La Coordinación de Acción Social Sede del Pacífico de la UCR le invita a la “Crianza respetuosa: Familias emocionalmente saludables en épocas de pandemia” el cual es un curso de 5 sesiones de 1 hora.
Será trasmitido por Facebook Live de Acción Social UCR Pacífico
Dará inicio el miércoles 7 de julio y finalizará el miércoles 4 de agosto. Las clases serán a las 6:00 p.m.
… la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM
Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.
INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021
Introducción
En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.
Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.
Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.
El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.
En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.
Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.
La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.
Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.
SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.
Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.
La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)[1] a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones[2]. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.
Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades[3]. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)[4] desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR[5].
Costa Rica por su parte, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica[6]. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.
Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos[7], que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses[8].
Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:
El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones[9], orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.
Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria [10].
La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis[11], muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 2022[12]. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” [13].
Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).
Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse[14], el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.
Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo[15] para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.
Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.
Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.
Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.
[1] Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.
La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Cátedra de Filosofía invitan al conversatorio: “Pandemia y crisis política en el marco del Bicentenario: Una mirada filosófica”, el día jueves 1 de julio a las 5:00 pm., se contará con la participación de Dr. Arnoldo Mora Rodríguez y el programa será presentado por Dr. Pablo Vindas Acosta.
La transmisión será por el Facebook Live de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
Estar en contacto con la naturaleza es muy importante y nos ayudará a valorarla en todo su esplendor. Quizá algunas cosas a las que estamos acostumbrados no estarán presentes como por ejemplo el internet o las comodidades que por lo general tenemos, pero el ambiente diferente, el aire puro y los sonidos de esa naturaleza harán de la experiencia algo gratificante y posiblemente con deseos de repetirla.
Ya sea la montaña o la playa, incluso un potrero nos hará ponernos en contacto con esa naturaleza que siempre ha querido acompañarnos de buena manera y que quizá nosotros no la hemos entendido y en lugar de agradecerla, la hemos enfrentado y en ocasiones provocándole destrucción.
Durante esta pandemia nos hemos dado cuenta del respiro que la misma naturaleza ha tenido cuando fuimos encerrados en nuestras casas. Le dimos, forzadamente, un tiempo libre de nuestros ataques.
Quizá estemos demasiado acostumbrados a la tecnología y a estar en comunicación electrónica y cuando nos hace falta queremos desesperarnos, pero tomar conciencia de que estando en contacto con la naturaleza es un tiempo de reencuentro con nosotros mismos y que debemos disfrutarlo al máximo, nos hará sentir agradecidos con Dios y su bellísima creación.
Dios quiera que podamos hacer el tiempo para disfrutar la naturaleza y hacer de esos momentos de disfrute, momentos inolvidables, por la naturaleza y por la compañía.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica invita al Foro Internacional: “Derechos de las periodistas, violencia de género y pandemia covid 19 en Iberoamérica”
Moderadora: Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Coordinadora Comisión de Género Sindicato Nacional de Periodistas de CR, Secretaria de la Comisión de Género de la FIP
Participantes:
María Teresa Herrán, Colombia
Zuliana Linez, Presidenta de FEPALC. Perú.
Mariángeles Samperio Martin, Presidenta Consejo de Género de la FIP España.
Thais Aguilar Zúñiga, Asesora Enfoques de Género, Costa Rica
Rodrigo Jiménez Sandoval, Fundación Justicia y Género, Costa Rica
Día: viernes 25 de junio Hora: 10:00 a.m. a 12 mediodía.
El foro se desarrollará en una modalidad virtual por plataforma de Zoom y el Facebook Live
Compartido con SURCOS por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
El video que les adjuntamos al final de la nota, es una expresión total de la indignación que presenta el sindicalismo sobre la crisis en el sector transporte. De acuerdo con los datos del Banco Central este sector ha sido el segundo más golpeado por la pandemia. Experimentó un 54% de disminución de sus usuarios y el cierre de siete empresas ha obligado al despido de choferes muchos de ellos en edad avanzada y sin posibilidades de pensionarse aún.
Para conocer más del tema Eduardo Porras, secretario General de SICOTRA expone en el video el panorama que se ha gestado legislativamente y de restricción por la pandemia, la inseguridad médica que sufren los choferes del transporte público, el deterioro de los servicios y la falta de justicia en salarios, la violación de los derechos y la amenaza de la monopolización del mercado del transporte en Costa Rica.
A partir de la pandemia, el espacio doméstico se convirtió en un lugar con mayor desigualdad de género, no solo porque se trasladó el trabajo remunerado de la esfera pública hacia la esfera privada del hogar, sino también porque las horas laborales y las dedicadas a las tareas domésticas y de cuido se acumularon desproporcionadamente sobre las espaldas de las mujeres. Así lo confirman los resultados de la investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA”, elaborada por Ana Elena Obando, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA).
Ya antes de la pandemia, datos de la Organización de las Naciones Unidas reportaban que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuido no remunerados (entre 22 y 42 horas por semana).
Con la crisis sanitaria, esta desigualdad se profundizó. En el caso de las mujeres académicas, el estudio del IEM-UNA revela que al trasladarse -con el confinamiento- el trabajo remunerado de la Universidad al hogar, se borró la línea de tiempo que dividía a este de las tareas domésticas.
“Ello originó un caos… Al cambiar los tiempos y el espacio, aumentaron las horas de ambos trabajos, comprimidos en un espacio que no tenía las condiciones físicas para el teletrabajo”, destaca el informe de esta investigación, cuyos resultados se obtuvieron a partir de cinco grupos focales con la participación de un total de 22 académicas de distintas áreas del conocimiento, de diversas sedes, con edades entre 33 y 57 años.
A esto se sumó el cierre de centros educativos y de cuido -tanto públicos como privados- a los cuales asistían sus hijos e hijas, que significó una presión adicional para las mujeres como principales cuidadoras.
Polifuncionalidad y soledad doméstica
La multiplicación de las horas de trabajo remunerado y no remunerado se relaciona con la polifuncionalidad que debieron asumir las mujeres.
En los grupos focales, la mayoría de las académicas afirmó que el trabajo doméstico, las múltiples tareas de cuido, más todo el trabajo de la Universidad, incluyendo la atención a estudiantes -quienes generalmente no respetaban los horarios laborales- las obligó a trabajar hasta en la madrugada para poder cumplir con todo.
“Se me fue el día haciendo meriendas, atendiendo a mis hijos, haciendo tareas y atendiendo a los estudiantes, porque no es lo mismo cuando una está en clases presenciales, allí tienen menos dudas y se evacúan de inmediato” , dijo una académica, según se registra en el informe de la investigación.
Como parte del estudio, se contabilizaron en una tabla las horas dedicadas al trabajo remunerado, así como las destinadas a tareas domésticas y de cuido por ellas y sus parejas, lo cual confirmó la desigual distribución de los trabajos entre los sexos y evidenció la extensión de la jornada laboral remunerada de 8 horas hasta 14, tiempo extra no reconocido ni remunerado.
Las académicas también experimentaron lo que en la investigación se denominó soledad doméstica, que se refiere a la falta de acompañamiento en las tareas domésticas y de cuido de parte de sus esposos o compañeros.
La mayoría de ellas coincidieron en que sus parejas “les ayudaban”, pero que la responsabilidad principal siempre recaía sobre ellas.
La investigadora Ana Elena Obando destacó que esta soledad doméstica, que generalmente ha sido acompañada por otras mujeres (familiares o empleadas domésticas), se hizo más evidente en tiempos de pandemia, ya que el confinamiento y el miedo al contagio las limitó para buscar apoyo en los oficios domésticos, a la vez que las aisló por completo del espacio social presencial.
No es casual, entonces, que las académicas manifestaran que extrañan la oficina como un espacio separado del hogar, ya que en este no solo podían dedicarse al trabajo remunerado sin las distracciones presentes en la modalidad de teletrabajo, sino que permite la interacción con personas fuera de la familia; es decir, ofrece la posibilidad de mantener cierto equilibrio emocional y social, que aliviana la carga laboral y académica.
Tareas de valor
La investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA” parte de la premisa de que las tareas del hogar y de cuido generan producción y valor, por lo cual deben reconocerse y contabilizarse en los modelos de la economía, buscando formas de redistribuirlos equitativamente entre ambos sexos, tanto desde el Estado como mediante medidas institucionales.
Esta premisa está en concordancia con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), que establece el deber de: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.”
En este sentido, esta investigación incluye recomendaciones orientadas a que se realicen los cambios en el ámbito universitario para contribuir a equilibrar la desigual carga académica y laboral que recae sobre las trabajadoras universitarias, con el fin de mejorar la salud, las condiciones laborales de las académicas y su crecimiento profesional.
En esa línea, se propone realizar campañas para instar a los hombres universitarios y a otros a que asuman su responsabilidad del 50% de las tareas del hogar y de cuido junto a las mujeres y demás miembros adultos de la unidad familiar.
Asimismo, se insta a que la Universidad dé pasos en esa dirección, mediante políticas, horarios, salarios, tiempos de reuniones y creación de unidades y redes especiales de apoyo para el cuido de las y los niños y adultas(os) mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres universitarias.
Además, se recomienda reformar el Reglamento de Régimen Académico para crear nuevas formas de evaluación que tomen en cuenta desde las labores académico-docentes, de investigación y acción social, entre otras, hasta los trabajos de cuido y del hogar que hacen las mujeres.
“Medir a ambos sexos bajo los mismos parámetros y exigirles los mismos requisitos obviando la división sexual del trabajo, resultará en odiosas discriminaciones contra las mujeres y perpetuará las desigualdades de género existentes”, subrayó Ana Elena Obando, autora de la investigación.
Este tipo de trabajos se inscribe dentro de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA), que en su numeral 4 señala la importancia de fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal académico y administrativo.
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
Enviado por Oficina de Comunicación, Universidad Nacional, Costa Rica.
La oficina en Costa Rica de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y Mujeres por Costa Rica, le invitan al seminario web: Propuestas de las mujeres para un nuevo rumbo post-Covid 19 en Costa Rica.
En el contexto de la pandemia, el diálogo multisectorial, el conjunto de iniciativas, las propuestas de política pública, las posibles estrategias y las medidas concretas para la reactivación económica, la generación de empleo decente y el combate a la pobreza, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:
Primero: reconocer que los problemas estructurales del estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, y un crecimiento de la deuda pública.
Segundo: enfrentar esta crisis requiere transformaciones estructurales orientadas a generar las bases materiales de un desarrollo que enfrente la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental. Para su implementación se requiere un pacto social, más y mejores servicios y bienes públicos que le den sustento a una relación renovada entre mercado, Estado y sociedad.
Tercero: destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la identidad democrática personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas.
Cuarto: las decisiones que se tomen en materia de fiscalidad deben darle soporte al crecimiento económico, a la creación de empleo, al salvamento de empresas, al sistema de protección social para la atención de las poblaciones desempleadas, empobrecidas y en condiciones de vulnerabilidad e informalidad.
El seminario será web vía Zoom.
Día: viernes 18 de junio 2021 Hora: 06:00 p. m. Costa Rica
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al seminario web. Si no recibe esta información o tiene alguna consulta sobre temas logísticos, puede escribir a Carlos Ávila al correo c.avila@fesamericacentral.org
Para consultas acerca del objetivo y el contenido de la actividad, por favor escribir a Marco Zamora al m.zamora@fesamericacentral.org
En setiembre del año anterior, la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” propuso –a través de su editor jefe, Richard Horton– que era necesario analizar al coronavirus, desde un enfoque biológico y social. Esta propuesta tiene como inmediata consecuencia que es imperativo redefinir la propagación universal de la covid-19, no como una pandemia sino como una sindemia.
La diferencia estriba en que mientras la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS); la sindemia es un concepto más amplio que incluye la visión médico-sanitaria, pero abarca los orígenes y las múltiples repercusiones sociales que genera la enfermedad.
Cabe destacar que el concepto de sindemia fue propuesto por vez primera en la década de los años noventa del siglo anterior, por el antropólogo y médico estadounidense Merrill Singer, quien razonó que un enfoque sindémico incluye “interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”.
El editor de “The Lancet” argumentó que los enfoques basados, exclusivamente, en detener la pandemia desde un punto de vista biomédico, no son suficientes. Ha argumentado para apoyar su tesis que “la covid-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, las medidas que se tomen deben ir necesariamente a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos”.
Dentro de esa visión se subraya que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna para combatir la enfermedad, pues la búsqueda de una respuesta puramente médica no alcanzará el éxito deseado. Analizar al virus dentro del concepto de sindemia invita a una visión más amplia, que engloba educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.
Esta reconceptualización con respecto a la covid-19, por su razonabilidad y solidez argumental, debe ser tomada en cuenta no sólo en el marco teórico e investigativo, sino y muy especialmente, en el diseño y aplicación de las políticas que deben emprender los Estados y los Gobiernos de cara a esta enfermedad y otras de repercusión global, que puedan aparecer en el futuro. La prolongada devastación que genera la covid-19 demanda acciones tan amplias como profundas.
Considero por ello que una perspectiva tan válida como la propuesta, es necesario aplicarla a las condiciones actuales de la sociedad costarricense. Es claro que el país ha sufrido en los últimos años, un proceso de incremento de la desigualdad social y un estancamiento alarmante en la reducción de la pobreza. Y que estos problemas sociales, se han agravado (incluyendo un aumento significativo de la pobreza), desde que se dio el primer contagio el 6 de marzo del 2020 hasta nuestros días.
Al 2 de junio del año en curso, el país tiene un número de 323 598 personas contagiadas por el coronavirus y 4 098 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Es muy probable que, si se realiza un estudio sobre la pertenencia social de las personas contagiadas y fallecidas, una mayoría desproporcionada provendrá de sectores afectados por la pobreza y exclusión social.
Es claro que para grupos que pertenecen a la élite económica, las posibilidades de exposición al contagio han sido y son mucho más reducidas. Asimismo, la forma de combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos y el acceso a la vacuna viajando al exterior, también coadyuva a una repercusión mucho más limitada.
También hay otros sectores que, por el tipo y condiciones de su actividad laboral y profesional, han estado menos expuestos en virtud de que han utilizado el teletrabajo, como principal modo para desarrollar sus actividades productivas.
Sin embargo, hay amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que, por la naturaleza de sus actividades laborales, no tienen más remedio que realizarlas presencialmente; con lo cual han estado y estarán más expuestos al contagio. Eso se da de manera más extendida entre los trabajadores informales cuyo número se ha incrementado a raíz de la pandemia. Y no es lo de menos observar que una inmensa mayoría de personas con discapacidad, que podría superar el 75 %, solo encuentran opciones productivas de este tipo. Así que quienes no tienen otro camino para la procura del sustento familiar que estas modalidades de trabajo, las probabilidades de contagio se incrementan en forma significativa.
Así las cosas, aunque el término de pandemia se siga utilizando masivamente porque ya está muy arraigado en el imaginario colectivo, tiene mucho sentido que tras la búsqueda de soluciones políticas y sociales más justas, adecuadas y rigurosas, se utilice el término y el enfoque de sindemia.