrategia de capturas arbitrarias masivas, principalmente de jóvenes pobres bajo figuras penales difusas y ambiguas.

En el marco de la denominada guerra contra las pandillas, miles han sido detenidos y encarcelados por su condición juvenil, por vivir en una zona pobre y estigmatizada, por parecer sospechosos, o simplemente, por ser parte de una cuota diaria de detenciones impuestas a policías y militares. Organizaciones de derechos humanos han documentado que al interior de las cárceles están ocurriendo de forma sistemática torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, prácticas que están convirtiendo a las prisiones en auténticos centros de exterminio juvenil. A la vez, la criminalización de este sector de la población y la retórica deshumanizante que enarbola el gobierno de Nayib Bukele, está sometiendo a la población juvenil a condiciones de mayor precarización, exclusión social, migración forzada y al borramiento físico y simbólico de su cultura e identidades.

En Honduras, una réplica en menor escala del régimen de excepción salvadoreño fue adoptada por el actual gobierno desde diciembre de 2022. Detenciones arbitrarias masivas están siendo ejecutadas en más de la mitad del territorio hondureño, cuyos habitantes están enfrentando la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de la morada, la libertad de circulación y de asociación. Estas medidas que involucran una respuesta militarizada a la inseguridad, están abriendo la puerta a graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes que viven en comunidades pobres y estigmatizadas, como ocurrió en el pasado reciente.

En Nicaragua en el contexto de la profundización de la dictadura de Daniel Ortega, se ha articulado una estrategia de violenta persecución en contra de jóvenes organizados que ha derivado desde 2018 en asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, persecución y exilio. A la vez, se ha comprometido el futuro profesional de miles de jóvenes universitarios nicaragüenses, tras la intervención, cierre y cancelación legal de más de 28 universidades privadas por parte del gobierno, en represalia por sus posturas
críticas.

Ante este panorama regional, es imperativo alertar a la comunidad internacional sobre el nuevo juvenicidio que está teniendo lugar en la región centroamericana, en el marco de los populismos autoritarios que están proliferando en la región, y exigir a los gobiernos centroamericanos el respeto a los derechos humanos de las juventudes y la suspensión de toda forma de violencia institucional que ahora se ensaña contra este importante sector de la población. Poner la labor académica al servicio de los derechos humanos es en la actualidad un imperativo ético y moral.

(Este comunicado fue conocido también por el grupo JUVENICIDIO(S): violencias y resistencias sociales, algunas/os integrantes decidieron adherir el pronunciamiento. Sus firmas constan como parte de este documento).

Firmado en San José, Costa Rica. Septiembre 2023 por:
1. Dra. Andrea Bonvillani. Profesora Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba e Investigadora CONICET-Argentina
2. Lic. Cynthia Daiban. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
3. Lic. Mario Alberto Araya Pérez. Investigador Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia
4. M.Sc. Mónica Vul Galperín. Investigadora Instituto Investigaciones Psicológicas. Directora Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad. Universidad de Costa Rica
5. Dra. Ilka Treminio Sánchez. Coordinadora de la Cátedra de Centroamérica. Universidad de Costa Rica.
6. Dr. Alfredo Nateras Domínguez. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. (México)
7. Dra. Miriam Kriger. Universidad de Buenos Aires.
8. Eva Da Porta. Universidad Nacional de Córdoba
9. Juan Dukuen. Investigador CONICET Argentina. Docente Universidad de Buenos Aires.
10.Diego Higuera Rubio. Antropólogo y magister en ciencias sociales. Docente programa en pedagogía. Universidad pedagógica nacional de Colombia.
11. Dr. Pablo Francisco Di Leo. Investigador del CONICET. Docente de la Universidad de Buenos Aires.
12.Luciana Guglielmo. Dra. en Comunicación. Universidad Nacional de La Plata UNLP.
13. Dra. Mariana Lerchundi. Auxiliar docente UNRC. Investigadora ISTE/CONICET.
14. Lic. Ignacio Robba. Universidad de Buenos Aires.
15.Maikol Picado Cortes. Docente – Investigador. Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia.
16. M. Sc. Jeannette Aguilar. Profesora Escuela de Psicología/Investigadora Centro
de Investigación y Estudios Políticos. Universidad de Costa Rica.
17.Igor Israel González Aguirre, Profesor Investigador adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara.
18. Dr. Óscar Ramón López Carrillo. Profesor Investigador del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (Universidad de Guadalajara).
19. Dr. Javier Tapia Balladares, Director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología – Universidad de Costa Rica
20.M.Sc. Kevin Brenes Valverde, Universidad de Costa Rica.
21. Lic. Fernando Jesús Obando Reyes, Centro Agenda Joven en Derechos y
Ciudadanía Universidad Estatal la Distancia – Costa Rica.
22.Dr. Carles Feixa. Universitat Pompeu Fabra (España)
23. Dr. Mario Zúñiga Núñez. Profesor Escuela de Antropología/ Investigador Centro
de Investigaciones Antropológicas. Universidad de Costa Rica.
24. Dr. Onésimo Rodríguez. Director. Centro de Investigaciones Antropológicas.
Universidad de Costa Rica.

Recital de poesía y música “Agua y fuego” con Gioconda Belli y Luis Enrique Mejía Godoy

En el marco de la Semana de la Música, el Instituto Cervantes acogió en su sede madrileña el recital de poesía y música «Agua y fuego», ofrecido por la poeta y novelista Gioconda Belli y el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, acompañados por el pianista costarricense Jonathan Delgado. Entre poema y canción, los artistas nicaragüenses conversaron sobre temas como el éxodo, el amor, la maternidad, el feminismo o la situación complicada que se vive en Nicaragua. 

Les invitamos a ver la transmisión del evento:

Consejo Universitario UNA reprocha cierre de UCA en Nicaragua

Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-265-2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual reprochan el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y brindan su total apoyo a la educación como derecho humano fundamental.

En relación con los hechos suscitados, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia que se haya violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros.

Asimismo, se solidariza con los estudiantes, docentes e investigadores, así como con el personal administrativo de la UCA.

ACUERDO COMPLETO

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-265-2023

25 de agosto de 2023

Señores
Comunidad Universitaria

M.ag. Maribelle Quirós Jara
Directora de la Oficina de Comunicación

M.ag. Sara González Bonilla
Directora de la Oficina de Relaciones Públicas

Estimadas señoras y estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo cuarto, inciso primero de la sesión ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2023, acta no 42-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA) EN NICARAGUA

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reprocha los actos acontecidos en contra de la Universidad Centroamericana UCA en donde no sólo se ha violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros, sino que como justificación de lo sucedido se ha utilizado la expropiación de bienes privados para motivar la dominación ideológica hacia el pueblo nicaragüense.

Tal y como lo establece la Unesco; la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, y un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales.

La Universidad Nacional como institución de educación y promotora de la conciencia crítica en la sociedad en general y el Consejo Universitario en particular hace un llamado para que se respete la democracia, la libertad, el pensamiento crítico, el derecho a la educación del estudiantado de esta institución hermana, con la cual nos solidarizamos ante el ataque directo a su prestigio y sus aportes al pueblo nicaragüense.

Manifestamos nuestra solidaridad con los más de 5000 estudiantes, y 546 docentes e investigadores, así como con el personal administrativo, de la UCA; que, junto a sus familias se les ha violentado su dignidad y proyecto de vida.

Exhortamos a las demás instituciones de educación superior del país y de la región a denunciar y pronunciarse ante este ataque directo y deliberado hacia una institución educativa, motor del desarrollo social.

Instamos a la defensa de la educación, al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico sin acallar las voces críticas en detrimento del bien común.

Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR: Las ‘Volcánicas’

¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir

Las ‘Volcánicas’

¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir. #FloredcemosEnAutonomía #lLargaVidaUCR #SiempreUCR

Pronunciamiento de la Universidad de Costa Rica en defensa de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA)

Aula en el campus de la UCA, Managua, Nicaragua.

La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia a condenar este acto atroz de represión

La Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia de la educación superior y el libre pensamiento en la construcción de sociedades justas y democráticas, denuncia con vehemencia el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Este lamentable acto refleja el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que ha caracterizado a esta destacada institución a lo largo de su existencia. No es casualidad que con esta acción, la dictadura orteguista haya clausurado ya a más de 30 universidades.

La UCA, universidad jesuita fundada en 1960, ha sido un pilar en el desarrollo educativo, social, económico y cultural de Nicaragua. Concebida con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad, inspirada en valores solidarios y profundamente comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental, ha sobrepasado ampliamente ese propósito, convirtiéndose en un referente universitario en Centroamérica.

El legado académico de la UCA es indiscutible. Fue la primera universidad en Nicaragua que tuvo la visión de ofrecer carreras tan vitales para el desarrollo humano y social como psicología, sociología, comunicación social y economía. Pero no solo su oferta académica la hace destacable: la UCA también fue pionera en la creación de centros e institutos de investigación sobre asuntos cruciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la política y la educación.

La UCA ha sido siempre una voz crítica y constructiva frente a las diferentes realidades históricas de Nicaragua. Ortega y Murillo no deberían olvidar la posición de la UCA en la lucha contra la sombría dictadura somocista, que apoyó valientemente el movimiento popular que anhelaba el cambio social y la democracia.

Campus UCA Managua, Nicaragua. Foto: flickr.com.

Pero esta firmeza y compromiso con la verdad y la justicia no estuvieron exentos de riesgos. Recordamos con profundo dolor los atroces actos de violencia y represión que la UCA ha enfrentado. En 2018, en medio de protestas contra el régimen, grupos paramilitares armados de la dictadura atacaron a estudiantes inocentes que buscaban refugio dentro del campus.

Finalmente, el 13 de agosto de 2023, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos, el gobierno de Ortega y Murillo ha clausurado a la UCA. Esta medida es una flagrante violación a la autonomía universitaria y una violación más de los derechos humanos.

La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia, a condenar este acto atroz de represión y a unirse en solidaridad con el pueblo nicaragüense y su derecho a una educación libre, crítica y de calidad. La educación es un derecho inalienable.

Desde la Universidad de Costa Rica, levantamos nuestra voz en solidaridad, esperanza y resistencia, confiados en que la luz del conocimiento y la verdad siempre prevalecerán sobre las sombras de la opresión.

Denuncian que policía toma residencia de jesuitas en Nicaragua

SURCOS recibió una denuncia que señala:

“POLICIA SE TOMA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN LA UCA. La policía se tomó la residencia Villa del Carmen, donde viven los sacerdotes jesuitas de la UCA, y los expulsó. Todos los jesuitas se vieron obligados a retirarse y se marcharon a la comunidad San Ignacio del CCA en Managua”.

En relación con este tema, Jesuitas de Centroamérica emitieron un comunicado en el cual expresan:

1. Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como «Centro de terrorismo», y se le imputa de haber «traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» y de «haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país». La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32).

2. La prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica.

Se puede leer el comunicado completo siguiendo este enlace.

América Latina en el escenario internacional: el papel de la “quinta columna”

Gilberto Lopes

San José, 25 julio 2023

En Vilnus, un mundo sin América Latina

Pocas reuniones recientes despertaron mayor expectativa internacional que la celebrada por la OTAN en la capital lituana, Vilnus, el 11 de julio pasado. Se discutían los nuevos pasos a dar en apoyo a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El resultado se resumió en un largo documento de 30 páginas y 90 párrafos, en los que no hay una sola referencia a América Latina.

Puede parecer normal. El Tratado de la OTAN define el Atlántico Norte como su área de operaciones y a sus 12 países fundadores se han ido sumando otros 19, de los cuales 15 son de Europa del este, luego de la disolución de la Unión Soviética.

Ningún país latinoamericano pertenece a la región, ni es miembro de la institución y, salvo Costa Rica, ninguno se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por los países de la OTAN y sus aliados.

Pero lo geográfico probablemente no agote la explicación. En las últimas décadas la OTAN ha extendido su membresía por Europa, hasta las fronteras rusas y el comunicado de Vilnus indica, en su primer párrafo, su aspiración a asegurar la defensa colectiva de sus miembros contra todas las amenazas, en una visión de 360 grados. O sea, de todo el mundo.

No se trata de discutir aquí afirmaciones del documento como el carácter defensivo de la organización, ni el reconocimiento de su dependencia de las fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos; ni su visión sobre el origen de la guerra en Ucrania, ni los acuerdos adoptados para apoyar el país en su guerra contra Rusia.

Se trata aquí de otro tema: de tratar de entender la reiterada ausencia de América Latina en documentos recientes de potencias y organizaciones internacionales, en los cuales la región, o no es mencionada, o lo es de forma secundaria. En el de la OTAN es completamente ignorada, como ya lo señalamos.

El documento cita diversos casos sensibles para la estabilidad de Europa, como el de los Balcanes Occidentales; cita la importancia de la paz entre Bosnia y Herzegovinia; las relaciones con Serbia, con Kosovo, con Georgia (a la que quieren incorporar a la alianza), con Moldavia, y reconoce que el papel de sus aliados no europeos es esencial para la defensa de Europa.

Señalan a la República Popular China como una amenaza a los intereses, la seguridad y los valores de la Alianza y que el desarrollo de los acontecimientos en la región Indo-Pacifico “pueden afectar directamente la seguridad Euro-Atlántica”. Celebra la contribución de sus aliados en la región, –Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur– y destaca la importancia de las relaciones de la OTAN con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana. Reiteran su determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares; condenan el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Se refieren a los vecinos del sur de la OTAN, particularmente el Medio Oriente, África del norte y el Sahel. Reafirman la intención de estabilizar la situación en Irak; la importancia geopolítica del Mar Negro, del Oriente Medio y África.

Pero América Latina no aparece ni siquiera en el párrafo 68, donde afirman que la seguridad energética juega un papel importante en la seguridad global, en los mismos días en que se confirmaba el descubrimiento en Bolivia de la mayor reserva de litio del mundo.

Ningún lugar para América Latina

Quizás deberíamos buscar un lugar para América Latina en otro sitio. En octubre del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un documento sobre su “National Security Strategy”. Si no deberíamos esperar, en un documento de la OTAN, referencias especiales a América Latina, parecería lógico encontrarla en las definiciones estratégicas de los Estados Unidos, cuya larga y estrecha relación con el hemisferio es parte de la historia.

En la introducción del documento, Biden promete seguir defendiendo la democracia alrededor del mundo y celebra la renovación de una formidable red de alianzas. Primero, con la Unión Europea; luego, con el Quad, en la región del Indo-Pacífico, con la que ha establecido también un marco de cooperación económica. Solo en cuarto lugar cita su iniciativa para la región, la “Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas”, lanzada en junio de 2022.

En las 48 páginas del documento se analiza los intereses estratégicos de los Estados Unidos, por regiones. En lo que se refiere a América Latina, en dos páginas, habla de la promoción de la democracia y de una supuesta “prosperidad compartida”. Entre los objetivos de la Alianza está “restaurar la fe en la democracia” en la región, para lo que promete crear buenos empleos y abordar la desigualdad económica.

No son objetivos menores, con países como el mismo Estados Unidos, o Brasil, aun conmocionados por los intentos por subvertir el orden político y promover protestas violentas para desconocer las elecciones, por los partidarios de los expresidentes Trump y Bolsonaro, para citar solo dos casos extremos de renovadas tensiones políticas, sustentadas en una creciente disparidad económica.

El 27 de enero de 2023 la Casa Blanca pretendió relanzar, en un evento ministerial con la participación de doce países de la región, la propuesta de la Alianza que, pese a todo, languidece sin ninguna perspectiva de desarrollo.

Sin embargo, los que derivan del hecho de que América Latina sea apenas mencionada en estos acuerdos la conclusión de que su papel es secundario en el orden internacional deberían leer las dos páginas en las que la National Security Strategy se refiere a la región.

Ahí se dice que “ninguna región impacta más directamente el país que el Hemisferio Occidental”. Con un comercio anual de 1,9 millones de millones de dólares (1.9 trillón en inglés), “con valores compartidos y tradiciones democráticas”, la región ha contribuido de manera decisiva para la prosperidad y la resiliencia de los Estados Unidos, cuya seguridad y prosperidad está vinculada a la de sus vecinos, reconoce el documento.

Entre sus objetivos están, además, los de “protegernos de interferencias externas, incluyendo las de la República Popular China, Rusia o Irán” y, aliados con la sociedad civil y con otros gobiernos, apoyar la autodeterminación democrática para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Se reconoce así la intervención en el proceso político de nuestros países, la permanente desestabilización sustentada, en un pasado reciente, por golpes cívico-militares y, actualmente, por sanciones económicas unilaterales cuyos efectos devastadores, en el caso de Cuba, tienen ya más de 60 años. Sanciones condenadas todos los años prácticamente por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, sin que la Casa Blanca acate ninguna de esas resoluciones.

La Quinta Columna

Sometidos a drásticas sanciones, tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua, enfrentan enormes dificultades no solo para mantener su economía funcionando, sino para desarrollar su vida política con cierta normalidad, pues la oposición cuenta a su favor con el deterioro económico provocado por las sanciones de Washington y con el apoyo político de una vasta red de ONGs que financia a la oposición con recursos, publicidad y capacitación profesional.

Muy recientemente, el 20 de julio pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, pedía, en una entrevista en el diario conservador brasileño O Globo, que Brasil empleara su “liderazgo” y su habilidad diplomática para influir en las elecciones de Venezuela, para lograr un juego “libre y justo» en el que «todos los candidatos puedan postularse».

El presidente Nicolás Maduro ya se había referido a estas iniciativas norteamericanas exigiendo elecciones libres de las sanciones económicas impuestas al país por Washington, cuya intervención a favor de la oposición hace del todo imposible esas elecciones “libres y justas”.

Lo que quisiéramos sugerir en este artículo es que es precisamente esta “quinta columna”, financiada y organizada por Washington, la que hace innecesario, e inclusive inconveniente, hacer referencias detalladas a las políticas hacia América Latina, en un escenario en el que una intervención externa requiere más bien discreción.

De Vilnus a la CELAC

Pero han ocurrido cambios en el papel desempeñado por América Latina en el escenario internacional. La aparición de Lula, desde que asumió nuevamente la presidencia de Brasil, en enero pasado, es el factor más importante en esos cambios, facilitando el resurgimiento de UNASUR, agregando nuevas propuestas para el tratamiento del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN, redefiniendo los términos de las relaciones con la Unión Europea, o sumándose nuevamente a la actividad de los BRICS, que se reunirán en agosto en Sudáfrica.

El 30 de mayo Lula realizó, en Brasilia, una reunión con los jefes de Estado latinoamericanos (con la única ausencia de la del Perú), incluyendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo aislamiento es parte de la política promovida por Washington, con el apoyo de gobiernos conservadores y de aliados políticos regionales: de la “quinta columna”.

Una quinta columna que desvincula su proyecto de cualquier proyecto de desarrollo nacional y que hace recordar la “quinta frontera”, como la que representaba para Panamá –en palabras del general Omar Torrijos– la Zona del Canal, entonces en manos de los Estados Unidos.

Los factores que unen a la región «están por encima de las ideologías», dijo Lula, en referencia a una posible reactivación de la UNASUR. «Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales».

Una idea que reiteró en la reunión con el Foro Empresarial de la Unión Europea, el 19 de julio pasado: –Brasil solo crecerá de forma sustentable con la integración de nuestro entorno regional.

Ante esa realidad, y los cambios que la guerra en Europa significó para el escenario internacional, la corresponsal en Bruselas del diario catalán La Vanguardia, Beatriz Navarro, señaló que “después de años de olvido y desinterés que otros actores globales –léase China– han aprovechado a fondo para expandir su influencia en la región, la Unión Europea volverá hoy su mirada hacia América Latina y el Caribe con la celebración de la primera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de ambos bloques desde el lejano 2015”.

Ahí el presidente brasileño volvió a reiterar la necesidad de una alianza que ponga fin a una división internacional del trabajo que solo ha significado pobreza para la mayoría de la región y a nuestro papel de suministradores de materia prima y de mano de obra migratoria barata.

Recordó que en 2009 los países desarrollados acordaron destinar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo, compromiso “que nunca fue cumplido”.

La frase nos recuerda que esos cien mil millones de dólares fueron destinados más bien, en algunos meses, a suministrar armamentos a Ucrania, en una indicación de las prioridades de Occidente.

Para el director de la Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, la posición de los países latinoamericanos sobre la guerra en Ucrania expresada en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea se explicaba porque “no quieren enfrentarse diplomáticamente a Rusia y China, por razones económicas, aunque también políticas”.

A Juliana, como a los líderes europeos, les cuesta entender que, para Lula, es inaplazable reformar la gobernanza global, como expuso en Europa, y que “dividir el mundo en bloques antagónico es una insensatez”.

Con un mundo en transición, quizás valga la pena atender nuevamente a las palabras del académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, un personaje que hace falta oír en América Latina para tener una visión más equilibrada de esos cambios. En su libro más reciente, “The Asian 21st century” (de acceso abierto), reitera su idea de que el siglo de predominio norteamericano ha terminado y que los intentos de Washington de contener a China solo terminarán por aislar a los Estados Unidos del resto del mundo. Los editores de su libro esperaban unas 20 mil visitas al texto, dijo Mahbubani, que, sin embargo, superan ya los tres millones (el libro puede ser visto aquí: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-6811-1.pdf?pdf=button%20sticky).

La “quinta columna” no nos ayuda a pensar en ese mundo en el que América Latina no termina de encontrar su lugar, pese a iniciativas recientes por reforzar su unidad y jugar un papel en los esfuerzos de paz que renueven la gobernanza global y pongan fin a una visión del mundo cimentada en bloques antagónicos.

FIN