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Etiqueta: participación ciudadana

Debatirán futuro del Cerro Chompipe y la protección del agua en Heredia

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Organizaciones ambientales, especialistas en gestión hídrica y representación legislativa participarán en un foro público sobre las disputas en torno al Cerro Chompipe, un territorio estratégico para la conservación ecológica y la protección de fuentes de agua en la provincia de Heredia. El encuentro surge en medio de la creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y cuenta con un régimen especial de protección desde el siglo XIX. Además, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana. Diversas organizaciones y personas expertas han advertido que cualquier intervención en este ecosistema debe analizarse con rigurosidad técnica y jurídica, debido a sus implicaciones para la seguridad hídrica regional y la conservación de bosques de alta importancia ecológica.

La discusión también se intensificó tras la decisión del alcalde de rechazar la recomendación del Concejo Municipal de trasladar aproximadamente 155 hectáreas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), medida orientada a fortalecer la protección formal del área.

El foro abordará temas como la efectividad de las figuras legales de conservación, la protección del recurso hídrico frente a proyectos de desarrollo y la necesidad de garantizar transparencia, estudios técnicos y participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.

Entre las personas participantes estarán el Lic. José Francisco Alfaro, del Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE); el Ing. Roberto Ramírez, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); y María Eugenia Román, diputada herediana.

La Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también fueron invitados al espacio; sin embargo, ambas instituciones declinaron su participación.

Las organizaciones convocantes señalan que el objetivo principal del foro es promover un diálogo público informado y basado en evidencia técnica, jurídica y científica sobre el futuro de uno de los territorios más importantes para la protección del agua y los ecosistemas en Heredia. El evento busca además fortalecer el debate ciudadano sobre la gestión de bienes ambientales estratégicos y la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras.

El foro es organizado por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR. La actividad será virtual y se transmitirá a través de SURCOS Digital en Facebook.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Movimiento “La Caja es Nuestra” lanza campaña permanente de denuncia y alerta sobre propuestas en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.

La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.

Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.

Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.

Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.

Instituciones publican más, pero información es difícil de ubicar y está desactualizada

Escrito en . Publicado en Derechos.

Evaluación abarcó a 100 instituciones públicas y se realizó entre noviembre y diciembre de 2025

La Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación piloto del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) 2.0, correspondiente al año 2025.

El Índice de Transparencia del Sector Público es una iniciativa impulsada, desde el 2015, por la Defensoría de los Habitantes y el CICAP-UCR. Esta versión 2.0 corresponde a un plan piloto de la nueva metodología de medición 2025, que incorpora innovaciones como el uso de inteligencia artificial, estándares legales recientes y una evaluación basada en la experiencia ciudadana al solicitar información.

Los hallazgos revelan que, si bien existe un avance en la publicación de información, persisten brechas críticas en la facilidad de acceso y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. La evaluación, que abarcó a 100 instituciones públicas, se realizó entre noviembre y diciembre de 2025, arrojando una calificación promedio institucional de 44.8.

El estudio destaca que la dimensión mejor calificada es la de «información institucional» (63.3), mientras que la de «presupuestos, puestos y contratación pública» es la que presenta el mayor rezago con una nota de apenas 28.0. También se analizó la participación y solicitudes de información, así como la rendición de cuentas.

El equipo evaluador identificó, entre otras cosas, que a pesar de que la información requerida suele estar publicada, su localización es compleja, la búsqueda de información requiere recorrer múltiples secciones y realizar varios “clics”, las instituciones redirigen a plataformas externas sin proporcionar enlaces específicos; además existen limitaciones en accesibilidad. Por otra parte, se identificó la presencia de documentos correspondientes a años anteriores y secciones sin actualización durante largos periodos.

Según esta medición, las cinco instituciones con mejores resultados bajo esta nueva metodología son:

Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica (78.5)

Universidad de Costa Rica (76.7)

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (75.7)

Municipalidad de Heredia (73.1)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (70.9)

“Hemos avanzado en mostrar quiénes somos como instituciones, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer para mostrar, con claridad y calidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos, con qué resultados y con qué mecanismos de control ciudadano. La transparencia exige comprender algo fundamental: la información pública no pertenece a las instituciones; pertenece a la ciudadanía”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Conversatorio analizará el papel de la justicia y los controles institucionales en la democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.

El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.

Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.

¿Qué dice la normativa sobre el “collareo” de árboles? Claves legales y responsabilidades en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La reciente denuncia sobre el posible “collareo” o anillado de un árbol en Escazú vuelve a poner sobre la mesa una práctica poco visible pero de alto impacto ambiental. Este método, que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para provocar la muerte del árbol, no suele estar regulado de forma explícita con ese nombre, pero sí puede encuadrarse dentro de distintas normas de protección ambiental y urbana.

Una práctica que puede constituir daño ambiental

En Costa Rica, la Ley Forestal N.º 7575 establece la protección de los recursos forestales y regula la corta de árboles, especialmente en áreas protegidas o cuando se trata de especies de interés. Aunque el collareo no siempre aparece mencionado de forma directa, provocar la muerte de un árbol sin autorización puede interpretarse como una forma indirecta de tala ilegal.

Asimismo, la normativa ambiental reconoce el principio de prevención del daño, por lo que acciones que deterioren progresivamente un árbol podrían ser sujetas a investigación por parte de autoridades competentes.

Competencias municipales y gestión del arbolado urbano

En zonas urbanas, como el caso señalado en Escazú, la gestión del arbolado suele recaer en las municipalidades. Gobiernos locales como la Municipalidad de Escazú cuentan con reglamentos específicos sobre poda, corta y mantenimiento de árboles en espacios públicos y privados.

Estos reglamentos generalmente exigen permisos para intervenir árboles, especialmente si se trata de ejemplares de gran tamaño o ubicados en áreas visibles o de tránsito.

Riesgo para la seguridad y responsabilidad civil

Más allá del daño ambiental, el debilitamiento inducido de un árbol puede generar riesgos para la seguridad pública. Si un árbol intervenido de esta forma pierde estabilidad y causa daños a personas o bienes, podría derivarse responsabilidad civil para quienes realizaron o permitieron la intervención.

Este aspecto es clave en contextos urbanos, donde la caída de ramas o del árbol completo puede afectar viviendas, vehículos o peatones.

¿Qué pueden hacer las personas ante una sospecha?

Ante situaciones como el presunto collareo, la ciudadanía puede:

  • Presentar denuncias ante la municipalidad correspondiente
  • Acudir al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
  • Informar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
  • Solicitar inspecciones técnicas para valorar el estado del árbol

Estas acciones permiten activar procesos de verificación que determinen si existe una afectación ambiental o una infracción normativa.

Un tema que requiere mayor visibilidad

El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la vigilancia ciudadana en torno al arbolado urbano. Prácticas como el collareo, aunque menos visibles que la tala directa, pueden tener efectos igualmente graves sobre el entorno y la seguridad comunitaria.

Denuncian posible “collareo” de árbol en Escazú: práctica provoca muerte lenta y genera riesgos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Una persona vecina denunció la aparente aplicación de “collareo” o anillado a un árbol ubicado en Guachipelín Norte de Escazú, una práctica que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para interrumpir el flujo de nutrientes y provocar su muerte progresiva.

Las imágenes compartidas evidencian una franja amplia sin corteza en la base del árbol, característica de este método, el cual es señalado por su impacto ambiental y por los riesgos que puede generar en zonas urbanas.

Muerte inducida y riesgo para la comunidad

De acuerdo con la denuncia, el collareo se utiliza en algunos casos para evitar procesos formales de tala, dejando que el árbol muera de forma gradual. Esta condición lo debilita estructuralmente, lo que podría derivar en la caída de ramas de gran tamaño, representando un peligro para personas, viviendas y otros bienes.

Además del riesgo físico, la práctica implica la pérdida de un elemento clave del entorno urbano, con efectos sobre la biodiversidad, la regulación térmica y la calidad ambiental del espacio.

Llamado a atención institucional y ciudadana

La persona denunciante indicó desconocer las razones específicas detrás de esta acción, pero hizo un llamado a la vigilancia comunitaria y a la intervención de las autoridades competentes, ante una práctica que podría estar ocurriendo sin control ni supervisión.

El caso abre nuevamente la discusión sobre la protección del arbolado urbano y la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia, inspección y sanción frente a acciones que atenten contra el ambiente.

“La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública

Escrito en . Publicado en Salud.

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, el Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra” convoca a una manifestación este viernes 1° de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., con salida desde la Iglesia La Merced, en Avenida Segunda, en defensa del derecho a la salud y del carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria llama a trabajadores, familias y personas pensionadas a unirse en defensa de una institución que consideran debe mantenerse autónoma, universal y solidaria, con servicios de calidad tanto técnica como humana.

Defensa del derecho a la salud

El mensaje central de la actividad plantea la necesidad de resguardar el sistema de seguridad social como un derecho fundamental, en un contexto en el que distintos sectores han manifestado preocupación por el rumbo de la CCSS.

El movimiento enfatiza que la movilización busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud pública, así como promover la participación ciudadana en su defensa.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La invitación es abierta y promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo la posibilidad de llevar consignas propias. Asimismo, se sugiere a las personas participantes identificarse en la marcha buscando las sombrillas azules del movimiento como punto de encuentro.

Bajo el lema “La Caja es nuestra”, la actividad se suma a las tradicionales movilizaciones del 1° de mayo, integrando la defensa de la seguridad social dentro de las reivindicaciones históricas del movimiento laboral.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: Viernes 1° de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Iglesia La Merced, Avenida Segunda

Convoca: Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra”

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal mientras que comunidades destacan intervención de la Defensoría de los Habitantes

Puntarenas, Costa Rica. Comunidades, ASADAS y organizaciones socioambientales de la cuenca del río Guacimal celebraron la aprobación unánime, por parte del Concejo Municipal de Puntarenas, de una moción para declarar una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, dentro del territorio del cantón central de Puntarenas. La medida fue aprobada en la sesión extraordinaria N.° 171.

La moratoria responde a una solicitud presentada desde noviembre de 2025 por comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, ante la preocupación por el incremento de solicitudes de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena en el río Guacimal. Durante la sesión municipal, el regidor Mario Rodríguez Morales recordó que la moción responde a una solicitud de las comunidades y destacó que el estudio jurídico sobre la viabilidad técnico-legal de la moratoria fue elaborado por la abogada Gabriela Cruz Alaniz.

Según la información disponible en Dirección de Geología y Minas del 2025 existen 11 solicitudes de concesión entre los sectores de Guacimal y Chomes, de las cuales dos ya se encuentran en operación y el resto en trámite. En conjunto, estas solicitudes abarcarían cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, lo que representa más de la mitad del río.

La medida aprobada por el Concejo Municipal se plantea como una acción preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental, ante la existencia de riesgos razonables de daños graves o irreversibles al ambiente, al recurso hídrico, a la salud pública, a los medios de vida y a las comunidades. En ese sentido, ordena suspender la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes municipales relacionadas con la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, mientras se mantenga vigente la moratoria.

La moratoria tendría una vigencia de 24 meses, prorrogable mediante acuerdo municipal, y solo podría levantarse si existen estudios técnicos integrales que valoren la capacidad de carga, los riesgos ambientales, hídricos, geomorfológicos y socioeconómicos, así como la ausencia comprobada de daños graves o irreversibles. También deberá garantizarse la protección del recurso hídrico, el bienestar de las comunidades, la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.

Este avance municipal se suma a la admisión, por parte de la Defensoría de los Habitantes, de una solicitud de intervención presentada por la Alianza Hidrica (Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua) mediante los oficios N.° 04900-2026-DHR y N.° 04901-2026-DHR, ambos del 27 de abril de 2026, la Defensoría solicitó informes a la Municipalidad de Puntarenas y a SETENA sobre la situación del río Guacimal, las solicitudes de concesión, los posibles impactos acumulativos y el estado de los incidentes de nulidad presentados contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de WSP Constructora S.A.

En particular, la Defensoría solicitó a SETENA informar el estado actual de los recursos de nulidad presentados contra la resolución N.° 0100-2025-SETENA, indicar si se han adoptado medidas preventivas mientras dichos recursos se encuentran pendientes, remitir copia del Estudio de Impacto Ambiental del expediente D1-0483-2023, señalar si se ha iniciado algún procedimiento de revisión, corrección o eventual anulación de la viabilidad ambiental, e informar si se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de impactos acumulativos considerando las múltiples solicitudes de concesión en el río Guacimal.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Municipalidad de Puntarenas referirse a la moratoria solicitada por las comunidades, detallar las acciones realizadas para atender el riesgo asociado con la extracción de materiales en el río Guacimal, informar si se han realizado análisis técnicos, jurídicos o ambientales sobre la procedencia de la moratoria, y señalar si existe algún mecanismo de coordinación interinstitucional o comunal para proteger el río y garantizar el abastecimiento de agua de las ASADAS ubicadas río abajo.

Las comunidades han advertido que el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen directamente de este recurso. Además, la cuenca cumple una función ecológica estratégica al formar parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, que conecta bosques nubosos con manglares costeros y permite la movilidad de especies silvestres, incluyendo fauna en categorías de amenaza.

La preocupación comunitaria también se relaciona con el proyecto de WSP Constructora S.A., que pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de gestionar una concesión para extraer material del cauce. En los documentos remitidos a la Defensoría se señalan posibles vicios de forma y fondo en el expediente ambiental, incluyendo inconsistencias en la información del proyecto, ausencia de consulta pública y cuestionamientos sobre la evaluación de impactos acumulativos.

Las comunidades y organizaciones solicitantes hicieron un llamado a la Municipalidad de Puntarenas para actuar con debida diligencia, garantizar el acceso a la información pública, atender las preocupaciones de las ASADAS y comunidades locales, y asegurar que cualquier decisión sobre el río Guacimal se adopte con base en criterios técnicos, participación ciudadana efectiva y protección prioritaria del recurso hídrico.

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.