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Etiqueta: pacto social

La urgencia democrática del dialogo social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.

La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”

No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.

Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.

No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.

La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.

Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.

Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.

 Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.

En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.

En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.

El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.

En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.

En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).

No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.

Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.

No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.

 Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.

La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.

No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.

El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.

En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].

La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”

El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.

En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.

En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.

En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.

El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.

18/07/2020

¡No estamos solos!

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Carlos Campos Rojas

Después de la intervención en cadena nacional del Presidente, el pasado domingo 12 de julio y de seguro en las que vendrán, quedamos informados que sería él, quien definiría los actores válidos para establecer la salida a la peor crisis que hemos vivido desde los años 80.

De la manera más grosera, dejó claro que la ciudadanía –la que carece de privilegios indecentes, pero que paga para que existan, no tiene espacio en participar en la toma de decisiones, en uno de los momentos más dramáticos de la reciente historia costarricense.

Tenemos que reconocerle su coherencia, nunca ha tomado en cuenta la ciudadanía y no tenía por qué hacerlo ahora, pues todavía recuerda que él llegó a palacio, sin haber ganado ningún proceso electoral, pues en el primer round lo destrozó Fabricio Alvarado y en el segundo fue un plebiscito entre la Virgen de los Ángeles y Rony Chávez –el mesías de Fabricio-, donde terminó llevándose el Diablo a Rony y una campaña donde una gran verdad se exponía y era que Fabricio no tenía equipo para gobernar, a la par de una gran mentira, que Carlos Alvarado sí lo tenía, pues de los que nos presentó, ninguno –salvo su esposa, que ahora camina sobre rieles-, quedaron.

Lo cierto es que el sufragio – que no es votar, ni tampoco andar detrás de partidos-, fue destrozado, violentando el mandato de nuestro Art. 9 Constitucional. Así, la corrupción y la impunidad, impulsadas por la mafia política, lograban una victoria sin precedentes. El presidente llegaba al altar de la Patria, de la mano de su Horizonte Positivo y una estrategia precisa. Eran viejos conocidos, los “progres” lo sabían, lo importante era el botín, no le debían nada a este pueblo, era el momento de deshacerse de ese andamio.

Las organizaciones sociales, destrozadas como dice Kathya Benavides, por el “síndrome de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño”, es decir, la carnicería interna por lograr el título de “representante negociador”, terminó liquidándolas de una vez por todas, en la lucha heroica del 2018 contra el Plan Fiscal, donde demostraron que no sabían, ni estaban preparadas para conducir este pueblo a algún puerto, que no fuera defender sus prerrogativas.

Queda la ciudadanía, la persona ciudadana. La que nunca ha sido tomada en cuenta. La que han visto por debajo del hombro. La que consideran domesticada y manipulable. La que fue educada en el clientelismo político por los gobiernos anteriores y los partidos políticos, para que se venda por prebendas o se someta al poder que esos políticos inescrupulosos usurparon y que solo le pertenece a la ciudadanía, todo a cambio de un voto. La que se acostumbraron a usar como un despojo humano.

Tatica Dios, como decía nuestra querida Carmen Lyra, sabe hacer las cosas. Esta emergencia nacional del Covid, ha servido para desnudar la realidad nacional y de qué lado está cada uno. Donde están ellos y la mafia política y dónde estamos nosotros.

A ellos los une la riqueza que nos pertenece y que se la apropiaron, así como hacerse pasar como nuestros representantes legítimos para entregar el país y nuestras mejores instituciones (la Caja, el ICE, etc.). Consecuentes con el comportamiento de un régimen impopular, que busca en los bolsillos y sobre la espalda del Pueblo, tapar la torta económica del saqueo. Negándose a la transparencia y a rendir cuentas, como lo establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

A nosotros nos une la pobreza y la angustia que queda después del saqueo. Nos despojaron de nuestras Pymes, de nuestros empleos, de nuestros salarios, de la riqueza que producían empresarios decentes que no eran parte del régimen ni de la facción que toma las decisiones en palacio, pero que tienen en sus loncheras suficiente comida.

Si no entendíamos la horrible sensación de ser víctimas de una violación, ahora la estamos viviendo en carne propia.

Somos rehenes políticos de una facción que no dio la talla para administrar el país.

La emergencia nacional nos obliga a actuar. Debemos asumir en manos de la ciudadanía, lo que corresponde hacer, debemos representarnos a nosotros mismos.

Primero, lo que desprecian y rehúyen en palacio, NOS TIENE QUE UNIR EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y LA CAPACIDAD DE PROPUESTA, siendo tolerantes con los disensos, para construir consensos.

Apropiarnos de nuestro entorno, organizarnos calle a calle, barrio a barrio, imponernos las medidas de protección correspondientes y poner a trabajar la economía nacional. Asumiendo la responsabilidad y el deber que no ha podido la institucionalidad. Asegurar el bienestar de nuestras familias. Tomar en nuestras manos las decisiones que políticos sin agallas, no toman en muchas de nuestras municipalidades.

Dependemos de nosotros mismos, del deber, de nuestra responsabilidad, de nuestra dignidad, de nuestros conocimientos y saberes que son muchos, al igual que nuestra riqueza, porque sin ella este país no funcionaría.

No hagamos caso a golpes de estado, “videos filtrados”, ni otras fechorías, que impulsa la mafia política, con su propia prensa, para seguir en sus gollerías y distraernos. Hay que deshacerse del miedo al que nos han arrinconado y del falso confort de las redes sociales.

Es el momento de la paz, del encuentro, de hacer uso de la autoridad constitucional que nos da el Poder suficiente para poner en orden este desorden, para eso somos El Soberano, así lo estipula nuestra Constitución Política, en su Artículo 9.

Tenemos lo necesario, pongámonos a caminar, establezcamos entre personas ciudadanas, empresarios decentes y personas funcionarias honorables, las acciones de inmediato.

Solo así se construirá el nuevo Pacto Social, solo así recuperaremos nuestro país, no ocupamos a los mismos de siempre.

¡ESTAMOS NOSOTROS!

19 de julio de 2020

Una dictadura en democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.

Un depredador de la norma superior

Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.

En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.[4]

Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.

La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.[5]

Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).

La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.

Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.

Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.

En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!

El convidado de piedra

A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.

El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.[8]

Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».

Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.

La hora que os anuncié

Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».

Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.[12]

[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.

[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr

[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.

[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.

[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com

[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.

[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.

[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.

[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.

[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.

[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.

[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»

Imagen aportada por el autor.

La carreta delante de los bueyes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

“Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (Carlos Alvarado, 4 de mayo de 2020)

Un llamado a la unión, que reconoce la pluralidad, que se compromete con la renovación de nuestro Pacto Social y la defensa del Estado Social de Derecho. Este esfuerzo común definirá el derrotero del desarrollo nacional, que deberá ser incluyente, progresista modernizante.

A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS. Se trata de aprovechar la crisis para salir robustecidos como país, como sociedad. La Reforma Social del siglo pasado se gestó y negoció en medio de la crisis económica provocada por la Segunda Guerra Mundial. El Pacto Social que nos ha guiado terminó de suscribirse con la fundación de la Segunda República, que retomó aquella Reforma y profundizó en muchos otros campos que trajeron bienestar. Fueron respuestas a los acomodos económicos, sociales y políticos que se vivieron.

EL CONVENIO CON EL FMI. Yo mismo insistí en que había que “pedir ficha” rápido con el Fondo. Y nos dieron un préstamo de cerca de US$500 millones para atender la emergencia. El 18 de abril en este mismo espacio, a propósito de esa primera transacción decía: “Hay que hacer una buena negociación con el Fondo… Por eso, guardarse espacios hoy para lo que viene, es fundamental. Que no se pretenda dejar amarrado el futuro del país.”

Los primeros informes fueron que ese préstamo no tenía condiciones. Un exministro habló que éramos soberanos. Poco a poco nos fuimos enterando que los negociadores sí habían hecho ofertas: vender activos, aumentar impuestos, bajar gastos. (Extraído de un reporte que hace el FMI). Luego las autoridades empiezan a decir y a desdecirse. Esto crea un espacio para que aparezcan las voces que anuncian que vienen desde “ajustes dolorosos”, “ajustes a la fuerza”; (otros antes habían recetado “patadas”) hasta los que dicen que el FMI dictará la hoja de ruta. ¡Estos son otros cien pesos!

CON EL FMI SE NEGOCIA. Igual que una compañía, cuando va a un banco a negociar una restructuración financiera, quiere demostrarles que conoce bien su actividad, que sabe por dónde crecerá, presenta un rediseño administrativo y estratégico del negocio, en fin, muestra que está en control de la empresa, una cosa parecida tiene que hacer el país antes de sentarse con el FMI. Esa definición de la Costa Rica del largo plazo es la que debemos diseñar con el nuevo Pacto Social. Cuanto más rápido actuemos, más rápido evitaremos la crisis social que se está gestando. Si no lo hacemos pronto, nos corremos el riesgo que esos vacíos en las definiciones sean llenados por los que tienen más fuerza, más influencia, más apoyos mediáticos, o más poder político.

Un acuerdo nacional incluye reformas en lo productivo, lo social, lo financiero, la administración del Estado, las cuentas fiscales, lo monetario, los aportes sectoriales, la educación del futuro, en fin, es una visión amplia y compartida de los próximos 25 años o más. Debe incluir también, la definición de un nuevo Pacto Fiscal, donde se repartan las cargas y beneficios del Acuerdo Nacional.

Esto es lo que hay que preparar antes de ir al Fondo. De otra forma, nos arriesgamos a que unos cuantos, negociando con el Fondo, nos impongan su visión. Se perdería la oportunidad de oro de relanzar a Costa Rica. Ya el Ministro de Hacienda anunció en la Asamblea que en 4 semanas estaremos negociando con el FMI. Y ahí se estaría comprometiendo el futuro. Si se firma primero con el FMI, ¿qué acuerdo nacional habría después? ¿Amarrado?

CONCLUYO. Costa Rica ha sido reconocida por su manejo de la crisis sanitaria. Daríamos otro ejemplo si tenemos la capacidad de construir un acuerdo nacional para enfrentar los retos del desarrollo, en medio de la pandemia. Hasta ahora el Ejecutivo no ha dado el paso, ¿qué espera la Asamblea que esta semana ha andado activa poniendo condiciones?

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog https://notasaltema.blogspot.com/

Compromiso del presidente: renovar el pacto social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Del discurso del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa voy a concentrarme en un solo punto, que considero es el compromiso fundamental que asumió ante la ciudadanía: su palabra para renovar el Pacto Social y robustecer el Estado Social de Derecho. Visión correcta: la reconstrucción nacional será de tal magnitud, que exigirá el compromiso de todos y el sacrificio compartido.

Lo cito: “Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (4 de mayo de 2020)

Reconoce que ante estos desafíos nacionales debemos tomar en cuenta al menos:

a-   Renovar el Pacto Social. Éste marcará el derrotero hacia el desarrollo nacional, incluyente, progresista, modernizante.

b-   Defender del Estado Social de Derecho, modernizándolo. Y, sobre todo, robusteciéndolo.

c-    Incluir la pluralidad que conforma nuestra Nación: distintos enfoques, distintas propuestas, distintas realidades.

En consecuencia, la representación en el proceso debe ser múltiple. El país no le pertenece a un solo grupo; la visión que surja deberá ser diversa e incluyente.

Una convocatoria de esta magnitud no puede pasar inadvertida, ni quedar solo en el papel. Mientras se van atendiendo los problemas de corto plazo, el Presidente debe tener a su equipo sobre la mesa de trabajo, dibujando las pautas de este proceso, de esta convocatoria nacional.

En este momento, día a día, el Ejecutivo, la Asamblea, los bancos, los empresarios, los trabajadores, todos los estamentos sociales van tomando decisiones. Esto dejará en su momento unas cuentas en el balance que habrá que cuantificar en detalle, y habrá que empezar a saldar.

Ese balance reflejará caída y destrucción de riqueza y producción, mayor desempleo, aumento en el subempleo, desbalances regionales, ruptura de cadenas productivas, pobreza, marginación, eventualmente tensiones sociales nuevas. Enseñará, al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fortalezas a desarrollar.

En esta ruta, es necesario conocer con claridad a qué se ha comprometido el Gobierno, con los bancos que están financiando sus necesidades de flujo de caja y, sobre todo, con el FMI.

En un principio, las autoridades dijeron que no había condicionamientos; después han ido dando otro tipo de señales. Desde decir que los documentos con el FMI son públicos, y que vayamos a estudiarlos, hasta la carta que dio el Ministro de Hacienda este miércoles donde aclara preguntas sobre los créditos, pero adelanta medidas sobre lo que llama “reformas estructurales”, que incluyen una ley de empleo público, una ley de venta de activos públicos y una ley de órganos desconcentrados, entre otras. Pero, ¡ojo!, precisamente, el nuevo pacto tendrá que definir cuáles son las reformas estructurales sobre las que refundaremos la República. ¡Que no se ponga la carreta delante de los bueyes!, pues el proceso puede arrancar deslegitimado.

La emergencia nacional no quita la necesidad de la comunicación oportuna y las propuestas económicas las han venido dando a cuenta gotas. Y debe ser claro que ese proceder no ayuda al clima para la renovación del Pacto Social. Que sea sólido, exige información clara y a tiempo.

EN CONCLUSIÓN: Articular todos los esfuerzos para impulsar el nuevo desarrollo exige tomarle la palabra al Presidente en su llamado. Sin mezquindades; sin cálculos políticos, con espíritu constructivo, reconociéndole que atinó en su propuesta.  ¡Manos a la obra! ¡Convoque cuanto antes D. Carlos!

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog http://notasaltema.blogspot.com

El COVID-19 y las tareas ciudadanas dentro del mandato constitucional

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Carlos Campos Rojas

Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.

El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.

La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.

De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.

Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.

Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.

La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.

Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.

La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.

Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.

Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.

Durante y después del coronavirus

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal, abogado.

A estas alturas del desarrollo de la crisis sanitaria que estamos atravesando resulta claro que las políticas neoliberales han explotado y resultado ineficientes: la austeridad, la regla fiscal, el déficit fiscal y la política fiscal se han ido al carajo. Los dos ejes centrales de la economía neoliberal, tanto la reducción de los programas e instituciones sociales como los impuestos regresivos no han resistido el embate de la crisis actual. Al cajón de los recuerdos habrá que enviar a nuestros “sabios” economistas junto con la Contralora, corifeos y directores del coro neoliberal.

El Gobierno debe salir a apoyar a los trabajadores y trabajadoras con una renta que compense la reducción salarial, apoyar a los pequeños y medianos propietarios, así como a los trabajadores independientes. Tendrá que echar mano de todos los fondos necesarios, sin pensar en déficit fiscales.

Resulta también evidente que vamos a necesitar de una nueva concepción económica o de una nueva economía para salir de lo que nos dejará el coronavirus

Una sociedad más empobrecida, mayor pobreza y salarios disminuidos; instituciones sociales púbicas deprimidas por el esfuerzo y gasto, un déficit fiscal muy grande y una producción económica muy disminuida también.

Será necesario un nuevo pacto social entre el capital y el trabajo, entre gobernantes y gobernados.

Imposible será cargar sobre las espaldas de los trabajadores (as) el costo de la recuperación económica Será necesario que sean los sectores empresariales más poderosos los que aporten vía cargas impositivas el costo de elevar la producción.

La deuda pública, íntimamente ligada al déficit fiscal, no podrá pagarse. Este dilema será universal, puesto en los siguientes términos: o pagamos la deuda o comemos. Tendrá que posponerse su pago a muy largo plazo sin intereses y sin multas.

Los salarios de los trabajadores (as) deberán recuperar rápidamente su monto y mantener una política de salarios crecientes por los próximos años.

Resultaría increíble que se siga manteniendo un régimen de privilegio tributario en un amplio sector de la economía, mientras la mayoría pasa por penurias económicas y sociales.

Las instituciones públicas y los servicios públicos deberán recuperar su poder financiero con el apoyo del Gobierno.

Es necesario, tanto en tiempos de crisis como de recuperación, de una nueva política, innovadora, creativa, que recupere y supere rápidamente los niveles sociales y económicos del pueblo trabajador. Pero para ello se hace necesario un nuevo pacto social.