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Etiqueta: perspectiva de género

¿Qué es y cuáles son las consecuencias para Latinoamérica de las nuevas normas europeas sobre Debida Diligencia?

Imagen: https://www.parservicios.com

Por dos días tendremos la oportunidad de comprender, discutir y pensar las oportunidades y riesgos que este marco jurídico implica para países como Costa Rica. Personas expertas de Italia, España y Latinoamérica, en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica debatirán al respecto el 21 y 22 de noviembre, incluyendo el análisis de ese marco normativo, la discusión de proceso en marcha y la inclusión de perspectiva de género, flujos migratorios, cambio climático y los daños en las cadenas de valor.

Este evento, que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene como objetivo discutir y analizar el marco normativo europeo y su impacto en las cadenas de valor globales, así como los desafíos y oportunidades que esto representa para el trabajo y los derechos laborales. A continuación, se resume las actividades a llevar a cabo cada día:

Día 1: Jueves 21 de noviembre

–   Apertura: Inicia con una inscripción y una mesa inaugural con representantes académicos y del colegio de abogados.

–   Primera Mesa: En esta sesión, se abordan temas como el marco normativo europeo en la debida diligencia, la relación con acuerdos internacionales, la negociación colectiva y el cambio climático. Los expositores incluyen expertos de universidades europeas que discuten cómo estas regulaciones impactan la sostenibilidad corporativa.

–   Segunda Mesa: Se enfoca en casos específicos y estudios sobre la aplicación de la debida diligencia en sectores como el transporte y las industrias textil y agrícola. También se explora la situación de las cadenas de valor de productos como la piña y el banano y las relaciones con sindicatos europeos y latinoamericanos.

–   Presentación de Informes Nacionales: Delegaciones de países latinoamericanos presentan sus informes sobre la situación laboral en sus respectivos países, abriendo un espacio para el análisis de problemáticas específicas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.

Día 2: Viernes 22 de noviembre

–   Tercera Mesa: Este bloque se enfoca en temas específicos como la migración en cadenas de valor, la perspectiva de género en los acuerdos internacionales, y los daños en el ámbito laboral. Estos temas son abordados desde una óptica latinoamericana.

–   Cuarta Mesa: Se discuten los impactos socio-ambientales y las externalidades en las cadenas de monocultivos, el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el marco europeo de debida diligencia. Además, se analizan los riesgos y oportunidades de estos acuerdos como espacios de disputa.

–   Cierre y Mesa de Trabajo: Al final del evento, los delegados exbecarios se reunirán en mesas de trabajo para discutir las oportunidades y amenazas de la debida diligencia y los acuerdos internacionales en el contexto de sus propios países. Este cierre busca formular conclusiones y fortalecer el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.

Este encuentro promete ser una plataforma importante para el diálogo entre personas expertas y la promoción de mejores prácticas laborales en cadenas de valor globales, considerando las realidades y desafíos específicos de cada región.

Puede descargar el programa a continuación:

Defensoría pide cuentas por chalecos para mujeres de la policía penitenciaria

La Defensoría de los Habitantes investiga una denuncia sobre la disponibilidad de chalecos de seguridad adecuados para mujeres que laboran en la policía penitenciaria del país.

Para la Defensoría no solo es importante estos dispositivos por un tema de seguridad sino también que se considere la perspectiva de género en su diseño, pues deben adaptarse adecuadamente al cuerpo de las mujeres tomando en consideración las diferencias anatómicas.

En el presente año la Defensoría realizó una solicitud de información a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para conocer las acciones realizadas para la adquisición de estos chalecos, a raíz de una queja presentada por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

En respuesta a esta Defensoría, el 05 de abril anterior la Dirección de Adaptación Social informó que, si bien se cuenta con un contrato activo para la adquisición de estos equipos y se han efectuado varias cargas de contrato -se adquirieron 1.231 unidades-, también es cierto que se han dejado de utilizar un grupo de chalecos debido a su vencimiento, para un total de 1.971 entre el periodo del 2021 al 2024.

Además, se indicó que, para el periodo actual se cuenta con una asignación presupuestaria cercana a los 200 millones de colones para la adquisición en el primer semestre del año 2024 de unos 212 chalecos, los cuales deberán ser distribuidos de manera equitativa en todos los centros penitenciarios y unidades de trabajo, dando prioridad a aquellos que presentan un mayor déficit.

Adaptación Social señaló que como parte del cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional se hizo una carga al contrato para la adquisición de 67 chalecos femeninos, las cuales dadas las características de la contratación constituirían 134 agentes de policía femenina que se estarán cubriendo en esta primera etapa, y de acuerdo al presupuesto asignado a esa partida se irán progresivamente adquiriendo más chalecos a las mujeres policías de acuerdo a la necesidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes continuará con el proceso de investigación y seguimiento a este tema, para generar las recomendaciones del caso.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Estado debe atender pendientes con mujeres y niñas con discapacidad

Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública

La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.

Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.

En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.

Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.

En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.

En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.

En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.

A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.

Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ideología de género ¿Qué es eso?

Marcia Aguiluz Soto.

Por Marcia Aguiluz Soto[1]

Soy feminista y no sé qué es la “ideología de género”. Tengo 18 años como defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, me ha correspondido representar a víctimas de violencia frente a instancias internacionales, dar conferencias, documentar casos, dar clases, escribir artículos… digamos que algo sé de temas de género, pero reconozco que no sé nada de la “ideología de género”, ninguna de mis maestras nunca me habló al respecto y nunca la he aplicado en mi vida.

En estos días y a propósito de las noticias sobre varios presidentes que se enorgullecen por prohibir esta ideología, me di a la tarea de indagar un poco más sobre el concepto. Lo primero que hice, por supuesto, fue “googlear” y preguntar. Resulta que fue el Papa Benedicto XVI quien primero se refirió a este tema y, desde entonces, grupos religiosos y conversadores han utilizado la frase para estigmatizar el concepto de género e intentar borrarlo.

¿Qué es el género? Marcela Lagarde lo describe como “una construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo”. Seyla Benhabib explica que “es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. El género no es un hecho natural sino parte de un proceso histórico y social”.

El género nos permite comprender que las diferencias entre los seres humanos (hombres y mujeres) no están determinadas solo por la biología, sino que han sido construidas y asignadas por las sociedades, de acuerdo con sus culturas y creencias. Así, entre otras cosas, el género nos ayuda a entender por qué se asignan roles diferenciados en la familia a los hombres y a las mujeres, por qué los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres son distintos de aquellos que sufren los hombres, por qué los trabajos de cuidados no están bien remunerados, por qué a las mujeres se nos exige ciertos estándares de belleza y no a los hombres, por qué a los hombres se les cuestiona si son sensibles.

Gracias a este concepto y a la aplicación de la perspectiva de género en políticas públicas, así como en espacios públicos y privados, se han cuestionado los roles, y los estereotipos que históricamente se han asignado a los hombres y a las mujeres, y que han afectado profundamente a ambos, aunque la peor parte la han llevado estas últimas.

Aunque el camino es largo y los obstáculos siguen siendo importantes, hoy tenemos algunos avances que buscan equilibrar la balanza de la desigualdad y saldar algunas deudas históricas, por ejemplo: se reconoce que las mujeres podemos votar y acceder a cargos públicos, que podemos trabajar fuera de casa o decidir no hacerlo, que tenemos derecho a devengar salarios iguales a los de colegas hombres, que las tareas domésticas no son solo un asunto de mujeres, que los hombres pueden demostrar sus emociones, que los hombres pueden elegir asumir las tareas de cuidado, que las mujeres no debemos ser objeto de ningún tipo de violencia, entre otras. Claro está, estos avances no se expresan igual en muchas de nuestras sociedades, y las mujeres siguen siendo juzgadas y violentadas por transgredir el rol que históricamente se las ha asignado.

Entonces, me resulta insólito y lamentable que autoridades, e incluso personas ciudadanas, celebren la prohibición de la denominada “ideología de género”, o crean que no es relevante. Esta decisión, además de que estigmatiza el concepto de género como algo “negativo”, podría implicar una revisión de las políticas públicas que se han creado para avanzar en la igualdad. Es evidente que los políticos usan estas discusiones para distraer, polarizar y entretener a sus seguidores, mientras las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres persisten y no se pueden ocultar.

Las Naciones Unidas han señalado que nos tomará 286 años avanzar plenamente hacia la igualdad; ahora bien, si estos u otros gobernantes insisten en eliminar el género, lo único que estarán consiguiendo es que este plazo se duplique y que a las presentes y futuras generaciones se les niegue la oportunidad de crecer en sociedades más igualitarias y diversas. Aprovechemos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para celebrar los avances, y recordar que los desafíos todavía son muchos como para dar marcha atrás.

[1] Abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Conversatorio: Nuestra Agenda de Mujeres en los planes de gobierno 2022-2026

El Comité Coordinador del Foro Consultivo de Mujeres del INAMU, invita a participar del Conversatorio Nuestra Agenda de Mujeres en los planes de gobierno 2022-2026.

Desde hace 20 años el Foro Consultivo ha discutido, e incidido, en torno a la necesidad de desarrollar políticas públicas con perspectiva de género para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Esta discusión encuentra su sustento en la experiencia y reflexión de las organizaciones presentes en el mismo con representación de todas las regiones del país.

Desde el Foro, consideran que Costa Rica es uno de los países con mayor avance en legislar y en implementar acciones afirmativas a favor de las mujeres, sin embargo, aún falta camino para ver el cumplimiento y disfrute pleno las vidas de las mujeres.  Hacer uso de los derechos constitucionales es una responsabilidad como soberanas y un deber de comprometerse con el cumplimiento de todos los derechos de las mujeres, de quienes aspiran a tomar decisiones en el país.

Esta actividad será el 02 de diciembre de 2021. La convocatoria es para conversar sobre la agenda del Comité y lo que han contemplado los planes de gobierno de las y los candidatos para quienes representamos la mitad de la población costarricense, las mujeres.

Para más información al correo electrónico listacomiteforomujers@inamu.go.cr o vía WhatsApp al 8791-4590 o 8918-1798.

Información difundida por Beatriz Castro Zúñiga del Comité Coordinador del Foro Consultivo de Mujeres INAMU.

KIT de Género

A continuación se adjunta la herramienta del KIT de Género, como aporte de la Licda. Sandra Chaher, presidenta del Colectivo Argentino: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.

El documento del KIT fue realizado en el contexto del Proyecto Velocidad que lleva adelante SembraMedia para el uso de medios de comunicación nativos digitales de tamaños medianos y pequeños de América Latina, con el objetivo de acompañar el proceso de visibilización de espacios libres de discriminaciones y perspectiva de género dentro de los mismos.

 

Compartido con SURCOS por Sindicato Nacional de Periodistas de C.R.

Seminario Web «CONSTRUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ»

La Iniciativa de Acceso México, el Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú y el Proyecto Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert (FES), le invitan a participar en el Primer Seminario Web «CONSTRUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ» que se realizará el jueves 29 de octubre a las 12:00 horas (Ciudad de México).

El seminario tiene como objetivo «Difundir y promocionar el Acuerdo de Escazú entre personas, organizaciones y redes que trabajan con mujeres para que se conviertan en promotoras de la ratificación del Acuerdo de Escazú y colaboren en la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del mismo».

Para inscribirse debe ingresar en el siguiente enlace y participe contestando las preguntas del cuestionario https://forms.gle/Djoz3V2ff7LQqQnS7

Al inscribirte recibirá el enlace de la sesión en zoom.

Carta Abierta: ¡Paridad de género en el diálogo: porque la ley lo ampara y es en interés del país!

Al Presidente de la República.
Al Presidente de la Asamblea Legislativa.
A las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales
A la opinión pública y a la ciudadanía.

Nuestro país ha venido dando importantes pasos en el camino de la igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las mujeres. Hemos ratificado una serie de instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico y han trazado la ruta, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete al Estado a garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres.

La Sala Constitucional bien ha explicado que conforme al Principio de Paridad de Género, “la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años en la participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles” (Sentencia 4622-16).

El contexto actual de crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionadamente a las mujeres, por ello, quienes firmamos esta “Carta Abierta” clamamos por una democracia participativa y exigimos que la representación de cada grupo que integre la Mesa de Diálogo Nacional cuente con una integración de 50% de hombres y 50% de mujeres, convencidas no solo del derecho a participar en igualdad, sino seguras de que el aporte de la visión de las mujeres en el proceso de análisis de propuestas será determinante para el éxito de cualquier diálogo.

La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación. Las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder, y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.

La Costa Rica que se asoma ya al Bicentenario, debe seguir avanzando en paridad e inclusión; en respeto a los derechos humanos. Por eso, instamos respetuosamente al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan, a cumplir con el marco jurídico y:

  1. conformar representaciones paritarias
  2. considerar el impacto diferenciado de la crisis y contemplar acuerdos que atiendan las necesidades de la diversidad poblacional que reside en el país.

Suscribimos,

Sonia Picado Sotela, Ex Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alda Facio, Relatora de ONU
Ana Isabel Garita V., Ex Ministra de Justicia
María Eugenia Bozzoli Vargas, Antropóloga. Premio Magón de Cultura
Ana Catalina Chaves Arias , Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Higinia González Maroto, Fundadora de Arte Chúbu, Comunidad Boruca
Milena Grillo Rivera, Especialista en Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Karla Prendas Matarrita, Activista social, ExDiputada
Maria Elena Carballo, Académica, Ex Ministra de Cultura y Juventud
Mimi Prado Castro, Ex Viceministra de Cultura
Vicky Montero, Actriz Emérita
Gabriela Mora Fallas, Directora de orquesta
Nancy Marín Espinoza, Ex Ministra de Comunicación
Marta Solano Arias, Presidenta Partido Acción Ciudadana
Damaris Solano Murillo, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad-Costa
Rica
Adriana Orocú Chavarria, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y
profesora universitaria UCR
Aida González Brenes, Asociación inclusiva laboral de personal con discapacidad
Ailyn Morera Ugalde, Artista escénica. Docente Universidad Nacional
Alejandra Bonilla Leiva, Movimiento de mujeres del campo
Alejandra Manavella , Abogada Defensora de derechos humanos.
Alexandra Latishev Salazar, La Linterna Films
Amandine Bourg Garita, Bióloga
Ana Elena Obando Mendoza, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por
los Derechos Humanos
Ana Leonor Ramírez Montes, Mujeres por Costa Rica
Ana Mayela Coto Gonzalez, Presidenta mujeres de la Provincia de San José- PLN
Ana Yancy Espinoza Quirós, Fundación Arias para La Paz y El Progreso Humano
Anabelle Sancho Castillo, Docente MEP
Andrea Gomez Arce, Activista Derechos de Personas con Discapacidad
Arabella Salaverry Pardo, Escritora y Actriz
Ariana Quesada García, Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo
Universitario de la UCR
Carmen Edith Ulate Rodríguez, Académica, Universidad Nacional
Catalina Peña Castro, Docente
Cristel Rivera Víquez, Estudiante Trabajo Social
Cristina Carpio Alvarado, Colectiva Alto al Acoso
Cristina Naranjo Morales, China Kicha
Cristina Rojas Rodríguez, Directora CENTRO ETHOS
Dahiana de los Angeles Brenes Lopez, Movimiento Estudiantil Madres UNA
Daisy Orozco Rodríguez, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
Daniela Jiménez Montero, Economista
Daniela Ríos Alfaro Secretaria de la Mujer, ANDE
Dulce Umanzor Alvarado, Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo
(AMUCOODE)
Elizabeth Fonseca Corrales, Ex Diputada, Mujeres por Costa Rica
Elvira Yglesias Mora, Psicóloga
Emma A. Chacón Alvarado, Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Enid Ulate Solís, Centro Nacional de la Música, Flautista
Gabriela Arguedas Ramírez, Profesora, Universidad de Costa Rica
Gabriela Esquivel González, Docente de Educación Especial
Gabriela Santos Alvarez, Suplente de la Secretaría de Sedes Regionales de la FEUCR
Gema Arrieta Domingo, Gestora Cultural
Giselle Maria Mejía Blanco, Asociación Guanacasteca de Discapacidad Autonomía y
Comunidad Inclusiva
Gloriana Villegas Valenciano, Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)
Grace Catalina Damazio Acosta, Fundación de Espina Bífida
Gwendolyne Rojas Salas, Trabajadora Social
Haydee Hernandez Perez, Jefa de la Unidad de Género en la Asamblea Legislativa
Idalie Castro Rivera, Centro de vida independiente Morpho
Ilka Treminio Sánchez, FLACSO Costa Rica
Irene Aguilar Viquez, Abogada Defensora de derechos humanos.
Isabel Picado Sotela, Pensionada
Ivannia Rivera Porras, Foro de mujeres políticas por Costa Rica
Jeannette Pérez Araya, Intérprete Médico Legal
Jimena Fonseca, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Julia Herrera, Amucoode
Karina Vargas Lepe, Médica Psiquiatra
Karla Gonzalez Bolaños, Abogada
Larissa Arroyo Navarrete, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Arias Pacheco, Economista
Laura Valenciano Arrieta, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Valverde Cuevillas, Bióloga y conservacionista
Laura Zuñiga Madrigal, CONAPDIS
Lina Barrantes Castegnaro, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz
Lorena Chavarria Martínez, Asesora Sindical de ANEP
Lucía Bonilla González, Colectiva Alto al Acoso
Luciana Batalla Bunn, Asociación Voluntarios Costa Rica Indígena
Marcela Jager Contreras, Académica, Universidad Nacional
Marcia Aguiluz Soto , Abogada defensora de los derechos humanos
Margarita Bolaños Arquín, Mujeres por Costa Rica
María Alejandra Solórzano Castillo, Escritora, Académica de la Universidad Nacional
María del Rosario Calderón Fournier, Docente
María Fernanda Valverde Díaz, Fundación Justicia y Género
Maria Laura Sanchez Rojas, Unidad de Capacitación y Formación Política, ANEP
Mariela Zamora Rey, Secretaria de Sedes y Recintos Regionales de la FEUCR
Marielos Rojas Espinoza, Docente de UNED
Marta Iris Muñoz, Abogada
Melissa Núñez Badilla, Docente de la UTN
Mildred Campos Sandoval , CECATS
Mónica Soto Herrera, Abogada
Monserrat Ruíz Guevara, Directora Ejecutiva de CANAESS
Nerina Carmona Castro, Actriz, Gestión y producción cultural.
Nuria Calvo Fajardo, Pensionada
Pamela Campos Chavarría, Antropóloga y Gestora Cultural
Patricia Howell, Cineasta
Patricia Margarita Jiménez Castillo, Artesana
Patricia Vanolli Alvarado, Abogada Derecho Público
Priscilla Solano Castillo, Partido Cantonal de Carrillo
Raquel Castro, Movimiento de Mujeres – PLN
Rita Benavides Sánchez, Traductora y Gerente de Proyectos
Rosario Rosales Arce, Rosarce Consultoría Empresarial
Rose Mary Sanchez Pérez, Territorio indigena Quitirrisi
Rosemary Castro Rivera, Centro de Vida Independiente Morpho
Roxana Arroyo Vargas, Docente, Universidad Estatal a Distancia
Sandra Monge Vásquez, Fundación Justicia y Género
Sara Cognuck González, Activista climática
Shirley Campos Villalobos, Fundación Justicia y Género
Silvia Rojas Herrera, Académica del Idespo, Universidad Nacional
Sofía de la Cruz Vargas, Secretaria General, Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Sonia Navarro Solano, Abogada
Soraya Long, Defensora de derechos humanos
Tatiana Chaves Araya, Grupo de teatro los de a pie
Thais Aguilar Zúñiga, Periodista
Valeria Rodríguez Quesada, Representante Estudiantil en el Consejo Universitario de la
Universidad de Costa Rica
Vicky Ramos Quesada, Artista Plástica
Victoria Esther Camac Ramírez, Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información
Indígena
Victoria Gamboa Ross, Periodista y Politóloga
Wendy Barrantes Jiménez, Centro de Vida Independiente Morpho
Xinia Vargas, Bailarina Compañía Nacional de Danza y Académica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
Yalena de la Cruz, Odontóloga, especialista en salud pública.
Yenny Seguram, Indígena Cabécar

 

Imagen ilustrativa: https://la.network/

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

  1. Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
  2. Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
  3. Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
  4. Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
  5. Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

 d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

UNED – Webinar: perspectiva de género en los proyectos de desarrollo comunitario

El Programa de Gestión Local le invita a participar del webinar: «Perspectiva de género en los proyectos de desarrollo comunitario», programado para el día el miércoles 26 de agosto, a las 7 p.m.

Para poder participar, debe completar el formulario de inscripción y enviarlo antes del lunes 24 de agosto, a la 1 p.m.

Formulario disponible con el siguiente enlace:

https://forms.gle/juLQi3DXYNMjFabz6

 

*Imagen ilustrativa.