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Etiqueta: pandemia

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Protección social de la población informal: Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Por Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea, Investigadores Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford

La encrucijada

Costa Rica corre el riesgo de tirar por la borda gran parte del éxito en política social que le convirtió en un país especial, seguro, de paz y capaz de atraer inversión en áreas como el turismo o la tecnología de punta. En nombre de acabar con la informalidad, propuestas cortoplacistas plantean eliminar impuestos a la planilla y arriesgan, así, acabar con programas sociales sin que haya evidencia de que ello vaya a mejorar la formalidad del empleo.

El país puede hoy desarmar o rearmar el pacto social que dio origen a su estado social. Para cuidar y mejorar lo que tenemos necesitamos, primero, identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Segundo, debemos mejorar la calidad del gasto de la Caja dirigido a servicios de salud y protección de la vejez. Tercero, necesitamos retomar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral.

El problema de política pública

Ante los retos económicos y laborales creados por la pandemia, voces diversas demandan una reducción del impuesto a la planilla. Se plantea, por ejemplo, eliminar el 7% de este impuesto que actualmente se destina a FODESAF, IMAS e INA con la excusa de que con ello se reducirá la informalidad laboral. Este análisis parte de un supuesto —no sustentado— de que el problema de las empresas es de regulación e impuestos más que de baja productividad.

Lo peor es que esta propuesta ignora el acuerdo fundamental en el que se funda el éxito social costarricense. La históricamente baja recaudación de impuestos generales fue hasta ahora compensada con altos aportes vinculados a la planilla laboral.  En 2019, sin impuesto a la planilla, la recaudación de 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) era 3 puntos porcentuales menor que en El Salvador, un país con una política social débil y poco extendida. Con el impuesto a la planilla la recaudación aumentaba en 7 puntos porcentuales.

Parte de esas contribuciones se usaron para financiar programas no contributivos como capacitación, centros de cuido, comedores escolares, becas y uniformes escolares, seguros no contributivos de salud y pensiones, y una larga lista de acciones financiadas desde FODESAF, IMAS e INA.  Este diseño tuvo tres virtudes: compensó la ausencia de un impuesto a la riqueza y de un impuesto de renta que funcione; dio estabilidad al financiamiento; y vinculó a la población formal con aquella laboral y socialmente excluida —informales y población sin trabajo remunerado, principalmente mujeres dedicadas al trabajo de cuidados.

Este financiamiento fue la expresión de un pacto social que le permitió a Costa Rica tener uno de los mejores estados sociales del sur global.

Ciertamente, el modelo se expandió en un escenario de creciente empleo formal que desde los años 80 ya no existe. Hoy Costa Rica tiene casi la mitad de su fuerza laboral en malos empleos, informales. Además, el sector productivo más dinámico tiene empresas que informalizan su producción para reducir costos. Otras muchas empresas enfrentan costos altos en el marco de baja productividad.

Sin embargo, tratar de solucionar este problema mediante la mera reducción del impuesto a la planilla sería un error histórico: acabaríamos con una informalidad similar, pero con menor redistribución.

Soluciones

Si se tratara de re-armar este pacto social, se requiere de tres principales medidas.

La primera es identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Ello permitiría eliminar luego esos costos del impuesto actual a la planilla laboral. Al reemplazar esta fuente de financiamiento es preciso reforzar la solidaridad social, identificando impuestos acordes con la alta concentración de la riqueza existente en el país. Necesitaríamos tributos progresivos para garantizar el financiamiento adecuado y posiblemente creciente de estos programas. Tengamos presente, por ejemplo, que Costa Rica carece de un impuesto al patrimonio que equivale al 8,3% del PIB en los países de la OCDE. Por supuesto que ayudaría muchísimo contar con renta global y mundial que traslade a la política social parte del dinero que hoy va a paraísos fiscales.

Dado que representa dos terceras parte de toda la inversión social, lo segundo es mejorar la gestión de la Caja. Es urgente entender y resolver de forma gradual, pero firme, estos problemas para darle tranquilidad y seguridad a la población en dos asuntos fundamentales como son la salud y la protección de la vejez. Ello evitará, además, que pronto se ponga en cuestión el papel de la propia Caja y su forma de financiación.

Lo tercero, urgente, es priorizar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral por la vía de apoyar a las empresas, en su mayoría micro, que generan el grueso del empleo nacional. Ello requiere promoción de sectores en la frontera tecnológica, pero también encender el motor de apoyo a las empresas micro de baja productividad que, en su mayoría, producen para el mercado interno.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Foto: Semanario Universidad.

Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Ante controversia por la vacunación: ¿A quién le conviene?

Mainier Barboza Soto.

El Gran Capital en contradicción dialéctica.

Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico Por Costa Rica mainierbarbo@gmail.com

El gobierno cambia sus decisiones en relación con las restricciones para quienes no se han vacunado…y después, si hay un brote o aumento del Covid, tendrán la excusa perfecta para volver a las restricciones.

Es cierto que la forma de exigir la vacuna quizá no es adecuada, porque viola las libertades individuales, sin embargo, los cánones de salud tienen esa potestad, cuando la afectación puede dañar a más personas que no están vacunadas.

Hay que discutir si prevalece el criterio minoritario, por encima del interés público.

Estamos dentro del sistema capitalista; el fin último del Capital y sus dueños, es «el afán insaciable de ganancia» (Marx. K, El Capital, caps 3-4). Cumplido este propósito sigue el encaminado hacia la acumulación, luego la concentración del Capital y después la transnacionalización de este.

De manera sintética se puede ver que la pandemia y su efecto médico por controlarla, vía vacunación se enmarca dialécticamente en el proceso descrito de forma sucinta; es decir, la salud entra en la esfera de la producción, o mejor, no se había hecho notar, de forma deliberada, la riqueza que genera la atención de este «factor productivo», quizá porque está en el medio el carácter social de la salud por encima del carácter individual.

Así, la vacunación se inscribe dentro del proceso productivo, como factor desencadenante para la reactivación económica y su producción misma aporta al proceso; de manera que como producto que se lanza al mercado, debe cumplir con las reglas y prescripciones que le dicta la producción capitalista, como eficacia, calidad, accesibilidad, seguridad, precio, otras.

Recuerdo que el problema central va por aquí, según mi hipótesis: que se asienta en la contradicción que abre paso a la «guerra» entre Capital Financiero y Capital Productivo, desde el decenio del 70 siglo XX.

Discusión que parece ni se quiere afrontar…

El proyecto neoliberal inicia con la propuesta de la escuela de Chicago con Milton Friedman y otros como proponentes.

Argumentan que ya el modelo Keynesiano no es aplicable, que el Estado no es el que controla el Mercado, sino debe ser el mercado mismo, «libre mercado» la oferta y demanda se decide desde el dinero, es decir, pasamos de una economía de oferta y demanda de productos, bienes y servicios a una donde el dinero es el eje del equilibrio: modelo monetarista. Este modelo invisibiliza la explotación, la apropiación del sobre trabajo que se incorpora a cada bien producido.

REDUCIR LA POBREZA: ¿NO SE PUEDE, O SI SE PUEDE?

Miguel Sobrado

La pobreza, a pesar de tener nuestro país una de las mayores inversiones en política social por habitante del continente, había permanecido inmutable durante las últimas dos décadas, antes de la pandemia, en un 20% global y un 6% de pobreza extrema. En ese mismo período de tiempo Uruguay que también tenía un porcentaje inicial del 20%, la había reducido, al 7% y prácticamente erradicado la pobreza extrema.

Mientras aquí tenemos un sistema centralizado, con instituciones poco flexibles, en Uruguay tienen un sistema descentralizado con controles locales que permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades y evolución de las condiciones.

Como ejemplo de lo nefasto del centralismo tenemos la noticia que 45000 personas abusaron del bono Proteger, centralizado en el Ministerio de Trabajo. Un gran esfuerzo de la hacienda Pública para compensar la pérdida de ingresos a la población afectada por la pandemia. Difícilmente este abuso hubiera alcanzado esas cifras si la distribución hubiera estado a cargo de poderes u organizaciones locales, al menos en zonas rurales cafetaleras donde todos se conocen y autocontrolan.

Pero no se trata solo del problema de una estructura centralizada, ya que la descentralización no siempre es una pomada canaria, sino de la visión implícita que se tiene de la pobreza como problema de “perdedores”. Esto es de personas fracasadas que tienen que ser asistidas y orientadas por las instituciones, cada una desde su campo de acción y especialidad. Visión que no percibe individuos integrales, familias, grupos organizados autónomamente o comunidades sino problemas técnicos. De tal forma que no existen individuos y unidades sociales con potencial de incorporarse activamente en la solución de su situación, sino problemas fragmentados que deben ser resueltos con la intervención externa. Esta visión, además de reflejarse en el diseño institucional centralizado, coincide con los intereses ideológicos clientelistas y configura, más allá de las declaraciones ideológicas, la acción asistencial de los técnicos institucionales.

El problema ha sido visualizado y existen resultados convincentes, pero no voluntad de cambio institucional

El programa de varias décadas liderado por doña Rose Marie Ruiz de la UNA en Isla Venado, así como el que desarrolló la ex primera dama doña Mercedes Peñas Tejiendo Desarrollo, en la administración pasada se hicieron esfuerzos importantes por articular, las instituciones en el ámbito local con algunos resultados importantes, de los cuales lamentablemente no se han sacado conclusiones para el cambio estructural porque hacerlo afectaría las relaciones de poder político e institucional.

¿Es posible hacerlo diferente incorporando a la población organizada en la solución de su situación?

El programa del Hospital sin Paredes demostró en nuestro país, sin lugar a dudas por sus resultados y el reconocimiento nacional e internacional, que otra forma de organización institucional es posible. Una organización con la participación autónoma de las poblaciones, que las incorpora en una gran simbiosis creativa con las instituciones aumentando sus alcances, reduciendo sus costos y tiempos al mismo tiempo que potencian los resultados.

Por otro lado, existen experiencias en nuestro país y en otras regiones del mundo con el enfoque de la metodología de capacitación masiva, en proyectos de reforma agraria, comunales y de desarrollo con la participación de las comunidades y grupos que han confirmado que otro camino es posible, pero que hay que empezar por cambiar la visión.

Una visión sobre el potencial humano

En primer lugar, los pobres no son perdedores sino personas que no han tenido oportunidades para mejorar sus condiciones ni acceso a los servicios que ofrecen las políticas públicas, pero si son capaces, cuando están sanos, de aportar esfuerzo y crear soluciones para salir de la pobreza y la exclusión. O sea, son seres humanos cuyo potencial depende de su capacidad de auto organización, así como del acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las políticas públicas. Don José Figueres Ferrer decía muy acertadamente “Los hombres sin organización no tienen ningún poder”

La capacitación en organización es fundamental como instrumento de poder. Esta solo se da cuando responde a sus necesidades propias, no a los mandatos institucionales y al margen de autonomía de que dispongan. No existe capacitación sin proyecto propio ni participación sin autonomía. La instrucción se puede recibir en el aula, pero la capacitación, al igual que el manejo de un vehículo, solo se da en una práctica donde las personas deben tomar decisiones frente al objeto.

En segundo lugar, clarificar los conceptos de organización y participación que se utilizan formalmente en todas las visiones, pero que tienen significados y resultados diferentes de acuerdo a la visión predominante.

Organización para la visión positiva es auto organización de los grupos o comunidades, que puede tener o no personería jurídica, pero que no se limita a esta. Es un ente vivo no solo formal, como el aglutinamiento administrativo de personas en los proyectos asistenciales.

La participación en condiciones de autonomía es real. Parte de la definición del problema, en el establecimiento de soluciones, y en la evaluación de resultados.

El papel de los técnicos institucionales es de apoyo técnico y profesional, como la asistencia profesional comprometida en las empresas privadas, con una buena dosis de capacidad didáctica. La participación de la comunidad con su conocimiento y acción es real y enriquece a todos en el diagnóstico y ejecución del proyecto. No se ve como un apoyo subordinado a las directrices institucionales, por ejemplo, limpiar los locales, sino como un trabajo conjunto, dentro de una relación de respeto y evaluación de resultados.

Formar los equipos técnicos de desarrollo

Aplicar la política social con esta visión, no es un cambio de camiseta administrativo. Requiere de una preparación de los equipos formadores, en un proceso organizativo de varios meses que empieza por romper, en la práctica, los círculos viciosos asistencialistas y la formación de nuevos círculos virtuosos.  Un trabajo arduo pero que, genera condiciones para la incorporación de las comunidades al mismo tiempo que estimula la transformación institucional.

Existen experiencias y método para hacerlo. Lo que hace falta son decisiones.

DE LO HUMANO E INHUMANO EN LA PANDEMIA

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (11)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Contra toda opinión, presuntamente racional e incluso emotiva, alguna gente (no mucha, probablemente) habría pensado que, ante un peligro tan inminente y cierto de aniquilación para la humanidad entera, o al menos como una amenaza potencial de muerte para los individuos de la especie, como es lo que viene sucediendo en el caso de la presente pandemia del covid 19, lo que hace entrar en pánico a algunos sectores de la población, tendríamos una actitud generalizada ante los desafíos de la lucha cotidiana por la existencia entre los propios seres humanos que implicaría un importante cambio: la posibilidad de que en vez de adoptar, de una manera reiterada, la consabida tonalidad de la feroz lucha por sobrevivir, e ir mucho más allá, acumulando poder y riquezas, se daría algún tipo de impasse que abriría las puertas a la cooperación, la solidaridad y la protección hacia los más desfavorecidos de la fortuna. La verdad es que nada de esto ha ocurrido, y el sólo hecho de mencionar esa posibilidad haría sonreír a muchos, corriendo el riesgo quien así piense de ser tratado cuando menos de ingenuo e inocente, por no mencionar los innumerables epítetos a que tal enunciación podría dar lugar. En síntesis, los límites entre lo racional y lo meramente instintivo no han sido transpuestos, dado que seguimos aferrados a una racionalidad meramente instrumental, aunque acentuada con un importante componente instintivo. El utilitarismo mercantilista viene a ser más poderoso que cualquier otro tipo de consideración, a lo que se añade el llamado altruismo genético que lleva al individuo a proteger únicamente a aquellos que tienen sus mismos genes.

Por otra parte, cabe afirmar que la convivencia entre la especie humana, individual y colectivamente considerada, y el resto de la naturaleza, si damos una mirada ligera al horizonte histórico de nuestro tiempo, se encuentra en muy malos términos. Estamos ante un fatal desencuentro que la mayor parte de las gentes se rehúsan a mirar, o a considerar siquiera.

Buena parte de esta actitud tan generalizada, la de continuar en nuestra cotidianidad cómo si nada estuviera pasando, podría responder a mecanismos de defensa inherentes al ser humano y relativos a la propia estabilidad emocional, pero también a innumerables prejuicios, los que van desde motivaciones “religiosas” o políticas de las más variadas que conducen a rehusar un tratamiento determinado, aunque en otros casos a negar la existencia de una crisis ambiental como la que enfrentamos a escala planetaria, algo que podría estar implicando la lenta consumación de un suicidio colectivo, claro que como un acto del que no se tiene conciencia.

El priorizar el crecimiento económico y el aumento de la producción de bienes y servicios, sin entrar en otro tipo de consideraciones podrían estar llevándonos al abismo, de una manera mucho más acelerada de lo que pudiéramos imaginar. Tal es el caso del llamado calentamiento global y su relación con la intensa deforestación de las décadas más recientes (Bolsonaro y sus amigos en Brasil), la contaminación de los mantos freáticos y del agua de los ríos que amenazan las reservas de este líquido destinadas para el consumo humano presente y futuro. Los tiempos decimonónicos del novelista francés Julio Verne (1828-1905), quien en sus “Veinte mil leguas de viaje submarino”, a través de su personaje el Capitán Nemo, nos hablaba de los inagotables recursos de los mares, son sólo ya un lejano recuerdo.

Las imposibles discusiones entre las más diversas gentes y los encrespamientos de la atmósfera social, cada vez más frecuentes y revestidos de una complejidad creciente a medida que se prolongan la llamada pandemia y sus efectos se tornan más visibles, pero sobre todo porque da la impresión de ser un fenómeno de naturaleza patológica que al parecer llegó para quedarse, con el agravante de que el virus registra numerosas mutaciones lo que hace más complejo producir inmunidad, precisamente por esa condición del tantas veces mencionado agente patógeno.

Convendría recordar al respecto, y a propósito de las discusiones sobre los alcances y posibilidades de la llamada “vacunación”, como un evento que podría no serlo en estricto sentido, algunas consideraciones al respecto del doctor Juan Jaramillo Antillón ( LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS MODERNO Editorial Universidad de Costa Rica San José CR 2000), cuando nos recuerda que “Con el descubrimiento del antibiótico penicilina, el mundo médico se llenó de un optimismo desbordante y llegó a opinar que la era de las infecciones se había acabado y, poco a poco, todas las bacterias patógenas serían destruidas por los nuevos descubrimientos. Olvidaban que las bacterias son los seres vivos más viejos existentes y que conviven con el hombre en su intestino, alimentándose ahí y, a su vez, ayudan a este ser a sobrevivir. Ellas participan en la producción de diferentes elementos esenciales como la vitamina B 12, otras vitaminas y enzimas digestivas para metabolizar alimentos; aparte de combatir bacterias extrañas cuando son ingeridas, colaboran los mecanismos inmunológicos defensivos a nivel linfático de la pared intestinal. Hoy no solo las bacterias no han desaparecido, sino que estas y los virus no responden en muchos casos a los antibióticos. Por otro lado, las bacterias anteriormente susceptibles de destrucción por antibióticos simples se han hecho resistentes como es el caso de los estafilococos, el enterococo, las neisserias, el haemophilus influenzae y otros más; con ello, están provocando gran morbilidad y mortalidad en personas y niños infectados. Posiblemente, la causa fundamental de esto sea el uso abusivo y descuidado de antibióticos, que se emplean para combatir gripes e infecciones simples y, como resultado ello, aparecen las resistencias. Los antibióticos están siendo dados a los animales como los pollos y el ganado de engorde para aumentar su crecimiento, pero, a la vez, al ser ingeridos por las personas están sustancias les crean resistencia o contribuyen a producir alergias” (op.cit p 55). Es decir que la ciencia por un lado ha puesto límites o ha amenazado a los agentes patógenos más diversos, por el otro ha creado resistencia a nuevos tipos de virus, muchos de ellos resultado de las constantes mutaciones que se producen en la naturaleza, razón por la que: “Como corolario de este problema entre seres humanos y bacterias, debemos tener en cuenta que a menos que nos ataquen produciendo enfermedades, debemos tratar de convivir con ellas en nuestro interior y en el ambiente. En este caso, nos usufructúan y nosotros las necesitamos para diversos procesos necesarios para sobrevivir. Lo anterior es un fiel ejemplo de cómo el hombre descubre y crea sustancias salvadoras y a la vez en poco tiempo estas se convierten en un arma de doble filo. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, 50 millones, de las 150 millones de recetas hechas para antibióticos en ese país, eran innecesarias y contribuyeron a la aparición de resistencias” (Jaramillo Antillón, op.cit).

Es probable que la solución a la presente crisis sanitaria pase por la vacunación voluntaria, asumida en el sentido de la naturaleza experimental de un procedimiento al que hubo que acudir para evitar mayores males en lo inmediato, dejando de lado las posturas o teorías de la conspiración que no hacen más que agravarla. Seguirá existiendo el problema del acceso de los “no vacunados” a ciertos espacios públicos, y la interminable discusión entre la ética utilitarista de algunos, en este caso los que rechazan ese procedimiento y una que busque ocasionar el menor mal posible, siempre en el entendido de que existe un potencial riesgo de ser afectado por el agente patógeno causante de esta crisis, la primera en la historia de la humanidad con estas dimensiones tan aterradoras.

En tiempo de pandemia

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

  1. Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, con una vacunación que supera el 70%, se apresta a aplicar el refuerzo de una tercera vacuna, mientras que en Haití el porcentaje de la población vacunada solo alcanza a un 0.24%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud tiene que llamar la atención para que no se aplique esa tercera dosis con el propósito de favorecer el acceso a las vacunas a los países más pobres. No hay iniciativas de solidaridad sustantivas por parte por parte del mundo rico. Se confirma lo dicho por Joseph Stiglitz que el 1% más rico solo alcanza a entender que su destino está vinculado inexorablemente a cómo vive el restante 99% cuando ya es demasiado tarde.
  2. Un 45% de las vacunas contra el coronavirus han sido aplicadas en países ricos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón) aunque solo representan un 10% de la población mundial. El G7 acumula el 70% de la riqueza mundial y apenas producen el 30%, y ahora con ideas como la de aportar 500 millones de vacunas y cobrar el 15% a las empresas tecnológicas buscan presentarse como los “salvadores del mundo” (José Luis Cava).
  3. Hasta ahora, han muerto 4.550.000 de personas por casusa del virus Sars Cov-2, y en un período similar han muerto 5. 400.000 de niños por desnutrición en el mundo. Asimismo, 10 millones de niños mueren por año antes de cumplir los 5 años, la mayoría por causa de enfermedades curables. En América Latina hay más de 5.000.000 de niños con desnutrición crónica y 700.000 en riesgo de muerte (Julio Berdagué).
  4. El número de pobres ascendió a 209 millones de personas en América Latina en el año 2020, es decir 22 millones más que el año anterior, según datos de la CEPAL. Asimismo, se anuncian dramáticas catástrofes provocadas por un cambio climático que se intensifica, cuyas principales víctimas son, precisamente, los más pobres. Según el científico Noah Diffenbaugh, los países más pobres de la tierra son considerablemente más pobres de lo que hubieran sido sin el calentamiento global, mientras los más ricos son más ricos con el calentamiento global.
  5. Costa Rica ha obtenido merecidos reconocimientos internacionales por sus esfuerzos conservacionistas en defensa de los derechos de la naturaleza, así como de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado continúa retardando el cumplimiento de la ley que otorga a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, siendo los pueblos que más han contribuido a forjar una cultura de conservación y sostenibilidad bio-ecosistémica.
  6. La “pandemia” neoliberal de los años 1980 nos heredó una “generación perdida”, que no tuvo oportunidades para concluir los estudios secundarios. Y hoy, cuando contamos con mejores condiciones para evitar una segunda “generación perdida”, por negligencia o cálculos políticos no se han utilizado los dineros disponibles en caja, para facilitar acceso a internet y equipo a los estudiantes pobres del país. Hay un proyecto de ley con el rimbombante título de “alfabetización digital”, que al parecer fue un invento innecesario, y cuyo trámite está pendiente; solo pretende justificar lo injustificable: no haber ejecutado esos recursos por parte de las instancias que les corresponde.
  7. El gobierno se apresta a celebrar el bicentenario de la independencia, después de haber firmado un acuerdo de financiamiento con el FMI por 1.750 millones de dólares, entregando un pedazo de nuestra soberanía a un Organismo Financiero Internacional al servicio de los poderes fácticos financieros globales, y obligando a los sectores populares y a la clase media a sacrificarse para pagar este préstamo.

“No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí” (Paolo Giordano).

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Clamor ciudadano para bajar precio de los medicamentos

Luis Fernando Astorga Gatjens

Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.

Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.

Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.

Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.

En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.

Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.

Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.

Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.

Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.

La Estrategia Puente al Desarrollo: avances y limitaciones

German Masís

Recientemente se dieron a conocer los resultados del seguimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, el programa estrella de la Administración Alvarado en la atención a la pobreza.

Con frecuencia estas informaciones tienden a pasar desapercibidas entre la población, pues las actividades de evaluación de programas estatales suelen ser ejercicios internos de las instituciones con poca divulgación y participación y todavía menor comprensión por parte de los ciudadanos.

En este caso y a poco menos de 9 meses para la finalización de este Gobierno, puede que muchas personas hayan olvidado la importancia del programa Puente al Desarrollo en el combate a la pobreza, que el mismo está constituido por 5 componentes, que son Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención y Puente al Trabajo y que a este programa están vinculadas 19 instituciones que destinan cuantiosos recursos a su ejecución.

La información da cuenta, que “para el II trimestre de este año, había 30 metas programadas para todos los componentes de Puente al Desarrollo, de ese total, un 23% tenía riesgo de incumplimiento. De las 30 metas para el 2021, 20 metas se clasifican según lo programado, mientras 7 metas (tres más que el trimestre anterior) tenían algún tipo de rezago y tres presentan avance cero.

El problema se presentó en dos de cuatro metas totales ligadas al componente Puente al Bienestar, en cuatro de los 12 objetivos de Puente al trabajo, específicamente en lo referente a empleabilidad y en una de dos relacionadas con empresariedad, para un total de 7 metas en riesgo de incumplirse.

Una de las falencias en el componente de Puente al Bienestar es según el estudio, que las instituciones a las que se refieren las familias no estaban atendiendo hasta junio. Respecto a Puente al agro, se señalaron obstáculos ligados a la pandemia del COVID en cuanto al proceso de implementación de los planes, ya que la emergencia sanitaria redujo la capacidad de respuesta y el presupuesto de las instituciones”. (CRHOY,15-10-2021)

En tanto en el componente Puente al Trabajo, cuatro metas presentan rezagos, cuyos problemas de cumplimiento son:

✔ Porcentaje de referencias aprobadas en menos de 90 días por las diferentes instituciones (responsable CCSS, CONAPAM, CONAPDIS, CEN-CINAI, INAMU, IAFA, MEP, PANI, MIVAH).

✔Cantidad de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional y cantidad de personas matriculadas en alguna modalidad del INA. (responsable INA).

✔ Porcentaje de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional con respecto de las personas que se matriculan en una oferta de educación técnica. (responsable MEP).

✔Número de familias emprendedoras y emprendedoras asociativas en condición de pobreza extrema atendidas (responsable INA, INAMU, MEIC y MTSS). (Mideplan, Informe de Seguimiento, agosto 2021).

“En materia de empleabilidad, la pandemia aparece como uno de los factores que ha provocado retrasos sobre todo por la obligación de realizar capacitaciones virtuales que un alto porcentaje de la población no puede atender debido a que carecen de una conexión a internet que les permita llevar los cursos.

(A nivel general), entre los obstáculos para la ejecución de los diferentes componentes están la atomización de los procesos en muchas instituciones, las brechas en el acceso a internet, los recortes presupuestarios y la falta de experiencia por parte de las instituciones en la implementación de los modelos de articulación de la población de referencia del IMAS (Institución coordinadora del programa).

En materia de ejecución presupuestaria en la estrategia Puente al desarrollo, el informe consignó que sólo seis de 19 instituciones reportaron sus niveles de ejecución y doce instituciones presentan problemas para reportar la programación financiera y controles de la ejecución del presupuesto, problema que se arrastra desde el 2020”. (CRHOY,15-10-2021

Más allá de si al finalizar el año 2021, el cumplimiento de las metas de la estrategia pueda ser mayor o menor al actual, surge la interrogante de si en los meses que le restan a la Administración Alvarado, sería posible alcanzar los objetivos que se ha planteado, en los componentes Puente al Bienestar, al Agro y al Trabajo, a saber:

-“Identificar de manera proactiva a las personas, familias, hogares en situación de pobreza extrema para brindarles una atención preferente e integral basada en la articulación de diferentes servicios e instituciones. -proporcionar a los hogares productores en condición de vulnerabilidad, que califiquen en Puente Agro, servicios articulados del Sector Agropecuario y otros sectores, que impulsen el desarrollo de iniciativas agro productivas con potencial de mercado. -Implementar acciones articuladas que inciden en el nivel de escolaridad, la inserción a formación técnica y capacitación y otras habilidades de los trabajadores, acorde a las necesidades del mercado laboral”. (Mideplan,Informe,2021).

Probablemente el logro de estos objetivos llegue a ser parcial y su impacto sobre la reducción de la pobreza, el desempleo y el apoyo al agro sea limitado y volverá a ser así pues se ha demostrado que éstos son aspectos estructurales del modelo exportador, los cuales afectan la eficacia de un programa como Puente al Desarrollo y plantean grandes desafíos al desarrollo nacional.

Como lo ha señalado el economista Francisco Esquivel en su libro “Análisis de la Estrategia de Desarrollo Costarricense”, la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.

La pobreza por su parte, se lograría reducir con una política social selectiva que llegue efectivamente a la población pobre, basada en una revitalización de FODESAF, como eje de la reducción de la pobreza y como generador de capacidad de consumo de los grupos de menor ingreso y de “encadenamiento social” para fortalecer el mercado interno. (Esquivel, F.,2021, p.235).

 

Imagen ilustrativa.

Respecto a la venida de personal del FMI

Miguel Ureña Cascante

Se tiene certeza al señalar, que ex compañeros del Ministerio de Hacienda, hoy día forman parte de la planilla del FMI.

En fechas pasadas, casos como el de Juan Carlos Pacheco, quién fue viceministro en Hacienda, y otras personas de las que no vale el interés señalar, ingresaron a ese gigante de las finanzas estatales.

Hoy excompañeros laboran para ese ente financiero, lo que nos agrada realmente, porque sabemos que en mucho podría contribuir a dotar a Costa Rica, quizás de mejores condiciones, no favoritismo, pero si mejores condiciones para un dinero, para utilizarlo en paliar un problema financiero, viendo a Costa Rica, como una empresa, con pandemia COVID.

Si usted lector, fuera el analista financiero del FMI buscaría primero saber qué activos podrían ser líquidos, en una razón de apalancamiento financiero alto, para hacerlos exigibles como una garantía real y absoluta de recuperación del dinero prestado.

Nadie presta de regalado, siempre hay intereses que pagar, pero una administración audaz, conseguirá condiciones, plazos e intereses aceptables y razonables para respaldar ese dinero, sin que para ellos requiera vender entidades como FANAL, como RECOPE, como el INS, etc., en fin, no entregar las Joyas de la Abuela.

Así las cosas, si Costa Rica, es garante de pago, hay préstamo, pero lo malo es que las condiciones no son tan flexibles o buenas para la realidad que vivimos, o tan buenas como las realizadas por un gurú financiero, contra un simple patrono que conoce poco o casi nada del tema, de ahí, que su fortuna o activos se puedan ver comprometidos por una mala negociación.

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos ….

En consecuencia, como las finanzas del país son una “caja de pandora”, podríamos estar empeñando esas joyas de la abuela, pero una cosa también es claro, este gran desorden provocado por una mala concentración de directrices y competencias materiales institucionales, nos asegura que hay dinero y mucho, ejemplo el INS, se señala tiene reservas para pagar tes veces Costa Rica en un terremoto Nacional, Recope, con la venta de gas y gasolina es muy rentable, Y si así sacamos las autónomas, hasta da para que se roben en casos COCHINILLA, en IVM, la 1856 y hasta para proponer llevar el ROP o IVM a inversiones internacionales.

¿Cómo es la cosa? Pues se lo dejamos de tarea, el FMI puede ser bueno, en la medida que podamos obtener la condición mínimo deseable, de lo contrario, hipotecar a Costa Rica no tiene sentido.

La pandemia y el Hospital del Oro

Por Freddy Pacheco León, Ph.D

Sin duda alguna, el mayor desafío que enfrentamos los costarricenses, está relacionado con el envejecimiento de nuestra población y una tasa de nacimientos menor a la tasa de defunciones. Ante esa extremadamente preocupante realidad, con menos trabajadores vendrá consigo la disminución muy significativa de los aportes por cargas sociales y por concepto de prácticamente todo lo que se recauda por impuestos como el IVA, renta, combustibles, circulación, etcétera. Ello en momentos en que la población de adultos mayores, en acelerado crecimiento, demanda e inevitablemente demandará, mayores aportes que el Estado habrá de hacer lo necesario por satisfacer. 

Mientras la insuficiencia de recursos lleva al Ministerio de Hacienda a proponer una sustancial reducción presupuestaria al sector Salud, no podemos obviar que la asistencia social solidaria más bien demandará de mayores recursos financieros que pareciere las autoridades hacendarias tratan de disimular, en vista de que los encargados de las finanzas estatales no tienen respuesta a esas multimillonarias necesidades. Los más de un millón de viejitos, imposibilitados de trabajar para atender sus requerimientos básicos, no podrían subsistir adecuadamente sin techo, alimentación, abrigo, asistencia sanitaria, recreación, calor humano. Y resulta que el Estado, cada vez más empobrecido, será incapaz de atender la lista de necesidades que cada vez se hace más grande. Si esta terrible situación se veía venir antes del indomable coronavirus, con él presente en todo el territorio nacional, se ha hecho más difícil de atender, casi imposible, pues comparado a la leve “lluvia” de la pandemia, el envejecimiento acelerado de nuestra población es un “huracán” altamente destructivo que avanza a gran velocidad y con vientos inimaginablemente fuertes.

Como parte de ese oscuro panorama, hay un actor que sobresale por su magnitud y el dolor humano que conlleva: los problemas de salud de los mayores de 65 años, de los Ciudadanos de Oro, de nuestros padres y abuelitos que, en estado muy frágil, no pueden siquiera levantar su venerable voz. Honorables personas que semanal o diariamente, necesitan de medicamentos, alimentación especial, cuidados paliativos, e incluso atención hospitalaria. Personas que ya antes de la aparición del Sars-Cov-2, ocupaban más del 65% de las camas y otros espacios de nuestras clínicas y hospitales, así como en las listas de espera para tratamientos médicos “urgentes” que afligen a todos los pacientes de la Caja.    

Seguramente algunos dirán que nuestro pobre y subdesarrollado país no puede hacer mucho frente a tales monumentales necesidades; que no nos queda más que poner los pies en el suelo y vivir esa realidad. Por otro lado, somos testigos de cómo los ministros de Hacienda, desde hace unos años, vienen tratando de estirar hasta lo imposible la cobija para ocultar inútilmente el devenir que se vislumbra, pues saben que en caso de atender financieramente esa muy particular realidad, sería inminente la quiebra del Estado. Hacen falta más recursos para la Caja, independientes de los aportes de ley, fue el mensaje enviado por especialistas de la OCDE (entre otros) y no hubo respuesta gubernamental ni del sector privado.  “Mejor hablemos de otra cosa”, seguro pensaron…

 Ante ello, sin embargo, nosotros sí creemos tener una respuesta plausible, loable, atendible, razonable, y principalmente, realista. Se trata de aprovechar nuestro oro de la frustrada mina en Crucitas. Allí, en menos del 0,001% del territorio continental de Costa Rica (½ km2), y hasta unos 60 m de profundidad, en un área ambientalmente muy degradada, el Estado podría realizar una extracción, relativamente moderada, de 750 kilos de oro trimestralmente (según los estudios de Industrias Infinito), utilizando las mejores técnicas de explotación hoy disponibles en países amigos, como Chile, México, Perú, que podrían quizá ayudarnos a implementar el proceso de explotación.

Para tener una idea, dicho oro, hoy, tendría un valor de US$170 millones anuales (más de ¢106 mil millones), suficientes para estructurar un formidable sistema hospitalario, integral y diverso, orientado hacia el pleno cumplimiento del derecho humano a la salud y el bienestar de los adultos mayores. Le hemos llamado HOSPITAL DEL ORO, porque no solo sería una realidad a partir del oro que se encuentra esperando por ser extraído del subsuelo de la localidad de Crucitas, sino también porque sus beneficiarios directos serían los venerables Ciudadanos de Oro, que tanto nos han dado a sus compatriotas. 

Con el debido cumplimiento de los requisitos ambientales, y sin que se tenga que derogar la legislación que impide otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación, el oro de Crucitas solo espera por las decisiones políticas que no deberían hacerse esperar más. En esa área menor al parque La Sabana, estaría la solución parcial al gravísimo problema financiero de nuestra CCSS. Los viejitos costarricenses serían los privilegiados más directos, pero también, al desahogarse el presupuesto actual de la Caja de los rubros presupuestarios que hoy demanda la atención de esa numerosa población, el resto de los habitantes, los menores de 65 años, podrían ser atendidos con la agilidad que deseamos. Así, todos seríamos ganadores de esta “ocurrencia”.

Complementariamente, no menos importante para el país, es que se desterrarían los vergonzosos conflictos socioambientales que caracterizan a la zona de Crucitas, y más bien Costa Rica mostraría al mundo, un ejemplo del buen uso de los recursos minerales de su pueblo.

Cabe agregar que ese sistema hospitalario tan particular, incluiría la medicina preventiva y de atención primaria, además de centros de especialidades médicas de primer orden en recursos materiales y humanos, sin dejar de lado el importante acompañamiento de sus familiares. Acogida la idea, como ya lo han hecho algunas destacadas personalidades del campo médico y político, entre otros, es razonable tener confianza en que profesionales de las diversas disciplinas médicas, administrativas, de planificación, y otros, se encargarían de hacer realidad los diversos proyectos con una adecuada proyección en el tiempo de las inversiones.

Se ha de reconocer que los costarricenses no tenemos otras opciones para solucionar los muy preocupantes problemas de la Caja en el área de salud, por lo que no imaginamos un escenario donde se pudiere rechazar un aprovechamiento así de nuestra riqueza aurífera de Crucitas. 

30/9/21

frepaleon@gmail.com