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Etiqueta: personas defensoras de Derechos humanos

Personas defensoras, organizaciones e instituciones articulan esfuerzos para fortalecer la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales

La iniciativa, impulsada por el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, promueve un proceso participativo de formación, diálogo y articulación con personas defensoras, organizaciones especializadas e instituciones nacionales e internacionales.

Defender los derechos humanos en los territorios y proteger el ambiente constituyen dimensiones fundamentales de la vida democrática. Quienes realizan esta labor contribuyen a visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades, denunciar vulneraciones y promover la protección de los territorios y los bienes comunes. Sin embargo, también enfrentan diversos riesgos y formas de violencia, entre ellas amenazas, hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física, psicológica, patrimonial y digital.

Ante esta realidad, el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), desarrolla un proceso orientado a fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en asuntos ambientales en Costa Rica.

La iniciativa parte de una perspectiva de acción social universitaria que reconoce el conocimiento y las experiencias construidas en los territorios como aportes fundamentales para comprender las problemáticas socioambientales y construir respuestas colectivas, en ese sentido, Kioscos Socioambientales asume un papel articulador entre personas defensoras, organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos internacionales y otros actores vinculados con la protección de los derechos humanos y el ambiente.

El proceso tiene como antecedente una serie de diálogos desarrollados durante 2025 con personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de distintos territorios del país. Estos espacios permitieron identificar riesgos, obstáculos y necesidades que atraviesan su labor, así como reconocer la importancia de fortalecer las capacidades colectivas y las respuestas institucionales frente a las situaciones que enfrentan.

A partir de este trabajo, durante el 2026 se desarrollará una agenda de actividades socioeducativas y participativas orientada a promover acciones coordinadas de prevención y protección, así como a contribuir a la construcción de entornos seguros, propicios y libres de estigmatización para quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos. Los encuentros combinarán formación, intercambio de experiencias, identificación de riesgos, construcción colectiva de herramientas y acercamiento a mecanismos nacionales e internacionales de protección. Para ello, se contemplan diferentes modalidades de participación, entre ellas foros públicos, espacios abiertos con inscripción y talleres cerrados.

Esta iniciativa se vincula con una trayectoria de trabajo junto a organizaciones y comunidades en procesos relacionados con la defensa territorial, los bienes comunes y la justicia socioambiental. El acompañamiento y articulación territorial permite aportar una mirada situada sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras y sobre la necesidad de construir respuestas que reconozcan sus conocimientos, experiencias y capacidades organizativas.

“Este proceso parte de la premisa de que las personas defensoras no son únicamente receptoras de información o de medidas de protección, sino sujetas activas en la construcción de las respuestas frente a los riesgos que enfrentan. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la posibilidad de poner en diálogo actores que cuentan con experiencias y herramientas diferentes”, señala Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En este proceso participan, entre otros actores, Front Line Defenders, la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y especialistas vinculados con los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos. Esta diversidad de participantes busca favorecer el intercambio entre experiencias territoriales, conocimientos especializados y herramientas institucionales de prevención y protección.

El proceso dará inicio el 19 de agosto con el conversatorio “El derecho a defender derechos humanos: fundamentos y contexto”, un espacio que permitirá abordar los estándares internacionales relacionados con este derecho y reflexionar sobre las rutas de prevención y protección disponibles en Costa Rica.

Esta primera actividad marcará el inicio de una agenda de trabajo que se extenderá durante los próximos meses, intentando consolidar un proceso sostenido de diálogo, formación y articulación, en el que las experiencias y conocimientos de las personas defensoras entren en conversación con las herramientas desarrolladas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, organismos internacionales y la Universidad de Costa Rica.

Este tipo de procesos expresa el compromiso de la acción social universitaria con las realidades y necesidades de los territorios. La articulación de saberes académicos y conocimientos construidos desde las comunidades permite generar espacios de reflexión y formación, pero también contribuir a la construcción de herramientas frente a problemáticas que tienen profundas implicaciones para los derechos humanos, la justicia ambiental y la democracia.

El proceso impulsado por Kioscos Socioambientales y ONU Derechos Humanos apuesta, así, por generar espacios donde la experiencia de quienes defienden los territorios sea reconocida como un conocimiento fundamental para construir respuestas colectivas y donde la Universidad pueda contribuir, desde su quehacer académico y de acción social, a la defensa de los derechos humanos y la justicia socioambiental.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Alerta temprana urgente: Riesgo para la vida e integridad de defensor indígena Bröran en Costa Rica

SURCOS comparte el siguiente comunicado de FRENAPI

San José, Costa Rica, lunes 30 de marzo de 2026.

Se emite la presente alerta temprana ante la grave situación de riesgo que enfrenta el líder indígena Pablo Sibas Sibas, defensor de los derechos humanos del pueblo Bröran, en el territorio ancestral de Térraba, en Costa Rica.

Pablo Sibas Sibas es recuperante de tierra/territorio en la finca Crün Shurín de Térraba y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Su labor ha estado centrada en la defensa de los derechos territoriales, culturales y colectivos del pueblo Bröran, históricamente afectado por conflictos vinculados a la recuperación de tierras y el respeto a su autonomía.

Diversas informaciones recientes advierten sobre amenazas y condiciones de vulnerabilidad que comprometen seriamente su vida, integridad personal y seguridad. Este contexto resulta especialmente alarmante considerando que Pablo Sibas Sibas forma parte de la lista de personas indígenas beneficiarias de Medidas Cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2015, las cuales obligan y responsabilizan al Estado costarricense por la garantía de su vida e integridad física, así como la de otras personas de los territorios de Térraba y Salitre.

El territorio indígena de Térraba ha sido escenario de tensiones persistentes, donde personas defensoras de derechos humanos han enfrentado amenazas, hostigamientos y riesgos estructurales derivados de la insuficiente presencia y respuesta efectiva del Estado.

Ante este contexto, se hace un llamado urgente al Estado costarricense para:

  • Adoptar medidas inmediatas, eficaces y culturalmente pertinentes de protección para salvaguardar la vida e integridad de Pablo Sibas Sibas y su familia.
    • Activar de forma diligente el protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos, conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
    • Garantizar una presencia institucional efectiva en el territorio, con enfoque intercultural, que permita prevenir hechos de violencia y asegurar condiciones de seguridad para las personas defensoras indígenas.
    • Investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial cualquier amenaza o acto de intimidación, con el fin de evitar y no continuar la impunidad.

Asimismo, se exhorta a los medios de comunicación, organizaciones sociales y a la comunidad internacional a visibilizar esta situación y dar seguimiento permanente a las acciones del Estado costarricense, en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La protección de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas no solo constituye un deber jurídico ineludible, sino una condición esencial para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia en Costa Rica.

Se solicita atención inmediata.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA (FRENAPI)

Apoya:

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

SURCOS comparte la siguiente información:

Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

  • En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra  la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.

Para contacto de medios:

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado.

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca,  Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Members of the press hold images of colleagues during a protest against the murder or disappearance of more than 140 journalists and photojournalists in Mexico since 2000, in front of the National Palace in Mexico City on June 1, 2018. – Racked by violent crime linked to the multibillion-dollar narcotics trade, Mexico posted a record number of homicides last year: 25,339. That included at least 11 murdered journalists, making the country the deadliest in the world for the profession after Syria, according to Reporters Without Borders. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP). Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.

 

Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.