El Grupo Puerto Limpio, de El Roble de Puntarenas, realizó una visita a la Isla San Lucas este lunes 27 de diciembre.
Juan José Piñar Chavarría informó a SURCOS que desarrollaron una recolección y monitoreo (registro, separación y pesaje) de residuos sólidos en dos áreas medidas en la playa. Con ello buscan hacer comparaciones sistematizadas en el tiempo.
“No es correcto ni conveniente tener un parque marino y turístico lleno de desechos”, señaló Piñar Chavarría, por lo que esta labor continuará indefinidamente.
Compartimos un video y una galería de fotos que muestra la tarea realizada por el Grupo Puerto Limpio.
La Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios se llevará a cabo a partir del próximo lunes 20 de septiembre al viernes 24 de septiembre del 2021.
Se le extiende la invitación desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social, en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
Se le invita a participar de las diferentes mesas temáticas y conversatorios. La actividad tiene como principal objetivo desarrollar un espacio de intercambio, reflexión y autocrítica sobre el vínculo Universidad-Sociedad, pensado en la defensa comunitaria de los territorios.
Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Esta comunidad viene luchando desde hace varios años para obtener los servicios básicos para sus habitantes. Actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores y menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial.
En una comunicación de la Sala Constitucional recibida por SURCOS, se indica que ese alto organismo del Poder Judicial pidió al Ministerio de Salud la entrega de un informe sobre las medidas tomadas, para atender el riesgo en el que viven las personas y familias que habitan en Jardines Dos de San Ramón de Alajuela. En el documento de la Sala Constitucional se lee lo siguiente:
“… se ordena ampliar el presente amparo … en representación de la ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA JARDINES DOS, cédula jurídica 3-102-791145, a favor de los RESIDENTES DEL CASERÍO LOS JARDINES, a efecto que EL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCIDENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD, rindan informe a esta Sala sobre los hechos alegados por los tutelados”.
Miembros de la comunidad de Jardines Dos de San Ramón han acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón para solicitar el servicio de agua potable, pero éste les ha sido negado en varias ocasiones, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad, lo cual, según indican sus habitantes, no es cierto.
Ana Cecilia Araya, habitante de Jardines Dos, San Ramón Alajuela, informó a SURCOS en el pasado mes de octubre que después de 3 años sin agua les llegó apoyo con un camión cisterna, y que van a continuar con la lucha hasta que logren que les pongan 3 pajas de agua.
Por otra parte, Andrés Rodríguez, miembro del Comité de Lucha y Bienestar de dicha comunidad informó a SURCOS que en plena pandemia del COVID-19 tanto el AyA como el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Ramón nunca les han querido dar ningún beneficio, inclusive no se les brindó la ayuda solicitada por medio del Plan Proteger, así como también, denuncia que el AyA se ha excusado de no actuar a favor de esta comunidad por la falta de cañerías de agua potable ni alcantarillado sanitario; también utilizaron el argumento de que los habitantes de esta localidad no son dueños registrales de la propiedad. Ante esta situación, los perjudicados solicitaron al AyA llaves públicas para el acceso al agua potable, pero tampoco quisieron colaborarles con esta petición, “lo irónico del caso es que sí existe tubería desde la entrada del precario hasta el final del caserío”, manifestó Andrés Rodríguez en un audio enviado a SURCOS.
Ante la negativa de las autoridades por ayudar a esta comunidad, es que el Comité del precario gestionó ayuda a nivel central con los altos jerarcas: la señora ministra de Vivienda, Isabel Gómez; con el gerente general del AyA Manuel Salas y con el señor Orlando Barrantes de Bloque de Vivienda; quienes finalmente les ayudaron a conseguir unas 3 ó 4 llaves públicas para poder tener agua en el precario. De momento el señor Manuel Salas funcionario del acueducto, se comprometió a enviar a esta comunidad el camión cisterna los días lunes, martes y viernes de cada semana mientras les instalan las llaves públicas y se resuelve el tema de la posesión de la propiedad.
Puede leer más sobre la lucha de esta comunidad aquí.
Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores, personas menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial COVID-19.
Esta comunidad ha acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón para solicitar el servicio de agua potable, pero este les ha sido negado, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad.
Ana Cecilia Araya, habitante de Jardines Dos, San Ramón Alajuela, informó a SURCOS que después de 3 años sin agua finalmente les llegó apoyo con un camión cisterna, y que van a continuar con la lucha hasta que logren que les pongan 3 pajas de agua.
Una comunicación de la Sala Constitucional recibida por SURCOS, indica que ese alto organismo del Poder Judicial pidió al Ministerio de Salud la entrega de un informe sobre las medidas tomadas, para atender el riesgo que viven las personas y familias que habitan en Jardines Dos de San Ramón de Alajuela, dada la pandemia del COVID-19. Esta comunidad no cuenta con servicio de agua.
En el documento de la Sala Constitucional se lee lo siguiente:
“… se ordena ampliar el presente amparo … en representación de la ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA JARDINES DOS, cédula jurídica 3-102-791145, a favor de los RESIDENTES DEL CASERÍO LOS JARDINES, a efecto que EL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCIDENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD, rindan informe a esta Sala sobre los hechos alegados por los tutelados”.
Al resumir lo manifestado por la comunidad se transcribe: “… desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Que actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Que dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores, personas menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial COVID19”.
Agrega: “Que … han acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón a solicitar el servicio de agua potable, pero este les ha sido negado. Lo anterior, según se indicó en el oficio sin número de la Unidad Cantonal de San Ramón de 2 de marzo de 2020, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad, lo cual no es cierto”.
Adicionalmente, los citados directores deberán informar a esta Sala lo siguiente: si se ha implementado alguna medida o alternativa, ante la pandemia del COVID19, para solventar el problema de acceso al agua potable que presentan los tutelados, luego de haberse llevado a cabo el día 17 de marzo de 2020 una reunión entre representantes de distintas autoridades del país (Ministerio de Salud AyA, Fuerza Pública, Municipalidad de San Ramón), en donde se analizó dicho tema”.
“Para esto, deberán tomar en cuenta dichas autoridades de salud que, según prueba aportada a los autos por las autoridades del AyA, ese día 17 de marzo de 2020, las mencionadas autoridades acordaron lo siguiente: ‘Se buscará una alternativa adicional después de que se realice el diagnóstico de las familias que habitan en los precarios indicados’. El informe deberá rendirse una sola vez … dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución”.
El documento está firmado por el magistrado Jorge Araya García.
Información enviada a SURCOS por Luis Alberto Soto Ramírez.
Ante la preocupación que tienen los vecinos de Santa Juana y
Las Parcelas de Orocú, en Punta Morales de Chomes, un grupo de vecinos toma
acciones y decide dar parte a la policía. La unidad 3395 de La Fuerza Pública
es despachada la tarde del jueves 5 de marzo desde Costa de Pájaros hasta el
lugar y encuentra reunidos a los vecinos de ambos sectores que estaban
presionando para que la cerca de alambre que fue colocada por un ganadero para
pastar sus caballos fuera eliminada.
Los oficiales llaman a la calma, explican que en estos casos
se debe interponer una denuncia ante el MINAE para que se abra una
investigación y que se siente un precedente y evitar así que el ganadero
coloque la cerca en el futuro, ya que, al ser una zona de recreo de los vecinos
y visitantes, el ganadero no debe impedir el libre paso para su beneficio
personal.
Ante esta situación un grupo de vecinos decide ir el viernes
6 de marzo a las oficinas del MINAE en Esparza a interponer la denuncia, ya
que, según su queja, esta es la segunda vez que el ganadero coloca la cerca en
ese lugar.
Además, cuando se trató de dialogar y negociar con este ganadero, él manifiesta que él no quita la cerca hasta que «las otras personas quiten las que tienen puestas más arriba de donde está esta» dejando en evidencia que hay más. Otra preocupación es el hecho de que exista un tranque en ese lugar; cosa que será investigada por el comisionado del MINAE al momento de llegar a hacer la inspección.
Vecinos de las comunidades Juanito Mora y Manuel Mora, Progreso y los Almendros en Puntarenas participan en la II mesa de diálogo organizada por Acción Social de la Sede del Pacífico de la UCR. Foto. Alejandra Castro Murillo y María José Corrales Mora.
Representantes de las comunidades Juanito Mora y Manuel Mora, Progreso y Los Almendros y funcionarios de instituciones estatales participaron en la II mesa de diálogo “Abordaje integral de la Cuenca baja del río Barranca” organizada por Acción Social de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Durante la actividad se planteó la problemática que sufren 60 mil habitantes de estas comunidades aledañas al Río Barranca con las aguas negras, explotación de cauces de dominio público, manejo de desechos sólidos, quema de basura, precarios, inseguridad ciudadana, violencia, red vial, sobrepoblación y el acceso limitado a espacios públicos.
Vecinos, vecinas e instituciones públicas realizaron un trabajo grupal y coincidieron en la necesidad de fortalecer una estrategia de intervención integral de la situación con acciones concretas en las poblaciones involucradas e incluir al poblado de La Guaria, San Miguel y Carmen Lira.
Jorge Luis Rodríguez Solano, Presidente de la Asociación de Desarrollo de las comunidades de Juanito Mora y Corazón de Jesús, indicó que “desde hace 3 años se viene trabajando con la UCR la situación de violencia, drogas, contaminación de aguas y desechos sólidos y el acceso a recursos básicos”. Asimismo Ana Yancy Galagarza, Secretaria de la Asociación Desarrollo del Progreso manifestó que es importante un compromiso serio de las instituciones públicas para atacar las aguas contaminadas y capacitaciones a las poblaciones para implementar proyectos productivos.
Sesenta mil habitantes de la Juanito Mora, Manuel Mora, Progreso, La Guaria, San Miguel, Carmen Lira y los Almendros sufren por contaminación de aguas negras, basura e inseguridad ciudadana. Foto. Alejandra Castro Murillo y María José Corrales Mora.
Según Stefanny Forester, coordinadora de la iniciativa “[las personas asistentes] coincidimos que debemos redireccionar recursos, fijar metas comunes para abrir espacios de diálogo y sumar para gestionar actividades integrales que incidan de manera positiva en estas comunidades”.
Parte de los acuerdos adoptados son: dar seguimiento al trabajo interinstitucional e intervenir en temas como contaminación de aguas, inseguridad ciudadana y violencia que tanto los afecta. Además de fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), Municipalidad de Puntarenas, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Seguridad Pública, Minae, Inamu y la UCR, entre otras instancias.
A partir de proyectos de Acción Social e Investigación, la UCR en la Sede de Pacífico impacta directamente en el quehacer de estas comunidades, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Durante el trabajo interactivo se crearon cuatro mapas que contienen imágenes con información descriptiva del trabajo en la cuenca baja del Río Barranca. Las personas interesadas en dar aportes pueden acceder la plataforma en línea en este enlace.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social, UCR.
Documento es producto de un proceso de consultas a la comunidad académica
El pasado 14 de marzo el Trabajo Comunal Universitario celebró su 43 aniversario con actividades recreativas y de reflexión en los campus universitarios. Foto archivo VAS.
Tras un arduo proceso participativo de consultas a la comunidad académica, el pasado 14 de agosto del año en curso el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un nuevo Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (TCU) con el fin de actualizar la normativa a la luz de los cambios institucionales y solventar algunos vacíos en el anterior reglamento.
Con esta aprobación, se reformó integralmente el que regía desde el 13 de diciembre de 1981. Para lograr esta nueva reglamentación, el CU abrió un periodo de consultas en marzo pasado que fueron analizadas por la Comisión de Investigación y Acción Social del CU y el equipo especializado de asesores y asesoras de Trabajo Comunal de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Finalmente, el articulado presentado al CU incluyó una actualización de los objetivos del TCU, define con claridad las responsabilidades de las partes vinculadas, los derechos y deberes estudiantiles, el financiamiento de proyectos con vínculo externo, así como los requisitos mínimos para inscribir una propuesta, entre otros aspectos.
“Este reglamento es resultado de un amplio proceso de consulta con la comunidad universitaria. En su fase de borrador se realizaron grupos focales tanto con docentes como con estudiantes. Paralelamente se remitió el borrador a consulta a las Comisiones de Acción Social, de lo cual también surgieron muchas recomendaciones que fueron incorporadas para posteriormente presentarlo como ponencia ante el VII Congreso Universitario”, acotó la Dra. Adilia Solís Reyes, coordinadora de Trabajo en Comunidad de la VAS.
Además, dijo Solís, el reglamento genera nuevas reglas en cuanto a las funciones y competencias y define el TCU como un proceso pedagógico cuyos resultados deben garantizar la sostenibilidad y autonomía en las comunidades y sectores donde se actúa.
Cambios sustantivos
Entre los objetivos del TCU, el nuevo reglamento destaca que los proyectos inscritos deben fortalecer el quehacer universitario mediante el intercambio y diálogo de conocimientos entre las personas de las comunidades y la universidad.
En esa misma línea, estos se conciben como iniciativas que contribuyen “con las transformaciones que la sociedad necesita para el buen vivir, potenciando las capacidades de los grupos con los que se trabaja e incidiendo en la solución de problemas”.
Estos proyectos pueden ser propuestos por unidades de investigación, de docencia y estudiantiles, así como de iniciativas presentadas por las comunidades y los grupos o instituciones del país. Estas podrán presentarse tanto individualmente o en conjunto.
Como mínimo, los proyectos de TCU deben tener una vigencia de tres años y una persona docente nombrada por un cuarto de tiempo durante el periodo de vigencia del proyecto, a la cual se le debe brindar con continuidad en su nombramiento. Esta persona coordinará un equipo de al menos ocho estudiantes llegando a un máximo de 25 con ese nombramiento.
Además, cuando intervengan varias unidades académicas en la formulación y gestión del TCU, las involucradas definirán la unidad base y la persona que asumirá la coordinación y las responsabilidades establecidas en el nuevo articulado.
“Para clarificar y ahondar en los detalles del reglamento, la VAS ya está realizando actividades de capacitación con las CAS y coordinadores de proyectos de TCU”, agregó Solís.
Equipos de docentes y estudiantes recorren las comunidades del país con propuestas que fortalecen los procesos pedagógicos. En la foto aparece el profesor Carlos Rubio con universitarios de los proyectos TC-503 y ED-1732 que fomentan la lectura creativa en escuelas de primaria. Foto Carlos Rubio.
Para conocer las fechas sobre estos talleres puede seguir este enlace con detalle de las fechas aún disponibles.
El nuevo reglamento también incluye cambios en las funciones de la VAS, al determinar que su labor es de articulación académica, sin abandonar la generación de lineamientos académicos y administrativos. Asimismo, se establecen más claramente las funciones de la Unidades Académicas, de las Comisiones de Acción Social (CAS) y se actualizan las funciones de las y los docentes.
Deberes estudiantiles
El capítulo IV reglamentó la relación de la comunidad estudiantil con la universidad y las comunidades.
En este apartado se determina, entre otros puntos, cuando el estudiantado puede realizar cambios, pasantías entre proyectos, traslados, retiros, interrupciones y prórrogas.
Igualmente, enfatiza que además de presentar propuestas al equipo y cumplir con los planes de trabajo, debe “visibilizar la participación de organizaciones y comunidades en los productos elaborados en el marco del proyecto”.
Otro de los aspectos que regula es la participación de estudiantes en condición de colaboradores. Según la normativa podrán serlo aquellas personas que no están matriculados en algún TCU, pero que participan activamente en la ejecución de un proyecto vigente.
También, quienes luego de aprobar su TCU deseen seguir siendo parte del equipo bajo esta modalidad o estudiantes de intercambio amparados bajo convenios establecidos por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE).
El reglamento establece un debido proceso en caso de incumplimiento de los compromisos estudiantiles y señala puntualmente cómo se contabilizan las horas necesarias para la aprobación de TCU.
El nuevo reglamento concluye con dos artículos transitorios que establecen un periodo de un año para elaborar un documento con las normas éticas para el trabajo en las comunidades desde un enfoque desde los derechos humanos, en coordinación con la Escuela de Estudios Generales. Estos temas serán parte del curso de Seminario de Realidad Nacional I.
Finalmente, en un periodo similar la VAS se enfocará en el protocolo para determinar “los procesos, metodologías y acciones necesarias para compartir saberes entre proyectos de TCU, mediante la ejecución de las pasantías”.
El texto completo del nuevo Reglamento de Trabajo Comunal Universitario está disponible en este enlace.
Estudiantes vinculados al programa de Acción Social comparten sus experiencias y aprendizajes
Marylaura Acuña, Valeria Montoya y Juan José Álvarez, asistentes de proyectos en Kioscos Socioambientales, destacan el aporte al desarrollo académico y profesional de su vinculación con dicho programa de la Vicerrectoría de Acción Social. – foto Eduardo Muñoz.
Llegar a las comunidades para aprender de ellas, para compartir los conocimientos que adquieren en las aulas universitarias y, sobre todo, apoyar los procesos de las organizaciones sociales son parte de los aspectos positivos que destacan los estudiantes que se integran al programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria.
Esta iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha apoyado las luchas emprendidas por las comunidades por la defensa del agua, de sus territorios y de sus actividades productivas frente a la expansión piñera.
Recientemente, un equipo de investigadores de la UCR divulgó un amplio informe sobre esas plantaciones y demostró que existe una peligrosa contaminación por plaguicidas de las fuentes de agua, deficiente manejo de residuos y un crecimiento desordenado de esa actividad agroexportadora.
“Hemos encontrado muchas investigaciones que no retornan a las comunidades propiamente. Parte del trabajo de Kioskos, desde su creación en 2008, ha sido llevar esa información para que la gente tome decisiones. Hemos trabajado en comunidades muy afectadas por piñeras, como en Guácimo y Pococí, entre otras, para la protección de las zonas de recarga que abastecen de agua. Es importante protegerlas porque son susceptibles de contaminación, y ha sido relevante visibilizar estas investigaciones y relacionarlas con lo que estaba sucediendo en las comunidades, llevarlas a los consejos municipales y que los gobiernos locales tuvieran mayores criterios”, explicó el Lic. Mauricio Álvarez Mora, coordinador de Kioskos Socioambientales.
A criterio de Álvarez, se requiere de “algún grado de irreverencia en los espacios de Acción Social, en el sentido de que el mandato último de la Universidad es la transformación social, y eso implica ir un paso adelante”.
Entre los proyectos que coordina Kioscos Socioambientales está el Trabajo Comunal “Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio-ambientales específicos en el territorio nacional” (TC-590).
Aprendizaje horizontal
Para Valeria Montoya Tabash, asistente en Kioskos Socioambientales desde hace tres años, su experiencia ha sido más que enriquecedora para su vida académica, personal y como futura antropóloga.
Desde que entró al programa, Montoya ha estado vinculada con organizaciones comunitarias en la zona sur y otras del Pacífico Central que defienden el agua y luchan contra la contaminación de la agroindustria.
“A mi me reta mucho estar pensando cómo trabajar en las comunidades y apoyar a los estudiantes del Trabajo Comunal que coordina Kioscos. No se si habrá otra forma de aprendizaje como esta en la Universidad. No solo es visitar los lugares, extraer la información y no volver; al contrario, se trata de mantener el vínculo”, explicó Montoya.
Por su parte, Juan José Álvarez Hidalgo, de la carrera de Sociología, indicó que su paso por Kioscos Socioambientales dio pie a que su tesis para obtener su grado de licenciatura aborde el tema de la identidad territorial de jóvenes y adultos en zonas dedicadas al monocultivo.
El estudiante ha estado inmerso en la realidad que viven las personas en La Guaria, en Pocosol, en San Carlos, mapeando el cultivo de la piña y las actividades productivas existentes antes de la llegada de los empresarios agrícolas que han asfixiado a las comunidades circundantes a las plantaciones.
“Cuando nos integramos siempre lo hacemos con una lógica de seguir el ritmo de la comunidad. No vamos con una agenda que tenga objetivos específicos, sino que acompañamos a las personas de esos lugares de acuerdo a las posibilidades que tenemos como proyecto, para no generar expectativas más allá”, explicó el futuro sociólogo.
Marylaura Acuña Alvarado, tesiaria de Ciencias Políticas y asistente en un proyecto de la zona norte, comentó que son muchos los aportes que brinda Kioscos Socioambientales al estudiantado. “Para quienes quieran dedicarse a la Acción Social, aquí se conoce sobre metodologías participativas, el cómo llevar un proceso en comunidad, generar talleres y diálogos con las personas. Y para quienes quieran dedicarse a la investigación resulta un espacio donde como equipo tenemos distintas lecturas y discusión sobre diversos temas. En general, se adquieren muchos elementos que no aprendemos en las aulas”.
Alternativas colectivas para las comunidades
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria incentiva el fortalecimiento de organizaciones rurales comunitarias mediante procesos que permitan la construcción colectiva de alternativas frente a conflictos socio-ambientales.
Esto a partir de seis proyectos de Acción Social, un proyecto de Investigación y una Cátedra; manteniendo vínculos formales con distintas unidades académicas, sedes, institutos y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica.
Desde su creación, ha acompañado procesos socioeducativos con distintos grupos campesinos que defienden sus territorios frente a la construcción de megaproyectos extractivistas, como grandes cadenas hoteleras, marinas, monocultivos como la piña, proyectos hidroeléctricos, aeropuertos, así como iniciativas de despojo que amenazan la autonomía indígena. Actualmente, articula su trabajo con grupos comunitarios en las zonas sur y norte y en el territorio Bribri de Talamanca.
(Ilustración creada en 2016 por la estudiante Raquel Mora Vega, asistente de Kioscos Socioambientales, usada para los materiales de educación popular distribuidos en comunidades).
Se convoca a todos los sectores sociales de la Región a una reunión general este viernes 9 de febrero a las 2 p.m. con el objetivo de reflexionar sobre la coyuntura nacional para una participación informada en la elección presidencial del 1 de abril del 2018.
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de MUSADE, 75 metros al Sur de urgencias del Hospital de San Ramón y se estarán tratando temas como:
Panorama a la luz de los resultados de elecciones 2018-2022
Organización comunitaria ante desafíos que plantean las elecciones
Voto informado
El abstencionismo frente a resultados de primera ronda electoral
Fiscalización de acciones y propuestas en Gobierno / Asamblea desde las bases comunitarias
Para más información, comuníquese al correo musade1986@gmail.com o al celular 8823 1119.
