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Una dictadura en democracia

Escrito en 27/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.^[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.

Un depredador de la norma superior

Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.

En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.^[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.^[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.^[4]

Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.

La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.^[5]

Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).

La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»^[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.^[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.

Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.

Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.

En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!

El convidado de piedra

A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.

El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.^[8]

Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.^[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».

Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».^[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.

La hora que os anuncié

Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».

Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.^[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.^[12]

^[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.

^[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr

^[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.

^[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.

^[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com

^[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.

^[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.

^[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.

^[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.

^[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.

^[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.

^[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»

Imagen aportada por el autor.

Entre la indefensión y la mentira más descarada

Escrito en 17/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,
Sociólogo y escritor

La imposibilidad que tenemos de reconocer siquiera los contornos más elementales, pero decisivos del mundo en el que realmente vivimos, es tan peligrosa que hasta podemos convertirnos en nuestros propios verdugos. A veces esta falta de sintonía con eso que tenemos la costumbre de llamar la realidad, es algo que se manifiesta como una pérdida hasta del instinto de conservación, que como es bien sabido es un atributo de todas las especies animales.

Por lo general vivimos en mundos imaginarios como pompas de jabón, al decir el poeta Antonio Machado, en sus Proverbios y cantares, que se deshacen después de juguetear con nuestra falta de pertinencia y sentido de la realidad. Es así como muchas gentes pasan por alto lo que se les ha gritado en su cara, como cuando Óscar Arias Sánchez, uno de los ideólogos y verdugo ejecutor de nuestra desgracia contemporánea, dijo con voz altiva y sonora que vivíamos en una “dictadura en democracia” y que debíamos prepararnos para obedecer sus sabios mandatos, teniendo en cuenta que según él “los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia”, tal y como ingenuamente habíamos pensado desde tiempos ignotos. En vez de actuar conforme a lo dicho por este gurú de la oligarquía seguimos actuando, durante más de una década, como si tales expresiones no tenían ninguna conexión con la realidad o nunca fueron expresadas, muchas buenas almas ni siquiera lo percibieron y van camino hacia la más gloriosa inanición. El problema es que ese uno de los componentes esenciales del mundo real en que vivimos, la gran pregunta es ¿hasta cuándo lo asumiremos así y dejamos de evadirnos del gran reto que se nos ha lanzado?

En ese mundo real, nos encontramos con que la inmensa cantidad de mentiras que se repiten todos los días en la prensa costarricense y regional, particularmente en los llamados grandes medios impresos y en la televisión, es de tal magnitud que los mentirosos de oficio terminan por atragantarse con ellas ¿será que no están tan convencidos de sus siempre falsas afirmaciones, repetidas hasta el cansancio? ¿será por eso que las repiten hasta el tedio y el cansancio, como si quisieran anestesiarse? En este juego tan astuto, le han metido en la cabeza a las gentes del común la idea de que hay unos “pensionados de lujo” en este país (en realidad gentes que pagaron cuotas muy elevadas por una pensión más alta), a los que les esquilman la mayor parte de la cantidad nominal que aparece como «monto de la pensión», como tampoco saben que muchos de ellos pagan casi un millón de colones sólo por impuesto sobre la renta, además de seguir pagando o aportando para el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, además de seguir cotizando para una jubilación de la que supuestamente ya disfrutan, lo peor de todo es que no saben nada del destino final de esos fondos.

También le han hecho creer a un sector importante de la población que los subsidios que entrega la Caja del Seguro Social, a título de «pensiones no contributivas», esos pagos a personas que no cotizaron para ningún régimen, como requisito para haberse jubilado o pensionado, cuando en realidad siguen sin haber alcanzado esa condición, ya que las jubilaciones se conforman con el aporte tripartito del trabajador, el patrono y el estado (algo que fue establecido ya durante la materialización de las políticas del new deal rooseveltiano, en la Norteamérica de los años treinta), debiendo cotizarse para ello durante un importante número de años, y tener ciertos requisitos en cuanto a la edad en la que se puede alcanzar dicho beneficio.

La odiosa campaña mediática contra los pensionados del magisterio y otros trabajadores es de tal magnitud, tan persistente en su odiosidad, como en su apego a la mentira más descarada, lo que ocurre en el caso de algunas gentes como la diputada Xiomara Rodríguez, religiosa neopentescostal (presuntamente cristiana) y conversa a la fe secular de la religión neoliberal del mercado y sus virtudes mágicas, como impulsora en la corriente legislativa del adefesio llamado ley 9796, cuyas inconsistencias se evidenciaron por la notoria ausencia de estudios actuariales, lo que demostraron con creces los economistas Francisco Esquivel y Hernán Alvarado y el doctor Jorge Danilo García Hidalgo, con sus sólidas argumentaciones siempre metódicas, además de acuciosas y certeras, sobre los temas sociales implicados en la peligrosa conjura neoliberal que nos asecha, como también en defensa de nuestro estado social de derecho y de rechazo a la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. El descaro de la parlamentaria que no parlamenta(que no habla, ni dialoga nunca) es tal que insiste en hablar de “privilegios para los pensionados del magisterio nacional”, como cuando se afirma que: “(La legisladora Rodríguez)… lamentó que estos jubilados insistan en defender sus privilegios (ante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional), más aún cuando el país vive una crisis social y financiera…” de la que no son responsables los educadores pensionados, cuando más bien hace apología de la mentira cuando dice: “Soy respetuosa del Estado de derecho, sin embargo lamento que mientras haya personas tratando de defender sus privilegios hay otros que están literalmente sin comer” pues no sólo irrespeta la legislación vigente en la materia, en especial la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional, sino que responsabiliza con evidente hipocresía a las personas que cotizaron una vida entera por una pensión de la gran desigualdad social existente en el país, desde luego no dice ni una palabra de los evasores y elusores fiscales billonarios, ni de los malversadores de los fondos públicos, los que son autores de notorias estafas al fisco, quienes son los verdaderos privilegiados en esta sociedad… Luego agrega, con gran ligereza, que: “Tuvimos todos los cuidados en el trámite de la ley y esperamos que la Sala lo reafirme. Las pensiones de lujo no deben existir en el país y este fue el mecanismo que, la vía de la legalidad, encontramos para frenar estos abusos” insistió” (Diario Extra, martes 2 de junio, página 5), con lo que lanza una cascada de mentiras descaradas e insiste en hablar de unas inexistentes “pensiones de lujo”, a la vez que ignora la necesidad y obligatoriedad de estudios actuariales sobre estos temas, razón por la que señora diputada es quien se introduce en la vía de la ilegalidad, y en la de la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. Dicho de otra manera, se materializa en todos sus alcances, con este tipo de acciones y omisiones, la dictadura en democracia, en la que vivimos los costarricenses, aunque muchos no lo admitan o no se hayan percatado de ello.

Mienten sobre el desmantelamiento de la CCSS, una labor criminal en la que llevan ya muchos años, durante al menos un período que supera las tres décadas, negándole el pago en efectivo a la institución encargada de la seguridad social de sumas de muchos millones de colones (en realidad billones), por lo que ahora con esta pandemia están a punto de quebrarla, con lo que se agudizan las graves dificultades que hay como resultado de la mala administración de los fondos de los regímenes de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte (IVM), que es el de la pensiones de la caja siempre amenazado por estas políticas criminales. Estos canallas mentirosos de profesión, aparentan ser los defensores del pueblo, cuando en realidad preparan el exterminio de muchos miles de personas, por vías directas e indirectas, casi por inanición en el caso de muchos de los llamados «adultos mayores». El panorama es tal que todo apunta hacia el saqueo de todos los fondos de pensiones en beneficio de los intereses del capital financiero, y de los estafadores con los llamados «fondos de inversión», como es el caso de ALDESA. ¿Cuándo tomaremos contacto con lo que verdad está ocurriendo y lo llamaremos por su nombre?

A situaciones extremas ¿falacias extremas en cuanto a pensiones del Magisterio?

Escrito en 12/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Nos informa el director un matutino que, como situación extrema, la Caja del Seguro suspendió la concesión de nuevas “pensiones” del “régimen no contributivo” por falta de fondos. Empezamos por corregir: no existen “pensiones” no contributivas; lo que se otorga, desde un punto de vista técnico, son subsidios para personas en necesidad.

El columnista contrasta esa noticia con los “excesos” de los regímenes de “pensiones de privilegio”. No sabemos, porque no nos lo dice, qué son pensiones de privilegio, pero con el apelativo basta, crea animadversión e inquina. Esta vez son las “pensiones de privilegio”, en otras ocasiones podrían ser los salarios en el sector público, tal vez los salarios de los profesores universitarios (aunque irónicamente se les aplauda cuando contribuyen en la presente pandemia). Eso sí, establecer contraste con los verdaderos privilegiados de este país, con los grandes capitales, tan grandes que han sido reseñados en la revista Forbes, está fuera de toda consideración. Es prohibido, más que tabú. De igual manera, es anatema mencionar la desigualdad causada por el capitalismo neoliberal criollo, que ya hace que nuestro país ocupe un lugar, ahora sí, “de privilegio”, entre los más desiguales de la región.

Menciona el periodista que para “nivelar el terreno” los diputados impusieron contribuciones solidarias a las pensiones del Magisterio (de 2.2 millones en adelante) y judiciales (2.6 millones en adelante). ¿Pero cómo explicar que no supieran los diputados que los jubilados del Magisterio, con pensiones por encima de su tope legal, han sido tasados desde 1997 con una contribución “especial, solidaria y redistributiva” (art 71, ley 7531), que alcanza hasta el 69% sobre excesos para las jubilaciones más elevadas y las ciñe en su mayoría al tope en cuestión? ¿O es que consideran original imponer contribuciones solidarias sobre contribuciones solidarias? El ridículo es tal, que ni siquiera se dieron cuenta los diputados ni los periodistas de que, aprobado el último gravamen, tasaban más a las pensiones medias y bajas y terminaban favoreciendo a las más elevadas.

Como el periodista implícitamente aprueba aplicar la aplanadora para “nivelar” el terreno de pensiones, tal vez debamos instruirlo en cuanto a que esos regímenes especiales y diferentes del IVM CCSS operan dentro de un bloque de legalidad, el cual incluso ha superado el tamiz constitucional. La cita del voto 846-92 de la Sala IV es lapidaria: “Considera la Sala que, si el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, no hay razón para cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes. Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre nuevos sistemas de seguridad social…” “Al existir diferentes regímenes, es lógico que cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse que tal coexistencia sea inconstitucional”.

La diferencia más clara entre el régimen del Magisterio y el IVM CCSS está en su porcentaje de cotización. Hace 62 años, los docentes cotizaban 5% mensual, mientras que los del IVM no han llegado al 5% al día de hoy, cuando los docentes cotizan entre 8% y 16%. No es lícito entonces hacer nivelación entre lo que no es comparable, pero debemos recordar que en el matutino, ferviente propulsor de la uniformidad en pensiones, pero no en fortunas, se ha editorializado que el tope de jubilaciones debe ser el mismo del IVM, ¡sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario! Menudo sentido de la justicia…

El pilar de la argumentación del periodista es que debe existir igualdad entre las prestaciones de diferentes regímenes, lo que ya demostramos no es válido, incluso desde la perspectiva constitucional. Además, propone una serie de afirmaciones sin prueba alguna, que resultan lamentablemente falaces.

Que nuestras jubilaciones, entre otras, no están actuarialmente justificadas. Le resultaría útil dar un vistazo a su propio matutino, con fecha 27 de mayo de 2005, pág. 32 A, en la que el actuario Lic. Guillermo Fernández demuestra que las pensiones del Magisterio se han pagado, y con creces. Que el Estado desviara nuestras cotizaciones y las suyas propias a gasto ordinario es cosa totalmente distinta, y es gracias a esa irresponsabilidad que nuestras pensiones se cargan al presupuesto, con todo y garantía estatal de su pago, por aquello de las dudas (art. 115, ley 7531). Pero con los vientos legislativos que corren, parece que la garantía, la palabra del Estado, no vale mayor cosa.

Que habría que objetar que las prestaciones de los regímenes especiales de pensiones no estén sujetas a los límites del IVM. Quiere entonces el periodista que, aunque el Magisterio cotizó a lo largo de las décadas hasta 6 veces más que los adscritos al IVM, las prestaciones sean las mismas. ¿Qué tipo de sortilegio legal podría justificar tal despropósito?

Que los fondos públicos se otorgan con demasiada generosidad, que el Estado da ventajas extraordinarias y beneficios exorbitantes a sus funcionarios. Bueno, si Ud. es un trabajador privado que no recibe siquiera el salario mínimo, como sucede con un porcentaje importante en ese sector, tal vez pueda parecerle así. Pero los hechos simplemente contradicen la supuesta munificencia estatal en cuanto a jubilaciones. Las del Magisterio han venido a la baja durante los últimos 29 años, del 100% del mejor salario de los últimos 5 años laborados, a un 60% del salario de referencia, dependiendo de la ley que ampara al jubilado. Y que conste que nos referimos a montos nominales sin incluir las 5 deducciones aplicadas a las jubilaciones del Magisterio (cotización regular, solidaria, renta, enfermedad y, créalo o no, ¡maternidad!, así como seguro de vida).

Afirma repetidamente el periodista que las pensiones se otorgan usando fondos públicos para quienes no cotizaron. Lo que no provee son las pruebas ni las estadísticas al respecto.

Finalmente, yerra aparatosamente cuando dice que la situación extrema es que los fondos obtenidos por los gravámenes no llegan a los destinatarios no contributivos en razón de acción interpuesta por “34” jubilados. Aun dejando de lado que no son 34 sino varios cientos (algo que sus periodistas investigativos deben saber de sobra), es sorprendente que desconozca que las contribuciones impuestas a las jubilaciones no pueden tener otro destino que el propio fondo jubilatorio. Al respecto, le haría bien prestar atención al artículo 73 constitucional respecto de los fondos de los seguros sociales: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación …” y al voto 5236-99 de la Sala Constitucional: “…esa cotización que el legislador ha establecido por ley, tenga como única finalidad la de nutrir el fondo de seguridad social; es decir, el aporte … está concebido, únicamente, para favorecer el régimen de los contribuyentes obligados.” En otras palabras, no se vale, hablando de jubilaciones, desvestir un santo para vestir otro.

Y para coronar la letanía de inexactitudes, nos sentencia que “Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades”. Definitivamente, educación sí hace falta, pero para que se pueda debatir con hechos, estadísticas y argumentos serios y de peso, no como se hace en este caso, con base en subjetividades que estigmatizan a los jubilados en el imaginario popular, al tiempo que, como se apuntó previamente, obvian e invisibilizan a los verdaderos privilegiados y sus capitales; suena a un ejemplo más de la antigua estrategia de “divide y vencerás”: divide al pueblo y vence el gran capital.

Imagen ilustrativa.

El autogol político 9796

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.

Una chispa podría encender la pradera

El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.

Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.^[1]

Un remedio peor que la enfermedad

El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.^[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.^[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).

Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.

Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?

Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»^[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.

No solo es regresiva sino también desproporcionada

Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;^[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.

¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?^[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?^[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?

¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».^[8]

Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.^[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.

Pero nadie más sordo que quien no quiere oír

No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?

De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»^[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).

Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.

Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?

El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?

¿Y cuándo rendirán cuentas?

Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.

Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».

La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».

Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.^[11]

^[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»

^[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

^[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.

^[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.

^[5] Convenio 102 de la OIT.

^[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.

^[7] Según CEPAl es de 22,4%.

^[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».

^[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.

^[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».

^[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/

Foto: AFUP

Los “Chicago Boys” en Costa Rica

Escrito en 08/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].

Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.

Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.

Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.

En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–. Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.

Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.

Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].

Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–.

Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.

Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.

Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza.

Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.

Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.

Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.

Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.

El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.

Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.

[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772

https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/

[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.

[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/

[4] https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion

[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley

[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

Foto con fines ilustrativos: CCSS

El disparate legislativo 9796

Escrito en 31/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

«La mentira puede correr un año,
la verdad la alcanza en un día.»^[1]

Hernán Alvarado

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.^[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.^[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»^[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.^[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?^[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.^[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.^[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

^[1] Según un refrán africano.

^[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

^[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

^[4] Constitución de la República de Costa Rica.

^[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

^[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

^[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

^[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

Imagen ilustrativa tomada de https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/autonomia-docente

Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Escrito en 26/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Escrito en 12/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

La doble moral aplicada a los jubilados de las Universidades Públicas

Escrito en 11/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los ingresos más altos en el sector privado, según se reportan en datos de la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda”.

Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al hacer disponibles datos de las entradas de dichos empresarios?

¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado durante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales, y que lleva ya años de verter, ahora sí, falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?

Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, o que no cotizamos lo suficiente, cuando llegamos a cotizar hasta seis veces más de lo que cotizaban los adscritos al IVM. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores al tope establecido por ley, y que las deducciones aplicadas también por ley de todas maneras amarran las más altas a ese tope. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Que el odio solo se fomenta cuando se hacen públicas las entradas de los grandes capitales de este país?

Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.

* Catedrático jubilado, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

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Virus de la corona-virus de la avaricia

Escrito en 05/05/2020. Publicado en Análisis.

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

Etiqueta: pensiones

Rogelio Cedeño Castro, Sociólogo y escritor

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Rogelio Cedeño Castro,
Sociólogo y escritor