(21 de abril 2019) El Convenio de Rotterdam es un tratado internacional en el ámbito de la gestión de los productos químicos peligrosos. Según la FAO el Convenio establece un «sistema de alerta rápida» para ayudar a los países a protegerse contra determinados productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
Las «puertas giratorias» en el Ministerio de Agricultura y Ganadería posibilitan que representantes de la industria de los agroquímicos redacten reglamentos y disposiciones relacionadas directamente con sus intereses económicos a expensas de la salud de las personas.
Desde el Gobierno de Laura Chinchilla se puede ver la influencia de lobbistas de estas cámara en la redacción de directrices ministeriales y decretos ejecutivos (1),(3). Es muy importante señalar que todo este procedimiento se desarrolló sin participación de otros sectores y con muy poca transparencia o control ciudadano. Proceso que culminó con un resultado evidentemente favorable para los intereses de las industrias importadoras de plaguicidas y poniendo en peligro la salud pública y ambiental del país según señala la misma Procuraduría de la República, El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente (5).
Las organizaciones ecologista hemos alertado desde el inicio del Gobierno de Carlos Alvarado el conflicto de intereses de personas que un día son representantes de empresas y al otro son funcionarios públicos que estipulan los controles de plaguicidas (2). Pero el MAG radicaliza aún más su imposición enviando a un de estos lobbistas empresariales como representante diplomático a una cumbre dónde se estipulan controles sobre plaguicidas peligrosos.
Mediante el oficio DM-DGPE-0359-2019 (ADJUNTO) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se ha certificado oficialmente la designación como representante de Costa Rica ante el Convenio de Roterdam al señor Sigird Vargas, ex-director de la Cámara Nacional de Productores de Agroquímicos Génicos y actual asesor de Ministro de Agricultura y Ganadería. En el movimiento ecologista nos parece una grave amenaza para la salud pública y un conflicto de intereses que se designe el señor Sigurd Vargas como representante de Costa Rica ante el Convenio de Róterdam.
La 9° Conferencia de Estados Parte del Convenio de Róterdam sobre procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos peligrosos objeto del convenio internacional se celebrará en Suiza del 29 de abril al 10 de mayo de 2019.
Al mismo tiempo en Costa Rica, tres reglamentos de plaguicidas enfrentan procesos judiciales en la Sala IV por ser contrarios a los derechos humanos y la Constitución Política. Estos reglamentos se encuentran bajo los decretos 39995, 40059 y 41481; los cuales permiten introducir plaguicidas a Costa Rica sin estudios toxicológicos previos y tampoco pruebas de efectividad agrícola. Lo cual significa un riesgo importante en materia de salud pública y medioambiental.
Diversas organizaciones saldrán a la calle el próximo 25 de abril a las 4:00pm para exigir frente a los Tribunales de Justicia que el control de los plaguicidas se realice de forma responsable, apegada a la ciencia y la técnica. Además es importante se eliminen los conflictos de intereses dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la presencia de lobbistas de los empresarios vendedores de agrotóxico que al mismo tiempo fungen como funcionarios públicos.
Contacto al teléfono: 87609800
Notas:
https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-diseno-nuevo-sistema-registro-agroquimicos/
Firmantes:
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Apicultores de Costa Rica
Asociación Ambientalista Sulá
Asociación Salvando Abejas de Costa Rica
Bloque Verde
Cámara Nacional de Apicultura
Campaña Paren de Fumigar
Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Ecolur
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
La Yunta Agroecológica
Movimiento No Más Contaminación
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO)
Red de Coordinación en Biodiversidad
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
Red Permanezca
Enviado por FECON.
Sea parte de SURCOS:
Ante los decretos irresponsables que permiten el registro de agrotóxicos de forma anticientífica en Costa Rica, se convoca a firmar recurso y presentar coadyuvancias a la acción de inconstitucionalidad el Decreto Ejecutivo 41481-MAG.
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Sea parte de SURCOS:
(Bloque Verde, 27-2-2019) Ministerio de Salud respalda al MINAE y señala posible inconstitucionalidad de Decreto 39995. Mediante el oficio DM-FR7196-2018 la cartera de salud respalda los argumentos planteados por las organizaciones ambientales, agricultores orgánicos, apicultores y académicos al señalar la importancia de que el registro de plaguicidas sea respaldado por estudios toxicológicos.
El médico Daniel Salazar en su condición de Ministro de Salud señala que: “el alto consumo de plaguicidas ha traído como consecuencia problemas en la salud humana de los trabajadores agrícolas, la salud de los consumidores, salud ambiental y problemas agroecológicos”
El ministro Salazar señala también que: “… el Ministerio de Agricultura y Ganadería no toma en cuenta para al criterio de información toxicológica del Ministerio de Salud, existe el riesgo de que haya perjuicio en la salud humana y/o del ambiente. Por lo que dichos estudios toxicológicos son de suma importancia para evaluar el riesgo a la salud que generan los plaguicidas a la población y/o al ambiente…”
Los análisis que no se les está realizando a los plaguicidas debido al decreto 39995 firmado en 2016 el MinSa señala: toxicidad aguda, toxicidad subcrónica, toxicidad crónica, mutagenicidad, intoxicación, metabolismo, estudios de eficiencia y evaluación de riesgo de la población.
Pese a estos señalamientos que son discutidos en la Sala Cuarta el ministro del MAG, Renato Alvarado, amplió los plazos de validez de los registros mediante otro decreto ejecutivo (N.º 41481), mismo que reforma parcialmente al DE 39995. Entre las reformas se puede señalar: ampliación del tiempo a cinco años para que empresas presentar información; disminuye el tiempo de respuesta para SFE de meses a unos días; la información química es una simple verificación y sumado a lo anterior las empresas pueden pedir homologación de plaguicidas sin presentar pruebas de eficacia agrícola.
Producto de estos decretos, los plaguicidas han ingresado al país de forma descontrolada y sin la participación exigida por MINAE y Ministerio de Salud. Este crecimiento es señal de que la apertura de los registros produjo un aumento considerable en el ingreso de plaguicidas al país y no como argumentan los defensores de los venenos que se iba a reducir la aplicación de estos peligrosos productos.
Coincidentemente con la entrada en vigor de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, Costa Rica se abrió a la mayor importación de agroquímicos en su historia, llegando alcanzar 18,6 millones de kilogramos, casi una tonelada más que el año anterior.
Contacto: Fabián Pacheco 8826 2270
Foto: Semanario Universidad https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/
Enviado por Bloque Verde.
Sea parte de SURCOS:
(26-2-2019) Según datos proporcionados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para ese año 2017 se efectuó la importación histórica de venenos hacia Costa Rica. En total se contabilizan 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos. Costa Rica nunca había importando tantos agroquímicos en su historia como con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG. Dichos reglamentos son impugnados en la Sala Constitucional bajo los expedientes 18-009107-0007-CO y 18-019039-0007-CO.
Este récord de importación de agrotóxicos llama la atención porque según datos del SFE, la importación de plaguicidas entre 2002 y 2015 se mantuvo entre 11,2 y 13,8 millones de kilogramos, con un promedio anual en ese periodo de 12,3 millones de kilogramos. Pero para 2016 subió a 17,8 cuando Costa Rica fue catalogado como el país con mayor consumo de plaguicidas por hectárea.
El ingeniero Fernando Ramírez de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAPAL) al respecto señaló que: este aumento es señal de que la apertura de los registros produjo un aumento considerable en el ingreso de plaguicidas al país. Coincidentemente con la entrada en vigencia de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, Costa Rica se abrió a la mayor importación de agroquímicos en su historia, llegando alcanzar 18,6 millones de kilogramos, casi una tonelada más que el año anterior.
Información al teléfono: 8812 2914.
Enviado por FECON.
Sea parte de SURCOS:
(Bloque Verde, 18-2-2019) Mediante un informe ante la Sala Constitucional ha señalado el Ministerio de Ambiente y Energía que el Decreto Ejecutivo 39995 sobre registro de plaguicidas violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos.
La normativa cuestionada se trata del “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” cuestionado por las organizaciones ambientales en la acción de inconstitucional 18-019039-0007-CO. Dicho expediente alberga el argumento que dicho decreto carece de sustento técnico y que es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental.
El Decreto 39995 redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas es una afrenta a lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el informe rendido por el MINAE solicita la suspensión inmediata del decreto en cuestión mientras se resuelve la acción de inconstitucional. Dicha petición de sustenta en el principio precautorio para evitar daños graves e irreversibles.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Bloque Verde.
Sea parte de SURCOS:
(Bloque Verde) El registro de plaguicidas sin evaluación toxicológica están siendo revisados a la luz de la Constitución Política en el los Tribunales de Justicia bajo el expediente 18-019039-0007-CO. Mediante esta acción legal se pretende la anulación por inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 39995-MAG Reglamento Para La Actualización De La Información De Los Expedientes De Registro De Ingrediente Activo Grado Técnico Y Plaguicidas Formulados, publicado el 16 de enero del 2017.
La Procuraduría General de la República (PGR) explica en su informe ante la Sala Constitucional al respecto del decreto impugnado que “no existen criterios técnicos que justifiquen el contenido de la norma y que determine que con los requisitos exigidos no es posible llevar a cabo una adecuada valoración del riesgo ambiental y sanitario, se estaría violentando el principio de no regresión ambiental, el de objetivación de la tutela ambiental, el preventivo y el precautorio”.
Según los ambientalistas el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace caso omiso al marco legal existente y a pronunciamientos ya existentes de la Contraloría General de la República y anteponen sus gestiones a los intereses privados del agro negocio sobre la salud pública y ambiental.
Más grave aún es que la nueva y reciente reformar el reglamento de registro de IAGT (N°39995) firmado desde el MAG y la Presidencia de la República se hizo pasándoles por encima y sin consultar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía. La reforma fue publicada en La Gaceta del 11 de enero de 2019, en el decreto N°41481 confeccionada a la medida de intereses comerciales y en menos cabo de la salud de la población y el ambiente. Lo anterior debido a que esta reforma, firmada por el presidente Carlos Alvarado y y el actual ministro Renato Alvarado, amplía el tiempo a cinco años para que empresas presentar información. Disminuye el tiempo de respuesta para SFE de meses a unos días. La información química del plaguicida es una simple es casi inexistente. Sumado a lo anterior las empresas trasnacionales vendedoras de venenos, ahora pueden pedir homologación de uso si se trata del mismo IAGT, lo grave es que esto ahora lo permiten con una simple solicitud sin presentar pruebas de eficacia del plaguicida, lo cual ponen en en condición de indefención a los misma agroindustria que no tiene garantía de que dicho plaguicida sea eficiente.
Para Henry Picado de FECON “El Poder Ejecutivo dejó de lado su función de regular, que por principio constitucional le correspondía ejercer en materia de agrovenenos para salvaguardar la salud y el ambiente de los costarricenses, y cede ante la presión de la industria de agroquímicos al publicar Decreto Ejecutivo No 39995”.
Picado agregó que “El objetivo de la industria es introducir plaguicidas que no cumplen con lo requerido en la legislación para ser vendidos en Costa Rica bajo el argumento de que son moléculas nuevas pero en realidad se trata la mayoría de veces de agrovenenos genéricos que no se conoce sus potenciales riesgos. El MAG con esto evita que se les realice una evaluación integral a estos plaguicidas ya que a la industria le estorba e incómoda que sus agrotóxicos sean evaluados a conciencia”.
Fabián Pacheco, miembro del Bloque Verde, señala que “el registro de plaguicidas en Costa Rica debe de realizarse de manera integral con el Ministerio de Ambiente y Salud y no se deben anteponer intereses comerciales sobre la salud pública y ambiental”.
Pacheco amplia diciendo que “De esta manera laxa e irresponsable se lograría comercializarlos por diez años dado la obtención de un registro del Servicio Fitosanitario del Estado sin evidencia certera de su impacto en el ambiente y la salud humana de la población costarricense”.
Información al teléfono 8826 2270
Enviado por Bloque Verde.
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FECON, 5 de octubre 2018. El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.» (Ver adjunto). Esto a pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se basó en 1500 estudios científicos que demuestran que estos plaguicidas, fabricados por Bayer y Syngenta, son causantes de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo.
La Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir estos plaguicidas en campo abierto. La Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen “riesgos muy agudos” para las abejas. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice no haber sido notificado de esta resolución por parte de la Unión Europea.
Según FECON “La negativa de Alvarado carece de sustento científico ya que no viene acompañado de evidencia de que estos plaguicidas sean seguros para la la abejas.”
En este momento la Sala Constitucional evaluá un Recurso de Amparo interpuesto por en Diputado José María Villalta bajo el expediente 18-014586-0007 el cual solicita prohibir los neonicotinoides en Costa Rica para proteger unas 650 especies de abejas nativas y meliferas.
Según los ecologistas, una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es su persistencia, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas(2).
Se registra en Costa Rica el uso de imidacloprid y thiametoxam en el café(5) que paradojicamente ha tenido impacto negativo sobre las polinizadores de dichos cultivos. Se ha comprobado que la conectividad de la red de servicios que brinda los polinizadores se han visto afectados por los Neonicotinoides en sistemas productivos tan importantes como el café, que sin estos servicios la producción disminuiría hasta un 50% (3).
En Costa Rica como país tropical y biodiverso es importante tomar precauciones, ya que tenemos más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son:Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, etc.(4).
Sumado a lo anterior la sobreexplotación de los bosques y recientemente el uso de pesticidas entre ellos Neonicotinoides, han provocado la disminución en el número de colonias de Apis mellifera (Apidae: Apini)(6)(7) y efectos adversos aún no cuantificados en otras especies, entre ellas las abejas nativas sin aguijón consideradas las abejas más importantes en la polinización de los bosques tropicales y subtropicales del mundo.
Las organizaciones ecologistas hace un llamado para que se presenten coadyuvancias bajo el Expediente 18-014586-0007-CO para defender las abejas y con esto la agricultura y la alimentación a nivel nacional.
Henry Picado Cerdas, presidente FECON
Información y contacto al teléfono: 87609800
Referencias:
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El proyecto Estrategia Integral para disminuir el uso de Plaguicidas en la Agricultura para mejorar la calidad ambiental en Zarcero desarrollado por el Instituto Regional en Estudio de Sustancias Tóxicas, (IRET), la Escuela de Ciencias Agrarias (ECA) y la División de Educación Rural (DER), desarrolla UNA extensión universitaria comprometida con el encuentro de saberes entre personas agricultoras de la comunidad de Zarcero y los equipos académicos.
Gracias a la generosidad de los agricultores y al compromiso de la aprendiente Kimberly Mejía Alvarado y las Académicas: Martha Acevedo Orozco y Marisol Vidal Castillo fue posible compartir una jornada de trabajo de campo con dos agricultores de Zarcero. Ambos se mostraron muy complacidos al ver personas universitarias cosechando culantro junto con ellos, justo un día antes de tener que viajar a la feria agrícola en Ciudad Quesada.
La jornada fue una valiosa oportunidad para vivir UNA experiencia de extensión-investigación que anima tertulias colmadas de diálogos espontáneos donde se comparten preguntas gestoras de profunda reflexión y se animan conversaciones fluidas para conocer con mayor detalle las problemáticas que enfrentan como personas agricultoras y sus familias.
El trabajo conjunto de labranza de la tierra entre agricultores, aprendientes universitarias y co-aprendientes académicas se constituye en una excelente oportunidad para forjar procesos de educación no formal que aportan a la vida de los pueblos y revitalizan la Universidad Necesaria.
Colaboración:
Marisol Vidal –Académica UNA
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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FECON. El pasado 19 de julio se convocó a una protesta en el distrito de Pital para pedir a la municipalidad que no brinde más permisos para la instalación de nuevas piñeras en este cantón alajuelense. Esta concentración se dio en el marco de un proceso en el que las empresas piñeras vienen presionando al municipio de San Carlos para acceder a más permisos de cambio de uso de suelo para el cultivo.
La trabajadora social Karla Ramírez declaró: “El movimiento convocado para el día de hoy en la comunidad de Pital tiene como interés que las y los vecinos de la zona tengamos acceso a información sobre la problemática de la expansión piñera descontrolada y podamos tener una participación activa en el análisis de alternativas frente a las diversas problemáticas”.
Esta movilización se da al mismo tiempo que se han descubierto que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha ocultado datos sobre la contaminación de agua para consumo humano en la zona de Pital. Propiamente se sabe que el CICA omitió comunicar a Asadas de la zona presencia de plaguicidas en agua. Dichos químicos son usados en el cultivo de la piña. Existe evidencia de que la ASADA de Palmar de Pital y Veracruz están contaminadas con Bromacil desde 2016.
El país vive una verdadera emergencia sanitaria por la contaminación de aguas superficiales y de consumo humano, pese a eso, la expansión del monocultivo de la piña se da de manera descontrolada y acelerada. Las plantaciones piñeras en su totalidad tienen un crecimiento anual en área a de un 6% anual a nivel nacional, lo que ha llevado a que en el país existan más de 56mil hectáreas de este cultivo actualmente sembrado, teniendo un crecimiento de un 500% desde el año 2000.
Información a los teléfonos: 8760 9800, 8387 8745.
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Comunidades afectadas por la pina se reúnen.
Enviado por FECON.
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