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Etiqueta: pensiones

Algunas reflexiones sobre el momento que vivimos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los problemas más urgentes a atender nacionalmente, en la situación que tiene el país, presionada por la Pandemia del Coronavirus, a mi modo de ver son: el primero, el empleo o el trabajo, el segundo, el ingreso económico de las personas, el tercero, el funcionamiento del aparato productivo, económico y comercial nacional, el cuarto, el hambre al que se someten las familias que sufren pobreza extrema, pobreza en general, ambos rubros creciendo, junto con los desempleados, y los subempleados, los que han perdido su capacidad salarial y de ingresos, los que han reducido sus jornadas y con ello también el pago parcial de su salarios o ingresos, que pasan formalmente a ser parte de la pobreza general del país, el quinto, las condiciones materiales de vida y de trabajo de una inmensa población nacional, sexto, el fortalecimiento de las instituciones públicas estratégicas, como la CCSS y el Ministerio de Salud, el ICE, AyA, las Universidades públicas y la Educación en general, y las que tienen que ver con el asistencialismo social en general, y sétimo, congelar, mientras dure la situación de la pandemia, los precios o tarifas de los servicios públicos, como agua, electricidad, impuestos municipales, todos los precios de los productos de la canasta básica, todos los alquileres nacionales, sin que se puedan aplicar alzas por anualidad, considerar la posibilidad de reducir alquileres en la proporción en que han sido reducidos los ingresos salariales y de pensiones de los trabajadores durante este período de pandemia, congelar las tasas de interés bancario de los préstamos, de las diferentes carteras crediticias, y de las de los comercios en general, de manera que durante el período que dure la pandemia no se paguen intereses de ningún tipo a favor de las instituciones acreedoras, y en cualquier caso se rebajen, en su pago, en la misma proporción que se rebajan los ingresos, salarios o pensiones, de quienes los reciben y están obligados a pagarlos, ejercer mayor control con los precios de las medicinas y congelarlos a la baja, de manera que con ellos no se especule competitivamente, ni oligopólicamente.

Los asalariados como los pensionados, en general, tienen altamente comprometidos sus salarios y pensiones, no solo por lo que tienen que disponer para su comida, sino por los endeudamientos que tienen que cubrir, resultado de sus modestos modos de vida, en general, y por la sociedad de consumo que les conduce a tener inversiones en esos modos de vida impuestos por la sociedad del consumo. Ningún salario ni pensión se disfruta al 100% de lo que se nominalmente se establece. En la práctica son salarios y pensiones reales hechas las deducciones de ley, y cancelados los rubros que con ellos se cubre fundamentalmente, préstamos, cuotas de afiliación de asociaciones y otros.

En el caso de los pensionados en general, pasa igual con los educadores que están en el régimen de la CCSS, en que su ingreso de pensión se reduce hasta en un 40% de lo que recibían como salarios. No es el caso de los de sistemas que mantienen condiciones favorables a los pensionados, por las leyes que los protegen, al pensionarse, que es una parte pequeña de los pensionados, que aunque se les rebaja más del 40% mantienen altos ingresos, ahora afectados más, hasta un 75% de sus montos.

Si a ellos, los pensionados en general, como a los asalariados se les castiga con rebajas mayores a sus salarios y pensiones, se les deteriora su nivel de vida y se les perjudica en sus compromisos económicos adquiridos, así como se les empobrece su situación real de vida.

En este campo de rebaja de salarios, ahora hasta un 15% en aquellos salarios superiores a 1.500.000 colones, y en el régimen de pensiones hasta un 75% de los altas pensiones, se acusa perversamente y públicamente que estos sistemas, de salarios y de pensiones, son los culpables de la mala situación económica del país, lo que no es cierto, y con ello se hace ver a los altos asalariados y altos pensionados como delincuentes públicos, sin valorar su vida de trabajo y los méritos de sus altos salarios, y la repercusión que esos altos salarios tienen a las pensiones que reciben.

Las pensiones altas están en relación con los salarios altos. Cuando se trata de poner como el modelo de la pensión alta, la más alta de la CCSS, hay que entender también que, en la escala de salarios del sector público cubierto por la CCSS, a los efectos de pensiones, esas pensiones, las del techo de la CCSS, son las pensiones de lujo, para llamarlas de esa manera también, las pensiones de la CCSS, que no todos los trabajadores pueden llegar a tener. Así de simple. Por eso es que se impulsan, del mismo modo, políticas a establecer techos de salarios, con tendencia a la baja.

Si se trata de salarios los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por un salario cada vez más alto, más digno, más decoroso. Si se trata de jornadas de trabajo los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por jornadas más bajas sin rebajar los salarios, como ya se hace en muchos países de mundo y de Europa. Si se trata de pensiones, también los trabajadores tienen derecho a pelear por mejores pensiones. En todas partes del mundo, en Latinoamérica y en Europa se han producido recientemente movimientos en estos sentidos.

Si aceptamos que esos salarios y pensiones deben sufrir esos tijeretazos, machetazos y guillotinazos, también debemos aceptar que en la misma proporción los capitales nacionales, las altas riquezas nacionales deberían ser igualmente gravadas, desde un 15% hasta un 75 % según corresponda para atender la situación de crisis nacional que vivimos.

Aquí se está tasando, gravando solo a los trabajadores. A los sectores de mayor riqueza nacional no se les está tocando. Los presidentes Alfredo González Flores y José Figueres Ferrer, en su tiempo, con valor, impusieron cargas tributarias y porcentajes al capital para atender las crisis de la primera guerra mundial, y sus efectos en el país, y las consecuencias de la crisis de la guerra civil del 1948. El 10% al capital impuso Figueres y Alfredo González una Reforma Tributaria, bajo el lema de que “el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

¿Por qué el Gobierno de Carlos Alvarado, valientemente, como ha hecho y agredido a los asalariados y pensionados del país, no ha hecho lo mismo con los sectores más ricos del país, los que más pueden aportar solidariamente en esta crisis? En el primer caso ha actuado como tigre suelto contra burros amarrados, y, en el segundo caso son los tigres sueltos los que tienen acorralado al burro, que no está amarrado, pero sí amenazado, hasta de no aceptar las disposiciones que se han lanzado para tratar de frenar la pandemia. ¿O le habrán amenazado recordándole el 27 de enero del 1917? Entre esos grupos y tigres sueltos hay también tigres sediciosos. Ya han externado sus posturas sediciosas y algunos se acantonan en organizaciones sociales con altoparlantes.

El problema del trabajo es esencial, es vital, es de vida o muerte. Sin el trabajo no se genera producción de ningún tipo, pero tampoco se genera ingreso económico para quienes pierden sus trabajos, por despidos forzados, por reducción de jornadas, por suspensión de jornadas, por modificación de jornadas, por establecer solapadamente la jornada 4-3. Los trabajadores en teletrabajo no tienen ningún estímulo adicional, en sus equipos de trabajo, los gastos adicionales que ocasionan en sus hogares con su trabajo empresarial, los apoyos tecnológicos que se les deben suministras, como instrumentos de trabajo, por parte de los patronos, como computadoras, por ejemplo.

En materia de trabajo se ha puesto en evidencia, lo que ya se sabía, pero que se hizo muy visible, aunque rápidamente le han puesto un manto protector, el trabajo de los inmigrantes en ciertas regiones y áreas de trabajo del país, de sus condiciones infrahumanas de trabajo, de sus pésimas condiciones de vida y de seguridad laboral, de malos salarios, de salarios menores o más bajos que el mínimo establecido, las condiciones de vida en chinchorros, covachas y edificaciones más que tugurientas de hacinados trabajadores en trabajos agrícolas donde los tienen concentrados. Esto condujo a paralizar casi 50 empresas por un breve tiempo, solo por el tiempo de “control” de los enfermos del COVID que trabajaban en ellas, porque sus condiciones de vida y de trabajo continúan prácticamente igual. Más evidente quedó con ello la corrupción institucional de los Inspectores de la CCSS y del Ministerio de Trabajo, que se han hecho de la vista gorda por años y años, ante esas situaciones, y pareciera que siguen igualmente campantes en sus escritorios…

En Costa Rica no tenemos seguros de desempleos como existen en algunos pocos países, para garantizar por un breve tiempo, a estos desempleados, mientras se encuentran buscando trabajo, algún ingreso mínimo de subsistencia.

La inmensa masa de costarricenses, mayores de 15 años, representa, en términos generales, casi un 75% de la población del país, alrededor de 4.000.000 personas, la de trabajadores es de 2.400.000 personas, un poco menos que el año pasado, junto con poco más de un millón de niños y jóvenes que asisten al proceso educativo, con poco más de 3 millones de votantes, mayores de 18 años, con un 40% menores de 40 años y con casi un 30% de personas de la tercera edad. De toda esta población casi 400.000 son desempleados.

De esta masa trabajadora las mujeres son una tercera parte, casi 700.000 mujeres. De estas mujeres trabajadoras poco más de la mitad, más de 300.000, son cabezas de familia, es decir mujeres que por su trabajo se convierten en el principal ingreso de sus hogares independientemente de si tienen esposo o compañero.

El desempleo nacional hace un año superaba los 200.000 trabajadores, que se sostenían, en la realidad, con el trabajo de sus mujeres, sus abuelas, sus madres, sus esposas o compañeras, sus hijas, o todas ellas juntas en los hogares. Por ello quizá no hay o no ha habido más luchas sociales intensas, de calle, en el país.

Hoy, por el impacto de la pandemia, y las medidas que se han tomado respecto al empleo, de expulsión o cesantía de trabajadores de los trabajos, de subempleo, de rebajo de jornadas, y con ello de reducción de ingresos y salarios, el desempleo se acerca a los 400.000 trabajadores con grave tendencia al alza, más de 100.00 que hace un año, superando el número de mujeres cabeza de familias, con lo cual la amenaza fundamental es que familias completas queden desempleadas. Las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo en este momento.

El 40% de los costarricenses, mayores de 15 años, se encuentra literalmente fuera de la la fuerza de trabajo, y dentro de esta fuerza las mujeres representan el 51%. A su vez las personas subempleadas, que trabajan menos de 40 horas, pero que pueden y quieren trabajarlas, hoy representan un 15%, un 6% más que el año pasado, y las mujeres en este conjunto son casi el 17%.

Durante la crisis mundial de 1928-1934, en su impacto en Costa Rica, el desempleo alcanzó casi el 13%, cuando las mujeres no jugaban un papel tan estratégico en la producción, como actualmente lo es. El 13% de desempleados en esos años significó el 13% de familias desempleadas. Eso condujo al surgimiento de Sindicatos de Desempleados y de luchas sociales, en las calles, por parte de los desempleados movilizados casi permanentemente, cotidianamente. Resultado de esas luchas en una manifestación, en mayo de 1933, en un enfrentamiento con la policía, un policía resultó muerto. Los trabajadores, en su inmensa mayoría campesinos, desfilaban con machetes, palas y cuchillos.

Hoy la legislación no permite hacer Sindicatos de Desempleados, pero no impediría hacer Asociaciones de Desempleados, con apoyo sindical, con similares objetivos de lucha.

Los sindicatos y la afiliación sindical en el país hoy son débiles. Las equivocadas luchas del 2018 les debilitaron. La reacción contra ellas por la legislación aprobada en el 2019 igualmente les redujo sus márgenes de actuación y de lucha. La Pandemia en muchos sentidos los debilita más. Provoca temor ante la masa trabajadora de perjudicarse en su trabajo, cuando éste escasea, si se sindicaliza. Ante situaciones difíciles de condiciones de vida y de trabajo, de limitaciones y rebajas salariales y de ingresos, los trabajadores primero tratarán de encontrar la seguridad de su estabilidad laboral y de sus salarios o ingresos y seguidamente buscarán las formas de lucha adecuadas a sus necesidades, desde el ludismo primitivo que puede expresarse en cualquier momento hasta las organizativas. Preferiblemente, siempre, serán mejor, las organizativas, las que pueden terminar en mesas de negociaciones y en pactos políticos entre los distintos sectores laborales.

Allá por 1910 Omar Dengo discutiendo con un diputado destacaba que el elemento más importante de la producción son los trabajadores, son los hacedores de la riqueza. Con un ejemplo sencillo ilustraba. Le decía al diputado, imagínese que un buen patrón se lleva a todos sus trabajadores en un viaje de paseo por mar. Tienen una situación de naufragio que los obliga a terminar viviendo en una isla solo ellos. Todos se salvaron. El patrono les recuerda a los trabajadores que él era el patrono y los iba a organizar para que en la isla todos volvieran a trabajar. Así empezaron. Al tiempo se murió un trabajador, y el proceso productivo continuó, luego otro trabajador y así sucesivamente, hasta que un día se murió el único patrón que había en la isla, y el proceso productivo continuó. La moraleja que deducía Omar Dengo es que si se morían todos los trabajadores la producción se detenía o se paraba, no se generaba riqueza, pero si se moría el patrón la producción continuaba porque seguían los trabajadores laborando y generando riqueza. De otra manera decía Omar Dengo que los patronos no eran tan necesarios al proceso productivo como si lo eran los trabajadores, y que sin patronos la economía y la sociedad podían funcionar.

Omar Dengo era uno de los líderes culturales y sociales que impulsó la creación de la primera Confederación General de Trabajadores en 1913 y que impulsó la celebración de los desfiles del Primero de Mayo, desde ese año.

Todo esto se mezcla con los índices de pobreza y de pobreza extrema. Históricamente la pobreza y la pobreza extrema han existido desde hace bastante tiempo. De esta manera la pobreza y la pobreza extrema no es la misma. Hay “movilidad” social hacia arriba y hacia abajo en esto conceptos, es decir hay gente que sale de esas categorías y hay gente nueva que entra a ellas. Hoy estamos ante una situación de ver quienes “entran”, más que considerar quienes salen, y sobre todo de evitar que esa caída sea acelerada.

Desde finales del siglo XIX se hablaba de pobreza y se asociaba visualmente a tres “grandes males sociales”, los “chinchorros”, la mala vivienda, las drogas, como la marihuana y el alcoholismo, y las enfermedades venéreas.

En los programas políticos electorales de los partidos políticos, en las campañas electorales, no se agitaban problemas relacionados con la pobreza ni con la pobreza extrema. Todavía hoy estos temas, pobreza en general y pobreza extrema, no son de atención especial en los programas políticos que presentan los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de elecciones, en cada campaña, que tienen obligación de presentar un Programa Político o un eventual Programa de Gobierno.

Al no tener estos temas como Planes de Gobierno a resolver, no son prioridades políticas de los gobiernos, ni obligaciones a resolver por quienes les toca desempeñarse como los gobernantes. Pero tampoco lo son, porque la pobreza y la extrema pobreza, que no es la misma históricamente, es en la realidad un gran negocio económico, de quienes pululan con sus entramados negocios para atenderla alrededor de los distintos gobiernos y partidos gobernantes. Así por ejemplo, el tema de vivienda social no responde a políticas públicas de gobierno, sino que responde a los proyectos que desarrolladores privados ofrecen a las instituciones con capacidad de decidir sobre ellos, al Ministerio de Vivienda como al Banco que los financia. Y muchos de estos proyectos son verdaderas estafas al Estado y a la Sociedad, y resultan un fiasco, en la realidad, para las familias beneficiadas, por los malos terrenos y las malas calidades de construcción donde se terminan haciendo estas soluciones de vivienda.

En el gobierno de Abel Pacheco, el Ministro de Vivienda, Helio Fallas, me parece, hizo la mejor propuesta para resolver los problemas de vivienda social en el país distinguiendo tres tipos de vivienda, para tres tipos de zonas en el territorio nacional, señalando además que debían tener dos y tres cuartos para tratar de resolver los problemas de hacinamiento en sus efectos de violaciones, incestos y malas relaciones familiares surgidas de esas condiciones de vida. Fueron proyectos que debieron asumirse, desde esos años, como políticas de Estado a largo plazo. Si esto se hubiera empezado a resolver de esa manera desde esos años, hoy tendríamos un mejor frente de batalla contra la pandemia, sin lugar a dudas. Pero, probablemente se impuso el alacranerío de los vividores de la construcción de viviendas sociales que viven a expensas del Estado, de sus fondos económicos, del sometimiento de las juntas directivas institucionales ante esos desarrolladores y sus agentes asesores, y de los malos controles institucionales sobre esos proyectos, que generan grandes ganancias, como las que se destinan proporcionalmente a las obras de infraestructura en general…acordémonos de la Trocha…o de las carreteras que en sus contratos y licitaciones se permite “arreglarlas” al año de entregadas nuevas, porque el negocio no es hacer carreteras perdurables sino hacer arreglos periódicos de mantenimiento. Pareciera que, hasta ahora, con Rodolfo Méndez Mata, se ha puesto un freno a este tipo de acciones. Sin embargo, siempre veremos cuanto durarán las nuevas obras para empezar a ser arregladas.

Sin embargo, por el impacto de la pandemia, por el crecimiento de desempleados, de subempleados, de mujeres desempleadas, con tasas que llegan al 30% de pobreza en general, por el deterioro de la clase media, especialmente de la clase media baja, y de la clase media media, estos temas si van a ser temas de la campaña electoral del 2022.

Los índices históricos de la pobreza han oscilado entre el 17 y el 22 % y los de la pobreza extrema entre el 4 y 7%. Hoy de manera alarmante se acercan al 30% y al 11%. Esto es explosivo.

Para muchos empresarios, especialmente los grandes, la crisis que vive el país solo les repercute en una reducción de sus ganancias, lo que no los empobrece, no es su ruina, dejan de ganar más, pero siguen ganando, siguen siendo los mismos ricos.

Los empresarios afectados son los micro, los pequeños, y los medianos, que están ubicados en el sector de servicios, alimentación “callejera”, en el encadenamiento de ciertos tipos de actividades económicas… Los agricultores de alimentos básicos se han mantenido produciendo. Gracias a ellos no hay más agudeza en la crisis de la Pandemia. A estos es a quienes urgentemente hay que ayudarlos. Son la base de la inmensa contratación laboral nacional. Son parte de la llamada clase media.

Si se salva la clase media en esta crisis se salva el país. Este es el colchón principal, hacia arriba y hacia abajo en todas sus repercusiones.

Las políticas que vienen ejecutándose contra las clases medias profesionales, laborales en general y productivas en particular, solo están preparando el país para grandes confrontaciones sociales y políticas. Las sociales probablemente se resolverán más en las calles con repercusión al escenario político electoral, las políticas se expresarán con las caídas de los partidos políticos, que principalmente han ejercido el Gobierno de la República, y han dominado la Asamblea Legislativa, abriendo el cauce a las corrientes populistas desde la izquierda hasta la derecha, con un amplio espectro.

En la calle, asociadas al hambre, y no al simple vandalismo, se podrán realizar asaltos de carros o de transportes distribuidores de alimentos. En estos días la prensa ha informado de esos asaltos, muy esporádicos, más como simples robos. Pero podrían darse asaltos organizados políticamente para distribuir esos alimentos en las poblaciones pobres, donde pasan esos vehículos. Así se desarrollaron los Tupamaros en Uruguay, gozando de mucha simpatía política.

En Costa Rica todavía no han surgido organizaciones de este tipo, pero bien podrían aparecer. No es un problema de la vieja literatura de la izquierda latinoamericana. Puede ser de la nueva literatura y de discursos de movimientos populistas, del siglo XXI, en su práctica antisistema, anti políticas, antipolíticos, anti partidos políticos. ¡Cuidado!

La reducción brutal de salarios, de pensiones y de ingresos de los distintos grupos sociales, inevitablemente conducirá a la reducción de estilos de vida, de condiciones y calidades de vida, de capacidad de consumo, de “empobrecimientos” de quienes ven reducidos sus salarios, sus pensiones o sus ingresos, principalmente de los asalariados en general, pero especialmente de las clases medias, que han sido el colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales en el país. Esta es la bomba social. Esa reducción conduce literalmente al hambre, y el hambre a la desesperación sin control.

Conozco situaciones por las cuales elementos hoy de las clases medias, que tienen a sus hijos en colegios privados, de un pago mensual no muy alto, ya consideran no inscribir a sus niños en esos centros escolares en próximo año, porque ya se les redujeron sus ingresos. Para ellos es literalmente una bajada de piso, pero es también una presión muy alta sobre los centros educativos públicos que tienen que recibirlos, y sobre los privados que pierden esos ingresos. De los que asisten a las escuelas y colegios públicos probablemente habrá una fuga y una deserción del ciclo escolar inevitable.

Una parte de la clase media media, la clase media alta, y los ricos, probablemente mantendrán a sus niños en las escuelas y colegios públicos, concierto sacrificio aún soportable o con cierta holgura. Solo dos colegios privados del país tienen más de 3000 estudiantes, a más de $1.500 dólares mensuales. Estos probablemente no sufran nada en su matrícula, pero otros sí.

La pandemia ha puesto en evidencia la crisis de los centros educativos, principalmente públicos, por sus instalaciones, por su falta de instrumentación técnica, por la carencia de apoyos tecnológicos, computadoras, ipads y otros, no necesariamente teléfonos inteligentes, en sus estudiantes, pero también en sus profesores, así como en la capacitación para poder enfrentar situaciones como las que se están viviendo de educación “virtual”.

Los teléfonos inteligentes son más de uso para redes y afines, que para estudio. Aun así, en su conjunto, solo el 40% del estudiantado tiene algún instrumento de este tipo, y las condiciones del país no facilitan las fibras ópticas ni las bandas anchas para que todo el proceso educativo nacional pueda tener acceso, y ojalá libre acceso, para poderse comunicar y realizar de mejor forma el proceso educativo. La teleeducación como el Teletrabajo, igual que el coronavirus, llegó para quedarse en muchos aspectos. La brecha en el campo educativo, ¿cómo la vamos a enfrentar y a resolver? ¿Qué solo los ricos y las clases medias puedan educar a sus hijos con perspectivas reales futuras?

La situación acumulada que vive el país de excesos que se cuestionan es responsabilidad de todos los actores políticos, en los distintos momentos históricos que se han tomado.

Si el Estado y la organización estatal e institucional requiere una ingeniería, independientemente de si se piensa en un Estado más pequeño, igual al actual o más grande, hay que hacerla, pero como resultado de un gran pacto nacional. Nadie puede quedar excluido de esta decisión si queremos perfilar la Costa Rica de los próximos 30 o más años.

El país no está para más tensiones de las que la Pandemia produce. Requiere sensatez, madurez y capacidad de negociación de los principales actores y conductores políticos, de los partidos políticos, de las asociaciones de trabajadores, de los distintos sectores sociales, y del Gobierno. Se requiere urgentemente un Gran Pacto Nacional, una voluntad nacional capaz de tomar acuerdos nacionales, de perspectiva histórica de largo plazo, de carácter estratégico. En el pasado se tomaron esos acuerdos, ¿por qué no ahora intentarlo? En un acuerdo en que necesariamente todos los actores deberán contribuir y ceder en lo que cada quien deba hacerlo. Si de sacrificios se trata se deben compartir solidaria y proporcionalmente a la capacidad de cada grupo y actor político nacional. ¿Hay líderes para enfrentar esta situación? El país los tiene.

Solo así podemos salir adelante si realmente queremos salir bien. Solo así se pueden tomar las decisiones políticas para que no se produzca un desempleo y un hambre explosiva socialmente.

Solo así se puede llegar a verdaderos acuerdos que permitan tomar las medidas del caso desde el punto de vista de recursos públicos para evitar que nos vayamos al foso.

Se requiere una actitud muy patriótica para poder enfrentar los retos y desafíos que este momento nos impone.

Si de sacrificios se trata, que todos los sectores se sacrifiquen proporcionalmente a sus posibilidades. Que no se cargue todo únicamente sobre el lomo de los trabajadores, de los asalariados y de los pensionados.

Que no se destruya más la clase media. Salvando la clase media, en todas sus expresiones, se salva el país como un todo.

En los laberintos del robo y la mentira más descarada

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Rogelio Cedeño Castro, catedrático UNA

Mienten descaradamente los medios de la maquinaria mediática totalitaria de este país, y tratan de cubrir de infamia a los profesores universitarios de este país, especialmente el diario La Nación y su redactora Dorelia Cerdas E, tal y como nos lo demuestran en el día de ayer, viernes 17 de julio de 2020, en los contenidos su página 11 (curiosamente referida a Sucesos y Judiciales), cuando titulan REFORMA DE LEY BAJA PENSIÓN DE EXRECTOR EN 3 MILLONES DE COLONES, con un curioso pretítulo donde afirman lo siguiente: “Monto de pensión bajó 5,8 millones a 2,6 millones”, cuando en realidad debían haber dicho que le “robaron” o saquearon más de mitad la pensión, para la que cotizó una vida entera el señor Henning Jensen. Ni una palabra de que pagará (ya paga) casi un millón de colones de impuesto sobre la renta mientras la ICE and Farm y La Nación no pagan nada por ese concepto, trescientos mil colones al régimen de enfermedad y maternidad de la Caja del Seguro Social a diferencia de la gran mayoría de los pensionados, medio millón de colones para cotizar a un régimen de reparto que ya no existe (artículo 70 de la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional), puesto que lo saquearon los gobiernos entre 1958 y 1995, más de un millón de colones de “contribución” aumentada por artículo 71 de la ley 7531, cuyo destino será el agujero negro de la caja única del estado y otros montos desmesurados, todo eso si el señor exrector no tiene deudas, y otros compromisos familiares, como sucede a muchos pensionados universitarios que todavía nos dimos el “lujo” de jubilarnos. La pensión del señor Jensen, al igual que la de muchos de nosotros no fue rebajada, sencillamente fue escamoteada, con toda la saña e hipocresía del caso, mientras un coro de insultos de cobardes e ignorantes lo insultan (nos insultan) todos los días.

Al día siguiente, sábado 18 de julio de 2020, en su página 4, el diario producido por los más fieles discípulos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler(1933-1945), al que algunos llaman con mucha razón “La nazi-on”, en un texto de su redactora Silvia Artavia, habla de una contribución solidaria, a título de aporte “en solidaridad con los demás habitantes”, cuando en realidad lo que hicieron fue castigar a un numeroso grupo de pensionados cuyos montos nominales de pensión están entre los 2 y los 3 millones de colones, con lo que: “Anteriormente, el aporte se aplicaba solo a las jubilaciones superiores a los 4 millones en el caso del magisterio y a partir de los 2.7 millones en la DNP. Con la nueva ley el cobro se impone a todas las pensiones mayores a los 2.296.000…La entrada en vigencia de la norma permitirá cobrar el aporte solidario a un total de 4.118 pensiones de lujo, 3198 adicionales a las 920 que ya eran gravadas anteriormente por ese concepto.” Con todo esto lo que sucede el estado se apropia de 12 mil millones de colones diz que para otorgarlo como subsidios que llaman “pensiones no contributivas” (ibid) que vienen siendo manejadas a partir de la CCSS por lo que miente de nuevo La nazi-on: esas no son pensiones como bien lo demostró el economista Francisco Esquivel. En resumen, la población adulta mayor pensionada seguirá subvencionando a partir de su disminuido peculio a los grandes evasores y elusores fiscales, entre ellos los propietarios del diario La Nación, con lo que sucede así que quienes cotizaron durante décadas sumas mucho más altas que las del IVM de la CCSS (hasta un 17% de su salario), pagarán una vez el saqueo al fisco con affaires como la trocha, la ruta 27, la carretera Kooper- Florencia en San Carlos y muchas otras estafas al fisco…una mentira y otra de principio a fin, tenemos que empezar a proclamar la verdad, aunque los corifeos del régimen y los desinformados se molesten. El neofascismo acecha y se prepara para cosas mucho peores aún, las que afectarán en lo más hondo a las grandes mayorías de la población.

Cuotas de pensión van a caja única del Estado: “Nos quieren seguir obligando a cotizar a un fondo inexistente”

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

  • Constitución Política se materializa en un aporte de dinero, cuotas o cotizaciones a un fondo de pensiones de la seguridad social, pero a un fondo existente, real, tangible

  • Jurídica, fáctica y operativamente el mencionado “fondo” del Régimen Transitorio de Reparto no existe

Un nuevo recurso de amparo interpusieron más de 190 jubilados y jubiladas del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional ante la Sala Constitucional, para solicitar que no se aplique el aumento en la contribución especial que ya realizan, solicitado en la nueva ley 9796.

De acuerdo con el amparo, presentado el 28 de junio, “la seguridad social se gestiona de acuerdo a normas de ciencia y de técnica, por lo que los regímenes de pensiones están obligados a cumplir con un imperativo técnico, como lo es el de constituir un fondo de pensiones. El artículo 73 de la Constitución hace referencia directa a los “FONDOS” y “RESERVAS” de los seguros sociales”.

Según los demandantes, el Estado, en abierto desacato al principio de legalidad financiera, no creó el fondo para atender financieramente las pensiones del régimen de reparto, que dispone la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y esta situación se ha mantenido por 62 años, desde la creación del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, desviándose las cotizaciones a caja única del Estado.

“Sabemos que nuestro deber de cotizar como personas que prestamos servicios en el Magisterio Nacional, está contenido en la Constitución, en los artículos 18 y 73. Pero esto a su vez debía acompañarse de la obligación del Estado de constituir un sistema orgánico que conjuntara normas, registros y procedimientos para ubicar e identificar el Fondo de Pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Esto no se hizo. Jurídica, fáctica y operativamente el fondo no existe”, afirmó el Dr. José Salas, compareciente ante la Sala.

El Dr. Jorge García, también jubilado firmante del amparo, manifestó además que “los pensionados tenemos derecho a ser protegidos de normas que nos obligan a entregar nuestro dinero a un “fondo imaginario” que el Estado, en su afán confiscatorio, no ha conformado según la ley y tampoco le ha dado el destino ni el manejo establecido por la legislación”.

Según explicó el jubilado, ahora el artículo 6) de la Ley 9796, que modifica el artículo 71 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, les obliga a aumentar el monto de la contribución forzosa que les corresponde como pensionados, para dirigir los nuevos recursos a usos que están prohibidos.

Los jubilados firmantes del amparo solicitan que se les garantice el derecho fundamental a una Administración Pública racional y a no ser obligados a cumplir actos de contenido imposible e irracional.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104, ó Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente)

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Foro: La nueva normalidad post COVID-19 una visión sindical

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El pasado 11 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social invitó a representantes del sector sindical costarricense, para realizar un foro sobre la Nueva Normalidad en Costa Rica-post Covid-19 para con el fin de conocer sus perspectivas sobre los posibles futuros.

Este foro se realizó mediante la plataforma Zoom en donde se evidenció la participación de representantes de la Central General de Trabajadores, Sindicato de Empleados del PANI-SEPI-Sindicato del AYA, Sindicato 7 de agosto, Sindicato Sin Trazas, Mesa Sindical de Mujeres, Sindicato UTRA-UTN, ANATRANS (Asociación Nacional de Transportista) Sinpae, Sintrasas, Sitraa.

Juan Carlos Mora, académico de la EPPS explicó que este foro es parte de un proyecto realizado por la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre la construcción de escenarios a futuro para la Costa Rica del 2030, para el cual han contado con la participación de muchas personas de distintos sectores de la población, esto les han permitido definir cuáles son los temas más relevantes que podrían presentar cambios en el futuro.

En el foro, los participantes seleccionaron según las prioridades para el país, aspectos sociales, tecnológicos, culturales, económicos y de dimensión institucional que presentarán mayores cambios a futuro y vertieron su criterio al respecto.

La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras, en donde los participantes deberían de señalar las opciones más acercadas a su opinión con respecto al tema planteado.

Para iniciar el foro se presentó la siguiente pregunta:

¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Los resultados de esta elección mostraron que la mayoría de las personas (86%) piensan que, en el área de brechas sociales, desigualdad y pobreza se presentará más cambios. Como segundo lugar (57%) en la votación se señala el área de educación inclusiva, flexibilidad laboral y pensiones. Con el mismo porcentaje, en tercer lugar, (29%) quedaron las áreas de protección social, pensiones, seguros, seguridad ciudadana, convivencia social, redes de apoyo mutuo, migraciones, desplazados, adultos mayores, salud preventiva, derechos humanos y equidad.

Giovanni Beluche Velásquez, Secretario General Adjunto del Sindicato UTRA-UTN, dijo que se podrían tener serios problemas principalmente en la educación inclusiva, flexibilización laboral y pensiones. Y esto se debe a la desconfianza que se le tiene a los encargados de coordinar las pensiones. Además, cuando la preocupación de la educación es la afectación del FEES que está porvenir, pero también la pandemia, esto ha hecho que se evidencie la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia.

El camino por el que se está yendo actualmente, según Beluche, va incrementando la brecha social lo cual no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo esto se viene agravando por consecuencia del poder capitalista. A este modelo es inherente ensanchar la brecha social, porque sus objetivos no están enfocados en las necesidades de población, además que se caracteriza por provocar la pobreza material. Esta situación no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha provocado que la agenda neoliberal profundice estas consecuencias.

Carlos José Cabezas, del Sindicato del PANI. agregó al análisis que el aumento de estas desigualdades es real, por ejemplo, es más del 40% de la población económicamente activa que pertenece al sector informal y no hay políticas que se enfoque en la resolución de este fenómeno.

Además, también está sucediendo que se da la informalidad en la formalidad, esto porque existen trabajadores que están contratados por patronos, pero no se le están respetando sus derechos, lo que genera que el escenario puede llegar a ser catastrófico.” Este problema no solo ocurre en Costa Rica, sino también en América Latina, lo cual se ha dado para seguir favoreciendo a unos pocos y concentrando la riqueza en una minoría”.

La segunda pregunta generadora fue:

¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

En primer lugar, hubo un empate (88%) entre las opciones que hablaban sobre la comunicación virtual, redes sociales, conectividad y virtualización de la educación, telemedicina, teletrabajo.

Seguidamente se consideraron los temas de inversión en investigación y desarrollo (25%), luego la opción de ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación (13%). Por último, con cero votos quedó la robotización, Big Data y genoma humano.

Mario Rodríguez, del Sindicato de AyA, dijo que en relación con la realidad en la que se está viviendo se tiene un proyecto en ley sobre el teletrabajo, esto porque el tema de la pandemia se prestó para que muchas instituciones públicas consideren la implementación del teletrabajo. Sin embargo, el tema del teletrabajo y de la jurisprudencia laboral no solo beneficia el trabajador, sino, también al patrón, ya que ahora las empresas se ahorran gastos de electricidad, internet, impuestos, entre otros. Por esta razón, el teletrabajo se convierte en otro tipo de trabajo a nivel mundial y esto se evidencia en el cambio de luchas que se darán, ya que ahora se demandará el tiempo de ocio con sus familias, sino va a ser, al contrario, ya que va a haber muchísimo más trabajo y explotación.

Cynthia Crespo Campos, Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) comentó, que en el caso del Ministerio de Educación Pública existen grandes cambios, los docentes trabajan tres veces más de lo que laboran generalmente en las aulas, y por el mismo salario. Ante el MEP se planteó por parte de la agrupación de sindicatos del Magisterio “Magisterio en Acción” la conectividad gratuita a internet para estudiantes y docentes.

 Crespo, indicó que, además, los empresarios y patrones cuando se aprobó esta ley de teletrabajo pensaron que eran beneficios para ellos, cargándole al trabajador, los gastos de luz, agua, internet, y alquileres, sin aumentar salarios: “El excesivo trabajo hoy del docente, junto con quehaceres del hogar, y las necesidades de salubridad que pide el Estado, hace que la mujer, sea empleada pública o privada, sea objeto un abuso laboral por parte del MEP. Mientras, sin que la opinión pública sepa que no hay docentes nombrados y están despidiendo a docentes interinos, de esta manera, el ambiente se recarga de estrés constante, pues trabajamos hasta 15 horas al día como docentes y en lo demás. Y esto producirá más enfermedades y enfermos que el COVID-19”, manifestó, la representante del SINPAE.

Carlos José Cabezas, mencionó que esta virtualidad nos va a obligar a generar nuevas formas de comunicación, porque la educación de primaria y segundaria no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Esto porque se deben definir metodologías apropiadas a la nueva tecnología y capacitar a las personas para sacar un mayor provecho didáctico y pedagógico de la enseñanza-aprendizaje: “El movimiento sindical se está empezando a valorar sobre cómo se utilizarán las redes sociales para protestar, el cual piensa que es algo muy fantasioso ya que no se piensa que mediante estas se pueda dar la suficiente presión que permita modificar las posiciones gubernamentales o empresariales. Se deben aprovechar las redes sociales con fines de propaganda, sin embargo, no es viable generar un verdadero cambio y movimiento mediante estas plataformas”, acotó el sindicalista, quien agregó que indudablemente la implementación de la tecnología va a ensanchar las brechas sociales ya que ahora para disfrutar de los servicios y beneficios de estas se tiene que pagar por lo que mediante la obligación de utilizar este tipo de plataformas se va a ver varios sectores de la población excluidos.

Efraín Cavallini, académico de la EPPS se refirió a que el tema de las redes sociales, tecnología y conectividad es complicado, porque aún en Costa Rica no existe una ley que organice y plantee claramente el tema de gobierno abierto y de las redes sociales. Esto tiene que ver con la comunicación y transparencia: “lo que pasa es que la ley de radio, televisión es obsoleta. El problema con esta situación es que el gobierno no les ha dado la oportunidad a las comunidades, gobiernos locales, fundaciones, asociaciones, ONG e instituciones públicas de explotar más estos servicios, y si no te tiene esta oportunidad, será casi que imposible lograr que todos los sectores de la población lleguen a tener al alcance a medios de servicio público para la enfrentar de la mejor manera la virtualización en beneficio de la educación y el trabajo”.

Carlos José Cabezas, añade que este tipo de ley ha inculcado que las emisoras y empresas de televisión se crean los dueños de estos servicios, porque tienen el mercado acaparado, y cuando se hacen iniciativas que promuevan la creación de espacios de comunicación comunal y cultural los califican de proyectos comunistas para minimizarlos. “Esto es de esperar que se agrave con el tiempo si no se hacen las reformas necesarias en las leyes actuales que tienen que ver con este tipo de servicios”.

La tercera consulta planteada correspondió a:

¿Cuál área de la cultura (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Nuevamente hay un empate entre las opciones más votadas (90%), las cuales son las áreas que consideran la convivencia entre las personas, autocuidado, espacios públicos y vida familiar/laboral, roles en el hogar. En segunda posición (40%) están las redes de solidaridad comunal y territorial, seguidamente (30%) están la relación con la naturaleza y el medio ambiente y la espiritualidad, comunicación interpersonal y hogar. En penúltima posición (20%) se encuentra el ejercicio físico, ocio y sedentarismo, y en último lugar (10%) se encuentra la educación cívica, ahorro y educación vial.

Con respecto a esta pregunta, se considera que las medidas de salud y autocuidado existen en el papel, pero no en la práctica, por lo menos, en temas laborales en los que él autocuidado se es necesario que todos los trabajadores que todavía no han adoptado estas medidas las adopten lo más antes posible, para promover la salud y la unidad de los trabajadores, en los centros de trabajo. “El uso de espacios públicos para la recreación, por ejemplo, los parques, cuando se llegue a permitir más apertura, estos serán con restricciones muy estrictas a menos que se tenga la vacuna contra el Covid-19.

Según lo obtenido en la consulta y desde la percepción de los representantes sindicales, la vida familiar, va a cambiar, porque se deben empezar a adoptar nuevos hábitos, para poder separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Esta situación viene a explotador más necesidad de terapia y servicios de psicología por la cantidad de estrés laboral que ha estado generando el teletrabajo y los casos de violencia intrafamiliar: “Por estas situaciones el movimiento sindical debe reinventarse y empezar a desarrollar acciones, que logren el cambio de las realidades que están viviendo los costarricenses en tiempos de pandemia” acotó Cabezas.

Carlos José Cabezas, agregó que en el tema de convivencia de las personas el país tiene un gran reto presente que se va a proyectar en el futuro: “ Esta pandemia ha despertado a muchos para darse cuenta de que la xenofobia y el racismo es algo muy presente en la cultura costarricense, aunque muchos pensaban que no, esto no debería de ser así porque la migración nicaragüense aporta muchísimo al sector productivo del país y sería fantasioso pensar que si se eliminan estas migraciones la mayoría de los problemas se resolverán. Esto no solo afecta en términos de ideologías sino también, que gracias a las migraciones en un futuro nuestra cultura será aún más pluricultural. Y esto debería de verse como una ventaja, pero la visión de las personas nacionales es otra y esta debería de cambiar porque las migraciones no se van a detener a menos que los otros países empiecen a realizar reformas para que las personas no tengan la necesidad de migrar. Por esta situación, que requiere que estemos en la casa, se ha empezado a valorar más el tiempo familiar lo cual podría ser una bandera a futuro, para generar motivos de luchas y demandar una regulación en el trabajo y eliminar la explotación laboral que traer consigo el teletrabajo”.

Como última pregunta generadora se expuso:

¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

La mayoría de las personas coincidieron con la respuesta: “Pensiones, seguros, subsidios” (89%). Seguidamente, se encuentran las opciones: “Innovación de procesos, simplificación de trámites, creatividad” y “Familia (56%), derechos humanos, religión” (56%). Como penúltima (33%) y última opción (22%) se encuentran respectivamente: “planificación de largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia” y “Enfoque territorial, descentralización, desconcentración”.

Giovanni Beluche comentó que el tema de pensiones y subsidios está en el presente y va a estar en el futuro. En cuanto a innovación de procesos y facilitación de trámites aparece en el análisis dado las presiones que hace el sector empresarial. Sin embargo, reitera que lo que está sucediendo no es nuevo, ya que todo es producto de una agenda neoliberal que no se venía aplicando a fondo y se aprovechó la pandemia para empezar a profundizarse más. También que para realizar el análisis del futuro debe mirarse de manera retrospectiva, ya que desde el movimiento sindical se tiene que señalar el papel del presidente de la Asamblea Legislativa, que encabezó toda la reforma de la legislación para regular el derecho a la protesta social y a la huelga de parte de la clase trabajadora: “todo lo que estaban haciendo en ese momento, era para preparar las condiciones de reprimir a la población, porque saben que la agenda que se está aplicando con mayor profundidad necesariamente iba generar protesta social. Esto quiere decir que todas estas acciones han profundizado el marco del ensanchamiento de la brecha social y van a seguir en eso, esto sucede justamente cuando el sector sindical está encerrado en las casas y sin muchas posibilidades de protestaren las calles, por ello, se tendría que salir a protestar sin importar las condiciones de la actualidad.

Cabezas, dijo que a la Costa Rica del futuro le hace falta entender que el derecho a la sindicalización es un derecho sagrado y humano de primer nivel. Si esto se llega a entender bien, el país en el futuro se debe llegar a establecer una creciente unión de los trabajadores, sin embargo, la proyección que se está visualizando pareciera buscar la desaparición del sector sindical.

Se mencionó en el foro que será necesario la implementación del Estado Laico en Costa Rica, porque actualmente se están viendo aún más la necesidad de separar la religión de las decisiones que se toman con respecto a los derechos humanos. Se dijo, que las luchas sociales están siendo entre personas religiosas y otras no tan religiosas y no debería de ser así, dado que cuando se habla de derechos humanos deberíamos de ver el mundo como ciudadanos y no como personas pertenecientes a una religión específica.

Edly Halt, explicó que, con respecto a la realidad del país, la situación es bastante complicada, ya que en la mayoría de los temas hay divisiones muy marcadas y nunca se va a llegar al punto en el que la mayoría de la población este de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, que las personas involucradas en el sindicalismo normalmente no están involucradas en la toma de decisiones, por lo que es necesario recapacitar la estructura de la población, ya que esta es extremadamente diversa y esta diversidad se debe convertir en un principio del quehacer político y económico del país, sin embargo, la realidad es que se busca tener a la gente dentro de un mismo molde.

Para concluir, se mencionó que, si no se empieza a ver la globalización desde otra perspectiva, no se lograría entender, la razón por la cual, se realizó un esfuerzo extraordinario, para que se cambiara el artículo primero de la constitución política, para incluir que somos un país muy diverso y pluricultural, así como también libre e independiente. Este principio obliga a repensar el Estado costarricense y a empezar a cambiar la orientación de las decisiones tomadas, para que se consideren la diversidad de la población y no se ignore como está pasando actualmente, agregó el sindicalista Edly Halt.

M.Sc Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS

Una dictadura en democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.

Un depredador de la norma superior

Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.

En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.[4]

Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.

La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.[5]

Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).

La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.

Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.

Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.

En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!

El convidado de piedra

A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.

El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.[8]

Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».

Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.

La hora que os anuncié

Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».

Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.[12]

[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.

[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr

[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.

[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.

[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com

[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.

[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.

[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.

[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.

[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.

[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.

[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»

Imagen aportada por el autor.

Entre la indefensión y la mentira más descarada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,
Sociólogo y escritor

La imposibilidad que tenemos de reconocer siquiera los contornos más elementales, pero decisivos del mundo en el que realmente vivimos, es tan peligrosa que hasta podemos convertirnos en nuestros propios verdugos. A veces esta falta de sintonía con eso que tenemos la costumbre de llamar la realidad, es algo que se manifiesta como una pérdida hasta del instinto de conservación, que como es bien sabido es un atributo de todas las especies animales.

Por lo general vivimos en mundos imaginarios como pompas de jabón, al decir el poeta Antonio Machado, en sus Proverbios y cantares, que se deshacen después de juguetear con nuestra falta de pertinencia y sentido de la realidad. Es así como muchas gentes pasan por alto lo que se les ha gritado en su cara, como cuando Óscar Arias Sánchez, uno de los ideólogos y verdugo ejecutor de nuestra desgracia contemporánea, dijo con voz altiva y sonora que vivíamos en una “dictadura en democracia” y que debíamos prepararnos para obedecer sus sabios mandatos, teniendo en cuenta que según él “los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia”, tal y como ingenuamente habíamos pensado desde tiempos ignotos. En vez de actuar conforme a lo dicho por este gurú de la oligarquía seguimos actuando, durante más de una década, como si tales expresiones no tenían ninguna conexión con la realidad o nunca fueron expresadas, muchas buenas almas ni siquiera lo percibieron y van camino hacia la más gloriosa inanición. El problema es que ese uno de los componentes esenciales del mundo real en que vivimos, la gran pregunta es ¿hasta cuándo lo asumiremos así y dejamos de evadirnos del gran reto que se nos ha lanzado?

En ese mundo real, nos encontramos con que la inmensa cantidad de mentiras que se repiten todos los días en la prensa costarricense y regional, particularmente en los llamados grandes medios impresos y en la televisión, es de tal magnitud que los mentirosos de oficio terminan por atragantarse con ellas ¿será que no están tan convencidos de sus siempre falsas afirmaciones, repetidas hasta el cansancio? ¿será por eso que las repiten hasta el tedio y el cansancio, como si quisieran anestesiarse? En este juego tan astuto, le han metido en la cabeza a las gentes del común la idea de que hay unos “pensionados de lujo” en este país (en realidad gentes que pagaron cuotas muy elevadas por una pensión más alta), a los que les esquilman la mayor parte de la cantidad nominal que aparece como «monto de la pensión», como tampoco saben que muchos de ellos pagan casi un millón de colones sólo por impuesto sobre la renta, además de seguir pagando o aportando para el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, además de seguir cotizando para una jubilación de la que supuestamente ya disfrutan, lo peor de todo es que no saben nada del destino final de esos fondos.

También le han hecho creer a un sector importante de la población que los subsidios que entrega la Caja del Seguro Social, a título de «pensiones no contributivas», esos pagos a personas que no cotizaron para ningún régimen, como requisito para haberse jubilado o pensionado, cuando en realidad siguen sin haber alcanzado esa condición, ya que las jubilaciones se conforman con el aporte tripartito del trabajador, el patrono y el estado (algo que fue establecido ya durante la materialización de las políticas del new deal rooseveltiano, en la Norteamérica de los años treinta), debiendo cotizarse para ello durante un importante número de años, y tener ciertos requisitos en cuanto a la edad en la que se puede alcanzar dicho beneficio.

La odiosa campaña mediática contra los pensionados del magisterio y otros trabajadores es de tal magnitud, tan persistente en su odiosidad, como en su apego a la mentira más descarada, lo que ocurre en el caso de algunas gentes como la diputada Xiomara Rodríguez, religiosa neopentescostal (presuntamente cristiana) y conversa a la fe secular de la religión neoliberal del mercado y sus virtudes mágicas, como impulsora en la corriente legislativa del adefesio llamado ley 9796, cuyas inconsistencias se evidenciaron por la notoria ausencia de estudios actuariales, lo que demostraron con creces los economistas Francisco Esquivel y Hernán Alvarado y el doctor Jorge Danilo García Hidalgo, con sus sólidas argumentaciones siempre metódicas, además de acuciosas y certeras, sobre los temas sociales implicados en la peligrosa conjura neoliberal que nos asecha, como también en defensa de nuestro estado social de derecho y de rechazo a la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. El descaro de la parlamentaria que no parlamenta(que no habla, ni dialoga nunca) es tal que insiste en hablar de “privilegios para los pensionados del magisterio nacional”, como cuando se afirma que: “(La legisladora Rodríguez)… lamentó que estos jubilados insistan en defender sus privilegios (ante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional), más aún cuando el país vive una crisis social y financiera…” de la que no son responsables los educadores pensionados, cuando más bien hace apología de la mentira cuando dice: “Soy respetuosa del Estado de derecho, sin embargo lamento que mientras haya personas tratando de defender sus privilegios hay otros que están literalmente sin comer” pues no sólo irrespeta la legislación vigente en la materia, en especial la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional, sino que responsabiliza con evidente hipocresía a las personas que cotizaron una vida entera por una pensión de la gran desigualdad social existente en el país, desde luego no dice ni una palabra de los evasores y elusores fiscales billonarios, ni de los malversadores de los fondos públicos, los que son autores de notorias estafas al fisco, quienes son los verdaderos privilegiados en esta sociedad… Luego agrega, con gran ligereza, que: “Tuvimos todos los cuidados en el trámite de la ley y esperamos que la Sala lo reafirme. Las pensiones de lujo no deben existir en el país y este fue el mecanismo que, la vía de la legalidad, encontramos para frenar estos abusos” insistió” (Diario Extra, martes 2 de junio, página 5), con lo que lanza una cascada de mentiras descaradas e insiste en hablar de unas inexistentes “pensiones de lujo”, a la vez que ignora la necesidad y obligatoriedad de estudios actuariales sobre estos temas, razón por la que señora diputada es quien se introduce en la vía de la ilegalidad, y en la de la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. Dicho de otra manera, se materializa en todos sus alcances, con este tipo de acciones y omisiones, la dictadura en democracia, en la que vivimos los costarricenses, aunque muchos no lo admitan o no se hayan percatado de ello.

Mienten sobre el desmantelamiento de la CCSS, una labor criminal en la que llevan ya muchos años, durante al menos un período que supera las tres décadas, negándole el pago en efectivo a la institución encargada de la seguridad social de sumas de muchos millones de colones (en realidad billones), por lo que ahora con esta pandemia están a punto de quebrarla, con lo que se agudizan las graves dificultades que hay como resultado de la mala administración de los fondos de los regímenes de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte (IVM), que es el de la pensiones de la caja siempre amenazado por estas políticas criminales. Estos canallas mentirosos de profesión, aparentan ser los defensores del pueblo, cuando en realidad preparan el exterminio de muchos miles de personas, por vías directas e indirectas, casi por inanición en el caso de muchos de los llamados «adultos mayores». El panorama es tal que todo apunta hacia el saqueo de todos los fondos de pensiones en beneficio de los intereses del capital financiero, y de los estafadores con los llamados «fondos de inversión», como es el caso de ALDESA. ¿Cuándo tomaremos contacto con lo que verdad está ocurriendo y lo llamaremos por su nombre?

A situaciones extremas ¿falacias extremas en cuanto a pensiones del Magisterio?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Nos informa el director un matutino que, como situación extrema, la Caja del Seguro suspendió la concesión de nuevas “pensiones” del “régimen no contributivo” por falta de fondos. Empezamos por corregir: no existen “pensiones” no contributivas; lo que se otorga, desde un punto de vista técnico, son subsidios para personas en necesidad.

El columnista contrasta esa noticia con los “excesos” de los regímenes de “pensiones de privilegio”. No sabemos, porque no nos lo dice, qué son pensiones de privilegio, pero con el apelativo basta, crea animadversión e inquina. Esta vez son las “pensiones de privilegio”, en otras ocasiones podrían ser los salarios en el sector público, tal vez los salarios de los profesores universitarios (aunque irónicamente se les aplauda cuando contribuyen en la presente pandemia). Eso sí, establecer contraste con los verdaderos privilegiados de este país, con los grandes capitales, tan grandes que han sido reseñados en la revista Forbes, está fuera de toda consideración. Es prohibido, más que tabú. De igual manera, es anatema mencionar la desigualdad causada por el capitalismo neoliberal criollo, que ya hace que nuestro país ocupe un lugar, ahora sí, “de privilegio”, entre los más desiguales de la región.

Menciona el periodista que para “nivelar el terreno” los diputados impusieron contribuciones solidarias a las pensiones del Magisterio (de 2.2 millones en adelante) y judiciales (2.6 millones en adelante). ¿Pero cómo explicar que no supieran los diputados que los jubilados del Magisterio, con pensiones por encima de su tope legal, han sido tasados desde 1997 con una contribución “especial, solidaria y redistributiva” (art 71, ley 7531), que alcanza hasta el 69% sobre excesos para las jubilaciones más elevadas y las ciñe en su mayoría al tope en cuestión? ¿O es que consideran original imponer contribuciones solidarias sobre contribuciones solidarias? El ridículo es tal, que ni siquiera se dieron cuenta los diputados ni los periodistas de que, aprobado el último gravamen, tasaban más a las pensiones medias y bajas y terminaban favoreciendo a las más elevadas.

Como el periodista implícitamente aprueba aplicar la aplanadora para “nivelar” el terreno de pensiones, tal vez debamos instruirlo en cuanto a que esos regímenes especiales y diferentes del IVM CCSS operan dentro de un bloque de legalidad, el cual incluso ha superado el tamiz constitucional. La cita del voto 846-92 de la Sala IV es lapidaria: “Considera la Sala que, si el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, no hay razón para cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes. Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre nuevos sistemas de seguridad social…” “Al existir diferentes regímenes, es lógico que cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse que tal coexistencia sea inconstitucional”.

La diferencia más clara entre el régimen del Magisterio y el IVM CCSS está en su porcentaje de cotización. Hace 62 años, los docentes cotizaban 5% mensual, mientras que los del IVM no han llegado al 5% al día de hoy, cuando los docentes cotizan entre 8% y 16%. No es lícito entonces hacer nivelación entre lo que no es comparable, pero debemos recordar que en el matutino, ferviente propulsor de la uniformidad en pensiones, pero no en fortunas, se ha editorializado que el tope de jubilaciones debe ser el mismo del IVM, ¡sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario! Menudo sentido de la justicia…

El pilar de la argumentación del periodista es que debe existir igualdad entre las prestaciones de diferentes regímenes, lo que ya demostramos no es válido, incluso desde la perspectiva constitucional. Además, propone una serie de afirmaciones sin prueba alguna, que resultan lamentablemente falaces.

Que nuestras jubilaciones, entre otras, no están actuarialmente justificadas. Le resultaría útil dar un vistazo a su propio matutino, con fecha 27 de mayo de 2005, pág. 32 A, en la que el actuario Lic. Guillermo Fernández demuestra que las pensiones del Magisterio se han pagado, y con creces. Que el Estado desviara nuestras cotizaciones y las suyas propias a gasto ordinario es cosa totalmente distinta, y es gracias a esa irresponsabilidad que nuestras pensiones se cargan al presupuesto, con todo y garantía estatal de su pago, por aquello de las dudas (art. 115, ley 7531). Pero con los vientos legislativos que corren, parece que la garantía, la palabra del Estado, no vale mayor cosa.

Que habría que objetar que las prestaciones de los regímenes especiales de pensiones no estén sujetas a los límites del IVM. Quiere entonces el periodista que, aunque el Magisterio cotizó a lo largo de las décadas hasta 6 veces más que los adscritos al IVM, las prestaciones sean las mismas. ¿Qué tipo de sortilegio legal podría justificar tal despropósito?

Que los fondos públicos se otorgan con demasiada generosidad, que el Estado da ventajas extraordinarias y beneficios exorbitantes a sus funcionarios. Bueno, si Ud. es un trabajador privado que no recibe siquiera el salario mínimo, como sucede con un porcentaje importante en ese sector, tal vez pueda parecerle así. Pero los hechos simplemente contradicen la supuesta munificencia estatal en cuanto a jubilaciones. Las del Magisterio han venido a la baja durante los últimos 29 años, del 100% del mejor salario de los últimos 5 años laborados, a un 60% del salario de referencia, dependiendo de la ley que ampara al jubilado. Y que conste que nos referimos a montos nominales sin incluir las 5 deducciones aplicadas a las jubilaciones del Magisterio (cotización regular, solidaria, renta, enfermedad y, créalo o no, ¡maternidad!, así como seguro de vida).

Afirma repetidamente el periodista que las pensiones se otorgan usando fondos públicos para quienes no cotizaron. Lo que no provee son las pruebas ni las estadísticas al respecto.

Finalmente, yerra aparatosamente cuando dice que la situación extrema es que los fondos obtenidos por los gravámenes no llegan a los destinatarios no contributivos en razón de acción interpuesta por “34” jubilados. Aun dejando de lado que no son 34 sino varios cientos (algo que sus periodistas investigativos deben saber de sobra), es sorprendente que desconozca que las contribuciones impuestas a las jubilaciones no pueden tener otro destino que el propio fondo jubilatorio. Al respecto, le haría bien prestar atención al artículo 73 constitucional respecto de los fondos de los seguros sociales: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación …” y al voto 5236-99 de la Sala Constitucional: “…esa cotización que el legislador ha establecido por ley, tenga como única finalidad la de nutrir el fondo de seguridad social; es decir, el aporte … está concebido, únicamente, para favorecer el régimen de los contribuyentes obligados.” En otras palabras, no se vale, hablando de jubilaciones, desvestir un santo para vestir otro.

Y para coronar la letanía de inexactitudes, nos sentencia que “Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades”. Definitivamente, educación sí hace falta, pero para que se pueda debatir con hechos, estadísticas y argumentos serios y de peso, no como se hace en este caso, con base en subjetividades que estigmatizan a los jubilados en el imaginario popular, al tiempo que, como se apuntó previamente, obvian e invisibilizan a los verdaderos privilegiados y sus capitales; suena a un ejemplo más de la antigua estrategia de “divide y vencerás”: divide al pueblo y vence el gran capital.

 

Imagen ilustrativa.

Los “Chicago Boys” en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo                                                                

Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].

            Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.

             Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.

            Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.

            En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–.  Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.

            Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.  

            Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].

            Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.

            Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–. 

            Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.

            Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.

            Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

            Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza. 

            Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.

            Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.

            Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.

            Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.

            El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.  

            Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.

[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772

https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/

[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.

[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/

[4]  https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion

[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley

[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

Foto con fines ilustrativos: CCSS