SURCOS comparte el Documento Político del Pacto Nacional por la Educación Pública entregado el 28 de agosto como parte de la movilización por la educación pública y la agenda social, al presidente Rodrigo Chaves Robles, al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez, a las diputaciones y a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes.
28 de agosto de 2024
San José, Costa Rica
Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Sr. Rodrigo Arias Sánchez
Presidente de la Asamblea Legislativa
Señoras diputadas y señores diputados
Asamblea Legislativa
Sra. Angie Cruickshank Lambert
Defensora de los Habitantes de Costa Rica
Reciban un cordial saludo de parte de las más de 70 organizaciones sociales y productivas que suscriben este movimiento nacional en defensa del sistema educativo en todos sus niveles y la agenda social en Costa Rica.
La población costarricense reconoce las fortalezas del sistema educativo, así como el avance hacia la universalización de la educación preescolar y la calidad de los servicios para la primera infancia; el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los programas de equidad orientados a garantizar la permanencia en el sistema y la inclusión del estudiantado con mayores necesidades socioeconómicas. La educación, como pilar fundamental del estado de bienestar, ha sido un motor de unidad nacional y un vehículo esencial para la movilidad social.
Desde finales del siglo XIX, en Costa Rica se comprendió que la educación es estratégica y esto permitió sentar las bases de los logros que progresivamente hemos alcanzado como sociedad; sin embargo, hoy atravesamos la peor crisis educativa en los últimos 40 años, como lo han señalado el 9° Informe Estado de la Educación y el informe DFOE-CAP-05- 00001-2024 de la Contraloría General de la República titulado “Los servicios educativos del MEP ante un punto de inflexión: habilitando la transformación de cara al futuro”.
Nuestra constitución política en Costa Rica, señala que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales. (ART. 50)
Con enorme preocupación hoy observamos que el Poder Ejecutivo demuestra intención de renunciar a esas responsabilidades. Por ello, a manera de ejemplos prioritarios, señalamos distintos ámbitos de incumplimiento y sobre los cuales, la ciudadanía aquí representada, espera soluciones, que son; Seguridad y Soberanía Alimentaria, Salud Pública, Acceso a Vivienda para sectores menos favorecidos, Ambiente y Energía, Arte y Cultura, Sistema Democrático y Autonomías Institucionales, Derechos Humanos, Creación de Oportunidades, Justicia Económica y Justicia tributaria, sobre todo la educación Pública, razón principal que nos convoca esta misiva y movilización ciudadana.
Por tanto, urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la crisis educative pilar fundamental de ese Estado de Bienestar, entre las que destacan: debilitamiento de la formación docente, brechas territoriales, poca promoción de la innovación pedagógica, disminución sostenida de la inversión, brecha tecnológica, deficiencias en la evaluación de los aprendizajes, inadecuada infraestructura educativa, falta de cobertura de los programas de equidad, ausencia de universalización del curricular completo en primaria, necesidad de fortalecimiento de la educación técnica, tímida participación comunitaria, necesidad de mayor articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
La inacción del gobierno y el Ministerio de Educación Pública (MEP) con su supuesta “Ruta de la Educación”, solo ha profundizado esta crisis. La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Esta norma constitucional vigente y de cumplimiento obligatorio está respaldada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (voto 2016-12803); de lo contrario, las autoridades del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa estarían en riesgo de incurrir en el delito de desobediencia.
Los recortes presupuestarios y el debilitamiento de la inversión social promovidos por el actual gobierno son justificados por la situación fiscal del país para atender el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, el orden de asignación estratégica de los recursos públicos debería ser educación e inversión social, y luego la atención de la deuda; no al revés. En paralelo, es necesario avanzar hacia una transformación tributaria estructural que permita una reforma para generar ingresos que financien la inversión social pública y combatir la evasión y elusión fiscal.
Pese a las múltiples demandas desde diferentes sectores sociales y políticos, incluyendo la moción de censura aprobada por la Asamblea Legislativa (segunda en toda la historia nacional), la ministra Anna Katharina Müller y el señor presidente de la República continúan evadiendo su responsabilidad y atizando un conflicto que no existe con las universidades públicas y el estudiantado, en vez de liderar una respuesta proactiva y concertada a la grave crisis educativa.
En este contexto tan complejo, diversos sectores, incluyendo sectores laborales, movimiento estudiantil, universidades públicas y organizaciones sociales y productivas, hemos planteado desde junio de 2023, la necesidad urgente de un cambio de rumbo a través de un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980.
Es decir, un acuerdo nacional que una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver la actual crisis educativa. Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”, como establece el artículo 77 de la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un futuro mejor.
De lo contrario, se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles de nuestro sistema educativo, sino también perderemos productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, acrecentando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo. Es decir, hipotecar el futuro del país y especialmente el de las personas jóvenes y los sectores más vulnerables.
Transformemos esta crisis en una oportunidad para construir una sociedad más justa y equitativa, mediante un Pacto Nacional por la Educación Pública. Educación hoy, paz mañana.
- PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN Y LA AGENDA SOCIAL
El magisterio nacional, las federaciones estudiantiles, las universidades públicas, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo Social y Productivo y demás entidades que suscriben el presente documento, ante la más grave crisis educativa en los últimos 40 años, llamamos a todas las fuerzas vivas del país a concertar con urgencia un Pacto Nacional por la Educación Pública, que promueva la universalidad, pertinencia, accesibilidad y Calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y la libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social y el desarrollo humano en armonía con el ambiente. Invitamos al país a unir esfuerzos para que todos los sectores sociales y productivos, nos comprometamos con la siguiente agenda de propuestas y demandas por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:
– Lograr un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita salir de la actual crisis y fortalecer nuestro sistema educativo como pilar fundamental de la democracia costarricense.
– Alcanzar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo 78 de la Constitución Política: un 8% del PIB antes de que concluya la década.
– Avanzar hacia una transformación tributaria estructural para fortalecer la inversion social, con el fin de garantizar el financiamiento de los programas sociales, el cumplimiento del mandato constitucional para la educación pública y una major distribución del ingreso y permita al mismo tiempo atender el endeudamiento del gobierno.
– Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.
– Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.
– Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
– Reapertura de los más de 1.000 centros educativos cerrados por orden sanitaria o técnica.
– Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.
– Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.
– Crear la red nacional de conectividad educativa.
– Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas, velando por el uso idóneo de sus recursos a fin de mejorar la capacidad de los comedores escolares, los servicios de transporte y las becas estudiantiles.
– Aprovechar las proyecciones demográficas para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
– Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.
– Alcanzar un descongelamiento salarial del sector público que mejore la calidad y gestión educativa.
– Generar un acuerdo de negociación quinquenal que fije metas para progresivamente cumplir con el 1,5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior.
– Liberar la inversión en educación pública de la regla fiscal.
– La formación inicial y continua que reciben las personas docentes es deficiente, ya que no se corresponde con las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente. Por lo tanto, es fundamental, que se brinde al personal docente una formación inicial y continua que responda a las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente, así como la implementación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo y su entorno.
– Comprender que invertir en educación es también invertir en democracia, trabajo digno, inclusión social, derechos humanos, salud integral, equilibrio con la naturaleza, fortalecimiento de la institucionalidad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos de calidad y todos los demás componentes de nuestra agenda social.
En cuanto a La Agenda Social, esta es un reflejo de las disconformidades locales, ciudadanas, gremiales, sectoriales, generacionales, de género y etnia, a propósito de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las cuales se han venido acrecentando en el tiempo e impactando claramente en el debilitamiento del Estado y sus normas.
Manifestándose de forma directa sobre las instituciones públicas y autónomas, sobre este punto queremos manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento sobre los Derechos Humanos o bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se hace necesaria y urgente, la defensa de la institucionalidad pública, la autonomía y la construcción de alianzas sociales para procurar el bien común sobre las necesidades sectoriales y locales como: la defensa del agua y el saneamiento, la lucha por la Seguridad y Soberanía alimentaria, el resguardo del modelo nacional energético sostenible, la defensa de la Naturaleza y sus defensores ambientales; la seguridad y estabilidad de nuestros servicios públicos para la población y el desarrollo nacional.
Además de atender responsablemente la salud, seguridad y previsión social; sin dejar de lado una de la crisis más importante actualmente como es la Seguridad Ciudadana en todo nuestro territorio.
Como anexo al presente documento, se incluye el conjunto de propuestas y demandas sectoriales complementarias por parte de las múltiples organizaciones impulsoras de este proceso, así como resultados de lo acumulado a nivel de participación ciudadana y diálogo en el marco del Pacto por la Educación, desde el 2023.
- HACIA EL PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN
Para lograr consensos mínimos en torno a cómo resolver la actual crisis educativa es necesario contar con voluntad política al más alto nivel; es decir, en el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, solicitamos la presentación de una moción de respaldo del plenario de la Asamblea Legislativa al Pacto Nacional por la Educación Pública.
Proponemos crear un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión y aprobación del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con la intención de aportar los insumos necesarios para velar por adecuado el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia constitucional que rige la inversión en educación.
Además, lanzaremos una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas dirigidas a atender diferentes manifestaciones de la crisis educativa. Pueden ser propuestas de alcance comunitario, local, regional o nacional; así como propuestas concretas o de carácter más estructural. Estas propuestas, así como otras elaboradas previamente por sectores sociales y productivos, se analizarán y sistematizarán para ser la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la redacción y aprobación del
Pacto Nacional por la Educación Pública.
Este pacto tendrá como base un documento detallado que incluirá un inventario de estrategias, herramientas, acciones y buenas prácticas para enfrentar la crisis educativa. Cada acción estará claramente definida, con responsables asignados, plazos específicos y los recursos necesarios para su implementación. El pacto servirá como hoja de ruta para guiar los esfuerzos conjuntos en la mejora del sistema educativo en su conjunto.
En síntesis, como organizaciones y liderazgos firmantes, buscamos convertir la actual crisis en una oportunidad para catalizar un cambio profundo para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades y una transformación tributaria justa que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica. Educación hoy, paz mañana.
Para los efectos que correspondan, por favor contactar al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com /rectoria@itcr.ac.cr o al teléfono 8400-3435.
Atentamente,
Liderazgos y organizaciones firmantes adjuntas a este documento.
Cc.
Sra. Anna Katharina Müller Castro, Ministra de Educación Pública.
Sr. Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda.
Sra. Marta Zúñiga Acosta, Contralora General de la República.
Sra. Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.
Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
