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Etiqueta: participación ciudadana

La actual coyuntura electoral: efectos en la juventud costarricense

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Nos encontramos a escasos días de la convocatoria para llevar a cabo nuevas elecciones y nombrar al presidente -o presidenta- que sustituirá al Sr. Rodrigo Chaves Robles. Asimismo, debemos renovar con nuestro voto a todos los representantes de los diversos partidos políticos en el seno de la Asamblea Legislativa.

Dado el particular estilo de gobierno del presidente en ejercicio, caracterizado por un notable irrespeto verbal e institucional hacia sus adversarios, sean estos representantes de otros partidos políticos, medios de comunicación o instituciones públicas, ello ha llevado a una coyuntura muy compleja en el marco del actual proceso electoral. Sin duda, esto lo está convirtiendo en uno de los procesos electorales más particulares y peligrosos de los últimos cincuenta años, cuyas repercusiones podrían ser nefastas en el conjunto de la ciudadanía, especialmente, en el sector integrado por las personas más jóvenes.

Desde la década de los años cuarenta, han transcurrido más de siete décadas durante los cuales los costarricenses vimos madurar un modelo de democracia social, aunque con ciertos vacíos no siempre resueltos. Sin embargo, debemos reconocer que ese modelo nos convirtió en un pueblo más educado y saludable gracias a la democratización de la educación pública, a la adecuada atención de los problemas de la salud por parte de la CCSS y al programa de vivienda digna llevado a cabo por el INVU. A ello se sumó el impulso dado a la enseñanza superior pública con la creación de nuevas universidades, las cuales le han aportado a nuestro país el capital humano necesario para modernizar los diversos sectores de la economía, la salud, la administración del Estado y la educación. Sobre esa base, los diversos sectores productivos pudieron llevar adelante sus proyectos económicos y sus aspiraciones de expansión empresarial.

Sin embargo, todo aquel esfuerzo no fue suficiente para enfrentar con éxito, desde la década de los años ochenta, los grandes retos asociados a la globalización de la economía mundial. De ahí en adelante, nuestro país, como tantos otros, ha vivido un difícil proceso histórico, con ambigüedades y disfunciones que no todos vieron venir con espíritu crítico y que aún hoy día, nos tiene inmersos en una crisis de nuestro modelo de país.

Por otra parte, el proceso electoral de hace cuatro años se encargó de hacernos ver claramente a los costarricenses los serios síntomas de un agotamiento social y político que hoy en día nos tiene en las puertas de una crisis de gobernabilidad.

El estilo autocrático e irrespetuoso del presidente Rodrigo Chaves ha venido a debilitar las formas civilistas de gobernar que caracterizó a la gran mayoría de las anteriores administraciones presidenciales, especialmente de los años cincuenta en adelante. Esto se está convirtiendo en un reto muy grave por la posible inestabilidad nacional que se pueda derivar. La sana convivencia familiar, vecinal, laboral e institucional es un bien inmaterial que no tiene precio. Debemos cuidarla por sobre todas las cosas.

Como ciudadana costarricense y estudiosa de la historia de nuestro país, me preocupan seriamente todas esas repercusiones negativas que podrían derivarse de la crisis actual. Una eventual agudización de las contradicciones políticas amenazaría la estabilidad y el progreso de la sociedad como un todo, pero, particularmente, iría en detrimento de las jóvenes generaciones, esas que apenas comienzan a experimentar sus primeras vivencias ciudadanas y que anhelan vivir en un país donde se respeten las reglas del juego democrático. Pero, sobre todo, esa juventud necesita oportunidades de estudio y de trabajo que les permita formarse de cara al futuro y, sobre todo, los libre de las amenazas que la expansión del narcotráfico significa diariamente para su seguridad emocional, existencial y vital.

El pésimo modelo que encarna el presidente Chaves con su lenguaje soez, sus actos públicos irreverentes y su vulgaridad de macho indómito, seguramente afectarán negativamente la formación política y emocional de tantos adolescentes costarricenses que hoy están hilvanando sueños profesionales, laborales, deportivos o artísticos, y que pronto se convertirán en los protagonistas que decidan el futuro de nuestro país.

En tal sentido, las generaciones que ya peinamos canas tenemos el deber de aportarle a nuestros jóvenes nuevas oportunidades de participación ciudadana para evitar que el pesimismo derivado de la crispación electoral y la violencia verbal del presidente y de algunos de sus seguidores, los lleve a construir una visión pobre y despectiva, respecto a la participación electoral. Al contrario, su activa participación en estas elecciones es la mejor forma de contrarrestar los efectos perversos que nos está dejando la administración Chaves Robles en la cultura política de nuestra juventud y en el país en general.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un llamado a las personas indecisas: valorar la paz, la institucionalidad y salir a votar

A pocos días de las elecciones nacionales, el historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli dirigió un mensaje especialmente a las personas indecisas, en particular a quienes tienen entre 18 y 40 años, invitándoles a reflexionar sobre el valor histórico, social e institucional de Costa Rica y la responsabilidad que implica el ejercicio del voto.

Aguilar Bulgarelli parte del reconocimiento de la indecisión como una señal de duda legítima frente a los discursos que han predominado en los últimos años. Desde su experiencia vital —como integrante de la generación que vivió la posguerra y la aprobación de la Constitución de 1949— plantea que a esa generación se le ha acusado injustamente de haber “robado el país”, cuando en realidad fue la que construyó las principales bases del Estado social costarricense.

En su recorrido histórico, recuerda que esa generación heredó instituciones fundamentales como la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema público de educación gratuita, las universidades públicas, el Código de Trabajo, el aguinaldo, el salario escolar, el Instituto Costarricense de Electricidad, los acueductos y alcantarillados, el sistema solidarista, el IMAS, las becas Avancemos, los comedores escolares y las redes de cuido, pilares que han garantizado derechos, movilidad social y calidad de vida a amplios sectores de la población.

El historiador subraya que estos logros no se alcanzaron mediante el odio, la confrontación o la agresión, sino a través del diálogo, la negociación y la convivencia democrática, incluso después de una guerra civil. Esa capacidad de sentarse a hablar y construir acuerdos permitió forjar un país que durante décadas se distinguió por la paz social, la convivencia y la seguridad cotidiana.

Desde esa perspectiva, Aguilar Bulgarelli invita a valorar cuánto cuesta la paz y a no dejarse arrastrar por discursos que siembran resentimiento y división. Llama a recuperar un espíritu de respeto, decencia y convivencia, y a acudir a las urnas con serenidad y responsabilidad cívica.

Finalmente, aclara que su llamado no es a votar por una candidatura específica, sino a votar por Costa Rica, entendiendo el sufragio como un acto de defensa de la democracia, de las instituciones y del proyecto histórico que permitió construir un país con derechos y oportunidades. El mensaje concluye con una invitación a votar en paz, pensando en el bien común y en el futuro colectivo.

¿Por qué el enojo, cómo evaluar al gobierno y por qué sí votar?

Carlos Sandoval García

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, el profesor universitario, comunicador y especialista en estudios culturales Carlos Sandoval García compartió una reflexión organizada en torno a tres preguntas clave para comprender el momento político actual: ¿por qué hay tanto enojo en la sociedad?, ¿qué balance puede hacerse del gobierno de Rodrigo Chaves? y ¿vale la pena votar?

El enojo social: razones legítimas

Sandoval parte de reconocer que el enojo presente en amplios sectores de la sociedad es válido, legítimo y justificado. Señala que existen múltiples causas concretas que alimentan ese malestar: la ausencia de oportunidades, particularmente para las personas jóvenes; los retrocesos y estancamientos en educación; las persistentes listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento de la violencia criminal; y las horas perdidas diariamente en presas.

A estos factores estructurales suma experiencias cotidianas que reflejan el deterioro de los servicios públicos, como la falta de respuesta ante una fuga de agua reportada a Acueductos y Alcantarillados. Para Sandoval, estas vivencias confirman que el enojo no surge de la nada, sino que tiene razones de fondo relacionadas con el funcionamiento del Estado y la calidad de vida.

Balance de la administración Chaves

En su segunda pregunta, el académico plantea que la administración de Rodrigo Chaves no ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país. En materia educativa, advierte que el presupuesto actual es comparable al de hace 25 años, lo que implica la pérdida de un cuarto de siglo sin una ruta clara para el sistema educativo.

En el ámbito de la seguridad social, subraya que la deuda del Estado con la CCSS continúa creciendo, con consecuencias directas tanto en las pensiones como en los servicios de salud. La violencia, lejos de disminuir, sigue manifestándose con fuerza, incluso en incautaciones de droga provenientes del país en puertos europeos. En transporte, las presas y el deterioro del servicio público persisten, mientras proyectos como el tren siguen sin materializarse.

Sandoval también cuestiona decisiones administrativas que, a su juicio, reflejan prioridades equivocadas, como la compra de vehículos de lujo en instituciones que requieren inversión en capacitación y tecnología. En síntesis, afirma que la “medicina” aplicada por este gobierno ha sido peor que la enfermedad, pues no resuelve los problemas y genera nuevos riesgos.

¿Vale la pena votar?

La tercera pregunta recibe una respuesta contundente: sí vale la pena votar. Aunque reconoce que el sistema electoral es perfectible, Sandoval destaca que posee más fortalezas que debilidades, especialmente en el contexto latinoamericano. Por ello, considera fundamental la participación ciudadana.

Recupera además una reflexión escuchada en la Feria del Agricultor: antes de decidir por quién votar, es clave preguntarse por quién no votar, descartando la continuidad, para luego evaluar opciones y tomar una decisión informada.

Como cierre, Sandoval invita a no perder de vista las fortalezas del país, entre ellas un sistema de salud que ha demostrado su capacidad de salvar vidas. Desde una experiencia personal, recuerda cómo hospitales públicos permitieron que sus hijos, nacidos prematuramente, salieran adelante. Para él, ese tipo de logros deben ser defendidos y perfeccionados mediante la participación democrática.

La reflexión concluye con un llamado claro: salir a votar, pensar críticamente el momento histórico y defender las capacidades colectivas construidas como sociedad.

Le invitamos a escuchar el video completo con la exposición de Carlos Sandoval García.

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

“La elección no está decidida: el resultado queda en manos de la ciudadanía” – Óscar Aguilar Bulgarelli

El historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli llamó a la ciudadanía a no dar por decidido el proceso electoral, cuestionando la lectura simplista de los resultados de las más recientes encuestas y subrayando que el desenlace de las elecciones depende del voto de las personas indecisas.

Aguilar Bulgarelli se refirió a los estudios publicados recientemente por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, señalando que ambos coinciden en ciertos porcentajes, pero comparten problemas metodológicos que impiden afirmar que la elección esté resuelta.

Antes de analizar los números, el historiador destacó una advertencia formulada por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la Escuela de Estadística de la UCR, publicada en el Semanario Universidad. Según Ramírez, las encuestas telefónicas enfrentan tasas extremadamente altas de no respuesta, que pueden oscilar entre el 90 % y el 97 %, lo cual tiene una incidencia directa y significativa en los resultados finales.

Aguilar Bulgarelli explicó que, bajo estas condiciones, para obtener alrededor de 1.100 respuestas efectivas habría sido necesario realizar decenas de miles de llamadas, lo que plantea serias dudas sobre la representatividad de los datos. Además, recordó que la no respuesta no es aleatoria, sino que está asociada a temores de seguridad, desconfianza ante llamadas telefónicas y reticencia a expresar opiniones políticas en un ambiente de alta confrontación.

Otro punto central del análisis fue la forma en que algunas encuestas excluyen a las personas indecisas al presentar los resultados, lo que —según el historiador— sobredimensiona artificialmente los porcentajes de determinadas candidaturas. Al reincorporar a ese sector del electorado, los apoyos reales serían significativamente menores, confirmando que el escenario electoral sigue abierto.

Aguilar Bulgarelli criticó además el tratamiento acrítico de estos datos por parte de algunos noticieros televisivos, que —afirmó— presentan los resultados como si la elección estuviera definida, sin advertir las limitaciones metodológicas ni el peso real de la indecisión.

En ese contexto, enfatizó que la responsabilidad democrática recae en la ciudadanía, especialmente en quienes aún no han definido su voto. “Esta elección no está terminada, está por empezar”, afirmó, subrayando que la defensa de la democracia requiere participación activa, reflexión crítica y ejercicio consciente del derecho al voto.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos a asumir con seriedad el momento electoral, recordando que cuando se pierde la democracia, se pierde también la libertad, y que el voto sigue siendo la herramienta fundamental para resguardar el sistema democrático.

Conversatorio propone análisis de las elecciones desde una perspectiva informativa y responsable

En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, se realizará el Conversatorio “Elecciones Nacionales 2026”, un espacio de diálogo ciudadano descrito por sus organizadores como estimulante, educado, informativo y positivo, orientado a promover la reflexión y el voto responsable.

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Desamparados, ubicada detrás de la Municipalidad de Desamparados, el jueves 30 de enero, en horario de 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

El conversatorio abordará distintos temas de interés nacional relacionados con el escenario electoral, entre ellos:

  • Encuestas, perspectivas y eventualidades, a cargo de Dieter Gallop Fernández, politólogo.

  • El poder del voto responsable, presentado por Eduardo Flores, licenciado en Derecho, abogado–notario y cónsul honorario de Namibia en Costa Rica.

  • Costa Rica: el alma nacional y electoral, como eje de reflexión sobre identidad, valores y participación democrática.

La actividad es organizada por Ruta Valores, una iniciativa que promueve el diálogo cívico y la participación informada en asuntos de interés público. Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de la página de Facebook Ruta Valores o escribir al correo socialcr23@gmail.com

Este conversatorio se plantea como una oportunidad para fortalecer la cultura democrática, intercambiar puntos de vista y contribuir a un proceso electoral más consciente y participativo.

Seminario virtual analizará el rumbo de Costa Rica ante las elecciones de 2026

En el marco del Ciclo de Seminarios Virtuales de la Comunidad Internacional UBL, se realizará el seminario “Elecciones 2026: ¿A dónde va Costa Rica?”, un espacio de reflexión y análisis sobre el momento político, social y económico que atraviesa el país en vísperas del próximo proceso electoral.

La actividad contará con la participación del Roberto Ayala Saavedra, quien abordará los principales rasgos del actual escenario nacional, caracterizado —según se plantea— por un proceso electoral atípico, marcado por un conflicto interelitario de una magnitud poco frecuente en las últimas décadas.

El análisis también incorporará el contexto internacional, especialmente los cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y la forma en que estos factores externos inciden en las perspectivas de desarrollo del país.

La exposición se orienta a examinar la situación social, económica y política de Costa Rica, así como los posibles escenarios futuros, considerando tanto los factores internos como externos. Entre los elementos centrales del análisis se destaca el papel que pueden jugar los movimientos sociales populares en la recuperación de protagonismo, particularmente en la defensa de libertades, conquistas y derechos sociales, políticos y culturales.

El seminario de la Universidad Bíblica Latinoamericana se llevará a cabo el jueves 22 de enero de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom.

📅 Fecha: 22 de enero de 2026
Hora: 6:00 p.m. (Costa Rica)
🖥️ Plataforma: Zoom
🔗 Enlace de conexión: https://us06web.zoom.us/j/85810789274
🆔 ID de reunión: 858 1078 9274

La actividad será transmitida también por Facebook Live.

Para las personas que se conecten desde fuera de Costa Rica, se recomienda verificar la diferencia horaria en el siguiente enlace:
https://24timezones.com/es/difference

Quienes participen deberán tomar en cuenta las recomendaciones habituales para seminarios virtuales, como conectarse puntualmente, mantener el micrófono desactivado durante la exposición y utilizar el chat o el espacio final habilitado para preguntas.

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Estudio independiente revela fuertes diferencias en las propuestas ambientales de los partidos políticos rumbo a elección del 2026

Parlamento Cívico Ambiental

Comunicado

Este estudio elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) revela una clara estratificación entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, será presentado públicamente este jueves 15 de enero en la Asamblea Legislativa, en un espacio abierto a legisladores, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Principales hallazgos:

El estudio analiza los programas de 13 partidos políticos con mayor presencia en encuestas a diciembre de 2025, mediante una metodología dual que combina: 1) Una matriz ambiental ponderada de 50 indicadores distribuidos en 13 áreas clave (agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental, ordenamiento territorial, entre otras); y 2) un análisis cualitativo de coherencia, basado en el Capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, que identifica un deterioro sostenido de la gobernanza ambiental en el país.

El procesamiento de datos y la asignación de ponderaciones se realizaron mediante un sistema de inteligencia artificial supervisada, utilizando plataformas de IA de Google y ChatGPT versión 5.

Los resultados permiten clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos en materia ambiental. La evaluación identificó cuatro grandes grupos, con niveles de cumplimiento superiores al 90%, entre 50–60%, 30–40% y por debajo del 30% de los indicadores analizados.

Estas tendencias fueron confirmadas por el análisis cualitativo de coherencia institucional.

Más que una crisis ambiental:

El informe concluye que la crisis ambiental que enfrenta Costa Rica es también política e institucional, caracterizada por debilitamiento de capacidades públicas, regresión regulatoria, conflictos territoriales, presión inmobiliaria costera, deterioro del acceso al agua y reducción de la participación ciudadana.

En este contexto, el estudio ofrece una herramienta comparativa clara y transparente para apoyar a la ciudadanía, los medios de comunicación y los tomadores de decisión en la evaluación de las propuestas políticas frente a los desafíos ambientales reales del país.

Presentación pública:

La presentación oficial se realizará el jueves 15 de enero a las 10:00 a.m., en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa (piso -3). La actividad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Katherine Moreira Brown, y se enmarca en los esfuerzos del Parlamento Cívico Ambiental y ARTES-JUSTECO por promover un debate electoral informado y basado en evidencia.

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Su voto equilibra el poder: campaña invita a participar y poner atención al voto legislativo

La campaña “Su voto equilibra el poder” invita a la ciudadanía costarricense a sumarse y difundir un mensaje dirigido especialmente a la población indecisa, con el fin de motivar la participación en las próximas elecciones nacionales.

La iniciativa pone el foco en la relevancia del voto por diputados y diputadas, al recordar que la Asamblea Legislativa cumple un papel clave para equilibrar y fiscalizar al Poder Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial.

Entre sus principales argumentos, la campaña destaca que el Congreso tiene responsabilidades fundamentales para la defensa del Estado de derecho, ya que participa en la elección de autoridades como las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, así como jerarquías de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes, entre otros cargos estratégicos para el país.

Según se indica, el objetivo es reforzar la idea de que el voto sí importa para el equilibrio de poderes y la democracia.

Se trata de una campaña no partidista, sin firma, creada para que pueda ser compartida libremente por personas y organizaciones.

Los materiales están disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1K573CYNGzFp9imtK6EoPHnhaUfSJUSkG?usp=sharing

Incluye:

  • Gráficas para 10 posteos

  • Una parrilla con fechas y copys sugeridos (adaptables según el estilo y necesidades de cada organización o persona)

Quienes deseen sumarse pueden difundir el mensaje y compartir los materiales para amplificar el llamado a participar y equilibrar el poder con el voto.