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Etiqueta: participación ciudadana

Una isla con sed de desarrollo comunitario

Para el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Caballo, Joel Rojas García, el proceso comunitario que permitió definir y poner en marcha el plan estratégico diseñado por la comunidad, es la orientación que permite luchar por una vida digna. Destacó un reconocimiento por el acompañamiento del Programa de Desarrollo Integral Comunitario Costero de la Universidad Nacional (UNA) en este esfuerzo.

Joel Rojas García, presidente de la Asociación de Desarrollo de Isla Caballo.

“Nadie se queda en casa cuando tenemos en mente la importancia de lo que estamos haciendo”, dijo el dirigente al dar la bienvenida al “Encuentro en una isla con sed de desarrollo comunitario”. Joel Rojas García señaló que el plan estratégico es una herramienta clave y a partir de ella trabajan. “Depende del esfuerzo de nuestra comunidad, pero agradecemos el apoyo de las instituciones y de manera especial del Programa de Desarrollo Integral Comunitario Costero de la Universidad Nacional”, recalcó.

Este programa “responde a un proceso histórico y su objetivo fundamental es el mejoramiento de la calidad de vida y el empoderamiento de diversas comunidades ubicadas del distrito de Lepanto, Isla Venado, Isla Caballo y Cabuya, todas de la provincia de Puntarenas. Con la metodología del acompañamiento social participativo se logra articular diversas facultades, unidades académicas, institutos, centros, Sede Regional Chorotega, así como instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y otras universidades públicas nacionales e internacionales en procura del cumplimiento participativo de los planes de trabajo comunitario”, se explica en un artículo académico publicado en https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo/article/view/8447/9546

La población prioritaria de atención definida por este programa es “la más excluida, vulnerable, empobrecida y desprotegida por el Estado y, en ese caso, las comunidades costeras e insulares, especialmente, las mujeres, niños y niñas, jóvenes y pescadores de Isla Caballo, Isla Venado, Lepanto y Cabuya fueron escogidas. Estas poblaciones se encuentran inmersas en una serie de problemáticas que denotan condiciones socioeconómicas de pobreza y exclusión social, y poco acceso a mejores oportunidades de empleo”, se indica en ese texto.

“Esos sectores históricamente excluidos han tenido dificultades en la participación en los espacios de decisión en las comunidades, por ende, estos procesos son analizados y facilitados desde la cultura y el contexto de cada persona, conllevando a su propio desarrollo, empoderamiento, organización, autogestión y autoafirmación como grupos consolidados en las diversas comunidades, tal como en Isla Caballo, Cabuya, Lepanto e Isla Venado”, dice el artículo publicado por la UNA.

El documento recuperado de la página de la Universidad Nacional destaca que “en el caso de las mujeres, al ser las más afectadas –por la problemática del desempleo, la violencia intrafamiliar, el analfabetismo por desuso, las problemáticas ambientales como por ejemplo poco acceso a agua potable–, también fueron partícipes de procesos de capacitación en formación humana, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, proyectos productivos y organización comunitaria. Es interesante observar cómo estos procesos se fueron complementando, en la mayoría de los casos, con su actitud al cambio para mejorar sus vidas, su empatía hacia nuevos procesos de aprendizaje y, en muchos casos, su seguridad en cuanto a experimentar nuevos proyectos productivos. Son estas las condiciones que han garantizado, de manera general, la sostenibilidad de los proyectos organizativos como los comunales en general, liderados cada vez más por mujeres. Cabe destacar, por ejemplo, en Isla Caballo, que ellas dieron inicio con los procesos de alfabetización de adultos y organización social”.

Yadira Cerdas, vicerrectora de Extensión de la UNA.

La vicerrectora de Extensión de la UNA, Yadira Cerdas Rivera, al dirigirse a las personas participantes del “Encuentro en una isla con sed de desarrollo comunitario encuentro”, señaló: “Esta labor es una muestra de por qué la UNA es la universidad necesaria. Hace más de 20 años se inició este camino en Venado y hoy seguimos acompañando para cumplir las metas que fijadas por las comunidades”.

Silvia Rojas-Herrera, coordinadora del Programa de Desarrollo Integral Comunitario Costero.

Silvia Rojas-Herrera, coordinadora del Programa de Desarrollo Integral Comunitario Costero dijo por su parte que la desigualdad también se construye con mitos y estereotipos, por ello, es clave el desarrollo de la educación secundaria y la alfabetización de toda la población para que sepan comprender la realidad en la cual viven y encuentren las vías para su desarrollo.

“Lo más importante es crear esperanza en una comunidad que fue violentada por el sistema”, agregó la docente es investigadora de la UNA.

La comunidad y las personas representantes de las instituciones invitadas trabajaron en seis mesas para fijar prioridades en función del plan estratégico. Se analizó las siguientes temáticas: pesca, mujeres, salud, calidad educativa, persona adulta mayor, turismo, y gestión hídrica.

 

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Encuentro de juntas de salud para evitar una CCSS limitada por regla fiscal

El viernes 12 de julio se realizó un encuentro de las juntas de salud de la CCSS, organismos que están en lucha para evitar que la regla fiscal domine la atención de la salud de la población.

A sugerencia del integrante de la junta directiva de la Caja, doctor Mario Devandas Brenes, representantes de los organismos ciudadanos se reunieron y analizaron la situación. “La regla fiscal aplicada a la CCSS significaría que sería la ministra de Hacienda quien determine el gasto de la institución”, explicó Devandas en un documento previo al encuentro.

En el mismo escrito se señala que “lo que mueve todo esto es la inconformidad de las grandes farmacéuticas por la lucha de la junta directiva contra el criminal abuso con los precios de los medicamentos”.

El movimiento busca, ante la crisis y ambiente de zozobra que vive el país, promover la participación y el diálogo, evitando acciones que afecten los servicios de salud de las personas usuarias. Asimismo, desarrollar temas de convergencia nacional que permita construir acciones que propicien la recuperación de la confianza de la ciudadanía y abra la oportunidad para evaluar los efectos o consecuencias de las políticas que afectan la salud y proponer soluciones.

Integrantes de juntas de salud de la CCSS comunicaron: “Nos reunimos quienes tenemos bien definidos los ejes de nuestra gestión, y de ellos, dos son determinantes: la salud como un derecho continuación y símbolo de las garantías sociales, y la CCSS patrimonio de todos los costarricenses”.

“La participación marca el respeto, aunque tengamos criterios diferentes es más lo que nos une y nos permite construir nuestras decisiones de forma colegiada”.

“Las juntas de salud debemos pronunciarnos en repudio a la mala intención de medios de difusión que con sus titulares quieren desprestigiar a La Caja y debemos apoyar la decisión de La Junta Directiva de no permitir la aplicación de la regla fiscal en defensa de la autonomía de la Institución”, agregan en comunicados que circulan por redes digitales y fueron enviados a SURCOS.

Entre otras medidas, se propuso que, en defensa de la Caja y contra el reglamento de contrataciones que busca la privatización, “recoger firmas en todas nuestras comunidades para presentarlo a la Asamblea Legislativa”.

Además, se acordó un manifiesto nacional de integrantes de juntas de salud en defensa y apoyo de la salud como derecho ciudadano, y de la CCSS, como patrimonio del pueblo costarricense. En el escrito se pide respeto a la autonomía de la institución y de los preceptos constitucionales, suspender de inmediato la aplicación de la regla fiscal a la CCSS y, fundamentalmente, a los servicios de salud.

Se expresó además apoyo a la Junta Directiva de Caja por posición firme en su lucha contra las farmacéuticas y el negocio con la salud de las personas, instando a su vez, a iniciar una campaña informativa del valor de la producción de la Caja y la importancia de los productos genéricos de calidad.

Información compartida con SURCOS por Alberto Rojas.

Confraternidad Guanacasteca propone desarrollo del país basado en participación ciudadana

Hoy, el pueblo no se siente representado, ni por el gobierno, sus funcionarios, ni por los partidos políticos.

Es urgente e importante canalizar esta situación y resolver el problema.

Lograr una mayor conciencia y participación de los ciudadanos en el manejo y solución de la cosa pública, es necesario.

La ineficiencia de la actual Defensoría se traduce en una sobre carga del sistema judicial. La Sala Constitucional atiende anualmente unos 20.000 amparos.

¿Un 30 %? Es de reclamos de habitantes por citas médicas o falta de respuestas a cartas y gestiones ante la CCSS u otras instituciones estatales, municipalidades, centros educativos, etc. Estos asuntos podrían ser atendidos con más rapidez, con facilidades de acceso, menos costos y más satisfactoriamente por la correcta actuación de la Defensoría. Con eso se quitaría una pesada carga a la Sala, para que atienda los serios problemas constitucionales del país.

Costa Rica, tiene una vasta experiencia en participación ciudadana exitosa.

Es el caso de las Asociaciones de Desarrollo de las comunidades (DINADECO), es el manejo de los bienes y servicios públicos (ASADAS). Tiene un amplio movimiento cooperativista.

Avanzar en esta línea de pensamiento y acción, es un beneficio para la paz social.

La gente en Costa Rica está deseando participar.

Abramos las puertas y acompañemos el desarrollo social y político del país, por este camino.

PROPUESTA. –

LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

El artículo 9 de la Constitución Política dice textualmente:

El Gobierno de la República es POPULAR, representativo, participativo, alternativo y responsable…(las mayúsculas no son del original).

Lo que se siente hoy en Costa Rica es que el PUEBLO está totalmente marginado del gobierno. No hay canales de expresión y acción, realmente populares.

Entonces nos atrevemos a proponer una idea, para lograr darle voz, brazo, fuerza y recursos de trabajo a la representación popular.

CAMBIOS EN LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

OBJETIVO. – Convertir a la hoy existente institución, burocrática, e inoperante, nombrada y controlada por los políticos de turno, asentados en la Asamblea Legislativa, en lo que debe ser una institución DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

No sólo para defender a los habitantes, de las arbitrariedades de instituciones estatales, objetivo que hoy no se logra, sino también PARA EXPRESAR Y REPRESENTAR A LOS HABITANTES. Ante los otros poderes del Estado.

Eso implica la creación de una red de ciudadanos organizados en las comunidades, para atender los problemas diarios, básicos y urgentes, que no siempre requieren de tramitología, sino de metodología y estrategia de comunicación y representatividad. Se propone una tremenda simplificación de trámites y ahorro de costos. Descentralización. – Capacitar y mejorar un flujo social, más constructivo, directo y participativo.

CAMBIOS PROPUESTOS

ARTÍCULO 2.- Independencia

La Defensoría de los Habitantes de la República desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.

Se suprime párrafo. Está adscripta al Poder Legislativo.

ARTÍCULO 3.- Designación. – El Defensor y Defensor adjunto serán electos por votación popular, por un período de 4 años. Las candidaturas serán personales. El candidato que obtenga mayoría de votos será el Defensor y el que obtenga el segundo puesto será el Adjunto. Podrán ser reelegidos únicamente por un nuevo período.

ARTÍCULO 4.- Podrá ser nombrado Defensor de los Habitantes de la República, el costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocidos.

Se anula el segundo párrafo de este artículo.

CAPITULO III

INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 9.- Incompatibilidades y prohibiciones

Se agrega un inciso

5.- No podrá ser nombrado Defensor o Defensor adjunto, quién se haya desempeñado como funcionario de los otros poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), tampoco aquellas personas que ejercieron como Directivos de algún partido político, en los últimos seis años.

CAPÍTULO IV DEFENSOR ADJUNTO Y ESPECIALES

ARTÍCULO 10.- Designación y requisitos

TRANSITORIO IV. El Defensor y el Adjunto presentarán al presidente de la República, en un plazo no mayor a 30 días a partir de asumir el cargo, una propuesta de Reglamento de esta Ley, que se ajuste a los cambios y a los objetivos que de ella deriva. – El Poder Ejecutivo debe promulgar vía Decreto Ejecutivo y publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta en un plazo máximo de 30 días.

TRANSITORIO V.- Los actuales Defensor y Adjunto se mantendrán en sus cargos, hasta tanto asuman los nuevos Jerarcas.

TRANSITORIO VI. – Los actuales funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, podrán continuar en sus puestos, adaptándose a los cambios en su reglamento y funciones. 

El resto del texto de la Ley Nº 7319 se mantendrá sin cambios

Avanzar en esta línea de pensamiento y acción, es beneficio para la paz social.

La gente en Costa Rica está deseando participar.

Abramos las puertas y acompañemos el desarrollo social y político del país, por este camino.

Asociación Confraternidad Guanacasteca

Teléfono: 2672-0238

Correo: confraternidad_gte@yahoo.com

Abrimos este dialogo, para construir una mejor Costa Rica.

*Imagen con fines ilustrativos del Movimiento en Defensa de las Asadas y el Agua de la Zona Norte.

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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UNA: Territorios seguros

  • Iniciativa comunal en 450 pueblos promueve participación ciudadana, con rendición de cuentas por parte del Estado
  • UNA desempeña acompañamiento clave frente a problemáticas sociales

Calles en mal estado, suministro de agua deficiente, inseguridad ciudadana, infraestructura pública al garete. La lista de pendientes en un país como el nuestro es interminable. Pero una exitosa iniciativa comunal que ya se aplica en más de 400 pueblos, está transformando la forma de encarar estas problemáticas.

 

De la queja a la acción

En mi barrio pasamos de quejarnos a accionar, ver qué soluciones podemos encontrar aprendiendo a trabajar en conjunto con entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”, cuenta de forma enérgica Yahaira Rojas, vecina de Pococí.

Como Rojas, cientos de costarricenses viven agradecidos con las metodologías que conocen en virtud de la iniciativa Territorios Seguros: “nosotros fuimos capacitados en talleres, y ahora sabemos cómo funciona el Estado a través de sus distintas instituciones, entonces ya podemos gestionar reuniones, exigir rendición de cuentas y poner en marcha proyectos en los que esas instituciones dispongan una parte y nosotros la otra, desde temas de salud comunitaria, atención hospitalaria, suministro del agua”, agrega Rojas.

El trabajo logístico a lo largo y ancho del país no ha sido fácil. Es ahí donde la Universidad Nacional (UNA) ha entrado en acción, particularmente la Escuela de Sociología, a través del proyecto Epistemologías del Sur.

Ni partido político, ni grupo religioso

Territorios Seguros es un método, para que seamos vigilantes de que las instituciones del Estado estén cumpliendo, pero debe quedar claro que no es un partido político ni un grupo religioso. Lo que hacemos como sociedad civil es abrir muchas puertas para que los funcionarios públicos nos rindan cuentas y podamos articular esfuerzos, casi en cualquier área, por ejemplo en temas de seguridad comunal e infraestructura en educación”, explica Anita Rodríguez, vecina de Puerto Viejo de Limón.

Las historias se éxito se cuentan por cientos. Así lo narra Karen Vásquez, vecina de Matambuguito de Nicoya, para quien las calles de su barrio son otra cosa antes y después de Territorios Seguros: “en esa teman el desarrollo de la zona no es equitativo, y no queríamos dejarnos más, entonces nosotros mismos buscamos las soluciones por nuestros medios y no esperamos a que viniera alguien a resolvernos todo; los vecinos pusimos la mano de obra y gestionamos algunos materiales a punta de colectas y actividades”.

Territorios Seguros es un movimiento de la sociedad civil que nació hace 15 años, y que, según sus promotores, busca empoderar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, entre ellos el de exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Además sugiere la definición de acciones que permitan convivir en un país más inclusivo. Hoy, Territorios Seguros tiene una plataforma de trabajo en más de 450 territorios de todo el país, a lo largo de 22 cantones.

La unión hace la fuerza

En el marco de esta iniciativa, el pasado 8 y 9 de junio, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Territorios Seguros en el hotel Cibeles, Heredia. Habitantes de zonas alejadas así como del Valle Central se dieron cita. La UNA, a través del proyecto Epistemologías del Sur de la Escuela de Sociología dio acompañamiento durante la actividad.

El objetivo del Congreso giró en torno a construir una estrategia integrada de Territorios Seguros, que oriente su quehacer local y nacional ante todos los Poderes del Estado, en el marco de un gobierno que busca conjuntar en su gestión a todas las fuerzas políticas y sociales del país. El movimiento que impulsa la conformación de Territorios Seguros no es otra cosa sino la posibilidad que, como ciudadanos costarricenses, tenemos para ejercer como soberano. Este modelo de participación ciudadana, tomando la Constitución Política de Costa Rica en sus manos, ha logrado que el Estado cumpla con la Ley y, por lo tanto, atienda a poblaciones que antes de este modelo no tenían más opción que esperar a que otro u otra resolviera por ellas y ellos”, afirma Ernesto Herra, académico de la Escuela de Sociología de la UNA.

El Congreso permitió que los protagonistas de este innovador modelo de participación ciudadana, provenientes de zonas del país muy distantes una de la otra, se vieran las caras. A casi todos, Territorios Seguros les cambia sus barrios y sus vidas: “esto es prácticamente un estilo de vida que uno adopta para cualquier cosa. Me ha servido para desarrollarme como persona, vecina y ciudadana, de cara a las problemáticas habituales de nuestros pueblos”, concluyó Yahaira Rojas, orgullosa miembro de Territorios Seguros, mientras se refugiaba de una llovizna, poco común en su natal Pococí.

 

***Más detalles: Oficina de Comunicación. Tel 2237-5929 / 2277-3067***

 

Imagen ilustrativa de Territorios Seguros, Puerto Viejo.

Enviado por UNA Comunicación.

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Coalición Costa Rica: «Sobre la Comisión de Reforma del Estado»

Posición del Movimiento Coalición Costa Rica sobre la Comisión de Reforma del Estado

Como un movimiento ciudadano que nació del deseo popular de tener una mayor incidencia en la toma de decisiones de la Agenda Pública manifestamos lo siguiente:

1. Sobre la Comisión de Reforma del Estado: la política tradicional costarricense ha hecho uso de este tipo de órganos para reunir personalidades del escenario político, económico y académico del país, con el objetivo de que generen recomendaciones sobre temas concretos. No es la primera vez que un espacio como estos es integrado en Costa Rica; haciendo un análisis histórico, el Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella y de Laura Chinchilla Miranda, reunieron comisiones de notables que analizaron temas como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, así como una Reforma del Estado, respectivamente. En este último punto, se generaron en la Administración Chinchilla alrededor de 97 propuestas, de las cuales 47 fueron remitidas en forma de proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa, en donde perecieron frente a la ya conocida difícil dinámica del Primer Poder de la República.

Luego de una consulta a los diferentes nodos que integran la red del Movimiento Coalición Costa Rica, se considera que estos espacios han demostrado ser plataformas para reafirmar la exclusión de sectores históricamente invisibilizados por cuestiones étnicas, generacionales, de género, de clase social y geográficas, entre otras; profundizando las brechas existentes entre la ciudadanía y las instancias de decisión. De la misma forma, al no ser procesos que cuenten con respaldo y apropiación por parte de diferentes sectores sociales, la operacionalización de sus recomendaciones se encuentra con la “pared” de una mala gestión de las partes involucradas.

En las informaciones que han sido comunicadas a la ciudadanía en las últimas horas sobre la nueva ‘’Comisión de Reforma del Estado’’, se cumplen nuevamente estos señalamientos: profundización de brechas generacionales, ausencia de organizaciones de la sociedad civil, falta de representatividad territorial y presencia monopolizada de personas pertenecientes a las élites socioeconómicas y académicas de la sociedad costarricense.

Creemos que un Gobierno Nacional que llegó a esa posición gracias al esfuerzo de diferentes organizaciones y otros partidos políticos, más allá de lo que las mismas capacidades estructurales que su propio partido le permitía, tiene el deber histórico de innovar en la búsqueda constante de nuevas metodologías para la construcción colectiva y abierta de estos procesos. La Costa Rica Bicentenaria, se debe construir de manera colectiva y con representación de la diversidad que la identifica.

2. Es imposible “dejar ir” las violaciones a la institucionalidad democrática de Costa Rica o las amenazas al derecho democrático que tienen los pueblos de incidir en la Agenda Pública: en Coalición Costa Rica creemos que uno de los elementos de mayor importancia con los que cuenta un pueblo es su memoria histórica. El nombramiento del ex Vicepresidente de la República, Sr. Kevin Casas dentro de esta Comisión representa una contradicción por parte del Gobierno Nacional inadmisible para nuestro movimiento. Es innecesario incluir en este pronunciamiento las desafortunadas líneas que constituyeron “El Memorándum del Miedo”; en la memoria de miles de costarricenses se encuentran como prueba fehaciente de lo que las ansias de poder y el deseo de manipular conciencias en favor de un interés particular, pueden llegar a significar para una democracia centenaria.

Por su parte, la Comisión de Reforma del Estado incluye al Sr. Mario Redondo, personaje que formó parte activa de la campaña del Partido Restauración Nacional y que contribuyó a respaldar un discurso de odio hacia un sector importante de la población costarricense, lo cual puso en riesgo nuestra convivencia e integración como sociedad. Como si no fuera suficiente, el Sr. Mario Redondo inició en la segunda ronda electoral, una persecución contra el Movimiento Coalición Costa Rica y otras organizaciones sociales, difamando en la prensa nacional y poniendo en cuestionamiento el compromiso desinteresado expresado por una parte de la población, que se unió para proteger los pilares de nuestra democracia.

Coalición Costa Rica presentó el 10 de febrero de 2018 en una Plaza Roosevelt llena de personas que buscaban una nueva forma de actuar desde la ciudadanía, un Manifiesto que indicaba como uno de nuestros pilares el respeto a la institucionalidad democrática del país y un llamado a la participación desinteresada de la ciudadanía. Esto no conoce de afinidades ideológicas o personales, en esto no hay términos medios; la contundencia en la defensa de estos principios es pilar para la construcción de una democracia.

Podemos perdonar pero jamás olvidar

Partiendo de lo anterior, el Movimiento Coalición Costa Rica manifiesta su oposición ciudadana a la conformación de una Comisión con dichas características; no sin antes reafirmar nuestro compromiso de contribuir en conjunto con otras partes involucradas de diferentes sectores, a proponer plataformas innovadoras para la construcción de acuerdos alrededor de temas de interés nacional. Lo anterior reafirmando nuestra contundencia en la defensa de los ideales y principios que guían nuestro actuar como movimiento social, pero también nuestra apertura a ser propositivos en la búsqueda del bienestar general de la sociedad costarricense.

Documento consultado cerca de 48 horas en las diferentes plataformas de comunicación del Movimiento Coalición Costa Rica a nivel nacional.

Enviado a SURCOS por Marcia Jarquín.

Territorios Seguros en actividad previa a Actividad de Gala de Rendición de Cuentas

Este jueves 21 de junio se realizó el evento «La Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la Costa Rica del Siglo XXI«.

Tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa en un Conversatorio con la Presidenta de la Asamblea, el Magistrado Román Solís, la Sub-Contralora Silvia Solís y el encargado de Gobierno Abierto Alexander Astorga.

Moderó el evento la Vicerrectora de Extensión de la UNA Yadira Cerdas.

Todo esto es parte de los preparativos para la Actividad de Gala de Rendición de Cuentas de carácter nacional que se celebrará en Pococí, el próximo 27 de julio a las 8:00 a.m. en el Salón Parroquial de Guápiles.

Se hicieron presentes delegados de Territorios Seguros de todo el país, con una delegación muy importante de Nicoya.

Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos Rojas.

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Foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Foro Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Territorios Seguros y Participación de la Asamblea Legislativa invitan este próximo 21 de junio al foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI, con la participación de los expositores: Carolina Hidalgo, Presidenta de la Asamblea Legislativa; Víctor Morales Mora, Diputado Acción Ciudadana; Román Solís Zelaya, magistrado Corte Suprema de Justicia; Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Carlos Campos Rojas, Territorios Seguros; Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República.

El foro se llevará a cabo en el Salón de Expresidenta y Expresidentes de la Asamblea Legislativa de 9 a.m. a 12 m.d.

Para confirmar comuníquese al teléfono 2243 2280 o al correo mbarrionuevo@asamblea.go.cr

Transmisión por canales 98 de Tigo y 200 de Tele Cable.

Dirección electrónica www.facebook.com/participacióncr/

 

Enviado por Carlos Campos Rojas.

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Territorios Seguros trabaja en temas de corrupción, transparencia y participación ciudadana

El pasado 25 de enero fue un día de importantes avances para el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.

Una delegación representativa de nuestro esfuerzo nacional, estuvo reunido en la Fiscalía General de la República, donde se establecieron importantes acuerdos, para enfrentar los actos de corrupción a nivel institucional y municipal.

En la delegación participaron delegados del Territorio Seguro Puntarenas; Territorio Seguro Domus Mayorca; Territorio Seguro Puerto Viejo Talamanca y Territorio Seguro Sámara.

En la tarde estuvimos en un evento convocado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la transparencia y la participación ciudadana.

Territorios Seguros trabaja en temas de corrupcion transparencia y participacion ciudadana2

Texto de Carlos Campos.

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El Antropocentrismo de la Ley del Recurso Hídrico

Por Rolando Portilla Pastor, Ingeniero Civil, MSc en Manejo de Cuencas Hidrográficas

 

Se han evidenciado aspectos muy negativos sobre el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17742. Entre ellos, el irrespeto a los principios de la propuesta original en cuanto a participación social, así como la apertura de los parques nacionales a la construcción de grandes proyectos de acueductos, aspectos que no deberían pasar desapercibidos.

Hoy, sin embargo, nos referiremos a la visión y enfoque antropocéntrico (privilegio del ser humano), plasmado en los artículos 95 y 96 de este proyecto de ley, que tratan el tema del caudal ambiental. Como se recordará, este caudal es establecido con la finalidad de mantener en los cauces, un flujo mínimo de agua que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y socio-productivos ligados al recurso hídrico. En ese sentido, este caudal ambiental debería ser una restricción absoluta, no sujeta a reducciones de ningún tipo, porque hacerlo implicaría afectar irremediablemente el ecosistema y trasgredir el principio básico sobre el que se fundamenta el mismo, es decir, no sobrepasar la capacidad de soporte del ecosistema fluvial.

No obstante, aunque parezca increíble, el proyecto de ley en mención permite precisamente esto. El artículo 95 señala: “El caudal ambiental deberá considerarse como una restricción con carácter general que se impone al aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, en caso de conflicto con el aprovechamiento para consumo humano siempre prevalecerá este último”. “No se concederán ni prorrogarán concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico que afecten el caudal ambiental determinado para un cuerpo de agua en particular, excepto el uso para consumo humano” (los subrayados no son del original).

Es decir, según el proyecto de ley, una vez que se establezca el caudal ambiental en un río y de acuerdo a este se hayan asignado todos los usos normales en el mismo: consumo humano, hidroelectricidad, consumo del ecosistema, uso agropecuario, entre otros, sería posible disminuir aún más ese caudal, si por razones de consumo humano fuese necesario, aunque para ello se afectase irremediablemente a los ecosistemas.

Esto es muy grave y representa sin duda, antropocentrismo en grado extremo. No se discute la prioridad que, en condiciones normales pueda tener el consumo humano en la asignación de prioridades de uso, pero nunca debe de permitirse la reducción de los niveles por debajo de los caudales ambientales. Hacer esto, podría llevar incluso a situaciones de secamiento en nuestros ríos y quebradas, algo totalmente inadmisible. No puede ser aceptable, en aras de un antropocentrismo extremista y radical, llegar a secar ríos o quebradas en nuestras cuencas hidrográficas, ni siguiera para satisfacer necesidades humanas. Esto no es ni por asomo, desarrollo sostenible.

¿Cuáles serían algunas opciones para no afectar los caudales ambientales? Perforación de pozos, trasvases entre micro-cuencas o subcuencas, sistemas de re-bombeo, desalinización de agua marina, entre otros; más caros probablemente, pero la sostenibilidad sin duda tiene un costo.

Una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico implica, sobre todo, valorar y respetar el agua, los ríos, que son, ni más ni menos, las venas de nuestra tierra, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir el secamiento de ríos y quebradas. Las aperturas y precedentes que establece este proyecto de ley son muy graves y como sociedad deben motivarnos a reaccionar. El agua es vida y no queremos, de ninguna manera, un futuro con ríos secos en Costa Rica, aunque sea para beneficio humano. Detengamos la aprobación de este destructivo proyecto de ley.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Artículo enviado por Maria Elena Fournier / Fuente: www.elmundo.cr.

Diferentes movimientos exigen no aprobación en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:

  1. Este nuevo proyecto mató la esencia de construcción participativa de la propuesta original de iniciativa popular (Expediente legislativo 17.742), que fue presentado con las firma de 150.000 personas con la consigna de contar con “un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.
  2. En el proyecto negociado a escondidas del pueblo solo indica de manera general que habría “participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico” (Art. 2), pero eliminó el artículo 11 del proyecto original y redujo la participación a una “consulta pública” para que “la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones” (Art. 22). Se eliminaron también los mecanismos y la posibilidad de que desde las comunidades se pueda tomar parte en las decisiones sobre el uso del agua, dejando al reglamento de la nueva ley definir “los mecanismos para realizar dichas consultas” (Art. 22).
  3. La iniciativa era la expresión del pueblo soberano dándole un mandato a la Asamblea Legislativa para que lo votara en un plazo definitivo. En resumen, la propuesta de iniciativa popular, fue manoseada y cambiada en la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses empresariales y privados, distintos a los que perseguíamos cuando firmamos.
  4. Para favorecer las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyeron en los usos domésticos fincas ganaderas de hasta 35 hectáreas (Art.3, Inc. 35), lo cual crea el inminente peligro de que grandes extensiones puedan ser divididas para efectos de explotar el agua con fines lucrativos y privados de cualquier tipo amparados en este supuesto “uso doméstico”.
  5. Reduce las penas por contaminar el agua, pues en el proyecto de iniciativa popular se establecían multas de hasta 25 salarios base (hasta 20 millones de colones), pero el proyecto #20.212 establece un máximo de 7 salarios mínimos (Art. 118), lo cual resulta insignificante y más bien un estímulo para contaminar el agua. Además, en el Artículo 46, se dice que la contaminación debe demostrarse “mediante estudio técnico y científico”, lo cual ni siquiera ha podido hacer AyA en el caso de la contaminación de las piñeras, y para las personas y comunidades resultaría prácticamente imposible.
  6. El “castigo” que establece el Art. 29 de “reposición de cinco metros” en áreas de protección de agua taladas o dañadas, es más bien otro estímulo a la destrucción y agravaría la incompetencia del Estado para juzgar a quienes destruyen las áreas de protección de agua.
  7. Permite que otros “entes autorizados prestatarios de servicio público” (Art. 61) además del AyA, puedan desarrollar proyectos de “aprovechamiento de agua” dentro de las Áreas Silvestre Protegidas, incluidos Parques Nacionales y Reservas Biológicas, lo cual establecería un nefasto precedente, dado que por la vía de concesiones, por ejemplo a empresas y cooperativas con fines de lucro, se abriría espacio a la explotación privada, comercial y lucrativa en estas áreas.
  8. Elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes del proyecto original, reduce las potestades de los inspectores de agua (Art. 10), abre la posibilidad de “inscribir” (privatizar) las áreas de protección de nacientes de agua para consumo humano a nombre de privados (Art. 32).

¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.

 

Bloqueverde,

FECON,

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,

Indignados CR,

Plataforma de Integración Ciudadana,

Laboratorio Psicosocial,

Pacto Mundial Consciente,

Revolución de la Cuchara,

Comisión Pro Ríos del Cobas,

Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,

Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,

Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,

Comité de defensa de los Ríos Chirripó,

Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,

Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Comité de Agua Longo Mai Abajo,

Asociación de Ecologista de Occidente,

Proal- Amigos del Pacuare,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,

Unaproa,

Finca Amalur,

Asociación de Ecología Social,

Grupo Ecológico de Occidente (GEO),

Comité Cívico de Buenos Aires,

Ecolur compostaje doméstico,

Diwo Ambiental,

Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),

Confraternidad Guanacasteca,

Colectivo Unión Vital de Naranjo,

Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,

Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,

Colectivo la legión Naranjo

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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