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Etiqueta: partidos políticos

¿Choreco, una trama montada?

Vladimir de la Cruz

El ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves fue una sorpresa. En principio casi nadie podía asegurar que él fuera a ganar las elecciones. Pero, las ganó. Con un partido político prematuro logró imponerse. Lo que triunfó fue la necesidad del cambio, tesis que ha venido afirmándose desde las elecciones del 2014. Inició con el cambio al bipartidismo tradicional, de gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, partidos políticos que desde 1951 se habían venido alternando el gobierno del Poder Ejecutivo. Los grupos que se reunieron en la Unidad Social Cristiana, a partir de 1983, habían cogobernado en 1958, 1966 y 1978, con coaliciones políticas antiliberacionistas.

La corrupción que se había venido desarrollando en el ejercicio del gobierno de las instituciones del Estado, escándalos asociados a esos actos, personajes espurios que se asociaron a gobiernos, a presidentes y a partidos políticos, incumplimientos de promesas electorales, incumplimientos gubernamentales, insatisfacciones sociales de diverso tipo, deterioro sentido del Estado Social de Derecho, disminución en la capacidad de consumo de los habitantes, de sus ingresos y salarios, además de congelación tácita de los mismos desde los últimos cuatro años, crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, del desempleo, la decepción de los electores y de los ciudadanos en general con el ambiente político nacional, ataques sistemáticos que se venían realizando contra los partidos políticos, contra los políticos, contra la misma democracia como sistema político, venían minando los escenarios electorales, que tuvieron como campo la necesidad del cambio político, partidario y gubernamental.

Así sucedió en la elección nacional del 2014, cuando los partidos Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana quedaron fuera del gobierno. Sus primeras fisuras habían sido en el 2002 en que iniciaron las segundas rondas electorales, por no alcanzarse el 40% de los votos para elegir en primera ronda.

La elección del 2014 todavía mantuvo a Liberación Nacional como partido finalista en la segunda ronda. La del 2018 sacó del juego a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. La del 2022 permitió que Liberación Nacional llegara a la final, de primero en febrero, y de segundo en abril, originando al actual gobierno de Rodrigo Chaves, un improvisado en toda la línea, quien evidentemente no tenía clara la función que asumiría ni la ruta de trabajo que le exigía.

Su discurso electoral contra el bipartidismo y la corrupción pública ligada a los partidos gobernantes tradicionales logró imponerse, contra un partido Liberación Nacional que no pudo defender el impacto político y social trascedente de su paso por la vida institucional del país, desde 1948, desde la Junta de Gobierno, y a partir de 1951, cuando ya estaba constituido el partido Liberación Nacional, había logrado para el país, la población, los trabajadores, los distintos sectores productivos, y para el desarrollo de las clases medias.

Los escándalos asociados a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de principios de siglo, contribuyeron al interior de estos partidos a debilitarlos, a golpear a sus líderes históricos y a improvisar nuevos liderazgos, carentes del bagaje político, doctrinario e ideológico que inspiró a esos partidos. La crisis interna de estos partidos condujo a la debilidad de sus organismos dirigentes, a la sustitución de ellos por las fracciones parlamentarias, de paso muchas veces micro divididas, y al abandono de los escenarios públicos de sus presencias.

Junto a todo esto, con los Planes de Ajuste Estructural, desarrollados desde la década de 1980, los Tratados de Libre Comercio, a partir de la década de 1990, la desintegración del mundo socialista y la superación del escenario de la guerra fría, imponiendo un sistema internacional hegemonizado por Estados Unidos, marcaron una hoja de ruta nacional trazadas por las corrientes económicas llamadas neoliberales, anti estatistas, privatizadoras, de las cuales ningún partido gobernante ha podido salirse.

Los procesos electorales en la investigación post campañas electorales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, como siempre lo hace, descubrió irregularidades en partidos que llevaron a algunos de sus funcionarios y dirigentes a condenas y a la cárcel.

La legislación electoral y sus controles se mejoraron. Se fortaleció la democracia participativa electoral con la igualdad y paridad de género para la nominación de candidatos.

Rodrigo Chaves supo intuitivamente, o bien asesorado en las elecciones, atacar todos los males representados en esa imagen pública que el electorado arrastraba. El ángel exterminador, recordando la película de Buñuel, había aparecido en el ambiente político nacional. Rodrigo Chaves se presentó como el Dr. Mengele del campo de concentración costarricense que había que sanear. El público que no se sentía preso de ese campo, ni se sentía en un gueto, que estaba sufriendo las políticas de exterminación que se venían estableciendo, ciegamente le dio su apoyo.

Bíblicamente el ángel exterminador es el demonio que con capacidad demoledora inundó Egipto. El Presidente Chaves está inundando a Costa Rica, con sus actos, con sus escándalos, con su desconocimiento, con su práctica política gubernativa, en su enfrentamiento con los poderes del Estado, que él mismo dijo que podía dinamitar, con el descrédito que le imprime a sus miembros, a los legisladores, a los jueces y magistrados, a los partidos políticos y los diputados que le son adversos o críticos, por su enfrentamiento con periodistas y medios de comunicación que también le son críticos, y que por su obligación informativa evidencian escándalos del nuevo gobierno, que se presentaba como impoluto, sin mancha alguna, cuando el traje del gobierno y del presidente Chaves parece hoy el de un leopardo o de un jaguar, lleno de machas por todo lado.

Los últimos escándalos parecen una película de terror. La Casa de Gobierno, la Casa Presidencial de Zapote, hoy parece más una Casa de Sustos, oscura, sin transparencia de ningún tipo, opacada, llena de desconfianzas administrativas, laborales y de tensas relaciones sociales, cuando el propio Presidente dio órdenes a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, de mantener intervenidas las comunicaciones telefónicas de sus ministros, y posiblemente de otros funcionarios públicos, especialmente de los directores de instituciones por él nombrados; de cualquier funcionario público. El presidente consideraba que había fuga de información de lo que él hablaba.

Respecto a los funcionarios de su entorno el Presidente les manifestó que los tenía vigilados, con chanchito y un perrito que olían si había drogas o desviaciones, amenazándolos de que con él no se jugaba, porque los decapitaba. En toda esta política se procuraba no dejar rastro.

Los funcionarios de la DIS revisaron los teléfonos, de “todo el mundo”, con aparatos especiales, de todos los que estaban en ese momento, violándolos en su intimidad y confianza.

Es claro, por lo que se ha dicho, que la DIS hizo esas intervenciones, y que posiblemente mantiene otras, que no se han señalado públicamente, especialmente de quienes critican y se oponen al Demonio de Zapote, al Ángel de la Muerte que está inundando el país, que está ahogando a la ciudadanía y al pueblo costarricense.

El papel inconstitucional de la DIS, que le dio el Presidente, la Asamblea Legislativa debe investigarlo. ¿A cuántas personas más el Presidente ordenó intervenir?

Hay diversos escándalos que hieden en Zapote. Uno de ellos, el manejo de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, por el cual se adjudicó un contrato por $300.000 dólares, para servicios de comunicación, que en todo su trámite se actuó dolosamente para favorecer un adjudicatario de dicha contratación, parte de una donación de $1.000.000 que se le daba al Presidente, para su primer año de labores. El Presidente integró un grupo Patricia Navarro, su primera Ministra de Comunicación, Jorge Rodríguez, su Jefe de Despacho y actual Ministro de Comunicación, Christian Bulgarelli, empresario comunicacional beneficiado, Federico Cruz, conocido como Choreco, asesor de imagen y táctica presidencial, Armando Gómez, Director de Prensa de la Presidencia. El mismo presidente quería revisar las pautas publicitarias.

En las acciones políticas que siguieron, otros funcionarios de la Presidencia, como Alexander Castilla y Hazel Mora, participaron porque les tomaban en cuenta.

Federico Cruz, Choreco, es también el Presidente del Partido Aquí Manda Costa Rica, que ha querido inscribirse y participar en las próximas elecciones municipales.

Como parte de este trabajo se trazó una estrategia, desde el inicio del gobierno, hace 18 meses, de controlar los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas. También se giraron instrucciones para eliminar medios de comunicación de esas partidas. A pesar de que al inicio de la Administración Chaves se consideró que el SINART no servía para nada en el manejo de estas contrataciones, a finales de año se ordenó a las instituciones descentralizadas firmar contratos con el SINART, en la acción política que el Presidente llamó de democratizar la pauta publicitaria, que no ha servido para nada si se aprecia la cantidad de pequeños medios informativos y comunicacionales que se han visto obligados a cerrar.

La democratización consistía en contratar a quien hablara bien del Presidente y del Gobierno, y en torcer de esa manera el brazo a los periodistas y a los medios informativos. Algunos funcionarios que recibieron la orden señalaron que sintieron una pistola en la cabeza si no procedían como se instruía desde Zapote.

La Ministra Navarro debido al mal olor que le generaba la iniciativa decidió grabar las conversaciones asociadas, que finalmente las hizo públicas, con toda la legalidad de su lado, que han evidenciado un negociazo, la “torta”, como la refirió el diputado Francisco Nicolás.

En todo este enredo, que se ha ido tejiendo en Zapote, y a la vez desenredando, emergió como la figura de fondo, Federico Cruz, el famoso Choreco, a quien han convertido en el chivo expiatorio, en el personaje de toda esta trama, a la que se le tratan de hacer recaer todas las culpas, que en parte le pueden ser ajenas, para eximir a los verdaderos culpables, que siguen allí en Zapote.

Para mí, el ascenso de Choreco, así llamado en todos los ámbitos, rebajándole su “personalidad”, en su trato presidencial, familiar y público, a un apodo, a un sobrenombre, casi delincuencial, ha sido para provocar un elemento distractor del principal artífice de toda esta historieta, el mismo Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Choreco ha sido el asesor presidencial con más fuerza, con más peso, de mayor confianza; al extremo que él mismo se ha prestado para este montaje distractor, más allá de lo que haya manifestado de verdad, de despiste, de entretenimiento o de diversión política; de haberse convertido en la figura pública más importante, en estos últimos días, de los escándalos que giran alrededor de Zapote.

La confianza extrema está comprendida en el acercamiento laboral que tenía con el Presidente, que le tenía oficina en el mismo edificio de Zapote, independientemente de si se le pagaba o no, si se le habían cubierto los pagos de la campaña electoral del 2022, si se le habían dado bonos electorales o no, de si recibió de apoyo al asesor argentino José Norte. De alguna entrada económica ha de vivir el Choreco. En esto no ha de estar chorequeado.

La confianza se enriquecía por el papel electoral que Choreco ha tenido en la estructura político electoral que, desde Zapote, se ha trazado con la inscripción de varios partidos políticos, para las elecciones municipales, con funcionarios de Zapote trabajando directamente en ellos.

Mientras dure el escándalo alrededor de Choreco ha sido relevado de Comité Editorial del Presidente, que lo integran también el Ministro de Comunicación, la Ministra de la Presidencia y la diputada, experta en enseñar a mentir a los miembros del Consejo de Gobierno, Pilar Cisneros.

Con Choreco se han puesto en evidencia dineros y ayudas en especie, como una casa en el Barrio Roosevelt, para la campaña electoral del 2022, no reportados al Tribunal Supremo de Elecciones.

La presencia, de Choreco, en estas dimensiones electorales, ha dejado ver que en la campaña electoral del 2022 hubo organismos paralelos, que podían manejar aspectos estratégicos de propaganda y agitación; posiblemente de manejo de recursos, como en meses anteriores se ha tratado ante la opinión pública y de los llamados “servicios de la mano izquierda”.

De este asunto, Choreco se ha presentado como un mecenas político de Chaves, es decir como alguien poderoso que brindó su apoyo, su trabajo, su influencia para el triunfo de Rodrigo Chaves. Los mecenas clásicos ponían parte de su dinero para impulsar los proyectos que querían apoyar. ¿Le dio plata Choreco a Rodrigo Chaves? ¿Se la dio al Partido y no la reportaron? En la antigüedad los mecenas recibían beneficios de su “inversión”, no solo la satisfacción de haber contribuido a ver el resultado de su creación, en este caso política.

En la Asamblea Legislativa, en las indagatorias que se han iniciado, llevando funcionarios públicos asociados al Presidente, los partidos Liberal Progresista de Eli Feinzaig, y el Nueva República, de Fabricio Alvarado, se han puesto en el cabús presidencial, en el último carro del tren zapoteño, acuerpando, como escuderos parlamentarios adicionales, a los diputados oficiales, al Presidente y tratando de reducir o minimizar los impactos de las investigaciones parlamentarias.

Los involucrados en todo este escándalo e investigación parlamentaria deben ser investigados por el Ministerio Publico. No es un problema de renuncias o apartarlos de sus funciones. Es un problema de ética en la función pública. Puede ser un problema que linde lo penal por el mal ejercicio de esta función. Es un problema de Ética y de Decencia pública.

Rodrigo Chaves se suma a la crítica que él hizo del sistema político, de escándalos de corrupción, de desigualdades sociales que han crecido en su gobierno, de resentimientos sociales mayores.

Sus posiciones populistas se le reducen en su territorio. Sus sentimientos y desplantes autoritarios le crecen. Sus descomedidas continúan. Su instinto desbocado se ha acentuado. Cada vez más se acostumbra a decir palabras indecentes, ofensivas y desvergonzadas.

No es Choreco el florero ni el centro de la mesa, ni es el muerto del funeral. Es el presidente Rodrigo Chaves al que hay que investigar a fondo. Si sigue así su gobierno va a ganar el título del más corrupto.

Lamentablemente para los costarricenses la Casa de Zapote hiede, despide malos olores.

A propósito del escándalo de “El Universal”

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El periódico mejicano, como es de todos conocido, publica un artículo sobre negociaciones del narco con el Gobierno.

Tengamos en cuenta que el constante negociador con los carteles de la droga ha sido el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la DEA. Son proverbiales y harto conocido que el fortalecimiento de los carteles mejicanos y colombianos se debe al acuerpamiento y condescendencia de estas dos agencias. Solo basta recordar que mientras, por ejemplo, el gobierno de Reagan proclamaba públicamente su combate a las drogas, la CIA y la DEA negociaban con los contras y los narcos el cambio de armas por drogas en las fronteras de Nicaragua, en la costarricense con la complicidad del gobierno de Luis Alberto Monge.

Esas negociaciones pertenecen a esa historia de la “guerra” contra las drogas que siempre tienen un componente oscuro ya que no ha sido honesta y verdadera de parte del gobierno de USA, pero que ha significado un baño de sangre para los latinoamericanos.

Costa Rica es al menos el principal exportador o reexportados de droga de Centroamérica y el primero del mundo según ha dicho el exministro de seguridad Rogelio Ramos. En cualquier caso, a nuestro país llega, se almacena y exporta una enorme cantidad de cocaína, con las impostergables consecuencias. La primera es que ese negocio no es manejado por esas pandillas, que al decir del Presidente se matan entre ellas por disputa de territorio o de mercados. La exportación de las enormes cantidades de coca se maneja a otro nivel, probablemente directamente por los carteles mejicanos. ¿Y qué consecuencias produce ese enorme tráfico comercial ilícito? No me refiero a las pandillas, sino a la política, la policía, el entretenimiento o los negocios. Nadie en su sano juicio podría alegar que estos y otros campos no han sido “contaminados” por semejante negocio de exportación ilegal o se mantienen “vírgenes” al margen de semejante negociado. ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel alcanzado por el lavado de capitales en Costa Rica?

Precisamente mientras un periodista nacional se va a México a destapar semejante escándalo, en materia de partidos políticos ocurren cosas que llaman la atención.

Dos partidos políticos que se disputan entre ellos la más fiel representación de lo que llaman el “rodriguismo” generan serias dudas: uno llamado Partido Pueblo Soberano es fundado y dirigido por una asesora de Casa Presidencial de cuyo nombre no me acuerdo, sumamente cuestionada precisamente en México por su ligamen con el narcotráfico, y el otro llamado Aquí Costa Rica Manda es un partido fundado y vendido al señor Federico Cruz por un señor de apellido Vargas también cuestionado por lavado de dinero y contrabando. Ambos personajes son dirigentes relevantes en los dos partidos.

En momentos tan turbulentos en la política nacional, hay que decirle al Presidente Chaves que no solo hay que ser honrado sino parecerlo. Cuando se denuncia en un periódico extranjero supuestas negociaciones de su gobierno con el narco -que han sido rechazadas enérgicamente por él-, poco favor le hace andar con semejantes amigos, con esa clase de dirigentes de esos partidos políticos. El panorama político para Rodrigo Chaves es bastante oscuro con semejantes correligionarios y hace que la ola de dudas continúe.

Chaves es sólo un títere irresponsable, efímero y fugaz

Por Guido Mora

Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.

Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.

Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.

Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.

Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.

Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.

Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.

Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.

No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.

En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.

Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.

La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.

Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.

Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.

Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.

En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.

Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:

  1. ¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
  2. ¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
  3. ¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
  4. ¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
  5. La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
  6. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
  7. ¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
  8. ¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
  9. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?

Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.

Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.

Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.

Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.

Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.

Implosionar de la comunidad política costarricense

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En 2016 un aporte especial del Programa Estado de la Nación titulado “El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica” alertaba sobre las implicaciones del enojo social y el resguardo de la comunidad política en los mitos fundacionales (Paz, democracia) como último reducto antes de una posible ruptura del orden social.

El escenario, con los años, se ha complejizado. El enojo es ahora una adherencia a pospuestas que paradójicamente pueden llevar a la implosión del sistema democrático y sus instituciones.

La capitalización de ese malestar ha caído en manos erráticas mal intencionadas, y cuyo accionar, posiblemente acelere el quiebre de esa comunidad horizontal por años construida en el país.

En aquel capítulo especial se alertaba entonces de riesgos asociados con el objetivo del malestar: las instituciones de la democracia representativa, así como los partidos políticos aparecían entonces con un significativo porcentaje de desaprobación.

No cabe duda que esta desazón se ha profundizado y otros mecanismos de regulación, organización y control social han aparecido en el horizonte costarricense.

En los últimos dos años, particularmente, la alarma de la inseguridad ha sonado fuertemente. Para 2023 se espera que sea un año récord en homicidios al finalizar el mismo. Los datos son esclarecedores: al 20 de junio se contabilizaban ya 416 homicidios, de los cuales más de la mitad (254) son por ajuste de cuentas.

Hace algunos días las autoridades locales anunciaban la posible conformación de un mega cartel de drogas en el país. Ante la ausencia de mecanismos integradores, un sistema educativo público en crisis y bajo ataque neoliberal sumado a la gestión de los territorios en manos de poderes fácticos, es fácil constatar que el quiebre de la comunidad política costarricense ha sido declarado y en su lugar un narco estado empieza a instalarse a pasos acelerados.

El diagnóstico no es favorable. Pero la respuesta debe venir pronto. La razón social debe sobreponerse a la razón instrumental del Mercado y su organización fáctica de la sociedad. La colectividad debe recuperar sus espacios y reencauzar el sistema político hacia la integración horizontal como objetivo. Algo de esto pareciera estarse levantando.

Estamos a tiempo.

Cacerías de brujas y estado de excepción en Costa Rica (I)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El estado de excepción y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una amenaza constante para la ciudadanía, incluso en las llamadas sociedades o países “democráticos” que suelen incubar en seno tendencias autoritarias, las que terminan haciéndolos emular a los regímenes totalitarios contra quienes dicen luchar en nombre de la democracia.

Uno de los casos menos conocidos, hoy condenado al rincón de un olvido todavía muy conveniente de la llamada “historia oficial” para algunas gentes es el de los ciudadanos costarricenses de origen alemán e italiano quienes fueron acusados, sin tener derecho a la defensa y al debido proceso, de ser partidarios de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, encerrados en campos de concentración en Costa Rica (donde existió al menos uno, donde hoy se encuentran las instalaciones del mercado de mayoreo), a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando adelantándose a la declaración de guerra a las llamadas potencias de eje que harían los EEUU y las potencias aliadas, en los días siguientes al ataque japonés a la basa naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, Costa Rica entró oficialmente en guerra con esos países y elaboró una lista negra con más seiscientos ciudadanos costarricenses que apareció publicada en el diario La Tribuna, sembrando el odio entre la ciudadanía, algo que con el paso de los años se les revertiría a los gobiernos de Rafael A. Calderón y Teodoro Picado, y a sus partidarios calderonistas de entonces, al ser derrotados en la guerra civil de 1948. Lo “negro”, en el peor de los sentidos, no fue la lista en sí misma, sino el hecho de que se privara de su libertad, de sus derechos políticos y de sus bienes a un importante grupo de costarricenses de origen europeo, a los que no había que comprarles ni venderles para llevarlos a la ruina, dentro de lo que constituye una monstruosidad política y jurídica.

Poco después, los vencedores de entonces, cayeron a partir de 1948, en la trampa de introducir el estado de excepción durante casi tres décadas, al establecer dentro del articulado de la Constitución de 1949, la prohibición de la formación de partidos políticos de izquierda, además del impedimento de su participación en los procesos electorales, dejando la decisión en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado en 1947 mediante una propuesta del diputado vanguardista-comunista Luis Carballo, pues hasta entonces todo el proceso se manejaba desde la Casa Presidencial y se acudía, con mucha frecuencia a los fraudes electorales.

El constituyente Rodrigo Facio Brenes y otros compañeros se negaron a votar esa medida punitiva contra la izquierda, al intervenir en los debates que condujeron a la elaboración de la Constitución Política de 1949, cuando dejó clara su oposición al párrafo segundo del artículo 98 (una propuesta muy reaccionaria de Fernando Volio Sancho), utilizada para sacar a casi toda la izquierda costarricense del juego político, durante casi tres decenios, porque su texto estaba introduciendo el estado de excepción permanente en un texto constitucional, como una norma pétrea antidemocrática, la que además le daba al Tribunal Supremo de Elecciones atribuciones indebidas sobre la naturaleza y la formación de los partidos políticos, las que han ido mucho más lejos del propósito inicial, llegando a deformar profundamente la naturaleza de los llamados “partidos políticos” en Costa Rica.

Rodrigo Facio dijo al respecto que: “…, en el propio seno de la Comisión Redactora, yo me pronuncié, y así consta en las actas respectivas, contra que fuese el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a declarar la descalificación de partidos inconstitucionales porque dije, y ahora lo repito, así lo que lograríamos sería poner en entredicho la imparcialidad de un organismo llamado exclusivamente a fallar, dentro del campo jurídico, el aspecto aritmético de los votos emitidos por los partidos, al ponerlo a fallar sobre cuestiones de fondo, como son los programas, la ideología o los medios de acción de esos partidos (Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949 Editorial UNED San José Costa Rica 2003, página 216).

Dentro de su razonamiento general sobre el tema Facio Brenes indicaba lo siguiente: “¿… será una norma de prohibición general, tal cual la ofrece la moción del compañero licenciado Volio Sancho? Yo creo francamente que no, por varias razones. Porque una fórmula así de amplia ofrece posibilidades de abuso, para perseguir injustamente, por motivos políticos del momento, a este o al otro partido. Porque de lo que se trata es adelantarse a un peligro concreto: el del comunismo (hay en cambio una cierta benevolencia hacia el ala fascista de los vencedores del conflicto armado, quienes dieron lugar a la Asamblea Constituyente, sin dejar de perseguir a los vencidos calderonistas y “comunistas”), y para hacerlo se acude a una fórmula indeterminada que puede ir mucho más allá de la reacción contra el comunismo” (Óscar Castro, Op.Cit, página 213).

Esto último se hizo evidente durante las décadas siguientes cuando se proscribieron numerosos partidos políticos de izquierda, conformados no solamente por seguidores de Vanguardia Popular, sino también de otras corrientes de ese lado del espectro político: De esta manera, fueron privados de sus derechos políticos ciudadanos como el escritor y pedagogo Joaquín García Monge, además de editor del Repertorio Americano, el novelista Fabián Dobles Rodríguez de filiación vanguardista pero que también había sido inicialmente miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como asimismo a muchos dirigentes políticos que provenían de la llamada “izquierda liberacionista”, dando lugar a verdaderas cacerías de brujas entre gentes que parecían tener cercanías ideológicas importantes entre sí, lo que se hizo más evidente con el paso del tiempo.

Ya el mismo Rodrigo Facio, durante la discusión de ese abominable texto de Volio Sancho, habló acerca de la persecución y proscripción sufrida por el APRA en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), cuando Víctor Raúl Haya de la Torre debió asilarse en la Embajada de Colombia en Lima, pasando varios años en ella sin recibir el salvoconducto para salir del país. Todo esto ocurrió también en un país llamado Costa Rica, donde los políticos del establecimiento tienen la fea costumbre de ofrecer benemeritazgos a granel a las gentes que habían perseguido toda una vida, privándolas incluso del ejercicio de la ciudadanía, durante buena parte de sus vidas.

¿Cuál es la reforma electoral que más urge?

Vladimir de la Cruz

Se ha anunciado que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, solicitó a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, Eugenia Zamora, apoyo para promover e impulsar reformas a la legislación electoral nacional con ánimo de fortalecer los sistemas de financiamiento de los partidos políticos, y atender también, entre otros aspectos, lo relacionado con la regulación de las redes sociales en las campañas.

El Presidente legislativo se preocupará de buscar el mecanismo que facilite el mejor trámite rápido a las reformas que corresponda impulsar y aprobar, integrando una Comisión Especial que, de manera exclusiva, atienda el estudio de estas reformas electorales, que comprende, además, el estudio de más de 50 Proyectos de Ley, en trámite legislativo, que tienden a producir reformas en el sistema electoral.

Sugiero que públicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio del Instituto de Formación en Democracia, IFED, bajo su potestad, en coordinación con la Presidencia Legislativa, desarrolle, un ciclo de Foros continuos, todos los días de ser necesario, de 4 a 8 p.m., en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, o en la Sala de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, donde con analistas, comentaristas, periodistas del ámbito político, gestores de opinión, representantes de los partidos políticos, de los sindicatos y otras organizaciones sociales interesadas, y los proponentes de los Proyectos de Ley, entre otros, se analicen y discutan esos proyectos, y esas posibles reformas, que se quieren introducir en la legislación electoral, con el propósito de que ese esfuerzo, que se va a realizar, se enriquezca con otras opiniones.

Estos Foros, pueden ser transmitidos por las redes sociales que ya usa el IFED, a las cuales puede añadirse la de la Biblioteca Nacional, que realiza una excelente labor con ese trabajo de divulgación de sus actividades culturales.

Todavía hay tiempo para cualquier modificación de leyes, o de la misma Constitución, que se pueda tramitar para que entre en vigencia a partir de los comicios nacionales del 2026. Queda todo lo restante del año 2023 y todo el año 2024, ya que, en el año 2025, en enero debe estar aprobado el Calendario Electoral de las elecciones que iniciarían en noviembre, de ese año, para concluir en febrero o en abril del 2026. Hay tiempo si se sabe aprovechar y si se pone la voluntad política para actuar.

Se le está dando prioridad, en la antesala de esta discusión, que debe ser nacional, y no solo de un petit comité parlamentario, al aspecto de financiamiento y el manejo de redes.

Si del financiamiento electoral se trata, lanzo un primer dardo. Espero afinar mi puntería.

Lo primero que hay que entender en materia de financiamiento de las campañas electorales a cargo del Estado, es que cuando se aprobó esa legislación, hace ya varias décadas, se hizo con sentido democrático muy certero. Garantizar el financiamiento de los partidos a cargo del presupuesto público, para quitar, del proceso electoral, el control que personas, o pequeños grupos de personas, financiando partidos, los controlaran, o pudieran tener tal nivel de poder en ellos, para imponer los candidatos a su antojo en los distintos órdenes de elección.

Junto al financiamiento electoral nacional se permitió el financiamiento privado, al que se le han metido ciertos candados, pero no se ha prohibido del todo, o no se ha regulado de manera más precisa. Veamos.

El Presupuesto Nacional que se destina al financiamiento electoral de las campañas descansa en el 0.17% del PIB, del período fiscal tras anterior a la campaña electoral. Eso es hoy, y desde hace algunas campañas electorales atrás, un montón de millones de colones. Por eso es que demagógicamente, al filo de cada campaña, se aprueban reformas legales para que ese 0.17% no se aplique todo, y lo rebajan al 0.11%, como se ha venido haciendo. Demagógicamente anuncian esa disminución como un triunfo democrático en el ahorro del gasto público. Aun así es mucho dinero. Cualquier rebaja o corte le debería quedar al TSE para su misión de educar electoralmente en democracia. Hay que entender que la democracia hay que pagarla, y los procesos electorales también. Si no los paga el Estado, a los partidos les pueden llegar fondos no muy sanos, que pueden ser de la narco política, que se está organizando, de grupos mafiosos o de personas que han entendido que con el tipo de financiamiento público, pueden hacer clavos de oro, porque la legislación permite que los partidos contra sus presupuestos de gastos electorales, y préstamos que consiguen, puedan vender bonos con altos descuentos. República Dominicana y Colombia son ejemplos de estas mala influencias en procesos electorales pasados. Todo el dinero que se mueve de los presupuestos que están obligados a presentar todos los partidos políticos, sobre los gastos de su participación en la campaña electoral a la que van, no alcanza ni al 60% de ese 0.11%.

Esto es lo que hay que controlar. ¿Cómo? La fórmula más democrática que yo veo es la siguiente.

1.- Hay que garantizar legalmente que todos los partidos tengan igual acceso al financiamiento electoral público. Actualmente solo tienen acceso los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Esto no es nada democrático porque a todos los partidos, que se inscriben, les dan la misma posibilidad de participar, y todos los electores nacionales valen, para todos los partidos, de igual forma. Sin embargo, en la realidad no opera así. Los electores de los partidos que no llegan al 4% de votos, o no eligen un diputado, no se reconocen como iguales en su resultado, castigando a estos partidos con no recibir nada, absolutamente nada, de sus gastos electorales, que también realizan al igual que los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Y, el valor económico, de estos votantes, se distribuye entre los votantes de los partidos que sacan el 4% o eligen diputado, dándoles más valor económico cuando desde el origen de la campaña, todos los ciudadanos, todos los electores, teóricamente valen igual.

Si se diera, en posibilidad, para todos los partidos, este financiamiento se resolverían prácticamente todos los problemas que esto causa actualmente.

2.- Si se asegurara este financiamiento, de esta manera, se podría prohibir totalmente cualquier financiamiento privado a los partidos, y no habría posibilidad alguna que puedan endeudarse extraoficialmente porque no se podría justificar ese endeudamiento, ni venta de bonos, porque los partidos tendrían asegurado su financiamiento. Aquí se acabarían los negocios, y negocitos, que se hacen, con estos financiamientos, a los partidos políticos desde el sector privado, y desde los bancos, que prácticamente financian campañas casi completas… a ciertos partidos, o a los que estudian que pueden asegurar, por sus resultados, las inversiones que en ellos hacen, sin importar ya el color o la ideología que se les imputen. Lo que interesa es hacer dinero…con el sobre pago de los bonos de la campaña electoral.

3.- El Tribunal Supremo Electoral puede asegurar el buen uso del dinero que se destine a cada partido, en correspondencia al financiamiento nacional disponible. ¿Cómo? Se abrirían cuentas oficiales, en bancos autorizados, pueden ser todos los del sistema bancario nacional, cuentas bajo estricto control del Tribunal Supremo de Elecciones, que colocará allí los dineros públicos que le correspondan a esos partidos, contra el giro autorizado de los contratos que esos partidos hagan para sus respectivos gastos de la campaña electoral.

Igual que ahora, todos los gastos deben someterse por contratos debidamente hechos, que se presentarían ante del Tribunal supremo de Elecciones, para su respectivo control de legalidad. Si son contratos, por ejemplo, con empresas o medios de comunicación, debidamente inscritos, como se acostumbra, con sus tarifas autorizadas, las empresas tendrían mayor garantía de pago, porque la plata está en las cuentas de los partidos, la que se giraría contra la pauta contratada. Les llegaría el mismo dinero a esas empresas y medios de comunicación al 100% de su valor y no con bonos de posible recuperación, como sucede en muchos casos. Les llegaría, igualmente, dinero seguro a todos los medios, grandes y pequeños, y a los programas de opinión, que también se inscriben en las campañas electorales, favoreciendo de esta manera la democracia informativa y formativa nacional de los ciudadanos. Bien podría establecerse que ese financiamiento publicitario es para divulgar los programas electorales y las calidades de los candidatos. Igual podría regularse la crítica pública entre partidos. Quedaría, prácticamente, por fuera el uso de medios indecorosos, fraudulentos, de troles, y otras especies similares porque no podrían pagarse a cargo del presupuesto público electoral. El partido que hiciere esto podría ser castigado severamente, en lo civil y en lo que penalmente correspondiere.

Si se abriere el portillo del financiamiento privado, en esta fórmula de financiamiento, esos financiamientos privados entrarían obligatoriamente a las cuentas públicas, abiertas por el Tribunal Supremo de Elecciones, bajo la forma de donación, que se sumaría al resto del dinero que en esas cuentas haya del financiamiento que corresponda, sin que generen obligaciones con esos donantes, ni posibilidad de recuperación de dineros, porque lo que no se gaste en la campaña, contra los presupuestos presentados, quedaría a fondo, siempre bajo control del TSE, para las campañas municipales, o para garantizar el uso permanente de instalaciones partidarias en la capital, o en ciudades, donde los partidos puedan mantenerlas en actividad político formativa y organizativa de sus propios cuadros políticos.

4.- ¿Cómo asegurar una distribución equitativa del presupuesto nacional electoral, del 0.17%, o del 0.11%, o del porcentaje que se disponga, para los partidos políticos que van a participar en una elección? En el supuesto que se destine todo, solo para facilitar esta explicación, se procedería así. Todo el presupuesto se divide en dos partes iguales de 50%. La primera mitad se distribuiría entre los partidos políticos que participaron en la campaña pasada y repiten en la nueva campaña electoral, en proporción a los votos que obtuvieron en esa campaña anterior. Con eso aseguran un porcentual de dinero para su campaña. La otra mitad, el otro 50% disponible, se divide en partes iguales proporcionales a todos los partidos que se inscriben para la siguiente campaña. Así, los partidos que repiten aumentan un porcentaje más su disponibilidad de gastos y, los nuevos partidos, los que por primera vez participan, aseguran un gasto electoral, cuyo porcentaje asegurará, sin dudas, la posibilidad de que puedan realizar una mínima campaña electoral decorosa, digna y decente.

5.- La clave de todo este proceso está en las cuentas oficiales que abra el TSE a cada partido, donde se depositará el dinero que les corresponda, contra los contratos de gastos hechos y aprobados por el TSE. En la práctica este trabajo lo hace el TSE cuando acaban las elecciones y se liquidan los gastos para ver si se procedió bien o no. Este proceso evitaría, en mucho, que tesoreros, y personeros de los partidos, puedan verse involucrados en procesos fraudulentos de financiamientos y en posibilidad de verse involucrados en denuncias penales y encarcelamientos como ya ha sucedido.

Esta es una primera opinión mía sobre esta temática. Abramos o iniciemos un debate, una discusión, un análisis sobre esta temática, que ya van a empezar a cuajar entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Que se discuta de cara al público, a los ciudadanos, al electorado y a los interesados en los asuntos políticos del Estado, del Gobierno, de la Democracia y de la Democracia Electoral costarricense, que es lo que a todos nos interesa salvo guardar.

Inicio del camino hacia las elecciones municipales de febrero del 2024

José Luis Pacheco Murillo

El día de ayer participé en una reunión de carácter político y que catalogamos como el inicio del camino hacia las elecciones municipales de febrero del 2024. La decisión de hacerla fue tomada a sabiendas de los riesgos de un eventual fracaso por falta de asistencia de gente que se interesara en el tema político electoral. Sin embargo, la gente acudió al llamado y tuvimos una excelente reunión con una participación que no solamente por la cantidad de personas sino por la calidad de gente que acudió a la cita.

Se trató de un convivió político del Partido Renovemos Alajuela, fundado hace 12 años para participar solamente en elecciones municipales dado su carácter de partido cantonal, primero en la historia del cantón de Alajuela.

Es claro que el tema de la política ha venido a menos y que muchísimos ciudadanos han perdido el interés en ella y no desean participar. La desesperanza, la molestia, la indiferencia y la insensibilidad han alejado a mantente de la política. La mayoría de los jóvenes no están participar y los adultos han sido tantas veces engañados que no quieren oír nada de política.

Precisamente por eso es qué la política ha sido tomada, en muchísimos casos por corruptos que buscan nada más su beneficio y no cumplir con la misión y el objetivo de la política: ser el arte del servicio.

Precisamente, la misión y la visión de Renovemos Alajuela, como partido político es general la confianza en la ciudadanía para que retornen a la política y participen activamente en ella. Ayer fue un primer paso para lo que viene y fue un paso firme en la consecución del objetivo.

El llamado es a que no permitamos que la política siga en manos de quienes no buscan el bien común y que basan sus actuar en la corrupción y el beneficio personal.

Pusimos, a través de la oración, nuestro accionar y caminar en manos de Dios y aunque a alguno no le pareció esa decisión de tener a Dios como guía, creo que es necesario e importante que entendamos que si por algo está sociedad está cómo está es por la falta de Dios en nuestros ambientes y entornos. Independientemente de la fe que se profese o de la idea que puedan tener de Dios, hacerlo parte y hacer lo posible por cumplir con su plan de Amor es la mejor de las acciones políticas que podamos tener.

Un llamado a los alajuelenses a que se unan a esta alternativa trasparente y honesta para renovar a Alajuela con su aporte y con la ayuda de Dios.

De Francia a Costa Rica: de Macron a Chaves

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

Las elecciones francesas, que este domingo culminaron con el triunfo del presidente Emmanuel Macron, sobre su adversaria de la ultraderecha, la señora Mariene Le Pen, guarda algunas similitudes con la reciente elección realizada en Costa Rica.

En Francia se pusieron de manifiesto dos clivajes -o sea, dos puntos de ruptura- que se superponen y refuerzan mutuamente. El primero, tiene que ver con la rebelión contra el statu quo y las élites que lo representan y lideran. El segundo es un clivaje territorial, o sea, geográfico, puesto que aquella rebelión es mucho más intensa en las regiones rurales, olvidadas y marginalizadas, no solo en lo económico, sino, asimismo, en lo cultural. Quienes votaron a Le Pen, provienen principalmente de esas áreas rurales relegadas. Macron, claramente el candidato de las élites y del statu quo, ganó gracias al voto mayoritario de las grandes concentraciones urbanas.

Un fenómeno similar se observó con el Brexit en Reino Unidos, y en las dos últimas elecciones en Estados Unidos, donde la fuerza electoral detrás del discurso anti establishment de Trump, proviene de la ruralidad olvidada y de los sectores a los que la globalización ha golpeado, al despojarlos de empleos, estabilidad y esperanza. Entretanto, las grandes urbes, sobre toda aquellas que son mayores beneficiarias de las rupturas tecnológicas y la reestructuración industrial, siguieron votando por los candidatos demócratas: Hillary Clinton en 2017 y Biden en 2021. No obstante, sus particularidades socioculturales, algo similar se observó recientemente en Perú, con la elección de Pedro Castillo: maestro, sindicalista, proveniente de la ruralidad peruana y con evidentes rasgos indígenas.

En 2018, en Costa Rica, la fuerza que llevó a Fabricio Alvarado a la segunda ronda, provino fundamentalmente de las zonas rurales, fuera del Valle Central. En 2022, esas mismas regiones le dieron el gane a Rodrigo Chaves. Es sintomático que, además, el mayor abstencionismo se registra precisamente en esas áreas rurales. Pesan aquí el olvido y el rezago en lo económico y cultural, y la débil presencia de la institucionalidad pública. Por otra parte, se hace necesario estudiar más en detalle cómo se comportó el voto en los barrios y distritos urbanos marginalizados. Es plausible que se hayan decantado a favor de Chaves.

Claramente Chaves no es Le Pen ni es Trump. No se trata de hacer comparaciones arbitrarias. Pero, durante la campaña electoral, y similar a Le Pen y a Trump, lanzó un agresivo discurso contrario al status quo y a las élites que lo representan y lideran. Fue eso lo que le dio el gane.

Por su parte, la derrota de Figueres Olsen, ha sido la derrota de las élites que han manejado al país por décadas, incluidas la prensa y las cámaras empresariales. Sobre todo, es la derrota del modelo económico neoliberal. La situación es ciertamente paradójica, puesto que esas élites incansablemente se ufanan de su éxito en materia de atracción de inversiones extranjeras, mientras exhiben con orgullo la presencia en nuestro territorio de algunas corporaciones transnacionales de alta tecnología, y presumen, sin disimulo ni recato, del prestigio internacional que Costa ha ganado gracias a su devota adherencia a los principios canónicos del libre comercio.

Claramente ése es el discurso de esas élites, el cual traduce su cosmovisión y refleja el mundo en el que se mueven y del que se benefician. En las recientes elecciones nacionales, la gente nos ha dicho algo completamente distinto. Y lo dice no solo a través del gane de Chaves, sino también, e incluso principalmente, a través del abstencionismo. Se ha abierto un profundo abismo entre esas élites y la gente de a pie, sobre todo quienes en mayor grado sufren posposición y marginalidad.

Ocurre, además, que, en Costa Rica, similar a Francia o Estados Unidos (y distinto a algunos otros países latinoamericanos), la izquierda no logra atraer ni representar a esos sectores en rebelión, los cuales tienden a moverse hacia propuestas políticas conservadoras y de derecha. La cuestión es muy compleja, y merece estudio. En nuestro caso, y según creo, parte de la cuestión -pero solo una parte- pasa por el hecho de que en nuestro país no existe ninguna izquierda socialdemócrata. Por otro lado, apelar a la descalificación que tilda a la gente de “domesticada”, u otras lindezas por el estilo, lejos de ayudar, más bien constituye una perniciosa forma de evasión. Ello imposibilita centrar la atención donde realmente importa. Simplemente no cabe esperar que la gente quiera dar su adhesión a propuestas en las que, por las razones que sea, no se siente representada. Es ahí donde está el punto clave sobre el que es necesario reflexionar.

Quedan muchas preguntas pendientes. Por ejemplo: ¿logrará Chaves cumplir con su promesa de cambio? ¿Cuál es el contenido del cambio que ofrece? ¿Corresponde esa idea de cambio con lo que realmente la gente necesita y anhela? Me siento terriblemente escéptico sobre todo esto, pero celebraría estar equivocado.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Publicado en el blog: /sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

Leve visión de la primera ronda

Vladimir de la Cruz

Sin lugar a dudas la democracia electoral y política nacional se fortaleció el pasado domingo con la culminación de las elecciones, con la participación de 25 partidos nacionales y 36 partidos provinciales, con un mínimo de 26, por provincia hasta un máximo de 29. Opciones había. Lo que no hay, en esto se sigue debiendo, es un sistema de financiamiento que permita contribuir a cubrir los gastos de todos los partidos políticos, y no solo de aquellos que terminan sacando un 4% de votación o elijen un diputado. Ni siquiera los partidos pequeños, y de izquierda, que en el pasado fueron víctimas de este injusto sistema han propuesto proyectos, cuando han tenido o tienen diputados, para tratar de enmendar esta injusticia electoral. En ello quizá pesa el que por elegir diputados no se preocupan de los que no eligen o sacan el porcentaje, porque esa situación permite y posibilita eliminarlos como partidos contrincantes o que les disputan electores, hacia el futuro.

De los 25 partidos nacionales era claro, y así lo había manifestado en distintas intervenciones que hice, que solo un grupo pequeño iba a despuntar, porque así lo iban a definir los primeros encuentros que se hicieran de candidatos, especialmente escogidos por el sector privado, como ocurrió con el primero organizado que preparó la UCCAEP, al que no asistió el candidato del partido Acción Ciudadana, lo que era un grave error, porque dejaron de invitarlo. Es claro también que los encuentros de candidatos organizados por organizaciones privadas, entre ellos los medios de comunicación, que podían invitar solo a quienes ellos quisieran, aun cuando justificaban su escogencia por el puesto delantero, que llevaban en las encuestas. En este sentido escogieron ocho candidatos que a veces los zarandeaban dejándolos a seis o siete. Y esa escogencia a la vez contribuía a influir en las opiniones de los ciudadanos que terminaban reflejándose en las encuestas, como si fuera un círculo perverso, cerrado, obsceno y, así se fue el desarrollo de la campaña.

Ciertamente algunos medios de comunicación, especialmente radiales, entrevistaron a los 25 candidatos, casi nada más para dejar registro de que a todos los dieron al menos un espacio. Con los candidatos diputados a diputados fue semejante con mayor desventaja, porque no era posible tomar en cuenta, por lo menos, a todos los primeros lugares de cada una de las provincias cuando el mínimo de partidos en una provincia resultó de 26 partidos y el máximo de 29.

Ridículo hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de organizar un único debate, en tres turnos, como si eso fuera suficiente, con los 25 candidatos, a la ocho de la noche. El Tribunal pudo haber mantenido debates continuos para haberle dado mayor oportunidad a todos los partidos, especialmente a los que la gran prensa y medios de comunicación no tomaban en cuenta y por lo que no aparecían ni despuntaban en las encuestas. Canal 13 y Radio Nacional debieron haber cumplido un papel más decoroso, digno y decente en este sentido. La franja publicitaria de todos los partidos no se hizo sentir. En esto el Tribunal, Canal 13 y Radio Nacional, siempre en estos procesos electorales en este aspecto quedan debiendo. Así como el Tribunal dirige la Fuerza Pública, y queda bajo su control durante el período electoral, así todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión debería estar al servicio del Tribunal para estimular la divulgación de los programas, planes de gobierno y la presentación de los candidatos a la Presidencia y por lo menos los primeros lugares de las candidaturas a diputados.

Los llamados debates de candidatos no tienen ese carácter. Tan solo son una presentación en una pasarela televisiva para que expongan ligeros conceptos sobre algunos aspectos que les preguntan, sin posibilidad de debatir, discutir sobre esos temas, apenas para delinearlos o para medio exhibir a algún candidato en que no conoce nada o muy poco de lo que se le pregunta.

En esta segunda ronda a los únicos dos candidatos deberían enfrentarlos sobre temas concretos, y sobre cómo piensan llevar a cabo lo que se les pregunta sobre sus programas, diciéndoles sobre qué les van a preguntar y dándoles más tiempo para explicar sus lineamientos generales.

Que hubiera 25 candidatos presidenciales no me asustaba. En campañas anteriores había hasta 14 partidos. El número de 25 partidos iba a resolverse como sucedió en esta campaña. Los electores escogieron y se decidieron por un grupo de seis partidos que superaron el 8% de votos. El resto, los otros 19 partidos, ninguno llegó al 1% de votos y en su totalidad alcanzaron los 150.000 votantes, que si hubieran actuado en coalición hubieran peleado la elección de 5 diputados.

El resultado de 6 partidos con seis o más diputados fue posible por el alto nivel de abstencionismo que se produjo, lo que los benefició porque el subcociente se redujo notablemente. Si el abstencionismo se hubiera mantenido en el 30% los partidos que sacaron 6 y 7 diputados hubieran reducido a sus diputados a 3 o 4.

A nivel de partidos políticos provinciales en 1990 y 1994 participaron 15, solo 5 eligieron diputados, en 1998 participaron 23 y eligieron 7, en el 2002 participaron 18 y solo 5 eligieron, en el 2006 participaron 27 y solo 8 eligieron, en el 2010 participaron 18 y solo 8 eligieron, en el 2014 participaron 20 y solo 9 eligieron, en el 2018 participaron 25 partidos y solo 7 eligieron. Para estas elecciones del 2022 se inscribieron 36 partidos a nivel provincial pero solo 6 partidos lograron elegir diputados.

A nivel presidencial desde 1990 en dos ocasiones participaron 7 partidos, en tres elecciones lo hicieron 13 partidos, en una fueron 9 partidos, en otra 14 partidos y ahora 25 partidos.

Viendo los anteriores datos, al menos yo estaba claro, que la cantidad de partidos a nivel presidencial o de diputados n o iba a alterar sustantivamente el resultado electoral de diputaciones. Lo que podía alterarse era el de los finalistas presidenciales, como sucedió.

Hay que estudiar, lo haré para próximos artículos, el alto abstencionismo de esta elección, especialmente su distribución geográfica. Por ahora sigo creyendo que los abstencionistas parten de la idea de que no tienen nada que perder con cualquier candidato o partido que gane las elecciones presidenciales. De alguna manera pueden considerar que el que llegue a Zapote les puede mejorar sus condiciones socio económicas o materiales de vida. Pueden ser las condiciones extremas de pobreza los que los lanza objetivamente al abstencionismo y la poca proyección territorial efectiva que tienen los partidos políticos, exceptuando los partidos religiosos cristianos que tienen mayor presencia por sus “templos”, “garajes”, “locales” o iglesias cristianas no católicas, de allí la mayor presencia de Nueva República en las provincias costeras y pobres.

La propaganda electoral, especialmente en vallas, para mí fue deficiente y pésima, en general, para todos los partidos que pudieron poner vallas. El que mejor las conceptuó fue Fabricio Alvarado. Los grandes temas sociales asociados a la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la necesidad de recuperación de empleos, salarios e ingresos, costo de la vida no se tocaron ni llamaron la atención, excepto en el último de los encuentros programados, el de Canal 7, que empezó con una pregunta en este sentido. Lo mismo que el tema de educación. En general la campaña en esta temática giró alrededor de los grandes temas, a modo de consignas, de carácter económico, poco asimilables para el elector común, el del pueblo.

La segunda ronda, la del primer domingo de abril, será interesante en su desenvolvimiento. Allí puede ser que se planteen dos modelos de desarrollo económico, social y político futuro. Va a depender de la conceptualización política de la campaña electoral que sigue, no de la campaña publicitaria para tratar de vender un producto comercial electoral, con la forma de un candidato. Si se mantienen con la propuesta de un solo modelo y dos variantes no va a suceder un cambio significativo, pero podría ganar el que presente la tesis más populista, más antisistema y que se perciba como la tesis del cambio, aunque no cambie nada… el gatopardismo.

Costa Rica: ¿cómo votarán las personas del colectivo de las diversidades sexuales LGBTIQ en las elecciones 2022?

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista / CICDE-UNED

Ni idea. Simplemente no hay forma de saberlo. Pero leo comentarios acerca de las simpatías que alguna gente de ese colectivo manifiesta a favor de Eli Feinzaig. Lo cual resulta paradójico, puesto que Feinzaig ha coqueteado reiteradamente con grupos muy conservadores, de natural hostiles a ese sector de la población, cuando, por otra parte, lo que su programa plantea en esta materia, es sumamente limitado.

Dije que es paradójico, pero no necesariamente extraño. Y aquí diré algo solamente en relación con la letra G (gay), que es la que mejor conozco, reconociendo y respetando las heterogeneidades que se ocultan detrás del mencionado acrónimo.

Como lo expliqué en un artículo que publiqué en mi blog en mayo 2018 (“Los que éramos entonces, teníamos tantos nombres pero no teníamos ninguno”), el concepto “gay” jugó en su momento un papel muy importante: para quienes habíamos tenido que sobrevivir en el territorio de la denigración y la infamia (bajo apelativos humillantes como playo, platanazo, maricón, marica, pájaro, culiolo y un largo etcétera), ofrecía, por primera vez, la posibilidad de una nominación que intentaba conceder un lugar propio y digno en la vida, o sea, una posibilidad de autoafirmación desde la propia humanidad. De ahí la idea del “orgullo”: ser orgullosamente gay era simplemente ser orgullosamente humano. Reivindicar, pues, lo que se nos había negado: el respeto inherente a nuestra condición como persona parte del género humano.

O sea, el autorreconocimiento como gay era subversivo y comportaba un gesto de rebelión frente a un orden opresivo y violento.

Con el paso de los años las cosas han cambiado. El camino que se suponía conducía al pleno reconocimiento de nuestra dignidad humana, se desvió por atajos que más bien conllevan, otra vez, su negación. Progresivamente las reivindicaciones LGBTIQ fueron asumidas por poderosas corporaciones transnacionales y, con cada vez más frecuencia, vimos a sectores del activismo aliados a esas grandes empresas. Aquella fuerza contestaria y transgresora perdió ímpetu y tendió, gradualmente, a hacerse inofensiva. Se le limaron garras y colmillos; se le domesticó y apacentó.

Pero la cuestión se centra fundamentalmente en la letra G. Por razones que habría que investigar, fue ahí donde las fuerzas del marketing y el negocio tendieron a enfocarse.

De resultas de lo anterior, la identidad gay ha sido reconfigurada, alejándose cada vez más de sus fuentes originales. Es, cada vez, una construcción mercadológicamente concebida, alrededor de ciertos rasgos estereotipados: muchachos usualmente blancos, invariablemente jóvenes, muy guapos y con cuerpo de gimnasio; lucen ropa de marca, viajan por el mundo y son manirrotos en el consumo. Chicos muy individualistas, hipersexualizados, que viven para el disfrute, despolitizados e insolidarios. De ahí que hoy tanto se hable del “dólar rosa”, toda una fuente de redituable negocio.

Es una concepción terriblemente discriminatoria, que oculta mucho más de lo que revela, y que conlleva un altísimo grado de violencia. Dicho de otra forma: es una forma de reconfigurar la discriminación y la exclusión, y de reinventar la infamia y la ignominia. Ahí no caben los muchachos gais de rasgos indígenas, de piel oscura, los que son obreros de la construcción o peones en una piñera o recolectores de basura. No caben los que son pobres, pero tampoco aquellos que no tienen ingresos lo suficientemente elevados, que son la enorme mayoría. No caben quienes no son guapos y bellos y de gustos refinados. No cabemos los viejos que, con nuestras canas y nuestras arrugas, somos la más vívida negación del estereotipo, y, por ello mismo, los más invisibles, los que en mayor grado hemos sido lanzados al canasto de lo indeseable.

Esta identidad estereotipada, esculpida por el marketing, impone una norma cuyo incumplimiento es fuente de frustración y aislamiento. Reconstruye la soledad, reinstaura la indignidad vergonzante, imposibilita a muchos ser lo que son, orgullosos de poder serlo. Nos devuelve a la vía ominosa del odio hacia sí mismo, por no lograr ser lo que se le exige que sea, en vez de simplemente ser lo que realmente es. Construye nuevos armarios, obliga a nuevos juegos de fingimiento y, por lo tanto, a vivir de nuevo una doble vida. Es, al cabo, fuente de vaciamiento afectivo y emocional, y reinstauración del divorcio entre sexualidad y afectividad. También despolitiza e inmoviliza, al crear sujetos que no ven más allá de lo que tienen entre las piernas, descomprometidos con el mundo y la sociedad de que son parte.

No es de extrañar que, entonces, algún sector de la población gay opte por votar a candidaturas -como la de Eli Feinzaig- cuyo mensaje, de tonalidad fuertemente economicista, es enemigo del Estado social costarricense, puesto que es ignorante de la opción histórica de justicia social que lo hizo nacer. Votar, si, a candidaturas como la de Feinzaig, que beben de la despolitización y se alimentan de la falta de compromiso cívico y conciencia ciudadana.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/02/costa-rica-como-votaran-las-personas.html?m=1