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Etiqueta: pensiones

UCR se realizó foro sobre régimen de pensiones de la CCSS

En un foro abierto al público que se realizó el pasado miércoles 25 de enero se analizaron los alcances del estudio actuarial sobre el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Educación de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, y fue organizada por la Rectoría y la Escuela de Matemática de esta institución.

De acuerdo con la directora de la Escuela de Matemática, Orietta Protti, el objetivo del foro fue informar a la comunidad nacional acerca del contenido y los resultados del estudio sobre el régimen de pensiones de la Caja, un tema que ha despertado mucho interés en la opinión pública, la prensa, los círculos políticos y la ciudadanía en general.

En el foro participaron como expositores los investigadores Rodrigo Arias López, Luis Barboza Chinchilla y Alexander Ramírez González, actuarios de la Escuela de Matemática y responsables del estudio.

El foro estuvo abierto a todas las personas interesadas en conocer sobre el tema.

El estudio actuarial del IVM fue realizado por la UCR a raíz de un compromiso adquirido con la CCSS. En aras de la transparencia, esta universidad hizo del conocimiento público el informe final de este estudio, pero debido a su alta complejidad técnica puede inducir a errores de interpretación, por lo que es necesario hacer algunas puntualizaciones, afirmó el rector Henning Jensen.

 

Periodista Patricia Blanco

 

Imagen tomada de www.ucr.ac.cr

Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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UNDECA demanda que se anule aumento en pensiones

  • Junta Directiva debe derogar aumento del 1%

 

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Junta Directiva se anule el acuerdo tomado días atrás para incrementar en un 1% adicional el porcentaje de cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En este sentido, UNDECA considera que este acuerdo se dio en medio del mayor secretismo, con total falta de transparencia, de forma sorpresiva, invisibilizando a los 1.5 millones de personas trabajadoras, se aumentando un 1% adicional, de forma que al completar la reforma del 2005 los trabajadores del país estarán pagando un 2% más al régimen de IVM.

Contrario al compromiso que manifestó la Presidencia Ejecutiva, incluso en forma escrita al BUSSCO, donde indicó que una vez que se concluyera el estudio realizado por los tres funcionarios de la UCR, se convocaría a diversos sectores sociales, para que en un proceso de diálogo nacional se discutiera el futuro del régimen.

“Desde nuestro punto de vista, este acuerdo no está sustentado en argumentos legítimos primero porque lo carga exclusivamente sobre las espaldas de la clase trabajadora y adicionalmente, es ilegítimo porque no se realizó una consulta previa. Asuntos de esta envergadura exigen la consulta, al menos, de los representantes de los sectores afectados en resguardo de los derechos legítimos de las y los trabajadores”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El incremento se cargó exclusivamente, como se dijo, a la clase trabajadora del país, lo que evidencia la complacencia a las exigencias del sector político empresarial y ocultando la continua injerencia política y la falta de transparencia de los altos mandos en el manejo de los fondos.

Por último, pareciera que el gobierno no tiene interés alguno en iniciar un proceso de diálogo en esta materia, sino que se obstaculiza con esta arbitraria y prematura medida, que debe dejarse sin efecto en forma inmediata, si se quiere evitar la confrontación y en aras del diálogo social.

En el recurso dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS, se señala:

“Este acuerdo resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:

1.- Falta de transparencia de la Junta Directiva CCSS en contravención con las normas éticas de desempeño de la función pública…. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene un Código de Ética, que los primeros obligados en cumplir son los integrantes de esa Junta Directiva, que en el presente asunto, el acto cuestionado deja tanto que desear, porque se faltó al deber de transparencia, un principio inherente al ejercicio de la función pública en cualquier ordenamiento democrático”.

El documento agrega las consideraciones siguientes:

“2.- Falta de legitimidad del acuerdo impugnado por omisión del trámite de consulta previa”.

3.- Manifiesta ilegalidad del acuerdo porque ese incremento de la contribución se cargó exclusivamente a la clase trabajadora del país

4.- Nulidad del acuerdo impugnado por un vicio esencial en la motivación de dicho acto. Un acuerdo de este tipo constituye un acto administrativo, de carácter reglamentario, que como cualquier acto administrativo tiene que tener un motivo suficiente, válido y legítimo, que corresponda o sea proporcional al contenido de dicho acto. El motivo, elemento material del acto administrativo, es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante, que da génesis a dicho acto. La falta o defecto sustancial en el motivo, constituye un vicio del acto administrativo, que produce su nulidad absoluta (art. 132, 133 en relación con el art. 166 LGAP). En el acuerdo impugnado se echa de menos un “motivo” que se ajuste a las exigencias del ordenamiento jurídico. Este acuerdo, al tenor del cual se le cargó exclusivamente a la clase trabajadora el incremento de la contribución en el RIVM, carece de razonabilidad y justificación técnica.

5.- Falta de oportunidad y conveniencia publica de este acuerdo. Además de los graves vicios que contiene este acuerdo, no contribuye a que se desarrolle el proceso de diálogo que anunció esa Presidencia Ejecutiva…”.

Como pretensión del recurso, UNDECA señala: “Con fundamento en los motivos expuestos, UNDECA comparece a deplorar este desafortunado y pernicioso acuerdo, que tanto daño causa a la clase trabajadora, el cual solicitamos reconsiderar y dejar totalmente sin efecto”.

 

Enviado a SURCOS por Martín Rodríguez E., Unidad de Comunicación, UNDECA.

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BUSSCO: Gobierno y diputados llaman a «guerra»

El gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – traiciona a la clase trabajadora, cediendo a la presión de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP, al tranzar con la oposición un agresivo aumento de impuestos para el pueblo a cambio de la aprobación del Combo del Empleo Público.

Proyectos de ley como los de empleo público, el aumento de impuestos, la rebaja generalizada de los salarios y las reformas a pensiones, deterioran los programas sociales, desmantelan y privatizan servicios fundamentales como salud y educación, desmantelamiento de todo el sistema de protección social, pilar fundamental de nuestro régimen democrático.

El BUSSCO condena esta nueva arremetida de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PAC, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP contra la clase trabajadora y que empobrecerá, aún más a los costarricenses.

El BUSSCO, en una encerrona este lunes 9, medio centenar de dirigentes sindicales y sociales establecieron los comités de huelga y la logística del movimiento de huelga nacional, asimismo, las acciones unitarias que el movimiento sindical en su conjunto estará realizando.

El BUSSCO se encuentra en sesión permanente y está presto a responder a esta conspiración de la clase política empresarial y llama a la clase trabajadora a estar preparada para atender, en forma inmediata, al llamado a defender el derecho a trabajo digno y a condiciones sociopolíticas que beneficien a las grandes mayorías.

¡En BUSSCO estamos cada vez más unidos!

San José, 11 de enero de 2017.

UNDECA: https://undeca.cr/article/gobierno-y-diputados-llaman-a-la-guerra/

Imagen tomada de undeca.cr

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ANEP: Pre-condiciones necesarias para la discusión de pensiones

PRIMERO: Consideramos que la Dirección Actuarial de la institución debe ser objeto de una cuidadosa transformación profesional.

SEGUNDO: La Junta Directiva de la CCSS debe tomar acuerdo en la dirección de que los fondos del régimen de IVM y los del SEM (Seguridad y Maternidad) deben separar su administración, tal y como resulta concluyente del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

TERCERO: La sociedad costarricense, y particularmente los depositarios del fondo de jubilación de IVM, deben ser informados de previo a la discusión de cualquier medida respecto a las decisiones tomadas por parte de la alta cúpula gerencial sobre inversiones realizadas entre los años 2011-2012 pues, presuntamente, se utilizaron fondos del seguro de pensiones IVM para gastos y operaciones ordinarios del seguro de salud SEM, situación que incluso fue objeto de denuncia penal ante el Ministerio Público .

CUARTO: Iniciar el debate conociendo cuál ha sido el avance de lo acordado en el año 2005 en lo relativo a fortalecimiento del sistema de inspección de la institución para el control de la evasión morosidad y sub-declaración.

QUINTO: Revisión del carácter filosófico de la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) (segundo pilar), concretamente tomando en cuenta que éste fue creado para salir en defensa del IVM (primer pilar) si se presentaban problemas financieros o de desfinanciamiento. En este particular, se debe conocer el informe de auditoría de la institución.

SEXTO: Revisión de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000, en su artículo 78, para auscultar la naturaleza de su incumplimiento y las necesarias medidas a tomar para que el mismo se siga dando.

SÉTIMO: Conocer la política actual y futura de inversiones que aplica la institución aseguradora con fondos de IVM y propuestas para traer recurso frescos al IVM.

Nuestra posición define claramente que antes de realizar cualquier variante paramétrica en edad, cuotas o cotización obrera, la discusión debe pasar por un riguroso análisis de los aspectos NO PARAMÉTRICOS como los apuntados, que deben emprenderse para garantizar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

San José, martes 3 de enero de 2017.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ANEP

Fundada el 19 de agosto de 1958

COSTA RICA

ANEP es integrante de:

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Internacional de Servicios Públicos (ISP)

Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)

Red global “Nuestro mundo no está en venta”

¡Somos ANEP! ¡Somos Usted!

 

*Imagen tomada de www.anep.or.cr

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Para salvar al IVM-CCSS: Que ¿qué?… ¿Pensionarse a los 70 años? ¿Aumentar la cotización obrera?

Comunicado de Prensa

  • ¿Y qué pasó con la rendición de cuentas de la crisis financiera del seguro de salud en los años 2011-2012?
  • Pésimo y desafortunado “regalo de Navidad” para la clase trabajadora

 

Ha salido a la luz pública el estudio de análisis actuarial que realizó la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual evaluó la solidez financiera del más importante régimen jubilatorio del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las conclusiones generales y centrales constituyen un pésimo “regalo de Navidad” para la clase trabajadora costarricense, tanto la que tiene suerte de tener empleo formal y salario fijo, como la que se desenvuelve en la informalidad.

Considerando el prestigio, la credibilidad y la solidez académico-profesional que caracterizan el trabajo para la sociedad que hace la Universidad de Costa Rica (UCR), este estudio tiene que ser valorado en su justa dimensión, correspondiendo a las organizaciones sindicales analizarlo con la más rigurosa seriedad y la más sólida responsabilidad.

Sin embargo, no podemos evitar albergar algunas suspicacias acerca del momento, de la oportunidad, de la coyuntura y de la legitimación política para, y que espera obtener, el alto mando de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir de los resultados de este estudio, dados todos los elementos económicos, sociales, políticos y técnicos que están implicados en él.

Sin embargo, en estos primeros momentos afloran sentimientos de consternación y de indignación, pues una primerísima impresión es que cualquier medida que se tomare con base en tal estudio tiende a incrementar la perniciosa ruta de la desigualdad que hace ya bastante tiempo y peligrosamente, Costa Rica viene transitando.

En lenguaje popular, es al perro flaco al que se le pegan la pulgas pues es la clase trabajadora cubierta y por cubrir de parte del IVM la que tendrá que pagar los platos rotos de decisiones tomadas en los años 2011-2012; decisiones político-tecnocrático-financieras de alta gerencia en materia de inversiones y que habrían sido erróneas, que siguen pendientes de rendición de cuentas puesto que, presuntamente, se habrían tomado recursos del seguro de pensiones IVM para gastos operacionales y ordinarios del seguro de salud (Enfermedad y Maternidad).

Efectivamente, una denuncia penal que duerme el sueño de los justos en el Ministerio Público planteó que “… se habría forzado al Seguro de IVM a comprar, a precios relativamente altos, millonarios títulos valores en poder del Régimen de Salud para dotar de liquidez a este último. En segundo término, se habría obligado al Seguro de Salud a postergar el pago al Régimen de IVM de altas sumas de dinero por concepto alquiler de los edificios que albergan las oficinas centrales de la Institución.

Tal denuncia, tramitándose bajo el expediente penal 12-000046-0615-PE, planteó que “…a través de estos presuntos subsidios ilegales, el Seguro de IVM habría sido contagiado de la crisis financiera del Régimen de Salud, diezmando el rendimiento de su cartera de inversiones al extremo de requerirse a corto plazo impopulares reformas para restablecer su sostenibilidad financiera; entre ellas el incremento de las edades de retiro y de la tasa de cotización.

Evidentemente este factor no está determinado con contundencia por parte de la autoridad judicial competente (y con una retardación inexplicable); sin embargo, es imposible no considerarlo a la hora en que deberá analizarse cómo habrá de manejarse este estudio de la UCR en una mesa de diálogo social como se dice que habrá a principios del 2017.

PRIMERO: La anterior reforma al IVM-CCSS del año 2005 hizo observaciones puntuales sobre control de la evasión, subdeclaración e inversiones, aspectos que las autoridades de la Caja han cumplido a medias y que, una década después, requeriría de una especie de auditoraje de cumplimiento.

SEGUNDO: El sistema IVM-CCSS por su antigüedad, más de 70 años, tiene una alta salida de recursos producto de que la población afiliada envejece a un ritmo diferente del ingreso de nuevos afiliados. Esto se debe reconocer; pero, dicho de otro modo, la institución no estimula adecuadamente el crecimiento de la masa laboral afiliada, sobre todo de las profesiones liberales las cuales parecieran estar más interesadas en otras alternativas.

TERCERO: La creación del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) tuvo como inspiración y esencia salir en defensa del primer pilar, el IVM, en caso de que éste presentara problemas de desfinanciamiento. ¿Cómo está esta relación hoy en día?

CUARTO: En el año 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador (LPT) cuyo artículo 78 señala que las empresas públicas del Estado deben trasladar sus superávits al IVM, lo cual no fue posible. Solamente hubo un intento que no se concretó, siendo la actual diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Las acciones de su cartera parecían querer bajar tensiones y no concretar el cumplimiento de la ley. Aquí también, hay que preguntar y hay que auscultar qué paso.

QUINTO: La Constitución Política señala que el Estado está obligado a sostener la salud de IVM y bien es sabido que el Estado mantiene una deuda importante cancelando la misma, con bonos y en abonos a la Caja, Por otra parte, las inversiones de la institución están en más de un 95 % en el Ministerio de Hacienda, lo cual pareciera indicarnos que en lo económico IVM estaría sosteniendo gran parte de la acción del Estado costarricense. Históricamente no se ha logrado subir, de manera importante y sustancial, la cotización estatal. Demasiado que conversar y dialogar al respecto.

SEXTO: Sobre evasión y morosidad, urge una drástica contundencia en acciones de cierre y de castigo a empresarios que cobran a sus trabajadores cotizaciones y no las trasladan al IVM. El En tema de inversiones, la cartera de crédito que sostiene IVM es impopular, o sea, de imposible acceso para la clase media y media baja, por lo que los trabajadores recurren para créditos de vivienda a organismos de otro tipo, pudiendo el IVM mejorar sus recursos dando crédito a todos sus trabajadores a mejores intereses.

SÉTIMO: En el campo de las inversiones, pensamos que el IVM puede desarrollar perfectamente obra pública.

OCTAVO: Hay que establecer prohibición expresa de que los fondos de IVM, a futuro, jamás deben ir al Seguro de Salud como ya sucedió, según lo apuntamos líneas arriba.

NOVENO: Desde nuestra perspectiva sociosindical, el diálogo social sobre el futuro del IVM-CSS y a partir del estudio de la UCR, debe tener estos requisitos iniciales:

1) No proceder con ninguna reforma sin que se haya dado el diálogo social, realmente transparente con acuerdos sólidos cumplibles y verificables, sin caer en una carrera loca contra el tiempo.

2) Rendición de cuentas: cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Situación actual y perspectivas de acción político-gerencial.

3) Rendición de cuentas: informe de Gerencia de Pensiones sobre políticas de control de la morosidad, la evasión y la subdeclaración patronal.

4) Rendición de cuentas: Informe detallado de inversiones pasadas, presentes y en curso.

5) Rendición de cuentas: posición institucional sobre denuncia penal expediente 12-000046-0615-PE.

6) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre políticas de inversión.

7) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre el Estado de la Reserva.

DÉCIMO: Finalmente, formulamos seis consideraciones generales-finales de este primer posicionamiento sindical ANEP-CJSMP sobre el tema: A) El agotamiento de la Reserva en el año 2030 no es una noticia novedosa, se advirtió desde el año 2005. B) La CCSS incumple su compromiso de mantener informes regulares a los actores sociales. C) Elevar la edad a los 70 años implica condenar a los trabajadores a entre 45 y 50 años de trabajo. D) Elevar la cotización obrera es cargar sobre la espalda de los trabajadores, el peso de malas acciones administrativas. E) El ROP debe venir en auxilio de IVM. 6) Nunca debe de convertirse el carácter del IVM de Régimen de capitalización colectiva a individual. Los países que lo han hecho, como Chile, hoy sufren las consecuencias.

Dejamos así sentadas nuestras primeras impresiones sobre un asunto de tanta relevancia para la inmensa y abrumadora mayoría de la población: la clase trabajadora; enfatizando en que ésta es nuestra visión sindical sobre tan delicado asunto y que, con seguridad, habrá otras igual de respetables, serias y dignas de toda consideración.

 

San José, martes 20 de diciembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Presidente CSJMP

 

Imagen tomada de www.anep.or.cr

Enviado a SURCOS por ANEP.

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A propósito del estudio de pensiones de la Caja realizado por la UCR

Comunicado UNDECA

 

El día de hoy 20 de diciembre se hace público, por los diferentes medios de comunicación, el resultado de un extenso estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, UCR, referente al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, que protege aproximadamente a 1 millón 300 mil costarricenses de la clase trabajadora del sector público y privado del país.

Según los resultados de este estudio, que debemos de ver con mucha preocupación, tomando en cuenta un fracasado intento entre la Caja y la SUPEN que obligó a cancelar un contrato con una empresa que no contaba con el currículum necesario.

De acuerdo al estudio de la UCR, que debemos aclarar no hemos analizado y que habrá que hacerlo con toda responsabilidad, algunos escenarios indican elevar la edad de 65 a 70 años. En la mayoría de los casos consideramos que ni en las empresas públicas ni privadas, están en capacidad de sostener a personas trabajando activamente a esa edad tomando en cuenta enfermedades laborales, emocionales, desgaste físico, problemas psiquiátricos, accidentes, recargos de trabajo, exposición de muy alto riesgo, etc. Más aún con una obsoleta Ley de Salud Ocupacional que no resguarda la salud y la vida de los trabajadores.

Actualmente para el cálculo de la pensión los y las trabajadoras están siendo castigadas severamente con un monto hasta en un 50% de su salario y este estudio indica que debería bajarse al 40%. Esto sin que la Caja posea un medio serio y responsable para revalorar la pensión a esos miles de pensionados a los que hoy no les alcanza para sobrevivir.

A esto se suma que para tener posibilidad de pensionarse, según este escenario habría que trabajar entre 40 y 45 años, en algunos casos hasta más tiempo. Así es que no existe la menor duda que los resultados de este estudio deberán ser profundamente analizados y estudiados por el impacto en la seguridad social y el en el entorno familiar de las personas que se pensionen, y que se prevé sea el doble de los que hoy se acogen a la pensión.

En UNDECA, desde ya llevaremos este estudio de la UCR para el conocimiento de las organizaciones sindicales y sociales, así como de los trabajadores del país, para tomar las acciones que sean necesarias.

*Para mayor información comunicarse con Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, al teléfono 8367-2737

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de laizquierdadiario.com

Enviado a SURCOS por UNDECA.

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Uso rentista de los fondos públicos sofoca seguridad social

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Uso rentista de los fondos publicos
La Caja Costarricenses de Seguro Social ofrece acceso universal a los servicios de salud pero tiene problemas de suficiencia (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).

Una enfermedad crónica viene asfixiando el sistema de seguridad social costarricense, considerado como el más exitoso de América y entre los mejores del mundo, llevándolo en una trayectoria errática desde hace más de dos décadas, según la Dra. Juliana Martínez Franzoni.

Largas listas de espera, un sistema de pensiones al borde de la quiebra, biombos, morosidad y personal médico que tiene jornada en lo público y lo privado al mismo tiempo, son algunos de los síntomas que sufre día a día al sistema de seguridad social costarricense, mientras que en la acera del frente de cada hospital crece en forma desmedida la oferta privada.

La Dra. Martínez, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, analizó algunas de estas causas que han afectado al sistema de seguridad social en la conferencia: “Protección Social en Costa Rica: antes y ahora”, que se realizó el 28 de abril en el Auditorio de la Facultad de Educación.

Un modelo exitoso

De acuerdo a los estudios comparativos de los sistemas de protección social de distintos países realizados por Martínez, naciones como Costa Rica que han logrado construir una arquitectura unificadora, han tenido mayor éxito, mientras que en los países donde estas estructuras han sido fragmentarias como Chile o Argentina se tienen resultados poco favorables.

Uso rentista de los fondos publicos2
La Dra. Juliana Martínez Franzoni ha investigado los sistemas de protección social de diferentes países (foto cortesía Escuela de Ciencias Políticas).

Martínez destaca el caso del sistema costarricense de seguridad social creado en la década de 1940, el cual se construyó sobre una arquitectura unificadora que permitió ofrecer servicios de salud y pensiones de forma universal para las y los trabajadores y desde 1970 también se amplía para aquellos que no tienen trabajo remunerado.

Destacó que en 1990 a pesar de las presiones externas que ejercía el Banco Mundial, con la creación de los EBAIS el estado costarricense demostró seguir apostando por la universalidad llegando a todos los rincones del país con equipos básicos de atención primaria.

No obstante, señaló la investigadora que “el talón de Aquiles en la protección social en Costa Rica hoy no está necesariamente en el acceso, está en la suficiencia de ese acceso y es en los problemas de suficiencia donde tenemos la gran salida de los sectores medios y medios altos a lo que sea que el mercado puede garantizar en salud, en educación y en ahorro para la vejez.”

Trayectoria errática

La académica señala que en las últimas décadas se han favorecido políticas fragmentarias que están llevando la seguridad social en una trayectoria errática. Por ejemplo, mencionó la contratación de proveedores de servicios de salud privados que brindan servicios a la CCSS, como la contratación de anestesiólogos, patólogos y de equipos a entes privados que en muchos casos también trabajan para la Caja.

Según detalló Martínez, ha habido un crecimiento totalmente desregulado de los servicios privados que ha venido menoscabando el modelo de salud pública, y son los ciudadanos de los dos quintiles de ingresos más altos, quienes aportan el 50% de los fondos a la seguridad social, los mismos que pagan doblemente por los servicios privados.

La doble práctica pública privada ha potenciado el conflicto de intereses por horarios y productividad del personal médico, incentivado los biombos y el uso de los recursos públicos, desde materiales hasta infraestructura hospitalaria y la expertise desarrollada por los profesionales en el sistema público con fines privados.

Conclusiones

Para Martínez, el problema financiero que enfrenta actualmente tanto el sistema de salud como el de pensiones es el resultado de un problema de economía política, donde hay múltiples intereses y actores dispersos que hacen un uso rentista de los fondos públicos.

La politóloga se pregunta ¿cómo hacemos para reconstruir rutas universalistas de protección social “con sistemas fiscales débiles, con élites depredadoras, con élites cuyo principal interés es proteger sus ganancias y colocarlas en paraísos fiscales, con resistencias muy profundas a financiar bienes colectivos, con clases medias fragmentadas que han mercantilizado gran parte de su bienestar y por lo tanto su presente no depende tanto del estado hoy como en otros momentos?».

Para ella hay dos cosas centrales que el país debe resolver, la regulación de lo privado y el problema tecno-político de los actores involucrados. De otra forma, vaticina que las inversiones que se sigan haciendo en el sistema de seguridad social costarricense terminarán de una u otra forma fortaleciendo al sector privado.

La Dra. Martínez junto con el investigador Dr. Diego Sánchez Ancochea, analiza el caso de Costa Rica y otros tres países en el libro que publicará próximamente titulado “La búsqueda de universalismo actores, ideas y arquitecturas en países del Sur”.

La conferencia fue organizada por la Escuela de Ciencias Políticas con la colaboración del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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