En el programa de La Mesa Redonda el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz brindó una clara explicación sobre la compleja situación política en Venezuela, Guatemala y Panamá. Durante su intervención destacó las condiciones políticas desafiantes en relación con los procesos y garantías electorales que afectan en diversos aspectos a la población como en control de territorio, pobreza, marginación, y sobre todo a la democracia. Además de la existencia de casos de corrupción en el gobierno, como en el caso del contrato abusivo para la minería de cobre en Panamá.
La participación de Vladimir de la Cruz en el programa proporcionó una perspectiva sobre los desafíos políticos y sociales que enfrentan estos países.
La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) se ha unido al clamor de la Iglesia en Panamá, quien en cabeza de monseñor Rafael Valdivieso, obispo de Chitré y presidente de la Conferencia Episcopal de y Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de Colón – Kuna Yala y secretario general, han planteado cara al proyecto Proyecto de Ley 1100 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, que permitiría la explotación por 40 años.
Por eso la Remam en este país – constituida por más de 20 organizaciones eclesiales – quiere dejar claro su rechazo “a la aprobación del contrato minero por la Asamblea”, de hecho, “en ocasiones anteriores hemos expresado claramente por qué la destrucción desenfrenada de la Corredor Biológico Mesoamericano y de las comunidades no es el camino que nuestro país debe tomar si auténticamente quiere construir una sociedad de paz, florecimiento humano y armonía con la creación con la que Dios nos ha bendecido”.
Echan mano de la recién publicada exhortación apostólica Laudate Deum, en la que el Papa Francisco afirma que “la verdadera fe en un Dios Creador nos llama a responder con valentía, reconociendo que “la fe auténtica no sólo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado”.
Por consiguiente, reconociendo nuestra responsabilidad de denunciar la funesta destrucción de nuestra Casa Común y de acompañar a todos aquellos que justamente defienden sus vidas y territorios, “tenemos que pronunciarnos ante esta aprobación apresurada del contrato minero”.
“Rechazamos y consideramos contraria a la ética profesional la forma acelerada como el gobierno panameño y la asamblea de diputados han manejado la aprobación del contrato minero, no se han escuchado los distintos sectores de la sociedad como indica nuestra normativa y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú”, añadieron.
Impactos socioambientales
Para las organizaciones de Reman es un precio “muy alto” que el país “va a pagar comparado con las migajas que vamos a recibir”, toda vez que han advertido que “este método de actuar puede producir efectos impredecibles para la débil institucionalidad del país y su impacto directo en la vida socioambiental que desarrollan nuestras comunidades”.
Han desaprobado “la violencia desproporcionada con la cual intervino la policía contra los manifestantes” este 20 de octubre cuando “acompañados por nuestros obispos, nos manifestábamos pacíficamente, ejerciendo nuestro derecho ciudadano”.
“También rechazamos la descalificación absurda hecha por algunos periodistas contra el pueblo de Dios y en particular, los señores obispos, tratándonos como terroristas”, añadieron. Por tanto, insisten que el Gobierno “no sancione esta ley por todas las consecuencias que ya se han explicado, empezando por su inconstitucionalidad y por el rechazo de gran mayoría de la población”. De hacerlo – advierten – “se cometería un gravísimo error y se traicionaría el futuro de nuestro país”.
La invitación a toda la comunidad creyente y personas de buena voluntad es “a discernir, a la luz de los valores cristianos y del Evangelio, a conocer y pronunciarse sobre los peligros que hay para la salud, ecosistemas y sostenibilidad económica y social al convertir a Panamá en un país extractivista”.
Desde julio último arreciaron las manifestaciones contra el gobierno ante su tentativa de prorrogar el contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Gerardo Iglesias
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el 1 julio a la Asamblea Nacional con bombos y platillos la firma de un nuevo contrato con Minera Panamá. “Hemos logrado un acuerdo justo”, dijo.
Como bien manifestó Alejandro Jhon, secretario general de la FUCLAT, “un acuerdo justo”, para Cortizo, es permitir a la “First Quantum Minerals seguir haciendo de las suyas perpetuamente”.
El movimiento estudiantil, pueblos originarios, sectores del movimiento obrero (sectores, porque no todos entienden lo que está en juego o no les importa) y grupos ambientalistas hicieron sentir su descontento y rechazo al contrato minero entre la citada transnacional y el Estado panameño.
A fines de setiembre la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió archivar el debate sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Como la mano venía torcida, Minera Panamá incrementó su arsenal mediático y de cabildeo. La respuesta del Congreso no se hizo esperar, y el viernes 20 aprobó la ley 406 que habilita la explotación minera.
Esa misma noche, con prisa y sin pausa, haciendo alarde de una velocidad supersónica, Presidencia de la República la sancionó.
Cabe recordar que en 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de explotación original. ¡Nada importa!
Nuevas protestas y mayor represión
En Panamá la indignación no se oculta, ni perdona. “El solar de los aburridos”, puede transformarse sin apremios en una barricada popular. Trátase, el panameño, de un pueblo tranquilo de pabilo corto, rumbero y beligerante.
El presidente Cortizo, desde la cúspide de su arrogancia y desprecio republicano, sabiendo el desenlace hizo un llamado “a la cordura, a respetar las leyes, la propiedad privada y pública” (y transnacional, agregamos nosotros).
Desde el sábado 21, movilizaciones, piquetes y cortes de rutas se dieron cita en todo el país y la represión no se hizo esperar.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizado (ANADEPO), que la FUCLAT integra, nos informa que hay un número importante de personas detenidas y varios heridos, algunos de gravedad.
Las organizaciones en plan de lucha informan oficiosamente la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de emergencia.
Preocupante situación, donde los limites de la naturaleza, el ambiente y la salud pública, junto a la soberanía nacional, son violentados por la aplanadora de la corrupción y el capital transnacional —también corrupto— made in Canadá.
Panamá ratificó el Convenio N° 190 de la OIT, acerca de la violencia y acoso en el trabajo.
Panamá es el 21 país de la OIT que ratifica este convenio y el noveno de América Latina.
En muchas cosas nos está dando ejemplo.
Mientras tanto, la derechista Asamblea Legislativa de Costa Rica se decanta por un famélico proyecto de acoso laboral, construido en los astilleros de UCCAEP.
El proyecto de acoso laboral es una trampa de las patronales.
Hay que exigir la ratificación del Convenio 190 de la OIT.
SURCOS comparte la Carta Socioeconómica número 18 de la Fundación del Trabajo de Panamá. En esta ocasión el enfoque de análisis es el mercado laboral de ese país en el primer trimestre de 2022. Agradecemos al consultor en Educación Sindical Gerardo Castillo el envío del documento.
En la introducción se señala:
La presente Carta Socioeconómica se dedica a un balance de los principales cambios de la situación del empleo en Panamá entre octubre de 2021 y abril de 2022, con base en las encuestas del Instituto de Estadística y Censos.
El desempeño económico y laboral durante el período de las encuestas ofrece signos positivos en el camino hacia la situación previa al inicio de la pandemia sanitaria. La dinámica del crecimiento en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 conllevaron a un aumento de la ocupación total del país, en torno a 100 mil empleos.
Los avances hacia la recuperación también se reflejan en una caída en el número de desempleados (-18,827) y en la tasa de desempleo total que pasó de 11.3% a 9.9% en abril de 2022. Las mujeres y los jóvenes siguen pagando los mayores costos de la coyuntura adversa, aún en la fase de recuperación.
El sector privado hizo un aporte significativo en este período generando 63 de cada 100 nuevos empleos, lo cual es un avance hacia el nivel de empleo registrado en agosto de 2019, con un déficit pendiente en torno a los 80 mil empleos aún no recuperados en la empresa privada.
Sin embargo, prosigue un deterioro en la calidad del empleo, en tanto 55 de cada 100 nuevos ocupados sólo acceden a un empleo informal; y el grueso de ellos (81%) se concentran en el sector informal, donde operan principalmente trabajadores independientes y emprendedores de micronegocios.
Panamá sigue enfrentando el gran desafío de lograr una recuperación económica con inclusión laboral y social. Los lideres de las organizaciones empresariales y sindicales tienen una responsabilidad prioritaria para concertar las medidas necesarias en la línea de minimizar los factores desencadenantes de una crisis social generalizada.
Esto requiere potenciar la productividad y asegurar un trabajo decente para una vida digna y exige de políticas integrales para la creación de empleos de calidad y para desarrollar el talento humano. Los sectores productivos siguen esperando el avance institucional hacia un sistema de formación dual y por competencias que permita aprovechar las oportunidades de empleo en un mundo de grandes cambios tecnológicos y de un mercado globalizado.
La visión estratégica de la FUNTRAB es contribuir a un Panamá con relaciones laborales equitativas y justas, basadas en el cumplimiento de la ley, fundadas en la responsabilidad social y el compromiso de los trabajadores y empresarios por una cultura renovada de productividad y un reparto justo de sus beneficios.
Empresarios y trabajadores deben avanzar hacia la construcción de esta imagen objetivo, con la autonomía que les otorga su condición de fuerzas productivas de la economía y la sociedad.
Panamá, un eslabón más en la cadena del capitalismo globalizado y en crisis
La explosión social que estremeció Panamá, en julio de 2022, además de la acumulación histórica de un modelo económico capitalista neoliberal y dependiente, viene acicateada como resultado de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos títeres de la Unión Europea y la OTAN que, para sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania, han impuesto restricciones a sus exportaciones de gas y petróleo que han llevado al alza de los precios de estos productos a nivel mundial.
Lo que supuestamente debía llevar a Rusia al colapso económico, político y militar, se le devuelve al presidente Biden como un bumerang que le golpea y desestabiliza la parte del mundo que controla. Es lo que el filósofo Hegel llamaba la “astucia de la historia”, y que el argentino Nahuel Moreno llamaba la “ley del bombero loco”, que pretendía apagar un fuego echando gasolina, con lo que empeoraba la situación. Cuando la situación económica y política está madura para un cambio de época, la crisis de lo viejo sale por las vías más insospechadas y todo lo que haga por preservar el viejo orden se vuelve en contra.
Claramente a esa crisis del capitalismo neoliberal y decadente del siglo XXI responde lo que acaba de acontecer en Panamá. Aunque el gobierno logre zafar de esta situación cediendo en la rebaja de la gasolina, lo cual ya ha acordado con la dirigencia sindical, lo cual es, sin duda un triunfo del movimiento popular, pero es un triunfo parcial y momentáneo, porque el problema de fondo sigue ahí.
La explosión social panameña es parte de un proceso de conjunto, mundial, pero especialmente latinoamericano, pues estuvo recientemente precedida por la movilización indígena encabezada por la CONAIE en Ecuador (los reclamos eran similares), y por el triunfo político de Gustavo Petro en Colombia. Nuestros pueblos buscan una salida y van construyendo poco a poco otro mundo posible.
Compartimos el documento para su lectura completa:
Como hemos conocido por algunas noticias en la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, en Panamá ha habido grandes protestas sociales encabezadas por el gremio de los maestros, los sindicatos de la construcción, grupos estudiantiles, indígenas y sectores de productores agrícolas nacionales.
Luego de décadas de políticas fiscales que favorecen a los grandes empresarios evasores, de la existencia de oligopolios que se benefician con el aumento de los productos agrícolas, de estancamiento de los salarios, de encarecimiento de la vida, y de las conocidas políticas neoliberales de los distintos gobiernos que se han alternado; el pueblo panameño se ha lanzado a la calle para defender su derecho a una vida digna, en un país en donde se ha venido dando una fuerte polarización social, y una creciente desigualdad entre la población.
Desde el Movimiento de Asambleas Populares queremos solidarizarnos con esta lucha justa y necesaria del pueblo panameño, y a su vez, creemos obligatorio resaltar que el camino de la lucha y la unidad del pueblo es lo que garantiza la defensa de los derechos básicos a la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo y salarios dignos.
El pasado 29 de julio, este grupo convocó a una manifestación frente a la Embajada de Panamá en Costa Rica, con el fin de acuerpar la lucha del pueblo panameño.
Se adjunta imagen de la convocatoria y reflexión por parte del Movimiento Asambleas Populares.
En 10 días y noches continuas de negociación, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados y el Bastión del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesina, lograron consensos en los primeros 4 puntos de la agenda con el Gobierno Nacional:
Rebaja y congelamiento de la canasta básica de alimentos sin afectar al productor: se logró que el Gobierno aceptara rebajar 30% del costo de la canasta básica, con mecanismos para proteger al pequeño y mediano productor.
Rebaja y congelamiento del precio del combustible: el Gobierno aceptó facilitar el acceso al combustible subsidiado para todos los vehículos y maquinarias, excepto yates y embarcaciones de lujo. Y se comprometió a fiscalizar mejor la variación de los precios internacionales del combustible.
Rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud sin privatizar: el Gobierno se comprometió a crear los mecanismos para realizar compras directas a nivel internacional, con Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, para evitar el desabastecimiento. Así mismo, acordó establecer precios topes para 150 medicamentos incluidos en la Canasta Básica.
Cumplimiento de la Ley 47 que establece 6% del PIB para educación: El Gobierno aceptó destinar 5.5% del presupuesto nacional para la educación en el año 2023 y el 6% para el 2024, dirigido prioritariamente a mejorar las infraestructuras de las escuelas, erradicar las escuelas ranchos, abrir los comedores escolares y equipar a todos los laboratorios en las escuelas.
Es importanterecordar que el cumplimiento de todos los acuerdos es responsabilidad del Ejecutivo. Sobre todo, ante las amenazas de desaparecer las medicinas del mercado nacional y de no aceptar los acuerdos, lanzadas por los empresarios. En este sentido, es preocupante la posición del Gobierno frente a la ausencia de controles a los oligopolios que importan y venden las medicinas en Panamá, manejadas a su antojo por 5 grupos empresariales claramente identificados.
En cada uno de estos puntos, hay temas en los que el Gobierno no ha aceptado las propuestas. Especialmente sobre los márgenes de ganancia de las empresas. Este es el problema real que genera las grandes desigualdades y precariedades en la población. Esta discusión no ha terminado. Pero, se requiere de la participación de toda la población, para poder generar los cambios duraderos en la economía que permitan ganar calidad de vida y justicia social.
Por último, las alianzas populares y el Gobierno aprobaron un receso hasta este miércoles 3 de agosto, cuando reiniciará la mesa con la discusión de los 4 puntos pendientes: rebaja del precio de la energía, Caja del Seguro Social, corrupción y transparencia y la mesa de seguimiento a los acuerdos.
Panamá, 31 de julio de 2022.
Compartido con SURCOS por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical.
Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista
Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.
Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.
Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.
Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.
Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.
