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Etiqueta: organizaciones sociales

LANZAMIENTO DE PRISMA LATINOAMERICA

Miguel Sobrado

Tras las huellas de Joaquín García Monge editor de la revista Repertorio Americano una de las tres revistas de más impacto en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX.

Después de 50 años de trabajo académico, acompañado de la capacitación con organizaciones de autogestión comunales y productivas, que me hicieron recorrer parte importante del subcontinente latinoamericano, e incluso de África del Sur, he considerado emprender una acción de divulgación sobre las experiencias exitosas, que rompen los esquemas deterministas del atraso de la región por su naturaleza y enfoque de naturaleza sistémica. Necesitamos empezar a cambiar nuestra visión centrada solo en la corrupción de los políticos, dejando de lado su origen en un sistema institucional que por su naturaleza estimula y reproduce la corrupción.

Herencia histórica

En primer lugar, desde su génesis los estados latinoamericanos, aunque se denominan repúblicas, han sido excluyentes de muy amplios sectores de la población. Lo que ha restringido el juego de pesos y contrapesos requerido para la vida democrática y creado el clima para un capitalismo de amiguetes. Hecho que coloca a los grupos que operan con los “dados cargados” por encima del interés público.

Dentro de este contexto predomina la visión que los problemas del mal gobierno se deben a la falta de ética de sus gobernantes. Y de ahí se deriva que cambiando los gobernantes corruptos por otros honestos todo se transforma. No obstante, cuando se da la rotación y llegan los portadores del cambio, esto no sucede. Debido, por una parte, a que existe un desequilibrio por la exclusión del acceso a los recursos y a las oportunidades educativas de amplios sectores. Y por otra, como corolario de la primera por no existir un eje o proyecto nación que articule el sistema.

La discusión política, en este contexto, se centra en las personas y el control se orienta hacia ellas y los procedimientos y no hacia los resultados. Creándose un clima donde la corrupción e impunidad corren parejas, debilitando el Estado de derecho la confianza ciudadana y creando frustración y desesperación.

Se trata de un problema sistémico, que requiere de soluciones sistémicas. Soluciones que no dependan solo de las virtudes de las personas, sino de un proyecto democratizador e incluyente que apodere a las comunidades colocando el interés público adelante. Un proyecto que opere bajo los principios del control de resultados con responsabilidad personal; cerrándole espacio a la impunidad; que genere círculos virtuosos garantizados por los resultados obtenidos por la organización y participación de la gente.

Las políticas públicas, en este contexto, deben cumplir un papel estratégico en la inclusión social y en la construcción de nuevos pesos y contrapesos que permitan progresivamente el cambio de un sistema patrimonialista excluyente a uno incluyente y en armonía con la naturaleza. Pero los resultados de éstas dependen de como se incorpore a la gente.

La visión individualista, asistencial y clientelista y degrada la política social.

El problema de los desaciertos en las actuales políticas públicas radica en que no considera la participación de los excluidos en el desarrollo, sino que los ve como perdedores a los que hay que llevar de la mano como si fueran niños. Esta es la visión predominante congruente con las relaciones políticas clientelistas y el enfoque asistencial de los técnicos institucionales. Configurando una trilogía del atraso con las organizaciones “populares” clientelistas, carentes de propuestas de transformación, que se contentan con algunas migajas para mantener su cuota de poder.

La visión sistémica y la inclusión a través de la organización

Los proyectos exitosos impulsados por dirigentes latinoamericanos, que transforman las realidades, se salen de este esquema. Proponen la organización autónoma y liberan la creatividad de las comunidades Esta es la diferencia fundamental, se salen de la visión pasiva negativa, incluyendo a los excluidos en la solución de sus problemas en la participación con la organización autónoma de los proyectos.

Existen ejemplos en múltiples campos entre los que se destacan la salud, la educación, capacitación e integración de los saberes ancestrales con la nueva tecnología. Cada una tiene su historia, pero todas han actuado rompiendo círculos viciosos.

Cabe destacar la del Hospital sin Paredes en la Costa Rica rural de los años 70 del siglo pasado, donde se dejó de lado la medicina como una actividad curativa de especialistas y se centró la acción en la salud como como algo integral donde influía el medio ambiente, la infraestructura, la organización económica y social. El logro de la salud en la región atendida por el Hospital se dio gracias a la salida de los médicos de las paredes de los hospitales para integrar a las comunidades en una sola organización por la salud. Esta experiencia, un gran orgullo nacional, contribuyó a transformar la visión mundial de la salud en la conferencia de Alma Ata en 1978, y a la reorientación del sistema de salud nacional, hoy ejemplar en la región.

La educación, por su parte, una actividad vital en la formación de las sociedades contemporáneas en proceso de transformación, no puede verse como ha sido hasta el momento, una tarea, limitada al ámbito institucional. La educación formal, informal o técnica; es una función que trasciende a las aulas y desciende a las comunidades organizadas. Debe estar enraizada en cada realidad, de acuerdo a las necesidades y el nivel educativo de su población, pero conectada y actualizada a las mejores prácticas internacionales.

La producción de alimentos no puede medirse solo por la productividad inmediata, sino que debe ser sostenible para las próximas generaciones y con el ambiente. En este sentido debe liberarse de prejuicios tecnocráticos y estar abierta a incorporar las mejores prácticas desarrolladas por las culturas originales.

Todas estas experiencias han tenido como elemento común un enfoque sistémico que incluye y arraiga a las comunidades y grupos organizados con autonomía, en la solución de sus problemas.

Han sabido “frotar la botella del genio” para que aparezca y se incorporen con fuerza las comunidades y grupos organizados, haciendo tareas que parecían imposibles para gente sencilla.

Sobre estas experiencias no solo existen evidencias de que existen inmensas capacidades “dormidas” que se activan con la organización en condiciones de autonomía sino que se ha configurado un método de capacitación masiva que permite reproducir las experiencias.

Se parte eso sí de un enfoque que cree en el potencial de la gente adulta y que estimula la autonomía y la capacitación en organización como elemento de poder.

Pienso, basado en estas experiencias que existen senderos de esperanza, consolidados en las mejores prácticas y experiencias que demuestran que otro desarrollo inclusivo con la población y amistoso con la naturaleza es posible.

PRISMA LATINOAMERICA ha preparado varios videos para difundir las mejores prácticas y algunas de las malas. Arranca desde Costa Rica pero con invitados virtuales de México, Colombia, Uruguay, Panamá, Honduras y Gran Bretaña.

Un listado de estos videos se encuentra en la página de “Prisma Latinoamérica” en YouTube para estimular la acción de las nuevas generaciones hacia una visión sistémica que se centre en la inclusión social y la organización autónoma no clientelista de las comunidades.

Consulta Pública del Foro Mario Devandas Brenes sobre la reforma al Reglamento del Seguro del IVM

El Foro Mario Devandas Brenes coordinado por la Arquidiócesis de San José y organizaciones sociales y sindicales, organizaciones de defensa de la Seguridad Social, personalidades políticas y legislativas, presentan la Consulta Pública sobre la Reforma a los artículos 5, 23 y 24, y Derogatoria de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Desde el foro se reiteran los cuestionamientos a la forma en que se ha venido abordando este debate tanto por la Gerencia de Pensiones de la CCSS como por su Junta Directiva, desde una mirada tecnocrática, en espacios y círculos cerrados de toma de decisiones.

Respecto al artículos 5 el Foro: 

  1. a) Reitera su oposición: a la eliminación de la posibilidad de “pensión por vejez adelantada” para el caso de los hombres si cumplen con las cuotas establecidas 
  2. b) Pensión por vejez anticipada para mujeres: Se oponen en todos sus extremos a la tabla de requisitos y condiciones que se incorpora en el artículo. La Reforma tal y como está planteada en el Artículo #5 implica un retroceso en materia de equidad de género. 

Sobre la Reforma al Artículo #23 :

  1. a) En el primer párrafo de dicho artículo se señala que la actualización por inflación de los salarios que permiten hacer el cálculo de la pensión de cada persona trabajadora se realizará tomando como base el índice mensual de precios al consumidor. No queda claro en la redacción la instancia técnica encargada definir dicho índice a la que la CCSS tomaría de referencia para el cálculo, se puede inferir o interpretar que sería una instancia nacional, pero también podría ser que sea un organismo internacional. 

Algunas de las propuestas del Foro son: 

  1. Que se evalúe redireccionar un porcentaje de los recursos de las cuotas obreras, patronales y del Estado que se destinan al financiamiento de FODESAF a fin de fortalecer financieramente el IVM. 
  2. Evaluar el redireccionar el destino de los recursos por la recaudación del impuesto único a los combustibles, el cuál es de un 33.6%. Establecer por medio de Ley un porcentaje entre un 1% y 3% del total de dicho impuesto para el fortalecimiento financiero del IVM. 
  3. Establecer un impuesto específico de un 1% a un 2% a las utilidades de las grandes empresas concesionarias de obra pública para el fortalecimiento del IVM. 
  4. Establecer un impuesto a las grandes fortunas, desagregado de la siguiente forma:
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades a: Grandes contribuyentes nacionales (personas jurídicas) y grandes empresas territoriales. 
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades al 1% superior de personas físicas con actividad lucrativa. 
  • Impuesto de un 1% al patrimonio sobre empresas del sistema financiero nacional 

Para conocer más sobre las propuestas puede acceder a los archivos adjuntos.

Libro: Transformar sistematizando producción de conocimientos y luchas emancipatorias

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) presenta el libro titulado transformar sistematizando: producción de conocimientos y luchas emancipatorias, este es producto de un esfuerzo colaborativo entre participantes del Seminario de Construcción Colectiva (SCC) organizado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), realizado entre octubre y noviembre del año 2019 en Sabanilla, San José de Costa Rica.

En ese se presentan las sistematizaciones de experiencias de diversos procesos de lucha, representando un aporte a la producción de conocimiento y a la acción política para las diversas organizaciones sociales en la región. 

Les invitamos a descargar el material y a difundirlo, a continuación, adjuntamos el documento:

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Informe preliminar de la violación de derechos humanos en Colombia durante el paro 2021

Ante las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia diversas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos entre otras, solicitaron a la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos su intervención con el objetivo de constatar in situ la grave situación descripta.

Diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y populares, organizaciones gremiales y de la sociedad civil concluyeron que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos.

Los objetivos como Misión:

  • Relevar situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional.
  • Elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional.
  • Contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región.

Luego de este proceso se presenta el Informe Preliminar de los Juristas de México y Argentina, que están en Misión de Observación en Colombia. En el cual la voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal.

El informe se compone de:
1- Presentación
2- El despliegue represivo del estado colombiano
3- Las victimas
4- Rol de la institucionalidad
5- Acerca de los delitos cometidos
6- Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos.
a. Departamento del Cauca-Popayán
b. Bogotá
c. Pereira
d. Cali
e. Medellín

Puede leerlo completo en el archivo adjunto.

Además, entre sus conclusiones resalta que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.

 

Información compartida con SURCOS por Carlos Meneses.

Renta global, un proyecto regresivo

Óscar Madrigal

Por regla general se considera que la renta global es un impuesto progresivo, que grava más a los que más tienen. Sin embargo, los aspectos generales del proyecto presentado por el Gobierno de Alvarado en el marco del acuerdo con el FMI no parecen ser así en lo sustancial.

1-. El monto mínimo imponible para calcular la renta de los asalariados disminuye de ¢840.000 a ¢683.000. En otras palabras, un mayor número de trabajadores asalariados que solo reciben su salario, que hoy están exonerados del pago de renta, tendrán que pagarlo una vez aprobada esta ley.

El Gobierno argumenta que exonera a la mayoría de los asalariados, pero la realidad es que pone a pagar renta a una cantidad considerable más de trabajadores, del sector público y privado.

De igual manera se encuentran los pensionados y jubilados ya que el monto tributable se reduce considerablemente.

Si ahora un salario o una pensión de ¢840 mil colones no pagan impuesto de renta, con este proyecto tendrían que tributar. Es un claro retroceso para miles de trabajadores privados y públicos, por tanto, es una regresión.

2-. El monto máximo que tendrán que cancelar los grandes propietarios que reciben jugosos ingresos, contrariamente a lo pensado, la tasa impositiva, la tarifa de la renta, se disminuye de un 30% a un 27,5%.

A un mayor número de asalariados se les obliga a pagar renta al bajar la base imponible, mientras que a los que recibe gigantescos ingresos, se les reduce la tarifa. Esto significa una regresión o un retroceso tributario.

La idea de la renta global fue un acuerdo de las conversaciones con el Gobierno. Pero como todo puede pervertirse, probablemente las organizaciones populares que apoyaron este impuesto no imaginaron la perversidad que iba a realizar este Gobierno, sea cargar de más impuestos a los asalariados.

Y de esta carga no se escapan los trabajadores del sector privado.

Las organizaciones sociales que firmaron este acuerdo con el Gobierno deberían ofrecer una explicación al país o exigir cuentas a Alvarado.

Pero lo que sí es claro es que se trata de uno de los proyectos tributarios más regresivos en muchos años.

Era Verde: Que No Se Apague La TV Ecologista

(22/07/2020) La Federación Ecologista Costarricense (FECON) considera que el programa de televisión Era Verde es un espacio fundamental para visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales en Costa Rica en defensa de la naturaleza. Su cierre por parte de la dirección Canal 15 es muy poco acertada.

Sus contenidos aportan información, opiniones calificadas y perspectivas críticas, que permiten formar criterios serios y fundamentados. Era Verde ayuda a superar la desinformación y manipulación, pues aborda problemas sensibles de la realidad nacional que en medios comerciales definitivamente no son abordados.

Para Dany Villalobos, presidente de la FECON: “Era Verde es uno de los pocos espacios de proyección televisiva que tienen actores sociales comunitarios que nunca tendrán espacio en las empresas comerciales de información. Esto está condicionado obviamente por la calidad, compromiso ético, rigurosidad, responsabilidad y profesionalismo del equipo de trabajo, y en particular de su productor Josué Hernández Brenes”.

Villalobos además señala que: “un resultado claro del aporte de Era Verde es que muchas organizaciones sociales y comunidades de Costa Rica han ejercido la defensa y aseguramiento del respeto de sus derechos y los de los ecosistemas ante proyectos del Estado, privados, nacionales y transnacionales, gracias en parte al debate abierto, claro y sin limitaciones que Era Verde propicia.

“De no haberse informado y realizado esos diálogos, podemos asegurar que la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas de Costa Rica, hoy estarían muchos más desmejorados, y los daños causados hubiesen sido irreparables para la gente y para la naturaleza,” concluyó el presidente de FECON.

Por su parte Osvaldo Durán, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y miembro de la FECON señala que: “la labor de Era Verde fortalece el espíritu del Artículo 50 de nuestra Constitución Política. Como integrantes de organizaciones sociales de Costa Rica que por décadas hemos implementado todo tipo de luchas, dedicado esfuerzos personales, comunitarios, intelectuales y colectivos a la defensa de nuestra sociedad y de los ecosistemas, tarea en la cual hemos sido socios con Era Verde”.

Durán recalcó que: “La FECON ha instado a las autoridades universitarias a reinstalar un programa como Era Verde, el cual tiene un importante peso cultural y social en la sociedad costarricense. Único en su clase por pertenecer a la UCR la cual, como Universidad Pública, ha garantizado las libertades constitucionales de expresión y de información clara, oportuna, completa y veraz”.

Murió la oportunidad

Óscar Madrigal

Me atrevo a afirmar que las organizaciones sociales hicieron decenas, casi centenas, de propuestas al Presidente Alvarado. ¿Cuántas aceptó? Ninguna. Cero.

De las que hizo la UCCAEP, ¿cuántas aceptó? Todas.

Las cámaras patronales están muy satisfechas. Las organizaciones sociales una vez más muy decepcionadas.

El plan que el Gobierno presentó la semana pasada se resume en una sola cosa: salvar a las empresas. Darles 900.000 millones de colones en préstamos subsidiados para su rescate.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Quedará a la suerte del empresariado. El Estado se ha negado rotundamente a señalar un nuevo derrotero económico al país. Para el Gobierno el futuro está solo en el cáñamo.

Mientras, los exportadores, los grandes comerciantes, los grandes bancos no aportarán nada más, ningún sacrificio ni esfuerzo. Tal vez unos salarios, pero con flexibilidad laboral, sin horas extras y con cotizaciones sociales bajas.

El movimiento popular una vez más sale en ascuas, sobresaltado, se da directamente contra una posición inquebrantable. Si esperaba algún cambio, por mínimo que fuera, tendrá que seguir esperando.

Si como dicen algunos, las crisis también son oportunidades, en este país ha muerto una de ellas, una vez más.

Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

En momentos de crisis global urge un diálogo inclusivo

En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública

Carlos Hernández Porras*

La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:

  • Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
  • Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
  • El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.

Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.

Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.

El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.

*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS
Tel. 8950-9945 Facebook
cokomal.org/

Pueblos originarios y organizaciones sociales exigieron respuesta a sus demandas por parte de los Poderes Ejecutivo y Judicial

El pasado sábado 27 de julio de 2019, pueblos originarios y organizaciones sociales de la Zona Sur se manifestaron en la carretera Interamericana Sur, frente a la finca recuperada Crun Shurin en el Territorio Indígena de Térraba.

Al ser las 9:00 a.m. varias organizaciones de pueblos originarios, campesinas y sociales ejerciendo su derecho a la autonomía y la protesta social decidieron cerrar el paso en esa vía, al Sur de Costa Rica.

Las organizaciones demandan la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y Judicial en el lugar de la manifestación, para que den respuesta a sus demandas.

Las y los manifestantes exigen justicia para Sergio Rojas Ortiz, miembro del pueblo bribri de Salitre, asesinado el pasado 18 de marzo.

También reclaman la ejecución de varios desalojos administrativos contra terratenientes no indígenas que usurpan tierras en estos territorios.

Luego de un espacio de diálogo y alcanzar algunos acuerdos con representantes del Poder Ejecutivo, las organizaciones de pueblos originarios, campesinos y sociales de la zona sur de Costa Rica levantaron el bloqueo sobre la carretera Interamericana Sur. Los acuerdos alcanzados se compartirán eventualmente.

La totalidad de las demandas y propuestas de estas organizaciones se encuentran en las fotografías adjuntas.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

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