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Etiqueta: participación ciudadana

UNA: Territorios seguros

  • Iniciativa comunal en 450 pueblos promueve participación ciudadana, con rendición de cuentas por parte del Estado
  • UNA desempeña acompañamiento clave frente a problemáticas sociales

Calles en mal estado, suministro de agua deficiente, inseguridad ciudadana, infraestructura pública al garete. La lista de pendientes en un país como el nuestro es interminable. Pero una exitosa iniciativa comunal que ya se aplica en más de 400 pueblos, está transformando la forma de encarar estas problemáticas.

 

De la queja a la acción

En mi barrio pasamos de quejarnos a accionar, ver qué soluciones podemos encontrar aprendiendo a trabajar en conjunto con entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”, cuenta de forma enérgica Yahaira Rojas, vecina de Pococí.

Como Rojas, cientos de costarricenses viven agradecidos con las metodologías que conocen en virtud de la iniciativa Territorios Seguros: “nosotros fuimos capacitados en talleres, y ahora sabemos cómo funciona el Estado a través de sus distintas instituciones, entonces ya podemos gestionar reuniones, exigir rendición de cuentas y poner en marcha proyectos en los que esas instituciones dispongan una parte y nosotros la otra, desde temas de salud comunitaria, atención hospitalaria, suministro del agua”, agrega Rojas.

El trabajo logístico a lo largo y ancho del país no ha sido fácil. Es ahí donde la Universidad Nacional (UNA) ha entrado en acción, particularmente la Escuela de Sociología, a través del proyecto Epistemologías del Sur.

Ni partido político, ni grupo religioso

Territorios Seguros es un método, para que seamos vigilantes de que las instituciones del Estado estén cumpliendo, pero debe quedar claro que no es un partido político ni un grupo religioso. Lo que hacemos como sociedad civil es abrir muchas puertas para que los funcionarios públicos nos rindan cuentas y podamos articular esfuerzos, casi en cualquier área, por ejemplo en temas de seguridad comunal e infraestructura en educación”, explica Anita Rodríguez, vecina de Puerto Viejo de Limón.

Las historias se éxito se cuentan por cientos. Así lo narra Karen Vásquez, vecina de Matambuguito de Nicoya, para quien las calles de su barrio son otra cosa antes y después de Territorios Seguros: “en esa teman el desarrollo de la zona no es equitativo, y no queríamos dejarnos más, entonces nosotros mismos buscamos las soluciones por nuestros medios y no esperamos a que viniera alguien a resolvernos todo; los vecinos pusimos la mano de obra y gestionamos algunos materiales a punta de colectas y actividades”.

Territorios Seguros es un movimiento de la sociedad civil que nació hace 15 años, y que, según sus promotores, busca empoderar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, entre ellos el de exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Además sugiere la definición de acciones que permitan convivir en un país más inclusivo. Hoy, Territorios Seguros tiene una plataforma de trabajo en más de 450 territorios de todo el país, a lo largo de 22 cantones.

La unión hace la fuerza

En el marco de esta iniciativa, el pasado 8 y 9 de junio, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Territorios Seguros en el hotel Cibeles, Heredia. Habitantes de zonas alejadas así como del Valle Central se dieron cita. La UNA, a través del proyecto Epistemologías del Sur de la Escuela de Sociología dio acompañamiento durante la actividad.

El objetivo del Congreso giró en torno a construir una estrategia integrada de Territorios Seguros, que oriente su quehacer local y nacional ante todos los Poderes del Estado, en el marco de un gobierno que busca conjuntar en su gestión a todas las fuerzas políticas y sociales del país. El movimiento que impulsa la conformación de Territorios Seguros no es otra cosa sino la posibilidad que, como ciudadanos costarricenses, tenemos para ejercer como soberano. Este modelo de participación ciudadana, tomando la Constitución Política de Costa Rica en sus manos, ha logrado que el Estado cumpla con la Ley y, por lo tanto, atienda a poblaciones que antes de este modelo no tenían más opción que esperar a que otro u otra resolviera por ellas y ellos”, afirma Ernesto Herra, académico de la Escuela de Sociología de la UNA.

El Congreso permitió que los protagonistas de este innovador modelo de participación ciudadana, provenientes de zonas del país muy distantes una de la otra, se vieran las caras. A casi todos, Territorios Seguros les cambia sus barrios y sus vidas: “esto es prácticamente un estilo de vida que uno adopta para cualquier cosa. Me ha servido para desarrollarme como persona, vecina y ciudadana, de cara a las problemáticas habituales de nuestros pueblos”, concluyó Yahaira Rojas, orgullosa miembro de Territorios Seguros, mientras se refugiaba de una llovizna, poco común en su natal Pococí.

 

***Más detalles: Oficina de Comunicación. Tel 2237-5929 / 2277-3067***

 

Imagen ilustrativa de Territorios Seguros, Puerto Viejo.

Enviado por UNA Comunicación.

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Coalición Costa Rica: «Sobre la Comisión de Reforma del Estado»

Posición del Movimiento Coalición Costa Rica sobre la Comisión de Reforma del Estado

Como un movimiento ciudadano que nació del deseo popular de tener una mayor incidencia en la toma de decisiones de la Agenda Pública manifestamos lo siguiente:

1. Sobre la Comisión de Reforma del Estado: la política tradicional costarricense ha hecho uso de este tipo de órganos para reunir personalidades del escenario político, económico y académico del país, con el objetivo de que generen recomendaciones sobre temas concretos. No es la primera vez que un espacio como estos es integrado en Costa Rica; haciendo un análisis histórico, el Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella y de Laura Chinchilla Miranda, reunieron comisiones de notables que analizaron temas como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, así como una Reforma del Estado, respectivamente. En este último punto, se generaron en la Administración Chinchilla alrededor de 97 propuestas, de las cuales 47 fueron remitidas en forma de proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa, en donde perecieron frente a la ya conocida difícil dinámica del Primer Poder de la República.

Luego de una consulta a los diferentes nodos que integran la red del Movimiento Coalición Costa Rica, se considera que estos espacios han demostrado ser plataformas para reafirmar la exclusión de sectores históricamente invisibilizados por cuestiones étnicas, generacionales, de género, de clase social y geográficas, entre otras; profundizando las brechas existentes entre la ciudadanía y las instancias de decisión. De la misma forma, al no ser procesos que cuenten con respaldo y apropiación por parte de diferentes sectores sociales, la operacionalización de sus recomendaciones se encuentra con la “pared” de una mala gestión de las partes involucradas.

En las informaciones que han sido comunicadas a la ciudadanía en las últimas horas sobre la nueva ‘’Comisión de Reforma del Estado’’, se cumplen nuevamente estos señalamientos: profundización de brechas generacionales, ausencia de organizaciones de la sociedad civil, falta de representatividad territorial y presencia monopolizada de personas pertenecientes a las élites socioeconómicas y académicas de la sociedad costarricense.

Creemos que un Gobierno Nacional que llegó a esa posición gracias al esfuerzo de diferentes organizaciones y otros partidos políticos, más allá de lo que las mismas capacidades estructurales que su propio partido le permitía, tiene el deber histórico de innovar en la búsqueda constante de nuevas metodologías para la construcción colectiva y abierta de estos procesos. La Costa Rica Bicentenaria, se debe construir de manera colectiva y con representación de la diversidad que la identifica.

2. Es imposible “dejar ir” las violaciones a la institucionalidad democrática de Costa Rica o las amenazas al derecho democrático que tienen los pueblos de incidir en la Agenda Pública: en Coalición Costa Rica creemos que uno de los elementos de mayor importancia con los que cuenta un pueblo es su memoria histórica. El nombramiento del ex Vicepresidente de la República, Sr. Kevin Casas dentro de esta Comisión representa una contradicción por parte del Gobierno Nacional inadmisible para nuestro movimiento. Es innecesario incluir en este pronunciamiento las desafortunadas líneas que constituyeron “El Memorándum del Miedo”; en la memoria de miles de costarricenses se encuentran como prueba fehaciente de lo que las ansias de poder y el deseo de manipular conciencias en favor de un interés particular, pueden llegar a significar para una democracia centenaria.

Por su parte, la Comisión de Reforma del Estado incluye al Sr. Mario Redondo, personaje que formó parte activa de la campaña del Partido Restauración Nacional y que contribuyó a respaldar un discurso de odio hacia un sector importante de la población costarricense, lo cual puso en riesgo nuestra convivencia e integración como sociedad. Como si no fuera suficiente, el Sr. Mario Redondo inició en la segunda ronda electoral, una persecución contra el Movimiento Coalición Costa Rica y otras organizaciones sociales, difamando en la prensa nacional y poniendo en cuestionamiento el compromiso desinteresado expresado por una parte de la población, que se unió para proteger los pilares de nuestra democracia.

Coalición Costa Rica presentó el 10 de febrero de 2018 en una Plaza Roosevelt llena de personas que buscaban una nueva forma de actuar desde la ciudadanía, un Manifiesto que indicaba como uno de nuestros pilares el respeto a la institucionalidad democrática del país y un llamado a la participación desinteresada de la ciudadanía. Esto no conoce de afinidades ideológicas o personales, en esto no hay términos medios; la contundencia en la defensa de estos principios es pilar para la construcción de una democracia.

Podemos perdonar pero jamás olvidar

Partiendo de lo anterior, el Movimiento Coalición Costa Rica manifiesta su oposición ciudadana a la conformación de una Comisión con dichas características; no sin antes reafirmar nuestro compromiso de contribuir en conjunto con otras partes involucradas de diferentes sectores, a proponer plataformas innovadoras para la construcción de acuerdos alrededor de temas de interés nacional. Lo anterior reafirmando nuestra contundencia en la defensa de los ideales y principios que guían nuestro actuar como movimiento social, pero también nuestra apertura a ser propositivos en la búsqueda del bienestar general de la sociedad costarricense.

Documento consultado cerca de 48 horas en las diferentes plataformas de comunicación del Movimiento Coalición Costa Rica a nivel nacional.

Enviado a SURCOS por Marcia Jarquín.

Territorios Seguros en actividad previa a Actividad de Gala de Rendición de Cuentas

Este jueves 21 de junio se realizó el evento «La Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la Costa Rica del Siglo XXI«.

Tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa en un Conversatorio con la Presidenta de la Asamblea, el Magistrado Román Solís, la Sub-Contralora Silvia Solís y el encargado de Gobierno Abierto Alexander Astorga.

Moderó el evento la Vicerrectora de Extensión de la UNA Yadira Cerdas.

Todo esto es parte de los preparativos para la Actividad de Gala de Rendición de Cuentas de carácter nacional que se celebrará en Pococí, el próximo 27 de julio a las 8:00 a.m. en el Salón Parroquial de Guápiles.

Se hicieron presentes delegados de Territorios Seguros de todo el país, con una delegación muy importante de Nicoya.

Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos Rojas.

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Foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Foro Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Territorios Seguros y Participación de la Asamblea Legislativa invitan este próximo 21 de junio al foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI, con la participación de los expositores: Carolina Hidalgo, Presidenta de la Asamblea Legislativa; Víctor Morales Mora, Diputado Acción Ciudadana; Román Solís Zelaya, magistrado Corte Suprema de Justicia; Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Carlos Campos Rojas, Territorios Seguros; Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República.

El foro se llevará a cabo en el Salón de Expresidenta y Expresidentes de la Asamblea Legislativa de 9 a.m. a 12 m.d.

Para confirmar comuníquese al teléfono 2243 2280 o al correo mbarrionuevo@asamblea.go.cr

Transmisión por canales 98 de Tigo y 200 de Tele Cable.

Dirección electrónica www.facebook.com/participacióncr/

 

Enviado por Carlos Campos Rojas.

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Territorios Seguros trabaja en temas de corrupción, transparencia y participación ciudadana

El pasado 25 de enero fue un día de importantes avances para el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.

Una delegación representativa de nuestro esfuerzo nacional, estuvo reunido en la Fiscalía General de la República, donde se establecieron importantes acuerdos, para enfrentar los actos de corrupción a nivel institucional y municipal.

En la delegación participaron delegados del Territorio Seguro Puntarenas; Territorio Seguro Domus Mayorca; Territorio Seguro Puerto Viejo Talamanca y Territorio Seguro Sámara.

En la tarde estuvimos en un evento convocado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la transparencia y la participación ciudadana.

Territorios Seguros trabaja en temas de corrupcion transparencia y participacion ciudadana2

Texto de Carlos Campos.

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El Antropocentrismo de la Ley del Recurso Hídrico

Por Rolando Portilla Pastor, Ingeniero Civil, MSc en Manejo de Cuencas Hidrográficas

 

Se han evidenciado aspectos muy negativos sobre el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17742. Entre ellos, el irrespeto a los principios de la propuesta original en cuanto a participación social, así como la apertura de los parques nacionales a la construcción de grandes proyectos de acueductos, aspectos que no deberían pasar desapercibidos.

Hoy, sin embargo, nos referiremos a la visión y enfoque antropocéntrico (privilegio del ser humano), plasmado en los artículos 95 y 96 de este proyecto de ley, que tratan el tema del caudal ambiental. Como se recordará, este caudal es establecido con la finalidad de mantener en los cauces, un flujo mínimo de agua que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y socio-productivos ligados al recurso hídrico. En ese sentido, este caudal ambiental debería ser una restricción absoluta, no sujeta a reducciones de ningún tipo, porque hacerlo implicaría afectar irremediablemente el ecosistema y trasgredir el principio básico sobre el que se fundamenta el mismo, es decir, no sobrepasar la capacidad de soporte del ecosistema fluvial.

No obstante, aunque parezca increíble, el proyecto de ley en mención permite precisamente esto. El artículo 95 señala: “El caudal ambiental deberá considerarse como una restricción con carácter general que se impone al aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, en caso de conflicto con el aprovechamiento para consumo humano siempre prevalecerá este último”. “No se concederán ni prorrogarán concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico que afecten el caudal ambiental determinado para un cuerpo de agua en particular, excepto el uso para consumo humano” (los subrayados no son del original).

Es decir, según el proyecto de ley, una vez que se establezca el caudal ambiental en un río y de acuerdo a este se hayan asignado todos los usos normales en el mismo: consumo humano, hidroelectricidad, consumo del ecosistema, uso agropecuario, entre otros, sería posible disminuir aún más ese caudal, si por razones de consumo humano fuese necesario, aunque para ello se afectase irremediablemente a los ecosistemas.

Esto es muy grave y representa sin duda, antropocentrismo en grado extremo. No se discute la prioridad que, en condiciones normales pueda tener el consumo humano en la asignación de prioridades de uso, pero nunca debe de permitirse la reducción de los niveles por debajo de los caudales ambientales. Hacer esto, podría llevar incluso a situaciones de secamiento en nuestros ríos y quebradas, algo totalmente inadmisible. No puede ser aceptable, en aras de un antropocentrismo extremista y radical, llegar a secar ríos o quebradas en nuestras cuencas hidrográficas, ni siguiera para satisfacer necesidades humanas. Esto no es ni por asomo, desarrollo sostenible.

¿Cuáles serían algunas opciones para no afectar los caudales ambientales? Perforación de pozos, trasvases entre micro-cuencas o subcuencas, sistemas de re-bombeo, desalinización de agua marina, entre otros; más caros probablemente, pero la sostenibilidad sin duda tiene un costo.

Una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico implica, sobre todo, valorar y respetar el agua, los ríos, que son, ni más ni menos, las venas de nuestra tierra, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir el secamiento de ríos y quebradas. Las aperturas y precedentes que establece este proyecto de ley son muy graves y como sociedad deben motivarnos a reaccionar. El agua es vida y no queremos, de ninguna manera, un futuro con ríos secos en Costa Rica, aunque sea para beneficio humano. Detengamos la aprobación de este destructivo proyecto de ley.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Artículo enviado por Maria Elena Fournier / Fuente: www.elmundo.cr.

Diferentes movimientos exigen no aprobación en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:

  1. Este nuevo proyecto mató la esencia de construcción participativa de la propuesta original de iniciativa popular (Expediente legislativo 17.742), que fue presentado con las firma de 150.000 personas con la consigna de contar con “un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.
  2. En el proyecto negociado a escondidas del pueblo solo indica de manera general que habría “participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico” (Art. 2), pero eliminó el artículo 11 del proyecto original y redujo la participación a una “consulta pública” para que “la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones” (Art. 22). Se eliminaron también los mecanismos y la posibilidad de que desde las comunidades se pueda tomar parte en las decisiones sobre el uso del agua, dejando al reglamento de la nueva ley definir “los mecanismos para realizar dichas consultas” (Art. 22).
  3. La iniciativa era la expresión del pueblo soberano dándole un mandato a la Asamblea Legislativa para que lo votara en un plazo definitivo. En resumen, la propuesta de iniciativa popular, fue manoseada y cambiada en la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses empresariales y privados, distintos a los que perseguíamos cuando firmamos.
  4. Para favorecer las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyeron en los usos domésticos fincas ganaderas de hasta 35 hectáreas (Art.3, Inc. 35), lo cual crea el inminente peligro de que grandes extensiones puedan ser divididas para efectos de explotar el agua con fines lucrativos y privados de cualquier tipo amparados en este supuesto “uso doméstico”.
  5. Reduce las penas por contaminar el agua, pues en el proyecto de iniciativa popular se establecían multas de hasta 25 salarios base (hasta 20 millones de colones), pero el proyecto #20.212 establece un máximo de 7 salarios mínimos (Art. 118), lo cual resulta insignificante y más bien un estímulo para contaminar el agua. Además, en el Artículo 46, se dice que la contaminación debe demostrarse “mediante estudio técnico y científico”, lo cual ni siquiera ha podido hacer AyA en el caso de la contaminación de las piñeras, y para las personas y comunidades resultaría prácticamente imposible.
  6. El “castigo” que establece el Art. 29 de “reposición de cinco metros” en áreas de protección de agua taladas o dañadas, es más bien otro estímulo a la destrucción y agravaría la incompetencia del Estado para juzgar a quienes destruyen las áreas de protección de agua.
  7. Permite que otros “entes autorizados prestatarios de servicio público” (Art. 61) además del AyA, puedan desarrollar proyectos de “aprovechamiento de agua” dentro de las Áreas Silvestre Protegidas, incluidos Parques Nacionales y Reservas Biológicas, lo cual establecería un nefasto precedente, dado que por la vía de concesiones, por ejemplo a empresas y cooperativas con fines de lucro, se abriría espacio a la explotación privada, comercial y lucrativa en estas áreas.
  8. Elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes del proyecto original, reduce las potestades de los inspectores de agua (Art. 10), abre la posibilidad de “inscribir” (privatizar) las áreas de protección de nacientes de agua para consumo humano a nombre de privados (Art. 32).

¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.

 

Bloqueverde,

FECON,

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,

Indignados CR,

Plataforma de Integración Ciudadana,

Laboratorio Psicosocial,

Pacto Mundial Consciente,

Revolución de la Cuchara,

Comisión Pro Ríos del Cobas,

Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,

Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,

Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,

Comité de defensa de los Ríos Chirripó,

Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,

Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Comité de Agua Longo Mai Abajo,

Asociación de Ecologista de Occidente,

Proal- Amigos del Pacuare,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,

Unaproa,

Finca Amalur,

Asociación de Ecología Social,

Grupo Ecológico de Occidente (GEO),

Comité Cívico de Buenos Aires,

Ecolur compostaje doméstico,

Diwo Ambiental,

Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),

Confraternidad Guanacasteca,

Colectivo Unión Vital de Naranjo,

Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,

Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,

Colectivo la legión Naranjo

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Encuentro TV UNA: Ambiente y participación ciudadana

Este sábado 15 de julio a las 7:30 p.m. el programa Encuentro TV UNA transmitirá el conversatorio entre el Ing. Pablo Esteban Badenier Martínez, ex ministro de Medio Ambiente en Chile y el Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la UNA quienes tratarán el tema: ambiente y participación ciudadana.

El programa se transmitirá por el Canal UCR (Canal 15 UHF; Canal 5 Tigo; Canal 67.7 Tigo Digital; Canal 61 Cabletica), con repetición el domingo 16 de julio a las 11:30 a.m.

Encuentro TV UNA Ambiente y participacion ciudadana

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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FECON denuncia el mayor retroceso en participación ciudadana de Costa Rica

Es la Sala Constitucional la que tiene como fin, entre otros, garantizar la supremacía de los derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Pero de la Sala IV ¿quién nos ampara?

Recientemente la Sala IV rechazó un recurso de amparo que interpuso el Comité de Defensa del Agua de Sardinal por la falta de fiscalización social en los estudios técnicos para viabilidad socio ambiental del proyecto de Acueducto El Coco – Ocotal. Con este fallo de la Sala IV, Voto 1163 del pasado 27 de enero de 2017, se produjo el más peligroso retroceso de jurisprudencia socio ambiental al degradar al nivel constitucional el estatus de derecho humano a la participación en asuntos ambientales.

El coordinador de la maestría en derecho ambiental de la UCR, Mario Peña Chacón, considera que “probablemente sea la primera vez que la Sala Constitucional elimina el estatus de derecho fundamental a un derecho previamente reconocido y ampliamente desarrollado».

Álvaro Sagot, profesor de derecho ambiental y ecologista, considera que este voto es “una regresión ambiental, evidente y manifiesta, del derecho humano a la participación en asuntos ambientales. Con este reciente y peligroso Voto Constitucional, los magistrados eliminan la relevancia de rango de derecho fundamental al derecho de participación, y para mí en banda el de información también, rompiendo con la línea jurisprudencial que tenía desde hace 15 años y con lo dispuesto en declaraciones internacionales como Río 92 entre otras”.

Para FECON este voto es el peor retroceso de la Sala IV en materia socio ambiental desde su creación, pues convierte las declaraciones internacionales en la práctica en “letra muerta” al considerar el tema de la participación como un tema de legalidad y no de constitucionalidad. La principal consecuencia del fallo es que la participación ya no sería más objeto de tutela desde la jurisdicción constitucional, debiendo acudirse a partir de ahora directamente a la jurisdicción ordinaria (en este caso la contenciosa administrativa) para hacer valer este derecho de rango «legal».

Para FECON es inaceptable pues hay que tomar en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa, a diferencia de la constitucional, implica para la ciudadanía altos costos monetarios entre otros, requiere de patrocinio letrado mediante la participación de un abogado durante todo el proceso y además, existe la posibilidad de condena en costas personales procesales para la parte perdedora. Esto lo que haría en la práctica es dejar cientos de casos de disputas ambientales en las vías de hecho aumentando la conflictividad socio ambiental en el país.

El presidente de FECON Mauricio Álvarez se preguntó: “¿Quién nos ampara de la sala? ¿Quién nos ampara de las injusticas de la justicia cuando estamos en presencia de una resolución totalmente política y no técnica? La Sala acomoda la constitución y los convenios internacionales a un modelo económico e ideológico y no lo contrario, como lo hizo con la reelección presidencial, el TLC, etc”.

Los ecologistas valoran acciones a tomar, pues el fallo además contradice ampliamente el artículo 9 de la Constitución que dispone que “el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Además, llama la atención de que la Sala y el Estado cierran las vías constitucionales a muchos de conflictos socio ambientales, que sus mismas acciones, omisiones y políticas crean dejando las vías de hecho como legítimas para cambiar políticas, acciones administrativas y decisiones que afectan al ambiente y limitan la existencia de otras visiones de desarrollo posible para las comunidades, país y el mundo.

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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¿Ciudades inclusivas y sostenibles en Costa Rica?

  • Emprendimiento e innovación social orientarán las discusiones entre expertos del continente
  • Calidad de vida y competitividad del país; posibles impactos

 

Durante 3 días, más de 20 expertos en innovación social de América Latina se verán las caras en Costa Rica, con el fin de intercambiar experiencias que permitan incidir en la calidad de vida de la población y aumentar la competitividad del país. Se trata del II Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el sector público, mejor conocido como ELIS 2016.

Los especialistas discutirán entorno a 4 ejes temáticos: intervenciones locales orientadas a la generación de ciudades sostenibles e inclusivas; emprendimiento social como herramienta para el desarrollo local; inversión de impacto como mecanismo de impulso a la innovación social; y participación ciudadana como dinamizadora de la innovación social.

La actividad se realizará del 23 al 25 de noviembre en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), ubicado en Pavas, edifico Dr. Franklin Chang Díaz.

El evento es gratuito, abierto al público y promovido por la Vicepresidencia de la República, el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, a través de la Mesa de Innovación Social, la Universidad Nacional (UNA) como anfitrión académico, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Federación de Organizaciones Sociales (FOS). Se espera la participación de 250 personas, entre representantes de municipalidades, organizaciones no gubernamentales, sector académico, empresarial, emprendedores sociales, entre otros.

Para asistir al ELIS 2016 es necesario inscribirse en la página oficial del evento: www.encuentroelis.com. Según cifras del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en Costa Rica existen unos 6 000 proyectos de innovación social.

**Más información: Oficina de Comunicación, UNA. 2237-5929 / 2277-3067.

 

Lea también:

País será sede de la innovación social latinoamericana

 

Información compartida por Oficina de Comunicación UNA.