Skip to main content

Etiqueta: Objetivos de Desarrollo Sostenible

La CTRN denuncia ante la comunidad internacional la grave desinversión social del gobierno y su alejamiento de la Agenda 2030

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTR), Fanny Sequeira, denunció una grave “desinversión social” que ha llevado a Costa Rica a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo, al tiempo que clamó por un “nuevo pacto social” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El planteamiento lo formuló Sequeira en el marco del Foro Político de alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, del 8 al 17 de julio. Dicho foro efectuó un examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Estado costarricense presentó su tercer informe nacional voluntario respecto al avance en el logro de tales objetivos, pero el movimiento sindical del país tuvo la oportunidad de presentar su propia valoración, que discrepa profundamente de la oficial.

La CTRN, en coordinación estrecha con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), realizó la tarea de documentar la visión sindical de la realidad nacional en este ámbito, fruto de lo cual la CSI ha presentado formalmente al FPAN un informe alternativo con una valoración objetiva y contextualizada, que evidencia la insuficiencia e incoherencia en materia de políticas, inversión social y protección ciudadana y que alerta sobre un grave deterioro de indicadores-clave del estado de bienestar y del desarrollo humano sostenible.

“Nuestra presencia institucional en dicho Foro ha sido esencial para reforzar las claves del referido informe sindical, y para hacer un llamado público internacional al Gobierno para que se dedique con verdadera voluntad política a recuperar la economía, la inversión social y productiva, el empleo decente y el desarrollo humano, pero con políticas favorables a los ODS, reforzando el marco de derechos y la institucionalidad democrática del país”, apuntó Sequeira.

Tarea para la cual es muy necesario también contar con un esquema de cooperación técnica consecuente de las Naciones Unidas, añadió la dirigente sindical.

En su intervención ante una amplia representación de todos los países del mundo, la secretaria general de la CTRN expresó que “es imposible lograr los ODS con la actual política sostenida de desinversión social que afecta gravemente los servicios públicos y los programas sociales básicos, con una legislación que recorta derechos fundamentales y sindicales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y la seguridad social.

“El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo y el país con más desigualdad social dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, lamentó Sequeira.

En el marco de las políticas neoliberales que actualmente imperan, los gobiernos han hecho lo posible por desvincular el objetivo 8 de la Agenda, que se refiere a la creación de trabajo decente, los objetivos 1 y 2, que se refieren a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo.

“El empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre”, puntualizó.

Finalmente, la secretaria general de la CTRN invocó la urgencia de un nuevo contrato social en Costa Rica para “redefinir constructivamente” las políticas públicas que impulsen el desarrollo humano sostenible, “garanticen los equilibrios sociales y económicos pendientes en algunas áreas desde hace décadas y nos permitan recuperar el terreno perdido en áreas vitales del estado de bienestar”.

Según la CEPAL, en el 2030 América Latina apenas habrá logrado un 22% de avance en las metas de los ODS, y que tendrá un retroceso en un 36% de dichas metas. De mantenerse las políticas ultraneoliberales, tales predicciones podrían ser peores, sobre todo en lo relativa al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Puede escuchar un resumen de la posición expresada por la secretaria general de la CTRN mediante este enlace.

Experto sobre las formas contemporáneas de la esclavitud visita Costa Rica

GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.

Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»

«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.

El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.

Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.

El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.

FIN

El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

Fuente: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/11/un-expert-contemporary-forms-slavery-visit-costa-rica

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

Las universidades públicas defenderán la equidad y la justicia

Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica

En la actualidad, observamos una coyuntura muy retadora para las universidades estatales de nuestro país. La realidad nacional, así como el contexto regional inmediato e internacional indirecto, constituyen un incentivo para reafirmar el compromiso que es consustancial de estas instituciones: trabajar por y para la sociedad. Este compromiso nos convierte en protagonistas de los esfuerzos conjuntos por sacar adelante el país, y la naturaleza misma de las instituciones universitarias es, quizá, una de las que más valor le da a esta promesa.

No dudo, entonces, que en las comunidades universitarias surja efervescencia por aportar a una sociedad en un momento delicado de su historia. Incontables han sido los aportes históricos de la academia en varios de los hitos más importantes de la nación, y la coyuntura presente no es, ni será, la excepción.

El Consejo Nacional de Rectores mantiene este compromiso vigente y renovado, pues más que nunca reconocemos el importante papel de la academia en la sociedad y el gran abanico de posibilidades que ofrece al país mediante la generación y la transmisión del conocimiento.

Es siempre oportuno recordar que la educación superior es un factor de movilidad social, pues a partir de ella miles de familias han visto transformada su calidad de vida, y han encontrado en sus hijos e hijas la esperanza cumplida de un futuro con mayores oportunidades. La educación facilita el desarrollo del talento y su potencial; expone a criterios diferentes, nuevos puntos de vista, inquietudes, realidades complejas y diversas, y especialmente al diálogo y la discusión constructiva. El fortalecimiento de la educación superior pública es, por lo tanto, una manera de asegurar que los cambios sociales puedan darse a partir de la exposición al conocimiento y a distintas realidades.

La excelencia académica también es nuestro compromiso permanente. Es gracias a este constante esfuerzo de mejora continua que en nuestras instituciones tenemos incontables ejemplos y aportes sustantivos a la salud pública, a la infraestructura nacional, a la comprensión de problemas sociales, al acercamiento internacional y a la preservación de los recursos naturales, por mencionar algunos.

En un país como el nuestro, orientado a convertirse en una sociedad del conocimiento, la inversión en educación tiene una relevancia estratégica que debe guiar las decisiones nacionales actuales y futuras. La academia puede proveer el conocimiento basado en la evidencia y la investigación profunda que se requiere para la toma de decisiones, y por ello no debemos claudicar en los esfuerzos por trasladar este conocimiento a todos los sectores, bajo la dinámica dialógica que ya caracteriza a nuestras universidades, y que se nutre mutuamente con los conocimientos y saberes de la colectividad.

Los retos que enfrenta la educación superior pública son muchos. Sobre ella penden amenazas que ponen en peligro el acceso a la educación de miles de jóvenes en condiciones socioeconómicas vulnerables; amenazas que ponen en duda su pertinencia para el desarrollo social. También existen desafíos internos, entre los cuales garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las universidades no es uno de los menores, sin repicar las campanas del reduccionismo tecnocrático que constriñe el horizonte de comprensión de la complejidad social.

Es innegable que la educación superior pública ha sido fundamental en la definición de desarrollo que nuestro país adoptó hace décadas, y también en su competitividad en una economía global basada en el conocimiento, que acarrea beneficios, pero que también produce acentuadas desigualdades y procesos de exclusión masiva.

Frente a la perniciosa desigualdad que ofende y desgarra, las universidades estatales han emprendido acciones para garantizar oportunidades de acceso, permanencia y graduación. Estas medidas, que hacen de las universidades estatales instituciones modélicas en el contexto nacional, y que despiertan la admiración internacional, se han tomado a partir de principios de equidad y solidaridad.

No hay duda de que nuestro país requiere de una reactivación económica que conduzca a empleos dignos y salarios decentes, a contrapelo de las tendencias globales que acentúan la desigualdad, provocan exclusión y precarizan las condiciones de vida. La educación superior puede potenciar aún más su impacto sobre el bienestar de la comunidad, (1) si flexibiliza las vías de acceso a sus instituciones y (2) si juega un papel innovador en las condiciones de empleabilidad de poblaciones vulnerables.

Reformas como las propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la supuesta finalidad de fortalecer las políticas nacionales en educación pública, sugieren mecanismos que promulgan la equidad, pero no contemplan la intrincada realidad social y económica de miles de estudiantes, ni los complejos mecanismos para garantizar la equidad de oportunidades. Así, “un aumento regulado pero sustancial de las tarifas de universidades públicas” no es un verdadero aporte a la equidad, sino una recomendación que profundizaría las brechas de desigualdad que ya afectan a nuestra población.

Hay que enfatizar que las universidades estatales deben ser proactivas y anticipar por sí mismas las trasformaciones internas que deben realizar, tanto en la gestión académica como la gestión administrativa – las cuales son una unidad articulada -, pero sin subordinar sus propósitos a fines políticos externos, frecuentemente desbordantes de oportunismo y demagogia, ni a la letra de informes que desconocen la complejidad nacional y se asemejan más bien a fórmulas tecnocráticas descontextualizadas.

Más prometedores son aquellos objetivos de desarrollo que han sido formulados y adoptados por la sociedad global por cuanto expresan una preocupación universal. Por ejemplo, nuestras instituciones se han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y junto con los esfuerzos nacionales, han evidenciado sus aportes y reafirmado su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.

Nuestras instituciones se inspiran en esta agenda, y reafirman su compromiso con el trabajo integrado y pertinente para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los ODS. El verdadero reto de la educación superior pública es incidir, aún más, en el bienestar de la sociedad.

Pero debemos acercarnos a las comunidades con mayor profundidad y consecuencia, para evidenciar la cercanía que ya existe, y seguir construyendo saberes compartidos que a la postre deriven en mejoras para el bien común. Esto pasa por defender la inversión en la educación superior pública, pues sin ella no sería posible la formación de profesionales al servicio de la comunidad, ni la adquisición de equipo tecnológico para realizar investigación pertinente de alta calidad, ni la capacidad de becar a nuestra juventud para estudiar en nuestras propias instituciones o bien llevar a cabo estudios avanzados en las mejores universidades del mundo.

El Consejo Nacional de Rectores debe permanecer firme y unido ante las intervenciones que agentes externos pretendan hacer en nuestras universidades, inmiscuyéndose en asuntos que, por razones constitucionales y de incumbencia epistémica, no les competen. La autonomía universitaria no es un fuero que proteja privilegios; es una garantía de que la educación superior se mantendrá íntegra a pesar de los vientos políticos o las presiones externas. La autonomía no pretende aislar, sino resguardar uno de los más importantes pilares de una sociedad madura y una cultura avanzada: la libertad del conocimiento.

Nuestras instituciones no son indiferentes ante la actual situación económica del país, cuyo equilibrio financiero enfrenta amenazas. Pero no olvidamos que debe ser posible encontrar pesos y contrapesos entre medidas macroeconómicas y la responsabilidad de las instituciones estatales de proteger a las personas más vulnerables.

Desde nuestro quehacer, esto pasa por asegurar que el acceso a la educación superior pública no se vea mermado, y que continuemos ofreciendo una formación humanista, pertinente y excelente. Los retos por delante son muchos, y las universidades están llamadas a brindar sus aportes sustantivos para favorecer el progreso.

Y ahí estamos presentes, en primera línea.

Por eso, confiamos en que nuestras instituciones estarán cada vez más integradas bajo objetivos comunes. La Universidad de Costa Rica agradece profundamente y felicita la gestión de la Universidad Técnica Nacional en su anterior presidencia del Consejo Nacional de Rectores, y asume el liderazgo en 2019 con rigor y compromiso.

Enviado a SURCOS por la rectoría de la Universidad de Costa Rica.