Skip to main content

Etiqueta: oposición política

La oposición política en el nuevo Directorio Legislativo. Una ligera radiografía de su integración

Vladimir de la Cruz

El pasado de mayo se eligió el Directorio Legislativo, para la Cuarta Legislatura, que va desde ese primero de mayo hasta el 30 de abril del año próximo.

Para descalificarlo se ha afirmado que es un Directorio de Oposición Política. Pero ¿qué se esperaba?, si el gobierno no tiene mayoría de diputados propios, y los 8 diputados, que tiene, carecen de capacidad de negociación, lo que no les ha permitido, que al menos por “cortesía”, le dieran la posibilidad de que un diputado afín al gobierno presidiera la Asamblea Legislativa. Además, en este último año el presidente Chaves ha arreciado violentamente su discurso contra los poderes públicos y, especialmente, contra la Asamblea Legislativa y contra todos los diputados que no son afines al gobierno, o que no se someten a sus dictados y órdenes como trata de hacerlo, y los ha tratado como la escoria política nacional y como delincuentes.

En los dos gobiernos anteriores, del Partido Acción Ciudadana, con no más de 13 diputados electos, se le dio la posibilidad de que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Hubo en ese sentido gobiernos respetuosos de la independencia de los Poderes públicos y capacidad de negociación para lograr esa presidencia legislativa. Fueron presidentes legislativos del Partido Acción Ciudadana, Henry Mora Jiménez del 2014 al 2015 y Carolina Hidalgo Herrera, del 2018 al 2019.

Las elecciones nacionales, las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes de la República, y los diputados del Poder Legislativo, son dos mundos aparte, son dos escenarios diferentes, son dos procesos en los cuales el pueblo electoral, los electores, los ciudadanos, el SOBERANO, como encarnación del PUEBLO, se divide en su votación y en sus resultados.

Por un lado, se elige al presidente y por otro a los diputados. La práctica histórica nos enseña que al elegir a los diputados NO SIEMPRE los votantes que le dan la mayoría al presidente, se la dan también con mayoría de diputados. Al contrario, dan PODER LEGISLATIVO a los otros partidos para que desde la Asamblea Legislativa CONTROLEN al presidente y a sus funcionarios de gobierno. Ese CONTROL POLITICO es un instrumento del equilibrio democrático que surge del mismo proceso electoral y de la existencia misma del Estado de Derecho en la constitución de sus Poderes Públicos, con funciones propias, exclusivas e indelegables.

Un presidente tiene que saber lidiar con esta situación si desea que su gobierno resulte airoso en sus proyectos y acciones políticas. Para ello, el presidente DEBE TENER capacidad enorme de negociación, de tolerancia política y de convencimiento para trazar líneas nacionales que puedan ser avaladas por los diputados de “oposición”, como “visión país”, en el que todos están interesados. Para eso surgió la figura del ministro de la Presidencia, para colaborar en la cogestión del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se escoge para ministro de la Presidencia a personas de extrema confianza del presidente, al punto que cuando el ministro de la Presidencia habla o se pronuncia, se entiende que habla o se pronuncia el presidente de la República. Un ministro de la Presidencia sin esa fuerza y relación es como un cuadro colgado en una pared. Es un puesto que equivale a un Jefe de Gabinete o un primer ministro, como se nombra en otros países.

El Ministerio de la Presidencia se estableció en 1961, empezando en 1962 con Mario Quirós Sasso, como su primer ministro, en el gobierno de Francisco Orlich. Las funciones que se le dieron fueron de coordinar las labores interinstitucionales e interministeriales, ser interlocutor entre el presidente y los Poderes públicos, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. De allí el error político garrafal que ha manifestado el presidente Rodrigo Chaves de amenazar y de chantajear a la Asamblea Legislativa de no nombrar ministro de la Presidencia si se elegía, especialmente al frente de la misma, al diputado Rodrigo Arias Sánchez, sobre todo cuando durante los meses de mayo, junio y julio se está en Sesiones Extraordinarias, que son las que trabajan contra la presentación de Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Quienes critican que el Directorio es de oposición no entienden la realidad del electorado que eligió una Asamblea Legislativa para que ejerciera control ciudadano y político sobre la gestión pública y gubernativa.

Esto ha sido así siempre en los procesos electorales. Una breve revisión histórica así lo comprueba.

En la experiencia histórica que ha tenido Costa Rica, durante el período de la Segunda República, 1948-2025, hubo años, 1948-1969, en que no se permitió participar a costarricenses con partidos propios. Sin haberles eliminado su condición de electores, se les prohibió votar por ellos mismos, por los candidatos que ellos querían. Así sucedió por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno, de julio de 1948, y por el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política, que se aprobó el 7 de noviembre de 1949, que puso fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, a Partido Vanguardia Popular y a otros partidos, cuando aparecieran miembros de ese partido en algún trámite de inscripción de partidos, lo que permitía que por ello se impugnara su inscripción. Los excluidos, los proscritos sin partido, se veían obligados a votar por la opción política que consideraran más democrática o menos conservadora de lo que se ofrecía a los votantes. Así, por ejemplo, la izquierda comunista en las elecciones de 1953 llamó a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1958 por Mario Echandi y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber contra José Joaquín Trejos. Esta es la Historia Política nacional, sin edulcorantes. ¿Por qué ponerse, por parte de algunas personas de izquierda, más papistas que el Papa cuando no encuentran o no tienen un partido por el qué votar? ¡Si lo tienen, a votar por él!

Lo que se define en esta decisión, en el momento actual de Costa Rica, es lo que se juega en el proceso electoral próximo, inmediato. MAS democracia o MENOS democracia, MAS Estado de Derecho o MENOS estado de Derecho. ¡Cuidado!, MAS libertades y derechos ciudadanos o MENOS libertades y derechos ciudadanos. ¡CUIDADO MAYOR!: la entronización de un gobierno más autoritario, avanzando hacia un gobierno dictatorial, tiránico, de tipo fascista…

En el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, hubo dos elecciones. La que se hizo para integrar la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el año 1949, y la elección de diputados en 1949, para darle una Asamblea Legislativa, debidamente integrada a Otilio Ulate, a quien se le reconoció la Presidencia de la República, anulada en marzo de 1948, que empezó a ejercer el 9 de noviembre de 1949. Esto por cuanto la Asamblea Legislativa electa en 1948 fue anulada.

El grupo militar triunfante en la guerra civil de 1948 actuó como
Ejército de Liberación Nacional, lo que motivó en 1951, que José Figueres Ferrer y su grupo constituyeran, con ese nombre, el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de ese año, para seguir participando en las elecciones en el juego electoral democrático, pudiendo quedarse como grupo militar dominante por más años en el Gobierno y en el Poder. Desde entonces existe el Partido Liberación Nacional, siendo el más viejo de los actuales partidos de este período republicano.

De los sucesos de 1948 sobrevivieron solapadamente los grupos que fueron derrotados, excepto los comunistas que sí estaban bien identificados y debidamente proscritos.

De las fuerzas que se movieron con el figuerismo, en su lucha armada, los seguidores de Ulate y los seguidores de Mario Echandi Jiménez, se fueron distanciando del figuerismo y le ofrecieron resistencia electoral, junto a los calderonistas que empezaron a manifestarse electoralmente a partir de 1953.

Durante los procesos electorales de 1949, 1953 y 1958 la Asamblea Legislativa eligió 45 diputados. A partir de 1962 se estableció la cantidad de 57 diputados.

En la trayectoria parlamentaria no siempre el partido político que ganaba la presidencia de la República ganaba la mayoría de diputados.

En los procesos electorales de 1953 y 1958 Liberación Nacional dominó mayoritariamente la Asamblea Legislativa con 20 diputados en las dos ocasiones.

En las elecciones de 1953 participaron a nivel presidencial dos partidos, Liberación Nacional que impuso el primer gobierno constitucional de José Figueres. Su opositor fue Fernando Castro Cervantes, que movilizó, con el partido Demócrata, a seguidores de Ulate, de Mario Echandi que le inhabilitaron su participación electoral, a calderonistas, y a comunistas, opositores de Figueres. Los republicanos y comunistas no pudieron participar.

En esta elección de 1953 Liberación Nacional obtuvo 30 diputados de 45.

En 1958, con la candidatura de Mario Echandi, su partido Unión Nacional, derrotó a Liberación Nacional. También participó el partido Republicano que recogía el calderonismo sobreviviente del 48. En esta ocasión el figuerismo había tenido una ruptura, una separación, que llevó a Jorge Rossi Chavarría a separarse de Liberación Nacional, y participar con partido propio, que incluyó a Miguel Brenes Gutiérrez, como segundo vicepresidente, persona de confianza de las fuerzas calderonistas y comunistas antes de 1948.

El grupo de Echandi incluyó a Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato a diputado, lo que facilitó su regreso del exilio forzado que tenía en México. El partido Liberación Nacional ganó la mayoría de los diputados, 20, de 45 diputados, el echandismo sacó 10 diputados, el partido calderonista 11 diputados y 4 diputados fueron electos por otros dos partidos. Así Echandi gobernó con una Asamblea Legislativa sin mayoría parlamentaria, y con un partido, Liberación Nacional, que prácticamente duplicaba los otros diputados. En esas condiciones Mario Echandi gobernó, vetando leyes que no le parecían y la Asamblea Legislativa resellándoselas, como era el camino constitucional establecido y respetado. Para la posteridad histórica, Mario Echandi elegantemente recogió en un libro todos sus Vetos presidenciales.

A partir de las elecciones de 1962 la cantidad de diputados que se elige es de 57, siendo la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

De todas las 18 Asambleas Legislativas electas desde 1953 hasta el 2022, Liberación Nacional ha tenido 14 veces la mayoría de los diputados desde 17 hasta 33 diputados electos. La Coalición Unidad que eligió a Rodrigo Carazo tuvo la mayoría legislativa con 27 diputados en 1978 y fue la segunda fracción más grandes en 1982 con 18 diputados. La Unidad Social Cristiana tuvo la mayoría legislativa en 1998, con 27 diputados siendo la segunda Liberación Nacional, con 23, y en el 2002 la Unidad Social Cristiana logró 19 diputados, Liberación Nacional 17 y Acción Ciudadana, que surgía en ese momento, tuvo 14 diputados.

No se ha superado la cifra de 33 diputados para un partido político en la Asamblea Legislativa. El presidente Rodrigo Chaves, en su campaña abiertamente contra todos los partidos políticos existentes, y contra los que están en la Asamblea Legislativa, en sus tribunas políticas y beligerantes de los miércoles, ante cualquier micrófono y medio de comunicación que se le presente, como el pasado 5 de mayo, en la Asamblea Legislativa, ha venido insistiendo que SU MOVIMIENTO DE JAGUARES, debe sacar 40 diputados en el 2026.

En su perorata del 5 de mayo bajó la cifra a 38 diputados, que es el límite de la mayoría calificada de los 38 diputados importante para hacer grandes reformas institucionales.

En las elecciones del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 Liberación Nacional mantuvo la mayoría de los diputados en 25, 24, 18, 17 y 19 correspondientemente.

En las elecciones del 2010 Acción Ciudadana obtuvo 11 diputados, el Movimiento Libertario 11 diputados y la Unidad Social Cristiana 6 diputados. En la elección de 2014 Acción Ciudadana, que era partido gobernante, obtuvo 13 diputados y en el 2018, que también fue partido gobernante, tuvo 10 diputados y la Unidad Social Cristiana tuvo 9 diputados.

En la elección del 2022, el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia obtuvo 9 diputados, al igual que la Unidad Social Cristiana. Los otros partidos obtuvieron 6 diputados cada uno.

En 1962, con Francisco Orlich, Liberación Nacional ganó la presidencia y la mayoría de 29 diputados, de los 57 que constituían la Asamblea, como es hasta hoy su integración parlamentaria. El resto se lo repartieron tres partidos, entre ellos el Republicano Nacional con 18 diputados.

En 1966, bajo el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que ganó con una coalición contra Liberación Nacional, se impuso una mayoría legislativa de Liberación Nacional de 29 diputados, y el resto se repartió entre tres partidos. De ellos, 26 de la Coalición Unidad.

En la elección de 1970, José Figueres se impuso y Liberación Nacional logró 32 diputados, la Unidad Nacional logró 22 y tres diputados más entre dos partidos. Dos de estos diputados abrían el camino de la participación de la izquierda en las elecciones, a partir de entonces, con la elección de Manuel Mora Valverde y Marcial Aguiluz Orellana.

En la elección de 1974, con Daniel Oduber, Liberación Nacional sacó 27 diputados y el resto se repartió entre siete partidos políticos, entre ellos Unidad Nacional con 16 diputados y 14 diputados repartidos entre seis partidos.

La elección de 1978 que ganó Rodrigo Carazo, con una coalición obtuvo 27 diputados, Liberación Nacional 25 y tres partidos más lograron el resto de 5 diputados. El gobierno de Carazo tuvo oposición mayoritaria legislativa.

La elección de 1982 impuso la presidencia de Luis Alberto Monge con 33 diputados. Los restantes se dividieron entre cuatro partidos, la Coalición Unidad tuvo 18 diputados.

La elección de 1986 que llevó a la primera presidencia a Oscar Arias, Liberación Nacional logró la mayoría de 29 diputados y los restantes 28 se los distribuyeron cuatro partidos.

La elección de 1990, que la ganó por primera vez la Unidad Social Cristiana con Rafael Ángel Calderón, también le dio la mayoría de 29 diputados al PUSC, y los restantes diputados se los distribuyeron cuatro partidos. Liberación obtuvo 25 diputados.

En la elección de 1994 que ganó José María Figueres Olsen, Liberación Nacional logró 28 diputados, el PUSC eligió 25 y cuatro partidos lograron 4 diputados.

En las elecciones de 1998 la presidencia la logra Miguel Ángel Rodríguez con 27 diputados, Liberación Nacional con 23 y cinco partidos logran 7 diputados.

A partir de las elecciones nacionales del 2002 surgen las segundas rondas electorales para definir la presidencia de la República. Pero, en cada una de esas elecciones se definieron desde las elecciones de febrero, en las primeras rondas, la composición de la Asamblea Legislativa.

Elecciones con segunda ronda electoral fueron la del 2002, 2014, 2018 y 2022.

La elección del 2002 la gana Abel Pacheco, con el PUSC, que logra 19 diputados, Liberación Nacional obtiene 17 diputados, y el Partido Acción Ciudadana, que participa por primera vez, logra 14 diputados. Otros 7 diputados se distribuyeron entre dos partidos.

La elección del 2006 condujo a Oscar Arias a su segunda presidencia constitucional, sin segunda ronda, en la cual Liberación Nacional logra 25 diputados, el partido Acción Ciudadana 17 diputados y seis partidos se distribuyen 15 diputados, entre ellos la Unidad Social Cristiana con 5 cinco diputados.

La elección del 2010 elige por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, a Laura Chinchilla Miranda del partido Liberación Nacional, que logra 24 diputados, el partido Acción Ciudadana 11, y 22 diputados se los distribuyeron seis partidos.

La elección del 2014, con segunda ronda, con un candidato presidencial de Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, que públicamente rehusó participar en la segunda ronda, sin poderse retirar oficialmente, llevó a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana, momento histórico en que se superaba el tradicional bipartidismo presidencial entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Hasta este momento la historia de las elecciones presidenciales había girado entre Liberación Nacional y sus opositores históricos que culminaron en la Unidad Social Cristiana. Se iniciaba la época del tripartidismo, cuando tres partidos políticos obtenían la Presidencia de la República.

La elección del 2014 impuso una mayoría parlamentaria de Liberación Nacional de 18 diputados, 13 de Acción Ciudadana, 9 del Frente Amplio, 8 de PUSC y 9 diputados de otros 5 partidos.

La elección del 2018, en segunda ronda electoral, de nuevo lleva al partido Acción Ciudadana al gobierno. Una elección muy reñida en la cual Liberación Nacional no quedó como alternativa final de las elecciones, siéndolo el partido Restauración Nacional que postuló a Fabricio Alvarado.

Por primera vez, en su historia Liberación Nacional no llegó a gobierno ni a finalista de una segunda ronda. La Unidad Social Cristiana ya estaba ausente de estas posibilidades desde la elección del 2006.

En la elección del 2018 Liberación Nacional logró 17 diputados, el partido Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, la Unidad Social Cristiana 9 y 7 diputados se los distribuyeron 3 partidos.

La elección del 2022 quebró la tradición. Impuso un nuevo partido político, recién hecho para esa elección, Partido Progreso Social Democrático, que llevó en una segunda ronda a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia, que se le termina en mayo del 2026, y sacó del escenario electoral al partido Acción Ciudadana, que no obtuvo ni siquiera un diputado, luego de tener dos gobiernos seguidos. Con Rodrigo Chaves inauguramos el tetrapartidismo en el gobierno: cuatro partidos han ejercido el gobierno de la República.

¿Iremos en la próxima elección, de febrero del 2026, a un pentapartidismo, a otro partido nuevo en el gobierno de la República, a uno de los jaguares que impulsa el presidente Chaves? Como posibilidad esto puede darse. No hay que dormirse si no queremos que esto suceda.

El comportamiento del electorado en las últimas dos elecciones es interesante. En la del 2018 en la primera ronda hizo surgir peligrosamente como primer finalista a Fabricio Alvarado con una bandera muy anti derechos humanos, y a Carlos Alvarado por el contrario, como el abanderado defensor de los derechos humanos. La segunda ronda se definió en un esfuerzo muy apretado a favor de Carlos Alvarado, que estaba en el segundo lugar finalista.

La elección del 2022 llevó a la segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional, como primer finalista y, sorpresivamente, a Rodrigo Chaves como segundo finalista, triunfando Chaves en la segunda vuelta, con una desmovilización y abstencionismo grande en contra de Figueres y de Liberación Nacional, que fue lo que resultó electoralmente.

¿Se repetirá algo así, en el próximo proceso electoral, frente a una opción emergente, nueva, que enfrente en el leguaje beligerante del presidente Chaves a todos los partidos políticos, especialmente a los tradicionales, a todos los que han tenido diputados en el pasado y en esta Asamblea Legislativa?

Esto es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La ciudadanía activa, consciente y preocupada por el devenir de la Patria debe poner las barbas en remojo.

El nuevo Directorio legislativo es lo mejor que le ha ocurrido a la Asamblea Legislativa, para su última Legislatura.

Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez (PLN),

Vicepresidencia: Vanessa Castro (PUSC),

Primera secretaria: Carlos Felipe García (PUSC),

Segunda secretaría: Gloria Navas (independiente),

Primera prosecretaría: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático),

Segunda prosecretaría: Geison Valverde (PLN).

El oficialismo, con sus diputados independientes, intentó entrar en este Directorio. La presidenta del Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar fue electa sin ser candidata oficial del grupo de diputados que constituye el apéndice legislativo del presidente Rodrigo Chaves.

La Presidencia en la figura del diputado Rodrigo Arias Sánchez se lució en el reconocimiento que le dieron los diputados en su nombramiento. Más se distinguió, y fue el ejemplo claro de la importancia de su nombramiento, cuando tuvo que contestar, el 5 de mayo, el discurso de plaza pública, de carácter electoral, que hizo el presidente Rodrigo Chaves, atacando a los diputados y a los poderes públicos, desmintiéndole y confrontando elegantemente su perorata, que no tenía nada de “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”, como establece su obligación constitucional de hacer.

Rodrigo Arias volvió a mostrar su Señorío, su Don de gentes, su cultura y educación que le caracterizan, su capacidad discursiva respetuosa, pero firme, sin dobleces, con la frente en alto y con la energía que le da el ser el Representante más distinguido del pueblo costarricense que dirige la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias se levantó orgullosamente como el gran defensor del Estado de Derecho y de las libertades y derechos amenazados por el inquilino de Zapote.

Compartido con SURCOS por el autor.

La ineficacia de la derogatoria al mandato de alcaldes

Carlos Meneses Reyes

La Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91) se ufana de ser garantista. En su artículo 103 consagra el mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía conocido como revocatoria del mandato. Pero como sucede en un país de leguleyadas (santanderismo), el mandato del constituyente primario resultó diluido en el cuerpo normativo de su reglamentación. El ejercicio de la democracia directa en contraposición al de la democracia representativa o indirecta, perece, como si se tratara de dos formas contrapuestas, en un mismo de sistema de poder. La conquista de las diversas formas de ejercicio soberano del pueblo, resultan letra muerta.

 En Colombia no existe el llamado Poder electoral. A diferencia de avances en el constitucionalismo latinoamericano que lo consagra expresamente; ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta en Colombia y para con el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospecto de efectividad o viabilidad, difuminada a lo etéreo en la maraña de recursos. Cito la frustración de la salida, por bien armada acción de revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá DC, Enrique Peñalosa y también traigo a colación la revocatoria contra la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, bajo condición de subjudice y expresidiaria por delitos comunes contra la Administración Pública.

Se trata de dos casos emblemáticos.

1.- En el del exalcalde Peñalosa primó el uso de argumentos traídos de los cabellos como el concluir que a los registradores distritales no les había sido posible expedir la certificación sobre firmas recaudadas al no fijar la ley plazos razonables para emitir tales certificaciones. Se creó hasta una fundación para defender al alcalde encartado, con mentiras, para su aval como comité. Lo convirtieron cual proceso contencioso declarativo, ungiéndolo con el debido proceso, a la defensiva y a ser elegido. Algo así como mistificar quien por ser elegido popular no se le podía revocar; o como quedaría los que ejercieron el voto a su favor. Reducida la acción directa popular de revocatoria del mandato a un contencioso administrativo; significó que el acto soberano de la recolección de firmas-que obviamente ha de ser certificado- lo redujeron a la mínima expresión de importancia, consistente en que, aunque se necesitaban 240.000 firmas, el golpe político lo represento el abultado recaudo de un millón de firmas en su contra.

Aquí el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales y por ende del artículo 103 citado de la carta Constitucional. El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Tampoco las manifestaciones de acción de participación del pueblo en ejercicio soberano, como lo son la revocatoria directa del mandato, el cabildo abierto, la consulta popular. Todas maniatadas por la enredadora legalista, leguleya y atrabiliaria. A ello agregarle el abusivo e improcedente uso de la tutela por parte de los gobiernos municipales en cuestión, para evitar que prospere el uso de la acción pública y popular de la población expresada en su contra.

Toda esa divagación sobre el debido proceso, a la defensa y a ser elegido conllevó a sepultar la iniciativa popular de revocatoria del mandato en una parodia con representación burlesca…Un experimento ciudadano parodia la revocatoria contra Peñalosa. La intervención de la Rama Judicial y su propósito ideo-político, plasmó lo improductivo de una acción de revocatoria del mandato, relegándolo a ninguna ganancia política. Es objetivo, de todo accionante contra el mandato, fundar en exposiciones objetivas demostrables, las razones que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno y la justificada acreditación de la inconformidad de la ciudadanía. Se sobreentiende y acepta que no se trata solo de la mecánica de la recolección de firmas. Se admite que el alcalde ejerza su derecho a demostrar la falta de fundamento de quienes quieren revocarlo. Pero se trata de una actuación procedimental breve y sumaria, de ejercicio directo, oral y abreviado, si se quiere y no a formalismos que desnaturalizan la esencia misma de la revocatoria del mandato, como tal. Desconocen que se trata de un ejercicio de oposición política y no de actuación administrativa alguna en contra del alcalde cuestionado. En el caso contra el alcalde Peñalosa, actuaron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que más da. En esa decisión, la Corte también ordenó al Congreso reglamentar los futuros procesos de revocatoria para garantizar los derechos al debido proceso y a la información. Y con euforia ese poder legislativo mafioso “le mete el diente”, como lo hizo al desnaturalizar los Acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de las FARC. De manera, que el CNE no solo sepultó la revocatoria, sino que sancionó a su promotor “tutelando” los derechos del alcalde.

  • – En el caso de la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, se acreditaron las firmas para la revocatoria. Se fundamentaron los cargos en el ejercicio fraudulento de su mandato contra las arcas públicas. Se demostró la procedencia de las acciones penales en su contra con reclusión en prisión. Se efectuó la jornada electoral de revocatoria respectiva trayendo como resultado que votaron en su contra más sufragantes que el número de votantes que la habían elegido. Pero en este caso particular jugo el Mefistófeles, aliado con Maquiavelo, con el recurso leguleyo del umbral de votos; el cual bajo operaciones matemáticas no alcanzaron los votos depositados – pese a todo-para la revocatoria. En el aquelarre de rituales, cual conciliábulo de brujos, el jefe puma blanca, entronizado por el clientelismo y corrupción, ordeno al acumulado de sus votos cautivos, la estrategia de abstención, de no votar. Ello, traducido en el lenguaje mesiánico, significo la no compra de votos o el pago por no salir a votar. Se considera, además, que la administración pública local buscó mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salieran a votar los ciudadanos. A ello se agregaron alcaldadas, como la disposición súbita de cambios de vías, cierre de acceso de vías principales y ajustadas reparaciones el “día de las elecciones” y a un sinnúmero de consideraciones que adornaron la ejecución de todo un plan diablesco, rayante con el cinismo, plasmando la estridente, sonora y burlona carcajada, a que quedó reducido el soberano interés popular.

La imperiosa necesidad de la reforma política y electoral

Pese a existir la CP91, que suprimió la medida del “Estado de Sitio”; el Sistema Electoral Colombiano continua vigente gracias a un Decreto de Estado de Sitio, sacado a espaldas del poder legislativo y es así como por medio del Decreto 2241 del 15 de junio de 1986, se adoptó el Código Electoral, en lo del binomio Código Electoral Colombiano- Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa vergüenza jurídica, empotrado en el “estado de derecho” colombiano, es el causante de múltiples males a la Nación colombiana. Sin pena ni gloria persiste un adefesio en contra del mandato constitucional. Esta ilegitimidad y estado de cosas inconstitucional (eci) no se puede ocultar y demuestra el ejercicio dictatorial del poder oligárquico en Colombia. Ahora, para remediar tales males, a fecha 22 de diciembre de 2.020, el actual congreso colombiano, de mayoría narco-paramilitar, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado, se aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley para reformar el Código Electoral. El Proyecto de Ley es el 234 de 2.020 Senado y 409 de 2.020 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones.” Motivan los votantes en contra, que permanecieron normas retardatorias intocables, que no garantizan unas elecciones limpias y que la aprobación de tal entuerto legislativo se hizo de manera virtual, violando el espíritu de la Constitución Nacional. No se resuelve la prohibición de la violencia política y de género en propaganda electoral y lo relacionado con la responsabilidad administrativamente en lo electoral. Lo de la jornada electoral en estado de emergencia. La implicación de facultades extraordinarias en lo electoral. Lo relacionado con el voto de extranjeros y la biometría en particulares. La constancia de la oposición política, por parte de (Colombia Humana) lo hizo el senador Gustavo Petro, expresando que “con este Código Electoral la Colombia Humana no tendría participación en las próximas elecciones 2.022.”

De manera que son muchas las preocupaciones y con 82 artículos que generaron múltiples discrepancias, nos encontramos con un acto legislativo de reforma constitucional fallido y una frustración más para el pueblo colombiano, debiendo afrontar lo que ello repara. Esta tal reforma resulta ser un remedio peor que la enfermedad. No cumple con el mandato consignado en los Acuerdos de La Habana, de compromiso ineludible, por parte del Estado colombiano, en su implementación

Se hace imperiosa la necesidad de la reforma estructural a los procedimientos en lo de reforma política y electoral consagrada en el numeral 4 de los citados Acuerdos, agobiados por la constante de hacerlos “trizas” en violación al pacta sud servanda que inspiro la dejación de las armas por parte de las traicionadas a FARC-EP.

El análisis de la ineficacia a que ha sido reducido el mecanismo de expresión soberana y popular de la revocatoria del mandato enfila en la consideración del análisis del sistema corrupto electoral colombiano, que continua vigente. Obedece a la constante del llamado “orden contra insurgente” que la secta política, que no partido, en el poder, impulsa en todos los ámbitos de la vida nacional; siendo el causante de tantas desgracias. Todo ello por cuanto que el actual sistema electoral es el que ha permitido la permanencia e influencia de una casta política inspirada en lo antipopular y alimentada de los recursos del narcotráfico y el para militarismo, que les permite atornillarse en el ejercicio dictatorial del poder. Ante los avances del descontento social y del movimiento popular de masas, perciben pasos liberatorios que los colocan en una defensiva de miedo al pueblo y apresuran presentar proyectos estentóreos, con ecos mediáticos, que resultan impotentes a sus propósitos hegemónicos.

El papel jugado por la Registraduría continúa siendo el de su utilización como un botín burocrático al servicio de quien resulte ganador en el proceso electoral. Actualmente la Registraduría cuentas con 4.000 funcionarios y solo eran de planta unos 600. Con este proyecto conciliado 1.120 registradores municipales quedan en el vaivén de la libre remoción, perdiéndose la confianza y calidad de independencia en el cargo, anunciando lo incierto de las reglas de juego para la oposición y la suerte de la contienda electoral. Se confirma así que el que escruta elige.

La tal reforma resultó ser la prolongación de la práctica del carrusel de la compraventa de votos, que emprende con diligencia y presteza el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se refleja en su ejecución por las mafias narco paramilitares en las regiones

Un gobierno ilegitimo le teme a l debate y la confrontación directa con la población organizada

Se es dado en afirmar, que en Colombia proyectar los profundos y radicales cambios políticos, sociales, económicos, militares y de defensa de lo ecológico, aún con propuestas Alternativas, resulta utópico. Esas rémoras políticas retrasan al movimiento popular; detienen el ansiado cambio e impiden la realización de aplicación de verdaderos programas que conlleven a una Revolución Institucional. La oposición política de la izquierda legal viva y expresa en las movilizaciones de masas, no tiene dueños. Obedece a una visión propia de país en lo político-social; subsiste con la presentación de programas máximos y mínimos, cual universo de ideas y propuestas inspiradas en la vocación de poder popular. Por eso trasciende, con cosmovisión propia, ante el alcance de los Progresistas, Reformistas, Socialdemócratas liberales, Humanistas; los cuales son sus aliados en la identificación de alianzas y lucha de resistencia contra la derecha militarista y ante la hegemonía oligárquica contra insurgente impuesta en el país.

En Colombia, se logra superar el desdibuje de la realidad política, al aceptar la inexistencia del llamado “centro”. Dinamiza la iniciativa en asonancia con la supremacía de las convicciones de posmodernidad que impera en el mundo. Se cuenta con el mayor acervo teórico de distinción y claridad, en el presupuesto dialéctico que, sin teoría revolucionaria, no se dan cambios revolucionarios. Comenzando por perder el miedo impuesto por la dictadura mediática a lo de “revolucionario”. Esto contribuye a la cualificación de la actividad política en la aplicación de una lingüística de distinción. Triunfa la aplicación de la lucha de los contrarios. Contribuye a su identificación, superando lo de “blandos”, “centristas”, “conservaduristas” y reivindicando al vergonzante de izquierda ubicado como “mamerto”. En el entorno de la actividad política se está ante la identificación de la lucha de contrarios entre la derecha y la izquierda. Este presupuesto se da como resultado de la cualificación del movimiento popular y el asomo de concretar una política de proyección, en el ineludible paso de obtención de un gobierno de transición en Colombia.

Primando la lucha contra el neoliberalismo y por la defensa de la democracia, acudir en las actuales circunstancias políticas por la que atraviesa el país – que he intentado esbozar en lo anteriormente escrito- a la revocatoria de mandato a alcaldes, como mecanismo de participación popular, resulta improductivo. A más de 28 alcaldes en el país intentan aplicarle la revocatoria del mandato, transcurrido un año de su posesión y con aplicación de los requisitos en la Ley 134 de 1994. Pero no se trata de una aplicación de uso mecánico en el tiempo, como si llegara la época del invierno o el verano. Seguro que ese número de alcaldes arribaron al poder con sobrado juego de engaños y artimañas, propio de un sistema electoral corrupto y de casino, imperante. A sus motivadores les puede asistir la convicción y demostración que como mandatarios han incumplido el programa de gobierno, por el cual fueron elegidos. Se darán casos sobrados de existencia de descontento generalizado entre la ciudadanía contra la gestión de determinados actores en cuestión. Resaltarán los indicios y pruebas de incumplimiento descarado a las promesas de campaña y querrán, con el uso de ese instrumento, definir el futuro de tales elegidos y someterlos a la voluntad ciudadana. Pero tal como está el estado de cosas inconstitucional (eci) en el país, todo resultará vano e ineficaz. No compensa el desgaste político de líderes y de activistas que le restan dinámica al avance del movimiento de protesta de Resistencia social. Precisamente, ese acumulado de incumplimientos es el que deben afrontar los ilegítimos ungidos de falsa autoridad ante el reclamo de la lucha popular, la Minga indígena, el Paro Cívico Político Nacional. Todas las causas y motivaciones están dadas para la movilización popular en esos 28 municipios citados. Esos alcaldes y sus asesores, cual perros rastreadores, en el uso astuto de los recursos, preverán que si dieren con alguien sagaz, no les tomarían el pelo de manera aguda y perspicaz. Ese recurso de participación popular, mediante el instrumento legal de reglamentación, quedó cual armatoste de gran tamaño y poca utilidad y el diligente líder social queda a la zaga, en la parte trasera, cual corredor que no asimila la competitividad, en esa desigual competencia. Seria más de lo mismo.

La indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados.