A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego
En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.
Los hallazgos clave
Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.
Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.
Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.
Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.
Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.
¿Y ahora qué?
El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:
Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.
Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.
Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.
Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.
El desafío democrático
La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.
Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.
Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)
Concepto
Definición / Explicación
Justicia de género
Proceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporal
Derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechos
Conjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato social
Acuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien público
Reconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)
Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economics
Enfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)
Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunes
Recursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
Interseccionalidad
Enfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.
¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.
Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.
La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:
La pobreza de las mujeres
El acceso a la educación y la salud
La violencia de género
La participación política y económica
Los derechos sexuales y reproductivos
La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales
Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.
A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.
Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.
¿Qué son los movimientos antiderechos?
Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.
Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:
Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.
Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.
Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.
Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.
Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.
Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.
Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable
En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.
Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.
¿Por qué es esto clave para la justicia de género?
Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.
El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.
El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.
La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.
Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes
El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.
Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.
¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.
Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.
Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”
Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.
Algunos datos clave del informe:
En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.
Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.
Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.
El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.
La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.
Conceptos clave del informe
Concepto
Explicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)
Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonario
Acumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
Clientelismo
Enriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolístico
Capacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economía
Transformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?
Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.
Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?
El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?
En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.
¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?
Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.
La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.
Pensar el mundo como bien común
Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.
El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.
Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada
San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025
En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.
Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental
Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.
Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.
La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro
La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:
• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental. • Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745. • Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). • Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente. • Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio. • Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación. • Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias. Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.
El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.
Un llamado a la acción: el poder de la unidad
La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.
El impacto de la desprotección
• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar. • Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural. • Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico. • Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio. • Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?
Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.
Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo
La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.
Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.
Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.
Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.
Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.
En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta
“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.
El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.
Un síntoma alarmante: fauna parasitada
Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.
¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.
Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.
Impacto ecológico: más allá de las especies individuales
La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.
La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.
¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica
La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.
Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.
El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.
Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna
Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:
Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.
Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.
Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.
Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.
Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.
Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.
Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.
Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos
Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental
La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.
Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.
Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común
La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.
La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.
Galería
Nota informativa sobre contenido sensible
Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.
Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.
Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí:
Por Colectivo Antonio Saldaña Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes
A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.
Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina
En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.
La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.
Deshumanización institucional
Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.
Un sistema que no comprende ni respeta
Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.
Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.
El CONASPI y la promesa incumplida
El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.
Anécdotas que duelen
El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.
Un llamado urgente
El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud
Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.
Constitución Política de Costa Rica
El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.
Ley General de Salud (N.º 5395)
Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.
Convenio 169 de la OIT
Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono
La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.
Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.
El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.
Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.
La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena
La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.
Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.
Finca Dos Ríos, ubicada en Guácimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.
“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia
Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.
A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.
Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.
Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.
Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria
Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.
En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.
Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.
Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.
Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días
Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.
En Finca Dos Ríos, Guácimo, más de un centenar de familias campesinas enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y la lucha por el derecho a la tierra. Tras la quiebra de una empresa bananera, muchas de estas personas ocuparon legalmente los terrenos que habían trabajado durante años. Hoy, sus historias revelan un panorama de amenazas de desalojo, cobros injustificados e inseguridad jurídica, en medio del abandono estatal. En este video, son ellas y ellos quienes toman la palabra: comparten sus vivencias, su resistencia y su llamado urgente a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.
La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.
Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.
La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.
Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.
Desafíos persistentes en la gestión de residuos en Costa Rica: el caso del río Tacares
La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.
Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.
Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.
El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.
Los ríos como espacio socioeducativo: sembrando conciencia desde la acción
Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.
Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.
Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.
La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.
En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.
Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.
Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital
La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.
Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.
Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.
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