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Etiqueta: participación ciudadana

La democracia no pertenece al Estado

Juan Huaylupo

El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.

El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.

Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.

El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.

«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.

La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.

Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.

La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.

Buen Vivir Costa Rica invita a proponer un símbolo o lema para la unidad nacional por la democracia

Buen Vivir Costa Rica lanzó una consulta abierta mediante «La Semillita Preguntona». Con ella invita a la ciudadanía a responder la siguiente pregunta:

«Ante la situación actual de Costa Rica, ¿qué propone usted como símbolo o lema para la unidad nacional por la democracia?».

Según explica la organización, con las respuestas que reciba buscará construir una idea que acompañe la reflexión-acción del buen vivir y que contribuya a la unidad popular «frente a las amenazas que estamos viviendo todos los días, contra el pueblo y la madretierra».

Buen Vivir Costa Rica está promoviendo esta acción mediante sus redes.

Serbia: universitarios que se negaron a olvidar

Dr. Randall Jiménez Retana
Director de la Escuela de Estudios Generales
Universidad de Costa Rica

El 1.º de noviembre de 2024, el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, Serbia, provocó una tragedia que dejó dieciséis víctimas mortales. Pudo haber sido una noticia más, de esas que inquietan durante unos días y luego desaparecen de la conversación pública. Pero las personas estudiantes universitarias decidieron que aquellas muertes no podían quedar sepultadas bajo el silencio y las explicaciones pendientes.

Comenzaron haciendo preguntas. Querían saber qué había ocurrido, quién debía responder y cómo una obra pública había terminado convirtiéndose en una tragedia. Pronto comprendieron que sus inquietudes iban más allá de aquel accidente y alcanzaban problemas que afectaban a toda la sociedad: la corrupción, la transparencia y la responsabilidad de las instituciones.

Lo extraordinario fue su perseverancia. No se conformaron con una manifestación ni permitieron que el paso de las semanas debilitara sus demandas. Organizaron asambleas, caminaron largas distancias, visitaron comunidades y conversaron con las personas ciudadanas que, poco a poco, comenzaron a reconocer como propias aquellas preguntas. Las universidades se convirtieron en el punto de partida de una movilización que alcanzó buena parte del país.

Aquel grupo joven, demostró que el compromiso ciudadano no depende de la edad ni de ocupar una posición de autoridad. Tenían estudios que atender, proyectos personales y un futuro por construir. Sin embargo, encontraron razones suficientes para dedicar tiempo, esfuerzo y organización a una causa que consideraban justa.

Su experiencia nos recuerda algo que a veces dejamos de lado: las y los estudiantes no son únicamente personas que se preparan para participar algún día en la sociedad. Ya forman parte de ella. Tienen ideas, preguntas y una capacidad de intervención que merece ser reconocida y escuchada.

El movimiento también abrió un debate sobre la relación entre la juventud y el poder político. Exigir responsabilidades desde las calles no es lo mismo que asumirlas desde las instituciones. En ambos casos, la coherencia entre los principios defendidos y las decisiones adoptadas resulta indispensable.

Pero la importancia de esta experiencia va mucho más allá de sus resultados electorales. Su mayor enseñanza está en el compromiso de unas jóvenes personas que decidieron involucrarse, sostener sus demandas y no permanecer indiferentes ante una catástrofe que exigía respuestas.

Desde la Universidad de Costa Rica, esta experiencia nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra labor. Formar personas profesionales competentes es indispensable, pero una educación universitaria también debe ofrecer las herramientas necesarias para comprender la realidad, cuestionarla con argumentos y participar responsablemente en la vida pública.

Una formación humanística no consiste en decirles a las y los estudiantes qué deben pensar ni cuáles causas deben defender. Consiste en ayudarles a desarrollar criterios propios, reconocer la dignidad de los demás y comprender que el conocimiento adquiere una dimensión social cuando se pone en relación con los problemas de nuestro tiempo.

El grupo de personas jóvenes serbias encontró sus propias razones, se organizó y buscó caminos para hacerse escuchar. Su actuación, como cualquier otra expresión de participación ciudadana, puede y debe ser examinada críticamente. Pero sería difícil desconocer la importancia de una juventud dispuesta a involucrarse en los asuntos públicos.

Los nombres de las víctimas de Novi Sad quedaron unidos a una generación que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Y acaso ahí radique lo más valioso de esta historia: en recordar que las grandes transformaciones sociales también pueden comenzar con un grupo de estudiantes universitarios que se atreve a preguntar por qué y no se conforma con cualquier respuesta.

Sala Constitucional ordena hacer cumplir orden sanitaria contra SIGMA Alimentos por vertidos en Oreamuno

Nota

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por la contaminación de una quebrada en San Rafael de Oreamuno, Cartago. La contaminación proviene de las descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa SIGMA Alimentos Costa Rica S. A. En la resolución n.º 2026041773, el tribunal tuvo por acreditada una demora injustificada de las autoridades de salud en la atención del caso.

En el recurso participaron Fabián Pacheco, agrobiólogo e integrante del Frente Ecologista de Cipreses, y Helmuth Hasbum Fernández, vecino afectado. Lo hicieron después de presentar denuncias reiteradas por malos olores persistentes y descargas irregulares de aguas residuales desde la planta de la empresa.

Hallazgos técnicos

Según informes técnicos avalados por el Ministerio de Salud, la planta de tratamiento de la empresa no operaba adecuadamente. Un muestreo de laboratorio realizado en agosto de 2026 determinó que los vertidos superaban de forma significativa los límites máximos permitidos por la normativa ambiental. Se registraron 717 mg/L de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 1.042 mg/L de demanda química de oxígeno (DQO) y 79 mg/L de grasas y aceites. Estos resultados evidenciaron una remoción insuficiente de la carga orgánica y sustentaron la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 contra la compañía.

Lo que resolvió la Sala

La Sala Constitucional determinó que hubo una dilación indebida de ocho meses entre la presentación de la denuncia inicial (n.º 168-2025) y la notificación de resultados a las personas afectadas por parte del Área Rectora de Salud de Oreamuno. En consecuencia, resolvió:

  • declarar parcialmente con lugar el amparo por la lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida;
  • ordenar a la directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno girar las instrucciones necesarias para que la empresa acate a cabalidad la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 y se resuelva el problema en definitiva;
  • condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en la vía contencioso-administrativa.

Reacciones

Para Fabián Pacheco, la resolución es «una victoria más de la sociedad civil organizada en la defensa ambiental». Calificó como lamentable que las instituciones del Estado solo actúen a punta de recursos de amparo, y destacó que las comunidades tuvieron que aportar su propio dinero para demostrar los incumplimientos de la empresa en materia ambiental.

«Estaremos vigilantes para que la empresa SIGMA y el Ministerio de Salud ejecuten la orden sanitaria y vamos a seguir monitoreando sus vertidos. Desde el Frente Ecologista de Cipreses no vamos a bajar la guardia, ya que todavía se perciben malos olores por los vertidos de SIGMA. Nos merecemos un ambiente sano y es un derecho constitucional que vamos a defender», afirmó.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento a la lucha de las comunidades de Oreamuno por esta contaminación:

  • 5 de agosto de 2026. Un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026) confirmó la presencia de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento.
  • Peritaje del CICA-UCR. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA-UCR) hizo un peritaje, contratado por la Red de Coordinación en Biodiversidad, que encontró valores de DQO y DBO por encima de los límites del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
  • 5 y 6 de setiembre. Las comunidades documentaron episodios de vertidos durante la madrugada de un fin de semana.
  • 10 de setiembre. Las comunidades se manifestaron frente al Área Rectora de Salud de Oreamuno y anunciaron que protestarían ante cada nuevo vertido.

En ese contexto, el Frente Ecologista de Cipreses llamó a la población a denunciar los olores en el momento en que se perciben, mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) o la línea 911.

Concejo Municipal de Monteverde respalda moratoria a la extracción mecanizada en el río Guacimal impulsada por la comunidad

El Concejo Municipal de Monteverde aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la moratoria a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes. Esa moratoria es una iniciativa comunitaria que el Concejo Municipal de Puntarenas ya había aprobado. El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria n.º 163-2026 del 3 de noviembre y quedó en firme.

La moratoria ha sido una lucha de la comunidad, que forma parte de la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas. El Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas la declaró como «Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal» y la publicó en La Gaceta n.º 156 del 19 de agosto de 2026. La medida tiene carácter preventivo, con fines de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y protección ambiental. Suspende nuevos trámites y autorizaciones para esa actividad durante veinticuatro meses prorrogables, y su vigencia queda condicionada a un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

En sus considerandos, el Concejo de Monteverde señala que la cuenca del río Guacimal incluye una parte alta en ese cantón. Por eso, cualquier alteración podría afectar la integridad de la cuenca como unidad hidrológica y ecológica y poner en riesgo el Corredor Biológico Pájaro Campana. Añade que la extracción mecanizada impacta negativamente la morfología del cauce, la conectividad ecológica y los derechos de las comunidades locales sobre el recurso hídrico. Según el acuerdo, el Concejo de Monteverde, «en ejercicio de su autonomía y competencias, debe apoyar medidas que protejan el ambiente y la seguridad hídrica para beneficio de la región».

El Concejo acordó:

  • manifestar su «apoyo expreso y fundamentado» a la moratoria en todos sus términos;
  • solicitar que el informe técnico integral considere la cuenca como una unidad completa, incluida la parte alta en Monteverde, y que esto se tome en cuenta en los procesos de consulta pública;
  • remitir su postura al Concejo Municipal de Puntarenas, a su Comisión de Asuntos Ambientales y a la Alcaldía, para que se valore en la consulta pública;
  • comunicar el acuerdo al Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, e instarles a valorar la moratoria y el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca;
  • divulgar el acuerdo al Consejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y a las organizaciones comunales de la cuenca.

Comunidades de Santa Teresa y Malpaís piden frenar proyecto de gasolinera a 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco

La comunidad exige estudios técnicos independientes, garantías de protección ambiental y participación ciudadana antes de que se otorgue cualquier viabilidad ambiental al proyecto.

Organizaciones comunitarias y personas vecinas de Santa Teresa y Malpaís hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a una petición para cuestionar la construcción de una gasolinera a tan solo 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. El proyecto, denominado “Servicentro Los Ticos”, se tramita ante SETENA bajo el expediente D1-1205-2025.

La preocupación de la comunidad se relaciona principalmente con los riesgos de contaminación del mar y de los acuíferos. Las características del terreno, con un nivel freático elevado, es decir, con el agua subterránea a nivel superficial y suelos muy permeables, generan especial vulnerabilidad ante posibles fugas o derrames de hidrocarburos. Una contaminación podría tener consecuencias graves para los ecosistemas marinos, las playas, la pesca y el turismo, actividades fundamentales para la vida económica y social de la zona.

También preocupa la afectación de la cobertura arbórea y la biodiversidad. La propiedad se encuentra dentro del Corredor Biológico Peninsular y del Corredor Biológico Costero, y constituye un espacio de tránsito para fauna silvestre como el oso hormiguero, el mono congo y el mono cariblanco. El propio desarrollador reconoce en el expediente de SETENA que será necesario talar árboles. A esto se suma el posible impacto de la iluminación nocturna sobre las tortugas marinas que anidan en la playa y otras especies silvestres.

Las organizaciones también señalan una contradicción con los esfuerzos locales por proteger los ecosistemas de surf. La Moción 02-2026 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano propone reconocer el surf como actividad de alto interés para el distrito y proteger ecosistemas como los de Santa Teresa, Playa Carmen y Malpaís. La instalación de una gasolinera tan cerca de la costa genera cuestionamientos sobre la coherencia de las decisiones de planificación y protección territorial.

Existen, además, dudas sobre el cumplimiento de la normativa vial y las condiciones de seguridad. Se cuestiona el ancho de la vía de acceso, estimado en 10 metros frente a los 14 metros que podrían ser exigibles, así como el espacio disponible para las maniobras de los camiones cisterna. Esto resulta especialmente preocupante en una comunidad que cuenta con una única vía de acceso y carece de una ruta alternativa de evacuación. También se solicita aclarar la disponibilidad de agua, el manejo de las aguas residuales de la estación de servicio y la evaluación de riesgos de incendios, explosiones, inundaciones, erosión costera y emisiones contaminantes que podrían afectar la salud de las personas vecinas.

Otro cuestionamiento central es la falta de información y participación ciudadana. Organizaciones y personas vecinas indican que no conocieron oportunamente el proyecto y que no existió un proceso suficiente de socialización para discutir sus posibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de la comunidad.

Ante esta situación, la petición exige a las autoridades que soliciten estudios técnicos rigurosos e independientes sobre los riesgos señalados antes de otorgar cualquier viabilidad ambiental; que valoren los impactos directos y acumulativos sobre el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, las playas y sus ecosistemas; que verifiquen el cumplimiento de la normativa vial y que garanticen un proceso real de información y participación pública para las comunidades de Santa Teresa y Malpaís.

Amparada en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, la comunidad recuerda que tiene derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por eso llama a todas las personas a firmar, compartir e informarse para colaborar con esta petición.

Santa Teresa y Malpaís viven de su mar, de su naturaleza y de su gente. Proteger estos bienes comunes significa defender la biodiversidad, la salud, las actividades económicas locales y el futuro de las comunidades.

¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035

Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.

Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”

Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.

La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?

La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.

Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.

La academia: conocimiento y responsabilidad pública

Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.

En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.

Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.

Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.

Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.

Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.

Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.

No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.

El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica

El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.

Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.

Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.

Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.

A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.

Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.

Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico

Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.

A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.

Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.

No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.

La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.

Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional

Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.

Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.

También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.

No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.

Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios

Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.

Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.

La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.

¿Qué debe proponer el Estado?

La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.

Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.

También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.

Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?

Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.

Construir una agenda común

Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.

Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.

La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.

El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.

La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.

Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.

Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.

Bagaces realizará audiencia pública sobre los centros de datos de inteligencia artificial

El Concejo Municipal de Bagaces realizará una audiencia pública sobre los centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el cantón el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m., en el salón parroquial de Bagaces.

En la audiencia, la Asociación Voz del Pueblo de Bagaces presentará su posición sobre los centros de datos de IA y lo que estos significan “para nuestro territorio, nuestro ambiente y nuestra gente”. La organización invita a la población a participar con el lema “Defendamos nuestro cantón bien informados”.

Antecedentes

La audiencia se relaciona con el proyecto Palo Negro AI & HPC Campus, impulsado por la empresa Cosfin Energía S.A., que busca atraer inversiones transnacionales para instalar en Bagaces infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Según informó la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) en una nota publicada por SURCOS en setiembre, el proyecto contempla además la generación local de unos 120 megavatios de electricidad para abastecer el centro de datos. Se encuentra en fase de prefactibilidad, y sus promotores ya han iniciado gestiones ante el ICE y la Municipalidad.

En esa nota, la FECON advertía que las comunidades de Bagaces no cuentan con información clara sobre el proyecto ni sobre sus posibles impactos. Señalaba que la principal preocupación es el agua, en un cantón que enfrentó un grave problema de abastecimiento por contaminación con arsénico y que está afectado por la sequía. También alertaba sobre el alto consumo de energía de estas instalaciones y su relación con el proyecto de ley de armonización eléctrica, que permitiría la compraventa directa de electricidad entre generadores privados y grandes consumidores.

Datos de la audiencia

Fecha: miércoles 11 de noviembre
Hora: 5:30 p. m.
Lugar: salón parroquial de Bagaces

Parlamento Cívico Ambiental: “Archivo del CPTPP es un triunfo de la movilización social y respaldamos la marcha del 3 de noviembre”

Manifiesto: la no adhesión al Acuerdo Transpacífico es un triunfo de la movilización social

El Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica celebra el anuncio de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, sobre la no firma y solicitud de archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Esta decisión constituye una importante victoria de los movimientos sociales, populares, ambientales, agrícolas, campesinos, estudiantiles y de las organizaciones ciudadanas que se opusieron al tratado y que, mediante su organización, denuncia y movilización, ejercieron una presión determinante para detener este proceso.

El CPTPP despertó una creciente oposición por sus potenciales consecuencias sobre la producción agropecuaria nacional, la soberanía alimentaria, el ambiente, la biodiversidad y la capacidad del Estado para adoptar políticas públicas en defensa de los intereses nacionales.

A ello se sumaron los cuestionamientos sobre la falta de transparencia, participación ciudadana y suficiente información acerca de sus implicaciones para el país. Este logro demuestra que la organización y la movilización ciudadana son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos, la soberanía nacional y el patrimonio ambiental de Costa Rica.

Sin embargo, el archivo del CPTPP no significa que hayan desaparecido las amenazas que enfrenta la producción nacional ni los problemas estructurales del sector agropecuario, las comunidades rurales y la protección de nuestros ecosistemas. La adopción de otras agendas vinculadas a intereses extranjeros de comercio estratégico y seguridad puede representar amenazas aún mayores.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental respalda el mantenimiento de la convocatoria a la marcha nacional del próximo 3 de noviembre, promovida por las organizaciones del sector agropecuario y otros movimientos sociales.

Esta movilización debe constituir una oportunidad para reafirmar la unidad de todos los sectores sociales para continuar exigiendo políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la soberanía alimentaria, protejan el ambiente y promuevan un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible.

El Parlamento Cívico Ambiental reafirma su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y con una democracia participativa en la que las decisiones fundamentales sobre el futuro del país respondan a las necesidades de su población y no exclusivamente a otros intereses.

Instamos al Gobierno a establecer un mecanismo permanente, transparente, participativo y jurídicamente vinculante de evaluación y seguimiento de los tratados comerciales, con indicadores verificables, informes públicos periódicos y planes de acción para atender las brechas identificadas.

El archivo del CPTPP debe marcar no solo el cierre de un proceso, sino el comienzo de una nueva etapa: una política comercial y diplomática que evalúe sus resultados, corrija sus desequilibrios y ponga las capacidades productivas, las comunidades y el patrimonio natural de Costa Rica en el centro de sus decisiones.

San José, 29 de octubre de 2026

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia

Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia

Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría

Melanie Pérez Vargas. Segunda Secretaría