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Etiqueta: PANI

Especialistas UNA proponen requisitos para seleccionar jerarcas de MEP y PANI

Escrito el . Publicado en Derechos.

El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de la persona en la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)—actualmente con rango de ministra—son puestos claves para el desarrollo nacional; por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento, formación y apertura al diálogo son requisitos indispensables, aseguran Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri, especialistas del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA).

En una carta dirigida al presidente electo Rodrigo Chaves, la vicepresidenta electa y coordinadora designada del área social Mary Munive, y Natalia Díaz, quien está a cargo del proceso de selección de personas idóneas para los principales puestos de gobierno, Rodríguez y Chaverri—directora del INEINA y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, respectivamente—solicitaron,  de manera respetuosa, atender  algunas consideraciones para la selección de estos puestos, que consideran cruciales para el desarrollo nacional.

En representación de la Comisión de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, los expertos recomiendan al nuevo gobierno lo siguiente en torno a los nombramientos de jerarcas de estas dos instituciones:  

  1. La evidencia científica señala que la intervención temprana e integral en la vida de las personas cumple un papel causal en su desarrollo a largo plazo y marca una diferencia positiva en este, por lo que es trascendental que estos dos nombramientos tomen en cuenta el conocimiento técnico de las personas elegidas sobre desarrollo humano integral, así como sobre las acciones que lo potencian y aquellas que lo inhiben.
  2. Además de una formación académica robusta y experiencia en el campo específico, es muy importante que las personas elegidas en estos dos cargos cuenten con apertura al diálogo. Costa Rica terminó un ciclo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en 2021 y actualmente hay varias comisiones interinstitucionales en funcionamiento que están formulando la nueva política 2022, por lo que es clave que los/as nuevos/as jerarcas tengan presente este proceso y lo lleven a buen puerto, pues se trata de un compromiso nacional, así como ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ha habido un amplio proceso de diálogo y análisis liderado por el PANI que debe culminar con la aprobación en este año de una nueva política nacional que cumpla con altos estándares de calidad. Por otra parte, en el campo educativo hay rezagos de gran importancia, como los señalados por el informe del Estado de la Educación y Unesco, que requieren el liderazgo de autoridades técnicas y con experiencia que tomen decisiones rigurosas y valientes para la mejora en los servicios educativos a nivel nacional.
  3. Como lo demostró un estudio de la UNA en 2015, el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), que fue creado en el Código de Niñez y Adolescencia, tiene una serie de vacíos y problemas que le impiden impulsar eficazmente las políticas que se requieren para el desarrollo integral de las personas menores de edad. Esto es un tema crucial porque no habrá política educativa ni de desarrollo exitosa, allí donde hay hambre, abandono, maltrato, pobreza y diversas formas de violencia y vulnerabilidad. Es por lo anterior que se torna necesario que las personas que ejerzan estos cargos tengan la capacidad política de potenciar cambios en las estructuras y procesos ya existentes para el bienestar de la población menor de edad.
  4. Contrario a la actitud dominante de carácter recortista, minimalista y cortoplacista de la inversión en niñez y adolescencia de los últimos años, resulta fundamental que las nuevas autoridades de gobierno comprendan el rol esencial que esta juega en el desarrollo nacional. La inversión en niñez, adolescencia y educación es de las que muestra los mayores niveles de retorno, por lo que no se puede considerar un desperdicio ni un malgasto de recursos, sino todo lo contrario, un genuino financiamiento del desarrollo nacional que se devuelve con creces. La inversión en niñez y adolescencia impacta el incremento de los indicadores de desarrollo humano, económico y social, y contribuye a disminuir indicadores de vulnerabilidad, exclusión, pobreza y desigualdad, en un país donde uno de cada tres niños vive en pobreza, hipotecando así su presente y su futuro. La falta o la debilidad de tal inversión pasa una factura carísima al país que es muy difícil de corregir posteriormente. Las personas que ejerzan estos puestos deben tener claridad sobre esto e implementar decisiones para asegurar que la presupuestación y ejecución de fondos se realice de forma estratégica y eficaz.
  5. El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública, como de la persona en la presidencia ejecutiva del PANI (que actualmente detenta también el rango de ministra), son puestos claves para el desarrollo nacional. Por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento y formación son requisitos indispensables.

Con amplia trayectoria en el campo de la niñez y la adolescencia, Rodríguez y Chaverri destacaron que las anteriores consideraciones, en el pasado, no siempre fueron tomadas en cuenta, lo cual—en su criterio—resultó  en nombramientos de personas no idóneas, quienes tomaron decisiones que hicieron daño a las instituciones y al país y produjeron retrocesos en el cumplimiento integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Por todo lo anterior, les instamos a que los nombramientos en el MEP y el PANI se realicen considerando estos puntos en los perfiles técnicos y la trayectoria en los campos específicos de quienes resulten elegidos”, concluye la carta dirigida al gobierno electo, suscrita por ambos especialistas de la UNA.

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Compartido con SURCOS por Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri.

UNA: MEP debe ser vigilante para evitar exclusión de estudiantes en vulnerabilidad social

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).

Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.

En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.

“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.

Presencialidad necesaria

La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.

La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.

En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.

Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.

En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa volver a la escuela?

Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.

¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.

La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.

Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.

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Experiencias adversas en la infancia en tiempos de pandemia

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

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Por un Talamanca seguro -manifestación contra violencia de género y por seguridad comunitaria

Escrito el . Publicado en Comunidad, Derechos.

Ante ola de violentos sucesos, mujeres y acompañantes del Caribe Sur se manifestaron el miércoles 17 de junio frente a Tribunales y Municipalidad de Talamanca bajo el lema Por un Talamanca seguro.

  • Manifestación en favor de la seguridad comunitaria y contra la violencia de género

La comunidad del Caribe Sur manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres implícita en actos delictivos recientes. Más allá del daño material percibido, nuestro llamado pone énfasis sobre la necesidad de detener la progresiva pérdida de confianza y credibilidad en la institucionalidad que está llamada a protegernos y que sentimos profundamente ausente.

Esta llamada no se orienta solo a exigir una respuesta efectiva de las fuerzas de seguridad ante episodios de inseguridad concreta, sino también a que las estructuras diseñadas para el bienestar de nuestra población, en especial mujeres,  juventud y  niñez,  cuenten realmente con alternativas efectivas para romper con ciclos de violencia y delincuencia estructural de forma preventiva.

Por esto, consideramos de altísima relevancia tener respuestas reales para la comunidad a fin de estimular la regeneración del tejido social que siempre ha caracterizado a nuestras comunidades y como condición necesaria para vivir en armonía, sin temor de que ni nuestros hogares, ni nuestros cuerpos, ni nuestros niños y niñas sean violentados, o que la población más vulnerable sea sacrificada a una violencia sistémica encausada por la pobreza y la carencia de alternativas de desarrollo y bienestar.

De seguido exponemos más que nuestras peticiones nuestras exigencias, puesto que no estamos pidiendo otra cosa que el cumplimiento real y efectivo de lo que por mandato las autoridades y las instituciones están llamadas a cumplir:

Acciones preventivas:

  1. Solicitamos que exista una Oficina de Atención Integral para la niñez y la adolescencia que cumpla con programas y proyectos efectivos para el desarrollo de habilidades sociales y prácticas en atención integral de la población joven, no solo desde el punto de vista productivo, sino de bienestar psicológico y emocional. En este sentido consideramos de absoluta relevancia un mayor volumen de personal competente en la oficina del PANI.
  2. Que la Oficina de la Mujer de la Municipalidad desarrolle programas efectivos, evaluables y transparentes orientados a la atención integral de las jóvenes y mujeres de la localidad.
  3. Que el Comité de la Persona Joven y Deporte gestione efectivamente recursos para la inversión en programas deportivos, artísticos y culturales, así como instalaciones físicas que se correspondan a la realización de estas actividades. En caso de obtenerse recursos para infraestructura, la gestión de estos fondos debe de realizarse en acuerdo a mecanismos de transparencia con la comunidad y la administración y aprovechamiento de los bienes debe ser en acuerdo con los sectores beneficiaros y no por las decisiones unilaterales de una junta o persona designada como administradora.

Acciones reactivas:

  1. Requerimos ejecutividad en los puestos designados para mantener el orden público, eso implica justicia pronta y cumplida, transparencia y respuesta a través de los mecanismos establecidos por ley para conocer avances en investigaciones pertinentes, así como una reducción efectiva de la impunidad existente frente a delitos en flagrancia.
  2. Exigimos que las víctimas sean tratadas con respeto por parte de las autoridades, esto implica que si la investigación judicial señala una fecha de visita para las inspecciones oculares, esa temporalidad sea respetada. Esto incluye también contar con personal capacitado para no provocar revictimización, especialmente en casos delicados en los que el delito implica violencia sexual o doméstica.
  3. Solicitamos un mínimo de recursos para atender con eficiencia las competencias de las fuerzas policiales, eso incluye contar con vehículos suficientes para cubrir las demandas de la seguridad ciudadana en comunidades como Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo.
  4. Exigimos una base mínima de comunicación entre los diversos cuerpos de la Fuerza Pública que se desempeñan dentro del territorio de forma que exista coordinación para la atención efectiva delitos, esto no solo permitiría la maximización de los activos, sino también compartir información registrada en los archivos respecto de sospechosos o personas capturadas como resultado de hechos delictivos.

Vecinas y vecinos del Caribe Sur.

Unidas Talamanca.

PANI en huelga por mejoras para niñez

Escrito el . Publicado en Trabajo.

El sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, afiliado a la Central General de Trabajadores Costa Rica (C.G.T), inició con el mes de julio huelga en 9 de sus oficinas de la provincia de Alajuela. De no existir solución a sus demandas la huelga pasará a otras provincias, así dispuesto en la fundamentación legal realizada en el amparo de la Reforma Procesal Laboral.

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¿Crisis en el PANI? Una lectura profesional

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica le invita este próximo miércoles 03 de julio a las 2 p.m. al evento: «¿Crisis en el PANI? Una lectura profesional«, el cual se llevará a cabo en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, de la Facultas de Ciencias Sociales de la UCR.

Más información en la siguiente imagen:

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Ministra de la Niñez no defiende recursos para niñez y adolescencia

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Cabezas

 

A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.

No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.

El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.

Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.

Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.

Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado por el autor.

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Parece que con la niñez sí se juega…

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • Apertura de oficinas de atención directiva y programas fue rechazado

 

Carlos J. Cabezas Mora (*)

Luego de que la administración del Patronato Nacional de la Infancia justificara el cambio en la estructura organizativa creando nuevos departamentos, reubicando otros, la Autoridad Presupuestaria por una decisión de carácter político rechazó la creación de las plazas, según supimos de manera informal.

El Código de la Niñez establece que tratándose del cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud el Estado no puede argumentar falta de recursos presupuestarios, una institución como la nuestra que ha sido asediada por medios de comunicación y criticada por la ciudadanía por no dar abasto con la demanda social, producto sin duda de una cultura de violencia existente en el país, requiere de fortalecimiento, sin embargo todo esto poco o nada importó a la hora de rechazar esta nueva expansión de coberturas en el resto del territorio nacional.

La niñez tiene derecho al juego, pero que jueguen con su presente y futuro es simplemente inadmisible, sabemos que la situación fiscal del gobierno no es la mejor, pero también sabemos que otras instituciones con facilidad se han convertido en la prioridad nacional, como el caso de seguridad pública, pues el sentimiento de inseguridad vigente sí es tema de campaña electoral, pero evitar que nuevas generaciones ingrese a las filas delictivas parece que continuará siendo la gran omisión de las políticas fiscales de todos los gobiernos.

La niñez y la adolescencia son el presente y futuro de una nación y con la política economicista neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales acreedores, comprometen con cifras engañosas y argumentos de la clase empresarial y política dominante, la inversión social para la niñez de nuestro país, lesionando su desarrollo integral y postergando la construcción de una ciudadanía activa y consciente de su entorno en una coyuntura de un capitalismo deshumanizante.

Con el proyecto de ley y su regla fiscal creemos que las instituciones que no generan ingresos sino solo inversión social, como es el caso del PANI posible que sean las primeras víctimas del economicismo que tiende a atender lo urgente no lo estratégico para nuestro país, nos extrañó muchísimos no conocer una posición de la actual administración sobre la amenaza de que el artículo de la ley orgánica que garantiza la obligación de girar el 7% del impuesto sobre la renta fuera derogada, cuando era un deber como institución en su misión de defender los derechos de la niñez.

Tendremos más herramientas para el llamado a nuestros compañeros y compañeras para sumarse a la protesta nacional contra el gobierno entrante, ahora en defensa de los servicios públicos también.

 

(*) Secretario General, SEPI. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

 

Enviado por el autor.

UNA: Con pedagogía y afecto menores recuperan esperanza

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Programa especial de Viernes Científico

UNA y Pani impulsan una propuesta pedagógica que le han permitido a más de 1200 personas menores de edad, ubicadas en albergues, insertarse con éxito al sistema educativo y fortalecer su autoestima

Silvia Monturiol

Periodista UNA

“He estado muy contenta de compartir con los profes y con los encargados del albergue… He aprendido a tener fe en el futuro, me han mostrado que a pesar de que no tengo el apoyo de mi familia, tengo una familia muy grande en el albergue que atiende todo lo que necesito y los profesores siempre me impulsan a salir adelante…”

Con estas palabras y en medio de lágrimas, una adolescente—residente del Albergue Las Flores—resumió cómo el Proyecto Pedagógico para las Personas Menores de Edad (PME) ubicadas en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) ha marcado la diferencia en su vida.

Financiado por el Pani y administrado por la Universidad Nacional (UNA), bajo la coordinación de las académicas Roxana Rodríguez y Maureen Camacho, de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), este proyecto llega día a día a 29 albergues y 3 aldeas donde residen niños, niñas y adolescentes en protección del Pani, a través de un contingente de 115 docentes—en su mayoría graduados de la UNA—, comprometidos a aportar su conocimiento y su calidad humana para contribuir con el desarrollo integral de estos menores.

“Hemos comprobado el compromiso de muchos profesionales, quienes han dado un paso más, preparando a los menores para ir a hacer pruebas en vacaciones, organizando campamentos, posadas, festivales y muchas otras actividades para que niños, niñas y adolescentes desarrollen todo su potencial”, confirma Roxana Rodríguez, coordinadora de este proyecto, que ha atendido 1217 menores residentes en albergues en todo el país, en año y medio de trabajo.

Y es que no se trata de una relación docente-alumno común, sino de una interacción entre seres humanos, como lo afirma Esteban Soto, quien participa en esta iniciativa como profesor de educación musical.

Para Julio Arana, profesor de educación física y estudiante de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi), ha sido una experiencia maravillosa. Considera que a las personas menores se les ha ayudado especialmente en la parte socioafectiva; es decir, “a sentir que se les atiende, que se les comprende, que tienen apoyo, que confiamos en ellos y que tienen esperanzas de forjar su propio camino”.

La directora de la Regional Pacífico Central del Pani, Flor de María Jara, informó sobre experiencias “muy favorables y enriquecedoras”. Ilustró con los casos de adolescentes y niños que rechazaban y tenían miedo de ingresar a centros educativos; sin embargo, luego de un trabajo coordinado en el marco del proyecto, al día de hoy se encuentran insertos en el sistema educativo, están comprometidos con su proceso académico y tienen una mejor relación con sus compañeros, tras vencer los temores a la socialización y ser conscientes de sus capacidades, habilidades y emociones.

También expuso el caso reciente de una adolescente, quien en una carta que dirigía a su mamá, hablaba de “los profes”, de lo que estaba aprendiendo y de su deseo de seguir estudiando como un proyecto de vida.

Una decisión acertada

Desarrollado con el objetivo de proveer una educación interdisciplinaria de calidad a las personas menores de edad ubicadas en albergues institucionales para promover su desarrollo integral, los resultados del Proyecto muestran que su puesta en marcha fue una decisión acertada, según reconoce Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Pani.

Se trata de una propuesta pedagógica formulada con la participación de un grupo de profesionales de la División Básica, la División de Educología, la División de Educación para el Trabajo y de Ciemhcavi, la cual ofrece apoyo educativo en arte, orientación, educación especial, I y II ciclo, preescolar, música, inglés, matemática y educación física.

La propuesta promueve un apoyo educativo ajustado a las características, necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes en cada albergue.

Entre las fortalezas del proyecto descritas en un informe del Pani, destacan la mejora significativa del rendimiento académico de las PME en materias específicas como inglés, matemáticas y ciencias, así como el descubrimiento de habilidades tanto deportivas como musicales y el fortalecimiento de su autoestima.

UNA experiencia de aprendizaje

Iniciado en octubre de 2016, el Proyecto Pedagógico para las Personas Menores de Edad ubicadas en albergues institucionales del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) hoy representa “un antes y un después” en la cotidianidad de los 115 profesores involucrados, de las “tías y tíos” encargados del cuido en los albergues, pero sobre todo, en la vida de los chicos y chicas atendidos.

Con ejemplos, Flor de María Jara, directora de la Regional Pacífico Central del Pani, sustentó esta afirmación durante el Encuentro de experiencias exitosas, realizado el pasado 17 de abril en el auditorio Marco Tulio Salazar del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), en el marco de este proyecto conjunto con la Universidad Nacional (UNA).

“En nuestros albergues, la totalidad de las personas menores de edad que recibieron desde el principio esta atención ha ganado el curso lectivo… Y debo decir que lo han ganado aprendiendo; ha habido un proceso de aprendizaje, de esfuerzo, de reconocimiento por parte de ellos de que deben avanzar”, subrayó.

Una experiencia similar, que va más allá del mejoramiento del rendimiento académico para convertirse en un proceso de desarrollo integral, la han vivido en este año y medio 1217 personas menores de edad de 29 albergues y 3 aldeas del Pani en todo el país, desde Corredores hasta Liberia.

“…Aprendí a buscar mi camino en lo que me hace feliz y lo valioso que soy… aprendí a creer en mí… aprendí la importancia del conocimiento y a disfrutar en la escuela… aprendí a jugar, a sentir cariño…” Así resumió uno de los niños lo que ha aprendido con “los profes”, durante este encuentro, que contó con la participación de Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Pani, quien ideó esta iniciativa.

 

***Para mayor información comuníquese con Roxana Rodríguez al 8864-4529 o a la Oficina de Comunicación de la UNA 2277-3067.

 

Imagen tomada de www.una.ac.cr

Enviado por UNA Comunicación.

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UNA: Presupuesto nacional y el “estado de necesidad”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos

Greivin Hernández González (*)

 

El Poder Ejecutivo “ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social” reza la exposición de motivos del Presupuesto Nacional del Estado costarricense para el 2018.

Para ello argumenta encontrarse en “estado de necesidad”, condición que lo imposibilita a cumplir con los compromisos que la constitución y las leyes establecen. Esta es una de las formas en que la inacción por parte de la sociedad costarricense en materia de soluciones al recurrente déficit fiscal se manifiesta. Durante años, hemos estado oyendo a políticos y expertos decir que el faltante de recursos que el Estado tiene para hacer frente a sus obligaciones es un asunto serio, y que eventualmente el ajuste fiscal vendrá y se manifestará de una forma tangible, pues bien, esta es una de las tantas formas de percibirlo. La otra es sin duda, el aumento en las tasas de interés vivida en los últimos meses, y vendrán más.

Volviendo al tema del presupuesto, como bien han apuntado algunos políticos y analistas, un tema preocupante es que se está sacrificando la inversión social y la de capital. La propuesta de gastos del Gobierno para 2018 implica un crecimiento anual nominal del 3,2%, lo cual significa un crecimiento real casi nulo, dado que la inflación prevista es del 3%. Con esto, se estima que el gasto público perderá importancia dentro de la economía, dado que caerá al 25,9% en 2018, luego de representar el 27,3% en 2017.

Sin embargo, para lograr tal resultado, se han debido sacrificar rubros clave para el desarrollo del país, el presupuesto en educación representaría el 7,4% de la producción en 2018, una caída respecto a 2017 cuando alcanzó el 7,8% y el gasto de capital (inversión en obra pública) se reducirá en 17,4%; además de la contención de los aumentos en las transferencias para políticas sociales ya comentadas, y reducción de gastos institucionales (partidas flexibles).

Por otra parte, la deuda pública sigue creciendo como bola de nieve, al igual que en 2017, el principal título presupuestario comprende este rubro, que alcanza el 32% del presupuesto total, y contribuirá al crecimiento del presupuesto del 18,4% respecto al 2017, siempre y cuando las condiciones financieras no empeoren.

Si el ajuste fiscal sigue dándose de esta forma, las consecuencias para la sociedad pueden ser nefastas, y como ocurre en economía, siempre existen rezagos entre las decisiones de política económica y sus resultados. Luego de la crisis que enfrentó la economía mundial en los años ochenta del siglo pasado, muchos países, en cuenta Costa Rica, decidieron reducir drásticamente la inversión pública. El resultado fue un rezago en infraestructura productiva, que generó caída en la competitividad, y varias generaciones con menor acceso a educación, que hoy se encuentran desempleadas pues carecen de las habilidades que requiere el mercado.

Esperemos no tener que revivir esa época, y encontrar más pronto que tarde una solución al acuciante déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de eso depende la paz social de los próximos años y el nivel de bienestar de las futuras generaciones.

(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.libertadyprogresonline.org

Enviado por UNA Comunicación.

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