Vladimir de la Cruz
El Partido Acción Ciudadana nació como una alternativa política especialmente a los partidos tradicionales del bipartidismo gobernante, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que habían ejercido un dominio efectivo del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.
Fundado por exdirigentes de Liberación Nacional, tan solo levantaron la bandera de la probidad y de la lucha anticorrupción como esenciales de su lucha, aprovechando el ambiente de denuncias que habían empezado a surgir a partir del 2000.
Desde el 2014 y el 2018 viene ejerciendo al Gobierno de la República, desplazando a esos otros partidos, y aunque parezca exageración, al momento actual, luce como una posible expectativa de continuar en el Gobierno a partir del 2022.
En materia de desarrollo económico y de políticas públicas económicas no se ha diferenciado de esos otros partidos políticos que ejercieron gobierno.
El modelo económico del país, desde los Planes de Ajuste Estructural, del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge, 1982-1986, y de los Tratados de Libre Comercio, iniciados en el gobierno social cristiano de Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994, no ha cambiado. Al contrario, se ha fortalecido en sus tendencias institucionales.
Ciertas políticas en materia de Derechos Humanos se han fortalecido bajo los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, pero en materia de Derechos Sociales estos se han debilitado, disminuido y se tratan de reducir a la mínima expresión que sea posible.
Esta actitud, en este campo, pareciera que introduce en la modalidad de este Partido Acción Ciudadana, como Gobierno, una tendencia fascista de gobierno, a la que tenemos que ponerle atención y estudio.
El modelo fascista del PAC Gobierno no es por una definición e identificación ideológica con los idearios políticos de Mussolini o de Hitler, ni por ser una alternativa al socialismo o al capitalismo. Lo es por la práctica que impulsa desde el Gobierno, en algunos aspectos, que no se alejan de lo que hicieron Mussolini o Hitler, de desarrollar al ultranza el modelo capitalista, alejándolo de todo aquello que signifique el Estado Social de Derecho, herencia de las tradiciones nacionales de tipo socialistas, social demócratas y social cristianas que hicieron surgir las Grandes Reformas Sociales, el Código de Trabajo, el Estado de Bienestar o Asistencialista que fue fuerte, al menos, hasta 1978, cuando empezaron a dictarse medidas de desmantelamiento institucional del Estado, que se quieren profundizar ahora.
La organización de la familia en función de las necesidades del Estado, el impulsar al Estado como el garante del orden nacional, como la única autoridad, impulsando leyes de tipo corporativista, como la Ley Marco de Empleo Público (No.21.336), que se discute en la corriente legislativa, desde el año 2017, con importantes implicaciones económicas, jurídicas y políticas, sin una discusión nacional que se enmarque dentro de la consolidación del Estado Social de Derecho, con ánimo de afianzarlo, si no orientada esta legislación a debilitarlo y si es posible de echarlo abajo.
Si el nazifascismo clásico, rechazando el esquema de la lucha de clases, propiciaba una organización sindical controlada por el Gobierno o el Estado, aquí se trata de eliminar los mecanismos constitucionales y legales que permiten el ejercicio de los sindicatos y sus luchas clásicas, la lucha por los salarios crecientes, su derecho de huelga y de organización, y el derecho de negociación colectiva, sobre la base histórica de que los salarios son un piso y no un techo de los trabajadores, como también sus otros beneficios sociales ligados al salario, aguinaldos, salario escolar y pensiones o derechos jubilatorios.
Si el fascismo supuso una raza superior, en estos gobiernos PAC la única “raza” superior, a modo de casta social, es la que está protegida, en sus intereses económicos, en sus mecanismos de evasión y elusión fiscal, en la que acumula cada vez más ganancias con las políticas económicas y tributarias que el Gobierno impulsa, haciendo caer en la inmensa masa de trabajadores todo el peso de la situación económica, y de la llamada crisis económica y financiera, generada por esos grupos económicos.
La persecución racista nazifascista aquí es contra las clases medias, los sectores asalariados, los sectores intelectuales organizados en sus universidades, buscando un país sin pensamiento crítico, no es la persecución velada y abierta contra judíos, gitanos, o negros. Es la persecución contra profesores, activos y jubilados, por sus ingresos, salarios o pensiones, contra todos los trabajadores con la finalidad de igualarlos a la baja, en sus condiciones de empleo, salarios, de escalas laborales, es por empobrecer a toda la población nacional, a fin de garantizar con ello contratos de trabajo con salarios menores, y provocar una puja por el empleo sobre niveles inferiores a los mínimos legales.
La pobreza, y la pobreza masiva, es un factor de enriquecimiento de ciertos grupos asociados al poder político. La pobreza no la hacen ni nunca la han hecho los pobres, la generan lo ricos.
La discusión de la Ley de Empleo Público, a los efectos del gobierno no necesita participación de otros sectores sociales. La Ley de Empleo Público se impulsa violentando esa participación, no tomándola en cuenta en términos reales, irrespetando la existencia de derechos adquiridos que deben respetarse, sin claridad sobre la transición de los esquemas salariales que quieren igualarse y sin certeza respecto al ahorro que permitiría esta iniciativa.
La voz altisonante, de tipo fascista, en esta cruzada la tiene el propio Presidente de la República, su Ministro de Hacienda, los representantes del sector económico del Gobierno, las cámaras empresariales, que en este sentido les están unidas, junto con los voceros parlamentarios que las impulsan y defienden.
El temor reverencial a las autoridades de Gobierno, a sus aparatos represivos, al control que suponía la UPAD es parte de estas manifestaciones nazi fascistas del Gobierno en esta lucha por imponer la Ley de Empleo Público. Solo falta ilegalizar a todos los grupos opositores y disidentes. Los medios de comunicación el Gobierno los influye por los pagos de la propaganda publicitaria que les garantiza. Ya han acabado, por esta vía, de no darles nada de publicidad, con los medios de comunicación y con los programas de opinión, radiales especialmente, alternos a los grandes.
El impacto brutal de la Ley de Empleo Público es llevar, en las universidades, a aligerar procesos de jubilación, a reducir plazas, a pagar menos a los nuevos contratados, o en su defecto a que los profesores universitarios y otros trabajadores no se jubilen, para no ver reducidos sustancialmente sus ingresos mensuales, con el perjuicio directo de contribuir a mantener una masa desocupada de profesionales de diversas disciplinas, tanto en el sector público como en el privado. El 53% de todos los profesionales del país trabajan en el sector público que es la inmensa clase media, que a su vez ha sido el colchón social de amortiguamiento de las luchas sociales. Disminuir sus ingresos y su capacidad de consumo, solo están calentando los motores de luchas sociales y movilizaciones sociales más profundas.
La Ley Marco de Empleo Público tiene vicios de inconstitucionalidad, de centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales, una de las manifestaciones del Gobierno fascista, el otorgarle competencias a organismos como el Ministerio de Planificación, la Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el Ministerio de Hacienda es parte de esta estrategia fascista de gobernanza, cuyo objetivo es también acabar con las modalidades existentes constitucionalmente de las autonomías institucionales, como las de las Universidades, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del modelo de acabar con el Estado Social de Derecho.
La Dirección General de Servicio Civil históricamente ha sido más una dirección política, de Gobierno, que técnica o administrativa. Con esta Ley se pretende que dé órdenes a las entidades descentralizadas para organizar su gestión de empleo en todo sentido.
El proyecto de ley establece que el salario único o global pueda ser congelado o disminuido cuando así lo requiera la política económica, seguida por el gobierno de turno, considerados los salarios tan solo variables de ajuste macroeconómico, para controlar inflación, el déficit fiscal, o lo que se le ocurra a las autoridades fiscales, económicas y monetarias del Gobierno de turno. El salario dejará de ser para promover “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” y el “más adecuado reparto de la riqueza”, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50.
La discusión del empleo público es necesaria sin afectar el modelo de sociedad y de Estado Social de Derecho que hemos construido como país. Debe ser una discusión que proponga una visión país en perspectiva de la Costa Rica del Bicentenario que deseamos como país para los próximos 20 o 30 años.
