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Etiqueta: participación ciudadana

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal mientras que comunidades destacan intervención de la Defensoría de los Habitantes

Puntarenas, Costa Rica. Comunidades, ASADAS y organizaciones socioambientales de la cuenca del río Guacimal celebraron la aprobación unánime, por parte del Concejo Municipal de Puntarenas, de una moción para declarar una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, dentro del territorio del cantón central de Puntarenas. La medida fue aprobada en la sesión extraordinaria N.° 171.

La moratoria responde a una solicitud presentada desde noviembre de 2025 por comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, ante la preocupación por el incremento de solicitudes de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena en el río Guacimal. Durante la sesión municipal, el regidor Mario Rodríguez Morales recordó que la moción responde a una solicitud de las comunidades y destacó que el estudio jurídico sobre la viabilidad técnico-legal de la moratoria fue elaborado por la abogada Gabriela Cruz Alaniz.

Según la información disponible en Dirección de Geología y Minas del 2025 existen 11 solicitudes de concesión entre los sectores de Guacimal y Chomes, de las cuales dos ya se encuentran en operación y el resto en trámite. En conjunto, estas solicitudes abarcarían cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, lo que representa más de la mitad del río.

La medida aprobada por el Concejo Municipal se plantea como una acción preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental, ante la existencia de riesgos razonables de daños graves o irreversibles al ambiente, al recurso hídrico, a la salud pública, a los medios de vida y a las comunidades. En ese sentido, ordena suspender la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes municipales relacionadas con la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, mientras se mantenga vigente la moratoria.

La moratoria tendría una vigencia de 24 meses, prorrogable mediante acuerdo municipal, y solo podría levantarse si existen estudios técnicos integrales que valoren la capacidad de carga, los riesgos ambientales, hídricos, geomorfológicos y socioeconómicos, así como la ausencia comprobada de daños graves o irreversibles. También deberá garantizarse la protección del recurso hídrico, el bienestar de las comunidades, la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.

Este avance municipal se suma a la admisión, por parte de la Defensoría de los Habitantes, de una solicitud de intervención presentada por la Alianza Hidrica (Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua) mediante los oficios N.° 04900-2026-DHR y N.° 04901-2026-DHR, ambos del 27 de abril de 2026, la Defensoría solicitó informes a la Municipalidad de Puntarenas y a SETENA sobre la situación del río Guacimal, las solicitudes de concesión, los posibles impactos acumulativos y el estado de los incidentes de nulidad presentados contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de WSP Constructora S.A.

En particular, la Defensoría solicitó a SETENA informar el estado actual de los recursos de nulidad presentados contra la resolución N.° 0100-2025-SETENA, indicar si se han adoptado medidas preventivas mientras dichos recursos se encuentran pendientes, remitir copia del Estudio de Impacto Ambiental del expediente D1-0483-2023, señalar si se ha iniciado algún procedimiento de revisión, corrección o eventual anulación de la viabilidad ambiental, e informar si se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de impactos acumulativos considerando las múltiples solicitudes de concesión en el río Guacimal.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Municipalidad de Puntarenas referirse a la moratoria solicitada por las comunidades, detallar las acciones realizadas para atender el riesgo asociado con la extracción de materiales en el río Guacimal, informar si se han realizado análisis técnicos, jurídicos o ambientales sobre la procedencia de la moratoria, y señalar si existe algún mecanismo de coordinación interinstitucional o comunal para proteger el río y garantizar el abastecimiento de agua de las ASADAS ubicadas río abajo.

Las comunidades han advertido que el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen directamente de este recurso. Además, la cuenca cumple una función ecológica estratégica al formar parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, que conecta bosques nubosos con manglares costeros y permite la movilidad de especies silvestres, incluyendo fauna en categorías de amenaza.

La preocupación comunitaria también se relaciona con el proyecto de WSP Constructora S.A., que pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de gestionar una concesión para extraer material del cauce. En los documentos remitidos a la Defensoría se señalan posibles vicios de forma y fondo en el expediente ambiental, incluyendo inconsistencias en la información del proyecto, ausencia de consulta pública y cuestionamientos sobre la evaluación de impactos acumulativos.

Las comunidades y organizaciones solicitantes hicieron un llamado a la Municipalidad de Puntarenas para actuar con debida diligencia, garantizar el acceso a la información pública, atender las preocupaciones de las ASADAS y comunidades locales, y asegurar que cualquier decisión sobre el río Guacimal se adopte con base en criterios técnicos, participación ciudadana efectiva y protección prioritaria del recurso hídrico.

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.

Modelos de descentralización en América Latina: análisis comparado: México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile

Decentralization models in Latin America: comparative analysis: Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil and Chile

Modelos de descentralização na América Latina: análise comparativa: México, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Brasil e Chile

Autor: Dr. Fernando Villalobos Chacón*

RESUMEN

Este artículo explora la regionalización en América Latina, abordando conceptos fundamentales como la descentralización y la desconcentración, y analizando sus implicaciones. La regionalización, entendida como la transferencia de competencias a niveles locales, se presenta como una estrategia para enfrentar la centralización excesiva que caracteriza a muchos países de la región. Se identifican diversos tipos de regionalización y sus clasificaciones, así como las implicaciones socioeconómicas y políticas de estos procesos. Además, se comparan experiencias exitosas y desafíos en países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Comprender la diferencia entre desconcentración (delegación administrativa sin autonomía) y descentralización (transferencia de autonomía política y financiera) es crucial en este contexto, ya que ambas influyen en la participación de las comunidades y el éxito de las políticas estatales. A partir de esta base, se presentan recomendaciones para una regionalización efectiva, que incluyen fortalecer la capacidad institucional local, establecer una transferencia equitativa de recursos, promover la participación ciudadana, desarrollar infraestructura para la conectividad y adoptar políticas sostenibles y adaptadas a cada región. Este análisis sugiere que una implementación equilibrada de estos procesos podría contribuir a un desarrollo más justo y sostenible en América Latina.

ABSTRACT

This article explores regionalization in Latin America, addressing fundamental concepts such as decentralization and deconcentration, and analyzing their implications. Regionalization, understood as the transfer of powers to local levels, is presented as a strategy to confront the excessive centralization that characterizes many countries in the region. Various types of regionalization and their classifications are identified, as well as the socioeconomic and political implications of these processes. In addition, successful experiences and challenges are compared in countries such as Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, and Chile. Understanding the difference between deconcentration (administrative delegation without autonomy) and decentralization (transfer of political and financial autonomy) is crucial in this context, as both influence citizen participation and the effectiveness of public policies. Based on this foundation, recommendations for effective regionalization are presented, which include strengthening local institutional capacity, establishing an equitable transfer of resources, promoting citizen participation, developing infrastructure for connectivity, and adopting sustainable policies tailored to each region. This analysis suggests that a balanced implementation of these processes could contribute to more equitable and sustainable development in Latin America.

Palabras clave: descentralización, América Latina, análisis comparado, centralismo, regionalización.

Keywords: decentralization, Latin America, comparative analysis, centralism, regionalization.

Palavras-chave: descentralização, América Latina, análise comparativa, centralismo, regionalização.

  1. INTRODUCCIÓN.

La regionalización en América Latina tiene importantes implicaciones en diversos aspectos del desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural. En una región caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas, el proceso de regionalización es visto como una herramienta esencial para reducir brechas socioeconómicas entre la periferia y la metrópoli; mejorar la eficiencia administrativa, y fortalecer las identidades locales y nacionales (Gómez, 2023; Mendoza, 2023). La importancia de este proceso se refleja en las múltiples formas en que la regionalización afecta la vida de los ciudadanos, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La regionalización contribuye significativamente al desarrollo económico local al permitir un reparto más adecuado de los recursos y fomentar más oportunidades en áreas previamente marginadas. Según Estevadeordal (2024), la transferencia de competencias a nivel regional puede potenciar el crecimiento económico al aprovechar los recursos específicos de cada región y promover una administración más cercana y eficaz. Por ejemplo, en países como México, la regionalización económica ha sido clave para reducir la dependencia del distrito federal, lo que ha incidido que otras regiones desarrollen sus propios mercados y oportunidades de empleo (Alonso, 2023).

Además, la descentralización facilita la adaptación de políticas económicas a las necesidades específicas de cada zona, lo que puede mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras (Kotschwar, 2023). En este contexto, la regionalización económica no solo favorece el desarrollo de áreas rurales, sino que también reduce la presión sobre las grandes ciudades, permitiendo una distribución más equitativa para las personas en los territorios (Fernández, 2022).

Uno de los principales beneficios de la regionalización en América Latina es su capacidad para reducir las desigualdades sociales al mejorar el acceso a servicios básicos en áreas menos favorecidas. De acuerdo con Gómez (2023), la regionalización permite que los gobiernos locales y regionales adapten sus políticas a las necesidades de sus comunidades, lo que resulta en una distribución con mayor justicia y equidad, así como el perfeccionamiento de los servicios de salud, educación y vialidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde las disparidades entre las áreas urbanas y rurales son notorias.

A través de la regionalización, se fomenta una mayor participación de las comunidades en decisiones que les atañe, esto resulta clave como estrategia de cohesión social y la integración de las comunidades (Daza, 2022). Esta descentralización facilita que las poblaciones locales tengan una mayor voz en los asuntos que les afectan directamente, promoviendo así una idea de pertenencia y de compromiso social en el desarrollo de la región (Rodríguez & Torres, 2022).

En términos ambientales, la regionalización permite una gobernanza más eficaz y sostenible de los recursos disponibles, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta América Latina, como la deforestación, el deterioro del medio ambiente y la degradación en la calidad del agua (Pérez & Cárdenas, 2023). La regionalización ambiental facilita la creación de políticas adaptadas a las condiciones ecológicas de cada región, lo que ayuda a proteger los ecosistemas locales y a promover un desarrollo sostenible.

Según Rodríguez y Torres (2022), en países como Brasil y Colombia, la regionalización ha permitido una mejor gestión de áreas críticas como la Amazonía, donde se implementan políticas de conservación y uso sostenible de recursos que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección

El Índice de Descentralización y Autonomía Regional (IDAR), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa cómo la descentralización de poderes en distintos niveles de gobierno afecta el desempeño y el impacto de las políticas estatales. En este índice, países como Colombia, México y Brasil muestran avances en descentralización, con sistemas federales que otorgan mayor autonomía a sus regiones. Este enfoque ha mejorado la adaptabilidad de las políticas públicas a necesidades locales, aunque también enfrenta desafíos como la gestión desigual de recursos y problemas de corrupción a nivel local (Martínez & Zárate, 2022).

En contraste, el informe del Índice de Gobernanza Global (IGG) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta cómo naciones con sistemas centralizados, como Perú y Bolivia, tienden a mostrar menores niveles de desarrollo en comparación con sus vecinos más descentralizados. Estos sistemas centralizados reducen la toma de decisiones en el ámbito local, lo que en muchos casos lleva a una inadecuada asignación de recursos y a una menor efectividad en la ejecución de políticas públicas (OCDE, 2023).

Asimismo, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que los países con mejores niveles de regionalización, como Chile y Uruguay, suelen obtener mejores resultados en indicadores de desarrollo social y económico. En particular, Chile ha implementado políticas exitosas en sus regiones para mejorar la calidad de vida, mientras que Uruguay enfatiza en la inclusión de programas regionales de desarrollo económico y social que han reducido desigualdades (PNUD, 2022).

Igualmente, el Índice de Competitividad Regional (ICR), desarrollado por el Foro Económico Mundial, analiza la capacidad de cada país para fomentar el desarrollo económico en sus regiones. En este índice, Brasil ocupa una posición relevante gracias a sus esfuerzos de regionalización en zonas como São Paulo y Minas Gerais. No obstante, la falta de infraestructura y la desigualdad económica en otras regiones de Brasil muestran que la descentralización debe acompañarse de políticas equitativas de distribución de recursos (Foro Económico Mundial, 2023).

La desconcentración y descentralización tienen diferencias conceptuales y relación directa con el concepto de regionalización. La diferencia entre desconcentración y descentralización es fundamental para entender las dinámicas de la regionalización en América Latina. Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen características y aplicaciones distintas, y conocer sus diferencias ayuda a comprender cómo se pueden aplicar en el contexto de la regionalización.

Desconcentración se refiere al proceso mediante el cual una autoridad central delega ciertas funciones o competencias a oficinas o agencias en diferentes regiones, pero sin ceder el control ni la autonomía política. En otras palabras, el gobierno central establece oficinas locales que pueden ejecutar funciones administrativas, pero la toma de decisiones sigue concentrada en el poder central. Así, la desconcentración permite una gestión más cercana a la población sin comprometer el control del gobierno central sobre dichas acciones (Martínez & González, 2021; OCDE, 2023). Este modelo suele aplicarse en áreas como salud, educación y justicia, donde es importante acercar los servicios a la población sin perder el control administrativo.

Por otro lado, descentralización involucra la transmisión de autoridad y responsabilidad a entes con autonomía, tanto en el ámbito local así como el regional, permitiendo a estas unidades tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente. A diferencia de la desconcentración, la descentralización concede autonomía política, administrativa y financiera, lo cual permite que las regiones gestionen sus propios recursos y definan políticas públicas acordes a sus necesidades locales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022; Rodríguez, 2022). La descentralización es un proceso más profundo y complejo que la desconcentración, ya que implica una reestructuración del poder y fomenta la autonomía regional.

En el contexto de la regionalización, ambos conceptos se vinculan en el sentido de que, aunque la regionalización requiere algún grado de descentralización para ser efectiva, en numerosas naciones de la región, se ha comenzado con procesos de desconcentración como un primer paso hacia una regionalización plena (Gutiérrez & Pérez, 2023). La desconcentración puede funcionar como una fase preliminar que permite adaptar las estructuras administrativas antes de asumir el modelo descentralizado, especialmente en países donde el centralismo ha sido históricamente fuerte y la desconfianza en la autonomía regional es elevada (López & Sánchez, 2022).

La experiencia en América Latina demuestra que, en gran parte de los países, se han experimentado proyectos de desconcentración antes de adoptar modelos de descentralización más completos. En Chile, por ejemplo, las reformas en la administración pública se encaminaron primeramente en la desconcentración de servicios de educación y de salud, lo cual permitió una mayor proximidad de estos servicios a la ciudadanía sin otorgar autonomía plena a las regiones. Sin embargo, en años recientes, se han implementado reformas de descentralización para que las regiones tengan mayor control sobre sus políticas de desarrollo (Bianchi, 2023; OCDE, 2023).

Asimismo, estudios recientes indican que la desconcentración y la descentralización, cuando se implementan en conjunto y de manera progresiva, pueden facilitar un proceso de regionalización efectivo. En Colombia, la descentralización ha permitido una administración más adaptada a las necesidades locales, lo que ha favorecido la mejora en la calidad de vida en algunas zonas. No obstante, el éxito depende en gran parte en la voluntad política y las capacidades de las autoridades locales en la adecuada gestión de los recursos (Martínez & Zárate, 2022).

Sumariamente, la desconcentración y la descentralización son conceptos que, aunque distintos, están vinculados a la regionalización en tanto que ambos procesos permiten una administración más cercana a las regiones. No obstante, para una regionalización efectiva que busque democratizar la distribución y la equidad de la riqueza, así como potenciar el desarrollo humano, es fundamental avanzar hacia una descentralización más profunda, es esencial que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales, promoviendo un desarrollo regional más objetivo y sostenible.

  1. DEFINICIONES DE REGIONALIZACIÓN

La regionalización en América Latina es un proceso integral que involucra variadas dimensiones, desde la organización político-administrativa hasta el fortalecimiento de identidades locales.

Debido a la polisemia del término, a continuación, se presentan algunas definiciones desde distintas perspectivas recientes para comprender el alcance y los desafíos de este fenómeno en la región.

1. Regionalización como herramienta de descentralización administrativa: este enfoque define la regionalización como un proceso para distribuir de manera equitativa el poder y la administración pública. A través de esta perspectiva, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y servicios al acercar la toma de decisiones a las comunidades locales. Este concepto tiene particular relevancia en países de América Latina, donde las políticas históricamente centralistas han generado desigualdades significativas entre capitales y provincias (Estevadeordal, 2024).

2. Regionalización como integración económica y comercial: desde una visión económica, la regionalización en la región se refiere a la creación de bloques y acuerdos comerciales que promuevan el intercambio de servicios, bienes y personas entre las naciones latinoamericanas. Ejemplos de esto lo constituye el Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan fortalecer el mercado interno para competir con otras economías globales. Sin embargo, la falta de infraestructura y la fragmentación de normativas en la región limitan su éxito (Americas Georgetown, 2023).

3. Regionalización y desarrollo territorial: algunos autores argumentan que la regionalización es un medio para impulsar el desarrollo territorial, promoviendo un crecimiento más equilibrado entre regiones. Según estudios recientes, en América Latina, muchas regiones se han mantenido marginadas del desarrollo debido a la concentración de recursos en las capitales. Este tipo de regionalización apunta a reducir las disparidades territoriales promoviendo inversiones en áreas rurales y menos desarrolladas (Universidad Barcelona, 2022).

4. Regionalización cultural y fortalecimiento de identidades locales: otra perspectiva clave es la regionalización como mecanismo para fortalecer identidades culturales y locales. Este enfoque destaca la importancia de reconocer y preservar las identidades culturales específicas de cada región, permitiendo que estas sean representadas en políticas y decisiones públicas. En América Latina, este aspecto de la regionalización es crucial debido a la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a países como Perú y Bolivia, donde las identidades indígenas son prominentes (Kotschwar, 2023).

5. Regionalización como respuesta a la globalización: diversidad de autores ven la regionalización en América Latina como una consecuencia natural del proceso de globalización y la búsqueda de salvaguardar el mercado local. En este contexto, la regionalización no solo busca descentralizar, sino también crear un bloque económico y político cohesivo capaz de negociar en el escenario global. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente presión de actores globales como Estados Unidos y China en los recursos naturales de la región (Estevadeordal, 2024).

Cada una de estas definiciones muestra cómo la regionalización en América Latina es un proceso multidimensional que busca abordar tanto las necesidades de desarrollo local como los desafíos impuestos por la globalización y las políticas centralistas. Estas perspectivas proporcionan una base teórica para entender los distintos enfoques y la complejidad del fenómeno en el contexto latinoamericano.

  1. TIPOS Y CLASIFICACIONES DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La regionalización en América Latina es un fenómeno multifacético que abarca diversos tipos y clasificaciones, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Este proceso se caracteriza por la reestructuración de los espacios económicos, sociales y administrativos de acuerdo con las necesidades y desafíos de cada país y región. A continuación, se exploran los principales tipos de regionalización: económica, política, socio-cultural, ambiental, y tecnológica, cada uno de ellos con clasificaciones específicas que reflejan los distintos contextos de los países latinoamericanos.

  • Regionalización Económica

La regionalización económica en América Latina está orientada principalmente a la creación de bloques comerciales que faciliten la integración de mercados y promuevan el comercio de servicios y bienes, entre los países. Ejemplos de esta forma de regionalización son Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan reducir las barreras comerciales y fomentar la competitividad en el contexto global (Estevadeordal, 2024; Kotschwar, 2023). Según Daza (2022), uno de los objetivos centrales de la regionalización económica es aumentar la autosuficiencia de las regiones y reducir la dependencia de mercados externos. En el caso de la región, varios países afrontan conflictos para alcanzar estos objetivos debido a la falta de infraestructura y a la fragmentación regulatoria que limita la efectividad de estas iniciativas (Americas Georgetown, 2023).

Este tipo de regionalización ha sido clasificado en dos enfoques principales: el de integración económica y el de cooperación transnacional. La integración económica implica la creación de zonas económicas especiales, áreas de libre comercio, así como alianzas en materia aduanera, como Mercosur, donde los países buscan crear un mercado único con aranceles externos comunes (Alonso, 2023). En contraste, la cooperación transnacional se centra en acuerdos menos formales que facilitan el comercio y la inversión sin comprometer la autonomía económica de los países involucrados (Georgetown, 2023).

  • Regionalización Política

La regionalización política tiene como objetivo descentralizar la autoridad del ejecutivo nacional, hacia autoridades locales o regionales, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y una mayor representación de las comunidades (Sánchez & Arrieta, 2022). Este tipo de regionalización es particularmente relevante en América Latina debido a las políticas históricamente centralistas que han mantenido el poder concentrado en las capitales nacionales, lo que ha generado una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales (Gómez, 2023).

Este tipo de regionalización se clasifica en descentralización administrativa y descentralización legislativa. La descentralización administrativa permite que las regiones gestionen sus propios servicios, como salud y educación, mientras que la descentralización legislativa otorga a los gobiernos regionales el poder de tomar decisiones políticas autónomas en ciertos ámbitos (Mendoza, 2023). De acuerdo con Sánchez y Arrieta (2022), la descentralización política en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, principalmente debido a la falta de recursos financieros y a la resistencia de los gobiernos centrales a ceder poder a las regiones.

  • Regionalización Socio-Cultural

La regionalización socio-cultural se centra en el fortalecimiento de las identidades y culturas locales dentro de un marco regional. América Latina, una región diversa en términos étnicos y culturales, encuentra en este tipo de regionalización una oportunidad para reconocer y promover las particularidades de cada grupo social, lo cual es crucial en países con poblaciones indígenas significativas, como Perú y Bolivia (Fernández, 2022). Este tipo de regionalización permite que las comunidades mantengan sus tradiciones y sistemas de conocimiento mientras se integran en la sociedad nacional y global (Pérez & Cárdenas, 2023).

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques: regionalización inclusiva y regionalización diferenciada. La regionalización promueve la inclusión de las comunidades en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, mientras que la regionalización diferenciada reconoce la necesidad de enfoques específicos para grupos con características particulares, como las comunidades indígenas (Gómez, 2023).

  • Regionalización Ambiental

La regionalización ambiental en América Latina surge en respuesta a la búsqueda de resguardar y gestionar los abundantes recursos en un contexto de gran biodiversidad y desafíos ambientales significativos, como la deforestación en la Amazonía (Rodríguez & Torres, 2022). Este tipo de regionalización busca crear unidades territoriales que faciliten la implementación de políticas ambientales adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Según Daza (2022), la regionalización ambiental es fundamental para la sostenibilidad de los recursos en América Latina y permita una planificación más adecuada del territorio y la gestión adecuada del ecosistema.

Este tipo de regionalización se divide en gestión de recursos naturales y protección de áreas ambientales. La gestión de recursos se enfoca en la regulación del uso y la explotación de recursos, mientras que la protección ambiental se orienta a conservar áreas críticas y a promover políticas de desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables (Fernández, 2022).

  • Regionalización Tecnológica

Por último, la regionalización tecnológica aborda los contrastes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital, problemas que inciden en el progreso y la búsqueda de la tan ansiada competitividad del subcontinente (Pérez & Cárdenas, 2023). Según Mendoza (2023), una adecuada regionalización tecnológica puede reducir la brecha digital y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y rurales, lo cual es crucial para el desarrollo socio-económico..

La regionalización tecnológica incluye la infraestructura digital y acceso a la innovación. La primera se refiere a la creación de redes y centros de acceso en áreas remotas, mientras que la segunda aboga por la inversión en tecnología avanzada y formación digital, especialmente en regiones con baja cobertura tecnológica (Gómez, 2023).

  1. CONTRASTE DE LA REGIONALIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS EN LATINOAMÈRICA.

Los conceptos de regionalización y centralismo han sido antagónicos en la organización territorial y política de los países latinoamericanos. Mientras que la regionalización busca una mayor descentralización para favorecer el desarrollo local y la inclusión de diversas regiones, el centralismo concentra el poder y los recursos en las capitales o centros de poder político y económico. Este contrapunto refleja tensiones profundas en la historia de América Latina, donde el centralismo ha sido un modelo predominante que, según muchos estudios, ha contribuido a perpetuar desigualdades territoriales y económicas (Sánchez & Arrieta, 2022; Rodríguez & Torres, 2022). A continuación, se examinan los distintos tipos de políticas centralistas y sus efectos en la región, así como las consecuencias de este enfoque para el proceso de regionalización.

  1. Centralismo Administrativo y Asignación de Recursos

El centralismo administrativo concentra las decisiones sobre la asignación de recursos en el gobierno central, generalmente en las capitales nacionales. En muchos países de América Latina, este modelo ha limitado el acceso equitativo a los recursos en las regiones periféricas, ya que las decisiones de inversión tienden a favorecer a las áreas urbanas más desarrolladas (Gómez, 2023; Daza, 2022). De acuerdo con Fernández (2022), la centralización administrativa en América Latina ha causado desigualdades significativas, ya que los gobiernos locales tienen poca autonomía para gestionar sus propios recursos. Este enfoque centralista ha obstaculizado la regionalización, dificultando la respuesta oportuna, necesaria y adecuada de los gobiernos locales en atender las necesidades específicas de sus comunidades.

Los efectos de este tipo de centralismo son evidentes en países como Perú y Colombia, donde las regiones rurales reciben menos inversión en infraestructura y servicios básicos en comparación con las capitales (Alonso, 2023). En lugar de fomentar una distribución equitativa, el centralismo administrativo crea una dependencia de las autoridades regionales hacia el gobierno central, limitando su capacidad de actuar de manera autónoma y adaptarse a las particularidades de su región (Estevadeordal, 2024).

  1. Centralismo Político y Concentración del Poder de Decisión

El centralismo político implica la concentración del poder de decisión en una élite política ubicada en la capital o en los centros de poder. Este tipo de centralismo ha sido una característica persistente en América Latina, especialmente en sistemas presidencialistas donde el poder ejecutivo tiene un gran control sobre las políticas nacionales (Pérez & Cárdenas, 2023; Kotschwar, 2023). La centralización política limita la contribución de los territorios con los gobiernos, en la formulación de la política pública, lo cual afecta directamente la capacidad de la población para influir en las decisiones..

Este tipo de centralismo genera tensiones con la regionalización, limita la inserción de la expresión popular en los procesos de toma de decisiones y reduce la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en temas de su interés (Mendoza, 2023). Según Gómez (2023), la concentración del poder político en la capital provoca que las políticas nacionales no consideren las realidades regionales, lo cual aumenta la desconexión entre el gobierno central y la colectividad, perpetuando así las inequidades territoriales y políticas.

  1. Centralismo Fiscal y Limitación de Recursos Financieros

Otro aspecto fundamental del centralismo en América Latina es el control de los recursos fiscales por parte del gobierno central. En muchos países de la región, el gobierno central retiene una gran parte de los ingresos fiscales, limitando así la capacidad de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de desarrollo (Rodríguez & Torres, 2022; Alonso, 2023). Este tipo de centralismo fiscal impide que las regiones puedan invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales para mejorar el bienestar de sus comunidades.

Este enfoque centralizado ha sido criticado por expertos en desarrollo regional, quienes argumentan que limita el crecimiento de las economías locales y genera una dependencia constante de los gobiernos regionales hacia el presupuesto nacional (Fernández, 2022; Estevadeordal, 2024). En países como México y Argentina, el centralismo fiscal ha creado un sistema de dependencia en el que las regiones no pueden actuar de manera autónoma, lo que afecta su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y fomenta una distribución desigual de los recursos.

  1. Centralismo Cultural y Homogeneización de Identidades Regionales

El centralismo cultural se refiere a la imposición de una identidad cultural dominante, generalmente asociada a la capital, en detrimento de las identidades locales y regionales. En países de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural, este tipo de centralismo puede tener un efecto alienante, ya que impone un modelo cultural único y no permite la expresión de las identidades locales (Sánchez & Arrieta, 2022). La regionalización cultural, en contraste, busca valorar y preservar la diversidad cultural de cada región, permitiendo que las comunidades mantengan sus tradiciones y costumbres.

El centralismo cultural es particularmente evidente en países como Perú y Bolivia, donde las políticas nacionales han tendido a favorecer las tradiciones de las élites urbanas en lugar de las culturas indígenas (Gómez, 2023). Este enfoque centralista ignora la riqueza cultural de las regiones y reduce la participación de la población en la vida política y social, lo cual contradice los objetivos de la regionalización inclusiva y dificulta la integración cultural (Pérez & Cárdenas, 2023; Daza, 2022).

  1. Centralismo Educativo y Control sobre la Educación Regional

Por último, el centralismo educativo se manifiesta en la concentración de los sistemas educativos bajo la autoridad del gobierno central, lo cual limita la capacidad de las regiones para adaptar la educación a sus necesidades específicas. Este enfoque centralista impone un currículo uniforme que no necesariamente refleja las realidades locales, lo que limita el potencial de las regiones para desarrollar sus propios programas educativos y para promover la cultura e historia local (Mendoza, 2023; Rodríguez & Torres, 2022).

Según Kotschwar (2023), el centralismo educativo en América Latina ha generado un sistema poco flexible que no responde a las necesidades de las comunidades rurales ni a las particularidades de cada región. En contraposición, la regionalización educativa permite una mayor adaptabilidad en los programas de estudio y en la formación de docentes, lo cual puede contribuir al desarrollo regional y a la inserción comunal en el sistema educativo nacional.

  1. EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS COMPARADO. CASOS DE: MÉXICO, COSTA RICA, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL Y CHILE

La regionalización en América Latina es un proceso que, aunque varía ampliamente en cada país, busca la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A continuación, se analizan las experiencias de siete países: México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, evaluando sus avances en la regionalización y su éxito en reducir el centralismo, o en su defecto, identificando los retos que enfrentan.

MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

En México, la regionalización ha sido un tema de interés desde hace varias décadas, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos debido al persistente centralismo que caracteriza su sistema de gobierno. Aunque formalmente es un Estado Federal, el modelo mexicano presenta una alta concentración del poder fiscal en el gobierno central. Los estados y municipios dependen en demasía de las transferencias del gobierno federal. La descentralización administrativa ha sido significativa (educación, salud), pero sin el acompañamiento de recursos suficientes. La Ciudad de México concentra gran parte de los recursos y las decisiones políticas, lo que dificulta el desarrollo equitativo de otras regiones (Flores, 2023; Hernández & Torres, 2022). No obstante, en los últimos años se han efectuado acciones orientadas a descentralizar algunos sectores, como la educación y la salud, a través de reformas de modernización del federalismo (Gómez, 2023).

Algunas iniciativas exitosas han tenido lugar en estados como Nuevo León y Jalisco, que han logrado cierto grado de autonomía en el manejo de sus recursos y en la atracción de inversión extranjera (Martínez & Sánchez, 2022). Estas experiencias demuestran que la descentralización es posible, aunque sigue siendo limitada en comparación con el control que mantiene el gobierno central (García, 2023).

COSTA RICA: MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARTICIPATIVA CON TAREAS PENDIENTES.

Con un sistema unitario, Costa Rica ha avanzado en descentralización administrativa y fiscal, en parte gracias al impulso del Código Municipal (1998). Sin embargo, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad institucional local restringen el impacto del proceso. Ha implementado un modelo de regionalización que se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Este país ha trabajado en la descentralización de funciones administrativas y en la promoción de la autonomía de sus municipios, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades de cada región (Díaz, 2022; Vargas & Solís, 2023). La creación de Consejos de Desarrollo Regional ha sido un paso significativo para coordinar los esfuerzos de desarrollo regional y buscar la distribución más justa de los recursos (Soto & Mora, 2023). Este proceso ha demostrado ser eficaz en áreas como Guanacaste, donde se ha promovido el turismo sostenible y la gestión de recursos naturales de manera local, adaptando las políticas nacionales a las necesidades específicas de esta región (Martínez, 2023). A pesar de los avances, Costa Rica aún enfrenta desafíos, especialmente en términos de financiamiento y autonomía plena para sus gobiernos locales (Solano, 2024).

VENEZUELA: UN FEDERALISMO FORMAL CON RECENTRALIZACIÓN PRÁCTICA

Venezuela se constituye formalmente como un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución Política del año 1999. No obstante, en la realidad ha vivido una recentralización progresiva, especialmente desde mediados de la década de 2000. Durante los años 80 y 90, el país vivió un proceso de descentralización política, con la elección directa de gobernadores (1989) y alcaldes, además de la transferencia de algunas competencias a estados y municipios.

No obstante, con la consolidación del modelo centralista del Estado comunal muchas competencias y recursos fueron reabsorbidos por el Ejecutivo nacional, debilitando a los gobiernos locales, por lo que Venezuela al igual que la mayoría de países de la región no solo tiene una deuda pendiente en esta materia, sino que más bien sufre un retroceso hacia el centralismo del estado.

PERÚ: CENTRALISMO PERSISTENTE Y OBSTÁCULOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En Perú, el proceso de regionalización ha enfrentado grandes dificultades debido al arraigado centralismo de su estructura estatal. Implementó una descentralización acelerada tras el colapso del régimen de Fujimori, creando gobiernos regionales y promoviendo participación ciudadana. Sin embargo, la falta de planificación y el clientelismo han limitado su eficacia. Aunque se han creado gobiernos regionales y se ha transferido alguna autonomía administrativa, el poder y los recursos continúan centralizados en Lima (Ríos & Vargas, 2023; Pérez, 2022). Esto ha limitado la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y ha exacerbado las desigualdades territoriales.

Un ejemplo de las limitaciones de la regionalización en Perú es la región de Cusco, donde la falta de recursos y autonomía ha impedido que el gobierno regional promueva un desarrollo sostenible y que se atiendan las demandas locales de manera eficaz (González, 2022). Aunque existen esfuerzos por fortalecer la descentralización, el centralismo sigue predominando, limitando los beneficios que podrían derivarse de una verdadera regionalización (Chávez & Ramos, 2023).

ARGENTINA: FEDERALISMO EN TENSIÓN CON EL CENTRALISMO

A pesar de su estructura federal, Argentina experimenta una asimetría profunda entre provincias, lo que genera tensiones en la distribución de recursos. El gobierno nacional ejerce una fuerte influencia sobre las provincias vía transferencias discrecionales. Es un país federal en teoría, pero en la práctica, Buenos Aires acapara la mayor parte del poder político y económico, lo que representa un reto para la regionalización efectiva. Aunque cada provincia tiene cierto grado de autonomía, el financiamiento depende en gran medida del gobierno central, lo que crea una relación de dependencia (López, 2023; Navarro, 2022). Esta dependencia limita las posibilidades de desarrollo regional y ha generado desigualdades significativas entre las provincias.

No obstante, algunas provincias, como Mendoza y Córdoba, han implementado políticas para diversificar sus economías y reducir la dependencia económica del gobierno central. Estas experiencias han demostrado que, con un manejo autónomo y adecuado de los recursos, es posible avanzar hacia una regionalización más equilibrada y menos dependiente (Ferreyra & Romero, 2023). Sin embargo, la estructura fiscal y financiera de Argentina continúa siendo un obstáculo significativo para una regionalización efectiva (Bianchi, 2022).

COLOMBIA: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PAZ

El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. Visto de esta forma, en Colombia, la descentralización ha sido una estrategia clave para promover la paz y el desarrollo regional en municipios inmersos en la guerra entre el ejército y las FARC. La creación de entidades tales como: Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han sido fundamentales para mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo en regiones históricamente marginadas (Gutiérrez & Quintero, 2023; Rodríguez, 2022).

El caso de Antioquia y su autonomía en la gestión de planes de desarrollo local, es un ejemplo exitoso de regionalización, que ha permitido mejorar la infraestructura y reducir la distancia social entre la zona urbana y la ruralidad (Martínez & Salazar, 2023). Sin embargo, el centralismo persiste en algunas áreas, y las regiones aún son fuertemente dependientes del presupuesto asignado por el gobierno nacional, lo que limita la sostenibilidad de estos avances (Mejía & Gómez, 2023).

BRASIL: FEDERALISMO Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

Es uno de los países menos centralizados de la región. La Constitución de 1988 reconoció a los municipios como entes federados. Aun así, las disparidades regionales y la fragmentación partidaria obstaculizan la gobernanza territorial. Brasil cuenta con un sistema federal que otorga un alto grado de autonomía a los estados, lo cual ha facilitado procesos de regionalización en campos como la educación y la salud. No obstante, existen desigualdades marcadas entre las regiones, especialmente entre el sureste y el noreste, lo cual ha generado tensiones en el desarrollo regional (Silva & Pereira, 2023; Oliveira, 2022). La descentralización en Brasil ha permitido que estados como São Paulo y Minas Gerais desarrollen sus economías de manera independiente, fortaleciendo sus infraestructuras y atrayendo inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno central todavía tiene un papel predominante en la distribución de recursos, y el desequilibrio económico entre las regiones persiste, lo que limita el potencial de la regionalización para reducir las disparidades (Costa, 2024). A pesar de los avances, la dependencia de las regiones hacia el gobierno central representa un obstáculo significativo para una regionalización equitativa en Brasil (Fernández, 2023).

CHILE: CENTRALISMO Y TÍMIDOS AVANCES EN LA REGIONALIZACIÓN

Históricamente centralista, Chile ha iniciado recientemente un proceso de regionalización con la elección de gobernadores regionales desde 2021, aunque sin una transferencia real de competencias ni presupuesto, lo que limita su impacto. Chile es uno de los países con mayor centralismo en América Latina. Experimenta una gran concentración de poder y recursos en Santiago. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para descentralizar el país, el progreso ha sido lento y las regiones aún dependen en gran medida del gobierno central (Lagos, 2023; González, 2023). A pesar de esto, se han implementado algunas políticas de regionalización en sectores como la gestión de recursos naturales, donde las regiones del sur han logrado cierta autonomía para promover el desarrollo sostenible.

Una iniciativa destacada es el programa de fortalecimiento de las regiones, que ha permitido a algunas zonas gestionar sus recursos de manera más autónoma y adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (Carrillo & Martínez, 2023). Sin embargo, la falta de un marco legal sólido para la regionalización y el predominante centralismo siguen siendo los principales retos para una descentralización efectiva en Chile (Fuentes, 2023).

  1. BENEFICIOS DE UNA REGIONALIZACIÓN EXITOSA: APUNTES PARA LA DISCUSIÓN.

Sin pretender terminar con la discusión; sino más bien fomentar el debate aun inconcluso; que permita dinamizar la confrontación de ideas; se esbozan a modo de resumen, algunos beneficios que podría traer a la región, una regionalización exitosa:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional local: una regionalización efectiva requiere instituciones locales fuertes, con capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para gestionar y ejecutar políticas públicas adaptadas a las necesidades regionales. La experiencia ha demostrado que la falta de recursos y personal capacitado a nivel local limita el éxito de las políticas descentralizadas (Martínez & Zárate, 2022). Es fundamental que los gobiernos nacionales inviertan en programas de capacitación y desarrollo institucional en los niveles subnacionales para asegurar que las autoridades locales puedan tomar decisiones informadas y eficientes (Rodríguez, 2023). Según estudios del Banco Mundial, la creación de redes de colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es esencial para facilitar el flujo de conocimientos y habilidades hacia las autoridades locales, promoviendo una mayor capacidad de respuesta frente a problemas específicos de cada región (Banco Mundial, 2023). Además, estos esfuerzos deben ir acompañados de un compromiso inequívoco de lucha frontal contra la corrupción y que potencie con especial vigor la rendición de cuentas (Gutiérrez & Pérez, 2023).

2. Transferencia equitativa de recursos fiscales: una distribución equitativa de los recursos fiscales es clave para asegurar que todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, tengan acceso a los fondos necesarios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar los servicios públicos. Estudios realizados por la OCDE destacan que la descentralización fiscal es efectiva solo cuando se acompaña de una estructura de transferencias que considera las desigualdades territoriales (OCDE, 2023). En América Latina, países como Brasil y Colombia han implementado sistemas de transferencias que buscan corregir desigualdades históricas entre regiones, aunque todavía enfrentan desafíos para reducir las disparidades existentes (Mejía, 2023). Un enfoque recomendado es el de diseñar mecanismos de asignación de recursos basados en criterios de necesidad y rendimiento. Esto implica que los fondos se distribuyan teniendo en cuenta factores como el nivel de pobreza, el fomento distributivo con equidad de las políticas públicas así como aumentar las capacidades de las autoridades locales para ejecutar programas, de modo que se maximice el impacto social de los recursos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

3. Promoción de la aportación de la ciudadanía en la toma de decisiones: esto es fundamental para asegurar que las políticas de regionalización respondan a las demandas reales de la sociedad. La participación activa de la sociedad civil puede ayudar a mejorar la legitimidad de las decisiones y a reducir las tensiones políticas entre el nivel central y las regiones (López & Sánchez, 2022). Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los mecanismos de consulta y participación ciudadana deben integrarse en todas las fases de la gobernanza en los territorios para lograr procesos exitosos (PNUD, 2022). En este sentido, el uso de tecnologías digitales y plataformas en línea para consultas y retroalimentación ciudadana ha sido efectivo en países como Uruguay, donde la participación ha mejorado notablemente gracias a estos medios (Bianchi, 2023). Además, estas plataformas pueden ayudar a recopilar datos para mejorar la efectividad de las políticas regionales.

4. Desarrollo de infraestructura para la conectividad regional: una regionalización efectiva necesita una infraestructura sólida que conecte las diferentes regiones, promueva las inversiones, favorezca el comercio y facilite el sector servicios. En América Latina, las disparidades en infraestructura han limitado el desarrollo en las regiones más alejadas de la metrópoli. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura vial, transporte y tecnología digital es un pilar para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer los lazos entre las regiones y el mercado nacional (CEPAL, 2023).

Asimismo, el acceso a internet y tecnología en las zonas rurales es crucial para integrar a estas comunidades en el ámbito económico y social, permitiéndoles acceder a servicios educativos, de salud y de capacitación profesional. La inversión en infraestructura tecnológica es una prioridad para lograr que todas las regiones participen en el crecimiento económico (Navarro & Díaz, 2023).

5. Políticas de desarrollo sostenible y adaptadas al contexto local: para alcanzar mejoras sustantivas en desarrollo humano; las políticas de regionalización deben ser sostenibles y adaptarse a las condiciones ambientales, culturales y económicas de cada región. En muchos países, los modelos de desarrollo uniformes no han sido efectivos, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, los enfoques de desarrollo adaptados a las condiciones geográficas y culturales de las comunidades han mostrado mejores resultados que las estrategias generales (Chávez & Ramos, 2023).

De acuerdo con un informe de la FAO, las políticas agrícolas y de desarrollo rural deben diseñarse en función de las capacidades productivas y ecológicas de cada región para evitar problemas de degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo (FAO, 2023). Esto también permite diversificar la economía en zonas que tradicionalmente dependen de un solo sector productivo, lo cual contribuye a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades laborales en áreas menos desarrolladas.

  1. RECOMENDACIONES PARA UNA REGIONALIZACIÓN EFECTIVA

Fortalecer las capacidades institucionales locales: capacitación técnica, gestión pública profesional y planificación territorial.

Establecer esquemas de financiamiento equitativos y sostenibles: evitar la dependencia total de transferencias.

Promover la participación activa de los ciudadanos en la planificación y ejecución de planes estratégicos orientados a sus regiones.

Invertir en conectividad territorial e infraestructura básica, reduciendo la marginación rural y periférica.

Diseñar modelos adaptativos, sensibles a las realidades sociales, culturales y ambientales de cada región.

  1. REFLEXIONES FINALES.

De la exégesis de los modelos de regionalización en América Latina abarcados en este artículo, destaca la preponderancia de robustecer las políticas tendientes a fortalecer de manera vigorosa proyectos de descentralización y desconcentración administrativa y de gobernanza; como medios para fortalecer la equidad y el desarrollo humano en las regiones periféricas. La regionalización surge como una estrategia para enfrentar el tradicional centralismo que limita el desarrollo equitativo y la autonomía de las regiones, permitiendo así una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada área. A través del estudio de experiencias en distintos países de la región, se observa que, si bien algunos han avanzado hacia modelos de descentralización exitosos, otros enfrentan importantes desafíos debido a estructuras centralistas rígidas y a una falta de capacidad institucional a nivel local.

La diferenciación entre desconcentración y descentralización resulta fundamental en el proceso de regionalización. La desconcentración permite una proximidad operativa sin transferir autonomía plena, mientras que la descentralización conlleva una transferencia real de poder político y financiero. Ambas estrategias, aunque distintas, pueden ser implementadas de manera complementaria, dependiendo de las capacidades y necesidades de cada país.

Por último, se proponen recomendaciones específicas para una regionalización efectiva, como la inversión en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento de capacidades locales, y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, todo ello orientado a reducir las desigualdades territoriales. Se concluye que una regionalización bien estructurada puede ser un instrumento clave para un desarrollo más justo y sostenible en América Latina, promoviendo una gobernanza equitativa y mejorando la vida de los habitantes de las zonas periféricas, hasta ahora en desventaja con las urbanas.

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*https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026.pdf

Recurso de nulidad e informe de la Contraloría General de la República cuestionan proyecto de embarcadero en Puerto Viejo de Talamanca

Un recurso de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), junto con recientes observaciones de la Contraloría General de la República, evidencian serias irregularidades técnicas, ambientales y administrativas en el proyecto denominado “Embarcadero Vecinal en Puerto Viejo”, en el cantón de Talamanca.

El recurso, interpuesto por el abogado Walter Brenes Soto, solicita la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución N.° 1879-2024-SETENA, señalando vicios graves en el estudio ambiental que sirvió de base para su aprobación. Según el documento, la evaluación presenta fallas estructurales que comprometen su validez, al haberse realizado sin el rigor científico mínimo requerido para una obra ubicada en un área ambientalmente frágil.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia total de estudios marinos, a pesar de que el proyecto se desarrollaría directamente en el mar. El análisis se limitó a la vegetación terrestre, omitiendo información esencial sobre el lecho marino, la batimetría, los ecosistemas bentónicos y las condiciones oceanográficas. Esta omisión resulta especialmente grave si se considera que el propio expediente reconoce la existencia de arrecifes coralinos en el sitio donde se pretende cimentar la obra, sin que exista una evaluación de impacto sobre este ecosistema.

El recurso también advierte que la viabilidad ambiental se sustentó en información desactualizada y técnicamente incorrecta, al asumir que los arrecifes de la zona se encuentran mayoritariamente muertos desde el terremoto de 1991, ignorando evidencia científica reciente que demuestra su recuperación y vitalidad. Asimismo, se señala la omisión de especies marinas en peligro de extinción, incluyendo corales como Acropora palmata y fauna como tortugas marinas, manatíes y delfines, lo que evidencia una evaluación superficial e incompleta. A esto se suman errores graves en la identificación de especies, incluyendo referencias a fauna propia del océano Pacífico, lo cual compromete la confiabilidad del estudio en su conjunto.

Adicionalmente, el recurso denuncia la falta de estudios oceanográficos que permitan prever impactos como la alteración de corrientes marinas, la acumulación de sedimentos o procesos de erosión costera, lo que incrementa la incertidumbre sobre las consecuencias reales del proyecto en las playas de Puerto Viejo. En este contexto, se argumenta que la resolución de SETENA incumple principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio y preventivo, al autorizar una obra sin contar con información suficiente para descartar daños significativos al ambiente.

El recurso de nulidad solicita, además, la suspensión inmediata de cualquier obra relacionada con el embarcadero, el archivo del expediente y la apertura de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades de los actores involucrados. En conjunto, los elementos expuestos en ambos documentos refuerzan la preocupación sobre un proyecto que podría generar impactos irreversibles en los ecosistemas marino-costeros de Puerto Viejo, así como un uso inadecuado de recursos públicos, en ausencia de garantías técnicas, científicas y administrativas suficientes.

¿Qué dijo la contraloría del proyecto?

A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría General de la República oficio (DFOE-CIU-0584), que no aprobó la asignación de ₡674,2 millones dentro del presupuesto 2026 de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) destinada al diseño y construcción del embarcadero. El órgano contralor determinó que el proyecto carece de elementos esenciales para su ejecución, como la inexistencia de un convenio formal entre JAPDEVA, el MOPT y la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales en la administración, operación y mantenimiento de la obra.

La Contraloría también advirtió que estas omisiones impiden comprender el alcance real del proyecto y debilitan el control sobre el uso de los recursos públicos, aumentando el riesgo de conflictos institucionales y fallas en su implementación. En consecuencia, los fondos improbados deberán ser trasladados a cuentas sin asignación específica, dejando en suspenso la viabilidad financiera del proyecto.

Otros cuestionamientos:

A estos cuestionamientos técnicos se suma un fuerte señalamiento social: organizaciones ambientales y comunidades de Puerto Viejo denuncian que la viabilidad ambiental fue tramitada de forma “exprés y oculta”, en un plazo aproximado de 18 días hábiles, sin conocimiento ni participación de la población local. Según estas denuncias, el proyecto permaneció sin acceso público durante cerca de un año, y solo fue conocido tras un anuncio de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Incluso, personas de la comunidad que consultaron a SETENA fueron remitidas a expedientes antiguos, sin información clara sobre el proceso vigente.

Organizaciones y actores locales cuestionan además que, una vez otorgada la viabilidad ambiental, se esté convocando a procesos de consulta que consideran tardíos y orientados a legitimar una decisión ya tomada, lo que podría vulnerar el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.

El proyecto actual es señalado como el tercer intento de desarrollar infraestructura similar en la zona, tras iniciativas previas en 2008 y 2019 que fueron rechazadas por la comunidad debido a irregularidades, falta de estudios rigurosos y ausencia de consulta pública. En esos antecedentes también se identificaron deficiencias en los estudios de impacto ambiental y omisiones de especies marinas clave, lo que refuerza la preocupación sobre la repetición de patrones en la gestión del proyecto.

Las denuncias también ponen en cuestión el enfoque de desarrollo detrás del proyecto, señalando que responde a intereses turísticos y empresariales, mientras se relegan necesidades urgentes de la comunidad. Entre estas destacan la falta de acceso a agua potable, la ausencia de servicios básicos de salud como un EBAIS, así como carencias en infraestructura educativa como colegios y escuelas. A ello se suma la incapacidad de resolver la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, la falta de espacios públicos y la limitada inversión social para enfrentar problemáticas como la pobreza y la exclusión de la juventud.

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

FECTSALUD advierte sobre riesgos para la seguridad social y llama a defender la CCSS

El secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, realizó un llamado público a defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a mantener vigilancia ciudadana frente a decisiones que podrían afectar el sistema de seguridad social del país.

En una exposición difundida en las redes sociales de la organización sindical, Durán analizó la situación actual de la seguridad social costarricense y planteó preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta la institución.

El dirigente sindical subrayó que la CCSS constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y que su sostenibilidad depende del compromiso de la ciudadanía y de las autoridades públicas para proteger sus principios de solidaridad y universalidad.

Defensa de la seguridad social

Durante su intervención, Durán destacó la importancia de fortalecer la seguridad social como un derecho fundamental de la población costarricense.

Según explicó, la CCSS ha sido históricamente una institución clave para garantizar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese sentido, señaló que la defensa de la Caja no corresponde únicamente a las personas trabajadoras del sector salud, sino a toda la ciudadanía, ya que el sistema de seguridad social beneficia al conjunto de la sociedad.

Preocupaciones sobre el rumbo institucional

En su exposición, el representante de FECTSALUD expresó inquietudes sobre decisiones y propuestas que podrían debilitar la institución o alterar el modelo solidario que ha caracterizado al sistema de seguridad social costarricense.

Durán enfatizó que cualquier reforma o medida relacionada con la seguridad social debe orientarse a fortalecer la CCSS y garantizar la sostenibilidad del sistema, evitando acciones que puedan comprometer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de promover un debate público informado sobre el futuro de la institución y de mantener mecanismos de participación social en las decisiones que afectan al sistema.

Contexto de debate nacional

Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de discusión nacional sobre diversos temas relacionados con la seguridad social, entre ellos la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la gestión institucional de la CCSS y el cumplimiento de las obligaciones con los fondos de la seguridad social.

En los últimos años, distintos sectores sociales, sindicales y académicos han manifestado preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institucional de la Caja.

En ese marco, organizaciones del sector salud han reiterado que cualquier proceso de reforma debe realizarse mediante diálogo social amplio y con participación de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Durán hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la seguridad social.

El dirigente sindical señaló que la CCSS representa una conquista histórica del país y que su preservación requiere un compromiso colectivo para garantizar que continúe cumpliendo su misión de proteger la salud y el bienestar de la población.

La exposición completa puede encontrarse en las redes sociales de FECTSALUD.

El papel de la persona gestora local en las comunidades

Una producción audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) presenta una explicación sobre el papel de la persona gestora local, figura vinculada con los procesos de desarrollo comunitario y participación territorial.

El material forma parte de los contenidos divulgativos asociados al Técnico en Gestión Local de la UNED, programa orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo comunitario, organización social y gestión de iniciativas locales.

En el video se plantea la pregunta “¿Qué es una persona gestora local?”, a partir de la cual se introduce el enfoque de la gestión territorial como una herramienta para impulsar procesos de desarrollo desde las propias comunidades.

Formación para la gestión comunitaria

Según la propuesta formativa de la UNED, la persona gestora local es quien facilita procesos de articulación entre comunidades, instituciones públicas y organizaciones sociales, promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del territorio.

El programa de Técnico en Gestión Local busca precisamente fortalecer estas capacidades mediante herramientas para el análisis del entorno, la planificación participativa, la gestión de proyectos y la incidencia comunitaria.

Este enfoque reconoce que las comunidades poseen conocimientos y experiencias fundamentales para la construcción de soluciones a los problemas locales, y que la formación técnica puede contribuir a potenciar esos procesos.

Educación y desarrollo territorial

La producción audiovisual forma parte de los esfuerzos de la UNED por divulgar oportunidades de formación y promover el liderazgo comunitario, especialmente en territorios donde la organización social y la participación ciudadana resultan claves para impulsar proyectos de desarrollo.

La iniciativa también resalta la importancia de formar personas capaces de articular actores locales, promover procesos participativos y fortalecer la gestión comunitaria, elementos centrales en las estrategias de desarrollo territorial.

Invitamos a ver el video de la producción audiovisual de la UNED para conocer más sobre el rol de la persona gestora local y el Técnico en Gestión Local.

Le invitamos a ver el video:

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Después de las elecciones en Costa Rica: ¿ganó el ser humano?

Por José Rafael Quesada Jiménez

Las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero ya son historia inmediata. Las urnas se cerraron, los votos se contaron y las mayorías se expresaron conforme a las reglas de nuestra democracia. Ese es un hecho relevante y valioso. Costa Rica sigue siendo una sociedad que confía en el mecanismo electoral para dirimir sus diferencias políticas.

Sin embargo, una vez pasado el momento electoral, surge una pregunta más profunda que no siempre nos atrevemos a formular con claridad: ¿ganó el ser humano?

No se trata solamente de saber qué partido obtuvo más votos o qué tendencia política logró imponerse. La pregunta verdaderamente importante es si el resultado de nuestras dinámicas políticas y de nuestra institucionalidad está efectivamente orientado a mejorar la vida concreta de las personas.

Porque la democracia formal puede funcionar —y en Costa Rica funciona—, pero eso no significa necesariamente que la democracia esté plenamente al servicio del ser humano.

Democracia formal y democracia real

Nuestra democracia posee los elementos clásicos que la definen: elecciones periódicas, alternancia en el poder, separación de poderes y legalidad institucional. Estos mecanismos son indispensables. Son conquistas históricas de las sociedades modernas y debemos defenderlos.

Pero el funcionamiento de esos mecanismos no garantiza, por sí mismo, que las decisiones públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Aquí aparece una distinción fundamental: la diferencia entre democracia formal y democracia real.

La democracia formal se expresa en procedimientos: votar, elegir representantes, aprobar leyes y administrar instituciones.

La democracia real se mide en resultados humanos: si las personas viven mejor, si las instituciones escuchan el sufrimiento social y si las decisiones públicas generan bienestar y sentido de futuro.

Desde el Humanismo Universalista, inspirado en el pensamiento de Mario Rodríguez Cobos (Silo), se plantea un principio fundamental: “Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro”.[1]

Este principio coloca a la persona humana como valor central de toda organización social. Ni el Estado, ni el mercado, ni los partidos políticos deberían situarse por encima de la dignidad humana.

Todas las estructuras sociales deben existir para servir al ser humano. Cuando ocurre lo contrario, cuando las instituciones empiezan a servirse a sí mismas comienza una crisis moral del sistema.

Y esa sensación es precisamente la que hoy recorre amplios sectores de nuestra sociedad.

El malestar ciudadano

En los últimos años hemos visto crecer una sensación persistente de malestar social.

No es un rechazo a la democracia. El pueblo costarricense sigue creyendo en ella. Lo que está en discusión es la eficacia humana del sistema político.

Muchas personas perciben que los partidos políticos se han alejado de la vida cotidiana de la ciudadanía. Existe desconfianza hacia las élites políticas, se habla de privilegios, de burocracias pesadas y de trámites interminables.

En las zonas rurales se percibe abandono. En las ciudades se experimenta una creciente sensación de inseguridad. Los servicios públicos muchas veces se vuelven lentos o insuficientes frente a problemas sociales complejos.

Los jóvenes miran el futuro con incertidumbre. Las oportunidades reales parecen cada vez más escasas. A esto se suma una creciente crisis psicosocial: ansiedad, estrés y sensación de desorientación colectiva.

En este contexto conviene recordar otra advertencia del humanismo de Silo: “La crisis del mundo actual no es solamente económica o política; es, ante todo, una crisis del ser humano”.[2]

Comprender esto permite mirar la situación con mayor profundidad. Porque la raíz del problema no es solamente institucional o administrativa. Es profundamente humana.

La ciudadanía no está en contra de la democracia. Está en contra de una democracia que no le resuelve la vida.

Lo que realmente pide la gente

Cuando uno escucha con atención a las comunidades, a las organizaciones sociales, al mundo cooperativo, a las asociaciones de desarrollo, a los trabajadores y a los pequeños empresarios, aparecen demandas muy claras.

La ciudadanía no está pidiendo milagros. Está pidiendo coherencia.

Entre las demandas más repetidas aparecen temas estructurales:

  • Un Estado más eficiente que resuelva problemas y no los multiplique.
  • Menos burocracia y más soluciones concretas.
  • Transparencia y rendición de cuentas.
  • Seguridad ciudadana con enfoque humano, pero con firmeza en prevención y en sanción.
  • Reforma educativa profunda, humanizada y con adaptación creciente a los cambios.
  • Atención al sistema de salud, humanizado y puesta al servicio de las personas no de empresas ni de organizaciones gremiales.
  • Atención a la salud mental y al deterioro psicosocial.
  • Oportunidades económicas reales para los jóvenes.
  • Descentralización efectiva y eficaz para las regiones del país.
  • Acción efectiva sobre el Cambio y Crisis Climática y que proteja la vida de las personas.

En el fondo, lo que se pide es que el poder político recuerde una verdad elemental: su función es servir.

Cuando la política pierde el sentido humano se convierte en una administración fría de estructuras. Y cuando esa administración fría domina la vida pública, la gente comienza a sentirse sola frente al sistema.

Un mensaje para quienes gobiernan y para quienes se oponen

Después de las elecciones conviene decirlo con serenidad, pero con claridad.

A quienes gobiernan: construyan reales esperanzas para la gente, el voto ciudadano no es un cheque en blanco. La mayoría electoral no legitima la insensibilidad ni autoriza a gobernar desde la polarización permanente.

A la oposición también le corresponde una tarea mayor. Criticar no es suficiente. El país necesita proyectos, no solamente resistencia.

La ciudadanía está cansada de la pelea ideológica vacía. Lo que el país necesita son soluciones estructurales.

La mirada humanista

Desde una perspectiva humanista el desafío de nuestra época no es simplemente cambiar gobiernos. El desafío es reorientar las estructuras sociales hacia el ser humano.

Esto implica instituciones centradas en la persona, participación ciudadana real, tecnología al servicio de la gestión pública, cultura activa de no violencia y recuperación del sentido comunitario.

Como señalaba Silo: “Humanizar la Tierra significa poner al ser humano como valor y preocupación central”.[3] Costa Rica ha demostrado en su historia que puede construir instituciones con sentido humano. La abolición del ejército, la seguridad social y el desarrollo cooperativo son ejemplos de una cultura política que alguna vez colocó al ser humano en el centro.

Hoy ese espíritu necesita ser actualizado para el siglo XXI.

Una crisis de sentido

Tal vez la crisis que vivimos no sea únicamente política. Tal vez sea una crisis de sentido.

Cuando una sociedad pierde su horizonte humano, cualquier modelo institucional comienza a fallar. La política se vuelve técnica, la economía se vuelve fría y las instituciones se vuelven burocráticas.

Por eso el desafío no corresponde únicamente a los gobiernos. Corresponde también a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones sociales y a quienes creemos que la política debe volver a su propósito original: servir al ser humano.

Las elecciones ya pasaron. Pero la historia continúa. Y la historia de un país no la escriben únicamente los gobiernos. La escribimos todos.

La democracia no termina en la urna. Comienza ahí.

[1] Silo. (1988). Humanizar la tierra. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.

[2] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

[3] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento