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Etiqueta: PANI

Defensoría detecta ocho debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.

En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.

Los principales hallazgos fueron:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.

3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.

7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.

8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Día Contra el Maltrato Infantil: cifras alarmantes en Costa Rica

Más de 125.709 niños, niñas y adolescentes sufrieron maltrato infantil en Costa Rica durante 2024, según los registros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI); la institución recibió 94.240 denuncias en todo el país. Las principales formas de violencia reportadas fueron el maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1.000 millones de niños en el mundo sufren algún tipo de violencia cada año. En su informe de noviembre de 2024, la OMS señaló que 400 millones de menores de cinco años recibieron castigos físicos dentro de sus hogares. A esto se sumó la violencia sexual.

La magnitud del problema aumenta al considerar los casos no denunciados. “Muchas situaciones de maltrato infantil permanecen ocultas por miedo, desconocimiento o normalización cultural”, advirtió, Luis Diego Conejo, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA).

Estudios citados por la agencia EFE indican que el 24% de adolescentes vivió violencia en relaciones de pareja, lo cual representa un riesgo adicional para su integridad física y emocional.

Ante este contexto, el Ineina hace un llamado para fortalecer los cuidados de este grupo etario. “La prevención debe figurar como una prioridad. Desde la UNA impulsamos proyectos y políticas que favorecen la crianza respetuosa, el desarrollo integral y el acceso a derechos básicos como la salud y la educación”, afirmó Conejo.

Con motivo del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el Ineina recuerda la urgencia de una respuesta articulada entre familias, instituciones y comunidades. La protección de la niñez requiere acciones concretas que garanticen su bienestar y desarrollo, recordó el experto.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría: presidenta del PANI tiene 12 meses para restituir derechos a niñez indígena

Recurso de amparo presentado por Defensoría fue declarado con lugar

Producto de un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes y declarado con lugar, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia presidido por la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está obligado a que, en un plazo no mayor a 12 meses, lleve a cabo la consulta a niños niñas y adolescentes indígenas en los 24 territorios, para garantizar los derechos de esta población.

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dijo que al excluir las voces de la niñez y la adolescencia indígena de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, representó una violación al interés superior del niño y de la niña, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos a la participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.

La semana anterior, la Defensora sostuvo diferentes encuentros con población indígena, en La Casona de Coto Brus, Salitre y Cabagra, y el tema de la consulta a los pueblos indígenas fue resorte de preocupación de las personas participantes en los distintos encuentros.

Esta política, que excluyó a las personas menores de edad indígena, fue publicada en abril del 2024. La decisión del Gobierno fue que, la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, se hiciera en el marco de la política pública de pueblos indígenas y no en la política nacional de niñez y adolescencia. Esta decisión fue cuestionada por la Defensoría, pues se tomó sin criterios razonables ni objetivos.

Definitivamente la exclusión constituye una discriminación a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones y, se incumple con la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de derechos humanos sin una debida política pública, pues su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, sostuvo la Defensora de los Habitantes.

Para la Defensoría es claro que fue producto de la presentación del recurso de amparo -en julio 2024- que las autoridades competentes informaron que, a partir del 25 de octubre de ese año, arrancaría el proceso de consulta en su primera fase y la realización de talleres, sin embargo, la Sala IV indicó que no tiene certeza que se vaya a efectuar debido a que no se aportó un cronograma ni un plan completo el cual se pudiera observar el procedimiento en todos los territorios, tal y como lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.

La Defensoría ha exigido al Estado un compromiso real de protección de los derechos de la niñez, una adecuada prevención y atención de los casos por violencia escolar, la preocupación por la reducción de la inversión en la educación, entre otros. En la gira por territorio indígenas, se le expresó a la Defensoría también la necesidad que el Estado se involucre activamente en otros temas claves como la limitada conexión a internet y la necesidad de educación inclusiva, la recuperación de tierras con mayor compromiso de las entidades competentes, el acceso efectivo a servicios médicos con información en lengua indígena, reglamentos claros para el manejo forestal, problemas en permisos de construcción y mantenimiento de caminos, la urgente mejora en la infraestructura de agua potable y las deficiencias en la recolección de residuos sólidos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide al PANI reporte de intervención a favor de niños y niñas deportadas

Desde la llegada del primer grupo de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica el pasado 20 de febrero de 2025, la Defensoría de los Habitantes ha estado presente como observadora activa, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes que forman parte de este proceso.

Para esta Defensoría es necesario recalcar que, más allá de los procedimientos administrativos, detrás de cada persona migrante hay una historia de vida y en el caso de las personas menores de edad, requieren atención y cuidados especiales. Por ello, se le solicitó información detallada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre la salud física y mental de los niños y niñas que fueron deportados desde los Estados Unidos hacia nuestro país, la alimentación e incluso la educación, mientras permanezcan en territorio nacional.

La Defensoría consultó al PANI si hay personas menores de edad no acompañadas por sus progenitores o encargados legales, cuál es su situación socio-psico-legal y el rango etario. Además, si estas personas se encuentran identificadas debidamente con un pasaporte o algún documento de identidad que indique país de procedencia, nombre de sus progenitores, fecha de nacimiento.

También es necesario que el PANI informe si cuenta con servicio de traductor o traductora oficial aportados por el Gobierno de Costa Rica, en los idiomas de su procedencia. En ese sentido, se conoce que la OIM contrató un grupo de personas traductoras con el único fin de valorar el retorno voluntario.

También indicar si existen personas menores de edad con discapacidad, y en tal caso, informar sobre las coordinaciones con CONAPDIS. Además, detallar si requieren apoyos especiales y si llegaron personas menores de edad con alguna enfermedad (física o mental), y en tal caso, realizar las coordinaciones respectivas con el Hospital Nacional de Niños y el Hospital Nacional de Salud Mental o algún otro centro de salud.

Al desconocer el tiempo de permanencia en el país, el PANI debe informar a las acciones se implementarán para garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad, además si cuentan con ropa adecuada al clima de la Zona Sur, y los implementos de higiene y limpieza que requieren.

Otro aspecto importante es saber si el CATEM cuenta con una persona profesional en nutrición, la alimentación que se les brindará, en general, y en particular a las personas menores de edad, dado la diversidad de los países de procedencia.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará posibles recortes a entidades públicas en presupuesto 2025

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.

A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.

La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.

También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.

La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presidente no se saque el clavo con ellos: Patronato Nacional tira a los jóvenes a la calle a los 18 años

José Luis Valverde Morales.

Por el periodista José Luis Valverde Morales

  • Presidente tiene para firmar importante ley y no lo hace.
  • Rodrigo Chaves ha firmado más de 50 leyes aprobadas después.
  • ¿Será una sacada de clavo contra la Presidenta del taxi que lo llevó al poder?
  • No siga el afán revanchista culpando a otros.
  • Si no los apoyamos, el crimen organizado tiene los brazos abiertos.

La diputada Luz Mary Alpizar (Partido Progreso Social Democrático), logró que la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto de ley denominado “Hijos e Hijas de la Patria”. 

La nueva legislación pretende darle apoyo a esos jóvenes, quienes a los 18 años son lanzados por la institución a jugársela en las calles.

La ayuda establecida en el Primer Poder de la República, es algo muy básico por unos años más. 

Los jóvenes hoy en desamparo al alcanzar la mayoría de edad, podrían seguir estudiando e insertarse con éxito en la nueva vida. 

El costo financiero que tanto preocupa al gobierno cuando de ayuda social se trata, es mínimo para el Estado, el impacto positivo para la sociedad es enorme.

El PANI tiene dinero de sobra para financiar a sus ahora huérfanos institucionales.

La ley se aprobó, en la Asamblea Legislativa el 11 de octubre del 2023, hace 7 meses.

El presidente Rodrigo Chaves Robles, hoy no la ha puesto en vigencia, pero sí ha firmado más de 50 aprobadas después de ese proyecto.

Sacarse clavos, culpar a los demás, posponer temas vitales caprichosamente, no puede, ni debe ser política de estado.

Como diría el connotado periodista Carlos “El Macho” Jiménez Guillén: ¡JUZGUE USTED!

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.

Organizaciones indígenas denuncian hostigamiento por parte de instituciones

COMUNICADO PÚBLICO: IMAS Y PANI HOSTIGAN A RECUPERADORES (AS) DE KAPLEÑA, EN EL TERRITORIO BRIBRI DE SALITRE

– El IMAS y el PANI se hicieron presentes en Kapleña alrededor de las 8 a.m. del día de hoy para hostigar a las personas recuperadoras y a insistir en los trámites del desalojo judicial.

– Poder Ejecutivo continúa sin dar respuesta a las solicitudes de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña, familias recuperadoras exigirán respuesta en la jurisdicción constitucional.

Martes 20 de junio del 2023. Alrededor de las 8 a.m. las tres familias recuperadoras de los Clanes Kolkiwak y Bubolwak, que pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, fueron visitadas por el Patronato Nacional de Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la recuperación Kapleña, en la comunidad de Puente de Salitre. La visita, según las y los funcionarios de las instituciones, se encuentra dentro de las diligencias a realizar para el desalojo judicial en contra de las familias recuperadoras de Klapeña; proceso judicial en el que todavía está pendiente la resolución de un recurso de nulidad interpuesto recientemente.

En la visita el IMAS indicó a las personas recuperadoras que se encuentra buscando casas de habitación en Buenos Aires, aludiendo a que ahí serían trasladadas las personas Bribris luego de que se realice el desalojo que da posesión al no indígena, Edwin Guevara Mora. Por su parte, el PANI insistió en que las personas menores de edad no deben de permanecer en la recuperación y, mucho menos, en el momento del desalojo.

De esta manera, ambas instituciones desconocen las normas y derechos culturales y ancestrales de los Pueblos Originarios, de lo contrario sería impensable que tres familias del Pueblo Bribri sean expulsadas de su Territorio para vivir en una casa de habitación urbana, en una comunidad profundamente racista y violenta como lo es Buenos Aires. Tampoco el PANI insistiría en sacar a las y los menores de edad de la recuperación, del seno de sus familias, en la protección de su territorio y cosmovisión que sólo es posible con el acceso a la tierra-territoria. El accionar hostigador y violento por parte del PANI es ya una historia conocida por las mujeres de los Pueblos Originarios.

Desde el 2021, la recuperación de Kapleña está amenazada por un desalojo judicial de acuerdo con la sentencia 40-2021 del 30-6-21 y Ejecución de Sentencia del 22-6-22 y el voto N.373-F-22 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José en un proceso interdictal que se conoce en el expediente 19000045-655-AG-2. En estos se ordena el desalojo de las personas recuperadoras y poner en posesión al no indígena Edwin Guevara Mora.

El Departamento Legal de la Dirección de Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública presentó ante el Juzgado Civil de Buenos Aires, una Solicitud de Aclaratoria con fecha 8 de junio de 2023 en la que indica “Si a raíz, de lo dispuesto por la sala Constitucional en la resolución 2022024725 del 19 de octubre de 2022… se genera una imposibilidad material de ejecutar el desalojo y puesta en posesión ordenado por el Juzgado…” duda que tampoco ha sido respondida.

Desde el lunes 11 de julio de 2022 representantes de las familias recuperadoras y del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña; así como la referencia formal del caso a conocimiento de Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), en aplicación del Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIS (Decreto de CAID), hasta el día de hoy no hay respuesta a la solicitud por parte del Ministerio de Seguridad, por lo que amparados en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional las familias recuperadoras ejercerán su derecho de petición y pronta respuesta en la jurisdicción constitucional.

El Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) envió el 13 de junio un documento al poder ejecutivo externando sus preocupaciones y desacuerdo con el desalojo, ante lo cual, la Defensoría de los Habitantes por medio del oficio N.DH-DIND-0574-2023 del 14 de junio, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública “1. Informar sobre el estado en que se encuentra el presunto procedimiento de desalojo a efectuarse en el territorio indígena de Salitre.2. Indicar si existe alguna declaratoria de vulnerabilidad social ante este presunto desalojo…”. Varias organizaciones de Pueblos Originarios y sociales solicitaron la semana anterior al Poder Ejecutivo se dé respuesta a la solicitud realizada desde julio del 2022, ante lo cual no se tienen ni siquiera un recibido.

Además, el 15 de junio anterior, una representante de las familias recuperadoras y del CODIAW solicitó a la Defensoría interponer sus servicios para que el Ministerio de Seguridad declare la vulnerabilidad social del desalojo y presentó ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) una solicitud para iniciar el proceso administrativo ordinario sobre el terreno conocido como “Kapleña para determinar si el señor Edwin Guevara Mora es poseedor o propietario de buena fe, en los términos que ha establecido la Ley Indígena, normativa concordante y jurisprudencia aplicable.

Guevara Mora, no indígena, ganadero, altamente reconocido por su agresiones y racismo contra el Pueblo Bribri de Salitre ha sido denunciando judicial y públicamente por tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas, entre otros.

Esto quiere decir que el desalojo judicial no sólo vulnera el derecho a la tierra-territorio para el Pueblo Bribri sino que también aumenta el riesgo y amenaza en contra de la integridad física y del Pueblo Bribri. De llevarse a cabo el desalojo, el Estado costarricense sería responsable directo de aumentar los riesgos a los que sobrevive el Pueblo Bribri de Salitre. Pueblo que a su vez es sujeto de las Medidas Cautelares 321/12 establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) como organización propia del pueblo Bribri de Salitre exigimos al estado de Costa Rica que cese el hostigamiento contra las familias recuperadoras y de respuesta inmediata a la solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña.

-Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW).
-Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La protección de la infancia debe ser integral

José Luis Pacheco Murillo

La conmemoración del Día del Niño de la Calle este 12 de abril pasado no sólo trajo como tema el hecho de que los menores de edad estén, bajo condiciones deplorables, teniendo una vida llena de inseguridad, incertidumbre y expuestos a todos los peligros que la calle y el ambiente de soledad y además la criminalidad que inunda el ambiente, sino que también, surgieron denuncias y manifestaciones sobre hechos que suceden todos los días a vista y paciencia de todos, incluidas autoridades.

Llevamos muchos meses de observar cómo muchos niños son expuestos a todo tipo de peligros. Todos hemos visto en esquinas en las vías públicas a muchos adultos, parejas, o solo hombres o solo mujeres con niños y niñas, solicitándonos dinero y desde luego la excusa “el gancho” y el llamar a la lastima es la exposición que se hace de niños y niñas, eso es absolutamente contrario a los derechos de los niños.

Independiente de la nacionalidad de quienes lo hagan e independientemente de las razones que puedan estar viviendo, lo cierto del caso es que los niños y niñas no son responsables de eso y no deben de exponerse a situaciones de peligro como ahora se hace. Incluso, hay manifestaciones sobre el hecho de que se “alquilan” niños y niñas para utilizarlos en esa pretensión de obtener ayudas económicas, moviendo a la lástima especialmente por la situación de eso niños y niñas.

El Patronato Nacional de la Infancia no debería permitir este tipo de actuaciones y deben de impedir que se utilicen a los niños, aunque sean hijos de quienes están en esas actividades, insistir en que ellos no son responsables para exponerse a esas situaciones.

Las autoridades del gobierno deben tomar acciones inmediatas y máxime con las situaciones que se han denunciado en contra de la niñez y la adolescencia en cuanto a violaciones y a abandonos de los menores. Las decisiones deben tomarse ya, para mañana será demasiado tarde y quienes no actúen serán responsables de lo que les suceda a esos menores.

Dios quiera que las autoridades responsables tomen acciones inmediatamente y logren sacar a esos menores de edad de esos ambientes y tomar acciones también contra quienes les exponen.

ANEP-PANI: reinstalación laboral en la Aldea Arthur Gough

El pasado martes 21 de febrero de 2023 a tempranas horas de la mañana se compartió un mensaje por parte de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el que comunicó la reinstalación laboral de Juanita Baltodano en Río Oro de Santa Ana, en las instalaciones de la Aldea Arthur Gough del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien había sido injustamente despedida hace casi dos años y medio atrás. Esto se logró gracias a la intervención jurídica del ANEP y a las labores de la abogada Rosa Rivera Bejarano. 

En el mensaje también se comenta que ANEP no abandona a los trabajadores, y que continuará en la lucha por los derechos de los mismos.