La acción polinizadora de las abejas está probada como crucial para el ciclo vegetal de la flora. Esta importancia es señalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al calcular que más del 70% de los 100 cultivos que proporcionan la mayoría del alimento para humanos son polinizados por abejas. Sin abejas no hay alimentos, sin embargo estos vitales insectos están peligro a nivel mundial por causa de los plaguicidas neonicotinoides que aún se aplican en muchos países, incluido Costa Rica.
Desde hace más de una década se viene investigando la relación de los plaguicidas neonicotinoides con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global por su causa. En febrero del 2018 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó a través del estudio de la evidencia científica, que el uso de los neonicotinoides en la agricultura sí representa un riesgo para las abejas, tanto silvestres como las abejas de miel (https://www.efsa.europa.eu).
A raíz de este informe, la Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir el uso de tres de estos compuestos: clotianidina, thiametoxam e imidacloprid, los cuales son utilizados en los cultivos de maíz, algodón y girasol, entre otros (http://www.elmundo.es). La comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen «riesgos muy agudos» para las abejas.
Una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es que son persistentes, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas.
Esta decisión tomada por la Unión Europea debe ser considerada también por otros países consumidores de plaguicidas, como el nuestro que se ubica en el primer lugar de aplicación de venenos por hectárea de cultivo agrícola. Sobre estos tres plaguicidas, en el siguiente cuadro se resume su situación actual en Costa Rica tomando en cuenta la cantidad de productos registrados y los cultivos en que están autorizados (http://app.sfe.go.cr/) :
Tal como lo señalan las autoridades europeas, la salud de las abejas está relacionada con la biodiversidad, la producción de alimentos y la salud ambiental. En Costa Rica se encuentran más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son: Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, (Espinoza y colaboradores, 2015).
Se debe considerar por su parte que en el capítulo 2: Foraging and Pollination, específicamente en el apartado 2.3 sobre Foraging and Flight Range (pág 82-91) vienen una serie de ejemplos sobre el rango de vuelo máximo que pueden tener las abejas en el neotrópico, se cita, por ejemplo, un trabajo clásico de Janzen en donde los géneros de abejas Xylocopas y Euglosas. Las Euglosas por ejemplo son polinizadoras de orquídeas y presentan color verde metálico) pueden tener rangos de vuelo tan amplios como de 20 km siendo su óptimo entre 6,7 Km a 10,0 Km. Tomando en cuenta estos rangos de vuelo se puede dimensionar el área que puede afectar un cultivo que aplique los neonicotinoides señalados. Es posible el que pueda presentarse el impacto incluso dentro de áreas de conservación que se encuentran rodeadas de zonas agrícolas, (Roubik, D, 1989).
Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen interrogantes como: ¿se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos productos? ¿Qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de esta nueva información? Aún, sin tener respuestas de esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas. Además, partiendo de que Europa se prohíben estos plaguicidas teniendo una sola especie de abeja europea (Apis mellifera) y que en el país tenemos más 650, muchas de ellas nuevas para la ciencia: ¿no deberíamos ir a la vanguardia de Europa y prohibir estos venenos?
Con los neonicotinoides sale peor el remedio que la enfermedad. Las cosechas de aguacate, café, melón, naranja, etc dependen de las abejas. Sin estas maravillosas aliadas del agricultor no sería posible obtener cosecha alguna. Ya han pasado “tortas” en la zona de los Santos que por tratar de eliminar los ácaros se quedaron sin abejas y por lo tanto sin aguacates. Sin abejas no hay cosechas, sin cosecha no hay comida, sin comida no hay vida.
Referencias:
Espinoza, F. 2015. Guía Práctica de Identificación de Abejas Nativas sin Aguijón (Apidae, Meliponini) por medio de sus entradas. Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, Universidad Nacional. Departamento de Publicaciones UNA. Primera Edición. 67pp.
Roubik, D 1989. Ecology and Natural History of Tropical Bees. Cambridge University Press. USA. 514pp.
*Por Fabián Pacheco, encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del INA y Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR
Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas
FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.
Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).
A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:
Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”
Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”
Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.
Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)
Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).
Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.
La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.
El escenario pos-elecciones:
En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.
En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.
Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.
En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.
En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.
Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.
Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.
Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.
(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800
Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.
Costa Rica tienen una deuda con la salud pública en materia de plaguicidas
Organizaciones solicitan se prohíba el Paraquat
Los intentos por parte del movimiento ecologista de prohibir el Paraquat han sido reiterados, básicamente buscamos que Costa Rica no siga siendo un basurero de tóxicos que no quieren en otros países (Fecon, 2-8-2018). El veneno conocido como “gramoxone” propiedad de la empresas Syngenta es cuestionado mundialmente en al menos 40 países donde no está permitido su uso, venta o transporte. La Unión Europea por ejemplo lo prohibió mediante un fallo del 2007 del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas (T-229/04).
Pero en Costa Rica el Paraquat está entre los plaguicidas con más volumen de ingrediente activo importado (Estado de la Nación, 2010) a pesar ser considerado un plaguicida de “Extrema peligrosidad” (Barvo, 2015).
Destaca que en Costa Rica el gramuxon es un plaguicida con estadísticas alarmantes por ejemplo el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reporta entre los años 2013 y 2015 un total de 353 intoxicaciones por Paraquat. Este agro tóxico está entre las primeras tres causantes de intoxicaciones por plaguicidas según la CCSS. Por otro lado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 20 de agosto de 2015 y el 12 de marzo de 2017, se reportó un total de 47 casos de autopsias en los que se determinó como causa de muerte el uso indebido del plaguicida Paraquat.
En setiembre de 2017 el Ministerio de Salud puso en consulta pública en el Sistema de Control Previo una propuesta para que mediante decreto ejecutivo se prohíba a nivel nacional el agrotóxico 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilio, de nombre común Paraquat y sus sales. Extrañamente el 25 de octubre lo saca de consulta pública en esta misma plataforma.
Ante consultas de la Federación Ecologista y la Red de Coordinación en Biodiversdad sobre los criterios técnicos por los cuales se retiró de consulta el Director de Asuntos Jurídicos mencionó que fue por que “era necesario conversar sobre el tema con el ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía”. El pasado 20 de abril mediante el oficio DAJ-CB-727-2018 el Ministerio de Salud vuelve ponerlo en consulta pública.
Estos vaivenes son conocidos en América Latina, por ejemplo en Brasil en setiembre de 2017 se emitió la prohibición de este agrotóxico pero la empresa Syngenta está ejerciendo presión para que esta medida sea revertida (RapAL, 18-11-18). Es por esto que no nos extraña intereses ocultos estén presionando a Costa Rica para que no se prohíba el Paraquat, a pasar se sus consecuencias ambientales y sociales.
Por tanto, la Federación Para la Conservación de la Naturaleza y La Red de Coordinación en Biodiversidad solicitamos de forma pública la firma del Decreto de Prohibición del Paraquat contemplado en el oficio DAJ-SM-1464-2017 del Ministerio de Salud.
El 22 de noviembre el Concejo Municipal de Barva de Heredia se declaró libre de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en áreas de manejo municipal.
Con esta declaración son 17 municipalidades y 2 universidades públicas que aplican políticas similares. Se trata de prohibiciones totales en las municipalidades Escazú, La Unión, Mora, Alajuela, Esparza, Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón. Mientras otras que tomaron acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato son: Corredores, Quepos, Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca, Talamanca y las instituciones de la UNED y UCR.
Según informes del (IRET-UNA) el país importó unas 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas en el 2015, siendo el glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. Para tener una idea de proporción, con 1000 toneladas de glifosato se pueden preparar 3,7 millones de litros de una formulación comercial, que alcanzarían para fumigar un 1,25 millones de hectáreas.
La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON,2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Un santuario de osos perezosos del país y la mayor finca orgánica de cacao del país, conocida como FINMAC, en Pueblo Nuevo de Guácimo fue vendida para ampliar una plantación de piña vecina.
La noticia tiene preocupados a vecinos y ambientalistas pues aseguran que están en riesgo el hábitat de unos 450 osos perezosos y otras especies. La Finca ha sido catalogada como el “Paraíso de los osos perezosos” y “oasis agroforestal” y ha sido objeto de varias investigaciones de estos tiernos y vulnerables animales.
Una tesis de maestría en Manejo de Recursos Naturales de la UNED para evaluar la exposición a plaguicidas se estudió una población de perezosos de la finca. El estudio se realizó del 2005 al 2008, se muestrearon un total de 58 perezosos, 46 de la finca y 12 de un centro de rescate. Se tomaron muestras para el análisis de residuos de plaguicidas y muestras de sangre. El estudio concluyo que los perezosos están expuestos a los plaguicidas ametrina, clorpirifos, clorotalonil, diazinón, difeconazol, deet, etoprofos y tiabendazol. La exposición de estos animales es probablemente por la ingesta de alimento contaminado y por contacto directo con los plaguicidas (Pinnock, M. UNED, 2010)
Esta última investigación ya revela el impacto de la producción de piña en estos animales por lo que los ambientalistas de la Asociación Pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC) solicitaron información al MINAE pues “temen se mande solapadamente a eliminar la fauna de la misma para borrar toda evidencia en caso de una inspección de las autoridades del ramo.”
APRENAC asegura que esa posible acción de la deforestación va agravar más el entorno de esas comunidades ya muy afectadas. Además, solicitan una intervención inmediata para verificar que esta sospecha que tienen los vecinos de la finca no se concrete.
Según una publicación de RAINFOREST ALLIANCE la finca FINMAC cuenta con 244 hectáreas, unos 120.000 árboles de cacao que están plantados bajo la sombra de cientos de árboles de almendro, sota caballo, cristóbal y eucalipto, así como cientos de plantas de banano y palmas de coco. Este sistema agroforestal, conocido como un “agrobosque” de cacao, es un hábitat ideal para aves, monos aulladores y especialmente para los osos perezosos que son tan icónicos de Costa Rica. La población de monos aulladores dentro de la finca, la cual ha crecido de cinco a 40 individuos en 10 años (Un paraíso de osos perezosos, 6-6-2016, RAINFOREST ALLIANCE).
Una reciente publicación confirmó la venta de la finca a la piñera por lo cual se dio la alerta de que en cualquier momento puede iniciar la destrucción de este santuario de perezosos, bosques y cientos de especies según esta fuente es la finca de cacao orgánico más grande del país y su destrucción representa una pérdida del 20% de la producción total de cacao del país y de la mayor parte de la producción de cacao orgánico costarricense. (ecolechocolat.com).
Informes con Walter Mora, 8793 6263, Presidente de Asociación Pro. Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC).
Foto de Vida silvestre: exposición a plaguicidas Margaret Pinnock Branford Ecotox-IRET-UNA.
Tres investigadores de la UCR participan en pasantía en universidad griega
Patricia Blanco Picado, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con la colaboración de Paula Umaña González
La capacitación y el intercambio de conocimientos y técnicas para la investigación y el monitoreo del uso de los plaguicidas es uno de los aportes que desde las academias se intenta promover por medio de un proyecto en el que participa la UCR (foto Esteban Umaña, CICA).
Tres investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron una pasantía en el Laboratorio de Farmacología y Ecotoxicología Agrícola de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Demócritus de Tracia, en Orestiada, Grecia, para adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias en el campo del monitoreo del uso de plaguicidas y sus efectos en el ambiente y la salud humana.
Este intercambio científico forma parte del proyecto Conocimiento para el control de los plaguicidas (Knowpec, por sus siglas en inglés), financiado por la Unión Europea, y en el que participan universidades de siete países de América Latina y Europa, entre ellas la UCR. Esta casa de enseñanza está representada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), que estudia el impacto de los plaguicidas en ríos y quebradas del país.
El Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, director del CICA, y quien participó como pasante durante un mes en Grecia, comentó que el principal aprendizaje obtenido junto al científico Dr. Zisis Vryzas, es la capacitación en el análisis del riesgo, una nueva metodología que permitirá detectar los plaguicidas con mayor potencial de riesgo por su toxicidad y efectos adversos para el ambiente y la salud humana.
Los otros dos científicos del CICA que viajaron a Grecia por un período de dos a cuatro meses son el M.Sc. Greivin Pérez Rojas, químico, y la Licda. Marta Pérez Villanueva, microbióloga.
La formación de científicos jóvenes y el intercambio de conocimientos y experiencias entre países europeos y latinoamericanos es uno de los objetivos primordiales del proyecto Knowpec, que pretende crear una red multidisciplinaria de investigación sobre el tema de los plaguicidas. El proyecto se inició este año y tendrá una duración de cuatro años, durante los cuales los intercambios continuarán.
«Mientras más formación haya, más conocimiento hay y es más factible hacer una gestión responsable del uso de plaguicidas», opinó Rodríguez, quien comentó que el próximo año habrá un nuevo intercambio con Dinamarca.
Carlos Rodríguez, Greivin Pérez y Marta Pérez, investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, participaron en una pasantía en la Universidad de Demócritus de Tracia, Grecia, donde trabajaron con el Dr. Zisis Vryzas (segundo de iz. a der.). (Foto cortesía CICA).
Por su parte, la coordinadora general del proyecto, la Dra. Carmen Sans, de la Universidad de Barcelona, España, quien visitó la UCR y ofreció una conferencia, destacó que las pasantías buscan una puesta en común de conocimientos que aporta tanto el estudiante que llega de un grupo de investigación como el que lo recibe, a cargo de un profesor experimentado.
«La idea es formar al investigador joven y poner en común conocimientos y experiencias propias que sirvan para avanzar en el tema y en la propia capacidad del grupo de investigación, tanto latinoamericano como europeo», dijo Sans.
Los países latinoamericanos que forman parte del proyecto son Argentina, Bolivia y Costa Rica, y Grecia, España, Reino Unido y Dinamarca de Europa.
Análisis de riesgo
Greivin Pérez destacó que lo más importante de su visita a Grecia es haber trabajado junto al Dr. Vryzas en el tema del análisis de riesgo de los plaguicidas aplicado al ambiente, a partir del monitoreo de aguas superficiales.
Marta Pérez, investigadora del CICA y la Dra. Carmen Sans, coordinadora general del proyecto Conocimiento para el control de los plaguicidas (Knowpec), participaron en febrero pasado en una visita a Tierra Blanca de Cartago, donde la UCR ha investigado sobre plaguicidas y promueve buenas prácticas agrícolas (foto Laura Rodríguez, UCR).
«Aprendí mucho de toda la experiencia que el Dr. Vryzas tiene en el tema del análisis de riesgo en la parte ambiental, pues él es experto en eso. También aprendí en relación con el trabajo de investigación básica y aplicada que ellos llevan a cabo. Prácticamente todo lo que investigan tratan de publicarlo, dedican tiempo a escribir y a publicar», indicó Pérez.
Durante los dos meses de su estancia en el país europeo, manifestó que pudo enfocarse en el procesamiento de datos de la quebrada La Mula, de Guanacaste, un estudio de monitoreo del uso de plaguicidas en los cultivos de caña de azúcar y de arroz que realizó el CICA por espacio de seis años, y el cual se utilizó en Grecia para aprender a cómo realizar un análisis de riesgo con base en los datos.
Al respecto, Rodríguez recalcó que este es uno de los grandes aprendizajes de Costa Rica y de la UCR a través del proyecto. «El análisis de riesgo es un campo nuevo para el CICA y es muy importante para nosotros porque hemos hecho muchos estudios sobre monitoreo ambiental, y si le aplicamos a este el análisis de riesgo, podemos obtener mayor información para enfocarnos en los riesgos prioritarios», aseguró.
Costa Rica no solo aportó un conjunto de datos para el trabajo conjunto de ambos países, sino que también Greivin Pérez, quien es especialista en química analítica, dio apoyo al laboratorio del Dr. Vryzas para mejorar los métodos de análisis químico, un área en la que el CICA posee gran experiencia.
Intercambio de experiencias
Para Marta Pérez, quien aún concluirá su pasantía en octubre próximo, lo más importante de esta actividad y del proyecto en general es intercambiar experiencias y aprender cómo se hace el manejo de plaguicidas en los diferentes países participantes. «Es sacar algo nueno, por ejemplo, aprender de la experiencia de aquí, ver qué ideas se pueden utilizar en Costa Rica y viceversa», afirmó.
La UCR, por medio del CICA, trabaja de cerca con comunidades en donde se ha detectado contaminación de fuentes de agua con residuos de plaguicidas, con el fin de mejorar el manejo de estas sustancias y prevenir problemas en la salud humana y el ambiente (foto Esteban Umaña, CICA).
Otro de los trabajos realizados en Grecia es la redacción de artículos científicos que recoja la experiencia de ambos países. «La idea es también tener algunos productos que nos sirvan a ambas partes del proyecto, como algún artículo, que sea una referencia para futuros trabajos de análisis de riesgo en Costa Rica. En esta área hay pocos trabajos publicados y son muy útiles, porque un estudio de análisis de riesgo ayuda en la toma de decisiones», dijo la joven investigadora.
Indicó además que ha habido intercambio de conocimientos en cuanto a técnicas de remediación de plaguicidas, área en la que el CICA lleva tiempo investigando sobre sistemas de biopurificación de estas sustancias. «Se han publicado varios trabajos al respecto y ya hay datos de estos sistemas que son efectivos para un gran número de plaguicidas», detalló Marta Pérez.
Uno de los artículos científicos en el que trabajan mostrará y contrastará dos estrategias diferentes de remediación utilizadas por Costa Rica y Grecia para la degradación biológica de plaguicidas, en aguas con desechos del herbicida terbutilazina.
«Nosotros hacemos uso principalmente de microorganismos para los procesos de eliminación y degradación de los plaguicidas, mientras que Grecia utiliza sistemas de fitorremediación, que involucra plantas y microorganismos que viven en las raíces de estas plantas que están cultivadas en un tipo de humedal artificial», explicó la microbióloga.
Otros intercambios científicos bilaterales incluyen el intercambio de experiencias de investigación de ambos países por medio de charlas impartidas por los investigadores de Costa Rica a profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Demócritus, así como su participación en presentaciones de trabajos de tesis de maestría y doctorado de estudiantes en Grecia, además del contacto directo con otros experimentados investigadores griegos.
Investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) promueve el uso de tratamiento alternativos al uso de plaguicidas altamente peligrosos, que ponen en riesgo la salud de los productores y el ambiente
Laura Ortiz C./Periodista UNA
Costa Rica importa cerca de 12 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por año, la mayoría proviene de China, India y Estados Unidos, de esa cantidad, cerca del 80 por ciento se considera Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), es decir, pueden causar graves daños a la salud y el ambiente, tanto de forma aguda como crónica.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la red PAN (Pesticide Action Network), han propuesto la reducción en el uso y la prohibición gradual de los PAP como una demanda mundial ante los riesgos para la salud y el ambiente que ocasionan estas sustancias químicas.
Desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se desarrolla el proyecto “Alternativas para la reducción y eliminación del uso de PAPs”, financiado por el Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y basado en el “Enfoque estratégico para el manejo de sustancias químicas (SAICM)”.
“A nivel internacional el fin es buscar controles y alternativas efectivas para los productores, con el propósito de abandonar por completo el comercio y empleo de estos plaguicidas y reemplazarlos por alternativas más seguras y agroecológicamente más sustentables. En el proyecto, lo que hicimos fue diagnosticar el uso, las prácticas agrícolas riesgosas y las alternativas de menor impacto en salud y ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los PAPs (importación, regulación, distribución, uso y disposición de residuos), en los cultivos de café y piña que se desarrollan en el país”, dijo Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA y coordinador del proyecto.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 se reportó que a nivel nacional se siembran 82.511 hectáreas de café y 37.644 de piña, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Iret-UNA, en promedio se utilizan 2,37 kilogramos (kg) de ingrediente activo PAPs por hectárea por año (i.a/ha/año) en la producción de café y 29,52 kg i.a/ha/año en el cultivo de piña, este último dato, tras un análisis en Pital de San Carlos, Alajuela.
Contra la roya
Una de las enfermedades más importantes que enfrentan los cultivos de café en el país es la conocida como “roya”, ocasionada por el patógeno Hemileia vastatrix. De acuerdo con el Centro de Investigaciones en café (Cicafé), durante muchos años los caficultores han controlado la plaga por medio de diferentes prácticas, una de ellas el empleo de fungicidas químicos sintéticos, pero el abuso de estas sustancias, ha producido incrementos en los costos de producción, riesgo de aparición de fungorresistencia, contaminación del ambiente, destrucción de la fauna beneficiosa y riesgos contra la salud pública.
Para este estudio se trabajó en dos fincas cafeteras de manejo convencional, la primera ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia, y la segunda en Pirrí de Alajuela.
En ambas fincas los ensayos se hicieron para evaluar la eficiencia contra la roya de los productos alternativos Bacillus subtilis, caldo bordelés, extracto de árbol Melaleuca alternifolia, caldo sulfocálcico y el hongo Lecanicillium lecanii, comparado con la eficiencia de tres fungicidas catalogados como PAP (triadimenol y epoxiconazol + piraclostrobina) y un sintético catalogado como no PAP (trifloxistrobina + ciproconazole). Se evaluó la incidencia y severidad de roya 30 días después de la aplicación de los tratamientos, los cuales se aplicaron en cuatro ocasiones durante el ciclo del café.
De acuerdo con la investigación, en lo referente a las alternativas, la que dio mejores resultados, es decir menor incidencia y porcentaje de hojas con menos lesiones, fue el extracto comercial de té + fungicida no AP, sin embargo, es el más costoso de todos y por lo tanto poco accesible para los productores.
En la finca El Cántaro, independientemente del tratamiento ya sea químico o alternativo, no hubo diferencias significativas en los rendimientos, lo que concluye que estos últimos pueden incorporarse en el manejo fitosanitario de la roya.
Según los resultados, el caldo sulfocálcico + Lecanicillium lecanni, fue el de mayor rendimiento, a pesar de que la incidencia alcanzó un 26 por ciento a finales de setiembre, este tratamiento tuvo un costo de 116.000 colones/ha, mucho menor al costo del tratamiento con extracto comercial del árbol de té + fungicida no AP, pero más costoso que los tratamiento químicos. El uso de caldo sulfocálcico +Lecanicillium lecanii constituye una opción para el manejo efectivo de la roya del café.
Además de Ramírez, en este estudio participaron las investigadoras Silvia Luna, Martha Orozco y Stephanie Williamson. Estos resultados fueron presentados el pasado 27 de abril en un taller regional denominado “Alternativas para la reducción y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en el cultivo de café”, donde participaron productores y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la producción.
En Costa Rica se utilizan 21 plaguicidas conocidos por ser extremadamente o altamente peligrosos según la clasificación de la OMS.
¿Qué es un PAP?
Un plaguicida se considera altamente peligroso si:
Tiene toxicidad aguda alta o extrema.
Puede causar muerte por inhalación.
Tiene toxicidad crónica (efecto a largo plazo).
Cumple con más de uno de los siguientes criterios: persistente, tóxico para organismos acuáticos y/o bioacumulable.
Es altamente tóxico para las abejas.
Está incluido en convenios ambientales internacionales.
***Para mayor información comuníquese con Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA (8812-2914) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3660.
VI Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas
Expertos internacionales analizarán el impacto de los plaguicidas en los alimentos y el ambiente
Patricia Blanco Picado, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Paula Umaña, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El análisis de residuos de plaguicidas en los alimentos y en el ambiente, monitoreo de contaminantes, buenas prácticas agrícolas, biorremediación de contaminantes, salud ocupacional, regulación de residuos de plaguicidas, el riesgo para la salud humana y el ambiente son algunos de los temas que se abordarán en el encuentro internacional de expertos en plaguicidas (foto cortesía CICA).
Para analizar los efectos de los plaguicidas en los alimentos y el ambiente en el mundo, del 14 al 17 de mayo próximo se llevará a cabo en Costa Rica la sexta edición del Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas.
La actividad se realizará en el Centro Internacional de Conferencias del Hotel Wyndham San José Herradura, con la participación de expertos nacionales y extranjeros, que buscan, desde la ciencia, contribuir con el conocimiento sobre los plaguicidas, así como con el uso adecuado y la regulación de estas sustancias químicas.
“Se suele decir que en Latinoamérica hay más abuso de los plaguicidas, muchas veces por vacíos en la regulación. En Costa Rica, por ejemplo, existe muy poca información sobre el monitoreo de los plaguicidas”, aseguró Carlos Rodríguez Rodríguez, director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica.
Se persigue asimismo que sea un espacio de intercambio de información sobre los avances en la regulación de los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente en todo el planeta.
El Congreso, organizado por el CICA y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), espera reunir a más de 300 científicos procedentes de países suramericanos, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y el Caribe. Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay han sido los anfitriones de las ediciones anteriores del Congreso.
La agenda prevista contempla temas de interés para el sector agrícola costarricense y latinoamericano como: análisis de residuos de plaguicidas en los alimentos y en el ambiente, monitoreo de contaminantes en el ambiente, residuos de plaguicidas y buenas prácticas agrícolas, biorremediación de contaminantes, salud ocupacional, regulación de residuos de plaguicidas, análisis de riesgo para la salud humana y el ambiente.
Además de los contaminantes convencionales como los plaguicidas, se evaluará también el impacto en el ambiente de algunas sustancias contaminantes emergentes, como los antibióticos.
El investigador del CICA, Greivin Pérez, expresó que «estos foros internacionales constituyen un gran paso para la mejora de la ciencia de los agroquímicos en América Latina, así como una plataforma ideal para mantener informados a los científicos y reguladores acerca de los avances en el control de los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente”.
Pérez destacó además que la actividad permitirá el establecimiento de alianzas y convenios entre los países, investigadores, estudiantes y los sectores productivos.
La inscripción al Congreso se encuentra abierta. Si desea mayor información puede visitar la página: laprw2017.fundacionucr.ac.cr o comunicarse al número telefónico 2511-8211.
Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero
El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.
En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.
Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.
Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.
La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.
Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.
Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.
Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.
Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.
Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.
¡Paren de fumigarnos!
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
