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Etiqueta: pensiones

Para firmar: pensionados del Magisterio Nacional solicitan ajuste por costo de vida

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Pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional dirigen una carta pública al Ministerio de Hacienda, a las fracciones legislativas y a las comisiones de Asuntos Económicos y Sociales, solicitando la aplicación de un ajuste por costo de vida que no reciben desde hace cinco años. Puede apoyar con su firma al final de esta nota.

En la misiva, las personas firmantes exponen que el 94% de los jubilados del RTR perciben pensiones bajas o medias, con fuertes cargas impositivas y una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva, agravada por el aumento del costo de la vida, la inflación alimentaria y las altas tasas de interés.

La carta también respalda gestiones recientes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y pide audiencias para exponer directamente la situación, así como acciones concretas por parte de JUPEMA.

Texto completo de la carta pública:

Señores:

Rudolf Lucke, ministro de Hacienda

Comisiones de Asuntos Económicos Sociales de la Asamblea Legislativa

Asociaciones de Jubilados

JUPEMA

Estimados Señores:

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes recibimos el pago de la pensión por medio del Ministerio de Hacienda, porque en el pasado el Estado costarricense no generó el fondo de reserva para pagar las pensiones del magisterio(cuya ley de pensiones se creó en 1958), recursos que fueron utilizados por los diferentes Gobiernos y que en 1995, con la ley 7531 quedamos como un régimen en extinción sin respaldo financiero e institucional, deseamos señalar lo siguiente:

Ø  De los más de 43 mil miembros de este régimen, cerca de 35 mil personas, el 77% de la población total del RTR, tiene una pensión considerada baja, pues recibe un monto menor a 2 millones de colones mensuales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de Enfermedad y Maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al Impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones. 

Ø  Esta población mayoría de pensionados, ha venido soportando desde el año 2020, desde los efectos propios de la crisis económica la pandemia del Covid-19, hasta los efectos económicos del período post-pandemia, con un aumento del costo de la vida entre los años 2021 y 2022, expresado en una inflación del 11.2%, que si bien a partir del año 2023 se ha ubicado por debajo de la meta de inflación y en el año 2024 cerró con un aumento promedio de 0.84%, según el INEC, los aumentos continuos de los precios de los servicios y del transporte(resultado del aumento de los derivados del petróleo por la guerra en Ucrania), así como la inflación alimentaria que se mantiene elevada en alrededor del 6%, debido al aumento de los precios de alimentos básicos, como los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y las carnes, creando un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de los pensionados y sus familias.

Ø  También a la población con pensiones medias, que reciben un monto de entre 2 y 4 millones de colones, que representan el 17% del total del RTR, presentan una situación económica difícil pues a las cargas impositivas antes mencionadas, deben adicionar una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas- son personas que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, debido al aumento de las tasas de interés a partir de 2022, cuya tasa básica pasiva(TBP) pasó de 2.90% a 6.24%, según el BCCR y que ha tenido un lento descenso, provocando una disminución importante de ingresos y también afectando la capacidad adquisitiva de los pensionados de este segmento.

Ø  Se trata en conjunto de una población del 94% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y en el marco de una pensión aceptable, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más, con montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS y a partir de 1995 como único cotizante), que recibimos una pensión reducida en términos nominales y que no hemos recibido ningún reajuste por costo de la vida en los últimos 5 años, a pesar de las variaciones en las condiciones de vida en este período.

Por las razones expuestas, dicha población de pensionados, le solicitamos al ministro de Hacienda, las Fracciones, Comisiones de la Asamblea Legislativa, instancias afines a atender nuestra, propuesta, de:

1.    La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace cinco años.

2.    Respaldar la reciente gestión de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) con respecto al pago por concepto de costo de la vida a los trabajadores de la educación a partir del año 2020.

3.    Solicitar al ministro y Comisiones de la Asamblea Legislativa una audiencia con el objetivo de exponer personalmente la situación de los pensionados del RTR.

4.    Llamar la atención a JUPEMA a ejercer las acciones correspondientes

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones desean analizarlo.

Solicitamos al ministro y al Directorio y las Comisiones de Asuntos Económicos y Sociales de la Asamblea Legislativa, escucharnos y atender nuestra demanda, por razones de justicia, equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según las Naciones Unidas “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región”. (En Cepal.org/ agenda 2030).

Quedamos a disposición para lo que se considere necesario, en la dirección jubiladosenaccion@gmail.com o a los teléfonos 8837 2021 y 88315115

Con un alta estima y consideración

Marino Marozzi Rojas
Cédula 104500817
German Masís Morales
Cédula 3 225 625

Enlace para firmar la petición: https://chng.it/TzNsGttfyX

La Asociación Jubilados en Acción exige respuestas del ministro de Hacienda acerca del Fondo Económico

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La Asociación Jubilados en Acción no puede aceptar las respuestas evasivas del Sr Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Le corresponde contestar a saber “información concreta acerca del Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas obreras, patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional, entre el 7 de setiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991.

¿Se creó o no se creó ese Fondo como lo mandaba la Ley de 1958? En caso de que usted señale que sí se creó, por favor remitir un estado detallado de la situación actual del mismo. En caso de que responda que no se creó, por favor indicar: ¿Cuáles son las razones por las cuales no se creó? ¿Cuál ha sido el destino específico de los recursos captados?”

Como es de su conocimiento el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del magisterio en el cual se encuentran nuestros afiliados es atendido por con recursos del Ministerio de Hacienda en razón que nuestros aportes y los de nuestros patronos, que deberían dar sustento a nuestras pensiones, fueron gastados en otros fines por administraciones del siglo pasado.

Se amenaza con nuevos proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa, para reducir las pensiones, por lo que se le exige transparencia. La Asociación Jubilados en Acción se interesan en tener evidencia, para efectos de defensa de sus afiliados.

Se invita a los pensionados y las pensionadas del RTR, a afiliarse, si aún no lo ha hecho, para dar la lucha en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el desvío de fondos de parte del Ministerio de Hacienda. Para afiliaciones a AJA, contactar vía correo: ajacuotas@gmail.com o al teléfono 8963-3030.

Sala Constitucional obliga al Ministerio de Hacienda a responder a consulta sobre fondo de pensiones

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La Sala Constitucional dio lugar el viernes 11 de julio al recurso de amparo presentado por la Asociación de Jubilados en Acción (AJA) en contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. La resolución obliga a Nogui Acosta a dar una respuesta en un máximo de 10 días a una consulta realizada por el AJA acerca de un fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.

Como se explicó en el artículo de SURCOS publicado el mes pasado, titulado Jubilados del magisterio exigen respuestas al Ministerio de Hacienda por fondo de pensiones, la AJA presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional tras la negativa del ministro de Hacienda a responder un documento que planteaba tres consultas respecto a un fondo económico de pensiones conformado con las cuotas obreras, patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional, entre 1958 y 1991.

La consulta fue presentada ante el Ministerio de Hacienda con fecha 2 de abril del 2025 y no fue hasta la fecha del 25 de junio de 2025 que la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud. La respuesta del Ministerio de Hacienda mencionaba que, por medio de la Tesorería Nacional, se aplica las deducciones correspondientes a las planillas y este registro contable y presupuestario lo llevan la Dirección General de Contabilidad Nacional y la Dirección General de Presupuesto Nacional, sin embargo, por la antigüedad del caso la estimación solo se podría hacer individual.

Tras revisar con detenimiento la respuesta dada a la AJA, la Sala Constitucional dictaminó que la consulta no fue atendida en los términos solicitados por el recurrente y que esta respuesta no resuelve de manera puntual la solicitud planteada y, en consecuencia, declaró el recurso como válido. Puede leer la sentencia completa en la imagen adjunta a este artículo.

De acuerdo con la resolución, se obliga a Nogui Acosta a dar respuesta en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación del pronunciamiento. De lo contrario, se expone a penas de tres meses a dos años de prisión, o de veinte a sesenta días de multa según lo que indica el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Foro de diálogo nacional abordará pensiones y proyecto de jornadas 4×3 este miércoles

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El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizará una sesión este miércoles 2 de julio a las 2:00 de la tarde en las oficinas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, sede San Pedro, para dialogar sobre el sistema de pensiones y el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo informó que la actividad contará con la participación de dos invitados especiales: el máster en ciencias Luis Pablo Zúñiga Morales, experto en derecho laboral y educación, y el licenciado Juan Antonio Vargas Guillén, representante de las personas trabajadoras ante CONASSIF.

La organización solicita confirmar asistencia mediante respuesta al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com o al número telefónico 86989553.

El foro forma parte de las iniciativas de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para generar espacios de discusión sobre temas laborales y de seguridad social que afectan a la población trabajadora del país.

La sesión se enfocará específicamente en analizar el estado actual del sistema de pensiones nacional y las implicaciones del proyecto de ley que propone la implementación de jornadas laborales de cuatro días por tres de descanso, una propuesta que ha generado debate en diferentes sectores de la sociedad costarricense.

Jubilados del magisterio exigen respuestas al Ministerio de Hacienda por fondo de pensiones

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.

El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.

El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.

Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.

Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.

En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.

Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

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SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Poner a los pobres en la agenda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

UNED y ACOJUPEMA organizan conversatorio sobre fondos de pensiones como propiedad privada

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La Universidad Estatal a Distancia (UNED) en conjunto con la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) realizarán un importante conversatorio bajo el tema «Los fondos de pensiones son propiedad privada».

El evento, que abordará temas cruciales sobre el sistema de pensiones en Costa Rica, se llevará a cabo el próximo viernes 28 de marzo a las 4:00 p.m. en la Sala Magna del Paraninfo de la UNED.

Expertos analizarán la situación actual de las pensiones

El conversatorio contará con la participación de cuatro reconocidos especialistas que expondrán sobre diferentes aspectos relacionados con los fondos de pensiones:

  • Juan Antonio Vargas Guillén, abogado de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, abordará los riesgos de los fondos generacionales del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
  • Francisco Esquivel Villegas, economista, ex viceministro de Hacienda y jubilado del Magisterio Nacional, analizará el Proyecto de Ley 24.786, la Ley 9796 y la situación actual del Régimen de Transición al Retiro (RTR).
  • Walter Coto Molina, abogado, politólogo y expresidente de la Asamblea Legislativa, presentará el «Proyecto Pensión Consumo», una alternativa para personas que no han podido cotizar para una pensión.
  • El Ing. Gerardo Romero Enríquez, representante de ACOJUPEMA, expondrá sobre la crítica situación del IVM y los riesgos de las inversiones en el extranjero.

La moderación del evento estará a cargo de la Licda. Marjorie Hernández, presidenta de ACOJUPEMA.

Transmisión en vivo disponible

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el conversatorio será transmitido en vivo a través de la página de Facebook @OndaUNED, lo que permitirá una mayor participación del público interesado en estos temas de vital importancia para el futuro de las pensiones en Costa Rica.

Este espacio de diálogo se presenta en un momento crucial, cuando diversos sectores debaten sobre reformas al sistema de pensiones y tras el reciente anuncio de la prórroga de un año para la implementación de los Fondos Generacionales, según informó la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

El saqueo de las pensiones que nadie quiere hablar

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Por Marco Leandro

  • 61 años de promesas rotas: Los abogados de Costa Rica exigen su dinero perdido.

  • El Timbre que nunca llegó: El escándalo que podría dejar sin pensión a miles de abogados»

  • ¿Incompetencia o corrupción? El Misterio del Fondo de Pensiones que nunca se implementó»


Mañana viernes abogados litigantes de todo el país se presentarán a los Tribunales de Justicia para pedir audiencia a un Juez Penal para evitar que la Fiscalía archive la demanda que tiene más de 10 años bailando de oficina en oficina, con la que piden se cumpla la ley y se les asegure su derecho a pensionarse.

Los abogados, todos ya en edad de pensionarse o ya pasados de años solicitarán al juez penal que rechace tajantemente la solicitud de Katia Azofeifa (otra abogada, solo que con la camiseta de fiscala) de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de desestimar la demanda con la cual pretenden que se cumpla la Ley 3245 art 3 del 31 de diciembre de 1963, la que fue refrendada por una sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo, que condenó al Colegio de Abogados y Abogadas.

Ante el desacato de la sentencia del Contencioso, los abogados presentaron una denuncia, querella y acción civil por los delitos de desacato a la autoridad, presunción de malversación de fondos, ya que desde 1963 han pasado por las manos del Colegio de Abogados y Abogadas más de 60.000 millones de colones que nunca fueron ocupados para crear el fondo de pensiones.

Después de un baile por diferentes Fiscalías, Adjunta de Probidad y Fraudes y Cibercrimen está última desestimó la denuncia.

La Fiscalía desestima y avala que transgredan la Ley y una sentencia firme. Si esto es una orden de la Fiscalía General sería parte de la corrupción que tanto se ha hablado en los últimos años, mientras la casta del Poder Judicial se receta pensiones millonarias, a los litigantes nos niegan nuestro derecho consagrado por Ley de la República. “Creíamos que solo en tiempos de Dall Annesse se podía conspirar tanta corrupción”, dijo Francis Tejada, uno de los organizadores.

Historia completa:¿Incompetencia y corrupción? 

En 1963, la ley número 3245 creó el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas con un propósito claro: formar un fondo de pensiones y jubilaciones para los profesionales del derecho. Sin embargo, 61 años después, ese fondo sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que los abogados han aportado millones de colones a través de los timbres, el dinero parece haber desaparecido. La Alianza de Abogados CR está levantando la voz para exigir respuestas y justicia.

61 años después, ese fondo no existe. Según los estados financieros auditados entre 2010 y 2023, el Colegio de Abogados ha recaudado aproximadamente 27,987 millones de colones en ingresos brutos provenientes de estos timbres. Pero, ¿dónde está ese dinero?

Una sentencia que nadie escuchó

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió una sentencia (número 426) en la que ordenó al Colegio de Abogados y Abogadas crear un reglamento para iniciar el fondo de pensiones. Sin embargo, esta orden no fue cumplida. A pesar de la sentencia, el Colegio de Abogados y Abogadas no ha tomado las medidas necesarias para implementar el fondo, dejando a miles de abogados en la incertidumbre sobre su futuro financiero.

La acción de inconstitucionalidad: ¿Un Intentó de Evadir Responsabilidades?

En 2023, el Colegio de Abogados y Abogadas interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que creó el timbre. Según la Alianza de Abogados CR, esta acción tiene como objetivo dejar sin pensión a los abogados, en lugar de resolver el problema de fondo. Esta medida ha generado indignación entre los profesionales del derecho, quienes exigen transparencia y responsabilidad por parte de las juntas directivas que han manejado el Colegio durante décadas.

¿dónde está el Dinero?

La pregunta que todos se hacen es: ¿Dónde están los 27,987 millones de colones recaudados? La Alianza de Abogados CR está pidiendo una auditoría exhaustiva para rastrear el dinero y asegurarse de que se utilice para el propósito original: crear un fondo de pensiones y jubilaciones para los abogados. Hasta ahora, no ha habido respuestas claras por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, lo que ha generado sospechas de mal manejo de fondos.

Llamado a la acción

La Alianza de Abogados CR está invitando a todos los profesionales del derecho a unirse a esta lucha. «No permitamos este saqueo a nuestro gremio», es el llamado que hacen a través de su correo electrónico (alianzaabogadoscr@gmail.com) y su número de WhatsApp (83840220). La organización está dispuesta a llevar este caso hasta las últimas consecuencias para asegurar que los abogados reciban lo que por ley les corresponde.

Conclusión: Un escándalo que no puede quedar impune

“El caso del fondo de pensiones de los abogados es un escándalo que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Con 61 años de promesas incumplidas y millones de colones desaparecidos, es hora de que los abogados de Costa Rica exijan respuestas claras y acciones concretas. La Alianza de Abogados CR está liderando esta lucha, pero necesita el apoyo de todos los profesionales del derecho para asegurar que este caso no quede impune”, explicò Didier Carranza, uno de los lideres del movimiento.

La Costa Rica que dejan

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Un buen ciudadano debe irse planteando ya cuál será la Costa Rica que dejará el gobierno de Rodrigo Chaves que está a un año y dos meses de finalizar su periodo constitucional, porque de esos resultados estará condicionado el futuro del país.

Los indicadores objetivos señalan que:

En educación tenemos la menor inversión de los últimos años, con lo cual nuestra nueva generación, los niños y niñas, muchachos y muchachas tendrán un rezago educativo y con ello incapacidad para incorporarse al desarrollo humano. También se puede hablar de los centenares de colegios y escuelas que están con orden sanitaria de cierre, de los programas educativos cerrados que mutilan a los estudiantes de la educación afectiva e igualitaria.

La inversión social es la más baja de los últimos 14 años, lo cual ha significativo recortes en las becas Avancemos, comedores escolares, transporte o vivienda barata para los trabajadores, sea un retroceso en cuanto al derecho a la igualdad y el acceso a mejores condiciones de vida.

La Caja del Seguro Social vive en un caos por la negligencia, la impericia y la mala fe de las máximas autoridades que ha nombrado este Gobierno. Las filas de espera crecen y crecen, la inversión en infraestructura está detenida por razones inexplicables y la atención sanitaria por falta de especialistas se deteriora cada vez más.

Los regímenes de pensiones están al borde del colapso porque la cuota patronal no se paga, aunque la ley lo exija, pero al ministro de Hacienda esto poco le importa.

La inversión en infraestructura, carreteras, puentes, Ebais, puertos, etc., es la menor de los últimos años. No se sabe de ningún proyecto nuevo que el gobierno de Chaves esté dejando planteado o en proyecto, teniendo en cuenta que, en el país, la finalización de las obras lleva entre 8,10 o más años, estamos condenando al país a que por lo menos en una década no tengamos un solo hospital nuevo, un puerto, un aeropuerto, puentes, o nuevas carreteras que descongestionen el colapso vial que vivimos. La improvisación y la miopía del gobierno de Chaves costará 10 o más años para recuperarse.

La inseguridad es un problema que el gobierno de Chaves no puede controlar. Ha mostrado su total incapacidad y lo único que acierta a decir es que la responsabilidad es de otros. Mientras tanto el narcotráfico se apodera de barrios y lugares e infiltra a las policías e instituciones del Estado. Antes Chaves se volvía permisivo ante los homicidios porque según él, “se matan entre ellos”, pero actualmente caen inocentes y hasta jefes del OIJ, sin que el presidente reaccione; más aún, el ministro de Hacienda no gira recursos para combatir la delincuencia con la benevolencia de Chaves.

Si no se combaten las causas de la delincuencia, porque se disminuye la inversión social, y tampoco se previene el crimen o se reprime porque tampoco se gira presupuesto a las policías, la conclusión es que estamos haciendo un favor a la delincuencia organizada.

El costo de la vida sigue subiendo sin que se apliquen medidas para detenerlo, el precio de las medicinas es prohibitivo y así las condiciones de vida del pueblo se van deteriorando.

La lista se haría muy larga e impropia de este espacio. El abandono del ambiente, la gentrificación, la vivienda, el empleo, la destrucción del ICE, los grandes negociados corruptos, el crecimiento de la deuda pública externa de manera irracional que empeña nuestra soberanía, la destrucción de la producción arrocera en beneficio de los importadores, y tantas cosas más en muchos otros campos.

Pero de lo más relevante que se le puede achacar a este Gobierno es que ha dinamitado todas las relaciones entre los poderes del Estado, que los ha puesto a pelear, que se ha burlado de la división de poderes y de los mecanismos de control de los dineros públicos. Además, de haber fanatizado, vuelto intransigentes, dogmáticos, intolerantes e incondicionales a una parte muy importante de la sociedad. Restaurar las relaciones respetuosas, positivas, francas y de buena fe, va a llevar su tiempo.

Son 4 años perdidos, con mucho escándalo, pero sin logros. No se puede gobernar a gritos e insultos para ocultar una falta de un programa estratégico y positivo del país.

Para desgracia nacional al final de esta Administración quedará una Costa Rica en escombros. Llevará su tiempo la reconstrucción.