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Etiqueta: pensiones

Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

La doble moral aplicada a los jubilados de las Universidades Públicas

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los ingresos más altos en el sector privado, según se reportan en datos de la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda”.

Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al hacer disponibles datos de las entradas de dichos empresarios?

 ¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado durante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales, y que lleva ya años de verter, ahora sí, falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?

Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, o que no cotizamos lo suficiente, cuando llegamos a cotizar hasta seis veces más de lo que cotizaban los adscritos al IVM. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores al tope establecido por ley, y que las deducciones aplicadas también por ley de todas maneras amarran las más altas a ese tope. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Que el odio solo se fomenta cuando se hacen públicas las entradas de los grandes capitales de este país?

Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.

* Catedrático jubilado, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

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Virus de la corona-virus de la avaricia

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Actuario pide investigar acuerdo de CCSS para variar base contributiva y que se cobre al Estado

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.

La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.

Rodrigo Arias López indica que en el Semanario Universidad del 19 de marzo de 2020 se publicó la siguiente noticia: “Ante emergencia nacional por Covid-19: Caja aprueba reducción del 75% en la base mínima contributiva”.

Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.

“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.

En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».

Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.

Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:

1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.

2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.

3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.

4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.

5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP