El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso.
El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboaen conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez.
La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas.
El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable.
El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.
Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes.
Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Giorgio Trucchi
Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).
En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.
Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.
Agrotóxicos altamente peligrosos
El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.
También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.
Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.
Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.
Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.
En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.
Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.
Un falso paradigma
“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).
“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.
Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.
“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.
Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.
“La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.
Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.
“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.
Foto: Giorgio Trucchi
1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos 2 Fuente consultada Semanario Universidad
Se propone borrador de decreto para prohibir paraquat y glifosato
(FECON, 2-4-2019). Por medio del oficio N° 04903-2019-DHR (archivo adjunto), del 29 de abril del 2019 titulado: “Informe Final con Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes con respecto a la solicitud de prohibición del herbicida glifosato”. Expediente 2773-43-2017-SI, mismo que fue abierto debido a la denuncia del Dr. Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
En esta resolución «…la Defensoría considera que se debe proceder a prohibir de manera expresa y explícita cualquier uso no agrícola del glifosato, particular y específicamente, su uso como herbicida para control de malezas en espacios públicos y zonas urbanas».
Sumado a lo anterior la Defensoría de los Habitantes señala: «… se considera necesaria y se apoya la propuesta de decreto ejecutivo para la prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”.
Así mismo recomienda al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Valorar el documento “Glifosato: Caracterización de los posibles efectos para la salud y vías de exposición”, y la propuesta de decreto ejecutivo para la “prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”, elaboradas por la comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Salud, con el fin de que se prohíba el uso del glifosato, sus sales y las formulaciones que las contengan.»
Costa Rica tienen una deuda con la salud pública en materia de plaguicidas
Organizaciones solicitan se prohíba el Paraquat
Los intentos por parte del movimiento ecologista de prohibir el Paraquat han sido reiterados, básicamente buscamos que Costa Rica no siga siendo un basurero de tóxicos que no quieren en otros países (Fecon, 2-8-2018). El veneno conocido como “gramoxone” propiedad de la empresas Syngenta es cuestionado mundialmente en al menos 40 países donde no está permitido su uso, venta o transporte. La Unión Europea por ejemplo lo prohibió mediante un fallo del 2007 del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas (T-229/04).
Pero en Costa Rica el Paraquat está entre los plaguicidas con más volumen de ingrediente activo importado (Estado de la Nación, 2010) a pesar ser considerado un plaguicida de “Extrema peligrosidad” (Barvo, 2015).
Destaca que en Costa Rica el gramuxon es un plaguicida con estadísticas alarmantes por ejemplo el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reporta entre los años 2013 y 2015 un total de 353 intoxicaciones por Paraquat. Este agro tóxico está entre las primeras tres causantes de intoxicaciones por plaguicidas según la CCSS. Por otro lado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 20 de agosto de 2015 y el 12 de marzo de 2017, se reportó un total de 47 casos de autopsias en los que se determinó como causa de muerte el uso indebido del plaguicida Paraquat.
En setiembre de 2017 el Ministerio de Salud puso en consulta pública en el Sistema de Control Previo una propuesta para que mediante decreto ejecutivo se prohíba a nivel nacional el agrotóxico 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilio, de nombre común Paraquat y sus sales. Extrañamente el 25 de octubre lo saca de consulta pública en esta misma plataforma.
Ante consultas de la Federación Ecologista y la Red de Coordinación en Biodiversdad sobre los criterios técnicos por los cuales se retiró de consulta el Director de Asuntos Jurídicos mencionó que fue por que “era necesario conversar sobre el tema con el ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía”. El pasado 20 de abril mediante el oficio DAJ-CB-727-2018 el Ministerio de Salud vuelve ponerlo en consulta pública.
Estos vaivenes son conocidos en América Latina, por ejemplo en Brasil en setiembre de 2017 se emitió la prohibición de este agrotóxico pero la empresa Syngenta está ejerciendo presión para que esta medida sea revertida (RapAL, 18-11-18). Es por esto que no nos extraña intereses ocultos estén presionando a Costa Rica para que no se prohíba el Paraquat, a pasar se sus consecuencias ambientales y sociales.
Por tanto, la Federación Para la Conservación de la Naturaleza y La Red de Coordinación en Biodiversidad solicitamos de forma pública la firma del Decreto de Prohibición del Paraquat contemplado en el oficio DAJ-SM-1464-2017 del Ministerio de Salud.
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto del 31 agosto en el cantón de Mora donde el Ing. Fabián Pacheco expone en a los regidores, síndicos y público del cantón los impactos y alternativas a los agro venenos así como los alcances de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica”.
Las municipalidades de La Unión y Mora se declararon libres del uso de herbicidas en sus áreas de administración públicas.
¡Municipalidad de Mora la primera! Cuando iniciamos la campaña, en abril pasado, con la declaratoria de Pérez Zeledón creímos que era el primer cantón, pero según nos informaron en Mora tenían 2 años de aplicar esta medida para protección de la salud ambiental del cantón. Esta acción demuestra que tanto municipios urbanos o rurales pueden manejar sus áreas públicas sin recurrir al uso de estos peligrosos venenos.
Según Roger Madrigal encargado de los servicios municipales: “esta municipalidad tiene en sus políticas el no uso de herbicidas, hace dos años que no se usan, es muy grato saber que el cantón toma un acuerdo que lo sustenta”.
Nuria Quirós presidenta de la Comisión Ambiental del cantón de Mora aseguro que “después de ver las otras declaratorias, hicimos un dictamen de comisión y decidimos unánimemente decláranos a favor de un ambiente más sano libre de pesticidas y herbicidas que intoxiquen el ambiente, pero además decidimos motivar a los agricultores para un cambio que promuevan otras formas de producir”.
La Municipalidad de La Unión asegura en su acuerdo que “posee una Política Ambiental, la cual cita: En la Municipalidad de La Unión, nos comprometemos a liderar de manera solidaria, responsable y consciente, los esfuerzos, estrategias y proyectos para promover la conservación de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación” Por lo tanto: “declárese el Cantón de La Unión, Cartago, territorio libre de aplicación de agroquímicos o agrotóxicos en áreas públicas como son: caminos vecinales y carreteras, parques, jardines públicos, campos de deporte, áreas de recreo, cementerios, recintos escolares, aceras, caños, y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria”.
Además, la Municipalidad aseguró que en apego a esta declaratoria “se promueva la adopción de formas más sustentables para el manejo y control de las áreas verdes municipales, con formas que excluyan el uso de este tipo de plaguicidas de comprobada o presunta toxicidad para los seres humanos y todas las formas de vida, causantes de daños a la salud y al ambiente principalmente el recurso hídrico, de manera que comprometen la calidad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras”.
La Unión definió que “se permita el uso adecuado y regulado, de las sustancias químicas de esta naturaleza que se mantienen como parte del inventario en las bodegas municipales. Una vez agotadas las existencias, entrará en vigor esta propuesta”.
La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON, 2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
Corredores, Quepos, y Talamanca prohíben uso del herbicida glifosato
Alajuela y Esparza prohíbe la utilización de herbicidas
13 municipalidades, la UNED y la UCR tomaron acuerdos similares
Las municipalidades de Corredores, Quepos y Talamanca tomaron históricos acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato en sitios de administración municipal como parques y cementerios. Mientras el Concejo Municipal de Alajuela fue para todo herbicida y La Esparza acordó en Acta N° 67-2017: “no aplicar herbicidas y productos agrotóxicos en los parques públicos”.
Desde abril pasado se activó la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres y comunitarios que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial en consumo de plaguicidas. Según datos de FAO, World Resources Institute del Banco Mundial, y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), nuestro país es el consumidor más voraz de agrotóxicos en el mundo (Semanario Universidad, 3-6-2015).
Según informes del (IRET-UNA) el país importó unas 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas en el 2015, siendo el glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. Para tener una idea de proporción, con 1000 toneladas de glifosato se pueden preparar 3,7 millones de litros de una formulación comercial, que alcanzarían para fumigar un 1,25 millones de hectáreas.
“La prohibición de glifosato es un primer paso para ir dejando esta práctica y esperamos que progresivamente los municipios, centros educativos y las instituciones públicas tomen conciencia de que hay alterativas para sustituir todos los agrovenenos”, aseguró Fabián Pacheco, uno de los promotores de la campaña.
En las zonas no agrícolas y urbanas se consume cerca del 35% del glifosato usado en el país, para la gestión de malezas en vías férreas, bordes de caños, linderos, poliductos, entre otros; por tanto, es de primera necesidad generar soluciones alternativas ecológicas.
La campaña busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON,2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
¡No seamos basurero tóxico de un agroquímico en extinción!
Ecologistas piden la prohibición de la venta y comercialización del herbicida Paraquat, conocido también como “gramoxone”, que en Costa Rica por décadas ha sido el mayor causante de intoxicaciones laborales con pesticidas y de suicidios por su ingesta.
Veneno mortal
Jóvenes en zonas indígenas de Costa Rica han utilizado para suicidarse este mortal veneno que el mismo MAG entrega, aunque las comunidades se opongan. Han sido claros en su rechazo el gobierno local indígena (Pronunciamiento ADITICA) como la Federación de Mujeres Indígenas de Talamanca que ha dicho: “cómo es posible que el MAG irrespete nuestra voluntad y nos de venenos que no sabemos manejar y que nuestros jóvenes están usando para suicidarse. Estos suicidios son una emergencia y son facilitados porque hay agroquímicos por todo el territorio que no se han usado porque muchas madres y miembros de la comunidad han tomado consciencia, entonces el veneno se acumula y está a mano para ser usado en suicidios”
Según la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en Talamanca, en 2014 las cifras llegaron a 47 intentos de suicidio, la mayoría en adolescentes entre los 12 y los 14 años; esos datos motivaron la declaratoria de emergencia municipal en setiembre de 2014. Según las estadísticas de la OIJ de Talamanca, han habido 32 casos de suicidio consumado en Talamanca entre 2013 y junio de 2017, de los cuales 20 utilizaron agro veneno.
Prohibición mundial
En al menos 40 países en el mundo, el Paraguat está prohibido y en muchos otros restringido. En Europa fue prohibido desde julio del 2007 mediante una sentencia de la Corte de la Unión Europea por ser altamente tóxico (ver nota de la Corte de Justicia de la UE), a raíz de este fallo, la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).
El paraquat integra “La Docena Sucia” contra la cual hay una campaña emprendida por la PAN (Pesticides Action Network) desde 1985 y a nivel mundial. Esta misma organización junto con la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) han clasificado al Paraquat dentro de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) basada en criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, EPA y la Unión Europea.
En nuestro país desde el 2000 distintos sectores que se agruparon en el Foro Emaús solicitaron la prohibición del Paraquat ( ver más) pero en aquel momento los argumentos en contra de la prohibición giraron en torno a los intereses de los importadores, cámaras y transnacionales del agroveneno (Nación.com, 24-2-2001).
Efectos e impactos ambientales
Este agroveneno es considerado un químico extremadamente tóxico para plantas y animales, especialmente peces. Se acumula en organismos acuáticos; los crustáceos son muy sensibles en las primeras etapas de desarrollo. En el ser humano, se alerta que la inhalación y el contacto con la piel pueden provocar tos y sangre en la nariz y daños irreversibles en los pulmones, además de lesiones irreversibles en el hígado o los riñones. Ingerir una sola cucharita del compuesto, puede ser fatal. Los trabajadores agrícolas sufren quemaduras en la piel, ceguera, daño respiratorio e insuficiencia renal crónica debido a su uso. En el suelo es inmóvil y extremadamente persistente; en el sedimento y subsuelo queda adsorbido (biológicamente no disponible) por muchos años sin degradación.
Es fabricado por la transnacional Syngenta y es tan polémico su uso y fabricación que está prohibido en Suiza donde se encuentra la sede central de esta transnacional. Incluso el gobierno de China, una nación que poco se preocupa por la regulación ambiental, decidió en 2012 eliminar el Paraquat “para salvaguardar la vida de las personas”, aunque todavía permite la producción para la exportación (Nytimes.com/20/12/2016).
En Costa Rica
La compañía Del Monte y la agroindustria piñera fue recientemente cuestionada por ecologista por los “sahumerios” de dioxinas que realizan con este peligroso veneno (FECON, 20-6-2017) , pues para el manejo de los desechos de la plantación de piña aplican principalmente Paraquat y posteriormente quemar el rastrojo, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que son poderos contaminantes que son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.” Fuente: OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ )
Ecologistas hicieron ver las grandes contradicciones del sector piñero en relación a sus manuales de buenas prácticas, que continuamente citan para afirmar que toda su producción es amigable con el ambiente (ver Luis Ángel González Alfaro. – San José, Costa Rica: MAG/SFE, 2012. 18 pp.). La FECON recomendó prohibirlo y exigir la práctica de destrucción de la biomasa mediante la acción mecánica de implementos agrícolas y evitar el uso de herbicidas y quemas en general, todo ello para evitar criaderos de Mosca (Stomoxys calcitrans).
Por estas y muchas otra razones que pueden verse en la literatura científica, FECON pide al MAG que considere toda la evidencia técnica que ha llevado a más de 40 países a prohibir este veneno y que al mismo tiempo pondere el costo socio ambiental que implica el consumo de Paraquat en el país y que no nos convirtamos en el basurero tóxico donde se terminan de usar las existencias mundiales de un veneno tal y como está pasando el Paraquat y como pasó con el Nemagón o Dibromo cloropropano (D.B.C.P) que dejó a miles de personas esterilizadas.
Informes: Mauricio Álvarez, presidente de FECON. Tel: 8870-9165
El experimento de piña transgénica que desarrolla PINDECO, tuvo un significativo revés al rechazarse las intenciones de esta compañía de utilizar paracuat y quemar los rastrojos y remanentes de la piña transgénica “Rose”.
Ecologistas presentes en la Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado, se opusieron a la propuesta de aplicar herbicida (paraquat), quemar y destruir mecánicamente dicho cultivo, posición que fue avalada y respalda por todos los representantes estatales y técnicos que conforman la CTNB. Este experimento transgénico que PINDECO desarrolla desde 2011 arrastra un cuestionado permiso de la CTNB (Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011).
¿Por qué oponerse? Después de aplicar Paraquat (Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo) o cualquier otro herbicida con cloro y posteriormente quemar, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que “son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. La exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.” Fuente: OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ )
La práctica de usar el herbicida paraquat es generalizada para todas las plantaciones de la transnacional Del Monte. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo, por ejemplo en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea desde julio del 2007 por ser altamente tóxico (ver nota de la Corte de Justicia de la UE), a raíz de este fallo, la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).
Incluso el gobierno de China, una nación que poco se preocupa por la regulación ambiental, decidió en 2012 eliminar el paraquat “para salvaguardar la vida de las personas”, aunque todavía permite la producción para la exportación (Nytimes.com/20/12/2016).
Para Fabián Pacheco representante de FECON en la CTNB: “Comprendiendo que la bioseguridad debe partir de un análisis integral y de la responsabilidad del SFE y en general de los representantes del Ministerio de Salud de la Comisión se hace necesario que se prohíba esta mala práctica de la trasnacional que indiscutiblemente repercute de manera lamentable sobre la salud laboral y ambiental de Costa Rica”.
La FECON recomienda ilegalizar este tipo de “sahumerios” de dioxinas y exigir la práctica de destrucción de la biomasa mediante la acción mecánica de implementos agrícolas y evitar el uso de herbicidas y quemas en general. Se recuerda la importancia de que la destrucción de la biomasa y su posterior integración al suelo debe darse en un plazo no mayor a 5 días para evitar criaderos de Mosca (Stomoxys calcitrans).
*Informes con Fabián Pacheco, tel. 88262270, representante de FECON en Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB).
