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Etiqueta: participación ciudadana

Convocan a conversatorio sobre la realidad de la CCSS en San Sebastián

“¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?” Con esa pregunta, el Hogar de la Esperanza y el movimiento La Caja es Nuestra invitan a un conversatorio sobre la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad será el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria, que lleva como lema “La Caja es nuestra”.

RENASES convoca a su III Asamblea Nacional: “Ha llegado el momento de la movilización”

La asamblea será el viernes 23 de octubre en el salón de eventos de JUPEMA. Cada sector presentará tres problemas, tres soluciones concretas y la forma de impulsarlas.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) convoca a sus organizaciones a la III Asamblea Nacional, que se realizará el viernes 23 de octubre de 2026, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., en el salón de eventos de JUPEMA, contiguo a Pensiones de la CCSS. La convocatoria se anuncia con nueva fecha y sede.

“Después de dos asambleas de diálogo, construcción de propuestas y articulación entre sectores, ha llegado el momento de la movilización”, señala RENASES en su comunicado oficial, en el que describe la asamblea como “un espacio decisivo para nuestra red”.

Bajo el lema “De los problemas a las soluciones”, cada sector deberá llevar tres problemas, tres soluciones concretas y la forma de impulsarlas.

Programa

  • 8:30 a. m.: inscripción y café.

  • 9:00 a. m.: bienvenida, a cargo del Equipo Timón y las diputaciones invitadas.

  • 9:20 a. m.: informe de avances en incidencia, articulación y movilización.

  • 10:00 a. m.: trabajo por sectores para preparar el encuentro en la Asamblea Legislativa.

  • 12:00 m.: almuerzo.

  • 1:00 p. m.: plenaria, con las propuestas de los sectores (siete minutos por sector).

  • 2:20 p. m.: “Lo que viene”: la actividad del 1.º de noviembre en Cartago, por los 85 años de la CCSS, y el encuentro con diputaciones del 19 de noviembre.

  • 3:00 p. m.: acuerdos y cierre. Cada acuerdo tendrá una persona responsable y una fecha.

Inscripción

Las organizaciones deben confirmar su asistencia en este enlace: https://forms.gle/3ziMqwSAFWenCsZA9

RENASES pide compartir la convocatoria con las bases y las personas integrantes de cada organización: “Su presencia es fundamental para definir juntas y juntos los próximos pasos”. La red advierte además que solo las personas que asistan a la III Asamblea podrán participar en el encuentro en la Asamblea Legislativa del 19 de noviembre.

RENASES – Red Nacional de Sectores Sociales
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Campaña por el rescate de la ruta 30703 supera las 300 firmas; CONAVI anuncia inspección técnica tras presión ciudadana

Comunicado

Cartago, 19 de octubre de 2026. El Frente Eco Cipreses informa a la opinión pública, medios de comunicación y comunidades aledañas que la campaña activa de recolección de firmas para exigir la intervención urgente de la ruta de travesía 30703 (Sector La Puente – Cipreses, Oreamuno) ya ha superado las 300 firmas de vecinos, trabajadores y personas usuarias de la vía.

Esta movilización ciudadana nace de la absoluta indignación ante el estado deplorable, ruinoso y sumamente peligroso en el que se encuentra la carretera. A través de una denuncia formal dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios, con copia a la Alcaldía y el Concejo Municipal de Oreamuno, las comunidades exigieron la rendición de cuentas por el abandono sistemático de esta arteria vital.

En el documento, los vecinos denuncian que la ruta es hoy un campo de cráteres intransitable que genera un impacto económico devastador para la clase trabajadora de Cartago, obligando a los conductores a pagar altísimas facturas por daños en suspensiones, llantas y aros. Por ello, se exigió a las autoridades una explicación técnica del abandono y una fecha exacta para una rehabilitación integral, rechazando categóricamente los «parches temporales» que desaparecen con las lluvias.

Primera respuesta de las autoridades

Como fruto de esta fuerte presión ciudadana, el Frente Eco Cipreses recibió una respuesta formal por parte del señor Esteban Jarquín Vargas, representante del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien indicó textualmente lo siguiente:

«En atención a su comunicación relacionada con las condiciones de la Ruta de Travesía N.° 30703, específicamente en el sector La Puente–Cipreses, cantón de Oreamuno, provincia de Cartago, se les informa que esta Administración procederá a realizar una inspección técnica en el sitio, con el propósito de verificar las condiciones señaladas en su denuncia, determinar el estado actual de la infraestructura vial y valorar las necesidades de intervención que correspondan.

A partir de los resultados de dicha inspección, y de determinarse la necesidad de ejecutar obras, se procederá a valorar su incorporación en la programación de intervenciones de conservación vial, considerando las competencias institucionales, los alcances legales y contractuales aplicables, la disponibilidad de contenido presupuestario y las prioridades de atención establecidas para la zona.»

Llamado a mantener la presión

Si bien consideramos que esta inspección es un primer paso logrado gracias a la unión comunal, la historia nos ha enseñado que no podemos bajar la guardia.

Por lo tanto, invitamos a toda la población a firmar y mantener activa la campaña de firmas para sostener la presión social ante el abandono que el mal gobierno mantiene sobre las vías públicas de Cartago. No podemos permitir que esta inspección técnica se convierta en una excusa burocrática más ni en promesas vacías; la paciencia de la clase trabajadora llegó a su límite.

Le instamos a sumar su voz y compartir el formulario para exigir soluciones definitivas.

Enlace para firmar la petición: https://forms.gle/uSAGK7auMEDf6fAT7

Que el cansancio no decida nuestro futuro

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Rodrigo Campos Hernández

Hay una contradicción que debería interpelarnos: vivimos una época de extraordinarias capacidades científicas y tecnológicas, mientras una vida digna sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas. Las guerras destruyen comunidades; la incertidumbre atraviesa los hogares; trabajar no siempre permite vivir con seguridad. La pregunta por el futuro se ha convertido, para demasiada gente, en una pregunta por cómo sobrevivir al presente.

Las protestas que recorren distintos países tienen historias y demandas propias. Sería un error atribuirles una misma conciencia o un destino común. Sin embargo, muchas expresan un límite: el rechazo a seguir pagando con precariedad, endeudamiento y agotamiento decisiones sobre las cuales las mayorías tienen escasa influencia. Ese malestar cuestiona la promesa neoliberal de que la expansión del mercado terminaría asegurando el bienestar colectivo.

En Costa Rica, necesitamos discutir qué proyecto de sociedad se construye cuando la educación y la protección social se presentan como gastos que deben contenerse, mientras el castigo adquiere protagonismo como respuesta política. La seguridad es una necesidad real. Precisamente por eso, debe incluir prevención, investigación eficaz, justicia independiente y condiciones materiales para vivir. Su evaluación no puede reducirse al número de celdas ni a la dureza de los discursos.

También debemos exigir que las transformaciones de los servicios públicos se discutan abiertamente, con evidencia sobre sus consecuencias. Recuperar recursos para una institución no debería convertirse en moneda de cambio para aprobar reformas de otra sin suficiente deliberación. La ciudadanía merece conocer qué se negocia, quiénes se benefician y qué compromisos se adquieren en su nombre.

La controversia sobre el Acuerdo Transpacífico plantea una pregunta igualmente seria. La presidenta manifestó que no había revisado su borrador, mientras la ministra de Comercio Exterior sostuvo que las condiciones negociadas ya no podían renegociarse. Aunque la adhesión todavía requiere decisiones pendientes, esa tensión obliga a preguntar qué capacidad efectiva tienen los sectores convocados al diálogo para influir en el resultado. Escuchar sus preocupaciones exige explicar cuáles pueden atenderse, mediante qué instrumentos y con qué recursos. Contabilizar reuniones no demuestra, por sí solo, que sus planteamientos hayan incidido en lo negociado.

Exigimos información suficiente para evaluar los compromisos, sus beneficios y sus costos por sector, así como respuestas verificables para quienes podrían resultar perjudicados. Las oportunidades comerciales deben discutirse junto con sus efectos sobre el empleo, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Concluir una negociación no elimina la obligación de justificarla ante la ciudadanía. La participación democrática pierde sustancia cuando se invita a hablar, pero se presenta lo fundamental como fuera de discusión.

Esa exigencia alcanza a la oposición. Denunciar al gobierno no constituye, por sí solo, una alternativa. Hacen falta propuestas, coherencia y capacidad de sostener acuerdos. Si cada sector defiende su espacio de manera aislada, podemos agotar nuestras fuerzas mientras se debilitan las condiciones que todos necesitamos.

Por eso hacen falta diálogos más exigentes y una comunicación más compartida. Espacios donde podamos contrastar diagnósticos, reconocer diferencias y acordar acciones sin exigir unanimidad. Espacios que escuchen también a quienes no participan en nuestros círculos y cuyas preocupaciones no siempre encuentran lugar en nuestros análisis.

Movilizarnos forma parte de esa tarea. Una protesta puede incomodar, interrumpir la rutina y ejercer presión sin agredir a las personas. Su fuerza crece cuando tiene continuidad, objetivos reconocibles y vínculos entre sectores. Salir a la calle permite afirmar una presencia; organizarnos permite sostenerla.

No hay garantía de victoria. El deterioro puede profundizarse y el hartazgo puede ser aprovechado por proyectos autoritarios. Una esperanza responsable debe reconocer esos riesgos y construir razones para actuar: compromisos concretos, responsabilidades distribuidas y formas de participación que no consuman hasta el agotamiento a quienes las sostienen.

Este es un llamado a encontrarnos. A pasar de las voces dispersas a una conversación capaz de producir acuerdos y acción colectiva. Podemos comenzar por aquello que estamos dispuestos a defender juntos y por una primera tarea que podamos cumplir.

Esta discusión tiene también una dimensión jurídica. El poder público está sujeto a obligaciones que ninguna mayoría electoral puede dispensar. Los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución establecen un gobierno participativo y responsable, sometido a la legalidad y a la rendición de cuentas. Los derechos de petición y acceso a la información, reconocidos en los artículos 27 y 30, permiten exigir respuestas y conocer los fundamentos de las decisiones públicas. Cuando esas garantías se vulneran, existen mecanismos para reclamar su protección.

El financiamiento universitario tampoco queda a la libre disposición de los acuerdos partidarios: debe respetar la autonomía y las garantías de los artículos 84 y 85. De igual manera, concluir la negociación de un tratado comercial no reemplaza su aprobación legislativa ni el control previo de constitucionalidad exigido por el ordenamiento. Una decisión anunciada como políticamente concluida puede tener todavía controles jurídicos pendientes.

La política de seguridad encuentra límites igualmente precisos. El debido proceso, la prohibición de tratos crueles o degradantes y la independencia judicial obligan también cuando el miedo impulsa demandas de mayor castigo. A su vez, organizarse, expresarse y reunirse pacíficamente son derechos constitucionales, no concesiones del gobierno. Su ejercicio y su protección forman parte de la vida democrática.

No toda decisión que rechazamos es ilegal. La crítica adquiere fuerza jurídica cuando identifica la actuación cuestionada, la obligación incumplida y las pruebas que permiten exigir su revisión. Ese rigor debe acompañar la movilización: documentar, solicitar información, fiscalizar y acudir a los mecanismos de protección correspondientes. Defender el futuro común exige también hacer efectivas las garantías que el ordenamiento reconoce.

Seguimos de pie, aunque estemos cansados. Que ese cansancio encuentre solidaridad, organización y relevo. El futuro común merece algo más que nuestra resignación.

Exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón llama a la ciudadanía a presentarse ante la Sala Constitucional contra la apertura del CECCO

“Pasemos de las críticas a la acción”, dice el exmagistrado.

El exmagistrado de la Sala Primera Ricardo Zeledón Zeledón, especialista en derecho agrario, hizo un llamado a la ciudadanía para que se presente ante la Sala Constitucional a oponerse a la apertura del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CECCO). Según informa, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lo inaugurará el miércoles 14 de octubre al mediodía.

Zeledón sostiene que el CECCO es una copia del modelo carcelario de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por el presidente Nayib Bukele, al que califica como propio de un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos. Advierte que, tras la inauguración, el Ministerio de Justicia y Paz trasladaría a unas 5.100 personas privadas de libertad al nuevo centro bajo la clasificación de máxima seguridad, sin estudios previos y sin consulta a los jueces de ejecución de la pena.

Según el exmagistrado, el centro se construyó con planos y arquitectos salvadoreños y con financiamiento costarricense y extranjero, sin pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, la Municipalidad de Alajuela ni la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Afirma además que se han opuesto al CECCO la Defensoría de los Habitantes, un organismo contra la tortura y diversas instituciones internacionales.

Un recurso de amparo pendiente

Zeledón informa que el 30 de septiembre presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, expediente 26-036376-0007-CO, contra la presidenta Laura Fernández Delgado; el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles; y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Señala que el recurso aún no ha sido cursado y que, a su juicio, la Sala ya debió dictar medidas cautelares para impedir la inauguración y el traslado de las personas privadas de libertad.

“Debemos pasar de las críticas a la acción”, plantea Zeledón, y recuerda que “todos estamos legitimados para oponernos a la apertura y a que se nos oiga”. Pide a la ciudadanía redactar cualquier escrito de oposición y presentarlo o enviarlo a la Sala Constitucional dentro de ese expediente. Señala que la Sala está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cómo presentar el escrito

Según indica el exmagistrado, el escrito solo debe llevar este encabezado:

El suscrito (o la suscrita), NOMBRE, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OFICIO, VECINO(A) DE …, CÉDULA …

SALA CONSTITUCIONAL
AMPARO 26-036376-0007-CO
RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN contra LAURA FERNÁNDEZ DELGADO, presidenta de la República; RODRIGO CHAVES ROBLES, ministro de la Presidencia y de Hacienda; y GABRIEL AGUILAR VARGAS, ministro de Justicia y Paz.

A continuación, se redacta la oposición a la apertura del CECCO y al traslado de las personas privadas de libertad.

Conferencia en San Rafael de Heredia sobre la importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente

CONCEVERDE invita a la conferencia «Importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente», que se realizará el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en la Casa del Pensionado de San Rafael de Heredia, frente al Estadio Yuba Paniagua (coordenadas: 10°00’40.3″N 84°06’07.7″W).

La conferencia estará a cargo de Jessica Martínez, experta en desarrollo urbano, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La actividad se da en un momento clave para el cantón, ya que la Municipalidad de San Rafael de Heredia está elaborando el plan de ordenamiento territorial o plan regulador. Según CONCEVERDE, este instrumento definirá si el cantón será ordenado y respetará lo que aún queda de naturaleza, o si se llenará de cemento. Por eso considera importante que la comunidad conozca en qué consiste el instrumento y cómo puede incidir en la regulación que se aprobará.

El plan regulador es la herramienta que define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse y cómo se organiza el crecimiento de un cantón. Afecta directamente la vida cotidiana de sus habitantes: el acceso al agua, el tránsito, la seguridad, los espacios verdes e incluso el valor de las propiedades.

En la conferencia se abordará:

  • qué regula y qué protege este instrumento,
  • cómo influye en los barrios, las viviendas y el entorno,
  • por qué es fundamental que la comunidad participe en su elaboración.

«No se trata de tecnicismos lejanos: se trata de la calidad de vida», señala la organización, que invita a la población a asistir, escuchar y plantear sus preguntas. «Entender el plan regulador es entender cómo se construye el futuro del cantón».

Taller virtual sobre comunicación noviolenta para la organización comunitaria en Montes de Oca

Este jueves 24 de setiembre, de 7:15 p. m. a 8:30 p. m., se realizará el taller virtual «Comunicación directa y noviolenta para la organización comunitaria», como parte de los talleres formativos por la paz y la noviolencia que se desarrollan en Montes de Oca en el marco de la 4.ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia.

El taller está dirigido a consejos de distrito, activistas, voluntariado y organizaciones sociales y comunales. Será facilitado por Ignacio Navarrete, del Programa de Gestión Local de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y se llevará a cabo por Zoom con apoyo de esa universidad.

La actividad es el segundo de dos talleres del ciclo. El primero, «Educación para la noviolencia», se realizó el jueves 17 de setiembre y estuvo dirigido a madres, padres, personas educadoras y formadoras, y consejos de distrito.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Montes de Oca, la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia Costa Rica, el Festival Viva la Paz, Colores por la Paz Costa Rica, el Programa de Gestión Local de la UNED y el Centro Juglar Pacacua, con la participación de la Corriente Pedagógica Humanista Universalista (COPEHU) en la facilitación.

Las personas interesadas pueden inscribirse mediante el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tNv-bsLSx6IEKD1YZLx9XmM-n7KbMkNkWatsNtyFcDInng/viewform

El enlace de la reunión también puede solicitarse a las sindicaturas de los distritos de San Pedro, Mercedes, San Rafael y Sabanilla, cuyos teléfonos aparecen en el afiche adjunto.

CONCEVERDE denuncia que Municipalidad no compareció a audiencia judicial sobre construcción sin permisos

El colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció públicamente que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no se hizo presente en una audiencia judicial en la que debía defender los derechos colectivos y el interés público, según consta en la resolución N.° 00262-2026, emitida en junio de 2026 por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, II Circuito Judicial de San José.

Según indica CONCEVERDE, esa resolución señala expresamente que la Municipalidad no compareció a la audiencia correspondiente a una apelación que cuestionaba la negativa de acoger una medida cautelar frente a una orden de derribo, dictada por una construcción realizada sin permiso municipal.

La organización cuestiona si esa ausencia responde a un simple descuido o si constituye una señal preocupante sobre el cumplimiento del deber institucional de proteger el bien común, y plantea directamente la pregunta de «¿de qué lado está la Municipalidad?»: si del lado de quienes infringen la ley y buscan lucrar a costa del patrimonio natural y social, o del lado de la ciudadanía que exige respeto a la normativa y defensa de los derechos colectivos.

Para CONCEVERDE, la falta de representación municipal en un espacio de debate formal no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que abre la puerta a la impunidad, calificando cada ausencia como «un mensaje» que «suena a complicidad, a indiferencia, a abandono de responsabilidades».

La organización exige claridad, transparencia y compromiso real de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y plantea que esta debe responder ante la ciudadanía, explicar su conducta en este caso y asumir su papel como garante del bien común, advirtiendo que no tolerará que quienes tienen la obligación de defender los derechos colectivos se conviertan en «espectadores pasivos» o «aliados tácitos de los infractores».

Manifiesto patriótico: por la defensa de la democracia y la institucionalidad

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.

Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.

Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.

El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»

La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.

El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.

El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.

La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social

A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.

El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.

El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.

Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.

La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales

El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.

Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.

¡Actuemos ya!

Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.

Luchamos porque:

1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.

2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.

3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.

¡Viva Costa Rica!

Firmantes:

Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir

Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles

Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC

Manuel Monestel, Premio Magón

Alfonso Chase Brenes, Premio Magón

Manuel Mora Salas, comandante Ramiro

Gonzalo Villalta Gewrtz

Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer

Macarena Barahona Riera, escritora

Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada

Olga Goldemberg Guevara, escritora

Marielos Castro Umaña

Ángel Lara, escultor

Ana Mercedes Rodríguez, profesora

Rafael Cuevas Molina, escritor

Oscar Madrigal Jiménez, abogado

Alcides José Murillo Campos

Leiner Vargas Alfaro

Enrique Sibaja Granados

Marvin Cordero Gómez

Gonzalo Gallegos Jiménez

Habib Succar Guzmán

Inés Gutiérrez Moya

Aurelia Trejos Paris, cantautora

Oscar Espinoza, cantautor

Gerardo Aguilar Sevilla, abogado

Ena Aguilar Ramírez

Manuel Romero Arroyo

Walter Arias Bermúdez

Claudio Monge Pereira, exdiputado

Mónica Peredo, filóloga

Victoria Montero Zeledón, actriz

Nieves Barahona Riera, actriz

Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador

Dorelia Barahona Riera, escritora

Alex Cuadra Hernández

Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.

Rosa María Mata Mena

Ronulfo Morera Vargas

Gerardo Contreras, catedrático universitario

Francisco Javier Hernández Quiros

Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas

German Chacón Araya, sociólogo

Alberto Campos Barrantes

Li Sáenz Urgell

Israel Guillén González

José Rafael Flores Alvarado

Alejandro Antonio Fernández Madrigal

Zeyla Meza, abogada

Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal

Leda Montoya, trabajadora social

Xiomara Eve

César Quirós Brenes

Franklin Monge Montero

Jorge Edwin Lao Largaespada

Diego Villalobos Quirós

Lyn Madrigal

Ligia María Madrigal Castillo

Freddy Jiménez Herrera

Ricardo Ascanio Sánchez, librero

María Eugenia González García

Alcides José Murillo Campos

Luis Hidalgo Canifrú

Mario Alfaro Rodríguez, profesor

Luis Fernando Monge Rojas

Annie Saborío Mora

Karla Matamoros Hernández

Juan Bautista Rojas Esquivel

Leonardo Rivera Pérez

Karen Vargas Gutiérrez

Jorge Vallejos Ortiz

Guillermo Garro Brenes

Alfredo Gerardo Chaverri Brenes

Luis Miranda Vega

Héctor Ferlini-Salazar

Sandra Flora Paniagua Paniagua, médica

Li Sáenz Urgell, profesora de arte

Beatriz Paniagua Valverde, ingeniera

Aquiles Jiménez Arias, escultor

Dorelia Barahona Riera, escritora y filósofa

Jaime Delgado Rojas, filósofo y politólogo

Óscar Alfredo Barboza Lizano, académico

Héctor Cerdas Zamora, pensionado I.V.M.

María Cecilia Crespo, abogada

Óscar Daniel Espinoza Ramos, músico

Sonia Espinoza Conejo, diseñadora en costura y poeta

Adriano Corrales Arias, escritor

Bernardo Jaén Hernández, productor agrícola

Grace Chaves Zamora, Jupema

Marco Vinicio Fournier Facio, Red Nacional por la Democracia

Habib Succar Guzmán, jubilado

Ana Lorena Davila Cubero, trabajadora social

Doris Peterd, empresaria

Alba Nidya Vargas Castro, educadora

Lucía Inés Sanou Sequeira, pensionada

Luis Alberto Meza Sosa, construcción

Isabel Araya Montero, psicóloga jubilada

Xiomara Esquivel Vargas, actriz, PCOA-Costa Rica

Carlos Alberto Rubio Torres, escritor, profesor jubilado

Carlos Rubio Torres. escritor y profesor jubilado

Si comparte este manifiesto puede adherirse mediante el siguiente formulario:

https://forms.gle/qcPyauG7NhL6hd8P8

Cartago: convocan taller de elaboración de faroles

La Colectiva Autónoma por la Resistencia Social (CARS), el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo invitan a un taller gratuito de elaboración de faroles, a realizarse el viernes 11 de septiembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio CIC del Tecnológico de Costa Rica. La actividad incluye los materiales necesarios para la elaboración de los faroles.

El taller se enmarca en la serie de convocatorias «Faroleada»/»Farolazo» para el 14 de septiembre, ya impulsadas en distintos puntos del país por organizaciones como la CARS —que ha promovido la «Faroleada por la Democracia»— y el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago, que convocó previamente a su propia «Faroleada por la Salud y la Democracia» en la Plaza Mayor de Cartago. Ambas iniciativas retoman el simbolismo histórico de los faroles como expresión de participación popular, vinculado en Centroamérica a la independencia de 1821 y, en Costa Rica, al desfile de faroles instaurado en 1953.