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Etiqueta: OIT

FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

¿A qué le tiene más miedo?

Manuel Hernández

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N9635, coronada por la Ley Marco de Empleo Público, N10159, impulsada por la rabiosa triada política del Diábolo (PLN, PAC Y PUSC), impuso una violenta disciplina fiscal, que le pasó muy caro la factura de la crisis a la clase trabajadora del sector público.

La primera ley, reforzada por la segunda, contempló medidas extraordinarias de la Regla Fiscal, a cuyo recaudo se han mantenido congelados los salarios en los últimos 5 años, que no es poca cosa.

La pérdida del valor real de las remuneraciones en ese periodo va del 14 % al 35%, dependiendo de las instituciones y los sectores laborales afectados.

Vale advertir, aunque nadie lo recuerda, que, a finales del siglo pasado, en un histórico pronunciamiento, la OIT condenó al Gobierno de Costa Rica, por el congelamiento de las remuneraciones, que en esa Administración PLN también se impuso unilateralmente.

Ahora, tantos años después, mucho menos a la troika PLN/PAC/PUSC les importó esa condena internacional y volvieron a recetar otro congelamiento, solo que más salvaje y perpetuo.

El congelamiento se volvió insufrible e insoportable.

En realidad, francamente, no sabría a qué se le puede tener más miedo:

¿Al fin del mundo o al fin de mes?

CSJMP-ANEP propone nueva metodología para fijar el salario mínimo en el sector privado

La Central Social Juanito Mora Porras – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (CSJMP-ANEP) presentó ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) una propuesta para que el cálculo del salario mínimo del sector privado para el año 2026 se base en parámetros que garanticen una vida digna, y no únicamente en indicadores macroeconómicos como la inflación o el crecimiento del PIB.

En su carta, fechada el 15 de octubre de 2025, la organización sindical reiteró su preocupación por la metodología actual de fijación salarial, la cual —según expone— “perpetúa estados de vulnerabilidad y ha condenado sistemáticamente a la población al endeudamiento y al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso”.

Crítica al modelo actual y necesidad de reforma estructural

La CSJMP-ANEP señala que los mecanismos actuales del Consejo Nacional de Salarios no reflejan la realidad del costo de vida ni las condiciones de los hogares de menores ingresos, ya que los cálculos se sustentan en datos generales de la economía nacional que “nada dicen sobre el consumo real ni la calidad de vida de las familias trabajadoras”.

El documento agrega que, pese a que la inflación haya disminuido, no se traduce en mayor poder adquisitivo ni en una mejor capacidad de consumo, mientras que las políticas gubernamentales han reducido la inversión en educación, seguridad social y programas públicos.

Propuesta sindical: implementar la metodología Anker

Como alternativa, la CSJMP-ANEP propone que el Consejo Nacional de Salarios adopte la metodología Anker, desarrollada por Richard y Martha Anker a través del Anker Research Institute, organización que produce referencias internacionales sobre salario e ingreso digno.

“Debe ponerse en agenda la implementación de esta metodología, asumiendo que los datos que arroje el cálculo salarial sirvan de base para la fijación del salario mínimo del sector privado. A partir de ahí podrán desarrollarse acciones que acerquen al cumplimiento formal de garantizar ingresos que generen dignidad para las personas trabajadoras”, indica la carta.

La Central subraya que esta propuesta busca alinear la política salarial con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la obligación constitucional del Estado costarricense de promover la justicia social y la vida digna.

Llamado al diálogo social y a la justicia económica

El documento concluye haciendo un llamado al diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, con el fin de reducir la desigualdad y fortalecer el Estado social de derecho, articulando acciones conjuntas que impacten el acceso a bienes y servicios de la clase trabajadora.

“Creemos en una Costa Rica con servicios sociales públicos fortalecidos y con acciones que reduzcan las brechas sociales y fomenten la justicia social”, afirma el comunicado.

La propuesta está firmada por Albino Vargas Barrantes, en representación de la Central Social Juanito Mora Porras – ANEP.

El documento completo puede descargarse aquí:
Propuesta salarial 2026 – CSJMP-ANEP (PDF)

Hospital Calderón Guardia viola derecho a lactancia materna

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, informa a trabajadoras y trabajadores de la CCSS y a la opinión pública nacional que nuestro sindicato, en defensa de las funcionarias del Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que se encuentran en período de lactancia materna, ha solicitado la intervención directa de la presidenta de la CCSS.

Esto a raíz de situaciones reiteradas de trato desigual y discriminatorio en la asignación de tiempo extraordinario, que afectan directamente el ejercicio de la licencia de lactancia, derecho protegido por el Código de Trabajo, la Ley 7430 de Promoción de la Lactancia Materna y convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT.

Durante más de dos años, UNDECA ha presentado denuncias ante las autoridades institucionales, señalando que la jefatura y dirección médica del hospital han establecido condiciones diferenciadas y excluyentes para las trabajadoras en período de lactancia.

La intervención directa de la Junta Directiva de la Caja es urgente ante la seriedad de estas denuncias y abre el camino para que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.

UNDECA reafirma que la licencia de lactancia es un derecho irrenunciable y de orden público, y exige a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las autoridades del Hospital Calderón Guardia que cesen toda práctica discriminatoria y adopten medidas correctivas inmediatas.

UNDECA continuará acompañando y defendiendo a las trabajadoras afectadas, y hace un llamado a todo el personal de la institución a mantenerse vigilante, organizado y unido en la defensa de sus derechos laborales y sociales.

Movimiento sindical costarricense exige respeto a la autonomía de la CCSS, a la libertad sindical y a los derechos humanos

Comunicado

¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!

El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.

El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.

Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.

La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.

Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.

¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!

Movimiento Sindical Costarricense
San José, 25 de agosto, 2025

El presidente está obligado a respetar el Derecho Laboral y el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política

Vladimir de la Cruz

Hace ocho días, en la acostumbrada perorata que monta el presidente con sus periodistas amigos, de preguntas y respuestas montadas, y con los funcionarios de gobierno que obliga a acompañarlo, al exaltar que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, se había pronunciado a favor de la jornada esclavista de trabajo, de 12 horas diarias, la llamada 4-3, hizo pasar a su lado, como también acostumbra, al presidente la Junta Directiva para felicitarlo.

Al hacerlo le dijo al presidente del INA que había sido un acuerdo unánime muy importante, por lo que el presidente del INA le aclaró que no había sido por unanimidad. Le manifestó que en la Junta Directiva hubo un voto disidente, en contra. El presidente ofuscado, perdiendo, como de costumbre sus controles mentales, le increpó qué quién o cual miembro de la Junta Directiva había votado en contra.

El presidente del INA un poco confuso en qué responder, supongo que respetando el derecho de un directivo de discrepar, insistió que no era un acuerdo unánime. De nuevo, el presidente Chaves, más agresivo, irrespetando al presidente del INA, le insistió en saber quién había votado en contra. El presidente del INA sin poder evitar la respuesta, obligado a ella, casi refunfuñando, con cierto nerviosismo, con decencia y vergüenza a la vez, le manifestó que había sido el representante sindical en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves de nuevo arreció, con cólera, con ira que se veía que le subía la temperatura, indagando sobre el representante sindical, insistió en saber quién era, y presionó al presidente del INA para que dijera el nombre del directivo del INA y Representante del movimiento sindical.

Ante ese nuevo arrebato el presidente del INA le dijo que el representante sindical era Tyronne Esna. Sobre el dirigente sindical inmediatamente el presidente Chaves, como acostumbra, para bajarle el piso a una persona, para burlarse de él, o para denigrarlo públicamente, empezó a pronunciar mal el nombre, llamándolo “terrón”, insistiendo burlonamente en un descalificativo sobre el nombre de la persona, menospreciándolo, desacreditándolo, tratando de dañar su reputación, imagen y credibilidad, y cuestionando que pudiera estar en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves, trastornado mentalmente como se mostraba, insistió en saber de qué sindicato era Tyronne Esna. Se le informó que era del sindicato SITRAPEQUIA y de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum. No satisfecho con burlarse del nombre del dirigente sindical también lo hizo con la organización sindical al llamarla “Rarum”

El presidente también ordenó que le dieran un informe sobre el directivo Tyronne Esna, insinuando que sobre ese informe él procedería en lo que pudiera.

Esta central sindical, originalmente, allá por 1943, la había constituido e impulsado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. El arzobispo con Rafael Ángel Calderón Guardia, entonces presidente de la República y Manuel Mora Valverde, entonces Diputado y Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que en ese mismo momento, junio de 1943, estaba cambiando de nombre, a solicitud del Arzobispo, por Vanguardia Popular, fueron los que impulsaron esa Reforma Social, fundamento de nuestro sistema democrático.

La historia de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum es muy rica en la Historia costarricense y en la Historia de las luchas de las clases trabajadoras del país. Sus dirigentes han sido muy reconocidos y respetados por los diferentes gobiernos que han tenido que tratar con ellos.

En la Historia de las clases trabajadoras de Costa Rica se dieron leyes laborales, resultado de sus luchas y de su necesidad reconocida. Así, por ejemplo, la jornada de ocho horas de trabajo diario, y de 48 a la semana, se estableció en Costa Rica desde diciembre de 1920. En la Reforma Social de 1943, que impuso el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, que era la vigente, lo que se reafirmó en la Constitución Política de 1949, que es la Constitución actual, esta jornada de trabajo así se estableció y así existe.

En esas reformas de garantías y derechos constitucionales se estableció el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, (Artículo 60), el derecho a la huelga, (Artículo 61), y el derecho a realizar Convenciones Colectivas de Trabajo, (Artículo 62), entre los 74 artículos de este capítulo constitucional que vela por los trabajadores costarricenses, entre otras cosas.

Con el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales también se aprobó en 1943 el Código de Trabajo, donde estos tres derechos fundamentales también se establecieron y regularon.

El presidente Chaves obviamente no conoce la Constitución Política, o no la lee, y si la lee no la entiende.

Como resultado de las luchas laborales internacionales también se desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, originalmente ligada a la Liga de las Naciones y posteriormente, en 1945, como organismo de las Naciones Unidas.

En la OIT están representados los gobiernos, los empleadores o patronos y los sindicatos. Cada año en Suiza se reúne oficialmente la Asamblea de la OIT con representantes de estos tres sectores. La delegación nacional así se presenta.

En OIT se han aprobado 190 Convenios Internacionales de Trabajo, obligados para los países que así los ratifican. Costa Rica desde 1959 ha aprobado 52 de esos Convenios, entre ellos 8 de los 10 convenios fundamentales, 4 de gobernanza y 40 técnicos. Además, ha ratificado un Protocolo.

De los Convenios fundamentales aprobados están el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, de 1971.

Las convenciones colectivas de trabajo, acordadas entre trabajadores y patrones o empleadores, de acuerdo con la Constitución Política, tienen rango de ley. Son de acatamiento obligatorio y deben respetarse, por quienes las pactan, como por el gobierno cuando tienen resultados que le afectan, como es el caso de reconocer obligadamente a los representantes sindicales que los sindicatos nombran, independiente si al gobernante de turno le gustan o no, para que participen de Juntas Directivas de instituciones públicas, estatales, si por ley tienen esa representación.

En la fanfarria política que montó el presidente el miércoles pasado, se alteró mentalmente, cuando supo de la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo, que protege al dirigente sindical Tyronne Esna, que le otorga el derecho al permiso laboral correspondiente para ejercer su trabajo sindical y representar por ello a los trabajadores. En este asunto el presidente Chaves se refirió al dirigente sindical como un vagabundo, condición que extendió a los trabajadores sindicalizados.

En esa sesión del miércoles pasado también estaba presente el ministro de Trabajo, que debe conocer toda esta legislación laboral, social y constitucional, quien pudo aclararle al presidente Chaves que las Convenciones Colectivas de Trabajos son válidas en Costa Rica, que los sindicatos son legales y que tienen autonomía e independencia para nombrar sus dirigentes sindicales y sus representantes ante los organismos que deban hacerlo.

El ministro de Trabajo fue sordo, ciego y mudo ante al ataque del presidente a la forma como se refirió al dirigente sindical Tyronne Esna. El presidente del INA hizo lo que pudo, estando en una posición de cucaracha en bisagra. Se le veía con pena contestando al presidente el ataque y presión que hacia la Junta Directiva del INA. Se le veía amenazado, asustado, por el presidente, atendiendo muy claramente el mensaje autoritario, que el presidente enviaba, de que había que estar de acuerdo con él o no estar en la Junta Directiva.

Es la Junta Directiva la que tiene que disculparse con el dirigente sindical, miembro en igualdad de condiciones con los restantes miembros de esa Junta, de los arrebatos ofensivos del presidente de la República contra su persona. Si los directivos no lo hacen queda en evidencia, su temor, su miedo…y, con todo respeto, su bajada de pantalones y enaguas…

Es la Junta Directiva la que tiene que explicar que en el desempeño del trabajo de las instituciones puede haber disidencias y desacuerdos con relación a lo que se trata y dispone en ellas. Es la Junta Directiva la que tiene que ratificar que en su seno los sectores representados tienen autonomía y libertad para opinar cuando así en representación de sus grupos lo hacen.

El presidente al atacar y cuestionar el derecho de oposición del directivo del INA Tyronne Esna, viola los principios constitucionales de libertad de opinión, de pensamiento.

Los sindicatos deben preparar una acusación ante la OIT de la agresión constante que hace el presidente contra los sindicatos, contra sus dirigentes sindicales, contra la libertad de opinión de los dirigentes sindicales, contra los artículos constitucionales y laborales que garantizan el ejercicio de los sindicatos y sus dirigentes, contra los derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva.

Igualmente, deben llevar su protesta a los organismos internacionales, como la OCDE, pidiendo que se exija a Costa Rica el cumplimiento del respeto a los derechos laborales, sindicales y humanos.

Los sindicatos deben cerrar filas ante estos agravios orientados a sembrar el terror, el miedo, el temor reverencial, como parte de su ejercicio autoritario del poder que quiere instalar.

Compartido con SURCOS por el autor.

Secretaria general de la CTRN denuncia una creciente precarización del trabajo en Costa Rica ante OIT

La secretaria general de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Fanny Sequeira, aprovechó el marco de la 113 Conferencia Internacional del Trabajo para expresarle al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, la difícil situación que viven las trabajadoras y trabajadores de Costa Rica en materia de derechos laborales y sindicales.

De esta forma y a lo largo de la conferencia, la cual es llevada a cabo del 2 al 15 de junio en Ginebra, Suiza, la secretaria ha participado activamente al denunciar para Costa Rica un contexto de ataques a la democracia institucional por parte del poder político, así como una creciente degradación del contrato social y demás deterioros en los derechos laborales.

A su vez, la secretaria también expresó cómo el empeoramiento a derechos laborales, así como los distintos llamados realizados por la OIT para la atención de convenios, han sido continuamente ignorados e invisibilizados. A este respecto, la secretaria agregó:

«Desde hace muchos años los órganos de control de la OIT vienen haciendo reiteradas observaciones al gobierno de turno sobre violaciones a los Convenios 87, 98 y 135, sin que hayan sido atendidas. Estas violaciones son amplias, persistentes y opresivas, favoreciendo la explotación, la precarización laboral y salarial, así como la desprotección social. […].”

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Denuncia Internacional contra altos jerarcas del AyA

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) con el respaldo de otras organizaciones sindicales presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La agrupación describe violaciones graves y sistemáticas que afectan el derecho a la organización sindical y negociación colectiva por parte de altos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA). La acusación fue presentada el pasado 9 de mayo.

La denuncia incluye al menos 18 causas y un total de 265 reclamos sobre hechos ocurridos desde marzo de 2024, los cuales vulneran las normas internacionales de protección laboral y organización sindical. El sindicato señala como responsables al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada Espinoza y a la gerente general María Alejandra Mora Segura, así como otros 5 funcionarios de la institución.

Según la queja, estas autoridades han presentado acciones contrarias a las disposiciones en los Convenios: N 87 Libertad sindical y protección de derecho de sindicación, N 98 Derecho de sindicación y de negociación colectiva, y N 135 protección a los representantes de los trabajadores. De acuerdo con SITRAA, las acciones denunciadas han debilitado la estructura del sindicato, su funcionamiento y estabilidad poniendo en riesgo la representatividad de los trabajadores dentro del AyA.

La denuncia ante la OIT fue firmada por diversas organizaciones sindicales, tales como: la Confederación Unitaria de Trabajadores, Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, Central General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical.