Mario Boza Loría. Fuente de la imagen Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Comunicado de prensa Universidad Estatal a Distancia (UNED)
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) otorgó, de manera póstuma, el título de Doctor Honoris Causa al ingeniero, científico e historiador Mario Boza Loría, “por el significativo legado en pro de la conservación de la naturaleza en beneficio de la humanidad, por ser promotor de la creación y el mantenimiento de los diferentes tipos de áreas naturales protegidas, en Costa Rica como en otros lugares del mundo”.
En reconocimiento a su trayectoria conservacionista, el Consejo Universitario de la UNED tomó esta decisión, en la sesión celebrada el 20 de enero del 2022. Boza Loría, considerado el último padre de los Parques Nacionales en Costa Rica, falleció a los 79 años de edad, el 29 de octubre de 2021, luego de una vida dedicada a la conservación de la naturaleza.
“Para el Consejo Universitario de la UNED ha sido un honor otorgar el Doctorado Honoris Causa como homenaje póstumo al señor Mario Boza Loría. Le debemos a don Mario, el Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre, la promoción del Turismo Ecológico y el reconocimiento de la importante labor de las personas guardaparques”, comentó Ana Catalina Montenegro Granados, miembro del Consejo Universitario y coordinadora de la comisión especial nombrada para tal efecto.
Boza Loría fue profesor y académico en temas de conservación ambiental en universidades públicas, entre ellas: la Universidad Nacional (1973-1976 y 2015), la Universidad de Costa Rica (1977) y la UNED (1977-1987), institución en la que también fue gestor del Programa de Educación Ambiental, el primero, en su género, en el país.
Montenegro Granados indicó además que la perspectiva ambiental de Boza Loría “se demostró con hechos. En la UNED fungió como profesor y académico, autor de innumerables libros y gestor del Programa de Educación Ambiental. Al reconocer su amplia trayectoria y legado, brindamos la oportunidad de visibilizar su trabajo comprometido, para que esta y futuras generaciones defendamos sus luchas y nos inspiremos en su ejemplo”.
Al divulgar una semblanza del extinto científico, el Consejo Universitario destacó “su exitosa gestión para establecer alianzas y conseguir recursos económicos y humanos, ser el cogestor del Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre”, la primera instancia gubernamental destinada exclusivamente a realizar labores en estos temas.
Una de las obras más sobresalientes de Boza Loría es el libro Historia de la Conservación de la Naturaleza en Costa Rica, publicado en el año 2015 por la Editorial Tecnológica del Tecnológico de Costa Rica (TEC), que resume la historia de la conservación en Costa Rica durante el periodo comprendido entre 1754- 2012.
Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
Por: Daniel Rueda, miembro de la organización Madre Tierra
En algunos lugares del mundo, los grandes robles y otros árboles milenarios están muriendo. Especialmente aquellos más grandes, de amplios troncos y de mayor edad, se van a tasas cada vez mayores. Con los robles, también se nos fue Mario Boza Loría. Falleció el pasado viernes 29 de octubre de 2021.
Un amigo entrañable de la naturaleza. Un defensor inclaudicable de los bosques. Con visión esclarecedora e ingenio, en la década de los setenta, Mario se une a otro gran visionario, Álvaro Ugalde Víquez (fallecido en febrero de 2015), en la tarea ingente de cristalizar una idea, un sueño: convencer y ganar voluntades políticas para la creación de parques nacionales de Costa Rica. Quizá, en aquella época, esta tarea podría parecer como clamar en el desierto. Sin embargo, ambos lograron ver y construir los oasis y fueron escuchados. Hoy día, aquella idea alcanza 27 parques nacionales que son administrados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Junto con otras estrategias de conservación, los parques suman unos 13.000 kilómetros cuadrados, para un 25% del territorio nacional.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación constituye la punta de lanza de la imagen verde de una Costa Rica centrada en la biodiversidad, una estrategia de conservación que diariamente le abona un especial prestigio. Por eso, el pueblo agradecido denomina a Álvaro Ugalde Víquez y a Mario Boza Loría como los padres de los parques nacionales porque nunca dejaron de emprender y motivar para que el país le diera una oportunidad a la Madre Tierra.
Mario dedicó completamente su vida a la lucha por la naturaleza, a la biodiversidad. En sus funciones académicas se destacó como docente e investigador universitario y autor de una importante cantidad de artículos en revistas de alto impacto. La Editorial Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, publicó en el 2017 su obra más destacada: Historia de la conservación de la naturaleza en Costa Rica 1754-2012.
Con Jean Paul Sartre, Albert Camus y el mismo Víctor Frankl, se puede afirmar que Mario logró construir y dar un sentido a su vida. No fue fácil, pero Mario tenía el carácter necesario, la perseverancia y disposición para no flaquear, decaer ni desfallecer en alcanzar sus prospectivas ecológicas y contribuir al despertar de la conciencia ambiental de la sociedad. Trabajó algunos años en la Universidad Nacional, donde participó en la creación de la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca) y apoyó firmemente la creación del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis). En sus últimos años se mantuvo muy activo en diferentes actividades académicas del Icomvis.
Los robles son árboles muy especiales. Fuertes, de elegante porte y proveedor de alimento para la amplia biodiversidad que mora en sus ramas y follajes. Llama la atención su madera resistente e incorruptible. Así fue Mario en su vida. Hombre digno, de fuerza física y moral, y de voluntad forjada en sus luchas. Ante las tormentas y los vientos impetuosos, enérgicos y veloces, el árbol de roble se puede inclinar sobre sus ramas hasta tocar suavemente el suelo, pero nunca se quiebran, nunca caen. Mario nos recuerda al roble, y a las grandes personas que transforman el mundo y le aportan esperanzas para un futuro promisorio.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
La implementación de políticas ambientales para la protección de parques nacionales y reservas biológicas ha sido considerada por una parte de la población como un gasto, no obstante, un estudio reciente deja al descubierto su aporte socioeconómico para el país.
El estudio “Contribuciones de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica, 2018: Línea base para el análisis de los efectos de la pandemia de COVID-19” dirigió sus esfuerzos en la actualización de la información pertinente al aporte económico de los PNRB en el año 2018, donde se evidenció la importancia no solo ecológica sino también económica, social e institucional, lo cual se refleja en actividades como el turismo, la protección del recurso hídrico para el abastecimiento de agua a comunidades y generación de energía hidroeléctrica, la investigación científica y otros servicios ambientales.
De esta manera la investigación llevada a cabo por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) con el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), estimó que el aporte a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas fue de aproximadamente ₡1.119.955.196.505 ($1.900.634.361 dólares estadounidenses) para el año 2018.
Las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las más beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con aproximadamente ¢915.424.100.253 del total de ingresos, representando el 81.74% del aporte total generado. El servicio de mantenimiento del recurso hídrico por parte de estas áreas protegidas permitió obtener cerca de ¢153.943.524.777 en generación de electricidad.
Como se mencionó anteriormente, la actividad relacionada con los PNRB que más obtuvo beneficios (81,7%) fue el turismo, por lo anterior y teniendo en cuenta los tres posibles escenarios esbozados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que apuntaban a declives en las llegadas de turistas internacionales para el 2020, se efectuó un análisis de los posibles efectos en los aportes de los PNRB, calculados en el presente estudio. En el escenario 1 los aportes disminuirán un 56%, en el escenario 2 disminuirán un 66% y en el tercer escenario la disminución será de 68%. En el cuadro adjunto 2 se incluyen la variación en los aportes de los PNRB dependiendo de cada escenario.
Las actividades económicas más importantes dentro de la actividad turística que se desarrolla alrededor de PNRB son el alojamiento, la venta de alimentos, el transporte y el entretenimiento, que se verán afectadas por esta disminución en los aportes.
***Para mayor información con: Mary Luz Moreno, investigadora Cinpe-UNA (8355-8425) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8674-8535).
Tengo una sugerencia, ojalá que se pueda hacer algo, dado que ahora se puede ver venados en la playa, según una bióloga de la UNA, y que los monos, que antes estaban acostumbrados a estar cerca de los turistas, están buscando su propio alimento natural…
Ante esta nueva situación, que no debemos desaprovechar, se debe tomar medidas más estrictas para la visitación regulada, sobre todo en el caso de lugares como el Parque Nacional Manuel Antonio o el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre de Gandoca – Manzanillo (REGAMA), entre otros muy visitados. Hay casos en los cuales se ha visto animales silvestres en la playa, buscando alimento.
Pregunto a las personas del SINAC-MINAE: ¿hay alguna estrategia que se esté estudiando en estos momentos, a lo interno del MINAE para este fin?
Esperamos que sí, ya que es una oportunidad única para la restauración de los ecosistemas de todo el país…y ni qué se diga de la construcción de los pasos de fauna aéreos y subterráneos, no sólo en las nuevas ampliaciones y nuevas carreteras, sino también, en las carreteras ya construidas.No desperdiciemos esta oportunidad de oro para la vida silvestre.
Bloque Verde y Diwö Ambiental están organizando para este sábado 24 de agosto de 4 p.m. a 7 p.m. una concentración en protesta por el abandono de nuestros parques nacionales y la destrucción del Amazonas en la Plaza de la Cultura.
«Mientras el pseudo-líder Carlos Alvarado es condecorado por organizaciones anti-ambientales (WWF) por destruir nuestro mundo las y los Guardaparques padecen en sus sitios de trabajo en condiciones precarias, además, se les priva de los incentivos del riesgo policial, contratos de disponibilidad y tiempo extraordinario, entre muchas otras atrocidades.
Por su parte el gobierno fascista de Jair Bolsonaro en Brasil insiste en desmantelar las políticas ambientales y deja su huella quemando el Amazonas». se manifiesta en el evento creado en Facebook para este fin.
“Costa Rica verde” es una frase que probablemente ha escuchado en algún momento de la vida. Sin entrar en una discusión de si esto es cierto o no, muchas personas velan para que los bosques realmente sean verdes y para que la diversidad de especies de flora y fauna prevalezca ante las distintas amenazas humanas y climáticas. Las áreas de conservación en Costa Rica cubren un 25% del territorio del país, según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Ante la aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley expediente N° 20 447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado”, que autoriza a entes prestatarias del servicio de agua potable a desarrollar infraestructura de acueductos dentro del Patrimonio Natural del Estado, incluyendo parques nacionales y reservas biológicas, los abajo firmantes, organizaciones y personas, manifestamos a la sociedad costarricense lo siguiente:
Considerando:
Que, por su gran valor biológico, ecológico, humano y paisajístico, es fundamental que los parques nacionales y las reservas biológicas mantengan su naturaleza esencial, como zonas para la conservación, donde, como lo señala nuestra legislación, solo se permitan actividades de ecoturismo, investigación y educación ambiental. Resulta vital que estas áreas no se abran a proyectos de infraestructura comercial, industrial o urbana. Con este proyecto de ley, se estaría creando un precedente sumamente peligroso, que cambiaría radicalmente la concepción y la visión de estos sitios, afectando con ello a todos los parques nacionales y reservas biológicas de nuestro país.
Que el grave precedente que se crea al otorgar permisos para proyectos de infraestructura de acueductos de gran escala dentro de los parques nacionales y reservas biológicas resulta altamente dañino y peligroso, por cuanto podría generar toda una cadena de proyectos de este tipo en esas áreas protegidas, con graves efectos ambientales acumulativos o sinérgicos en los mismos. Y aun peor, una vez roto el paradigma de los parques como sitios exclusivos para la conservación, sin duda se podrían generar permisos similares para otro tipo de desarrollos, como geotermia, hidroeléctricas, carreteras, gas natural, petróleo, minería, canal seco, pesca comercial, etc. Esto, marcaría sin duda el fin de nuestros parques nacionales y reservas biológicas, como los hemos conocido hasta ahora, como sitios para la conservación inalterada de nuestra biodiversidad, para beneficio, provecho y disfrute de todos los costarricenses.
Que existe, por parte de algunos sectores economicistas y productivistas, una fuerte corriente y presión por abrir las áreas protegidas, en especial los parques nacionales, al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial e industrial. En ese sentido, existen propuestas de ley en la corriente legislativa, que buscan permitir explotación geotérmica y construcción de carreteras dentro de los parques nacionales.
Que existen áreas protegidas que han sido declarados Sitios Patrimonio Natural de la Humanidad, por parte de la UNESCO desde 1999, lo cual le confiere a estas áreas, condiciones y características especiales y al país, compromisos y acuerdos para su protección total. Un ejemplo de esto es el Área de Conservación Guanacaste (ACG), donde se ubican los Parques Nacionales Rincón de la Vieja y Santa Rosa. El proyecto de ley entraría en claro conflicto con los objetivos de conservación de estas declaratorias, llevando a Costa Rica a incumplir obligaciones internacionales y, causándole al país un serio desprestigio internacional.
Que el proyecto de ley en cuestión, autoriza a disminuir los parques nacionales y reservas biológicas desafectando y separando secciones de las mismas, sin ninguna consideración de las características ecológicas o biofísicas especiales de estas áreas.
Que la mayoría de la sociedad costarricense visualiza y desea que los parques nacionales sigan siendo sitios para observar y apreciar naturaleza y paisajes inalterados, y no represas, tomas de agua, tuberías de gran tamaño, desarenadores, plantas de tratamiento, desalinizadoras, caminos de acceso u otro tipo de estructuras artificiales, que sin duda implican corta de bosque y vegetación y que además causarían impactos ambientales significativos. El turismo que ingresa a nuestro país viene a ver naturaleza inalterada, no ese tipo de obras o estructuras.
Que el conocimiento científico que se tiene sobre estos sitios ecológicamente tan complejos y frágiles, sigue siendo aún limitado y debería privar ante todo el principio precautorio. Por el contrario, los promotores cifran erróneamente en los estudios ecológicos y ambientales, la supuesta no afectación a estas áreas protegidas.
Que los parques nacionales y otras reservas equivalentes, han sido establecidos para proteger nuestra extraordinaria diversidad biológica, lo que incluye la fauna silvestre. Es en estos lugares protegidos donde la fauna tiene acceso al agua que necesita, lo cual podría afectarse o eliminarse completamente, si se permite que sea captada para otros propósitos. Esta situación se haría particularmente grave en las áreas protegidas del Pacífico Seco, en las cuales, con base en los modelos climáticos existentes, el agua se haría aún más escasa.
Que el ecoturismo es de vital importancia para la economía del país. Con base en datos oficiales del ICT y del Banco Central, en el 2017, para un 45,3% de los turistas su motivo principal de la visita fue la observación de la flora y la fauna, y los ingresos de divisas por concepto de turismo fueron de US$ 3.873 millones. Con base en estos datos podemos estimar que nuestros parques y reservas contribuyeron con casi US $2000 millones a la economía del país y con la generación de unos 50.000 empleos directos.
Que la coyuntura política y económica actual en nuestro país tiende a priorizar los aspectos económico-productivos por encima de los ambientales, lo que hace que una apertura de este tipo en áreas ecológicamente sensibles, resulte en estos momentos aún mucho más peligrosa y riesgosa.
Que los parques nacionales y reservas biológicas por su importancia ecológica son inalienables, imprescindibles e inembargables, por mandatos del ordenamiento jurídico ambiental costarricense, artículo 50 de la Constitución Política, y asimismo por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Que dichos tratados obligan al país a formular las medidas necesarias para la protección de estas áreas protegidas, lo que podría estarse incumpliendo al aprobar legislación que permita abrir estas zonas al desarrollo de proyectos de infraestructura energética de gran escala.
Que, en lugar de aperturas genéricas y generalizadas de todas las áreas silvestres protegidas para proyectos de acueductos, debería analizarse cada caso por separado, buscándose las soluciones específicas para cada situación. Existen opciones fuera de las ASP, algunas de estas podrían ser: perforación de pozos fuera de las ASP, trasvase de aguas de otras microcuencas o sub-cuencas o, en caso de que las condiciones lo permitan, aprovechamientos de ríos o quebradas de sitios cercanos, expropiando a finqueros, en vez de afectar parques o reservas biológicas.
Que el proyecto de ley carece de estudios que justifiquen porque es procedente desafectar parques nacionales y reservas biológicas, cuando por otro lado se está presentando una situación generalizada de fugas en las tuberías de AyA, lo que violenta el criterio de tutela científica en el manejo ambiental.
Que además de los parques nacionales y reservas biológicas, existen también otras categorías de manejo como las reservas forestales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras y humedales, algunas de propiedad estatal, que contienen gran riqueza y diversidad biológica, y que serían también gravemente afectadas con este proyecto de ley.
Por lo tanto:
Las organizaciones y personas abajo firmantes nos oponemos categóricamente al proyecto de ley expediente 20 447. Consideramos que se comete un enorme error al promoverlo, por lo que hacemos un llamado ferviente a los diputados y diputadas para no aprobar esa propuesta. Estamos dispuestos a llevar esta batalla a las instancias legales, institucionales y políticas que sean necesarias, tanto nacionales como internacionales, a fin de detener la destrucción de nuestros parques nacionales y reservas equivalentes.
Aclaramos que no estamos en contra del principio del acceso al agua para consumo humano en cantidad y calidad suficiente, sino en la afectación y precedente que se crea con este proyecto de ley. Abogamos por la búsqueda y aplicación de otras opciones, como las señaladas en esta nota. Consideramos también que el agua se debe considerar como un derecho de todo ser viviente, no solamente de los humanos.
Instamos al Gobierno y a los diputados, a no promover ni aprobar reformas legales genéricas para abrir los parques nacionales al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial o industrial de gran escala, en este caso, para obras de acueductos.
Instamos a la sociedad costarricense a oponerse categóricamente a este proyecto de ley y a defender por todos los medios esa enorme riqueza natural que son los parques nacionales y reservas biológicas, patrimonio de todos los costarricenses, tanto de las actuales como de las futuras generaciones.
****
Organizaciones firmantes
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (SITRAMINAE)
Firma responsable: Roberto Molina,
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Firma responsable: Henry Picado
Fundación Promar
Firma responsable: Javier Rodríguez Fonseca
Asociación ABAAnimal
Firma responsable: Juan Carlos Peralta Víquez
Sea Shepherd Costa Rica
Firma responsable: Jorge Serendero Hülssner
For The Oceans Foundation
Firma responsable: Marcela Aguilar Bruno
The Leatherback Trust.
Firma responsable: Elizabeth Solano Pacheco, cédula 1-0810-0765
Preserve Planet
Firma responsable: Luis Diego Marín Schumacher, cédula: 1-753-303
Personas firmantes
Mario Boza Loría
Álvaro Sagot Rodríguez
Rolando Portilla Pastor
Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta enviada al Presidente Carlos Alvarado con respecto a la amenaza sobre los Parques Nacionales y Reservas Biológicas de nuestro país:
La Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, archivó por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso geotérmico” expediente no. 19.339. El dictamen de la subcomisión de archivo del expediente suscrito por los diputados Gerardo Vargas Rojas (PUSC), Juan Marín Quirós (PLN) y Edgardo Araya Sibaja (FA), asegura que “el expediente adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad”.
El archivo del expediente señalado, fue violentado por dos Diputados de Gobierno (Cambronero y Solís) que se reciclaron como principales promotores del mismo y se lo llevaron a la Comisión de Agropecuarios, donde contaban con los votos para dictaminarlo. Más de 30 instituciones, organizaciones, pueblos indígenas, municipalidades de todo el país fueron consultadas por la Comisión de Ambiente. La mayoría, como lo hizo FECON, rechazó la propuesta y pidió su archivo.
Nueva política de Estado
La acción legislativa se enmarca en una naciente política de Estado donde “todo lo ambiental que no se resuelve a favor del interés de “los desarrolladores” será retirado de la jurisdicción ambiental y resuelto a favor de la destrucción del planeta”. En el Ejecutivo, precisamente por falta de carácter y capacidad de este, se ha hecho con las autorizaciones para exportar aletas y con el establecimiento de un órgano nacional de consulta para una convención que regula la extinción de especies fuera de la autoridad ambiental y dentro del sector agropecuario. Ahora esto se fortalece en el legislativo con un proyecto que atenta contra la integridad de los Parques Nacionales que rechaza la Subcomisión de Ambiente y aprueba la Comisión del Agro. Insólito. Pero así es.
La situación jurídica de la propuesta aprobada por la Comisión de Agropecuarios no ha variado. Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot: “es claro que no existen los estudios técnicos para que se pase bien librada una consulta de constitucionalidad(…) Existe mucha jurisprudencia en la línea de cambiar usos del suelo en Áreas Silvestres Protegidas y el hacer estudios posteriores a que se apruebe una ley, etc. También está el asunto de violación a Convenios internacionales y el Rincón de la Vieja está protegido por ese lado también y una ley no elimina el Convenio”.
Hay que recordar que el área de Conservación Guanacaste (ACG) fue declarada por la UNESCO sitio Patrimonio Natural y Cultural desde 1999. El Parque Nacional Rincón de la Vieja es parte de esa declaratoria de Patrimonio y dicha Convención de UNESCO establece la obligatoriedad del Estado de “garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país”.
“Matrafulas” de diputados
Existiendo un acuerdo de la Fracción del Frente Amplio de rechazar el proyecto en cuestión, la Diputada del Frente Amplio Suray Carrillo se ausentó al final de la sesión de la Comisión de Agropecuarios facilitando la aprobación del Expediente. El ecologismo ve una vez más una sumisión partidaria a los intereses y la influencia del ICE en las actuaciones del Frente Amplio.
Por su parte los Diputados teóricamente oficialistas Solís Fallas y Cambronero abonan a la ingobernabilidad, con su acción política no sólo violentan a la Subcomisión de Ambiente y conscientes de una oposición institucional poco común que incluye al Presidente de la República, a las promesas de campaña de su propio partido, a las comunidades consultadas y vinculadas al Foro de Guanacaste, a Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Escuela de Biología de la UCR, al Comité de Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al Área de Conservación Arenal Tempisque, a la FECON y SITRAMINAE.
La irresponsabilidad política de estos dos diputados, presuntamente oficialistas, también desmerecen la imagen internacional en el ámbito de la política climática, ya que fue el propio Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, quien indicó que “…Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los Parques Nacionales”(ver más) y por supuesto evidencian una vez más, las profundas contradicciones del PAC gobernante con el PAC electoral que se comprometió a fortalecer la integridad de las Áreas Silvestres Protegidas y vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño las Áreas Silvestres Protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales (Pacto Ambiental).
Para FECON el texto en discusión es totalmente inconstitucional, pues es una autorización abierta y genérica, no delimitada. Solo se puede reducir la categoría de manejo de un Parque Nacional mediante una ley específica, y con base en estudios técnicos previos que justifiquen la medida.
La categoría de uso de los Parques Nacionales hoy es de protección absoluta, admitir uso geotérmico es un cambio de categoría a una de menos o nula protección, principio constitucional ratificado por la Sala IV y tratados internacionales ambientales. Nada de esto se cumple con el proyecto mencionado porque ahí dan un cheque en blanco, una autorización genérica al SINAC para cambiar la categoría de manejo de cualquier parte de los Parques Nacionales mencionados sin delimitar cuales serían concretamente las áreas afectadas.
